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C. P. Oscar Jaramillo Toro
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Ver normas por año: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Consejo de Estado.

Prescripcion trienal de la sancion moratoria en cesantias anualizadas opera aun durante la vigencia del vinculo laboral y se cuenta hacia atras desde la fecha de presentacion de la reclamacion en sede administrativa.
  • Problema jurídico:
¿El término de la prescripción trienal de la sanción moratoria se computa hacia atrás desde la presentación de la reclamación en sede administrativa, aún durante la vigencia de la relación laboral?

Tesis: “La Sala unifica el criterio de que la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación anualizada de cesantías, debe realizarse a partir del momento mismo en que se causa la mora, [15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causaron] so pena de que se aplique la figura extintiva respecto de las porciones de sanción no reclamadas oportunamente, [aún durante la vigencia de la relación laboral]

(…) Como la reclamación de la sanción se radicó el 28 de octubre de 2010, se deben declarar prescritas las porciones de sanción causadas con 3 años de anterioridad, es decir, las generadas antes del 28 de octubre de 2007.La Sala difiere de la fecha determinada por el a quo, [16 de febrero de 2008], a partir de la cual corrió la prescripción, toda vez que tal como se señaló en el recurso, la controversia no está encaminada al reconocimiento y pago de la prestación en sí -las cesantías-, sino de la sanción por mora que surge con ocasión de la falta de oportunidad en la consignación de esa prestación.”
  (2016-12-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

La incorporacion automatica con fundamento en el Decreto 2117 de 1992 de los empleados publicos de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales es inconstitucional.
  • Problema jurídico:
¿Los empleados públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales incorporados automáticamente con fundamento en el Decreto 2117 de 1992, gozan de derechos de carrera y, en consecuencia, pueden ser beneficiarios de prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada?

Tesis: “La Sala unifica su posición en el sentido de precisar que los empleados incorporados a la DIAN automáticamente, por medio del decreto 2117 de 1992, no pueden ser beneficiarios de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, en la medida que no desempeñaron el cargo en propiedad, como quiera que su inscripción en carrera administrativa no se derivó de la superación satisfactoria de un concurso de méritos.”
  (2016-12-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

Conyuge superstite con union conyugal vigente debe acreditar 5 anos de convivencia en cualquier tiempo para lograr reconocimiento de pension de sobrevivientes.
  • Problema jurídico:
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al negarle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por no acreditar 5 años de convivencia en el tiempo inmediatamente anterior a la muerte de su esposo?

Tesis: “En la sentencia de 29 de febrero de 2016 el Tribunal Administrativo Cundinamarca (…) se limitó a hacer un estudio de la normatividad aplicable al asunto planteado sin tener en cuenta la posición sentada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado respecto al tema, razón por la cual no tuvo la oportunidad de efectuar un análisis de la misma para señalar las razones por las cuales, a su juicio, se debía apartar de esa línea y dar una interpretación diferente de la normatividad referida.

Adicionalmente, es claro que la referida corporación judicial interpretó de manera indebida la modificación que introdujo la ley 797 de 2003, en su artículo 13, a los artículos 47 y 74 de la ley 100 de 1993, al exigir un requisito que no se encuentra consagrado en tal normatividad para que el cónyuge supérstite acceda al beneficio pensional reclamado, pues al mismo, simplemente, le basta acreditar 5 años de convivencia durante cualquier tiempo, de tal manera que el error en la aplicación de la norma configura un defecto sustantivo en la providencia acusada”.
  (2016-12-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

Administradoras de Fondos de Pensiones deben responder ante sus afiliados por errores en los datos de la historia laboral y asumen las consecuencias derivadas de los mismos.
  • Síntesis del caso:
La actora solicitó en el año 2013 el reconocimiento de su pensión de vejez ante Colfondos S.A., entidad que le negó la solicitud aduciendo que aún no había completado el monto ahorrado suficiente para obtener el derecho y tampoco tenía el requisito de edad para obtener la devolución de saldos.

Advirtiendo un error en su historia laboral, en la que no se le habían incluido tiempos de cotización efectuados al Instituto de Seguros Sociales, la actora se dirigió a Colpensiones para que se hiciera la correspondiente corrección.

Mientras se resolvía la petición, Colfondos S.A. procedió a hacer la devolución de saldos sin verificar la historia laboral, dinero con el cual la actora se sometió a un tratamiento de salud. En el año 2014, Colpensiones realizó la corrección e informó a la actora que ya se encontraban relacionadas las semanas cotizadas en su momento al ISS.

Ante tal situación, la actora acudió a Colfondos con el fin de que se le expidiera un bono pensional complementario por el tiempo que no fue tenido en cuenta para la devolución de saldos, advirtiendo que la devolución de saldos se hizo de manera apresurada ya que si se hubiera incluído el tiempo cotizado al ISS se habría dado el reconocimiento de su pensión de vejez.

Esta última solicitud no fue respondida por Colfondos S.A. razón por la cual la actora formuló acción de tutela para que se proteja su derecho fundamental de petición.
  (2016-12-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

Para el reconocimiento y funcionamiento de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado no puede exigirse copia del acto de autorizacion del regimen de trabajo asociado y de compensaciones expedido por el Ministerio de la Proteccion Social.
  • Síntesis del caso:
¿Son nulos el literal f) del numeral 1 y el literal g) del numeral 2 de la Circular Externa No. 006 del 7 de junio de 2007, por infringir de manera directa lo previsto por el artículo 15 de la ley 79 de 1988, al exigir un requisito adicional para el reconocimiento y funcionamiento de las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado, como es la constancia de la autorización del Régimen de Trabajo y de Compensaciones expedida por el Ministerio de la Protección Social?

Se demandaron el literal f) del numeral 1), el literal g) del numeral 2) y la parte final del numeral 3) de la Circular Externa No. 006 del 7 de junio de 2007, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por la cual se aclaran las instrucciones dadas en la Circular 005 de 2007, en relación con los artículos 7 y 9 del Decreto 4588 del 27 de diciembre de 2006, en lo referente al reconocimiento, funcionamiento y plazo para adecuar estatutos y regímenes de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado; por vulnerar los artículos 4, 14, 23 y 209 constitucionales y los artículos 15,19 y 20 de la Ley 79 de 1988.
  (2016-12-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

SILENCIO ADMINISTRATIVO EN TRAMITES DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO EN EL AMBITO COOPERATIVO – Aplicacion / VIOLACION AL DERECHO DE PETICION.
  • Síntesis del caso:
¿El apartado final del numeral 3 de la Circular Externa No. 006 del 7 de junio de 2007, al excluir la aplicación del silencio administrativo en las actuaciones de reconocimiento y registro que se adelantan ante la Superintendencia de la Economía Solidaria, vulnera el derecho de petición?

Tesis 2: “Las normas sobre silencio administrativo previstas por la legislación general procesal administrativa (artículos 40 y 41 del CCA y 84-86 del CPACA) además de constituir un aspecto central del procedimiento administrativo (rectius tener incidencia directa sobre el derecho al debido proceso que garantiza el artículo 29 Superior), tienen también un claro vínculo con la garantía del derecho fundamental proclamado por el artículo 23 de la Carta.

Por ende, al disponer el apartado final del numeral 3 de la circular censurada que en el caso específico de las actuaciones de reconocimiento de las CTAs y PTAs y de registro de sus actos “no opera el silencio administrativo”, el acto acusado no solo desconoce lo previsto de manera general por la legislación procesal administrativa general, que a falta de una regulación legal especial impone el sometimiento a sus disposiciones (artículo 1 del CCA y artículo 2 del CPACA), sino que además supone una vulneración al derecho fundamental de petición.”.
  (2016-12-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

El competente para analizar la legalidad de un acto administrativo y determinar si se debe conceder una pension de jubilacion o no, cuando se trate de un servidor publico, es el juez de lo contencioso administrativo y no el juez de tutela.
  • Problema jurídico 1:
¿Puede un juez de tutela reconocer una pensión de jubilación?
  • Problema jurídico 2:
¿Es posible determinar si se perdió el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en virtud del traslado que realizó el 1 de julio del 2000 del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad y retornar nuevamente al régimen de prima media con prestación definida?
  • Problema jurídico 3:
¿Es posible reliquidar una pensión de jubilación cuando no se es beneficiario del régimen de transición?
  (2016-12-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


CUOTA ALIMENTARIA - Definicion; embargo de cesantias:
  • El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente, a dar lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios.
En el caso que nos ocupa, la situación de dependencia e indefensión del actor se mantiene y la violación a sus derechos fundamentales no ha cesado.

En el caso que nos ocupa, la vulneración al derecho alimentario es el no pago de una fracción del mismo (35% de la cesantía definitiva del señor Luis Aurelio Álvarez Rosero), pero que en conjunto se utiliza para solventar necesidades permanentes de la calidad de estudiante del actor.

Lo anterior impide considerar que el daño se encuentra consumado, pues los hechos demuestran que la condición de dependiente no ha sido superada, por lo tanto la acción de tutela, en éste caso, es procedente.

En tal sentido, cuando exista una orden de embargo en materia laboral contra uno de los empleados o funcionarios de la Rama, cada que se ordene un traslado de cuentas en materia de pensiones y cesantías se debe remitir con la correspondiente constancia del embargo existente. Por tal razón, se prevendrá a la Dirección Ejecutiva y a las seccionales de Administración Judicial para que en el futuro tomen las medidas que sean del caso.
  (2016-11-25) [Mas Información]
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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
Sentencia No 52951
08/09/2016

Accion de nulidad y restablecimiento del derecho.
  • CONSIDERACIONES DE LA SALA:
En los términos del recurso de apelación presentado por la sociedad Estrategia Temporal S.A., la Sala decidirá si se ajustan a derecho la Liquidación Oficial de Revisión No. 1309DDI476187 del 23 de diciembre de 2009, dictada por la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, mediante la que se modificaron las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la contribuyente por los bimestres 2,3,4,5 y 6 de 2007, y la Resolución No. DDI001519 del 25 de enero de 2011, que confirmó la anterior.
  • Problema jurídico
El problema jurídico se contrae a decidir si la demandante, que es una empresa de servicios temporales, debió incluir en la base gravable del impuesto de industria y comercio los montos reconocidos a sus trabajadores en misión por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales.
  (2016-11-23) [Mas Información]
Consejo de Estado

La falta de cotizaciones, o su mora en el pago, en nada afectan la calidad de afiliado del trabajador al sistema de seguridad social, como tampoco es dable confundir el acto juridico de la afiliacion con el de la cotizacion.
    Consulta:
Más aún, la falta de pago de cotizaciones al sistema o la mora en su cubrimiento, no son omisiones atribuibles al trabajador, por manera que por el mero hecho de contar con la calidad de afiliado bien puede exigir de aquél las prestaciones a que tenga derecho al cumplir las exigencias propias de cada uno, sin que le sea imputable el incumplimiento de su empleador.

De contera, no es el empleador el llamado a cubrir las dichas prestaciones.”
  (2016-08-31) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sala Plena


Para reconocer la indemnizacion moratoria por el no pago oportuno de cesantias, no es necesario contar con la correspondiente partida presupuestal, toda vez que el articulo 2º la Ley 244 de 1995 no exige dicho requisito.
    Síntesis del caso:
La Sala Quince Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado decidió el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la actora contra la sentencia de 15 de julio de 2004, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación, en la cual se afirmó que para reconocer la indemnización moratoria por el no pago oportuno de cesantías, era necesario contar con la correspondiente partida presupuestal.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


La prescripcion de la sancion moratoria por el pago tardio de las cesantias definitivas opera de manera autonoma dado que no esta atada al derecho principal.
    Síntesis del caso:
Esta Sala considera que la posición expuesta amerita unas precisiones:
  • Si se tiene en cuenta la finalidad del auxilio de cesantías, es decir, que el trabajador cuente con una suma de dinero que le permita afrontar una situación de desempleo, mal haría el juez al sancionar al particular por el no ejercicio de su derecho cuando continúa prestando sus servicios, pues a través de la mencionada prestación social se busca precisamente su protección con posterioridad a la terminación del vínculo laboral.


  • Además de lo anterior, las prestaciones sociales son derechos que en materia laboral se consideran mínimos e irrenunciables.
No obstante lo anterior, esta Sala de Subsección se permite aclarar que no ocurre lo mismo con la sanción moratoria puesto que la misma no constituye un mínimo en materia laboral y aunque está relacionada con la consignación de las cesantías, es una sanción independiente, por lo que se puede reclamar de manera directa.

En consecuencia, la prescripción de la sanción no está atada a la del derecho principal, sino que opera de manera autónoma.

  (2016-08-30) [Mas Información]
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Congreso de la Republica
Sección Cuarta


Ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley que pretende ampliar la licencia de maternidad.
    “Por medio del cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones” acumulado con el proyecto de ley 103 de 2015 Cámara, “Por medio de la cual se reforman los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
La iniciativa busca garantizar condiciones efectivas para que los padres (padre y madre) puedan compartir el mayor tiempo posible con sus hijos durante los primeros meses de vida posteriores a la gestación.

En tal sentido, las condiciones están dadas en términos de tiempo disponible para el compartir de la familia aumentando la licencia que -en virtud de la ley- tiene la madre, pasando de un periodo de catorce (14) a dieciocho (18) semanas, y el padre, pasando de ocho (8) a quince (15) días.

  (2016-05-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


El Director General de la DIAN en calidad de Administrador del programa de promociOn e incentivos al desempeNo no puede utilizar los recursos del programa para el pago de estimulos economicos por desempeño laboral.
    Síntesis del caso:
Se declara la nulidad de los artículos 3º, 8º y 12 de la Resolución 5062 de 2011, expedida por el Director General de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque resulta contrario a la Constitución fijar incentivos económicos a favor de los funcionarios públicos por el desempeño de sus funciones.

Determinar la legalidad de los artículos 3º, 8º y 12 de la Resolución No. 005062 del 6 de mayo de 2011, esto es, si el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN tiene competencia para establecer los parámetros para el reconocimiento y pago del incentivo por desempeño grupal, al desempeño en fiscalización y cobranzas y por desempeño nacional en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales creados en el Decreto 1268 de 1999, atribuyendo en las normas acusadas al Comité del Programa de Promoción e Incentivos al Desempeño de la entidad, lo concerniente al porcentaje de asignación de dichos incentivos en función del cumplimiento de las metas de recaudo nacionales y la disponibilidad presupuestal, conforme a los criterios allí establecidos.

  (2016-05-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


El fenomeno juridico de la prescripcion opera aun cuando en el asunto objeto de debate se reclaman las prestaciones derivadas de un contrato realidad.
    No es posible ordenar el pago de algunos derechos salariales y prestacionales porque estos se encuentran prescritos al no reclamarse oportunamente (tres (3) años contados desde que finaliza la relación contractual).
Extracto:

Esta Sección en repetidas oportunidades se ha pronunciado con el fin de señalar que la sentencia por la cual la que declara la existencia de la relación laboral, tiene el carácter de una sentencia constitutiva del derecho, por lo que en principio no habría lugar a sancionar al beneficiario con la prescripción del derecho que se reclama.

Sin embargo, tampoco puede pasarse por alto que dicha solicitud debe realizarse por el interesado dentro de un término prudencial que no puede exceder el de la prescripción de los derechos prestacionales y salariales, es decir, tres (3) años contados desde que finaliza la relación contractual, so pena de que prescriban los derechos salariales y prestacionales que se puedan derivar de la relación laboral.

A juicio de la Sala, para resolver cualquier controversia que se pueda suscitar sobre este asunto, debe establecerse en primer lugar si se configuraron los elementos propios de una relación laboral con el fin de dar aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53 de la Constitución Política.

En otras palabras, quiere decir lo expuesto que aunque a simple vista se pueda concluir que no es posible ordenar el pago de algunos derechos salariales y prestacionales porque estos se encuentran prescritos al no reclamarse oportunamente; el juez de conocimiento debe estudiar la procedencia o no de la declaratoria de la relación laboral, toda vez que de esta se deriva la existencia de derechos pensionales que son imprescriptibles.

  (2016-04-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


El reconocimiento y la liquidacion de prestaciones sociales debe producirse dentro de un plazo razonado y la falta de documentos dentro de la solicitud no es obice para el no pago.
    La administración omitió el cumplimiento de los términos establecidos en la ley para el reconocimiento de las cesantías reclamadas por la demandante, es decir, los 15 días para expedir el acto de reconocimiento y 5 más que corresponden al término de la ejecutoria.
  • Síntesis del caso:
La señora Yaneth Mojica Arango acudió ante esta jurisdicción a fin de controvertir la legalidad de la Resolución No 0226 de febrero 13 de 2012, por medio de la cual, el Municipio de Barrancabermeja ordena el pago de las prestaciones sociales de la accionante y de la Resolución No 1313 del 18 de mayo de 2012 que resolvió el recurso de reposición incoado contra la Resolución 0226 de 2012; así como también, del acto presunto derivado del silencio administrativo constituido por la no contestación al recurso de apelación interpuesto contra la primigenia resolución.
  • Extracto:
Está demostrado que la administración omitió el cumplimiento de los términos establecidos en la ley para el reconocimiento de las cesantías reclamadas por la demandante, es decir, los 15 días para expedir el acto de reconocimiento y 5 más que corresponden al término de la ejecutoria. No sucedió lo mismo respecto del pago, como quiera que las referidas cesantías fueron canceladas dentro de los 45 días de que trata la norma.

No se compadece con el sentido de la normatividad mencionada que la indemnización por la falta de pago oportuno de cesantías se genere sólo ante el incumplimiento del término de 45 días contados a partir del momento en que se encuentre en firme el acto administrativo que las reconozca, porque se dejaría desamparado al ex servidor en el evento en que la administración tarde más de los 15 días para expedirlo, tal como ocurrió en el asunto bajo estudio, en el que, el municipio de Barrancabermeja permitió que trascurriera 327 días sin pronunciarse respecto de la solicitud de liquidación de las prestaciones reclamadas por la accionante.

  (2016-04-08) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Primera


Por considerar que al no otorgar caracter salarial al incentivo por desempeño grupal en la DIAN, se desmejora el salario de los servidores pUblicos de la Planta de Personal de la entidad, se declara la nulidad parcial del artIculo 8 del Decreto 4050 de 2008.
    Bajo la apariencia de un “incentivo”, que como su nombre lo dice pretende estimular al empleado con una retribución económica “adicional”, desmejoró el salario de los empleados pertenecientes a la entidad aludida.
Síntesis del caso:

Se demanda la nulidad parcial del artículo 8 del Decreto 4050 de 2008, expedido por el gobierno nacional, por el cual se consagra el reconocimiento del incentivo por desempeño grupal a favor de los servidores públicos de la Planta de Personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Extracto:

Dentro del régimen jurídico anterior a la Carta Política como en el transcurrir de esta, el concepto de prima, entendido como tal cualquier “incentivo” que se le dé a un trabajador de manera habitual y como contraprestación de su labor, como ocurre en este caso, debe significar ineludiblemente un fenómeno retributivo de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público, que no puede desconocerse ni desnaturalizarse cercenándole el carácter de factor salarial.

Teniendo en cuenta entonces que la naturaleza del “incentivo” en estudio es netamente salarial y que la misma la recibe el empleado público de la planta de personal de la DIAN de manera habitual, periódica y como contraprestación directa de su despliegue laboral, para la Sala resulta claro que el Ejecutivo al expedir el decreto demandado desbordó su poder, por cuanto bajo la apariencia de un “incentivo”, que como su nombre lo dice pretende estimular al empleado con una retribución económica “adicional”, desmejoró el salario de los empleados pertenecientes a la entidad aludida.

  (2016-04-07) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 6565

EMPLEO DE DIRECCION Y CONFIANZA - Diferencias.
    Sí existen cortapisas a la facultad de las Juntas Directivas de las empresas industriales y comerciales del Estado, para clasificar como empleados públicos a algunos de los servidores de esas instituciones.
Todo empleo de la administración pública demanda para su ejercicio algún grado de confianza, independientemente de que sea o no desempeñado por un empleado público o por un trabajador oficial, pues al atribuir a alguien la ejecución de una actividad por modesta que ella sea, dado que el éxito de la gestión administrativa depende del esfuerzo mancomunado de la totalidad de quienes conforman la respectiva institución, implica otorgar a quien la ejecuta un cierto grado de credibilidad en su eficiencia y responsabilidad para el desempeño de la misma.

Mas esta clase de confianza no es la que, en términos del artículo 5o. del Decreto 3135 de 1968, permite sustraer de la clasificación general de trabajadores oficiales a algunos servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado, para otorgarles el rango de empleados públicos, sino aquella particular que se requiere en los servidores que actúan en función no simplemente ejecutiva, sino de conexión, coordinación de políticas empresariales, que ostentan facultades jerárquicas usualmente superiores a las del trabajador ordinario y que muchas veces los colocan en posibilidad de recibir delegación de quienes representan la dirección de las empresas.
  (2016-02-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 11001-03-25-000-2005-00251-00(10108-05)

CONTRATO DE APRENDIZAJE - Quienes se encuentran obligados a su celebracion.
    La Ley 789 de 2002 y el Decreto 933 de 2003 disponen que están obligadas a contratar aprendices:

    Las empresas privadas, naturales o jurídicas que desarrollen cualquier tipo de actividad económica.
Las entidades públicas expresamente señaladas en tales disposiciones (del orden nacional y departamental como empresas públicas, establecimientos públicos, empresas sociales del Estado; empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta).

Observa la Sala que si bien la Ley 789 de 2002 y el decreto 933 de 2003 utilizan los términos "empresa" y "empleador" al referirse a los obligados a contratar aprendices, y que de acuerdo con la jurisprudencia el término empresa debe entenderse en su "sentido lato", lo cierto es que las empresas privadas, deben desarrollar una actividad económica, diferente de la construcción y ocupar un número de trabajadores no inferior a 15.

La actividad económica es aquella dirigida a la producción, transformación y distribución de bienes y servicios. Elemento fundamental dentro del concepto de empresa.
  (2016-02-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 73001-23-31-000-2002-92320-01(1033-07)

ACTAS DEL TRIBUNAL MEDICO LABORAL - Son actos definitivos si impiden continuar la actuacion.
    Al respecto habrá que decir que esta Sección ha determinado que las actas del Tribunal Médico Laboral son actos definitivos en la medida en que impiden seguir adelante con la actuación.
por tanto, si el acto en mención frena al afectado para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez, como sucede en este caso, no se le puede dar el calificativo de simple acto de trámite.

El anterior postulado tiene su asidero en el Decreto 1796 de 2000 que regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral y aspectos sobre indemnizaciones, incapacidades, pensión por invalidez e informes administrativos de lesiones de los miembros de la Fuerza Pública, alumnos, personal civil y los uniformados.
  (2016-02-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 3393

SINDICATO - Afiliacion / TRABAJADOR - Prohibicion.
    El artículo 360 del C. S. T. prohíbe la afiliación de los trabajadores a más de un sindicato de la misma clase, y también de la misma actividad, entendiendo por tal la actividad de las empresas ante las cuales los sindicatos van a actuar.
Es lógico deducir que la actividad a la cual se refiere, es la de las empresas donde funciona el sindicato del cual es miembro el trabajador que pretende conformar otro que tiene que ver con la misma actividad.

Si el asunto se analiza desde el punto de vista de la representación sindical, en caso de que pudiera haber trabajadores de una misma empresa afiliados a varios sindicatos que actúan en ella, resultaría imposible establecer cuál es el que tiene mayor número de afiliados, puesto que no se sabría en cual de ellos contar a quienes pertenecen a más de uno.
  (2016-02-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 25000-23-25-000-2003-04450-01(1836-05)

Las decisiones del Tribunal Medico-Laboral de Revision Militar y de Policia son irrevocables y obligatorias y contra ellas solo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes.
    Consideró el Tribunal que el actor ha debido solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez y negada ésta, acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en demanda de estos actos, pues los actos demandados no ponen término al proceso o actuación administrativa.
La Sala disiente de la decisión tomada en la providencia apelada por lo siguiente:
  • Para tener derecho a la pensión de invalidez, las normas aplicables a las F.F.M.M, señalan un porcentaje de disminución de la capacidad superior al 75%.
En el presente caso, en el acta de Junta Médica Laboral No 1559 de 18 de junio de 2000, como ya se dijo, se determinó que el actor había sufrido una disminución de la capacidad laboral equivalente al 37%, no imputable al servicio.

En dicho acto, se informó que contra el mismo, procedía el recurso de solicitar convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar, a cuya interposición procedió el actor. Por lo anterior, se expidió el Acta de dicho Tribunal No 2059 de 10 de julio de 2002, en la que se notificó lo decidido en la anterior resolución, y no se le informó al actor de la posibilidad de interponer algún otro recurso.
  (2016-01-14) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 76001-23-31-000-2007-01376-01(1408-09)

ACTA DE JUNTA MEDICA LABORAL - Es un acto de tramite que impide seguir la actuacion. Impugnacion. Procedencia.
    RECHAZO DE LA DEMANDA - Improcedencia frente a acto de trámite que impide seguir actuación. Es demandable / ACTO DE TRAMITE - Es susceptible de demanda cuando impide seguir la actuación.
Los actos expedidos por la Junta Médica Laboral y recurridos ante el Tribunal Médico Laboral, en cuanto determinan una incapacidad inferior a la requerida para tener derecho a la pensión de invalidez, son actos de trámite que impiden seguir adelante con la actuación administrativa.
  (2016-01-14) [Mas Información]
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