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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2018-12-10
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

1° DE ENERO: PLAZO MÁXIMO A GRANDES CONTRIBUYENTES PARA FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE.

DIAN expidió la Resolución 00062 de 2018, la cual contiene esta prerrogativa.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), expidió la resolución 00062 del 30 de noviembre de 2018, mediante la cual establece el 1° de enero de 2019 como fecha máxima exigible para que los Grandes Contribuyentes inicien a facturar electrónicamente.

El acto administrativo deja en claro que este plazo adicional de un mes sólo aplicará para quienes, por dificultades técnicas o comerciales justificadas, no lo pudieron hacer en el plazo inicialmente estipulado.

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  ( 2018-12-10) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Proyecto de Resolución.

Por la cual se delegan unas funciones dentro de los procesos de autorización, interrupción y cancelación de la autorización del Operador Económico Autorizado.

Por lo anterior, se recibirán comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución del 7 al 13 de diciembre de 2018, a través del correo electrónico:

Nota: Este buzón son de uso exclusivo para recibir únicamente comentarios a los proyectos de Resolucion, favor abstenerse de enviar comunicaciones diferentes.

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  ( 2018-12-10) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico.

Empleador no puede modificar las citas médicas de sus trabajadores.

Las empresas deben facilitar a los trabajadores las condiciones que les permitan acceder al servicio de salud y una forma de hacerlo es, precisamente, otorgando permiso para asistir a citas médicas y los tratamientos a que haya lugar.

En ese sentido, no existe en la normativa disposición alguna que le otorgue al empleador la potestad de modificar las citas médicas de sus trabajadores, de acuerdo con su conveniencia, pues son estos, en su calidad de usuario o afiliado, quienes las solicitan, modifican o cancelan, así como programan los tratamientos que demanden.

En cuanto a la asignación de citas, el artículo 23 de la Ley 1122 del 2007 dispone como deber de las EPS atender con la celeridad y frecuencia que requiera la complejidad de las patologías de los usuarios y fijar las citas con la rapidez que requiere un tratamiento oportuno, en aplicación de los principios de accesibilidad y calidad.

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  ( 2018-12-10) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico.

Así quedó la reforma tributaria en comisiones económicas.

Luego de que las comisiones económicas del Congreso de la República finalizaran el estudio del articulado del proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda (Minhacienda) anunció cuáles son, a su juicio, los cinco aspectos claves que quedaron aprobados:

Protección a la población más vulnerable

    No se amplió el cobro del IVA a la canasta familia.
    Se aseguró la continuidad de los programas sociales.
    No se gravará a las motos de menos de 200 cc.
    Se recaudarán recursos para invertirlos en programas sociales de gran calibre.



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  ( 2018-12-10) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico.

Derecho de inspección no se puede equiparar con el concepto de auditoría externa.

El régimen aplicable en materia de derecho de inspección no se opone a que en los estatutos se regule el mismo, dentro de la libertad contractual que prevé el mismo.

No obstante, precisó la Superintendencia de Sociedades, es necesario tener en cuenta que el derecho de inspección no puede extenderse o evadir los límites legales establecidos para su ejercicio; es decir, cualquier estipulación, bien sea adoptada en los estatutos o en reglamentos internos, que contravenga tales reglas o pretenda equiparar el concepto del derecho de inspección con el de auditoría externa bajo ninguna circunstancia se entenderá ajustada a derecho.

En efecto, los accionistas no pueden entorpecer el funcionamiento normal de la sociedad ni extender sus derechos a información que por disposición legal no puede otorgarse, pues, de lo contrario, se configuraría un ejercicio abusivo del derecho.

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  ( 2018-12-10) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico.

Concepto negativo de rehabilitación por incapacidad da lugar a calificar pérdida de capacidad laboral.

La entidad promotora de salud (EPS) es la encargada de establecer el origen de la contingencia que haya generado una incapacidad laboral, con la consecuente obligación de dar entre el día 120 y 150 de la misma el concepto de rehabilitación o su negativa al fondo que administra la pensión, en caso de contingencia de origen común; o a la administradora de riesgos laborales, en caso de contingencia de origen laboral.

Si hay lugar a rehabilitación, el funcionario o trabajador continuará laborando con posterioridad a su culminación, mientras que si hubo reporte negativo se realizará la calificación de pérdida de capacidad laboral.

Si este porcentaje es igual o superior al 50 %, corresponde a la administradora de pensiones (origen común) o a la administradora de riesgos laborales (origen laboral) otorgar la pensión de invalidez, determinando el grado de la misma.

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  ( 2018-12-10) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico.

Contratos de trabajo podrán celebrarse mediante firma electrónica.

Para potenciar el trabajo virtual y promover el uso efectivo de las TIC, el Ministerio del Trabajo expidió una circular que facilita los contratos de trabajo por medio de firma electrónica.

El anuncio lo hizo la ministra del Trabajo, Alicia Arango, durante el Taller de incidencias de los avances digitales en el teletrabajo.

Los contratos por medios electrónicos pueden tener la firma electrónica o la digital, permitiendo a su vez identificar y vincular una persona con la creación de un mensaje de datos, un acto o un contrato y que cuenta con su aprobación. Estos están dirigidos a los empleadores y trabajadores del país del sector privado.

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  ( 2018-12-10) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico.

¿Cuándo se entiende que la labor de las cooperativas de trabajo asociado es fraudulenta?

La Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó que se defrauda la finalidad de las cooperativas de trabajo asociado cuando a través de su funcionamiento se encubre el desarrollo de relaciones de labor dependiente, es decir, cuando el cooperado presta sus servicios con el fin de atender funciones propias de un tercero beneficiario bajo los tres elementos del contrato de trabajo: (i) prestación de un trabajo de forma personal, (ii) subordinación y (iii) contraprestación por la función desarrollada.

Por lo anterior, el legislador prohibió que dichas cooperativas actúen como empresas de intermediación laboral o que dispongan del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal, por lo que el trabajador que sea utilizado de esa manera se considerará trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie de su trabajo.

En efecto, el artículo 80 de la Ley 79 de 1988, por la cual se actualiza la legislación cooperativa, señala que las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus socios para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios, puesto que son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía.

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  ( 2018-12-10) Consultar


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