RESUELVE

Artículo 1°. Prescripción del Formulario No. 260 “Declaración anual consolidada”. Prescribir para la presentación de la declaración del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE, el formulario No. 260 “Declaración anual consolidada” por el año gravable 2020 y/o fracción año gravable 2021, con sus anexos “Anexo declaración anual” y “Patrimonio bruto poseído en el país y en el exterior”, diseño adjunto que forma parte integral de la presente resolución.

Los contribuyentes obligados a presentar la Declaración anual consolidada del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación deberán hacerlo a través de los servicios informáticos, utilizando la Firma Electrónica -FE autorizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, para lo cual la entidad lo pondrá a disposición en su página web.

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta si una asociación gremial, regulada en los términos del artículo 23 del Estatuto Tributario, puede destinar sus excedentes a actividades distintas a las previstas en el objeto social de dicha entidad, en los términos previstos para las entidades del Régimen Tributario Especial.

Por otra parte, la peticionaria consulta si es factible que los excedentes generados durante el año 2020 se constituyan como una asignación o inversión permanente relacionada con los gastos de la entidad, en los términos previstos para las entidades del Régimen Tributario Especial.

Mediante el radicado de la referencia, en relación con la certificación de ingresos y retenciones en la fuente, se plantea el caso de los trabajadores que terminaron contrato en el año 2020, pero su liquidación fue consignada en el año 2021, preguntándose en qué año se deben certificar estos valores.

En el escenario planteado, en el evento que los trabajadores hayan terminado su contrato en el año 2020, pero su liquidación fue efectivamente consignada en el año 2021, los pagos por estos conceptos deberán ser incluidos en el certificado de ingresos y retenciones correspondiente a este último año gravable.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario presenta varias consultas asociadas al registro de contratos de importación de tecnología relacionadas con un proceso particular de registro.

1. “¿Cuál debe ser el procedimiento para cumplir con todos los lineamientos definidos para el registro de contratos de importación de tecnología para el año 2019, pero a su vez, para que puedan tomarse como deducibles para el año 2020?”.

2. “¿Los costos solo son deducibles para el mismo periodo en el cual se registra el contrato de importación de tecnología, siempre y cuando se haga con fechas de registro cerrado de inicio y terminación?”.

3. “¿Es posible realizar el registro de un mismo contrato de importación de tecnología dos (2) veces en periodos diferentes?”.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario formula las siguientes preguntas:

1. Una entidad extranjera sin ánimo de lucro, que únicamente tiene apoderados en Colombia y un registro ante la Cámara de Comercio (sin estar constituida en Colombia), en virtud del cual se expide un certificado de inscripción de documentos de apoderado judicial ¿debe tributar únicamente por sus rentas de fuente nacional o por sus rentas de fuente nacional y extranjera?

2. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 19 del Estatuto Tributario? ¿Cómo una norma aplicable únicamente a las entidades colombianas sin ánimo de lucro o éste también aplica a las entidades extranjeras sin ánimo de lucro?

3. ¿Cuál es la naturaleza de los recursos que transfiere una entidad extranjera sin ánimo de lucro a Colombia para su operación en Colombia?

En atención a las múltiples preguntas relacionadas con la deducción del primer empleo consagrada en el artículo 108-5 del Estatuto Tributario, este Despacho procede de manera general a indicar el ABC para la aplicación de esta norma y sus reglamentos, puntos dentro de los cuales se incluyen los temas particulares consultados por el peticionario.

Beneficio tributario. El artículo 108-5 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019 y reglamentado por el Decreto 392 del 13 de abril de 2021, consagró para los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, el derecho a deducir el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario, en relación con los empleados que sean menores de veintiocho (28) años, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona.

La deducción máxima por cada empleado no podrá exceder 115 UVT mensuales y procederá en el año gravable en el que el empleado sea contratado por el contribuyente.

Consulta:

Mediante el radicado en referencia el peticionario consulta sobre cuál tarifa debe aplicarse en el impuesto sobre la renta y complementarios por parte de las sociedades beneficiarias del Régimen Especial en materia tributaria -ZESE (en adelante, régimen ZESE), por la percepción de ingresos no operacionales causados por la sociedad en el ejercicio y desarrollo de su actividad económica, como lo son los rendimientos financieros, el aprovechamiento de provisiones de años anteriores, diferencia en cambio y demás ingresos no provenientes de la actividad principal productora de renta, y si estos se deberán gravar en la respectiva declaración de renta junto con los demás ingresos a la tarifa especial del régimen ZESE.

De igual manera, consulta para efectos de determinar el impuesto de las sociedades que se encuentra actualmente en el régimen ZESE, ¿cuál es el reglón dentro de la declaración de renta que se debe diligenciar?

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario formula unos interrogantes en torno al régimen de entidades controladas del exterior – ECE, los cuales serán atendidos cada uno a su turno.

1. “Asumiendo que una compañía peruana (i) es una Entidad Controlada del Exterior de una sociedad colombiana, y (ii) vende un inmueble ubicado en Perú y percibe un ingreso (pasivo según las normas del régimen ECE)

¿Cómo debe declarar la sociedad colombiana este ingreso en aplicación del régimen ECE, si a partir de la Decisión 578 de 2004, este sería un ingreso pasivo exento o no gravado?”

¿El propietario del carro siempre debe responder ante un accidente de tránsito?

Es la creencia común pensar que la responsabilidad está atada a la propiedad del vehículo; sin embargo, existen situaciones donde la empresa o la persona natural propietaria del vehículo podrían eximirse de responsabilidad alegando que no tienen la calidad de “guardián” sobre el vehículo por haber transferido ya sea su tenencia o posesión a un tercero que causa el accidente.

Al ceder su poder de gobierno y control sobre el bien, tendría que acreditar dicha situación ante un juez para evitar la condena patrimonial en responsabilidad civil.

Consulta:

1. ¿Los establecimientos permanentes ubicados en Colombia, en cuanto sujetos a una base de imposición simétrica a la de las sociedades nacionales, pueden descontar de su impuesto sobre la renta a cargo, los impuestos pagados en el exterior por las rentas de fuente extranjera que les son atribuibles, en los términos del artículo 254 del Estatuto Tributario?

2. ¿Los establecimientos permanentes ubicados en Colombia de empresas o personas residentes en países con los que Colombia ha celebrado un Convenio de Doble Imposición (“CDI”), pueden descontar de su impuesto sobre la renta a cargo, los impuestos pagados en el exterior por las rentas de fuente extranjera que les son atribuibles, en los términos del CDI y respectivo y artículo 254 del Estatuto Tributario?

En caso de que tales impuestos pagados en el exterior no sean susceptibles de acreditamiento en los términos del artículo 254 del ET y/o del respectivo CDI.

3. ¿Puede su importe ser tratado como deducible a la luz de la regla general prevista en el artículo 115 del ET?”.

Mediante los radicados de la referencia, se formulan una serie de preguntas que se plantearán en los siguientes términos:

1. ¿Para el caso de las personas naturales, se incluyen bajo el concepto de rentas no laborales las rentas percibidas por honorarios donde se contraten o vinculen por un término inferior a noventa días continuos o discontinuos menos de dos trabajadores o contratistas asociados a la actividad?

2. De acuerdo a los estipulado en el Artículo 8 del Decreto 1435 de 2020, una persona natural que percibe ingresos por honorarios para los cuales ha contratado o vinculado dos o más trabajadores, y que a su vez va a solicitar costos y deducciones procedentes como trabajador independiente, ¿puede depurar estos ingresos en el Formulario 210, en la sección de "Rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas num. 10 art. 206 E.T." o debe realizarlo en la sección "Rentas no laborales"?

3. Para la aplicación de la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, en relación con los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un término inferior a noventa días continuos o discontinuos menos de dos trabajadores o contratistas asociados a la actividad ¿la expresión "asociados a la actividad" debe evaluarse sobre cada servicio, actividad o contrato individual que sea desarrollado; o, sobre la universalidad de todos los contratos los cuales obedecen al desarrollo de una actividad económica general sobre la cual se perciben ingresos?

4. ¿Que´ se entiende por servicios personales? ¿Tal definición se encuentra ligada a las referidas condiciones de tiempo y número de trabajadores o contratistas?

5. ¿En este caso es posible utilizar la casilla 74 del Formulario 210?

6. ¿Subsiste la obligación de reportar en la información exógena estos ingresos, en caso que no sea posible registrarlos en la casilla 74, sino en la casilla 43?

7. Una persona natural que incluya sus ingresos en rentas de trabajo y aplique lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario ¿tiene derecho a impuestos descontables en IVA?

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario pregunta:

“1. Un empleado con salario integral, para la validacion mensual de su depuracion de retencion en la fuente, y para aplicar lo estipulado en el articulo 387-1 del Estatuto Tributario, y teniendo en cuenta que el salario integral se compone de un factor salarial y un factor prestacional, para tomar la base para calcular el tope de las 310 UVT se debe tomar el IBL (Ingreso base de liquidacion) o el total del salario integral para este calculo.

2. Con el nuevo formato del formulario 220, se creo el renglon 37 para los vales de alimentacion, qué valores se llevan a este renglon, teniendo en cuenta que si un empleado tiene su ingreso por debajo de las 310 UVT y el valor de los vales de alimentacion no supera las 41 UVT, este valor no se convierte en ingreso para el empleado, y no se reporta en el formulario 220.

3. Validando lo mismo del punto anterior, pero un empleado que los vales de alimentacion superan 41 UVT y la parte que excede se convierte en ingreso, este valor debe reportarse en el renglon 36 o en el renglon 37”.

Mediante el radicado de la referencia, se consulta respecto al alcance del concepto de “actividades relacionadas con la actividad generadora de renta” que se expresa en el artículo 1.6.5.1.2. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 modificado por el Decreto 2469 de 2018, el cual establece el ámbito de aplicación del mecanismo de pago de obras por impuestos de que trata el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta sobre la aplicación del artículo 58 de la Ley 1437 de 2011 en lo que atañe al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 1.6.1.2.11. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en materia tributaria (DUR) para efectos de la formalización de la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), atendiendo la contingencia, realización de citas virtuales y distanciamiento social propiciado por la pandemia del COVID-19.

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria solicita se le aclare si una empresa cuya actividad comercial es el comercio al por mayor de metales y productos metalíferos (código CIIU 4662 acorde con la Resolución DIAN N° 000114 de 2020) puede deducir las regalías pagadas a la Agencia Nacional de Minería.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario plantea una serie de preguntas, las cuales se atenderán en el orden propuesto y en el marco de nuestra competencia, así:

1. Una sociedad cuyo objeto social exclusivo se encuentra expresado como el “desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y/o actividades creativas” ¿Puede realizar diferentes actividades económicas de aquellas descritas en el artículo 1.2.1.22.48. del Decreto Único Tributario y ser beneficiaria de la renta exenta de que trata el numeral 1° del artículo 235-2 del Estatuto Tributario?

2. Para efectos de la renta exenta de que trata el numeral 1° del artículo 235-2 del Estatuto Tributario ¿Puede una misma sociedad tener registradas varias actividades económicas de aquellas descritas en el artículo 1.2.1.22.48. del Decreto Único Tributario?

3. Para efectos de la renta exenta de que trata el numeral 1° del artículo 235-2 del Estatuto Tributario ¿Puede una sociedad percibir ingresos por dos actividades diferentes, siendo estas cualesquiera de las descritas en el artículo 1.2.1.22.48. del Decreto Único Tributario?

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario pregunta bajo que cédula debe incluirse el ingreso percibido por una persona natural por concepto de honorarios cuando se contraten o vinculen por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos menos de dos (2) trabajadores o contratistas asociados a la actividad.

Adicionalmente, consulta por la definición de servicios personales y si esta se encuentra ligada a las referidas condiciones de tiempo y número de trabajadores o contratistas.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario solicita se resuelva la siguiente inquietud:

1) Una persona natural, no obligada a llevar Libros de Contabilidad, recibió en el año 2019, rendimientos realizados en USD, por una entidad ECE, los Declaró en su Declaración de Renta y Complementarios año 2019, a la T.R.M de Diciembre 31 de 2019, y pago (sic) el Impuesto de Renta.

2) En el año 2020, dichos rendimiento en USD los trajo para Colombia y los monetizó es decir recibió su equivalente en pesos.

3) Solicito su concepto sobre si los USD que monetizó y recibió su equivalente en pesos (…) los debe declarar en el año 2020, como Ingresos No Constitutivos de Renta, teniendo en cuenta que los declaro en el año 2019 (…)”

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario solicita resolver las inquietudes que a continuación se enuncian y se responden: “Favor precisar que la enajenación o venta de bienes corporales o mercancías extranjeras, propiedad de sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia, almacenadas en zonas francas industriales en Colombia, cuya enajenación se realiza en el exterior a favor de compradores extranjeros sin domicilio en Colombia, no genera rentas de fuente colombiana, por tanto el vendedor extranjero no tributa en Colombia por los ingresos derivados de dichas ventas.”

“Favor precisar si la enajenación o venta de bienes o mercancías extranjeras, propiedad de sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia, almacenadas en zonas francas industriales en Colombia, cuya enajenación se realiza en el exterior a favor de compradores importadores colombianos domiciliados en el país, generan renta de fuente colombiana, en caso afirmativo, precisar si el vendedor extranjero está sujeto a retenciones en la fuente por impuesto de renta, tarifas y si debe además, presentar declaraciones anuales por impuesto de renta en Colombia.”

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta textualmente:

“Me dirijo a ustedes en nombre de la Cónsul de Finlandia (…) quien será acreditada próximamente en Colombia, para consultar acerca de la situación de su cónyuge (…) (de nacionalidad colombiana).

El Sr. (…) trabaja actualmente para una empresa en Finlandia. Él desea saber si al mudarse a Colombia, puede ejercer teletrabajo en casa y si existe un riesgo de crear un ‘Establecimiento Permanente’ para una empresa no residente (finlandesa) cuando su empleado es un (sic) parte de la familia de un diplomático en Colombia y su trabajo se realiza por medio de teletrabajo en su oficina en casa?”

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario formula unos interrogantes relacionados con la renta exenta de que trata el numeral 2 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, los cuales se resolverán cada uno por separado.

¿Son inversiones que den cumplimiento a los requisitos señalados en la Ley, el Decreto y la Resolución los aportes en especies como ‘Propiedad planta y equipo y/o activos biológicos, productores, relacionados con la actividad generadora de renta’ cuando dichos activos son aportados a la sociedad para el desarrollo de la actividad económica beneficiaria del incentivo y los mismos se realizan conforme a las reglas de neutralidad del artículo 319 del E.T.?

¿Qué se entienden como ‘Nuevas colocaciones de capital financiero bajo la modalidad de proyecto productivo’ conforme lo señalado por la Resolución (N° 000194 del 14 de agosto de 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)?

Mediante el radicado de la referencia la peticionaria solicita respuesta a varias inquietudes desagregadas, que se atenderán en su orden.

1. ¿Pueden los funcionarios de la DIAN, presentar denuncia penal, a un empresario que representa a una sociedad en proceso de reorganización empresarial?

2. De acuerdo con el contenido del parágrafo 3 del artículo 5 del Decreto Ley 560 de 2020, ¿la DIAN puede hacer rebajas de sanciones, intereses y capital?

3. La tasa de interés moratoria transitoria establecida en el artículo 1 del Decreto Legislativo 688 de 2020, cuya petición se haya solicitado aplicar a la DIAN a un caso concreto, ¿quién la debe resolver?

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario formula unos interrogantes relacionados con el artículo 906 del Estatuto Tributario (sujetos que no pueden optar por el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE), los cuales se resolverán cada uno a su turno:

¿Las operaciones que lleve a cabo un contribuyente en su calidad de miembro, participe, consorciado, asociado, u otra denominación, en virtud de un contrato de colaboración empresarial, en cualquiera de las figuras contempladas en el artículo 18 del Estatuto Tributario, calificarían dentro del concepto de actividades generadoras de ingresos pasivos a los que hacer referencia el literal b del numeral 8 del artículo 906 del Estatuto Tributario?

¿Una compañía cuyo objeto social principal se (sic) exclusivamente la compra y venta de títulos valores (acciones, bonos, ect (sic)) se encontraría inmersa en algunas actividades contempladas en los literales del numeral 8 del artículo 906 del Estatuto Tributario, para efectos de optar por el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – simple?

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta:

En el marco de la cooperación no reembolsable con el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), ¿los recursos de dicho acuerdo se encuentran exentos de las contribuciones Prounal y Fonsecon?.

“Lo anterior, considerando que (…) y varios de los recursos a ejecturase (sic) dentro del contrato estarán destinados a la contratación de obras en diferentes regiones del país”.

Deducción del primer empleo, Beneficio tributario.

Para los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, el derecho a deducir el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario, en relación con los empleados que sean menores de veintiocho (28) años, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona.

¿Qué se entiende por nuevos empleos? ¿Estos se calculan por promedio?.

¿Qué casos no deben considerarse como nuevos empleos?.

¿Cuándo se considera o configura el primer empleo de la persona menor de 28 años?.

¿Cuáles son los requisitos para la procedencia de la deducción del primer empleo?.

¿Cuáles son los empleados que generan al contribuyente del impuesto a la renta y complementarios la deduccion del 120% de los pagos realizados por concepto de salarios? ¿Este beneficio tributario es concurrente con otro similar?.

¿Cuál es el período gravable en el qué procede la deducción del 120% de que trata el artículo 108-5 del Estatuto Tributario?.

¿Cuál es la deducción máxima por cada empleado contratado en las condiciones del artículo 108-5 del estatuto tributario?.

¿Hasta cuándo procede la deduccion del primer empleo si el empleado contratado cumple los veintiocho años (28) en el año en que es contratado?.

¿Qué se entiende por salario para efectos de la aplicación de la deducción del artículo 108-2 del Estatuto Tributario? ¿Cuál es la forma y el término mínimo para contratar y considerar que es un empleo nuevo?.

¿Quién es la autoridad competente para la expedición de la certificación de primer empleo para que la empresa pueda acceder al beneficio? ¿Cuál es el procedimiento y qué norma lo regula?.

¿Qué es el certificado de primer empleo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se obtiene? ¿Se requiere algún registro en los sistemas de la DIAN para su validez?.

¿Qué pasa si no se cumple la totalidad de los requisitos para acceder al beneficio del artículo 108-5 del Estatuto Tributario?.

Objeto y ámbito de aplicación. La presente Sección tiene por objeto reglamentar el apoyo temporal previsto en el numeral 1 del artículo 53 de la Ley 2068 de 2020, con destino a los prestadores de servicios turísticos especialmente afectados por declaratorias de estado de emergencia o situaciones de desastre del orden nacional, departamental, distrital o municipal.

Prestadores afectados. Se entiende como prestadores de servicios turísticos afectados quienes cumplan con las siguientes condiciones:

1. Ser prestador de servicios turísticos:
1.1.Con inscripción activa en el Registro Nacional de Turismo al momento de la declaratoria de estado de emergencia o situación de desastre del orden nacional, departamental, distrital o municipal; o

1.2.Hacer parte del Registro Único de Damnificados en el que se evidencie que prestaban servicios turísticos en el lugar de la ocurrencia del desastre. En este último caso, se requerirá al prestador inscribirse en el Registro Nacional de Turismo como condición para acceder al apoyo temporal.

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria solicta resolver las siguientes preguntas:

1. ¿El artículo 70 del Estatuto Tributario puede aplicar para no residentes que deben presentar declaración de renta derivada de la venta de acciones poseídas en sociedades colombianas?

2. Confirmar que el porcentaje utilizado para la aplicación del artículo 70 del Estatuto Tributario, por parte de una sociedad extranjera corresponde al índice de precios al consumidor para ingresos medios certificado por el DANE de acuerdo con lo establecido en el artículo 868 del Estatuto Tributario.

RESUELVE

Artículo 1°. Prescripción del Formulario No. 260 “Declaración anual consolidada”. Prescribir para la presentación de la declaración del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE, el formulario No. 260 “Declaración anual consolidada” por el año gravable 2020 y/o fracción año gravable 2021, con sus anexos “Anexo declaración anual” y “Patrimonio bruto poseído en el país y en el exterior”, diseño adjunto que forma parte integral de la presente resolución.

Los contribuyentes obligados a presentar la Declaración anual consolidada del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación deberán hacerlo a través de los servicios informáticos, utilizando la Firma Electrónica -FE autorizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, para lo cual la entidad lo pondrá a disposición en su página web.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta:

¿Las empresas constituidas después de la expedición del Decreto Reglamentario 1650 de 2017 que no hayan adicionado la expresión “ZOMAC” a su razón social, pierden los beneficios tributarios o pueden modificar sus estatutos adicionando a su razón social la expresiòn “ZOMAC”, y luego acceder a los beneficios? ¿Cuál sería el procedimiento?

“Si una persona natural, figura en el Rut como no responsable del Impuesto a las Ventas, por cuanto sus ingresos gravados del año anterior o año gravable son inferiores a 3.500 UVT y además cumple con los demás requisitos para no serlo, pero sus ingresos no gravados superan los 3.500 UVT, está obligada a facturar en forma electrónica?

Se deben sumar ambos ingresos (gravados y no gravados) y si superan los 3.500 UVT, estaría obligado a expedir factura electrónica?

¿Los no responsables del impuesto al consumo en licores y cigarrillos como son los comercializadores de dichos productos, deben cargar al costo el valor de dicho impuesto y este hace parte de la base gravable para la liquidación del impuesto a las ventas?

El beneficio tributario de que trata el numeral 2 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario se denomina “Incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano”, de modo que es menester comprender que el proyecto de inversión – que se presenta para el efecto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (cfr. literal d) del citado numeral 2) – se debe llevar a cabo en el ámbito rural.

Consulta:

. ¿La tarifa especial del impuesto sobre la renta consagrada en los literales a) al d) del parágrafo 5° del artículo 240 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 41 de la Ley 2068 de 2020 es procedente respecto a las personas naturales que cumplan con las condiciones establecidas en los mismos literales?

¿Es procedente la aplicación de dicha tarifa a las personas naturales sin residencia en el país?

¿Es procedente la aplicación de dicha tarifa a las personas jurídicas no domiciliadas en el país?

A la luz de la definición consagrada en el numeral 7° del artículo 3° de la Ley 2068 de 2020, ¿los propietarios de hoteles con las condiciones dispuestas en los literales a) al d) del parágrafo 5° del artículo 240 del Estatuto Tributario pueden ser considerados como prestadores de servicios turísticos?

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria solicita se resuelvan las preguntas que a continuación se enuncian y se responden:

“Una persona natural nacional colombiana, con residencia permanente en el extranjero, cuya única actividad económica es ser inversionista de una sociedad colombiana, se encuentra inscrita en el RUT y renuncia a su nacionalidad colombiana.

Si el banco le practicaba retención en la fuente como nacional colombiano, al adquirir la calidad de extranjero por la renuncia, ¿qué retención en la fuente le deberán practicar y a que tarifa?

Si la única actividad económica que continuaría desarrollando en el país es ser accionista de una sociedad colombiana, una vez efectúe la renuncia:

a. ¿Se encontraría obligada a presentar declaración de renta anual?

b. Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 592 del Estatuto Tributario y la doctrina de la DIAN, cuando la única actividad económica de la persona natural es ser inversionista extranjero, ¿no se tendría la obligación de presentar declaración de renta?

Estos gastos comprenden, entre otros, la compra de equipos audivisuales y de cómputo, infraestructura tecnológica, licencias de desarrollo para la construcción de Objetos Virtuales de Aprendizaje con el fin de implementar el modelo educativo virtual (uno de los ejes de la actividad meritoria que desarrolla la entidad).

Así como gastos relacionados con la construcción de programas académicos, para ser ofrecido en modalidad presencial o virtual Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes:

Según lo establecido en el artículo 357 del Estatuto Tributario para determinar el beneficio neto o excedente, se toma la totalidad de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, y se restará el valor de los egresos de cualquier naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento del objeto.

Consulta:

Si, los artículos 31 y 34 de la Resolución 13 de 2021 al referirse a los “representantes” de los sujetos obligados a generar y transmitir el documento soporte de pago de nómina electrónica, incluyen dentro de dicha categoría a los terceros que presten el servicio informático de generación y trasmisión de nómina electrónica.

Teniendo en cuenta que el artículo 22 de la Resolución 13 de 2021 indica que, el sujeto obligado puede realizar el proceso de generación y transmisión de nómina electrónica, a través de un tercero de conformidad con los artículos 572 y 573 del Estatuto Tributario, se pregunta cuál es el alcance de la responsabilidad del tercero a la luz de lo establecido en el citado artículo 573 del Estatuto Tributario.

Indicar cuál es la categoría bajo la cual se debe inscribir en el Registro Único Tributario – RUT, la calidad de representante o tercero para la generación y transmisión de nómina electrónica, y si dicho registro debe realizarse también en el RUT del sujeto obligado.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario plantea la siguiente situación:

El Gobierno de Colombia contratará con el Gobierno de los Estados Unidos de América – que a su vez contratará con una empresa de los EE.UU. – la implementación de un taller de reparación de equipos, así como la prestación de servicios de asistencia técnica relacionados con el mismo, los cuales se ejecutarán en el territorio nacional.

Con base en lo anterior, pregunta:

¿La empresa de los EE.UU., en el contexto indicado, deberá tributar en Colombia como consecuencia de los servicios prestados? En caso afirmativo ¿qué impuestos deberá pagar?

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta sobre el tratamiento tributario de los dividendos distribuidos por una sociedad que desarrolla su actividad en una zona afectada por el conflicto armado – ZOMAC; en particular, si el beneficio tributario del que goza esta es trasladable a sus socios o accionistas.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario realizó varias consultas relacionadas con la renta exenta de que trata el numeral 2 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario.

¿Las inversiones efectuadas con anterioridad al plazo de que trata el artículo 1.2.1.22.59 del Decreto 1625 de 2016 se pueden tener en cuenta para efectos de acreditar el monto mínimo de inversión exigido por el literal e) del numeral 2 del artículo 235- 2 del Estatuto Tributario?

¿En los períodos en los que no se generen ingresos, bastaría con tener un (1) solo empleado contratado directamente para cumplir con el requisito correspondiente?

Si antes de finalizar el año gravable se obtienen unos ingresos brutos fiscales adicionales a los proyectados que, a su vez, conllevan una modificación del rango de ingresos en UVT para efectos de la determinación del monto mínimo de empleos ¿se pierde el beneficio si no se contrata el monto faltante de empleados requerido?

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario plantea textualmente la siguiente situación:

“Linares Consultores presento y pago oportunamente su declaración de renta correspondiente a la vigencia fiscal del 2019.

En la declaración en mención se declaran ingresos por $11.819.000 ingresos que también se declararon en IVA al 100%.

Al momento de elaborar el formato 1007 ingresos el total del formato suma $11.819.000 pero al momento de discriminar los saldos de los terceros o de sus clientes por error se informó el saldo de 4 terceros en forma errada.”

Con base en lo anterior, consulta si

“El error presentado en el reporte del formato 1007 del saldo de esos 4 clientes” puede constituir una omisión de ingresos y qué debe realizar el contribuyente para subsanar la inconsistencia.

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria plantea, para el caso de un responsable del impuesto nacional al consumo, que se generó una factura por el mes de marzo de 2020, por la cual se emitió una nota crédito en el mes de julio.

En virtud del artículo 9 del Decreto Legislativo 682 de 2020, se consulta sobre la posibilidad que la compañia impute este valor en la declaracion del impuesto al consumo del primer bimestre de 2021 y siguientes.

No es posible que este valor se impute en la declaracion del impuesto al consumo del primer bimestre de 2021 y siguientes, toda vez que dicho impuesto se causó y debió ser declarado en su momento de conformidad con las normas generales.

En otras palabras, para el supuesto planteado no procede el artículo 9 del Decreto Legislativo 682 de 2020.

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta si la reducción de las tarifas del impuesto nacional al consumo en el expedido de comidas y bebidas depende de la ubicación del establecimiento en el cual se presta dicho servicio.

La reducción tarifaria del impuesto al consumo de que tratan los artículos 512-9 y 512-12 del Estatuto Tributario procede en todo el territorio nacional con independencia de la zona de ubicación del establecimiento correspondiente; por supuesto, siempre que se cumplan las condiciones previstas en dichos artículos.

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta acerca del tratamiento tributario que debe darse a la liquidación de unos bienes recibidos en dación en pago como resultado del trámite de un proceso concursal, al cual se vinculó la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (en adelante Colpensiones) en su calidad de acreedora por concepto de aportes pensionales.

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria plantea la siguiente situación:

“Una persona natural no comerciante adquiere en el mercado secundario un título/papel/bono por el que paga el valor facial. De otro lado, paga una prima (mayor valor sobre el monto facial) (…). Lo relevante es que el valor total erogado es superior al valor facial.

Se destaca que el valor erogado compensa dos conceptos claramente identificables: el costo propiamente dicho del título (valor facial-capital) y la prima por condiciones de mercado. Así, puede que se trate de un solo pago, pero retribuye dos conceptos económicos diferentes e identificables.”

Con base en lo anterior, consulta textualmente:

“(…) ¿es admisible jurídicamente el siguiente tratamiento?

1. Reconocer como valor patrimonial y costo fiscal del título el valor erogado por dicho concepto (igual al valor facial).

2. Reconocer como otro activo identificable el valor de la prima, de manera que esta se pueda amortizar, en el tiempo restante de maduración, contra el ingreso gravado al que está asociado.

De no ser procedente el anterior tratamiento ¿cuál es el tratamiento adecuado que consulte la capacidad contributiva del contribuyente y el principio de equidad previstos en los artículos 95-9 y 363 del ET?”

Aplicación de la normatividad cooperativa y de los marcos técnicos normativos contables.

¿Las Circulares 11 y 17 de 2020 expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, hacen parte de los marcos técnicos normativos contables, en su condición de regulación exceptiva del tratamiento de la cartera de crédito?

Le corresponde a la Administración Tributaria el análisis de la deducibilidad en el impuesto sobre la renta, pero también lo es que para este fin el artículo 19-4 del Estatuto Tributario establece que las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley y la normativa cooperativa vigente y el artículo 1.2.1.5.2.7. del Decreto 1625 de 2016 precisa que esto se hará de conformidad con los marcos técnicos normativos contables que resulten aplicables a estos contribuyentes.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario formula diferentes solicitudes, las cuales se pueden resumir en lo siguiente:

i) Aclarar que, como consecuencia de la Resolución DIAN N° 000114 del 21 de diciembre de 2020, las actividades económicas clasificadas con los códigos CIIU 7111 y 7112 se encuentran comprendidas en el código CIIU 7110 y, por lo tanto, procede en relación con las mismas el beneficio de renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 235- 2 del Estatuto Tributario.

ii) Indicar si las actividades económicas señaladas en el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario son de orden taxativo. A la par, indicar si estas actividades pueden ser modificadas por la actualización de su clasificación.

Mediante los radicados de la referencia, los peticionarios consultan lo siguiente:

“En el evento en que como consecuencia de normalizar activos omitidos o pasivos inexistentes del año 2020, el Contribuyente queda obligado a presentar la declaración del Impuesto al patrimonio después de vencida la primera cuota,

¿Este Contribuyente debe pagar intereses de mora por el supuesto pago extemporáneo de dicha primera cuota?”

“Al haber sido el vencimiento de la presentación de la declaración del impuesto de normalización tributaria posterior al vencimiento de la primera cuota del impuesto al patrimonio del año 2019



¿Cuándo debía incluirse el activo omitido y normalizado el 25 de septiembre de 2019? ¿en la primera cuota o en la segunda cuota del impuesto al patrimonio? ¿Qué ocurría con aquellos contribuyentes que solo superaron el tope de COP$ 5.000 millones luego de normalizar activos omitidos el 25 de septiembre de 2019 y no habían pagado la primera cuota del impuesto al patrimonio? ¿podían incluirlos en la segunda cuota?”

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta:

A la luz del parágrafo 3° del artículo 242-1 del Estatuto Tributario ¿qué debe entenderse por “entidad intermedia dispuesta para el diferimiento del impuesto sobre los dividendos”?

El parágrafo 3° del artículo 242-1 del Estatuto Tributario establece que los dividendos que se distribuyan dentro de los grupos empresariales o dentro de sociedades en situación de control – debidamente inscritas en el registro mercantil – no están sujetos a la retención en la fuente regulada en este artículo, “siempre y cuando no se trate de una entidad intermedia dispuesta para el diferimiento del impuesto sobre los dividendos”

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria solicita se aclare la conjunción “y/o” contenida en el artículo 72 del Estatuto Tributario así: “el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal, será el que figure en la declaración del Impuesto Predial Unificado y/o declaración de renta”, para lo cual plantea el siguiente interrogante:

Con el propósito de determinar la utilidad en la enajenación de un inmueble

¿Se puede tomar como costo fiscal el autoavalúo o avalúo catastral que figura en la correspondiente declaración del impuesto predial unificado aunque dicho inmueble no se encuentre reconocido en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable anterior?

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario realiza preguntas relacionadas con los incentivos tributarios para cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica en las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), las cuales serán resueltas en el orden en que fueron propuestas.

¿Las empresas constituidas después de la expedición del Decreto Reglamentario 1650 de 2017 que no hayan adicionado la expresión “ZOMAC” a su razón social, pierden los beneficios tributarios o pueden modificar sus estatutos adicionando a su razón social la expresión “ZOMAC”, y luego acceder a los beneficios? ¿Cuál sería el procedimiento?

¿Qué sucede con las retenciones realizadas a las facturas emitidas por una micro o pequeña empresa ZOMAC durante el año 2020, cuando la causa de haber efectuado las retenciones haya sido por omisión u olvido en especificar en dichas facturas la condición de ZOMAC? ¿Quedarían como un saldo a favor en la declaración de renta? ¿Se podría solicitar su devolución a la DIAN?

En la petición en referencia, el peticionario solicita interpretación acerca del alcance de la exclusión del impuesto sobre las ventas prevista en el artículo 12 de la Ley 1715 de 2014.

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes:

INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS FNCE. INCENTIVO TRIBUTARIO IVA.
Para fomentar el uso de la energía procedente de FNCE, los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la preinversión e inversión, para la producción y utilización de energía a partir de las fuentes no convencionales, así como para la medición y evaluación de los potenciales recursos estarán excluidos de IVA. Para tal efecto, la UPME certificará los equipos y servicios excluidos del gravamen”.

Mediante el radicado de la referencia y en relación con el Oficio N° 903008 del 8 de abril de 2021, las peticionarias solicitan se aclare lo siguiente:

“Si la casa matriz del exterior de una sucursal en Colombia le condona una cuenta por cobrar a su sucursal, esta operación genera un ingreso de carácter tributario para la misma sucursal en Colombia?”.

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta textualmente:

“Estamos solicitando un crédito internacional (…) se tiene que pagar una comisión de análisis para otorgar dicho crédito, la entidad está en el exterior y no tiene residencia fiscal en Colombia; la pregunta es

Cómo este crédito es financiado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), tiene algún exención de retenciones de impuestos, ya sea retención en la fuente a título de renta y retención en la fuente a título de IVA (100%); si lo tuviera tendríamos que limitarnos a las deducciones de costos y gastos Art. 122 E.T.?”

Mediante el radicado en referencia, el peticionario plantea un interrogante en relación con el Régimen Tributario Especial ZESE (en adelante “Régimen ZESE”), así:

“Tratándose de plataformas electrónicas que desarrollan sus actividades en la zona ZESE para comercializar servicios turísticos en todo el país,

¿Se debe tomar como lugar de generación de los ingresos la zona ZESE donde se desarrolla la actividad o la zona en donde se presta el servicio turístico?”

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta acerca de la posibilidad de una Sociedad de Comercialización Internacional, en calidad de mandataria de una sociedad extranjera, adquiera bienes en Colombia y y posteriormente los exporte a los clientes de su mandante en el exterior.

Concluye entones:
Es claro que una Sociedad de Comercialización Internacional no podrá acceder a los beneficios tributarios inherentes a su condición en caso de adquirir bienes en calidad de mandataria.

Mediante el radicado de la referencia, se solicita dar respuesta a las inquietudes que a continuación se enuncian y se resuelven, respecto del crédito fiscal establecido en el artículo 256-1 del Estatuto Tributario, así:

1. ¿Qué sucede en el año en que el crédito fiscal es reconocido?

2. Cuando el gobierno entrega los TIDIS (se estima el 31 de marzo del año siguiente) ¿cuáles son los efectos tributarios en el momento en que se expiden los TIDIS?

3. ¿Se debe reconocer un instrumento financiero por los derechos que incorporan los TIDIS contra un ingreso devengado, que por provenir de la recuperación de un gasto no deducible se convierte en un ingreso no gravado con el impuesto de renta? Si lo anterior es negativo, ¿cómo se debe reconocer?

Mediante el radicado de la referencia, se solicita indicar qué entidades del orden nacional y territorial pueden emitir certificados de donación para la procedencia del descuento de que trata el artículo 257 del Estatuto Tributario.

Lo anterior para efectos de dar aplicación lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1523 de 2012.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario plantea una serie de preguntas las cuales se responderán en el orden en que fueron propuestas, así:

¿Deben los secretarios generales enviar un reporte adicional de información sobre los patrimonios autónomos, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 14 de la Resolución DIAN 011004 de 2018?

¿Deben los secretarios generales remitir la información sobre el patrimonio autónomo en el formulario 1056, de acuerdo con la obligación establecida en el artículo 23 de la Resolución DIAN 0070 de 2019?

¿La información relacionada con los acuerdos de cooperación internacional debe ser informada a la DIAN según lo establecido en el artículo 2.8.4.3.1.2. del Decreto 1068 de 2015, debe ser informada en el evento que los acuerdos suscritos, la entidad no reciba o entregue recursos propios?

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta:

“¿Una institución de educación superior está obligada a expedir la factura electrónica de venta a nombre de la empresa que otorga el apoyo económico al estudiante, a sabiendas que este servicio se le presta al estudiante? Y

¿Sería válida la factura electrónica a nombre del estudiante, junto al recibo de pago de la misma, soporte suficiente para que las empresas se deduzcan este gasto en su ejercico de renta, a la luz del Decreto 1013 de 2020?”

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario pregunta textualmente lo siguiente:

¿Es aplicable el criterio expuesto por la DIAN en el Concepto No 31989 del 27 de diciembre de 2020 (sic), en el sentido que la tarifa especial prevista en el artículo 240-1 del E.T. para el impuesto sobre la renta para los usuarios operadores o industriales ubicados en una Zona Franca, no es un beneficio tributario, sino que se corresponde con una minoración estructural del tributo?



Si la respuesta anterior fuere negativa, ¿Cuál sería la razón para no aplicar dicho criterio, si el origen de los ajustes tributarios es el mismo (cumplir compromisos internacionales con la OMC), según se observa en la ley 1004 de 2005?

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria formula unas inquietudes en torno al tratamiento tributario de las pérdidas fiscales de una sucursal de sociedad extranjera, planteando como precedente la venta en bloque de la misma a otra sociedad también extranjera, las cuales se resolverán cada una a su turno.

¿Es viable jurídicamente que la sucursal compense las pérdidas fiscales liquidadas en años anteriores con las rentas líquidas ordinarias obtenidas en los períodos siguientes a su enajenación en bloque?

Si se condona una cuenta por cobrar a la sucursal, como establecimiento permanente ¿se genera un ingreso de carácter tributario para la misma?

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario realiza varias preguntas sobre la exportación de combustibles líquidos derivados del petróleo por vía terrestre, por el paso fronterizo de Paraguachón en la Guajira, las cuales se analizan y responden una a una:

Existe dentro del capítulo 14 del Decreto 1165 de 2019, o en cualquier norma dentro del ordenamiento jurídico colombiano, alguna prohibición, limitación o restricción explicita que impida la exportación de combustible líquidos derivados del petróleo, vía terrestre por el paso fronterizo de Paraguachón en la Guajira?.

De no existir restricciones, es viable exportar combustibles líquidos derivados del petróleo a través del paso fronterizo de Paraguachón en la Guajira por parte de una sociedad de comercialización internacional?.

Entrando en materia, la peticionaria expone textualmente la siguiente situación:

“Una sociedad colombiana adquirió un inmueble por $1.000.000.000, con el paso del tiempo, el avalúo catastral del inmueble que figura en la declaración del Impuesto Predial Unificado ha aumentado a la suma de $5.000.000.000.

Como resultado de lo anterior, al momento de una eventual venta del inmueble, en años posteriores, el artículo 72 del E.T., establece que la suma de $5.000.000.000, puede tomarse como costo fiscal de la venta, en la medida en que la misma figure en la declaración del Impuesto Predial Unificado, correspondiente al año anterior al de la enajenación. Lo anterior, con el fin de determinar la ganancia que estará gravada con el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional, según corresponda.”

“¿Qué tratamiento fiscal tiene para la sociedad titular del inmueble (vendedora) la diferencia entre el costo de adquisición del inmueble ($1.000.000.000) y el costo fiscal reflejado para efectos de la venta ($5.000.000.000) en el año en que ocurra la venta?”

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta textualmente en relación con el diligenciamiento del Formulario 110 – Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Persona Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes:

“En años anteriores hemos incluido los dividendos gravados dentro de la depuración ordinaria, donde se le podían aplicar costos y deducciones, quedando inmersos en la renta o pérdida ordinaria, y posteriormente se podían deducir las compensaciones de pérdidas para determinar finalmente la renta líquida gravable.

Actualmente el formulario 110 está incorporando un renglón en la depuración ordinaria para discriminar los dividendos gravados, sin embargo, para la determinación de la renta ordinaria, los resta, impidiendo así la aplicación de costos, deducciones y compensación de pérdidas para luego gravarlos de forma independiente en la sección de impuesto de renta sobre las rentas líquidas gravables.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta:

“¿Cuándo el contribuyente del impuesto a renta accede al beneficio de auditoria contenido en el artículo 689-2 del E.T., el termino de firmeza de la declaración de renta será también aplicable al formato 2516 de conciliación fiscal?”

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria plantea la siguiente hipótesis:

·Una persona natural, residente colombiano, presentó declaración de renta del año gravable 2015, liquidando un saldo a favor.

·Respecto del año gravable 2016 no presentó declaración de renta, ya que no cumplía los requisitos para estar obligado a ello.

·En relación con el año gravable 2017 nuevamente quedó obligado a presentar declaración de renta.

Con base en lo anterior, formula unas inquietudes sobre la imputación de saldos a favor, las cuales se resolverán cada una a su turno.

1. De acuerdo con lo señalado en el artículo 815 del Estatuto Tributario ¿qué debe entenderse por el “siguiente período gravable” para efectos de la imputación de los saldos a favor?

2. ¿Qué es y cuáles son las características de un arrastre indebido de saldos a favor? ¿Qué artículos del Estatuto Tributario lo contemplan?

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria plantea una serie de preguntas, las cuales se atenderán en el orden propuesto y en el marco de nuestra competencia, así:

1. Teniendo en consideración los requerimientos previstos en el decreto 697 de 2020, los aportes de un contribuyente vía inversión o donación que den derecho a la utilización del incentivo tributario previsto en el mismo y en el artículo 180 de la ley 1955 de 2020, se nos consulta:

¿el momento en que se aplicarían tales incentivos tributarios de deducción sobre las declaraciones del Impuesto sobre la Renta del donante o inversionista?

2. En el caso de los proyectos con duración superior a un año: ¿A qué año fiscal se aplica el incentivo tributario de deducción para el respectivo inversionista o donante?

Los sujetos obligados a implementar el documento soporte de pago de nómina electrónica son aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas –IVA, según corresponda.

Los contribuyentes que no requieran soportar dichos costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas –IVA, según corresponda, no están obligados a implementar el documento soporte de pago de nómina electrónica,

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario plantea una serie de preguntas, las cuales se atenderán en el orden propuesto y en el marco de nuestra competencia, así:

¿La legislación (Decreto 1013 de 2020) puede modificar las convenciones colectivas de trabajo vigentes, en este caso, la convención colectiva vigente en la Previsora S.A. Compañía de Seguros Compañía de Seguros desde el 1° de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023?

Dadas las condiciones existentes, ¿Puede la Previsora S.A. Compañía de Seguros solicitar las deducciones en su declaración de renta, establecidas en el artículo 107-2 del Estatuto Tributario, reglamentado por el Decreto 1013 de 2020, sobre los pagos de los créditos educativos condonables a empleados que son girados directamente al trabajador?

¿Es cierto, sí o no, que a partir de la fecha de expedición del Decreto 1013 de 2020, debe La Previsora practicar retención en la fuente sobre el monto de los créditos educativos condonables pagados directamente a los trabajadores y no a las instituciones educativas?

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario manifiesta que, mediante las Circulares No. 11 y 17 de 2020, emitidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, se emitieron unas instrucciones prudenciales en materia de cartera de créditos, y pregunta si es posible deducir en el impuesto de renta este deterioro adicional de la cartera de créditos.

Consulta:

Respecto a los pagos realizados a través de un Patrimonio Autónomo, cuyo Fideicomitente es una entidad Pública que ejecuta recursos del presupuesto de la Nación, para atender pagos por compensaciones personales en el exterior y como consecuencia no es determinable como ingreso de fuente nacional en los términos del numeral 6 del artículo 24 del Estatuto Tributario.”

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario plantea lo siguiente:

“Soy persona natural que se encuentra en el regimen simple y este año me hicieron retenciion de impuesto covid, el cual posteriormente fue derogado y se encuentra como anticipo de renta, para mi caso al no tener renta sino impuesto RST anual, quisiera saber si lo puedo cruzar como anticipo del RST y descontarlo este año en mi declaracion bimensual.”

No es viable desde la perspectiva jurídica abonar el valor de las retenciones practicadas por este impuesto en el Régimen Simple, se está frente a un pago de lo no debido, el cual se puede solicitar en devolución a partir del 1 de julio de 2021.

Mediante el radicado de la referencia, y teniendo en cuenta la crisis económica y social generada por la pandemia del coronavirus, la peticionaria plantea las siguientes preguntas:

1. ¿Es procedente cambiar los programas de destinación y tiempo de ejecución de las “Asignaciones Permanentes” previamente autorizadas por parte del máximo órgano de administración o dirección de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, con el fin de absorber o enjugar las pérdidas anteriormente?

2. ¿Es viable compensar estas pérdidas con los excedentes?

3. ¿En caso de liquidación de las Entidades Sin Ánimo de Lucro las “Asignaciones Permanentes” se deben compensar para liquidar el respectivo remanente?

Por medio del radicado en referencia, la peticionaria consulta acerca de la obligación de implementar el documento soporte de pago de nómina electrónica preguntando:

“De acuerdo a la resolución número 013 del día 11 de febrero de 2021, por concepto del tema de la nómina electrónica, quisiera conocer, si las cooperativa de trabajo asociado (CTA) que manejan la figura de compensaciones y no salarios, les aplica la normatividad de la nómina electrónica”.

Mediante el radicado de la referencia, y de conformidad con el artículo 254 del Estatuto Tributario, la peticionaria consulta cuáles son los documentos necesarios para que proceda dicho descuento.

En particular, solicita se aclare cuáles son los requisitos tanto de forma como de fondo que debe cumplir el certificado fiscal como medio probatorio a que hace referencia el literal f) de dicho artículo, así como el significado de prueba idónea y cuáles requisitos debe cumplir éste último.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario solicita se resuelva la siguiente inquietud:

¿El crédito fiscal establecido en el artículo 256-1 del EstatutoTributario podrá compensarse en su totalidad con el impuesto de renta tal como lo establece el artículo 1.8.2.4.5 del decreto reglamentario 1011 del 14 de julio del 2020? O

¿la compensación del crédito fiscal con el impuesto de renta está limitada con lo que se dicta en el artículo 258 del Estatuto Tributario?

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria solicita se le informe si lo manifestado por esta Subdirección en el Oficio N° 902652 del 29 de marzo de la presente anualidad abarca igualmente la deducibilidad del pasivo pensional de los meses de abril y mayo de 2020, generado a partir de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto Legislativo 558 del mismo año (cfr. Sentencia C-258/20).

En el Oficio N° 902652 de 2021 se concluyó que “en la medida que las cotizaciones al Sistema General de Pensiones se hubiesen efectuado en los términos dispuestos por el artículo 3° del Decreto Legislativo 558 de 2020, se debe permitir a los contribuyentes la deducción de los salarios y pagos a trabajadores independientes de los meses de abril y mayo de 2020 sobre los cuales se realizaron las mencionadas cotizaciones parciales”

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta:

“(…) Por favor nos informa cuál es el documento para poder soportar los gastos bancarios e IVA descontables de las entidades financieras. Puesto que en la actualidad estas empresas emiten estados de cuenta y no un Extracto que cumpla con los requisitos de la Resolución 000042 del 05 de mayo de 2020.

¿Se le debe efectuar el Documento Soporte, a estas operaciones, así como a los cobros que efectúan las entidades financieras por concepto de cuotas de arrendamiento operativo, intereses por obligaciones financieras, etc.?

Mediante los radicados de la referencia, se pregunta por la posibilidad de deducir en el an~o gravable 2020 los pagos por vacaciones anticipadas de los an~os 2021 y 2022 que fueron objeto de aportes al sistema de proteccio´n social y retencio´n en la fuente por ingresos laborales. También se pregunta si en este caso se debió practicar retención en la fuente por ingresos laborales o ésta se practicará en los años 2021 y 2022.

A pesar que entendemos que existe un gasto devengado contablemente, no se cumplen los presupuestos consagrados en los artículos 105 (literal c del numeral 1) y 107 del Estatuto Tributario, por lo que no serán deducibles en el impuesto sobre la renta del año gravable 2020 los pagos por vacaciones anticipadas de los años 2021 y 2022.

Mediante los radicados de la referencia, el peticionario realiza una serie de preguntas relacionadas con la Resolución DIAN No. 000013 del 11 de febrero de 2021 y el documento soporte de pago de nómina electrónica, inquietudes que serán resueltas en el orden en que fueron propuestas en cada uno de los radicados.

1. Cuáles son los cambios que genera la Resolución 000013 del 11 de febrero de 2021 desde la fecha de su inicio de vigencia.

2. En qué consiste la periodicidad del documento de la nómina electrónica y como se realizaría esta misma.

3. Cuáles son los sujetos obligados a la nómina electrónica y que gravámenes o nuevos impuestos generaría la implementación de esta figura?

4. En qué consisten los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios y además en que consiste los impuestos descontables en el IVA y estos como se aplicaría a los sujetos obligados? ( ...)

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario solicita responder las preguntas que a continuación se relacionan y se resuelven:

1. Donación por parte de una entidad extranjera

a. Cuando se refiere a entidades, ¿se entendería que cabrían las donaciones de Entidades Privadas?

b. Aunque el que suscribe el contrato de compra con el proveedor es APC Colombia y el beneficiario final de los equipos es el Ejército Nacional de Colombia, ¿estos equipos están exentos de impuestos, tasas y aranceles?

c. ¿Existe alguna diferencia en cuanto a la aplicabilidad de impuestos si se hiciera la compra con el representante en Colombia o si se hiciera la compra con el fabricante ubicado en Australia?

El Estatuto Tributario establece:

“Artículo 108-5. Deducción del primer empleo. Los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario, en relación con los empleados que sean menores de veintiocho (28) años, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona. La deducción máxima por cada empleado no podrá exceder ciento quince (115) UVT mensuales y procederá en el año gravable en el que el empleado sea contratado por el contribuyente.

La disposición citada es clara en establecer que la deducción del primer empleo “procederá en el año gravable en el que el empleado sea contratado por el contribuyente.”,

A partir de avanzadas técnicas de analítica aplicada en los procesos de fiscalización, la DIAN ha declarado a 506 empresas a nivel nacional, como proveedores ficticios por venta de facturas que corresponden a operaciones simuladas, y ha iniciado las acciones penales del caso ante la Fiscalía General de la Nación.

Las denuncias penales se instauraron además contra los compradores de costos y gastos simulados, que con esta práctica buscan disminuir sus impuestos sobre la renta y complementarios e impuesto al valor agregado -IVA, actividad que, en el caso del IVA, no solo constituye evasión, sino se estaría incurriendo en peculado.

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria formula unas inquietudes relacionadas con los contratos de colaboración empresarial, las cuales se atenderán cada una a su turno:

1. “Sírvase confirmar que en el contrato de colaboración empresarial genérico, donde no se prevé la figura de socio gestor y socio oculto sino que ambas partes desarrollan directamente el negocio conjunto, la parte que factura por la prestación de un servicio o la venta de un bien a un tercero, debe transferir a la otra parte los ingresos, costos y gastos correspondientes, así como las retenciones en la fuente que le correspondan a la otra parte en proporción a su participación en el contrato”.

2. “Sírvase confirmar que la interpretación oficial de la DIAN según la cual no es posible efectuar el traslado de las retenciones en la fuente aplica únicamente para los contratos de cuentas en participación mas no para los contratos de colaboración genéricos donde no se prevé la figura de socio gestor y socio oculto.”

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria solicita se resuelvan las siguientes inquietudes respecto de la aplicación del artículo 96 de la Ley 788 de 2002.

1. Vigencia del artículo 96 de la Ley 788 de 2002 y del Decreto 540 de 2004.

2. ¿El certificado de utilidad común expedido, por cabeza entidad de sector, con posterioridad a la vigencia de la Ley 2010 de 2019, tiene validez ante la DIAN para el trámite de exención de impuestos, tasas y contribuciones?

3. ¿La cooperación no reembolsable y técnica iniciada antes de la vigencia de la Ley 2010 de 2019, están cobijadas por el artículo 96 de la Ley 788 de 2002 y del Decreto 540 de 2004?

4. ¿Si un proyecto tiene un CUC emitido con anterioridad a diciembre de 2019 y el mismo se encuentra vigente, la organización ejecutora de los recursos de cooperación puede continuar haciendo uso de la de dicho CUC para exención de IVA?

5. ¿La prórroga de CUC ya expedidos respecto de proyectos iniciados antes de diciembre de 2019, cuya ejecución fue extendida, se deberá realizar mediante el procedimiento del Decreto 540 de 2004 o, por el procedimiento que establezca el nuevo decreto reglamentario?

Mediante el radicado de la referencia, y con base en el artículo 256-1 del Estatuto Tributario, el peticionario pregunta si las entidades, tales como, sin ánimo de lucro, fundaciones, corporaciones, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, centros de innovación y productividad, se consideran micro, pequeñas y/o medias empresas y, por ende, pueden acceder a los beneficios establecidos en dicha norma.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario solicita en el marco de la aplicación del mecanismo de pago de “Obras por impuestos”, previsto por el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, se aclare si una sociedad que no fue seleccionada por la Agencia de Renovación del Territorio -ART, para ejecutar una obra debido a que el proyecto fue asignado a otra sociedad por la regla de desempate de primera inscripción:

¿Podía presentar la declaración del impuesto sobre la renta el 31 de mayo de 2019, sin sanción ni intereses, teniendo presente que ésta cumplió con todos los requisitos?

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario textualmente consulta:

“¿Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, que obtengan en un determinado bimestre ingresos pasivos que representan más del 20% de los ingresos brutos totales dejan de pertenecer a este modelo de tributación?"

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, y con base en lo dispuesto en el artiìculo 114 -1 del Estatuto Tributario, el peticionario pregunta si una Personeriìa Municipal, Alcaldiìa Municipal o cualquier entidad de derecho publico deben realizar las cotizaciones a la salud como Seguridad Social Integral, de igual forma al Sena e ICBF como parafiscales; sobre empleados que devenguen menos de 10 salarios miìnimos legales mensuales.

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta lo siguiente:

¿Es aplicable la regla prevista en el artículo 117 del Estatuto Tributario cuando el acreedor del crédito es una sociedad extranjera que no tiene la calidad de vinculada en los términos del artículo 260-1 del Estatuto Tributario?

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario solicita la revocatoria del concepto 094762 de 28 de septiembre de 2000, respecto de la deducción por el pago de indemnizaciones por despido justificado o injustificado que provienen de una relación laboral o reglamentaria.

Lo anterior al considerar que existe una contradicción entre la interpretación jurídica allí expuesta y lo considerado por el Consejo de Estado.

En particular, apoya su solicitud en el contenido de la sentencia de 19 de mayo de 2011, radicado interno No. 18039, tesis reiterada en sentencia de 23 de febrero de 2017, radicado interno No. 20347.

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta si al ampliarse el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ocasionada por el virus covid-19, se amplían los plazos para solicitar

• i) la conciliación contencioso administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria,
  
  ii) terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios y
  
  iii) principio de favorabilidad en etapa de cobro que tratan los artículos 118, 119 y 120 de la ley 2010 de 2019.

Se requiere realizar las modificaciones al Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 110 Formato 2516 y Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 210 Formato 2517, prescritos en los literales a) y b) del artículo 1 de la Resolución 000071 del 28 de octubre de 2019, para que los sujetos obligados a presentar el reporte de conciliación fiscal cumplan con la obligación en los años gravables 2020 y siguientes.

Que con el objeto de disponer del tiempo necesario para el desarrollo de las herramientas tecnológicas requeridas para la generación y presentación del Reporte de Conciliación Fiscal y posibilitar la preparación de la información por parte de los contribuyentes, es necesario ampliar el plazo de presentación previsto por el artículo 3 de la Resolución 000071 del 28 de octubre de 2019 para las personas jurídicas y asimiladas y las personas naturales y asimiladas calificadas para el año 2021 como “Grandes Contribuyentes”.

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria formula una serie de preguntas relacionadas con el artículo 126-2 del Estatuto Tributario:

• 1. ¿Que es una Organización en los términos del Artículo 126-2 del Estatuto Tributario?
  
  2. ¿Las Entidades Territoriales pueden recibir las donaciones que están planteadas en el artículo 126-2 del Estatuto Tributario?
  
  3. El Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana implementado por los territorios a solicitud de su Alcalde Municipal ¿Puede ser destinatario de las donaciones a las que hace alusión el artículo 126- 2?

Consulta:

• ¿El proceso de levantamiento de afectación a vivienda familiar, contemplado en el numeral 2 del artículo 4 de la Ley 258 de 1996, debe ser ejecutado en la totalidad de eventos donde se presenten deudas tributarias ejecutables y exista un único bien sometido a afectación a vivienda familiar?
  
  O por el contrario ¿la administración puede o debe escoger los eventos en los cuales aplicará el proceso de levantamiento?
  
  ¿Cuál es la dependencia competente de la Administración de Impuestos para adelantar el proceso de levantamiento ante la Jurisdicción?

Consulta:

En el evento en que una entidad sin ánimo de lucro renuncie al RTE en los términos del artículo 1.2.1.5.1.19 del Decreto 1625 de 2016

¿Que tratamiento deberá darse a los recursos que la entidad había destinado a asignaciones permanentes en años anteriores y que por tanto no han estado gravados con el impuesto sobre la renta?

Por la cual se informan los contribuyentes que optaron por el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación, así como aquellos que retiraron su responsabilidad o fueron inscritos o excluidos de oficio por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN en el período gravable 2020.

Contribuyentes que optaron por el Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación -SIMPLE en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Los contribuyentes que optaron por el Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación -Simple en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 son los siguientes:

RESUELVE

Artículo 1. Adicionar el parágrafo 5 al artículo 1 de la Resolución No.000070 del 28 de octubre del 2019. Adiciónese el parágrafo 5 al artículo 1 de la Resolución No. 000070 del 28 de octubre del 2019, el cual quedará así:

• “Parágrafo 5. Para efecto de lo dispuesto en literal d) del presente artículo, también serán responsables de cumplir la presente resolución, los contribuyentes personas naturales del régimen simple de tributación - SIMPLE que durante el año gravable 2019 o en el año gravable 2020, hayan obtenido ingresos brutos superiores a quinientos millones de pesos ($500.000.000).”

Artículo 2. Adicionar el parágrafo 4 al artículo 10 de la Resolución No.000070 del 28 de octubre del 2019. Adiciónese el parágrafo 4 al artículo 10 de la Resolución No. 000070 del 28 de octubre del 2019, el cual quedará así:

• “Parágrafo 4. En el caso de la información de aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias y obligatorias, la casilla número de la cuenta se debe diligenciar indicando el número de identificación del afiliado.”

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta:

• ¿Cuáles son las obligaciones tributarias que genera un contrato de aparcería?

Sobre el contrato de aparcería y las obligaciones involucradas

De acuerdo con el artículo 1º de la Ley 6 de 1975, mediante este contrato una parte (propietario) acuerda con otra (aparcero) “explotar en mutua colaboración un fundo rural o una porción de este con el fin de repartirse entre sí los frutos o utilidades que resulten de la explotación”

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta:

• ¿Se pierde el beneficio de la renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario cuando no se ha cumplido oportunamente con la obligación de realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones en los términos del parágrafo 2° de la misma norma?

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario plantea un supuesto en donde una empresa celebra un contrato de confirming con una entidad financiera, bajo el cual, la entidad financiera gestiona los pagos a sus proveedores y, en caso de que los proveedores soliciten el pago anticipado de sus facturas, la entidad financiera procede a efectuarles el pago pero aplicando un descuento por concepto de dicho pago anticipado.

Con base en el anterior supuesto, el peticionario consulta si

• ¿puede la empresa deudora “asumir” el descuento realizado por la entidad financiera a sus proveedores?
  
  ¿será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios de la empresa deudora el descuento practicado a sus proveedores?

Consulta:

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta sobre la aplicación del artículo 4 de la Ley 258 de 1996 y el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, preguntando:

• ¿El proceso de levantamiento de afectación a vivienda familiar, contemplado en el numeral 2 del artículo 4 de la Ley 258 de 1996, debe ser ejecutado en la totalidad de eventos donde se presenten deudas tributarias ejecutables y exista un único bien sometido a afectación a vivienda familiar? O por el contrario ¿la administración puede o debe escoger los eventos en los cuales aplicará el proceso de levantamiento?
  
  ¿Cuál es la dependencia competente de la Administración de Impuestos para adelantar el proceso de levantamiento ante la Jurisdicción?

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta textualmente:

• “(…) hice un pago de mi declaración de Renta año grabable (sic) 2016 en el (sic) Sep/2017 y la liquidación ha quedado mal hecha, en concecuencia (sic) tuve que pagar una multa por este error tres meses después, que nunca se aplicó en el Sistema Muisca-Dian y hasta el día de hoy aparezco en mora en sus bases de datos.

Consula:

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta textualmente:

• “En caso de ser aprobado el proyecto, y NO poder cumplir por algún motivo, con alguno de los requisitos establecidos allí (…) en ese caso a que sanción, multa o que otra consecuencia nos podría acarrear este incumplimiento, aparte de tener que liquidar la renta normalmente del año Gravable fruto del incumplimiento y de ahí en adelante tal como lo establece el decreto 286/2020?

Consula:

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria realiza la siguiente consulta:

• A través del artículo 1 de la Resolución 1462 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por causa del Covid-19 hasta el 30 de noviembre de 2020.
  
  ¿Qué efectos tiene dicha prórroga sobre la suspensión de términos en los asuntos relacionados con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales?

Consula:

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario formula una serie de inquietudes relacionadas con la sanción de que trata el artículo 651 del Estatuto Tributario, las cuales se resolverán cada una a su turno:

• “A raíz de la modificación introducida por la Ley 1819 de 2016, al artículo 651 del estatuto tributario, ¿cómo se aplica la sentencia C-160 de 1998, que exige que para la imposición de sanciones por el no envío de información tributaria, entre ella la exógena se debe demostrar el daño al Estado, y en muchas ocasiones, los errores en el diligenciamiento de cualquier formato jamás generan daño al Estado?.

• “La Circular 0131 del 04-11-2005 tiene en estos momentos aplicación para la exógena del año 2017, 2018, 2019?”

• “Diligenciar en un formato la cédula (13), cuando debió ser el NIT (31), o viceversa, (personas naturales), genera sanción, si el valor y los demás conceptos reportados son correctos?”

• “Diligenciar en un formato un valor en el concepto de servicios, cuando debió ser honorarios o viceversa, y en cualquiera de ellos, la partida tiene o no trascendencia fiscal en el impuesto sobre la renta genera sanción, cuándo todos los valores son correctos y los demás campos están bien diligenciados?”

El Ministerio de Hacienda publicó este martes un borrador de decreto con el que busca darle más plazos a las micro, pequeñas y medianas empresas para pagar su impuesto de renta de 2020.

De acuerdo con el documento, que está para comentarios hasta el 17 de marzo, "como consecuencia de la pandemia derivada del covid-19, aún persisten situaciones propias de la coyuntura que continúan afectando el normal desarrollo de las actividades económicas de las empresas”.

TÍTULO 1

CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES

1.1. ¿Qué es una garantía?
1.2. ¿Qué es una póliza?
1.3. ¿Qué es el seguro de cumplimiento?
1.4. ¿Cuál es el objeto y cuáles son las partes en el contrato de seguro?
1.5. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de seguro?

Consulta:

• “1. ¿Es válido que una empresa desista de un beneficio obtenido para volverse a presentar en otra convocatoria al mismo beneficio?

• 2. En caso de ser válido esto y teniendo en cuenta que la fiscalización es posterior al acto administrativo, ¿las empresas deben desistir ante la DIAN directamente o ante el Ministerio de Cultura? En caso de ser ante la DIAN, ¿ante qué oficina de esta entidad se debe realizar dicha diligencia?

• 3. ¿Cuál es el manejo correcto que se debe dar a los desistimientos que ya se han radicado en el Ministerio de Cultura?

• 4. ¿Un contribuyente podría obtener dos actos de conformidad del beneficio de exención de renta por 7 años para empresas de economía naranja en una misma vigencia?

• 5. Si se obtienen dos actos de conformidad ¿cuál de ellos es el que debe tenerse en cuenta para la exención de renta y quien lo define?”

Consulta:

Recibimos su comunicación radicada en el buzón de atención al cliente de este Ministerio con el número del asunto, mediante la cual consulta sobre la procedencia de devolución de valores retenidos a título del impuesto de Industria y Comercio a empresa que manifiesta no ejercer actividades gravadas en el municipio.

El procedimiento para la devolución de pagos de lo no debido es aplicable una vez la administración tributaria territorial verifique la existencia del mismo, quien deberá evidenciar y motivar las circunstancias que originaron dicho pago, el concepto, el titular del mismo, entre otras condiciones que se estimen pertinentes para analizar su procedencia según el caso particular y concreto, lo cual deberá estar debidamente documentado, y solicitado dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva.

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria formula unas inquietudes relacionadas con la renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario. “¿Para empresas no nuevas, el primer año se cuenta como el ‘primer año’ de tener el beneficio de rentas exentas?

Es decir, en nuestro caso, Tecfinanzas fue constituida en el 2012 y obtuvimos el beneficio de rentas exentas el 16 de junio del 2020.

¿El primer año se contaría de junio del 2020 a junio del 2021? ¿O sería el año 2020 de enero a Diciembre? Esto para saber durante qué periodo se deben calcular los ingresos brutos.”

“Nuestra facturación al finalizar Dic del 2020 será muy similar a lo facturado en el 2019 (Aproximadamente 500 Millones) teniendo 3 empleados por nómina de Economía Naranja.

¿Así las cosas, debemos contratar 1 persona más durante el primer año para cumplir con los requisitos de tener 4 empleos de economía naranja?”

Consulta:

Una vez en firme el respectivo acto de conformidad proferido por el Ministerio de Cultura, si el contribuyente observa que no le será posible cumplir con la totalidad de los requisitos contemplados en la normativa tributaria para acceder a la renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 ibídem

• ¿le es posible renunciar a este beneficio con el propósito de evitar incurrir en sanciones tributarias?

• En caso de que sea posible renunciar ¿cuál sería el procedimiento y cuáles serían las consecuencias de renunciar a la mencionada exención?

Mediante el radicado de la referencia la peticionaria pregunta:

"Comedidamente solicito su colaboración, confirmándome cuáles son los requisitos para la liberación de la reserva, de que trata el numeral 12 del artículo 290 del E.T., que establece: (…)

Mi inquietud radica en los siguientes temas:

• 1. Se requiere que los activos que fueron objeto de depreciación por reducción de saldos, estén totalmente depreciados.

• 2. La comparación de la depreciación contable y la fiscal, es por el total de los activos, o solamente por los activos que fueron depreciados por reducción de saldos."

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN publico el más reciente listado (17/06/2021) de los contribuyentes que mediante resolución sanción fueron declarados proveedor ficticio.

En el mismo comunicado se estableció la relación de aquellos contribuyentes a quienes se les ha levantado la declaratoria de proveedor ficticio.

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria formula unas inquietudes relacionadas con la renta exenta de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario.

• “¿Para empresas no nuevas, el primer año se cuenta como el ‘primer año’ de tener el beneficio de rentas exentas? Es decir, en nuestro caso, Tecfinanzas fue constituida en el 2012 y obtuvimos el beneficio de rentas exentas el 16 de junio del 2020. ¿El primer año se contaría de junio del 2020 a junio del 2021? ¿O sería el año 2020 de enero a Diciembre? Esto para saber durante qué período se deben calcular los ingresos brutos.”

• “Nuestra facturación al finalizar Dic del 2020 será muy similar a lo facturado en el 2019 (Aproximadamente 500 Millones) teniendo 3 empleados por nómina de Economía Naranja.
  
  

  ¿Así las cosas, debemos contratar 1 persona más durante el primer año para cumplir con los requisitos de tener 4 empleos de economía naranja?”

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria consulta textualmente:

• “En el caso de tener un acuerdo de pago (aprobados o en ejecución) se podría interpretar de manera extensiva la expresión ‘estar al día’ para efectos de acceder al Régimen Simple de Tributación?”.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta textualmente:

• “¿En virtud de un convenio celebrado entre una entidad del Orden Nacional y una Entidad del Orden Territorial, esta última como ente ejecutor, entre sus múltiples obligaciones, tiene la de celebrar un contrato de obra pública, por lo cual y teniendo en cuenta que la Entidad del Orden Nacional es quien Financia el convenio con recursos Nación, es viable aplicar lo contemplado en el artículo 100 de la Ley 21 de 1992 en el sentido que el contrato no causa el impuesto sobre las ventas?”

De conformidad con los artículos 19 y 38 del Decreto 4048 de 2008, en concordancia con el artículo 7 de la Resolución 204 de 2014, se avoca conocimiento para expedir el presente “CONCEPTO GENERAL UNIFICADO GARANTÍAS: DOCTRINA Y LÍNEA SOBRE EL PROCEDIMIENTO EN SEDE ADMINISTRATIVA”

Mediante el radicado de la referencia, y respecto a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019, sobre la validación de pagos de aportes de contratistas, la peticionaria pregunta si es válido para efectos tributarios la verificación de estos pagos a través de la herramienta tecnológica señalada en esta norma.

Sobre la deducción por pagos a trabajadores independientes, el parágrafo 2 del artículo 108 del Estatuto Tributario establece que la misma está condicionada a la verificación por el empleador de la “afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social que le corresponden al contratista según la ley.

Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria plantea unas preguntas, las cuales serán resueltas por este Despacho en el orden en que fueron propuestas, así:

• 1. ¿Procede la desvinculación del Depositario Provisional respecto de un bien inmueble que este administra dentro de un proceso de extinción de dominio del proceso de cobro del impuesto al patrimonio?

• 2. Si procede la desvinculación del Depositario Provisional, ¿Se puede hacer extensiva a otros casos de similares características, con fundamento en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005 (ley anti-trámites)?

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario solicita se aclare por qué en un contrato de cuentas en participación para la siembra y cosecha de un producto agrícola en la cual el partícipe asume todos los riesgos de pérdida de la cosecha se asimilaría a un contrato de prestación de servicios si, en caso de pérdida, dicho partícipe no recibiría participación alguna o dicha participación sería sustancialmente reducida.

Es propio del contrato de cuentas en participación la distribución de utilidades o pérdidas en el negocio conjunto.

Por lo tanto, en caso de que uno de los partícipes asuma la totalidad del riesgo y consecuentemente la pérdida del negocio, se afectaría la naturaleza propia el contrato y no se trataría de un contrato de cuentas en participación.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario pregunta cuál es el manejo tributario en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, para una pensión sustitutiva recibida en Suiza.

En particular, el peticionario solicita se precise qué ocurre si el beneficiario de esa pensión es una persona natural residente en Colombia y nacional colombiana, a la luz de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Convenio para evita la Doble Imposición suscrito entre Colombia y Suiza, Ley 1344 de 2009.

Los ingresos derivados de pensiones provenientes de Suiza que estén gravados en Colombia de conformidad con el CDI, deberán reconocerse en la cédula de pensiones, sin que sea aplicable la renta exenta contenida en el numeral 5º del artículo 206 del Estatuto Tributario, al no cumplirse el supuesto del parágrafo 3º de esta norma, esto es, el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con la Ley 100 de 1993.

Mediante los radicados de la referencia, los peticionarios formulan unas inquietudes en torno a las deducciones por contribución a educación de los empleados de que trata el literal (a) del artículo 107-2 del Estatuto Tributario y su reglamentación, las cuales serán resueltas por este Despacho, así:

• 1. ¿Cuáles son los requisitos para que la deducción del literal (a) del artículo 107-2 del Estatuto Tributario sea aceptada fiscalmente en la declaración del impuesto de renta y complementarios?

• 2. ¿En el evento en que la persona jurídica establezca una cláusula de permanencia y/o el deber de reintegrar los valores que se otorgaron con ocasión a las becas de estudio que cubran el importe total o parcial del programa, así como el monto entregado a título de créditos condonables para educación, la misma sería invalida o inexigible?

• 3. ¿Es aplicable esta deducción para la educación de estudios realizados en el extranjero?