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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2014-11-20
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR – Se encuentra facultada para el cobro coactivo de multas por ella impuestas.
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    Creación y funciones sancionatorias de la superintendencia.
El señor Ministro de Trabajo, por solicitud del Superintendente de Subsidio Familiar, consulta a la Sala sobre la prerrogativa de cobro coactivo prevista en el artículo 98 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, en relación con las multas que impone esa Superintendencia como autoridad de inspección, control y vigilancia.

De conformidad con los antecedentes y preguntas formuladas en la consulta, la Sala estima que el problema jurídico a resolver puede plantearse en los siguientes términos:
  • ¿Está facultada la Superintendencia del Subsidio Familiar para adelantar el cobro coactivo de las multas impuestas en ejercicio de sus facultades legales de inspección, control y vigilancia, considerando que el producto de tales multas debe girarse a favor del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo que es administrado por las Cajas de Compensación Familiar, entidades que a su vez son vigiladas por esa superintendencia?.
  ( 2014-11-20) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

    SERVICIO NOTARIAL - Está gravado con el impuesto de industria y comercio, pues como servicio, corresponde a una actividad análoga a las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.
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    La Sala, en esta oportunidad, reitera que el servicio notarial, tal como se precisó anteriormente, es función pública y servicio público, gravado con el impuesto de industria y comercio, pues en calidad de servicio, corresponde a una actividad análoga a las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.
En la sentencia del 13 de agosto de 1999 (Expediente 9306), que ahora se reitera, se consideró, con fundamento en la sentencia C-741 de 1998, anteriormente transcrita, que el servicio notarial estaba gravado con el impuesto de industria y comercio […] La Sala, en esa oportunidad, decidió no anular los actos administrativos mediante los cuales el Distrito Capital había formulado liquidación de aforo a un notario por no presentar la declaración del impuesto de industria y comercio en esa jurisdicción territorial.

En esa oportunidad, el Consejo de Estado tuvo en cuenta la definición genérica de servicios prevista en el numeral 4 del artículo 154 del Decreto 1421 de 1993. En la sentencia del 5 de diciembre de 2003, que tuvo en cuenta el a quo para resolver la demanda que ahora se analiza, la Sala reiteró la sentencia del 13 de agosto de 1999. Valga precisar que en esta sentencia, la Sala decidió no anular la expresión “otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos”, código 325, contenida en el artículo 38 del Decreto 306 de 1996 del municipio de Pereira.

En el mismo sentido se decidió en la sentencia del 27 de mayo de 2010 (Expediente 17324), en la que la Sala analizó la demanda de nulidad que interpuso la también demandante en este proceso, pero contra apartes del artículo 51 del Acuerdo 044 del 2001, expedido por el Concejo Municipal de Tuluá, Valle, que fijó la tarifa del impuesto de industria y comercio para el servicio de notarías.
  ( 2014-11-20) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

    EXENCION DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS POR DESEMBOLSOS O PAGOS A TERCEROS - Requisitos cuando el desembolso del crédito se hace directamente al deudor.
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    Finalidad. La exención está sujeta a que el deudor destine el crédito a la adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos.
EXENCION DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS POR DESEMBOLSOS O PAGOS A TERCEROS - No procede cuando el deudor del crédito se dedique a la comercialización de automóviles, inmuebles y activos fijos financiados con el respectivo crédito.

Con la reforma establecida por el artículo 6° de la Ley 1430 de 2010, se modificó el numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario […] En lo que respecta a los desembolsos de los créditos que son objeto de la exención, el inciso primero de la norma señalada contempla dos situaciones a saber:
  • i) cuando el desembolso se realiza directamente al deudor y,
  • ii) cuando el desembolso se realiza a un tercero.
En el primer caso, la procedencia de la exención exige que el desembolso se realice mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida; que lo otorgue un establecimiento de crédito, una cooperativa con actividad financiera o una cooperativa de ahorro y crédito y, que dicha entidad esté vigilada por la Superintendencia Financiera o por la de Economía Solidaria.

En el segundo caso, esto es, cuando el desembolso se haga a un tercero, además de lo anterior, se requiere que el deudor del crédito lo destine a la adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos y, por tanto, el elemento relevante de la exención está dado en función de la destinación que del mismo haga el deudor que, se reitera, no es otra diferente a la adquisición de los bienes referidos, lo que no admite la destinación del crédito a otras actividades diferentes, en razón de la naturaleza restrictiva de las exenciones.
  ( 2014-11-20) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

    GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - Creación. Causación. Hecho generador.
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    El gravamen a los movimientos financieros fue creado por la Ley 633 de 2000 y se causa desde el primero de enero del año 2001, a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman.
El hecho generador de este gravamen lo constituye “…la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia. (…)”.

La Sala observa que, como regla general, el gravamen a los movimientos financieros se causa por la disposición de recursos que se haga sobre las cuentas señaladas en el párrafo anterior y, como excepción a la misma, el artículo 879 del Estatuto Tributario, implementado por la mencionada Ley 633 de 2000, determinó dentro de las exenciones del tributo “(…) 11.

Los desembolsos de crédito mediante abono en la cuenta o mediante expedición de cheques, que realicen los establecimientos de crédito” (…)”. Desde el momento de su creación, el gravamen a los movimientos financieros ha sido objeto de múltiples reformas, todas ellas tendientes a ampliar el espectro de operaciones que, por implicar una disposición de recursos, entran a constituir el hecho generador del tributo.

Tal es el caso de la Ley 788 de 2002 que incorporó otros hechos generadores del tributo, sin que modificara el citado numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario. En efecto, el artículo 45 de la mencionada ley, incluyó como hechos generadores del gravamen el traslado o cesión a cualquier título de los recursos o derechos sobre carteras colectivas entre los copropietarios de los mismos, la disposición de recursos a través de contratos o convenios de recaudo suscritos por las entidades financieras con sus clientes en los que no exista disposición de recursos de cuentas corrientes, de ahorro o de depósito, los débitos que se hagan a cuentas contables y de otro género, para la realización de pagos y transferencias a terceros, diferentes a las corrientes, de ahorro y de depósito.
  ( 2014-11-20) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

    Artículo 651 del Estatuto Tributario, Sanción por no enviar información.
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    La Sala determina si la sanción impuesta al actor desconoce los principios de “necesidad de la información”, “de inmediatez y de la eficacia tributaria”, si la conducta del contribuyente causó daño a la administración y si debe darse prevalencia al derecho sustancial sobre el formal.
El ordenamiento tributario establece, en los artículos 622 y siguientes, obligaciones de información a cargo de todos aquellos que encuadren en los presupuestos legales, quienes serán los obligados a suministrar la respectiva información tributaria, entre estas obligaciones, la de suministrar la información solicitada por el Director General de la DIAN con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, de que trata el artículo 631 ib.

Otras son las personas a quienes la Administración directamente les solicita información o pruebas mediante requerimientos ordinarios en los que le indica al requerido la información o pruebas que necesita y su finalidad, así como el plazo o término que particularmente le concede para que la allegue.

El plazo entendido como la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, en otras palabras, es el término cierto señalado para ejecutar determinada acción, por lo que, mientras no llegue el día señalado no expira el plazo y, por ende, no se entenderá la obligación incumplida, por el contrario, si el plazo o término vence sin que el obligado ejecute la acción correspondiente y no lo hace en ningún tiempo, se entenderá que la obligación no fue cumplida.

Entonces, el plazo que se fije, sea en acto general o de contenido particular, es el parámetro para determinar la ocurrencia de este hecho sancionable, pues mientras no llegue la fecha límite fijada para suministrar la información requerida no se configurará la conducta irregular sancionable, que se concreta en “no suministrar la información requerida en el plazo fijado para ello”, por esta razón, se entiende que se trata de una infracción instantánea.
  ( 2014-11-20) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

    Sanción por no declarar y liquidación de aforo por el impuesto predial.
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    La notificación de las decisiones oficiales es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, pues de esta manera se dan a conocer a los administrados. Además, mientras los actos de la Administración no se notifiquen, no producen efectos y tampoco son oponibles a los destinatarios (artículos 44 y 48 del Código Contencioso Administrativo).
Para la notificación de los actos de la administración tributaria distrital, el artículo 6º del Decreto 807 de 1993 dispone que serán aplicables los artículos 565, 566, 569 y 570 del Estatuto Tributario Nacional.

actos como la liquidación de aforo pueden notificarse por correo, para lo cual debe entregarse al contribuyente copia del acto en la dirección que éste registre en el RUT. También pueden notificarse personalmente, para lo cual, previo aviso de citación, el contribuyente comparece a las oficinas de la Administración y allí recibe copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión (artículo 44 del Código Contencioso Administrativo).

Así, pues, las notificaciones personal y por correo son diferentes, pues la notificación personal significa que el contribuyente conoce directamente el acto en la entidad que lo expidió, para lo cual, previamente es citado para que comparezca a las oficinas de la Administración. Por su parte, la notificación por correo se cumple con la entrega del acto en la dirección que corresponda, sea la informada en el RUT o la dirección procesal22. Sin embargo, la notificación por correo no requiere que el acto que se envía por correo sea entregado personalmente al contribuyente, Así lo precisó la Sala.

Las consecuencias de los procedimientos internos entre un contribuyente y el encargado de la correspondencia del edificio donde están las oficinas de éste, no pueden ser atribuibles a la Administración, pues ésta cumple la función de notificar por correo los actos si los entrega en la dirección del edificio que informó el contribuyente, independientemente de que por razones administrativas el correo no sea entregado en la oficina de éste, sino en la oficina de correspondencia o en la portería del edificio.
  ( 2014-11-20) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

    CORRECCION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O AUMENTEN EL SALDO A FAVOR - Requisitos.
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    SOLICITUD DE CORRECCION DE DECLARACIONES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O AUMENTEN EL SALDO A FAVOR - Su rechazo solo procede por motivos de forma, no de fondo, porque los vicios de fondo son objeto de un proceso de revisión.
El artículo 589 del Estatuto Tributario dispone […] Conforme con la norma transcrita, para disminuir el saldo a pagar o aumentar el saldo a favor liquidado en la declaración privada, el contribuyente debe solicitar la corrección de la declaración a la DIAN, dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar.

La DIAN debe practicar liquidación de corrección dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud en debida forma, y si no lo hace, el proyecto de corrección sustituye la declaración inicial. Sin embargo, la DIAN conserva la facultad de revisión y el término para proferir la liquidación de revisión inicia en la fecha de la corrección o dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, según el caso.

Si la corrección no es procedente, se genera para el contribuyente una sanción del 20% del pretendido menor saldo a pagar o mayor saldo a favor, la cual se aplica en el acto que niega la corrección. La sanción se reduce a la mitad si el contribuyente la acepta y paga con ocasión del recurso de reconsideración.

La Sala ha precisado que las solicitudes de corrección solo pueden negarse por motivos de forma, no por razones de fondo como son “las relacionadas con el derecho al reconocimiento de costos, deducciones, descuentos, exenciones-excepciones, retenciones en la fuente, o pruebas requeridas para su demostración, pues tales asuntos son materia de un proceso de revisión”.

Los requisitos formales son los siguientes:
  • - Presentar una solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente.
  • - Que la petición se realice dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del término para declarar o de la fecha de presentación de la declaración de corrección, según el caso, y
  • - Adjuntar proyecto de corrección.
  ( 2014-11-20) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

    REINTEGRO DE DESCUENTO TRIBUTARIO - Puede generar impuesto sobre la renta gravable e impuesto neto de renta a cargo aunque se declare una renta líquida gravable de cero (0). Periodo fiscal de 1995.
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    SOLICITUD DE CORRECCION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Su rechazo solo procede por motivos de forma, no de fondo, porque los vicios de fondo son objeto de un proceso de revisión.
Mediante Resolución 2 de 1996, la DIAN rechazó el proyecto de corrección, porque si la renta líquida gravable era cero (0) no existía razón para que la demandante liquidara un impuesto a cargo por $111.728.000, e impuso sanción por corrección improcedente por $35.918.200 […] En el recurso de reconsideración, la actora explicó y probó, mediante certificado de revisor fiscal, que el impuesto sobre la renta gravable liquidado en el proyecto de corrección ($111.728.000) corresponde al reintegro del IVA generado por la adquisición de bienes de capital, que fue descontado en la declaración de renta del año 1993 ($124.142.000), menos la depreciación y los ajustes por inflación respectivos ($12.414.000) […]

No obstante que en el recurso de reconsideración la demandante justificó el motivo que llevó a que liquidara un impuesto sobre la renta gravable por $111.728.000, por Resolución 42 de 1997, la DIAN confirmó la resolución que negó la solicitud de corrección. De lo anterior, la Sala concluye que aun cuando, en principio, podía pensarse que existe un error aritmético pues al liquidar una renta líquida gravable de cero (0), el impuesto sobre la renta gravable también debía ser cero (0), existen razones jurídicas que justifican la liquidación del impuesto sobre la renta gravable de $111.728.000 y del impuesto neto de renta de $66.204.000.

En efecto, el artículo 258-1 del Estatuto Tributario, antes de ser derogado por el artículo 154 de la Ley 788 de 2002, permitía a las personas jurídicas y asimiladas descontar del impuesto sobre la renta a cargo, el IVA pagado en la adquisición o nacionalización de bienes de capital, en la declaración de renta y complementarios del año en que se efectuó la adquisición o nacionalización.

Sin embargo, si los bienes se enajenaban antes de que transcurriera el tiempo de vida útil señalado por el reglamento, los contribuyentes debían adicionar al impuesto neto de renta del año gravable de enajenación, la parte del valor del impuesto sobre las ventas descontado,
  ( 2014-11-20) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

    COMPENSACION DE DEUDAS JUDICIALES DE LA NACION CON OBLIGACIONES FISCALES DEL BENEFICIARIO DE LA CONDENA.
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    Procede, de oficio, aunque esté en discusión la legalidad de los actos que fallaron las excepciones y ordenaron seguir adelante con la ejecución de las obligaciones fiscales objeto de compensación, pues, para la viabilidad de esta figura solo se requiere que se trate de obligaciones exigibles.
La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 29 de la Ley 344 de 1996, en la sentencia C-428 del 4 de septiembre de 1997 […] La Corte Constitucional encontró exequible el artículo demandado al considerar que el legislador autorizó el cruce de información que permitirá a la Administración, antes de efectuar el pago ordenado en la sentencia judicial, conocer si el beneficiario tiene obligaciones con la DIAN pendientes de pago y, precisa que lo adeudado por la Nación podrá compensarse con la deuda del administrado, siempre y cuando, la obligación de éste conste en un título ejecutivo y se haya iniciado el correspondiente cobro administrativo coactivo.

Revisada la actuación, la Sala encuentra que se adelantó el trámite establecido en las normas citadas […] De lo anterior, la Sala concluye que se cumplen los presupuestos legales para que opere la compensación de las obligaciones debidas, de una parte, por la Nación, contenida en sentencia judicial y, de otra, por el demandante, contenida en liquidación oficial ejecutoriada.

La Sala destaca que aunque el artículo 49 de la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 2126 de 1997, son las normas aplicables al caso y están citadas en el acto que ordenó la compensación aquí cuestionado, el demandante no planteó argumento alguno tendiente a desvirtuar su aplicación, lo que sería suficiente para negar las pretensiones del demandante.
  ( 2014-11-20) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

    La empresa no cumplió con la obligación derivada del contrato de trabajo, esto es la satisfacción de las acreencias del actor.
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    La sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo proscribe una imposición automática o carente de motivación, en atención a que es imperativo examinar las circunstancias subjetivas que permitan establecer si existió o no buena fe.
El debate se centra exclusivamente en determinar si la sanción moratoria que señaló el Tribunal se ajustó al ordenamiento jurídico o si, como lo afirma el censor, se limitó de manera equivocada, dado que las pruebas que denuncia son inequívocas de que no solo existió ausencia de buena fe en la actuación de la empresa, sino que, en todo caso no canceló lo debido a la terminación de la relación laboral, ni menos tiempo después, y que por tales rubros fue que se le impuso condena.

Las pruebas que se denuncian como equivocadamente apreciadas, entre ellas la certificación de folio 292 repetidas en el 293, discrimina los pagos por un total de $ 10.502.733, correspondiente a la liquidación de prestaciones sociales que se efectuó al trabajador luego de terminada su vinculación, así:

$681.066, el 4 de febrero de 2002 con el cheque 606988 de Bancolombia, 18 de febrero de 2002, con el cheque 606995 de Bancolombia $2.000.000, el 31 de mayo de 2002 cheque 3514201 del Banco de Bogotá por $2.000.000, 11 de junio de 2002 cheque 3514221 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 17 de junio de 2002, cheque 3514242 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 2 de julio de 2002 cheque 3969905 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 22 de julio de 2002 cheque 4139673 del Banco de Bogotá por $500.000 y un depósito judicial el 22 de mayo de 2003, por la suma de $2.321.667,00, esto último se corrobora a folios 233 y 234 que corresponden al título, recibido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito; en los folios 294 y 295 obra un documento denominado «finiquito laboral» en el que se discriminan varios conceptos y aparece la suma a pagar, ya reseñada, de $10.317.480, que difirió la empresa en los anteriores títulos valores; ellas dan cuenta de que en verdad al trabajador, la empresa no le pagó sus prestaciones debidamente a la terminación de la relación.

El representante legal de la empresa, al ser cuestionado sobre la reseñada tardanza en la cancelación de la cesantía, respondió «si es cierto que el saldo de las cesantías del demandante para el 31 de diciembre de 2001 era de nueve millones trescientos sesenta y tres mil quinientos treinta y nueve … se han hecho abonos a las cesantías».
  ( 2014-11-20) Consultar

Concejo de Bogotá
Acuerdo Distrital No 568
26 de septiembre de 2014
    POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EMISIÓN Y COBRO DE LA ESTAMPILLA CINCUENTA AÑOS DE LABOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY 1489 DE 2011.
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    En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución Política y el numeral 1, artículo 12, del Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 1 de la Ley 1489 de 2011.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1. Emisión estampilla.
Ordénase la emisión y cobro en el Distrito Capital de Bogotá de la contribución parafiscal estampilla “Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional”, de conformidad con lo establecido en la Ley 1489 de 22 de diciembre de 2011.

ARTÍCULO 2. Sujetos pasivos. La contribución parafiscal de la estampilla “Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional”, se aplicará a todos los contratistas que suscriban y/o adicionen contratos de: estudios de factibilidad, diseños, consultorías, contratos e interventorías de obra pública que se realicen en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá.

ARTÍCULO 3. Base gravable. La base gravable de la contribución parafiscal estampilla “Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional” está constituida por el valor del acto jurídico que se celebre con las entidades públicas distritales.

ARTÍCULO 4. Límite del Recaudo. La emisión de la estampilla establecida según la Ley será hasta ‘por la suma de doscientos cincuenta mil millones de pesos ($250.000.000.000,00). El monto total recaudado se establece a precios constantes de 2010’.
  ( 2014-11-20) Consultar

Fuente: Portafolio.
    Recomendaciones Federación Internacional de Contadores a los Gobiernos.
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    La IFAC – Federación Internacional de Contadores, hoy en día ya cuenta con 179 organizaciones miembros en 130 países, representando aproximadamente a 2.5 millones de contadores alrededor del mundo, en la práctica publica, industria y comercio, y en entidades gubernamentales y de educación.
La IFAC se dedica a fortalecer la profesión contable, brindando herramientas útiles para que sus miembros puedan adaptarse a los cambios y demostrar a la sociedad el compromiso de la profesión con el servicio del interés público.

El Grupo de los 20, conocido como el G-20 reúne a 19 países y la Unión europea, los cuales cuentan con las principales economías avanzadas y emergentes del mundo. El grupo hace frente a los desafíos económicos mundiales, para esto se reúnen anualmente y toman medidas decisivas con el fin de dar solución a las problemáticas que se presentan.

Para este año la Cumbre se llevó a cabo en Brisbane, Australia los días 15 y 16 de Noviembre. La agenda para este se concentró en fomentar un crecimiento económico más sólido mediante la obtención de mejores resultados en comercio y empleo, y el aumento de la capacidad de la economía mundial para enfrentar futuras crisis o amenazas. Por esta razón la IFAC ha publicado un listado de recomendaciones para la cumbre, con el fin de apoyar un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado de la economía.

La profesión contable es parte esencial para el avance de la economía, su estabilidad y el fortalecimiento de sistemas financieros fiables y eficaces. La IFAC apoya el crecimiento y desarrollo de la profesión a nivel mundial, en búsqueda de profesionales con ética, integridad, las habilidades, los conocimientos y la experiencia para desarrollar adecuadamente su trabajo. En este sentido la IFAC presenta sus recomendaciones de la siguiente manera:
  • La IFAC recomienda:
A los países enfocarse a áreas específicas que inspiran mayor confianza y transparencia, incluyendo:
  ( 2014-11-20) Consultar

Contrapartida
    Cambios a la información de medios magnéticos para la DIAN.
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    Los medios magnéticos nos han venido convirtiendo en marionetas de la información que debemos suministrar.
La DIAN a través de la resolución 000228 del 31 de octubre del 2013 señala entre otras, las características técnicas para la presentación de la información correspondiente al año gravable 2014, es importante destacar que en estas especificaciones técnicas ya no se señala la presentación a través de formatos XML.

El texto de la norma dice: "cada tipo de información definida en la resolución se debe entregar en un archivo diferente..." y en la conformación de los archivos dice que estos deben ser en texto plano, separado por comas ósea formato CSV, sin embargo al remitirnos a la resolución 000220 del 31 de octubre del 2014 en el establecimiento de las normas técnicas para la información correspondiente al año gravable 2015, nos damos cuenta que dentro de las especificaciones técnicas se encuentran 62 anexos, exigiendo los siguientes en archivos CSV (1, 55 al 62) y determina el formato XML para los anexos (del 2 al 54).
  • ¿Qué se pretende solicitando la información del año 2014 en un nuevo tipo de archivos?
  • Es de esperar que la DIAN deba invertir en infraestructura, debido a que el recurso a consumir es mucho mayor que el de los archivos XML, pero ¿Por qué para el 2015 se vuelven a retomar el formato en XML?
Recordemos que los archivos XML permiten que las estructuras puedan ser implementadas en aplicaciones adecuadas y con una mayor ganancia de eficiencia, es una herramienta con muchas más ventajas para el intercambio de datos, mientras que los archivos CVS son utilizados principalmente por los programas de hojas de cálculo, por lo que es inevitable que consuma más recurso.

Sera que la DIAN ya se dio cuenta que no tiene la infraestructura ni los recursos necesarios para que sus sistemas reciban la información exógena correctamente en un formato CSV, y simplemente ya no tienen el tiempo para sacar otra resolución de modificación parcial a la resolución 000228, como la que expidió el pasado 12 de agosto del 2014, resolución 158.
  ( 2014-11-20) Consultar

Fuente: Gerencie.com
    Comentarios al proyecto de resolución mediante el cual se adoptan sistemas técnicos de control de facturación.
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    En días pasados fue puesto a disposición de los contribuyentes el proyecto de resolución mediante el cual se adoptan sistemas técnicos de control de facturación. Entre otras cosas, el primer llamado de atención a la administración tributaria es a considerar la posibilidad de brindar espacios de discusión y periodos para comentarios un poco sensatos.
Ahora bien, respecto al proyecto de resolución, lo primero que se observa es que no contempla una transición en el sentido de no dejar claro si las numeraciones autorizadas previamente pierden o no vigencia con la expedición de la resolución.

Así mismo, en el artículo 7 del proyecto de resolución se lee lo siguiente:
“ARTÍCULO 7°. DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES AL TRÁMITE RELACIONADO CON EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. El obligado a facturar en forma electrónica una vez obtenga su habilitación como tal, deberá solicitar a través del servicio informático de autorización de numeración de la Dian, los rangos de numeración, de acuerdo con lo establecido en la presente resolución.

Una vez notificada la resolución de autorización de numeración y su vigencia, el obligado, a través del software de facturación solicitará vía web service, los datos de los rangos de la numeración y vigencia autorizadas, así como la clave técnica. Para el efecto, el servicio de autorización de numeración pondrá a disposición los datos solicitados incluyendo la clave técnica que se almacenará y se entregará cifrada, la cual hará parte del código único de factura electrónica y deberá ser registrada en cada una de las facturas electrónicas expedidas…”

De allí que probablemente, no tengamos un sistema de facturación electrónica voluntario, sino coaccionado, donde básicamente mediante resolución la DIAN designaría a los obligados a facturar electrónicamente. En igual medida, al señalar expresamente a los obligados, los demás contribuyentes que sin estar obligados, quisieran adoptar dicho sistema no podrían hacerlo, pues no fue contemplada esta posibilidad, como sí lo hacía proyectos de decreto y resoluciones anteriores.

Finalmente en el numeral 2° del artículo 13 del proyecto de resolución se observa:
“2. Control fiscal. Las personas que utilicen para el registro de sus ventas de bienes o prestación de servicios, sistema POS o factura por computador, deberán imprimir al final del día, el “comprobante informe diario”, por cada servidor. El comprobante deberá contener la siguiente información:…”
  ( 2014-11-20) Consultar


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