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C. P. Oscar Jaramillo Toro
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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2014-10-01
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Concepto No 41788
    Toda persona tiene derecho, entré otras cosas a:
    "Consultar a la administración tributaria sobre el alcance y aplicación de las normas tributarias, a situaciones de hecho concretas y actuales".
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    Se solicita ¿si en razon de que las declaraciones de importación, son evidentemente declaraciones tributarias, es proceclente consultar a la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales, sobre el alcance y aplicación cle normas aduaneras a situaciones de hecho concretas y actuales?
Al respecto, comedidamente me permito informarle que efectivamente el numeral 15 del artículo 1g3 de la Ley 1607 de 2012, consagra que en sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho, entré otras cosas a: "Consultar a la administración tributaria sobre el alcance y aplicación de las normas tributarias, a situaciones de hecho concretas y actuales".

Lo anterior quiere decir, que las consultas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia cle la Unidad Administrativa Especial Dirección de lmpuestos Y Aduanas Nacionales y la doctrina que se expida de conformidad con la competencia asignada a este Despacho, deberá fijar el alcance de las clisposiciones en materia tributaria a situaciones de hecho concretas y actuales.

No significa lo anterior, que tal alcance sea posibte, para utilizarlo en situaciones de determinación de los impuestos el cual goza de un procedimiento propio para su definición-
  ( 2014-10-01) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Concepto No 40094
    Viabilidad jurídica para comisionar funcionarios de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.
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    Los agentes de la Policía Fiscal y Aduanera hacen parte de la nómina de la Policía Nacional.
Consulta a éste Despacho la viabilidad jurídica para comisionar funcionarios de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera con el propósito de que controlen administrativamente los, recursos fiscales "incorporados en los Acuerdos de Cooperación vigentes entre la POLFA y ECOPETROL" y cumplan demás funciones determinadas por el Ministerio de Minas y Energía en cuanto al control operativo y administrativo del funcionamiento del puesto de control de El Copey.

Sobre el particular y toda vez que los agentes de la Policía Fiscal y Aduanera hacen parte de la nómina de la Policía Nacional, como fuéra explicado en el Oficio No. 019130 del 21 de marzo de 2014 de la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina, la oficina competente para resolver la presente consulta es la Dirección de Talento Humano - Asuntos Jurídicos de la Policía Nacional de Colombia, acorde con el artículo 7 de la Resolución del Ministerio de Defensa Nacional 02061 de 2007.
  ( 2014-10-01) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Concepto No 36425
    Los funcionarios de policía fiscal y aduanera que actúen como apoyo o desarrollen alguna función deben estar previamente comisionados para tal labor mediante Auto Comisorio y/o Resolución de Registro, según sea el caso.
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    Previo a atender cada una de las interrogantes planteados, resulta necesario recordar las funcíones aduaneras de control posterior y particularmente lo relacionado con la aprehensión de mercancías y su fundamento legal.
Se solicita atender las siguientes preguntas:
  • ¿Puede un funcionario de la Direccion de Gestión de Rolicía Fiscal y Aduanera cumplir con la siguiente función: Controlar la venta ambulante de mércancía de contrabando atendiendo la competencia legal atribuida a los miembros que integran esta Dirección ?

  • ¿Qué autoridad del orden nacional o territorial debe, asumir el control de venta ambulante de mercancía de contrabando en su jurisdicción ?
  ( 2014-10-01) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Concepto No 35859
    Impuesto a las ventas
    Servicios de Educacion
    Artículo 476, numeral 6 del Estatuto Tributario.
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    Los servicios de educación que no cumplan con estas condiciones a pesar que se relacionen con entidades del sector educativo o dependencias de entidades publicas no estan excluidos.
Se consulta sobre la responsabilidad del lmpuesto a la Ventas en convenios suscritos por entidades públicas y particulares relacionados con la prestación de servicios para la divulgación y promoción de derechos, y otros servicios diferentes al de Educación como consultorías o asesorías en el tema citado.

En térnrinos más concretos y en el contexto de la consulta, los servicios prestados por personas jurídicas que no tengan la calidad de establécimiento educativo reconocido por el Gobierno, no se encuentran dentro de la exclusión del gravamen sobre las ventas a que hace referencia el numeral 6 del artículo 476 del Estatuto Tributario; lo mismo aplica para los servicios educativos prestados por las mismas entidades (entiéndase personas jurídicas sin reconocimiento de establecimiento educativo dado por el Gobierno), a otras entidades publicas diferentes de establecimientos educativos.

Finalmente, si se trata de servicios diferentes a los de educación, no existe duda que estos no se encuentran cobijados por la exclusión en estudio. Para el efecto, se debe tomar como servicios de educación los que se encuentran precisados como tales en las normas que regulan el tema (entre ellas las leyes 30 de 1 992 y I 15 de 1994).
  ( 2014-10-01) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Concepto No 35858
    lmpuesto sobre las ventas - IVA - Cuentas en participación.
    Articulos 2, 26, 107 del Estatuto Tributario.
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    Los contribuyentes cuando hacen uso de los conceptos de que trata el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, deberán tener en cuenta que éstos sean aplicables al caso concreto y particular, de lo contrario no estarían actuando bajo el amparo de las tesis planteadas en los mismos.
En atención a su consulta sobre el tratamiento tributario de las operaciones correspondientes al sujeto de control fiscal Gestaguas S.A. ESP., hoy denominada Caudales de Colombia S.A. ESP, en donde enuncia una serie de situaciones, soportadas o amparadas por el oficio DIAN No. 099599 del 24 de noviembre 2006, nos permitimos informarle que de acuerdo con el artículo 264 de la Ley 223 de 1995:
  • "Los contribuyentes que actúen con base en conceptos escritos de la Subdirección Jurídica de la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales padrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en los mismos. Durante el tiempo en que tales conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias realizadas a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias. Cuando la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales cambie la posicion asumida en un concepto previamente emitido por ella deberá publicarlo".
Ahora bien, en el caso expuesto por Ud. con respecto al acuerdo de colaboración empresarial celebrado entre las empresas referídas, se presume que tratándose de prestación de servicios de una persona jurídica a una sociedad mediante la modalidad de cuentas en participación, los efectos tributarios están previstos en la intepretación dada en el Oficio Nro. 099599 de 2006, cuyos apartes príncipales, son los siguientes:
  ( 2014-10-01) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Concepto No 35855
    Importacion temporal de vehiculos de turistas.
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    La figura de la importación temporal de vehículos de turistas fue concebida corno un beneficio que aplica a aquellas personas no resídentes que llegan al país para una permanencia temporal.
Mediante el radicado de la referencia la Dirección de Gestión de Fiscalización remite copia de su escrito, en el que consulta lo siguiente:
  • "Es aplicable a los TURISTAS gue visitan en sus vehículos, la zona de frontera con Venezuela en especíal la de Cúcuta, el Concepto 048 de 25 de Julio de 2005?"
Manifiesta que, lo anterior, teniendo en cuenta que el Concepto 048 de 25 de julio de 2005, indica que es procedente la aprehensión de vehículos de procedencia extranjera ubicados en territorio de los Departamentos de las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, cuando se compruebe que la solicitud de lnternación temporal fue presentada para aceptación con posterioridad a la inmovilización del vehículo por parte de la autoridad aduanera. La internacion temporal es otorgada por el alcalde respectivo, al residente en el municipio que hace parte de la Unidad Especial cle Desarrollo Fronterizo y de ello remitirá un informe mensual a la autoridad aduanera de la jurisdicción para el respectivo control (D. 400/2005 art. 4).

- La autorizacion de la imporlación temporal de vehículos de uso privado conducidos por turistas o que lleguen con el, no es competencia de los alcaldes sino de la autoridad aduanera y según la norma aduanera vigente, (R. 4240 art. 95), no requerirá Declaración de Importación, siempre que esten amparados en tarjeta de ingreso, libreta o carné de paso, tríptico o cualquier otro documento internacionalmente reconocido o autorizado en convenios o tratados públicos de los cuales Colombia haga parte.
  ( 2014-10-01) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Concepto No 35832
    Retención en la fuente
    Agentes de retención - Misiones díplomáticas
    Oficio No. 018475 del 8 de abril de 2003.
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    Actualmente las Misiones Diplomáticas acreditadas ante el Gobierno Colombiano no están obligadas a practicar retenciones en ta fuente a título de impuestos en Colombia.
Mediante el radicado de la referencia remite la consulta efectuada por la Honorable Embajada de suiza de fecha 25 de marzo de 2014 en la cual se pregunta:
  • ¿Está en la obligación de practícar la retención en la fuente por concepto del impuesto sobre la renta y complernentarios una Embajada o Sede Oficial sobre los pagos o abonos en cuenta efectuados a sus funcionarios, tanto nacionales como extranjeros?
Sobre el particular, mediante Oficio No. 018475 del B de abril de 2003 la Administracíón Tributaria expresó:
  • "(. . .) a pesar de que las Misiones Diptomáticas, como también otras entidades extranjeras acreditadas, realizan pagos susceptibles de retención en la fuente a título de los impuestos sobre la renta, sobre las ventas y de timbre nacional, con todo no hay disposición que les sea aplicable para solicitarles esta colaboración. Por tal razón actualmente las Misiones Diplomáticas acreditadas ante el Gobierno Colombiano no están obligadas a practicar retenciones en la fuente a título de impuestos en Colombia."
Ahora bien, en cuanto a la obligación de pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como la cotizacion al Régimen Contributivo de Salud; en atención al artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 , este despacho se permite remitir la consulta por factor de competencia a la Subdireccion Juridica de Parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y parafiscales UGPP acorde con los artículos 1 del Decreto 169 de 2008 y 11 del Decreto 5021 de 2009 y a la Direccion Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social conforme al artículo 7 del Decreto 4107 de 2011.
  ( 2014-10-01) Consultar

Ministerio de Trabajo.
Concepto No 100275
    Salario — descuentos por daños, reintegro — indemnización, auxilio de transporte, horas extras, dominicales.
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    El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas.
Consulta, si es su obligación como trabajador pagar los daños sobre un vehículo que le entrego la empresa para el desempeño de sus funciones laborales como conductor, si tiene derecho a reintegro o indemnización por la terminación de su contrato de trabajo, si como conductor tiene derecho al pago del auxilio de transporte, horas extras y dominicales.

Sobre el particular le informamos lo siguiente:
En respuesta a los numerales 1 y 2 de su consulta, la legislación laboral no ha establecido obligación alguna por parte del trabajador para asumir las pérdidas de su empleador, señala el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo que:

"ARTICULO 28. UTILIDADES Y PÉRDIDAS.
El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas."

Así las cosas, el empleador no puede exigir al trabajador el pago o la reparación de cualquier pérdida ocasionada o no por éste, ya que esta prohibición se encuentra contemplada de forma taxativa en el Código Sustantivo del Trabajo, sin embargo el empleador, haciendo uso de sus facultades subordinantes y disciplinarias si puede exigir del trabajador el cumplimiento de sus obligaciones y/o prohibiciones, pudiendo aplicar el proceso interno disciplinario respectivo y hasta la terminación del contrato de trabajo por justa causa comprobada cuando considere que existió una falta grave por parte del trabajador, conforme a lo establecido por los numerales 4 y 6 del literal A) del artículo 62 del C.S.T.
  ( 2014-10-01) Consultar

Ministerio de Trabajo.
Concepto No 80730
    Auxilio Funerario.
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    Si el occiso es la misma persona que suscribió el contrato, no sería legalmente viable conceder el auxilio funerario a sus sobrevivientes. Lo anterior, por cuanto no existe una norma que reglamente tal asignación, va que el auxilio es una prestación intransferible.
De manera atenta, damos respuesta a su comunicación radicada con el número del asunto, mediante la cual consulta:
  • 1. ¿Hay lugar a pagar el auxilio funerario cuando las facturas que presentan los responsables correspondientes a gastos adicionales?

  • 2. El valor del auxilio funerario puede ser cancelado a los derecho-habientes como un pago a herederos, en el evento de que la pensionada lo haya cubierto con un plan pre-exequial?
Respecto al auxilio funerario, el artículo 51 de la ley 100 de 1993, establece:

"La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario.

Cuando los gastos funerarios por disposición legal o reglamentaria deban estar cubiertos por una póliza de seguros, el Instituto Seguros Sociales, cajas, fondos o entidades del sector Público podrán repetir contra la entidad aseguradora que lo haya amparado, por las (comas que se paguen por este concepto".

De conformidad con la norma transcrita, el monto del auxilio funerario será el equivalente al último salario base de cotización del afiliado, o al valor correspondiente a la última mesada recibida por el pensionado, sin que este auxilio pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario.

Así mismo, establece que el beneficiario del auxilio funerario será quien compruebe haber sufragado tales gastos, independiente de su origen, si tales gastos los asumió una Aseguradora, Cooperativa o Asociación, en virtud de un contrato preexequial (tal contrato supone que el tomador del seguro -póliza- paga de manera anticipada y periódica, la prima correspondiente, con el fin de amparar los riesgos que hayan estipulado).

Dicho de otra manera, el hecho de que una empresa asuma los gastos funerarios de un pensionado en cumplimiento de un contrato preexequial, no significa que los costos en que incurrió no hayan sido pagados por el tomador de la póliza. En efecto, quien sufragó los gastos, aunque en forma anticipada es quien contrata con la empresa de servicios exequiales.
  ( 2014-10-01) Consultar

Ministerio de Trabajo.
Concepto No 54903
    Consorcios.
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    No es el consorcio quien contrata personal ni es empleador, sino que cada una de las empresas consorciadas tiene su propia planta de personal y dispondrán de lo necesario para adelantar el objeto constituido.
Hemos recibido la comunicación radicada con el número del asunto, mediante la cual consulta si en la ejecución de un contrato los trabajadores deben estar a cargo del Consorcio o de otra persona jurídica que no integre el conjunto responsable del contrato, para cuyos fines, esta Oficina se permite, de manera atenta, atender su interrogante, mediante las siguientes consideraciones generales:

Sobre la situación planteada en la consulta consideramos oportuno remitirnos a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 en su Artículo 7°, norma que en su numeral 1° se refiere a los consorcios en los siguientes términos:

"1. Consorcio. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

2. Unión temporal. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal."

De esta disposición se desprende que la Ley no ha determinado el nacimiento de una persona jurídica por la celebración de un contrato de consorcio o unión temporal. Cada uno de estos contratos se concibe como una convención que no constituye por sí misma un ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones y que no se diferencia de quienes así están coasociados.

Las obligaciones laborales no reposan en cabeza del consorcio como tal, al no ser una persona jurídica no es sujeto de derechos ni de obligaciones, de tal forma que las obligaciones laborales, están en cabeza de cada una de las sociedades que conforman el Consorcio. Pues estos y las uniones temporales, como se mencionó anteriormente, son el resultado del acuerdo de dos o más personas que de manera conjunta presenten una misma propuesta para licitar, celebrar y ejecutar contratos.
  ( 2014-10-01) Consultar


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