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C. P. Oscar Jaramillo Toro
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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2018-08-28
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Ante el Presidente Duque, tomó posesión nuevo Director de la DIAN.

José Andrés Romero Tarazona. El nuevo funcionario fue nombrado en el cargo mediante Decreto 1629 del 24 de agosto.

Ante el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, tomó posesión hoy el nuevo Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN–, José Andrés Romero Tarazona. El nuevo funcionario fue nombrado en el cargo mediante Decreto 1629 del 24 de agosto.

Romero es Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Leyes (LL.M.) en Tributación Internacional de New York University School of Law. Es especialista en Estudios Económicos y Sociales de la Notre Dame University Phoenix Institute South Bend, Indiana.

En 1994, el Ministerio de Educación le otorgó el premio "Andrés Bello" categoría Nacional Bogotá D.C., por obtener el mejor puntaje del país en las pruebas de Estado realizadas por el ICFES. Ha sido reconocido con la Beca Wallace de la Universidad de Nueva York y la Beca Colfuturo.

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  ( 2018-08-28) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Contribuyente responsable de IVA e Impoconsumo, inicie su proceso de implementación de facturación electrónica.

Desde el 1 de enero de 2019, se actualizará el RUT de los obligados, con la responsabilidad 37.

No es aplicable para contribuyentes seleccionados por las resoluciones 0072 de 2017 y 0010 de 2018.

Responsables de IVA e Impoconsumo están obligados a facturar electrónicamente a partir de 1 de enero de 2019 y por tanto no podrán solicitar habilitación como facturadores electrónicos voluntarios.

Tal como lo establece el Estatuto Tributario en el parágrafo segundo transitorio del artículo 616-1, los contribuyentes responsables del Impuesto Sobre las Ventas - IVA y del Impuesto Nacional al Consumo deberán iniciar con su facturación electrónica a partir del 1º de enero de 2019.

Por tal razón, la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- informa que, estos contribuyentes serán registrados, de oficio, en el Servicio Informático Electrónico (SIE) de Factura Electrónica facturador electrónico obligado, con lo cual ya no será posible solicitar la habilitación como facturador electrónico voluntario.

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  ( 2018-08-28) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico.

Bonificaciones de programas de retiro están exentas de renta.

Así mismo, agregó que esta exención, contenida en el artículo 27 de la Ley 488 de 1998, se encuentra vigente, en tanto no ha sido modificada ni derogada por una norma de carácter legal en particular.

Por medio de un oficio, la Dian enfatizó que las bonificaciones y/o indemnizaciones que reciben los servidores públicos en programas de retiro de personal de entidades públicas nacionales, departamentales, distritales y municipales están exentas del impuesto sobre la renta.

También afirmó que el ingreso por concepto de bonificación y/o indemnización de retiro programado se clasifica dentro de las cédulas de rentas de trabajo. En tal virtud, dichos ingresos están sujetos a retención en la fuente, según lo dispuesto los artículos 383 (tarifa) y 388 (depuración de la base de cálculo de retención en la fuente) del Estatuto Tributario (E. T.).

No obstante, aclaró que existe una norma especial (artículo 401-3 del E. T.) en la que se establece que las indemnizaciones derivadas de una relación laboral o legal y reglamentaria estarán sometidas a retención por concepto de impuesto sobre la renta, a una tarifa del 20 % para trabajadores que devenguen ingresos superiores a 204 unidades de valor tributario (UVT).

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  ( 2018-08-28) Consultar

Fuente: Ámbito Jurídico.

¿Desde cuándo es oponible el fuero sindical al empleador?

Luego de indicar la definición de la figura del fuero sindical, de explicar a cuáles sujetos cobija y su finalidad, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional precisó desde cuándo es oponible el fuero sindical al empleador.

En tal sentido, afirmó que el artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) dispone que, una vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato de trabajadores comunicará al respectivo empleador y al inspector del trabajo, y en su defecto al alcalde, de la constitución del sindicato con la declaración de los nombres e identificación de cada uno de los fundadores.

Con base en la Sentencia C-465 del 2008, la cual señala que si se da la comunicación al Ministerio de Trabajo y al empleador en forma no simultánea es oponible el fuero desde la primera notificación, y la Sentencia C-734 del 2008, la cual afirma que únicamente desde el conocimiento del empleador -mediante la notificación- es que le es oponible el fuero sindical de uno de sus empleados, el fallo concluyó que la regulación vigente no contempla un régimen objetivo del fuero sindical.

Ello implica que para su activación el empleador debe tener conocimiento de los empleados que están amparados por la garantía foral, bien sea porque la organización sindical se lo comunicó formalmente o porque así lo hizo el Ministerio de Trabajo.

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  ( 2018-08-28) Consultar

Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
Concepto No 636
20-07-2018


Contador Público.- Certificación relacionada con una persona natural no obligada a llevar contabilidad.

Los contadores públicos que suscriban certificaciones de ingresos de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, deben preparar el certificado de manera clara, precisa, soportados en documentos idóneos donde se demuestre la realidad económica y/o los ingresos de estas personas.

Consulta:
El motivo de mi consulta es porque me están solicitando una certificación de ingresos de un trabajador independiente con las siguientes características:

    - Persona natural de nacionalidad colombiana
    - No es residente fiscal en Colombia, vive fuera del país hace más de 10 años
    - Posee patrimonio en Colombia por valor de $50.000.000 (finca raíz) aproximadamente
    - Percibe ingresos como trabajador independiente en una actividad lícita (cuidado de infantes)
    - Está interesada en afiliarse a una cooperativa de ahorro y crédito en Colombia, en la cooperativa a la que quiere afiliarse le piden un certificado de ingresos firmado por contador público en Colombia (donde le certifiquen sus ingresos obtenidos en el país donde reside pero convertidos al peso colombiano.

Con base en lo anterior, quisiera entender el alcance que se tiene como contadores públicos en Colombia para expedir un certificado con las características antes mencionadas

  ( 2018-08-28) Consultar

Consejo de Estado

COSTO ESTIMADO / COSTO PRESUNTO / COSTO DE ACTIVOS ENAJENADOS.

Faculta la ley a la Administración para apartarse del costo informado en la declaración tributaria, cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

Cuando existan indicios de que el costo informado en la declaración no es real. Cuando no se conozca el costo de los activos enajenados; o cuando no sea posible establecerlos mediante pruebas directas.

En tales eventos también faculta la ley al funcionario que adelante el proceso de fiscalización para fijar como costo, en primer lugar, el que esté acorde con los incurridos durante el respectivo ejercicio por otras personas que hayan desarrollado una actividad similar, atendiendo a diversos datos estadísticos.

Pero si la Administración no tiene los estudios económicos y estadísticos que le permiten cuantificar los costos de las empresas del sector, ni las efectuadas por las entidades anteriormente mencionadas, se estimará el costo en el 75 del valor de la respectiva enajenación, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

  ( 2018-08-28) Consultar

Consejo de Estado

LIBROS DE CONTABILIDAD - No Presentación.

INDICIO EN CONTRA DEL CONTRIBUYENTE / COSTOS - Rechazo / DEDUCCIONES - Rechazo / COSTO PRESUNTO Aplicación.

Si bien es cierta la afirmación en el sentido de que el artículo 781 del Estatuto Tributario, prevé el desconocimiento de los costos, deducciones y pasivos, cuando el contribuyente, estando obligado no presente sus libros, comprobantes y demás documentos cuando la Administración lo exija, tal hecho hay que ubicarlo en el campo del debate probatorio y no como norma de carácter sustancial.

El citado artículo sólo le atribuye valor de indicio en contra del contribuyente cuando dispone que "la no presentación de los libros de contabilidad será indicio en contra del contribuyente... ", pero esta norma que es de carácter general para todas las controversias tributarias, no significa que la desestimación de los costos sea inexorable, puesto que deja a salvo la posibilidad de establecerlos por otros medios cuando dispone que "salvo que el contribuyente los acredite plenamente", lo que confirma que la norma es de índole probatoria y por ello está ubicado en el Capítulo 11 del Título Régimen Probatorio.

  ( 2018-08-28) Consultar

Consejo de Estado

MOTIVACION DE REQUERIMIENTO ESPECIAL - Existe cuando la explicación fáctica y jurídica permite el derecho de defensa.

REQUERIMIENTO ESPECIAL - Se considera motivado cuando su explicación permite ejercer el derecho de defensa.

Si bien la motivación de un acto administrativo, implica expresar las razones de hecho y de derecho que han dado origen a su expedición y su omisión genera la violación del derecho de defensa del particular, en el asunto en estudio, conforme a lo transcrito, el ente fiscal municipal en forma clara y completa le advirtió a la actora, el fundamento de las diferencias o mayores valores propuestos.

En efecto, la explicación tanto fáctica como jurídica de partidas que pretendía modificar de la liquidación privada de la accionante, permitió que ésta ejerciera dentro de las oportunidades legales respectivas su derecho de defensa, objetando y aportando pruebas sobre los valores declarados.

Por tanto, la Sala encuentra una adecuada y suficiente motivación de los actos cuestionados, conforme a los artículos 67 del Acuerdo 66 de 1996 en concordancia con el 35 del Código Contencioso Administrativo.

  ( 2018-08-28) Consultar

Consejo de Estado

LIQUIDACION DE REVISION - El no practicarla dentro del término legal no tiene una consecuencia a favor del contribuyente.

TERMINOS PROCESALES - Son de orden público y de estricto cumplimiento / LIQUIDACION PRIVADA - En el sub lite no se presenta su firmeza al expedirse oportunamente la liquidación oficial.

En este punto, la Sala comparte la apreciación del Ministerio Público, en cuanto la norma no tiene una consecuencia jurídica concreta, cuando la Administración sobrepasa el término de diez (10) días siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, para proferir la liquidación de revisión, razón por la cual si bien es cierto que los términos procesales son de orden público y de estricto cumplimiento, para el asunto no acarrea una consecuencia jurídica que favorezca al contribuyente, sino eventualmente una negligencia administrativa objeto de control disciplinario.

Ahora bien, no puede perderse de vista, que el articulo 76 ib, consagra la firmeza de la liquidación privada, "si dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial.", que no se configura en el presente caso, pues para el momento en que se expidieron tanto el requerimiento especial (11/julio/96), como la liquidación de revisión (13/nov/97), no habían transcurrido los tres años contemplados en la disposición legal, para las declaraciones de ICA del año gravable de 1995, presentadas en el año de 1996.

  ( 2018-08-28) Consultar

Consejo de Estado

ACTIVIDAD INDUSTRIAL - El ICA debe pagarse en el municipio de la sede fabril sobre los ingresos de su comercialización.

COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION - Ante los municipios donde se realiza se debe probar el pago del ICA por actividad industrial / MUNICIPIO DE SEDE FABRIL - Ya no es admisible la prueba de la comercialización en diferentes municipios.

El concepto de base gravable contenido en la disposición citada, guarda armonía con la definición de actividad industrial prevista en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990, sobre la cual se ha pronunciado la Sala en anteriores oportunidades, en el sentido de señalar que el Impuesto de Industria y Comercio que recae sobre las actividades industriales, debe ser cancelado en el municipio de la sede fabril, tomando como base la totalidad de los ingresos brutos originados por la comercialización de la producción.

El criterio anterior sentado por la Sección, obedece a que la modificación sustancial introducida por el precepto legal en comento, consistió precisamente en que, ante el municipio de la sede fabril, ya no es admisible la prueba de la comercialización de la producción en municipios diferentes, sino que es a éstos a quienes se les debe probar, que los bienes o productos vendidos en sus territorios, son fabricados o manufacturados por el vendedor y sobre los mismos se ha pagado el gravamen por la actividad industrial.

Esto, con el propósito de que, como lo expresara la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de octubre 17 de 1991, que decidió sobre la exequibilidad de la norma, no se liquide otro impuesto sobre la misma base gravable.

  ( 2018-08-28) Consultar


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