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HISTORIAL DE BOLETINES
Boletin Correspondiente a 2014-01-21
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Fuente: Portafolio.
El IVA en exportación de servicios.
  • ¿Es procedente aplicar en los contratos de intermediación la exención del impuesto sobre las ventas - IVA por concepto de exportación de servicios?
Conforme con el artículo 55 de la Ley 1607 de 2012, que modificó el artículo 481 del Estatuto Tributario, la exportación de servicios se encuentran exenta del IVA, siempre y cuando: (i) Los servicios sean prestados en el país, (ii) se utilicen exclusivamente en el exterior; y (iii) quienes utilicen el servicio sean empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -Dian-, se había pronunciado respecto a la procedencia de la exención del IVA en el caso concreto de la intermediación, indicando que cuando una compañía en Colombia prestaba el servicio de intermediación de ventas al exterior, contactando clientes en el país, el servicio no se utilizaba total ni exclusivamente en el exterior y por lo tanto no se trataba de una exportación de servicios que gozara de la exención de dicho impuesto.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- en Concepto 67578 de fecha 23 de octubre de 2013 retoma el análisis planteado en el Concepto No. 071160 del 27 de septiembre de 2010, proferido en vigencia del anterior marco normativo, con el objeto de establecer el alcance de la exención que contenía el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario en el caso de la prestación de servicios de intermediación mediante contratos tales como agencia comercial o corretaje por parte de una sociedad colombiana, que factura comisiones a compañías del exterior.
  ( 2014-01-21) Consultar

Fuente: El Colombiano.
Supertransporte denunció empresas que no presentan información financiera.
  • Por ello, la Supertransporte abrió investigación y remitió a la Dian para que se verifique el cumplimiento del pago de impuestos y a la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, para que se analicen las operaciones desarrolladas por estas empresas y así descartar posibles actividades de lavado de activos.
La Superintendencia de Puertos y Transportes encontró que 522 empresas de transporte terrestre, entre ellas de carga, pasajeros, transporte mixto y especial no presentan información sobre su actividad financiera.

“Estamos fortaleciendo al sector formal del transporte en Colombia, garantizando la seguridad vial y una óptima prestación en el servicio de transporte terrestre”, indicó el superintendente Juan Miguel Durán Prieto.

El balance del 2013 de esta Superintendencia arrojó que de las 522 empresas investigadas: 41 por ciento pertenecen al transporte de carga, 33 por ciento al transporte especial (escolar, turístico y empresarial), 17 por ciento al de pasajeros y 9 por ciento al transporte mixto (pasajeros – carga).

Las regiones en donde más se concentran las empresas investigadas son Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. El resultado de las investigaciones podrá resultar en el cierre de las empresas o multas hasta 700 SMMLV, sin perjuicio de las demás acciones legales que otras entidades tendrán que tomar al respecto.
  ( 2014-01-21) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Oficio N° 074253
20-11-2013
La obligación de comprobar el pago a la seguridad social de los trabajadores independientes, aplica solo en virtud de contratos escritos de prestación de servicios y si aplica en el caso de un contrato firmado con un abogado por una sola ocasión, para que asesore un caso particular y a quien se le hace un solo pago?
  • Para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente y de la procedencia de la deducción por pagos realizados en desarrollo de contratos de prestación de servicios, el contratante deberá verificar la afiliación y pago de las cotizaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social que le corresponden al contratista según la ley, en los términos del artículo 23 de Decreto Reglamentario 1703 de 2002.
El artículo 3° del Decreto Reglamentario 1070 de 2013, señala:
“ARTÍCULO 3. Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago.

Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a las personas mencionadas en el inciso anterior, el contratante deberá verificar que el pago de dichas contribuciones al Sistema General de Seguridad Social esté realizado en debida forma, en relación con los ingresos obtenidos por los pagos relacionados con el contrato respectivo, en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, aquellas disposiciones que la adicionen modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables en la materia.”

En consonancia con las disposiciones anteriores, el Decreto 1406 de 1999 por el cual se reglamenta la Ley 100 de 1993, dispone en su artículo 16 “Clases de aportantes” que para efectos de dicho decreto, los aportantes del Sistema de Seguridad Social Integral serán de tres (3) clases: a) Grandes Aportantes, b) Pequeños Aportantes y c) Trabajadores Independientes. Según la misma norma, se clasifica como trabajador independiente a aquel que no se encuentre vinculado laboralmente a un empleador, mediante contrato de trabajo o a través de una relación legal y reglamentaria.
  (108, 2014-01-21) Consultar

Fuente: Publicado por Oscar Contreras Salgado.
Nuevas reglas para acceder a la pensión de vejez.
  • Mientras la edad para las mujeres pasa a 57 años, la de los hombres será 62. También se incrementa en número de semanas de cotización y se exigirán 25 semanas más para poder jubilarse. Hay que recordar que desde febrero 1° los empleadores deberán pagarle a los empleados que presten servicios por periodos inferiores a un mes.
A partir del 1° de enero de 2014 la edad para acceder a la pensión de vejez aumentó 2 años, lo que significa que la edad para las mujeres pasará a 57 años y 62 años para los hombres. Esta modificación es producto de la Ley 797 de 2003 que actualizó el Sistema General de Pensiones, y que previó aumentar la edad de las mujeres que en la actualidad está en 55 años y para los hombres en 60.

La Ley también incrementa el número de semanas de cotización. Es decir, que desde el año 2003 se fue sumando 50 semanas de cotización en el primer año y 25 semanas los años sucesivos, que en 2013 suman en total 1.250 semanas. También se exigirán 25 semanas más para poder jubilarse; es decir, deberá acreditar 1.275 semanas de cotización y en 2015, 1.300 semanas, que será el tope máximo para el Régimen de Prima Media, administrado hoy por Colpensiones. Esta medida no aplica para el régimen de ahorro individual voluntario, administrado por fondos privados en donde depende del esfuerzo y capacidad de ahorro de la persona, lo que recibirá mensualmente.
  • Para acceder a pensión de vejez en 2014
El viceministro de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Cortés González, recordó que los requisitos para acceder a la pensión de vejez para el 2014 son: "Hay que acreditar para ambos casos 1.275 semanas de cotización y una edad de 57 años para mujeres y 62 para hombres. Excepto de quienes se encuentran en el régimen de transición, a quienes se les aplica la edad anterior del régimen legal". Y anotó: "para el 2015 las semanas exigidas para jubilarse aumentarán a 1.300?.
  ( 2014-01-21) Consultar

En qué consiste la cotización mínima semanal?
  • Por medio del Decreto 2616 de 2013, los empleados que laboran por días y cotizan su pensión bajo el régimen de prima media (servicio doméstico, jornaleros y quienes laboran en bares, restaurantes y el sector turístico) deben recibir beneficios de sus empleadores, como la afiliación a una administradora de riesgos laborales y a una caja de compensación familiar.
Aquellos trabajadores que se encuentran vinculados al régimen de ahorro individual -fondos privados de pensiones- tendrán que esperar hasta el próximo 20 de febrero para ser cobijados por estas disposiciones.
  • El decreto aplica para trabajadores dependientes que tengan contratos de trabajo a término parcial (que en un mes laboren menos de 30 días) y que devenguen menos de un salario mínimo mensual.
  • Además establece que los empleados no pueden tener más de un fondo de pensiones, pero sí estar afiliados a más de una caja de compensación en el caso de que trabajen para varios empleadores.
  • El decreto dispuso que los empleadores que tengan a su cargo trabajadores afiliados al régimen de prima media y al de ahorro individual tendrán que acudir a la PILA como mecanismo de recaudo de los sistemas de pensiones, de riesgos laborales y, por supuesto, de las cajas de compensación.
Instrumento de formalización
Según la norma los trabajadores podrán cotizar a seguridad social por períodos de siete días que pueden distribuirse en lo corrido de un mes. Si un trabajador labora entre uno y siete días, ya tiene una cotización mínima semanal. Así, el pago mínimo semanal que debe asumir el empleador asciende a $26.657. De este monto, $20.762 corresponden a seguridad social ($17.685 pensiones y $3.077 riesgos laborales).
  ( 2014-01-21) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Terminan los primeros vencimientos para Impuestos Nacionales.
  • En jornada especial, fueron atendidos cerca de dos mil contribuyentes
Esta semana culminan los plazos para presentar, declarar y pagar obligaciones tributarias como retención en la fuente del impuesto de renta y complementarios; retención en la fuente del impuesto para la equidad – CREE- ; impuesto a las ventas (IVA) con periodicidad mensual, cuatrimestral o anual; e impuesto al consumo.

El 60% contribuyentes que tenían obligaciones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN para esta semana, aprovecharon la jornada especial realizada el pasado sábado 18 de enero.
  • Buen resultado jornada especial
La DIAN informó que en la jornada de atención especial de este sábado, fueron atendidos alrededor de dos mil contribuyentes. En Bogotá, se brindó atención a 1.628 usuarios, en Cali esta cifra ascendió a 173 y en Medellín a 177. A través del call center se prestó asistencia a 645 contribuyentes. Dentro de los trámites de mayor demanda en esta jornada especial estuvieron la expedición de RUT y la presentación de declaraciones por diferentes impuestos.
  ( 2014-01-21) Consultar

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Por el cual se determina la tasa de interés moratorio para efectos tributarios.
  • Se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 19.65%, lo cual representa una disminución de 20 puntos básicos (-0.20%) en relación con la anterior certificación (19.85%).
La Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de lo dispuesto en los artículos 11.2.5.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010, expidió el 30 de diciembre la Resolución No. 2372 por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para el siguiente período y modalidad de crédito:
  • Consumo y Ordinario: entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2014.
Con la mencionada Resolución se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 19.65%, lo cual representa una disminución de 20 puntos básicos (-0.20%) en relación con la anterior certificación (19.85%).
  ( 2014-01-21) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

En los procesos de liquidación forzosa administrativa la DIAN no puede compensar en forma automática las acreencias reconocidas a su favor, dado que las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero lo prohíben.
  • Se estudió la legalidad de los actos por los que, con fundamento en el art. 861 del E.T., la DIAN compensó el saldo a favor solicitado en devolución por la Empresa de Telecomunicaciones de Barranquilla S.A. E.S.P. (en liquidación forzosa) con obligaciones fiscales distintas a las que esa empresa pidió compensar
La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, que anuló dichos actos, y la modificó para ordenar a la DIAN que devolviera la suma indebidamente compensada. Reiteró que el art. 861 del E.T., que regula la compensación previa a la devolución de saldos a favor es obligatorio, salvo que exista disposición legal que prohíba compensar, como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los procesos de liquidación forzosa administrativa.

Por ende, señaló que la DIAN no podía compensar sus acreencias, como lo hizo, dado que el estado de liquidación forzosa de la actora lo impedía, toda vez que el art. 301 num. 2 del Estatuto Orgánico prohíbe la compensación de obligaciones de la intervenida con terceros que, a su vez, sean deudores de ella. Concluyó que en tales procesos la DIAN no puede compensar automáticamente las acreencias reconocidas a su favor, dado que las normas que regulan su intervención en los mismos no le conceden ninguna prerrogativa, sino que está sujeta a la prelación de créditos prevista en la ley.
  ( 2014-01-21) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

El beneficio de la exclusión del IVA para la importación de maquinaria para reciclaje de basuras y control ambiental, de que tratan los arts. 424-5 [num. 4] y 428 [f] del E.T., no se pierde por no aportar con la declaración de importación la certificación del Ministerio de Ambiente que acredita el cumplimiento de los requisitos para la exclusión, dado que dichas normas no le dan a ese hecho tal consecuencia jurídica.
  • El Banco Sudameris Colombia S.A. demandó las resoluciones de la DIAN que le negaron la solicitud de liquidación oficial de corrección de unas declaraciones de importación para efectos de la devolución del IVA.
La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar que anuló dichos actos, pero la modificó para liquidar los tributos aduaneros y ordenar a la DIAN que le devolviera al Banco la suma que pagó en exceso junto con los intereses corrientes causados, a la tarifa del art. 864 del E.T.

Al respecto dijo la Sala que para que proceda el beneficio de la exclusión del IVA para la maquinaria o equipo de que tratan los arts. 424-5 [num. 4º] y 428 [literal f] del E.T. no es perentorio aportar, al momento de la presentación de la declaración de importación, la certificación del Ministerio de Ambiente que da cuenta del cumplimiento de los requisitos para la exclusión, dado que tales disposiciones, que regulan el beneficio, no prevén que éste se pierda por acreditar los requisitos con posterioridad a la importación.
  ( 2014-01-21) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

En materia tributaria, el principio de la non reformatio in pejus, previsto en el art. 23 del Decreto Extraordinario 2821 de 1974, garantiza que, sin excepción, al decidir los recursos contra los actos de determinación de impuestos y/o sanciones, la administración no pueda aumentar la suma fijada en la liquidación del tributo a cargo del contribuyente.
  • Alvarado y During Ltda. demandó los actos administrativos por los que el Municipio de Barrancabermeja le practicó liquidación de aforo del ICA de los años 2004, 2005 y 2006 y la sancionó por no declarar el gravamen respecto de los mismos años.
La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que negó la nulidad y, en su lugar, anuló parcialmente dichos actos, en cuanto liquidaron indebidamente la sanción por no declarar de 2004 y 2005; determinaron el ICA del 2006 e impusieron sanción por no declarar respecto de dicha anualidad sin que el tributo se hubiera causado, a la par que incrementaron el impuesto y la sanción por no declarar, al decidir el recurso de reconsideración contra la liquidación de aforo.

Al respecto la Sala recordó que, en aplicación del art. 59 de la Ley 788 de 2002, si el Concejo de Barrancabermeja expidió un Acuerdo que disminuía el monto de dicha sanción, el Municipio debía aplicar esa norma y no el artículo 643 del E. T., toda vez que éste prevé una sanción mayor que la de la norma territorial. Por ende, dispuso que la sanción se debía liquidar en los términos del art. 272 del Acuerdo 29 de 2005, esto es, por una suma equivalente al 150% del impuesto que debía pagar el contribuyente y no por el 20% de sus ingresos brutos, como lo dispone el E.T.

Señaló que no había lugar a liquidar el gravamen ni la sanción por no declarar por el año 2006, dado que a la fecha del aforo éste no se había causado, pues es de causación anual y periodo vencido, hecho que las entidades territoriales no pueden variar. Por último, sostuvo que la administración no podía aumentar el tributo al resolver el recurso de reconsideración y que al hacerlo violó el principio de la non reformatio in pejus, razón por la cual anuló el acto que resolvió el recurso y dispuso reliquidar el gravamen y la sanción con base en los ingresos brutos obtenidos en la inspección tributaria, toda vez que esos valores no fueron discutidos por la actora.
  ( 2014-01-21) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

. No es potestativo para la administración de impuestos notificar el contenido de sus actos a una dirección diferente a la informada como dirección procesal.
  • Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que la Administración Local de Impuestos de Cartagena le impuso a Rosales y Asociados Ltda. sanción por no enviar información.
La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuanto declaró probada la excepción de caducidad de la acción, pero la modificó para inhibirse de decidir sobre la nulidad de dichos actos, dado que la caducidad lo impedía. Señaló que este fenómeno operó en la medida en que los actos que resolvieron el recurso de reconsideración que interpuesto el apoderado de Rosales y Asociados Ltda. contra los actos sancionatorios se notificaron en debida forma.

Lo anterior, en razón de que los avisos de citación para la notificación personal se remitieron a la dirección procesal informada por dicho profesional para el efecto y ante su falta de comparecencia para practicar esa forma de notificación, la autoridad fiscal estaba autorizada para notificar por edicto. Al respecto indicó que la administración estaba obligada a remitir tales avisos a la dirección procesal que el apoderado informó en el recurso de reconsideración, pues, conforme con el artículo 564 del E.T. no es potestativo para la entidad notificar el contenido de sus actos a una dirección diferente a la informada para fines procesales. Precisó que, en materia tributaria, el inciso segundo del art. 565 del E.T. determinó expresamente la notificación personal como forma de notificación preferente de los actos que resuelven recursos y la notificación por edicto como mecanismo supletorio.
  ( 2014-01-21) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

La presentación de la factura, como prueba de la procedencia de los costos, no es optativa para el contribuyente, en tanto las normas tributarias establecen las operaciones y el régimen de las sociedades obligadas a expedirlas.
  • Comercializadora Internacional Polipanel S.A demandó los actos por los que la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta que presentó por el año 2004, para adicionar ingresos, desconocer costos de ventas y gastos operacionales, imponer sanciones por inexactitud y corrección y determinar un mayor saldo a pagar.
La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló parcialmente dichos actos y, en su lugar, mantuvo su legalidad, dado que concluyó que no hubo falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación de revisión, además de que la contribuyente no demostró que los pasivos, costos y deducciones que declaró cumplían los requisitos para su procedencia.

Precisó que para que el certificado del revisor fiscal que la actora aportó se tuviera como prueba de los costos asociados a los ingresos glosados, se requería que acreditara fehacientemente, con documentos soporte, el movimiento contable y la realidad de las operaciones que pretendía demostrar, lo que no ocurrió. Agregó que para la procedencia de los costos era menester probar sus soportes, con facturas o documentos equivalentes que cumplieran los requisitos legales, de modo que, para esos efectos, la presentación de la factura no es optativa, en tanto las normas tributarias establecen las operaciones y el régimen de las sociedades obligadas a expedirlas.
  ( 2014-01-21) Consultar

Consejo de Estado
Sección Cuarta

Se reitera que las certificaciones de los contadores y revisores fiscales son válidas como prueba contable si llevan al convencimiento del hecho u operación que se pretende acreditar, con sujeción a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
  • “[…] es de anotar que el artículo 777 del Estatuto Tributario sujetó el valor probatorio de las certificaciones de contadores y revisores fiscales a su conformidad con las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
Esta Sala ha precisado que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, con sujeción a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad; y deben expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales, si los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio, si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos, y si reflejan la situación financiera del ente económico.

Observa la Sala que, contrario a lo afirmado por la sociedad actora, el certificado no es demostrativo de los costos solicitados, toda vez que se limita a señalar que los libros se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio, y a describir que los costos están acreditados en la cuenta de producto en proceso, sin que exista claridad sobre el origen de la operación.

Además, en este documento no se relacionan las erogaciones en que incurrió la sociedad para prestar los servicios, así como tampoco indica, ni anexa, las facturas o documentos que soportan la realización de los costos solicitados. Para que el certificado del revisor fiscal se tuviera como prueba de los costos era necesario que acreditara fehacientemente, con documentos soportes, el movimiento contable y la realidad de las operaciones que pretende acreditar”.
  ( 2014-01-21) Consultar


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