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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2014-10-28
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Fuente: Portafolio.
    Colombianos evaden unos 50.000 millones de dólares.
www.pongasealdia.com
    Según el ministro de Hacienda, ese dinero que los colombianos no declaran serviría para financiar el postconflicto.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el patrimonio evadido en el exterior por sus compatriotas sería cercano a 50.000 millones de dólares, una fortuna que si se declara al fisco ayudará a financiar el postconflicto. Cárdenas celebró así el compromiso de Panamá de negociar un acuerdo después de que Colombia accediera esta semana a sacar a ese país de su lista de “paraísos fiscales”.

Ambos países se dieron de plazo hasta el 30 de septiembre de 2015 para negociar un pacto de transparencia que permita a Colombia saber cuántos de los activos evadidos en el exterior están en Panamá para que puedan ser declarados al fisco. “Llevamos años solicitando lo que finalmente logramos, que Panamá acepte negociar con Colombia un acuerdo por el cual podamos intercambiar información financiera”, manifestó el ministro, quien insistió en que “Colombia quiere adoptar los mejores estándares para tener una eficaz política tributaria y controlar la evasión”.

El titular de Hacienda y Crédito Público remarcó la importancia de “la cooperación de otros países para disponer de información que permita saber qué tienen los colombianos por fuera de Colombia”. Al expresar su satisfacción por lo logrado con Panamá, argumentó que ya tienen acuerdos de esa naturaleza con “la mayoría de los países de América Latina y Estados Unidos”, incluso con naciones consideradas “paraísos fiscales”, como Curazao, Barbados, Islas Vírgenes, Luxemburgo o Liechtenstein.

Se trata de “una lucha contra la evasión y una lucha para mejorar la calidad de vida de los colombianos más pobres, porque los recaudos que recibimos son para políticas sociales”, dijo sobre la nueva estrategia presupuestaria en Colombia dirigida a financiar las inversiones que va a requerir el postconflicto. Y es que tras un eventual acuerdo final de paz entre el Gobierno y las Farc, que negocian desde 2012 en Cuba, Colombia va a precisar inversiones millonarias en materia social. Si bien Cárdenas reconoció “es imposible estimar” cuánto espera ingresar el Estado con su estrategia contra la evasión fiscal, adelantó que “los colombianos pueden tener en el exterior montos cercanos a los 50.000 millones de dólares”.
  ( 2014-10-28) Consultar

Fuente: Senado.
    Legisladores y sectores gremiales analizan proyecto sobre horas extra y recargos nocturnos.
www.pongasealdia.com
    En Comisión Séptima se resaltó el papel que cumple este tipo de audiencias públicas para concertar acuerdos entre los gremios y los sindicatos.
En audiencia pública de la Comisión Séptima sobre el proyecto de ley que busca restablecer las condiciones laborales relacionadas con las horas extras, el trabajo dominical y festivos, el senador ponente Edison Delgado Ruíz (Partido Liberal) cuestionó los estudios sobre elasticidad (variable con la que se explica las diferencias porcentuales entre el aumento de los trabajadores con relación a la caída de la contratación de empleos formales) presentados por Andrés Escobar Arango Viceministro Técnico de Hacienda; el legislador indagó bajo qué cálculos se estableció la elasticidad y sobre el efecto de la demanda en el incremento del empleo.

En este encuentro se suscitaron posiciones encontradas a nivel de legisladores y gremios. El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe señaló que la normatividad vigente fue adoptada en 2002 durante su gobierno y sostuvo además que "las normas laborales solas no producen efectos, tienen que estar acompañadas de un marco muy propicio para la mejor dinámica de la economía y del tejido social. Nada gana un país con una flexibilización laboral si el marco general de la economía no avanza". Añadió además que aún falta potencializar mucho más el aparato productivo y competitivo del país teniendo en cuenta que el crecimiento depende en gran medida de la sinergia entre la inversión y la política social.

Por otro lado la senadora del Partido Conservador, Yamina Pestana Rojas, dejó clara su posición en cuanto a que la actual normatividad debe ser modificada con miras a generar los mayores beneficios a la clase trabajadora. "Los pequeños y medianos empresarios le imponen a sus empleados extensas horas de trabajo, con el fin de ahorrarse uno o dos trabajadores más, es por ello que hoy quiero unirme a todos estos miles de empleados colombianos que se encuentran en esta situación", puntualizó la legisladora.

El senador del Partido Liberal, Edinson Delgado Ruiz, planteó la necesidad de que todos los sectores de la sociedad colombiana manifiesten su disposición de buscar las mejores garantías laborales para los trabajadores y señaló además que salario mínimo es muy distinto a salario digno, lo cual también debe ser analizado si lo que se busca son esas garantías.
  ( 2014-10-28) Consultar

Fuente: Finanzas Personales.
    ¿Quiénes están obligados a cotizar pensión?
www.pongasealdia.com
    No cotizar o hacerlo por debajo de valor mínimo puede llevarlo a la cárcel, incluso cuando el contrato es por prestación de servicios. Consulte a qué está obligado en el pago de pensiones.
La evasión y elusión en los aportes para pensión, salud y riesgos laborales, han sido considerados una de las principales amenazas para el soporte financiero del sistema de protección social. A partir de la vigencia de la ley 100 de 1993, modificada por la ley 797 de 2003, los colombianos vinculados por contrato de trabajo ó por una obligación legal y reglamentaria como los funcionarios públicos y los trabajadores independientes están obligados a cotizar al sistema general de seguridad social, esto es pensión, salud y riesgos laborales. Quienes trabajan con contratos por prestación de servicios tienen esta obligatoriedad con el sistema, pues no solo los libra de una deuda con el Estado, sino que ya se conocen sus beneficios sobre la salud y la calidad de vida al momento de pensionarse.

La evasión y elusión en los aportes para pensión, salud y riesgos laborales, han sido considerados una de las principales amenazas para el soporte financiero del sistema de protección social, razón por la cual se ha hecho necesario la creación de normas, entidades y procedimientos que día a día permitan la vigilancia y control sobre estos dos aspectos de vital importancia, es así como a través de la UGPP – Unidad de pensiones públicas y parafiscales y de las facultades de las que ha sido investida se viene realizando una labor que le permita a los colombianos obligados a cotizar a ponerse al día con los aportes adeudados, a corregir aquellos realizados por debajo de los montos legales y hacer un especial seguimiento a sus empleadores sobre sus obligaciones frente al sistema, asegura René Rojas, Vicepresidente Técnico y de operaciones de TG Consultores expertos en Soluciones Integrales de Pensiones.

Actualmente, la UGPP es la entidad que fiscaliza o vigila los pagos a la seguridad social, entre otras de las personas independientes con capacidad de pago ó que tienen contratos por prestación de servicios y en algunos casos se están haciendo requerimientos retroactivos para aquellos que estaban obligados a cotizar.
  • Contratos por prestación de servicios no son la excepción
En el caso de los contratos de prestación de servicios, la idea es que los honorarios percibidos por su ejecución sean tenidos en cuenta para efectos de aportes al sistema, razón por la cual se impone al contratante el deber de solicitar al contratista su afiliación como trabajador independiente y verificar el pago de los aportes correspondientes mes a mes durante el tiempo que dure el contrato”, asegura el doctor René Rojas.
  ( 2014-10-28) Consultar

Fuente: Gerencie.com
    ¿Es posible sustituir la pensión que se recibió por sustitución? - Una inquietud común y recurrente.
www.pongasealdia.com
    Las consideraciones que se hicieron para ordenar la sustitución de la pensión tuvieron como eje el hecho de que la reclamante había dedicado su vida entera a velar por su padre, especialmente durante los largos años que éste estuvo postrado en cama, lo cual le impidió a aquella obtener un empleo y construir una historia laboral que le permitiera asegurar un ingreso con el cual sortear su vejez.
Recientemente una visitante de esta página, que se identifica como Elizabeth Burbano, nos planteaba la siguiente inquietud: "Tengo 47 años de edad, siempre viví con mi mamá y un hijo mío. Mi convivencia con ella obedecía que por su enfermedad no podía vivir sola y gracias a la pensión que le había dejado mi papá podíamos vivir tranquilamente. Ella nos mantenía, pero desafortunadamente hace un mes falleció y yo me encuentro desempleada. Quisiera saber si hay alguna posibilidad de que la pensión me quede a mí."

Pues bien, aunque gerencie.com no absuelve preguntas, en esta oportunidad se hará una excepción por considerar que el tema que se nos presenta es de interés general, pues frecuentemente se reciben preguntas en términos muy parecidos a los expuestos por la consultante. De entrada es preciso dejar en claro que nuestra legislación no contempla la figura de la sustitución de la sustitución de la pensión, o sea que no es legalmente posible que una persona transmita a otra persona una pensión que aquella recibió por la vía de la sustitución pensional; dicho en otras palabras, la pensión sólo se puede transmitir una vez y agotada esta transmisión el derecho pensional se extingue.

Así las cosas, y digámoslo de una vez, la respuesta a la pregunta que formula Elizabeth Burbano es que no existe ninguna posibilidad de que la susodicha pensión le sea sustituida. Ahora bien, existe una modalidad de la sustitución pensional que algunos podrían confundir con la figura de la sustitución de la sustitución de la pensión, pero que en realidad es bien diferente. Tal es el caso de quien pudiendo reclamar la sustitución de la pensión no lo hace en su momento, y posteriormente, al fallecer la persona a quien le había sido sustituida, decide reclamarla. Un ejemplo ilustra la situación:

Un pensionado y su esposa son padres de un menor de edad inválido; fallece el pensionado y su esposa reclama la pensión. Con el producto de dicha pensión se sostienen la viuda y su hijo. Posteriormente muere la madre y el hijo queda en total desamparo. En este caso es perfectamente posible que el joven reclame para sí la sustitución de la pensión.
  ( 2014-10-28) Consultar

Fuente: Gerencie.com
    La liquidación de intereses de mora en la propiedad horizontal.
www.pongasealdia.com
    No obstante, ser suficientemente claro el Inciso Primero del Artículo 30 de la Ley 675 de 2001 en cuanto la forma de liquidar los intereses de mora respecto de las expensas necesarias de la Copropiedad, aun detectamos en nuestros consultantes que se ciernen dudas al momento de la aplicación de la disposición por lo que de la forma más simple y académica posible volveremos sobre el particular.
Se dispone al efecto:
Artículo 30. Incumplimiento en el pago de expensas. El retardo en el cumplimiento del pago de expensas causará intereses de mora, equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaria, sin perjuicio de que la asamblea general, con quórum que señale el reglamento de propiedad horizontal, establezca un interés inferior. Mientras subsista este incumplimiento, tal situación podrá publicarse en el edificio o conjunto. El acta de la asamblea incluirá los propietarios que se encuentren en mora.

Teniendo como punto de quiebre el “…equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaria [hoy Financiera]…”, tomaremos como ejemplo la siguiente estructura de expensas pendientes que serán canceladas el 15 de octubre de 2014, y consecuentemente deberán ser liquidadas a esta fecha:
  • PRIMERO: debemos establecer la tasa de interés bancario corriente certificada para el período en mora, en nuestro ejemplo, entre noviembre de 2013 y octubre de 2014, y al efecto recurrimos a la página web de la Superintendencia Financiera en este enlace.
  • SEGUNDO: Como la norma determina que el interés de mora es el “…equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaria [hoy Financiera]…”, estableceremos aritméticamente el “…una y media veces…”, dividiendo el quantum de la tasa por dos, y sumándole el resultado lo dividimos a su vez por doce, obteniendo la tasa mensual:
  • TERCERO: Establecida las tasas de interés de mora aplicables, procederemos con cada expensa, a liquidarla siguiendo estas [lo haremos mes a mes para mayor claridad y por practicidad, aproximando al peso anterior o siguiente dependiendo si la fracción de centavos es igual, mayor o menor de 50]:
  ( 2014-10-28) Consultar

Fuente: Gerencie.com
    Nuevo sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en Colombia.
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    La Salud Ocupacional hoy en día es una de las herramientas de gestión más importante para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en una organización, es ampliamente utilizada en todos los sectores, generando grandes beneficios como prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de trabajo y disminución de costos generados por accidentes; es muy efectiva cuando está centrada en la generación de una cultura de seguridad engranada con productividad, desarrollo del talento humano, gestión de calidad, mejoramiento de procesos y condiciones adecuadas de puestos de trabajo.
Decreto 1443 de 2014: Por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Este decreto le da un vuelco total a la salud ocupacional en el país, pues a través de este se implementa el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), antiguamente llamado programa de salud ocupacional. Debe instaurarse en todas las empresas, por quienes contratan personal por prestación de servicios (civil, comercial o administrativo), las empresas de servicios temporales, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo. El nuevo SG-SST debe convertirse en la guía de una política a la que se le hace seguimiento y mejora continua según lo mencionado por el ministerio del trabajo.

Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). Según lo contenido en el decreto 1443, dentro de los requisitos mínimos que deben cumplir las empresas tenemos:
  • Planear la forma como debe mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, detectando los errores que se están cometiendo o pueden ser sujetos de mejora y definir los pasos a seguir para remediar los problemas. Esto enmarcado en normatividad vigente y alineado con los principios organizacionales. (planear)
  • Implementación de las medidas planificadas. (Hacer)
  • Inspeccionar que los procedimientos y acciones implementados están de acuerdo con los objetivos trazados. (Verificar)
  • Realizar las acciones de mejora necesarias para garantizar beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores. (Actuar)
Para su medición se deben implementar indicadores cuantitativos como cualitativos según lo defina la empresa, lo importante es que puedan evaluar la estructura, el proceso y el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, en su elaboración se debe tener en cuenta que estén alineados con la plataforma estratégica y que hagan parte de esta.
  ( 2014-10-28) Consultar

Fuente: Gerencie.com
    Ingresos a considerar para determinar la obligación de declarar.
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    El artículo 15 de la ley 1429 de 2010 modificó los requisitos para que un asalariado (en su momento) estuviese obligado a declarar. No obstante, dicha norma fue derogada por el artículo 198 de la ley 1607 de 2012.
Con lo cual se suscitó la discusión alrededor de saber cuales eran los requisitos para que una persona natural estuviese obligada a declarar. Si se trataba de 1.400 o 4.073 UVT. Y más allá de esa discusión, la pregunta que surgió es ¿Qué tipo de ingresos de deben computar para saber si se está o no obligado a declarar? Para lo cual, el parágrafo 1 del artículo 7 del decreto 2972 de 2013 (calendario tributario) señaló:

  • PARÁGRAFO 1°. Para efectos de establecer la cuantía de los ingresos brutos a que hacen referencia los numerales 2 de los literales a), b).y c) del' presente artículo, deberán sumarse todos los ingresos provenientes de cualquier actividad económica, con independencia de la categoría de persona natural a la que se pertenezca.
Es decir, que a juicio del decreto de vencimientos tributarios, el parágrafo 3 del artículo 593 del Estatuto tributario, no tenía cabida, es decir, no habría que excluirse ningún tipo de ingreso para efectos de determinar si se está o no obligado a declarar. Así lo reconoció a lo largo de toda la doctrina emitida durante el año 2014, y especialmente en el reciente concepto 45542 de 2014.

No obstante, una vez finalizados los vencimientos tributarios para las personas naturales en razón a la declaración de renta y complementarios, la Dian mediante concepto 5852 de 2014 modifica su postura con el siguiente argumento: Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el parágrafo 2° de esta norma señala que dentro de los ingresos que sirven de base para efectuar el cómputo a que se refiere este numeral no deben incluirse los correspondientes a la enajenación de activos fijos, ni los provenientes de loterías, rifas, apuestas o similares, previsión que se reitera en el parágrafo 2° del artículo 7° del Decreto 2972 de 2013.

Así las cosas, se revoca la respuesta dada al punto siete del Concepto 045542 del 29 de julio de 2014, para concluir que al momento de computar dentro de sus ingresos que determinan la obligación de declarar no se deben incluir los ingresos por enajenación de activos fijos y los provenientes de loterías, rifas, apuestas o similares. Lo irónico, es que la previsión del parágrafo 2 del artículo 7 del decreto 2972 de 2013 no se hace en relación a la enajenación de activos fijos, sino específicamente a las ganancias ocasionales. Como se puede observar:
  ( 2014-10-28) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Oficio No 55198
18 de septiembre de 2014
    Devolución del IVA pagado en la adquisición de bienes excluidos.
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    Solicita la reconsideración del Oficio número 040724 del 7 de junio de 2011, con el propósito de que se armonice con la Sentencia número 18539 del 28 de noviembre de 2013, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en relación con la devolución del IVA pagado en la adquisición de bienes excluidos (hoy art. 424 E.T. N 7).
En primer lugar, es necesario precisar que no estamos en presencia de una sentencia de unificación jurisprudencial a que se refiere el artículo 102 del CPACA (Ley 1437 de 2011) sino de una providencia proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual es pertinente traer a colación la jurisprudencia acerca del alcance y obligatoriedad del precedente judicial. La figura del precedente se ha desarrollado a través de pronunciamientos jurisprudenciales inicialmente de la Corte Constitucional y luego del Consejo de Estado.

En este sentido, en la Sentencia C-539 de 2011 (M.P., doctor Luis Ernesto Vargas Silva), la Honorable Corte Constitucional, hizo las siguientes consideraciones:
“5. La sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y la ley, y la obligación de las autoridades públicas de acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes. La Corte reitera en esta oportunidad que todas las autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y que como parte de esa sujeción, las autoridades administrativas se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y constitucional. ...
  • 5.2.8. En cuanto al margen de libertad interpretativa de las autoridades administrativas, al momento de aplicar una norma a un caso en particular, ha señalado esta Corte que estas se enfrentan a una gama de posibles interpretaciones, frente a las cuales deben aplicar la interpretación que se ajuste a la Constitución y a la ley, y que tal interpretación autorizada, última y unificada viene dada en materia legal por el máximo tribunal de casación en la jurisdicción ordinaria o Corte Suprema de Justicia, en el derecho administrativo por el Consejo de Estado y en materia constitucional por la Corte Constitucional. De esta manera, una vez establecida la interpretación de la ley y de la Constitución por los máximos Tribunales con competencias constitucionales y legales para ello, el operador administrativo se encuentra en la obligación de seguir y aplicar el precedente judicial, obligación que se torna absolutamente estricta cuando se trata de decisiones de control abstracto de constitucionalidad con efectos erga ommes.
Acerca de este tema ha dicho la Corte:
  • “Bajo estas consideraciones, debe admitirse que los funcionarios públicos se enfrentan a un marco interpretativo dentro del cual están, prima facie, en libertad de seleccionar la opción hermenéutica (sentido normativo) que consideren ajustada al texto positivo, tanto Constitucional como legal. El carácter prima facie de la autonomía interpretativa del funcionario, se deriva de la existencia de funciones institucionales para fijar los sentidos admisibles de un texto legal o constitucional. Así, en el ámbito del derecho común, corresponde a la casación la tarea de unificar la interpretación de los textos legales; función que, de igual manera, se ejerce en el ámbito del derecho público por parte del Consejo de Estado. Así mismo, la interpretación que de la Constitución hace la Corte Constitucional o las restricciones a las interpretaciones admisibles de las normas legales que impone en sede de control.Habiéndose institucionalizado una determinada interpretación de un texto, el aplicador está en la obligación de seguir las orientaciones de las autoridades judiciales, aunque goce de la facultad –restringida- de apartarse de dichas interpretaciones, salvedad hecha de las decisiones de exequibilidad que son imperativas en ciertos casos (C.P. art. 243).”
  ( 2014-10-28) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Oficio No 5852
2 de octubre de 2014
    Contribuyentes no Obligados a Presentar Declaración de Renta y Complementarios.
    Contribuyentes Obligados a Declarar Impuesto Sobre la Renta y Complementarios.
www.pongasealdia.com
    Se revoca la respuesta dada al punto siete del Concepto 045542 del 29 de julio de 2014, para concluir que al momento de computar dentro de sus ingresos que determinan la obligación de declarar no se deben incluir los ingresos por enajenación de activos fijos y los provenientes de loterías, rifas, apuestas o similares.
Mediante el radicado de la referencia se solicita la revocatoria de la respuesta del punto siete del Concepto 045542 del 29 de julio de 2014, en virtud de la cual se resolvía la siguiente pregunta: “En virtud de la modificación hecha por al artículo 593 del Estatuto Tributario ¿Un empleado debe computar dentro de sus ingresos que determinan la obligación de declarar los ingresos por enajenación de activos fijos y los provenientes de loterías, rifas, apuestas o similares?”.

En dicha respuesta se concluyó que a fin de establecer si una persona se encuentra obligada a presentar declaración de impuesto renta y complementarios, se deben computar dentro de sus ingresos, aquellos obtenidos por enajenación de activos fijos y los provenientes de loterías, rifas, apuestas o similares.
  • Sobre el particular se considera:
El numeral tercero del artículo 593 del Estatuto Tributario consagraba como uno de los requisitos, para que un asalariado no estuviera obligado a presentar declaración del impuesto de renta y complementarios, que sus ingresos brutos en el respectivo año gravable no fueran totales o superiores a 4.073 UVT, este valor era el resultado de una modificación que en su momento trajo el artículo 15 de la Ley 1429 de 2010.

El artículo 15 de la Ley 1429 de 2010 fue derogado por el artículo 198 de la Ley 1607 de 2012, situación que implicó acudir a lo señalado en el numeral primero del artículo 592 del Estatuto Tributario, para efectos de establecer el requisito de ingresos antes mencionado.

Este numeral señala que no están obligados a presentar declaración de renta y complementarios, los contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto a las ventas, que en el respectivo año o período gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores 1.400 UVT.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el parágrafo 2 de esta norma señala que dentro de los ingresos que sirven de base para efectuar el cómputo a que se refiere este numeral no deben incluirse los correspondientes a la enajenación de activos fijos, ni los provenientes de loterías, rifas, apuestas o similares, previsión que se reitera en el parágrafo 2 del artículo 7 del Decreto 2972 de 2013.
  ( 2014-10-28) Consultar

Ministerio del Trabajo
Decreto Reglamentario No 2087
17 de octubre de 2014
    Por el cual se reglamenta el Sistema de Recaudo de Aportes del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y se dictan otras disposiciones.
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    Es conveniente establecer alternativas para facilitar la vinculación a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), de tal forma que quienes se afilien al Sistema General de Pensiones puedan expresar su voluntad de vincularse a los BEPS y que se realicen actividades de promoción del Servicio Social Complementario a través de las Administradoras de Pensiones.
DECRETA:
Artículo 1. Objeto.
El presente decreto tiene como objeto reglamentar el Sistema de Recaudo de Aportes de los Vinculados al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), definir las condiciones para su operación y facilitar esquemas para la vinculación al programa BEPS.

Artículo 2. Definiciones. Para efectos de lo previsto en el presente decreto se entenderá por:
  • 2.1. Operadores tradicionales de recaudo: corresponden a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, con quienes Colpensiones suscriba acuerdos de servicios para el recaudo de los aportes para el Servicio Social Complementario de BEPS, en los términos del presente decreto.
  • 2.2. Operadores alternativos de recaudo: corresponden a entidades legalmente constituidas no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia cuyo objeto social contempla la posibilidad de realizar recaudos por diversas actividades, que cumplan con los requisitos de experiencia previstos en el presente decreto.
  • 2.3. Canales de recaudo: corresponden a los mecanismos mediante los cuales los operadores prestarán el servicio de recaudo de aportes BEPS; para el caso de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, estos se conocen como “canales de distribución de servicios financieros”.
  • 2.4. Sistema transaccional: servicio encargado de gestionar el enrutamiento, procesamiento, validación, autorización y conciliación de las transacciones en línea con los operadores de recaudo.
  • 2.5. Vinculado: persona que ha sido registrada y aceptada en el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), según las condiciones establecidas en la normatividad aplicable.
  • 2.6. Acuerdo de servicio: convenio a través del cual Colpensiones contrata a un tercero (operador) para la actividad de recaudo de los aportes del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y define el nivel de calidad del servicio que se espera obtener del operador, de acuerdo con unos parámetros objetivos establecidos para el efecto.
Artículo 3. Reglas y Características. El sistema para el recaudo de los aportes de los vinculados al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) deberá tener, cuando menos, las siguientes características:
  • 3.1. Será un sistema que admita operadores tradicionales y alternativos de recaudo que permita el acceso voluntario a todos los vinculados.
  • 3.2. Las entidades involucradas en la operación de este sistema deberán abstenerse de incurrir en prácticas comerciales restrictivas del libre mercado y deberán desarrollar su actividad con sujeción a las reglas y prácticas de la buena fe comercial. (...)
  ( 2014-10-28) Consultar

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto No 2095
21 de Octubre de 2014
    Modifíquese el artículo 1 del Decreto 1966 de 2014 para excluir las siguientes jurisdicciones de la lista de paraísos fiscales.
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    El Gobierno Nacional considera pertinente actualizar el listado de paraísos fiscales de que trata el Artículo 1 del Decreto 1966 del 7 de octubre de 2014 para excluir las jurisdicciones mencionadas del listado del Artículo 1 del Decreto 1966 de 2014.
DECRETA
ARTICULO 1°.
Modifíquese el artículo 1 del Decreto 1966 de 2014 para excluir las siguientes jurisdicciones de la lista de paraísos fiscales:
  • - Barbados
  • - Emiratos Árabes Unidos
  • - Principado de Mónaco
  • - República de Panamá
ARTICULO 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación,

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE Dado en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de octubre de 2014
  ( 2014-10-28) Consultar

Ministerio del Trabajo
Decreto No 2089
17 de octubre de 2014
    Por el cual se adoptan medidas especiales para garantizar la vinculación de mano de obra local a proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.
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    Se hace necesario desarrollar las regulaciones que reconocen prioridad a la contratación de mano de obra local, prevenir procesos migratorios que puedan afectar la estabilidad social y económica y garantizar que las comunidades residentes de dichas zonas se beneficien con la explotación económica hidrocarburífera.
DECRETA:
Artículo 1. Objeto.
El presente decreto tiene por objeto establecer medidas especiales con el propósito de facilitar y fortalecer la contratación de mano de obra local en los municipios en los que se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

Artículo 2. Zonas objeto de las medidas especiales. El Ministerio del Trabajo, con base en la información que para tales efectos aporten la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol, definirá los municipios objeto de las medidas especiales de que tratan los siguientes artículos, teniendo en cuenta la existencia de alguna o varias de las siguientes condiciones:
  • a) Que en el municipio operen una o varias compañías hidrocarburíferas y de servicios que hayan suscrito un contrato de Exploración y Producción con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y los proyectos desarrollados con ocasión de los mismos, se encuentren en período exploratorio o de producción.
  • b) Que en el municipio objeto de las medidas, la red de prestadores del Servicio Público de Empleo sea insuficiente para cubrir la demanda de mano de obra.
  • c) Que en el municipio se desarrolle un proyecto de exploración y producción de hidrocarburos, identificado como de interés nacional y estratégico de conformidad con lo establecido en el Conpes 3762 de 2013 y demás documentos que lo modifiquen.
Artículo 3. Priorización de recurso humano local. La totalidad de la mano de obra no calificada contratada en los términos de este decreto, deberá en principio, ser residente del municipio y con prioridad del área en que se encuentre el proyecto de exploración y producción de hidrocarburos. De igual forma, y cuando existiere mano de obra calificada, como mínimo el treinta por ciento (30%) de esta deberá ser residente del municipio en que se encuentre el proyecto.
  ( 2014-10-28) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Concepto No 2732
15 De Septiembre 2014
    Retención en la fuente pago sentencias judiciales, nivelación salarial, reconocimiento y revisión de prima técnica y reintegros.
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    Se hace necesario desarrollar las regulaciones que reconocen prioridad a la contratación de mano de obra local, prevenir procesos migratorios que puedan afectar la estabilidad social y económica y garantizar que las comunidades residentes de dichas zonas se beneficien con la explotación económica hidrocarburífera.
PROBLEMAS JURÍDICOS
Solicita el consultante se resuelva los siguientes problemas jurídicos
  • 1. Cuál es la norma de retención en la fuente aplicable al pago efectuado por liquidación de sentencias judiciales, en casos de nivelación salarial, reconocimiento y revisión de prima técnica y reintegros?

  • 2. Respecto al concepto 49832 del 12 de Agosto de 2013 emitido por esa Dirección de Gestión Jurídica, en el que se indica: “El monto total retroactivo se divide por el número de meses a que corresponda la retroactividad, el resultado será el reajuste correspondiente a un mes; a este valor se le suma el valor del sueldo mensual ya pagado, para establecer la base mensual, que es la que debe ubicarse en la tabla de retención. (Vigente al momento de efectuarse el pago) ¿Qué se debe entender por sueldo mensual?

    La asignación básica mensual pagada a los conceptos devengados en el mes, teniendo en cuenta que la retención en la fuente se liquida sobre el valor total devengado en el mes y no únicamente sobre el sueldo ¿Cómo es el procedimiento para liquidar la retención en la fuente?

  • 3. Respecto del mismo concepto donde se indica “El valor de la retención así determinado, se compara con la retención efectuada al sueldo inicialmente pagado y la diferencia si es positiva, se multiplica por el número de meses a los cuales corresponda el ajuste, con el fin de establecer la retención en la fuente correspondiente al valor total del reajuste. “No es claro el procedimiento a seguir, teniendo en cuenta que el comparativo es mensual, resultando diferencias en cada mes, que pueden ser unas positivas y otras negativas, entonces ¿Cuál mes se debe multiplicar por el número de meses de la sentencia liquidada?
SOLUCIÓN AL PRIMER PROBLEMA
La norma aplicable para la retención en la fuente por liquidación de sentencias judiciales derivadas de una relación laboral como lo son, la nivelación salarial, reconocimiento y revisión de prima técnica y reintegros, es el artículo 401-3 del E.T. que dispone: “Las indemnizaciones derivadas de una relación laboral o legal y reglamentaria, estarán sometidas a retención por concepto de impuesto sobre la renta, a una tarifa del veinte por ciento (20%) para trabajadores que devenguen ingresos superiores al equivalente de doscientas cuatro (204) Unidades de Valor Tributario (UVT), sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 488 de 1998”.
  ( 2014-10-28) Consultar


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