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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2018-07-23
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Consejo de Estado

¿El acto que ordena el decomiso de la mercancía es de naturaleza tributaria?

“[E]s pertinente resaltar que ni el decomiso aduanero ni la definición de la situación jurídica de la mercancía son asuntos de naturaleza tributaria, en tanto que, no tienen una vocación general, tampoco surgen de la realización actual o potencial de obras públicas o actividades estatales de interés colectivo y, mucho menos, contribuyen a la recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado, para asegurar la prestación de una actividad pública. (…)

Cabe resaltar que el artículo 512 ibídem [Decreto 2685 de 1999], establece cuál es el acto mediante el cual se produce la definición de la situación jurídica de las mercancías aprehendidas en desarrollo de la actuación administrativa desplegada por la DIAN, que no es otro que el de decomiso aduanero de las mismas, el cual, por lo demás es considerado por el legislador como el acto que decide de fondo dicho procedimiento. De esta manera el Estatuto Aduanero, define en los artículos 512 y 515 el trámite previsto para definir de fondo sobre la situación jurídica de las mercancías (…)

Por lo anterior y como bien lo ha interpretado esta Sección en diversas providencias, el decomiso de mercancías es una medida tendiente a definir la situación jurídica de las mismas (…)

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  ( 2018-07-23) Consultar

Consejo de Estado

¿Se debe agotar el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial para demandar el acto que ordena el decomiso de la mercancía?

[L]a Sala recuerda que el artículo 161 del CPACA, dispone lo atinente al requisito de procedibilidad de conciliación antes de impetrar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…)(…)

Por lo anterior, cuando se pretenda impetrar demandas en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto del decomiso de mercancías, resulta procedente agotar el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 161 del CPACA dado el contenido económico de la controversia, el cual se encuentra relacionado con el valor de la mercancía y los perjuicios que se reclamen a título de resarcimiento patrimonial”.

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  ( 2018-07-23) Consultar

Consejo de Estado

En la imposición de sanciones en materia administrativa procede aplicar la normativa más favorable, aunque sea posterior a los hechos que generaron la infracción.

[L]a Sala recuerda que el artículo 161 del CPACA, dispone lo atinente al requisito de procedibilidad de conciliación antes de impetrar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…)(…)

Problema jurídico:

¿La demandante debía ser sancionada al tenor numeral 1 del artículo 4.1.1.1 de la Resolución 1200 de 1995, vigente al momento de ocurrencia de los hechos o, en virtud del principio de favorabilidad, aplicar el Decreto 1802 de 2007, que determinó un nuevo régimen sobre las denominadas operaciones pre acordadas y no tipificó la infracción por la que se le sancionó?

[L]a Sala reitera que el legislador sometió el requisito de sustentación del recurso de apelación «a un contenido de suficiencia que asoció exclusivamente a la concreción de las razones de inconformidad del apelante respecto de la providencia objeto del recurso»

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  ( 2018-07-23) Consultar

Consejo de Estado

Las pérdidas fiscales del impuesto sobre la renta para la equidad CREE.

Síntesis del caso: Se anulan las expresiones “para hacer efectiva su compensación a partir del año gravable 2016” y “por pérdidas y”, contenidas en el artículo 2 de la Resolución 000029 de 29 de marzo de 2016, expedida por el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por ser contrarias a la sentencia C-291 de 2015, en la que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 22 de la Ley 1607 de 2012.

Problema jurídico:

¿Las expresiones “para hacer efectiva su compensación a partir del año gravable 2016” y “por pérdidas y”, que hacen parte del artículo 2 de la Resolución DIAN 000029 de 29 de marzo de 2016, al igual que apartes del artículo 6 de la Resolución DIAN 000004 de 8 de 2016 y del formulario 140 “Declaración del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)” vulneran el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, en los términos señalados en la sentencia C-291 de 2015 de la Corte Constitucional, al no permitir la compensación de pérdidas fiscales generadas en las declaraciones del CREE del año gravable 2015?

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  ( 2018-07-23) Consultar

Consejo de Estado

Para los años 2013 y 2014, la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE no incluía la renta líquida por recuperación de deducciones.

Se anuló el parágrafo 1º del artículo 3 del Decreto 2701 de 2013, “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”, en cuanto violó el principio de reserva de ley al incluir la renta líquida por recuperación de deducciones en la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, respecto de los años 2013 y 2014.

Problema jurídico:

¿El parágrafo 1º del artículo 3º del Decreto Reglamentario 2701 de 2013 vulnera las normas en que debía fundarse, al disponer que dentro de la base gravable del CREE se debe incluir la renta líquida por recuperación de deducciones?

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  ( 2018-07-23) Consultar

Consejo de Estado

Para efectos de la determinación de los elementos configuradores del impuesto sobre la renta y complementarios se aplica la normativa vigente al momento de la causación del tributo.

Se confirmó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2007 de un contribuyente, en el sentido de adicionar ingresos gravados por concepto del ajuste de las exportaciones de carbón del segundo semestre de ese año, al precio mínimo por tonelada fijado por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 18-1499 de 8 de septiembre de 2008.

Problema jurídico:

¿Para efectos de la determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta del año gravable 2007, la DIAN aplicó en forma retroactiva e indebida el Decreto reglamentario 1282 de 2008, que obliga a determinar el precio mínimo del carbón exportado, conforme lo establezca el Ministerio de Minas y Energía?

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  ( 2018-07-23) Consultar

Consejo de Estado

Intervención del deudor solidario en los procesos de determinación de los tributos y de cobro administrativo coactivo de créditos fiscales.

Se anularon los actos administrativos mediante los cuales la Administración Local de Impuestos de Neiva negó las excepciones formuladas por Gabina Arias Prieto contra el mandamiento de pago librado en su contra, en su calidad de deudora solidaria, dentro del proceso seguido contra la precooperativa de que ella era asociada, tendiente al cobro coactivo de los impuestos de renta y las sanciones determinadas por los años gravables 1997 y 1998, respecto de esa sociedad.

En su lugar, se declaró probada la excepción de falta de título ejecutivo y terminado el proceso de cobro administrativo coactivo seguido contra la actora, en razón de que se concluyó que no se le notificó el título ejecutivo y que, por ende, el mismo no le era oponible ni exigible el pago de la obligación en él contenida.

Problema jurídico:

¿Cuál es la interpretación que se le debe dar al artículo 828-1 del Estatuto Tributario, en orden a garantizar la protección de los derechos al debido proceso y de defensa y contradicción de los deudores solidarios de créditos fiscales?

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  ( 2018-07-23) Consultar

Consejo de Estado

Costo del inmueble que puede tomarse para determinar la utilidad.

Para la procedencia del avalúo formado como costo fiscal en la enajenación de inmuebles en el impuesto sobre la renta, el contribuyente puede utilizar el avalúo que figure en la declaración del impuesto predial y/o en la declaración de renta del año anterior al de la enajenación.

Síntesis del caso:

Se anuló el numeral 3 del artículo 7 del Decreto 326 de 1995, reglamentario de la Ley 174 de 1994, porque estableció una restricción para aceptar el avalúo formado como costo fiscal que es contraria a la ley reglamentada, al señalar que el valor que se utilice como costo fiscal debe ser el mismo denunciado en la declaración del impuesto sobre la renta, con lo cual excluía la opción del contribuyente de utilizar ese valor y/o el que figure en la declaración del impuesto predial unificado, como lo permite dicha ley.

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  ( 2018-07-23) Consultar


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