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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2018-11-29
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Consejo de Estado

No está vigente el descuento tributario por reforestación previsto en el inciso primero del artículo 253 del Estatuto Tributario.

¿El inciso primero del artículo 253 del ET fue modificado por el artículo 31 de la Ley 812 de 2003 y este último, habida cuenta de su naturaleza y al haber sido derogado por el artículo 160 de la Ley 1151 de 2007, implicó que el artículo 253 del ET recobrara su vigencia?

Tesis: “De la lectura textual de los artículos 253 del ET y 31 de la Ley 812 de 2003, es evidente que la intención del legislador al expedir el segundo fue la de incrementar el monto del descuento por reforestación (…) De acuerdo con los artículos transcritos, el descuento por reforestación, elemento integrante de la obligación tributaria, fue incrementado por la Ley 812 de 2003, del 20% al 30% del valor de la inversión, generado la modificación de la obligación tributaria sustancial, realizada por el legislador con claros propósitos de política fiscal.

La Sala advierte que el artículo 31 de la Ley 812 de 2003 reguló de manera concreta los efectos fiscales de un hecho específico, esto es, la inversión por reforestación, otorgando un descuento en el impuesto sobre la renta en función de un porcentaje calculado sobre el monto de dicha inversión, dirigido a los declarantes de este impuesto.

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  ( 2018-11-29) Consultar

Consejo de Estado

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES SOBRE COSTOS E IMPUESTOS DESCONTABLES - Efectos

¿Procede el reconocimiento de las compras de chatarra declaradas y de los impuestos descontables derivados de las mismas?

Tesis: “En relación con los costos -compras- e impuestos descontables, el artículo 771- 2 del Estatuto Tributario señala que la factura y los documentos equivalentes constituyen la prueba documental idónea para soportar esos conceptos.

Lo anterior, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción. En esa medida, debe entenderse que el artículo 771-2 del Estatuto Tributario no limita la facultad comprobatoria de la Administración. Por tal razón, si en ejercicio de la facultad fiscalizadora la DIAN prueba la inexistencia de las

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  ( 2018-11-29) Consultar

Consejo de Estado

PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONATORIA – Precisión jurisprudencial.

Si bien el artículo 638 del Estatuto Tributario se refiere a la prescripción de la facultad para imponer sanciones, técnicamente alude es a la caducidad

En relación con la «prescripción de la facultad sancionatoria», el artículo 638 del Estatuto Tributario, dispone:

(…) La Sala reitera que si bien la norma transcrita se refiere a la «prescripción» de la facultad para imponer sanciones, técnicamente se debe aludir a la «caducidad», pues se trata de un término preclusivo de carácter sustancial que tiene la Administración para ejercer la potestad sancionatoria, so pena de que dicha potestad se extinga.

Lo anterior resulta acorde, entre otros, con el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regula en términos generales la caducidad de la facultad sancionatoria en sede administrativa.

Ahora bien, el citado artículo 638 del Estatuto Tributario señala que, cuando las sanciones se imponen mediante resolución independiente como ocurre en este caso, el pliego de cargos se debe formular dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó o debió presentarse la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del período en que ocurrió la irregularidad sancionable, o cesó la irregularidad para el caso de las infracciones continuadas.

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  ( 2018-11-29) Consultar

Consejo de Estado

SANCIONES RELATIVAS A INFORMACIONES - Gradualidad.

Reiteración de jurisprudencia. Se rige por los criterios de justicia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad.

La Sala ha reiterado que la sanción establecida en el artículo 651 del Estatuto Tributario se debe graduar en cada caso particular, atendiendo criterios de justicia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-160 de 1998.

En efecto, los principios de razonabilidad y proporcionalidad rigen el debido proceso en materia sancionatoria, pues la manifestación del poder punitivo del Estado exige el respeto de las garantías constitucionales, de manera que la sanción no debe ser arbitraria ni excesiva.

Si bien la presentación de información con errores de contenido o formales, en ciertos casos, afectan las facultades de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y, en esa medida generan un daño potencial a la Administración en relación con su labor recaudatoria, tales supuestos sancionables se deben evaluar en cada caso particular para fundamentar el daño ocasionado.

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  ( 2018-11-29) Consultar

Consejo de Estado

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE DOCTRINA DE LA DIAN – Efectos.

Tiene consecuencias para efectos de su oponibilidad, en los casos en que la administración cambie su posición doctrinal

La Sala, con fundamento en las normas que regulan la estructura y competencias de la DIAN, observa que el ejercicio de la actividad doctrinante es otorgado a esta entidad por la ley, sin exigir la publicación de las interpretaciones oficiales.

Así, conforme con los artículos 19 y 20 del Decreto 4048 de 2008, expedido en virtud de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional por el artículo 189 de la Constitución, en concordancia con el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, es competencia de la DIAN, a través de la Dirección de Gestión Jurídica y de la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina «Actuar como autoridad doctrinaria nacional en materia aduanera, tributaria … en lo de competencia de la Entidad», así como «Fijar criterios para determinar y mantener la unidad doctrinal en la interpretación de normas tributarias».

Cabe precisar que la publicación de la doctrina en el Diario Oficial tiene consecuencias para efectos de su oponibilidad en aquellos casos en que la Administración cambie su posición doctrinal, situación que no corresponde al caso analizado.

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Consejo de Estado

SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO PARA RESOLVER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN POR PRÁCTICA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA – Iniciación y duración.

La suspensión opera con la notificación del auto que ordena la inspección y por el término de su duración si la solicita el contribuyente o por tres meses cuando se decreta de oficio. Reiteración de jurisprudencia

La Administración distrital adoptó el Estatuto Tributario Nacional en cuanto a los requisitos del recurso de reconsideración, el término para resolverlo, la suspensión del término en los eventos en que se practique inspección tributaria y el silencio administrativo positivo.

Lo anterior con fundamento en el artículo 59 de la Ley 789 de 2002. El artículo 732 del Estatuto Tributario establece que la administración de impuestos tiene un (1) año para resolver el recurso de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma.

Sin embargo, el artículo 733 del E.T., prevé que dicho término se suspenderá cuando se practique inspección tributaria mientras dure esta si se practica a solicitud del contribuyente y hasta por tres meses cuando se practica de oficio.

(…) La Administración cuenta con el término de un año para resolver el recurso de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma, pero dicho término puede ser suspendido por la práctica de la inspección tributaria, pues no basta solo su decreto, por el término de su duración, en los casos en que la solicite el contribuyente o, por tres meses cuando se decreta de oficio.

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  ( 2018-11-29) Consultar

Consejo de Estado

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Exclusión de las actividades de producción primaria, agrícola, ganadera y avícola.

PROCESO PRODUCTIVO PRIMARIO – Alcance / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Prohibición de gravar la producción primaria.

El artículo 39 de la Ley 14 de 1983 dispone lo siguiente:

(…) La norma transcrita prohíbe a los municipios imponer gravámenes de cualquier clase o denominación a la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin incluir en esta prohibición a las fábricas de productos alimenticios o toda industria en la que haya un proceso de transformación, por elemental que este sea.

El artículo 54 del Acuerdo 22 de 2004 del Concejo Distrital de Barranquilla establece la prohibición de gravar la producción primaria (…) La norma local dispone que la producción primaria agrícola, ganadera y avícola está excluida del impuesto de industria y comercio.

La teoría económica divide la economía, principalmente, en tres sectores, a saber:

  • (i) sector primario o sector agropecuario,
    (ii) sector secundario o sector industrial y
    (iii) sector terciario o sector de servicios.


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Consejo de Estado

MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA PROBATORIA – Alcance / PRUEBA DE COSTOS – Inversión de la carga de la prueba.

En ejercicio de la facultad de fiscalización la DIAN puede controvertir o desvirtuar la realidad de los documentos aportados como prueba del costo y así trasladar la carga de la prueba al contribuyente para que aporte las pruebas que acrediten la existencia de la operación

En relación con los costos –compras- e impuestos descontables, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario señala que la factura y los documentos equivalentes constituyen la prueba documental idónea para soportar esos conceptos.

Lo anterior, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción. En esa medida, debe entenderse que el artículo 771-2 del Estatuto Tributario no limita la facultad comprobatoria de la Administración.

Por tal razón, si en ejercicio de la facultad fiscalizadora la DIAN prueba la inexistencia de las transacciones, los costos y el impuesto descontable, estos pueden ser rechazados, sin que sea suficiente que el contribuyente pretenda acreditarlos con facturas o documentos equivalentes.

Para el ejercicio de su potestad, la administración puede acudir a los medios de prueba señalados en las leyes tributarias, como las inspecciones tributarias, cruces de información o visitas de verificación; o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con las normas tributarias.

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