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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2014-03-19
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Proyecto de resolución “Por la cual se homologan las actividades económicas para los trabajadores por cuenta propia”.
  • De conformidad con el artículo 329 del Estatuto Tributario, se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) de la realización de una de las actividades económicas señaladas en el Capítulo II del Título V del Libro Primero del Estatuto Tributario.
De acuerdo con el artículo 336 del Estatuto Tributario, los trabajadores por cuenta propia podrán optar por liquidar su impuesto sobre la renta mediante el Impuesto Mínimo Alternativo Simple “IMAS”, siempre que su renta gravable alternativa del año o periodo gravable se encuentre dentro de los rangos autorizados para este.

Que el Impuesto Mínimo Alternativo Simple "IMAS" es un sistema de determinación simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable únicamente a personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de trabajador por cuenta propia que desarrollen las actividades económicas señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario, cuya Renta Gravable Alternativa (RGA) en el respectivo año o periodo gravable resulte superior al rango mínimo determinado para cada actividad económica, e inferior a veintisiete mil (27.000) UVT.

Que conforme con lo establecido en el artículo 3° del Decreto Reglamentario 3032 de 2013, una persona natural residente en el país se clasifica como trabajador por cuenta propia si en el respectivo año gravable cumple la totalidad de las siguientes condiciones: 1. Sus ingresos provienen, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la realización de solo una de las actividades económicas señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario; 2. Presta el servicio por su cuenta y riesgo; 3. Su Renta Gravable Alternativa (RGA) es inferior a veintisiete mil (27.000) UVT. y 4. El patrimonio líquido declarado en el periodo gravable anterior es inferior a doce mil (12.000) UVT.
  (329,336,340, 2014-03-19) Consultar

Fuente: Portafolio.
Reforma a la salud quedará con máximo 20 artículos.
  • Se salvarían puntos como la creación del fondo para el saneamiento financiero de hospitales y clínicas, los dientes que el Gobierno quiere darle a la Supersalud y la controvertida Salud Mía.
El Gobierno no solo no retirará el proyecto de reforma al sistema de salud, al que apenas le faltan los dos debates en la Cámara de Representantes, sino que esta iniciativa clasificó como una de las prioridades de la agenda legislativa, cuyo último tramo se inicia hoy. Así quedó definido en el Consejo de Ministros que sesionó ayer San Andrés y cuyo anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos al término de la reunión, que duró más de seis horas.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, está listo para comenzar a trabajar con los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara con el fin de sacar avante este proyecto, que más de un eslabón de la cadena de la salud quiere hundir. Los presidentes del Senado y la Cámara, Juan Fernando Cristo y Hernán Penagos, respectivamente, expresaron en la cita ministerial su apoyo decidido para conseguir que sus colegas del Congreso le den el visto bueno al proyecto.

Sin embargo, ante los fuertes enfrentamientos y casi irreconciliables diferencias entre algunos de los actores del sistema por diferentes artículos contenidos en el proyecto, el Gobierno está explorando la posibilidad de simplificarlo lo más que se pueda con el fin de asegurar un paso exitoso por el Congreso. Esa simplificación, señaló Gaviria, podría reducir la iniciativa a 15-20 artículos clave para enfrentar los problemas que atraviesa la salud. Saldrían, entonces, alrededor de 70 artículos.
  ( 2014-03-19) Consultar

Ministerio de la Protección Social.
Concepto 7264 12 de Enero de 2011
El pago de las comisiones, además de que deberá quedar perfectamente plasmado en el texto del contrato de trabajo para que las partes a futuro, recuerden los compromisos acordados y ello sirva de prueba para demostrar esas condiciones ante un tercero, tal cual lo refiere la norma, habría lugar a que el trabajador perciba lo allí plasmado, por la prestación de sus servicios.
  • Comisiones deben plasmarse en el contrato.
Consulta:
En atención a la comunicación del asunto, donde comenta que en la empresa donde laboraba, se pactó que las comisiones no harían parte del salario y por lo tanto, éstas nunca fueron tenidas en cuenta ni aún en la liquidación final de prestaciones sociales, esta Oficina se permite manifestar:

Por ser el contrato de trabajo eminentemente consensual, las partes pueden acordar las condiciones en las que se desarrollará el mismo, es decir, el tiempo de duración del contrato, las funciones a realizar durante su vigencia, la jornada ordinaria de trabajo y la correspondiente retribución por sus servicios o salario, sin que pueda celebrarse acuerdo alguno que menoscabe las garantías mínimas de que goza cualquier trabajador y que se encuentran contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo.

En cuanto a las comisiones, señala el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo:
  • "Elementos integrantes.
Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte; como primas, sobre sueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras; valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones".

Como se puede observar, debido a que las comisiones retribuyen el servicio prestado, son un elemento integrante del salario, de tal forma que, así la empresa utilice una sinonimia para retribuir el servicio, para el caso, una bonificación (que corresponde a una suma de dinero que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador), a futuro se podrán presentar inconvenientes, pues resulta fácil demostrar que esos pago que ha efectuado a titulo de bonificaciones, realmente corresponden a comisiones y entonces, habrá lugar a efectuar la reliquidación correspondiente, motivo por el cual, no nos queda más que recomendarle efectuar los cálculos y provisiones necesarias, para evitar futuros conflictos judiciales.
  ( 2014-03-19) Consultar

Superintendencia de Industria y Comercio.
Resolución No 16771
Marzo 12 de 2014
Por la cual se autoriza una modificación en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social (RUES) y en el esquema gráfico del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP).
  • “Las cámaras de comercio, a partir de la entrada en vigencia de la presente Circular, deberán incluir en el texto del certificado, además de los 6 dígitos del Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, reportado por el proponente en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social (RUES) – ANEXO 2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, los dígitos 7 y 8 con valor 0.
RESUELVE:
Artículo 1. Autorizar la modificación en el ANEXO 2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES del Formulario del Registro Único Empresarial y Social (RUES) y el esquema gráfico del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), presentados por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), los cuales se anexan a la presente resolución.

Artículo 2. Reemplazar el ANEXO 2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES del Formulario del Registro Único Empresarial y Social (RUES), en el ANEXO 4.9 del Título XI de la presente circular a partir de la publicación de la presente resolución.

Artículo 3. Comunicar la presente resolución a las Cámaras de Comercio del país y a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras). Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de marzo de 2014.
  ( 2014-03-19) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)
AUTO QUE DECRETA INSPECCION TRIBUTARIA – Contenido. Debe notificarse por correo o personalmente.
  • La inspección tributaria, como ya se dijo, no es una diligencia de tipo técnico contable, sino un medio de prueba de verificación o de constatación de los hechos que interesan al proceso de fiscalización. Es evidente que el acta de terminación no requiere que se suscriba por un contador público y, por tanto, bastará que se firme por el funcionario que la practicó
El artículo 779 del E.T. califica la inspección tributaria como un medio de prueba, con el que la administración verifica directamente los hechos que interesan en el Proceso de fiscalización y determina su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron tales hechos.

En esa inspección, la administración puede decretar todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias a cada medio probatorio. La diligencia de inspección tributaria se decretará con auto en el que se deben indicar los hechos materia de prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. Dicho auto, además, debe notificarse por correo o personalmente al interesado, pues la inspección tributaria sólo se inicia una vez el interesado se entere del objeto de la inspección.

De esa diligencia se levanta un acta que debe contener todos los hechos y pruebas en que se sustenta. Esto es, se debe levantar un acta en la que se consignen los hechos verificados por la autoridad tributaria en la inspección tributaria. Según el mismo artículo 779, cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación administrativa dicha acta formará parte de la misma.
  (779, 2014-03-19) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)
CONTADOR PUBLICO – Debe practicar y suscribir el acta de inspección contable.
  • INSPECCION TRIBUTARIA - Diferencias con la inspección contable.
El artículo 782 del E.T., a su turno, define la inspección contable como un medio de prueba que permite a la administración verificar la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravados y comprobar el cumplimiento de las obligaciones formales. De esa diligencia también se levanta un acta que, a diferencia del acta de inspección tributaria, no sólo la suscriben los funcionarios visitadores, sino las partes intervinientes.

Si los intervinientes se niegan a firmar el acta se dejará constancia y, en todo caso, eso no afecta el valor probatorio de la inspección. Conforme con el artículo 782, se presume que los datos consignados en el acta fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, salvo que el contribuyente o responsable manifieste su inconformidad. La Sala acoge las consideraciones que hizo el a quo sobre la diferencia entre la inspección tributaria y la inspección contable.

Es cierto que las dos persiguen objetivos diferentes, pues, se repite, mientras que la primera es un medio de verificación de los hechos que interesan al proceso de fiscalización, la segunda es un medio probatorio esencialmente técnico para verificar la exactitud de los denuncios tributarios y el cumplimiento de las obligaciones formales a partir del análisis de la contabilidad del contribuyente específicamente. Y, en ese entendido, sólo el acta de terminación de la inspección contable debe suscribirse por un contador público.
  (782, 2014-03-19) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)
ACTA DE REGISTRO – Basta que en la diligencia esté uno de los funcionarios comisionados.
FUNCIONARIOS COMISIONADOS – Basta que aparezca uno en el acta de registro.

  • Según lo exige el artículo 779-1, el acto administrativo que ordena el registro deberá motivarse y, además, notificarse a la persona que se encuentre en el momento de que se practique la diligencia. Contra dicho acto no cabe ningún recurso, por tratarse de un acto de trámite que antecede a la decisión que adopte la administración.
El artículo 779-1 del E.T. consagra la facultad de registro como un medio de prueba que permite a la administración tributaria examinar las oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus archivos, siempre que, para el caso de las personas naturales, no coincida con su casa de habitación.

En esencia, es un medio probatorio para evitar que las pruebas sean alteradas, ocultadas o destruidas. Para evitar que eso ocurra, la administración puede adoptar cualquier tipo de medida e incluso puede pedir colaboración a la fuerza pública para que la diligencia de registro se cumpla en condiciones normales. La competencia para ordenar la diligencia de registro es del Administrador de impuestos y aduanas o del Subdirector de fiscalización, sin que esa competencia pueda delegarse en otro funcionario.

En todo caso, el artículo 1º del Decreto 3050 de 1997 establece que también son competentes para ordenar el registro los Administradores especiales, los Administradores locales de impuestos nacionales, los Administradores locales de aduanas nacionales, los Administradores locales de impuestos y aduanas nacionales. Y, además, el Subdirector de Fiscalización, para el Control y Penalización Tributaria y el Subdirector de Fiscalización Aduanera, Represión y Penalización del Contrabando.
  (779-1, 2014-03-19) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD – No se aplica tratándose de sociedades anónimas o sus asimiladas.
  • Sobre el tema de la responsabilidad solidaria que tienen los socios, respecto de las deudas originadas en impuestos a cargo de la sociedad, esta Sección ha precisado, que la sociedad es, en principio, la que debe responder por los impuestos liquidados a su cargo.
El patrimonio de la sociedad, por regla general, garantiza el pago de los impuestos a cargo de la sociedad. Pero esa regla admite una excepción relacionada con la responsabilidad solidaria de los socios prevista en los artículos 793 y 794 del E.T. Las normas vigentes para la fecha en que se profirieron los actos administrativos acusados determinan la responsabilidad solidaria de los socios frente a las obligaciones que, por concepto de impuestos, adquiera la sociedad.

El artículo 794 citado es claro en establecer que la responsabilidad solidaria de los socios frente a los impuestos no se aplica "a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas." En el sub lite está probado que, desde el año 1993, la sociedad actora se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima. En ese orden, es evidente para la Sala que no se predica la solidaridad de los socios y, por ende, resultaba suficiente con que el requerimiento especial se notificara al liquidador de SAJATEX. Lo anterior basta para concluir que el argumento de la falta de vinculación no está llamado a prosperar.
  (793,794, 2014-03-19) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)
SANCION POR INEXACTITUD – Procede cuando se declaran pasivos inexistentes.
  • PASIVOS - Cuando no se prueba su existencia procede la sanción por inexactitud.
Es evidente para la Sala que la parte actora no logró probar que no era cierto que existieran los pasivos inexistentes a que aludió la DIAN. Como ya se dijo, no hubo actividad probatoria que desvirtuara tales pasivos y, por tanto, no hay pruebas para confrontar las conclusiones que tienen sobre este aspecto los actos acusados.

Ahora bien, la Sala respalda el cálculo de la sanción por inexactitud, pues se calculó con base en el saldo a pagar determinado en la resolución que decidió el recurso de reconsideración ($1.107'670.000) menos el valor declarado por el contribuyente ($10'186.000) y el resultado ($1.097'484.000) multiplicado por el 160%, que arroja un resultado de $1.755'974.000.

En ese contexto, se concluye que, de conformidad con el artículo 647 del E.T., era procedente la sanción por inexactitud impuesta por la DIAN, por haberse incluido en la declaración pasivos inexistentes. Por tanto, se impone mantener la sanción impuesta por la administración.
  (647, 2014-03-19) Consultar


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