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Registro ISSN 2145 - 8766 del 06/04/2010
 

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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2014-09-03
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 146
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  • El pago tardío de la transferencia del sector eléctrico genera intereses de mora que se liquidan como lo prevé el art. 3 de la Ley 1066 de 2006, que remite al art. 635 del E.T., por cuanto dicha ley unificó la tasa para liquidar los intereses moratorios por las deudas tributarias, incluidas las derivadas de las contribuciones parafiscales, como la transferencia en mención.
Síntesis del caso:
B.P. Exploration Company Colombia Ltd. demandó los actos de Corporinoquía que la declararon deudora de la transferencia del sector eléctrico causada en la operación de los centros de producción y facilidades de Cusiana y Cupiagua entre noviembre de 2007 y agosto de 2008.

El Tribunal Administrativo de Casanare negó las pretensiones de la demanda, decisión que la actora apeló, luego de lo cual desistió parcialmente de las pretensiones para limitarlas a la procedencia de los intereses moratorios.

La Sala confirmó la sentencia apelada, en cuanto señaló que para liquidarlos no se aplica el art. 4 del Decreto 1933 de 1994, sino el art. 3 de la Ley 1066 de 2006, que remite al art. 635 del E.T. Lo anterior, en razón de que, a partir de la vigencia de esta ley, se unificó la tasa para liquidar los intereses de mora por todas las deudas tributarias, incluidas las derivadas de las contribuciones parafiscales, como la referida transferencia.
  ( 2014-09-03) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

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  • La pretensión de reliquidación del tributo no es ajena al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de determinación, de modo que al proponerla dentro del mismo no se incurre en indebida acumulación de pretensiones.
Síntesis del caso:
En audiencia inicial, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró no probadas las excepciones previas propuestas por la DIAN respecto de la demanda que la sociedad U.C.I. del Caribe S.A. promovió contra los actos administrativos que le modificaron la declaración de renta del 2007.

Al resolver la apelación que la DIAN formuló contra dicha decisión, la Sala la confirmó, porque consideró que no se configuró la indebida acumulación de pretensiones alegada, toda vez que la reliquidación del impuesto que se solicita no es ajena al proceso en el que se controvierte la legalidad de los actos de determinación del tributo.
  ( 2014-09-03) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 146
    En esta sección destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado en las últimas semanas.
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  • Para declarantes y no declarantes, el plazo de conservación de documentos debe ser equivalente al término de firmeza de la declaración de renta, que es la regla general, pero contabilizado a partir de momentos diferentes.
Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al estudiar la legalidad de la Resolución 1612 de 2005, por la que el municipio de Santiago de Cali estableció los obligados, las especificaciones técnicas y los plazos para presentar información en medios magnéticos por los años gravables 2001 a 2004.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que anuló los arts. 1 a 3 de ese acto, en cuanto aludían a los periodos gravables del 2001 y 2002, al considerar que transgredían los arts. 632 del E.T. y 46 de la Ley 962 de 2005, dado que en el 2005 la administración no podía pedir información de dichos periodos gravables, pues ello excedía el término de conservación de los mismos que es de 2 años, contados a partir del 1º de enero del año siguiente a la elaboración de los documentos, o de la presentación de la declaración, según el caso.

Al respecto señaló que la interpretación armónica de las disposiciones citadas impone afirmar que el plazo de conservación de documentos para declarantes y no declarantes debe equivaler al término de firmeza de la declaración de renta, que es la regla general, pero contabilizado a partir de momentos diferentes, así: Para contribuyentes hasta que quede en firme la declaración de renta y, para no contribuyentes, contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo.
  ( 2014-09-03) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 147
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  • Son nulos los párrafos 5 y 6 del art. 2 del Decreto 0951 de 2002, en los que el Gobernador de Cundinamarca reglamentó el destino de los recursos recaudados por la Estampilla Pro-hospitales Universitarios, la forma de distribuirlos y los requisitos para tener derecho a ellos, sin estar facultado para el efecto.
Síntesis del caso:
La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló los mencionados párrafos al concluir que el Gobernador excedió la facultad que le concedió la Ordenanza 29 de 2001, para reglamentar la liquidación y el recaudo de la Estampilla Pro-hospitales Universitarios.

Al respecto la Sala señaló que la distribución del impuesto no hace parte de las etapas de liquidación o recaudo del mismo, de modo que la entidad competente para establecer el destino, los criterios para distribuir los recursos de la estampilla y los requisitos para que los hospitales universitarios tengan derecho a ellos es la asamblea departamental, que ostenta facultad impositiva, y no el gobernador, que no la tiene.
  ( 2014-09-03) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 147
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  • La ejecutoria del acto que declara sin vigencia la facilidad de pago concedida convierte en título ejecutivo las garantías ofrecidas por los contribuyentes o por terceros para respaldar obligaciones tributarias.
Síntesis del caso:
Tras declarar sin vigencia la facilidad de pago concedida a Gómez Vallejo Hermanos y Cía. Ltda. respecto de sumas adeudadas por determinados impuestos, la DIAN libró mandamiento de pago contra Juan Manuel Gómez Vallejo por esas obligaciones, en calidad de garante, quien formuló excepciones que se negaron mediante los actos demandados.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la nulidad de tales actos, al concluir que no se configuró la excepción de falta de título ejecutivo alegada. Lo anterior porque la ejecutoria del acto que declaró sin vigencia la referida facilidad, de la que el actor aceptó ser garante, convirtió en título ejecutivo la garantía que ofreció para respaldar las obligaciones tributarias mencionadas, sin que para el efecto se requiriera la expedición de un acto previo al mandamiento de pago que aceptara la garantía y la condición de garante de un deudor de obligaciones tributarias, en la medida que el ofrecimiento de la garantía es suficiente para que el otorgante adquiera esa calidad.
  ( 2014-09-03) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 147
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  • El hecho de no vincular al concesionario de la operación y administración del impuesto de alumbrado público al proceso de nulidad y restablecimiento contra los actos que negaron las excepciones formuladas dentro de un procedimiento de cobro coactivo de dicho impuesto no generó nulidad en la sentencia dictada en la acción judicial, dado que la administración, liquidación, discusión y cobro del tributo compete a los municipios.
Síntesis del caso:
Se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión que el Municipio de Coveñas formuló contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre que anuló los actos que negaron las excepciones propuestas por la sociedad Oleoducto de Colombia S.A. Ocensa contra el mandamiento de pago que se le libró por el impuesto de alumbrado público de ciertos periodos.

La Sala concluyó que no se configuró la nulidad generada en la sentencia que se alegó como causal de revisión, porque no se requería vincular al proceso, como litisconsorte necesario, a la concesionaria de la operación y administración del servicio, responsable de los trámites administrativos adelantados para el cobro del tributo.
  ( 2014-09-03) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 147
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  • En materia aduanera, la consecuencia de interponer el recurso de reconsideración sin el cumplimiento de los requisitos legales es el rechazo del recurso y no su inadmisión.
Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del acto administrativo de la DIAN que negó a LINDE COLOMBIA S.A. una solicitud de liquidación oficial de corrección respecto de una declaración de importación.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa y se inhibió para pronunciarse de fondo al concluir que el recurso de reconsideración que se interpuso contra dicho acto no cumplió los requisitos legales, toda vez que quien lo formuló no representaba a la actora.

Al respecto la Sala precisó que como la normativa aduanera no prevé la consecuencia de interponer el recurso sin tales requisitos, es aplicable el Decreto 01 de 1984, según el cual su incumplimiento genera el rechazo del recurso y no la inadmisión.

La Sala señaló que no es viable aplicar el Estatuto Tributario al trámite de corrección de la declaración de importación porque el mismo se rige por el Estatuto Aduanero, a la par que la remisión que el art. 561 de este último hace a las normas tributarias, en relación con los aspectos no regulados especialmente, sólo opera en relación con la devolución o compensación y pagos en exceso de tributos aduaneros, que no era el caso en discusión.
  ( 2014-09-03) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 147
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  • Se suspende provisionalmente el numeral (iii) de la Circular 019 de 2012, aclarada por la Circular 032 de 2012, en la que la Superintendencia Financiera imparte instrucciones al Banco de la República y a las entidades crediticias acerca del procedimiento a seguir para el cumplimiento de órdenes de embargo sobre recursos inembargables.
Síntesis del caso:
La Sala suspendió provisionalmente los efectos del numeral (iii) de la Circular 019 de 10 de mayo de 2012, aclarada por la Circular 032 de 6 de agosto del mismo año, en la que al instruir al Banco de la República y a los establecimientos de crédito acerca del procedimiento a seguir para cumplir órdenes de embargo sobre recursos inembargables la Superintendencia Financiera indica que se deben abstener de constituir el respectivo depósito judicial hasta que los organismos de control se pronuncien sobre las solicitudes preventivas o de advertencia que emitan respecto de tales órdenes. Lo anterior porque consideró que el aparte suspendido viola el numeral 11 del art. 681 del C. de P. C., según el cual el embargo se consuma con el recibo de la comunicación de la medida.
  ( 2014-09-03) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 147
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  • La Sala precisa la jurisprudencia sobre el impuesto predial para señalar que no sólo grava los inmuebles de los particulares, sino también los bienes fiscales y los de uso público explotados económicamente por particulares, en razón de que se trata de un gravamen real que recae sobre los bienes raíces sin consideración a la calidad del sujeto pasivo.
Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos de la DIAN que le negaron a la Universidad de Córdoba la devolución de las sumas que pagó por impuesto predial durante los años 2004 a 2008.

La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba que anuló dichos actos y ordenó la devolución y, en su lugar, negó la nulidad tras concluir que la universidad estaba obligada a pagar el predial respecto de los bienes fiscales de su propiedad, en cuanto ejerce el derecho de dominio sobre ellos y porque el Estatuto Tributario Municipal no establecía una exención del pago del tributo.

La Sala precisó que el predial no sólo recae sobre los inmuebles de carácter privado, sino también sobre los bienes fiscales y los de uso público explotados por particulares, pues su finalidad es gravar la propiedad raíz o los bienes inmuebles sobre los que se ejerce derecho de dominio -que hoy abarca la posesión, tenencia o usufructo-, lo que significa que, para determinar si un bien está gravado, se debe tener en cuenta su explotación, uso y goce y no la naturaleza jurídica del sujeto que ostente la calidad de propietario, poseedor, tenedor o usufructuario del mismo.

En ese sentido señaló que actualmente el sujeto pasivo del impuesto predial no se define en razón a la naturaleza de la entidad pública, como lo sostuvo la Sala entre 1994 y el 2011, fundada en una interpretación estricta del art. 61 de la Ley 55 de 1985, sino en atención a la naturaleza de los bienes que posee o administra (públicos o fiscales).
  ( 2014-09-03) Consultar


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