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Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 13001-23-31-000-2001-01343-01(2199-10)

PRESTACIONES SOCIALES - No se pueden desconocer aprovechando la crítica situación financiera.
    DERECHOS Y GARANTIAS LABORALES - Prestaciones sociales.
Si la Entidad demandada excluye alguna de sus acreencias, se estaría aprovechando de su crítica situación financiera y desconociendo el espíritu de la figura de saneamiento económico que contiene la Ley 550 de 1990, en cuanto no garantiza la equidad en el Acuerdo.

Debe resaltarse que la finalidad del Acuerdo de reestructuración de pasivos, es proteger las obligaciones adquiridas con justo título, lo que permite afirmar que de ninguna forma le es factible desconocer alguna de dichas obligaciones.

Finalmente, en sentencia, destacó que cuando se vulneran derechos y garantías laborales que no están circunscritas en el contenido de los Acuerdos, dichas convenciones devienen en inconstitucionales, por lo que es procedente que este se inaplique por inconstitucional en los casos en que se evidencia que con los mismos se evade el pago de prestaciones sociales preexistentes.
  (2015-12-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 13001-23-31-000-2001-01343-01(2199-10)

PRESTACIONES SOCIALES - Deben ser reconocidas en el proceso de reestructuracion.
    PRESTACIONES SOCIALES - Deben ser reconocidas en el proceso de reestructuración
A pesar que la Empresa entró en proceso de reestructuración, no aportó los documentos necesarios para demostrar la inclusión de las acreencias laborales del actor dentro del acuerdo de reestructuración y poder reclamar ante el promotor sus acreencias laborales, motivo por el cual y de conformidad con la jurisprudencia transcrita deviene inconstitucional, pues no puede cercenar los derechos de los trabajadores que no consintieron en su aprobación ni desconocer derechos preexistentes, por lo tanto, se procederá a inaplicarlo por inconstitucional.

Así las cosas y de conformidad con lo expuesto, la entidad demandada deberá reconocer y pagar lo referente a los salarios y prestaciones sociales legales y no convencionales al actor, pues como lo señaló el Tribunal Administrativo de Bolívar al estar demostrado la condición de empleado público no lo cobija la convención colectiva, las cuales serán debidamente indexadas, salvo lo relacionado con el auxilio de cesantías definitivas pues como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia no es posible acceder al reconocimiento de indexación y la sanción por el no pago de las cesantías señaladas la Ley 244 de 1995, por considerar incompatibles estas dos figuras, en tanto una y otra obedecen a la misma causa.
  (2015-12-18) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 13001-23-31-000-2001-01343-01(2199-10)
SANCION MORATORIA - No pago del auxilio de cesantia. Un dia de salario por cada dia de retardo.
    La Ley 244 de 1995 artículos 1 y 2 prevé los términos legales con que cuenta la Administración para la liquidación y pago de las cesantías, imponiendo una sanción moratoria por su incumplimiento.
Dicho articulado reitera que tanto los términos para el pago de la prestación como los de la contabilización de la sanción moratoria son aplicables cuando se solicita la liquidación definitiva del auxilio de cesantía.

De igual manera ante la ausencia de pronunciamiento sobre la liquidación de las cesantías definitivas deben contarse los términos en la forma indicada.

Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, dejó en claro a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantía y su agotamiento en la vía gubernativa.
  (2015-12-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO - Es deducible por ser un pago laboral.
    Para tener derecho a la deducción debió acreditar el pago de los aportes parafiscales, según el artículo 108 del Estatuto Tributario.
El artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, en lo pertinente, dispone que tampoco (constituyen salario) las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones de servicios o de navidad.

Como se observa, la bonificación tiene una parte proyectada a cubrir cualquier posible concepto que hubiere quedado pendiente o surgiera eventualmente en virtud de la relación laboral que existió. Esa diferencia laboral incluiría cualquier concepto, entre otros, salario o prestaciones.

Lo anterior lo confirma el hecho de que la ex trabajadora declare enteramente a la compañía "a paz y salvo por todo concepto de carácter salarial, prestacional o indemnizatorio eventual que pudiera corresponderle […]".

Como lo señaló la Sala en sentencia del 19 de agosto de 2010, donde se discutió un asunto similar al presente, en materia laboral debe primar la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, por lo tanto, aún cuando se hubiera estipulado en el Acuerdo Conciliatorio que esa bonificación no era constitutiva de salario, lo cierto es que su finalidad sí era cobijar todos aquellos pagos laborales, incluidos los salarios, que por alguna eventualidad pudieran causarse a favor del trabajador, de ahí que una vez recibida la bonificación, el ex trabajador declaraba a paz y salvo a la empresa por todo concepto laboral, incluidos los salarios.

En consecuencia, así se hubiera denominado "Bonificación adicional no constitutiva de salario", lo cierto es que no se ajusta a esa naturaleza, pues comprende y cubre, no sólo indemnización y prestaciones, sino salarios eventualmente adeudados al ex trabajador mientras estuvo vigente la relación laboral.

Como parte de la bonificación por retiro sí tenía carácter salarial, no tiene efectos para este fallo que se hubiera denominado como "no constitutiva de salario" en el acta de liquidación, por lo tanto, para tener derecho a la deducción debió acreditar el pago de los aportes parafiscales, según el artículo 108 del Estatuto Tributario.
  (2015-11-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


DEDUCCION DE PAGOS LABORALES INDIRECTOS - Procedencia. No es requisito que estos se pague a todos los trabajadores de la empresa sino que sean permanentes.
    MEDICINA PREPAGADA - Es deducible por ser una expensa necesaria.
Para la deducción de estos pagos indirectos, sobre los cuales ya se determinó el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, se requiere, además, que se acredite, en primer lugar, que sobre tales pagos indirectos se efectuó retención en la fuente o, que no se efectuó porque los pagos no excedieron el valor promedio que se reconoció a la generalidad de los trabajadores de la respectiva empresa por tales conceptos y siempre y cuando correspondieron a programas permanentes.

Para la Sala, la norma no exige que el programa se reconozca a la totalidad de los trabajadores de la empresa, sino que sea permanente y que cualquier trabajador pueda acceder a él, sin exclusión por cargo o por alguna condición especial y, que de la generalidad de los trabajadores que pertenecen a ese programa se establezca el promedio base de la exclusión.

Esto demuestra que el beneficio se otorgaba a la generalidad de los empleados, sin distinción de cargo o dignidad y era un programa permanente, es decir, cualquiera podía acceder a él en cualquier momento. Sobre este tema, si bien la DIAN primero advirtió que la exclusión estaba dada "solo en el promedio que resultara de sumar el total de esos pagos y dividirlos por el número de trabajadores beneficiados con el programa respectivo", pues "un promedio se calcula sumando la totalidad de algo y dividiendo ésta en el número de partes que lo componen" consideró que la actora no cumplía las exigencias del artículo 5 del Decreto 3750 de 1986 para la exclusión de la retención en la fuente, porque los pagos no se realizaban a la generalidad de los trabajadores de la empresa, como se podía observar del desglose acumulado de la nómina, con el que se corroboraba que únicamente se les efectuaba el descuento del 40% del pago que debían asumir por medicina prepagada a los empleados identificados en la relación.

Es decir, asimiló el concepto de "generalidad de los trabajadores que pertenecían al programa" con la generalidad o totalidad de los empleados de la empresa, incluyendo un requisito no previsto en la norma para efectos de establecer el promedio.
  (2015-11-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


PAGOS OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD - No constituyen salario.
    INDEMNIZACION POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA - No es una expensa necesaria.
El artículo 108 del Estatuto Tributario regula la deducción de salarios y si bien se ha señalado, conforme con la jurisprudencia que se ha citado en esta providencia, que existen ciertos pagos laborales que aun cuando no sean salarios, podrían ser deducibles, estos deben cumplir con los requisitos de las expensas necesarias para su aceptación. Este es el caso de las indemnizaciones legales, entre ellas, la de retiro por despido sin justa causa.

Según las normas laborales, entre ellas, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte (primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, etc.).

Y no son salario, según el 128 ibídem, las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones (gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y similares).

Tampoco las prestaciones sociales, ni los beneficios o auxilios acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie. Bajo las anteriores definiciones, para la Sala las indemnizaciones por despido no son salario, pues su pago no obedece a la contraprestación directa del servicio, que por lo demás ya terminó; sino, al resarcimiento de los perjuicios causados al trabajador por el incumplimiento del empleador de lo pactado en el contrato.

En efecto, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo señala que "[…] En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización […]".
  (2015-11-18) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


ACREENCIA LABORAL - Procede reconocerla cuando la Entidad demandada no realiza ninguna actividad de defensa.
    OBLIGACION LABORAL EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION - No se encuentra demostrada su inclusión y por lo tanto si era procedente la acción judicial.
De otra parte, en el recurso de apelación, se indica que la acción judicial no resultaba procedente habida cuenta que el MUNICIPIO DE RIOHACHA se sometió a la Ley 550 de 1999 lo cual "implicaba un tratamiento especial en juicios como el presente".

Al expediente, no se allegó el anexo a que se hace referencia en el párrafo anterior en orden a establecer si la deuda contraída por el MUNICIPIO DE RIOHACHA con el actor se estimó como una obligación que al ser reconocida en el acuerdo de reestructuración impedía el inicio de acciones legales.

Además, la Sala aprecia que con los elementos obrantes en el expediente, se infiere que la entidad demandada no consideró la discutida obligación laboral como parte del acuerdo de reestructuración, aserto que fluye al examinar la afirmación del apoderado de la entidad demandada consignada en el Acta de Audiencia de Conciliación obrante a los folios 59 a 60, en la cual se indica que no le es posible presentar fórmula conciliatoria habida cuenta que respecto de las obligaciones anteriores al 31 de agosto de 2000, se requiere: "la autorización previa del Comité de Vigilancia".

En este orden de ideas, el mentado cargo no está llamado a prosperar. En tercer lugar, se expresa que se allega con el recurso de apelación una probanza expedida por la Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal de fecha 3 de junio de 2004 donde consta que al actor se le adeudan varias acreencias, las cuales no se han pagado porque el interesado "no ha reportado cuenta bancaria donde se le deben consignar".
  (2015-11-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


ACEPTACION DE RENUNCIA - Efectos sobre liquidación de cesantía definitiva.
    RELIQUIDACION DE CESANTIA DEFINITIVA - No reconocimiento. Ultimo empleador encargado del pago.
Las consecuencias de un acto, un hecho o una omisión jurídicos se juzga a la luz de las normas, actos, hechos y omisiones existentes en el momento de ocurrir uno de aquellos, de tal manera que las normas, actos, hechos u omisiones posteriores no lo pueden afectar.

Aquí, para la Sala es evidente que cuando se expidió el 5 de marzo de 1997 la resolución 159 acusada, el último empleador del demandante fue el Departamento, como consecuencia de que a partir del 18 de diciembre cesó su vinculación con la Contraloría y recobró fuerza ejecutoria el nombramiento como docente en el Departamento hasta el 31 de diciembre siguiente en que le fue aceptada la renuncia.

Y la expedición posterior (6 de marzo 1997) del decreto 0445 obviamente no puede afectar la validez de la referida resolución 159. Finalmente, la Sala pone de presente que no es de su resorte pronunciarse sobre las eventuales obligaciones del Departamento, precisamente porque los actos acusados fueron expedidos por la Contraloría y no por aquel.
  (2015-11-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


RENUNCIA AL CARGO - El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando.
    ACEPTACION DE RENUNCIA - Procedente. No desvirtuada la legalidad del acto.
La normatividad aplicable al caso presente es el decreto 2400 de 1968 y sus reglamentarios. La renuncia es entonces una forma legítima de desvinculación de la administración pública prevista para empleados de libre nombramiento y remoción y para empleados de carrera administrativa.

Su fundamento se halla en la libertad para escoger profesión u oficio que la Constitución garantiza en el artículo 26. El decreto 1950 de 1973 reglamentario del 2400 de 1968, señala las condiciones de validez de la renuncia de servidores públicos.

Esas situaciones tratándose de un acto jurídico, es decir de una manifestación de voluntad que produce efectos en derecho - ello es la renuncia -, son los vicios en el consentimiento de quien se manifiesta: error, fuerza o coacción física o moral y dolo. Corresponde entonces al demandante aportar las pruebas pertinentes y suficientes que acrediten la existencia de dichos vicios que determinan la falta de espontaneidad del acto.
  (2015-11-12) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


ACCION DE TUTELA - Procedente para controvertir decisiones de traslado laboral, sólo en circunstancias graves y extraordinarias.
    ACCION DE TUTELA POR TRASLADO LABORAL - Improcedente. La ley prevé taxativamente la posibilidad de acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
En reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación, se ha considerado que la acción de tutela es improcedente para controvertir decisiones de traslado laboral, pues la ley prevé taxativamente la posibilidad de acudir ante lo contencioso administrativo, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como el mecanismo judicial idóneo para obtener las declaraciones que pretende el tutelante, en este caso, el regreso al cargo que ocupaba antes de ser reubicado.

No obstante, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991 admite la viabilidad de la acción de tutela, cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, aún en presencia de medios judiciales ordinarios de protección; a renglón seguido, el mismo numeral dispone que la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

La Corte Constitucional mediante sentencia T-965 de 2000, ha señalado tres reglas para obtener, a través de la acción de tutela, la modificación de una decisión de la administración sobre traslados laborales. De conformidad con la Resolución 0067 de 22 de enero de 2007, en la cual el Contralor General de la República señaló los motivos para reubicar algunos empleados de la planta de personal, no es evidente o notorio que la decisión de rotar o reubicar a varios funcionarios de la planta de personal de la Contraloría haya sido arbitraria, caprichosa e intempestiva como para acceder transitoriamente al amparo de tutela deprecado.
  (2015-11-12) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


RENUNCIA - Debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo.
    ACOSO LABORAL - Creación de ambiente de trabajo hostil / ACOSO LABORAL - Retiro de funciones.
Observa la Sala, que las motivaciones expuestas por el actor en su escrito de renuncia, encuentran su sustento en las pruebas documentales y testimoniales allegadas al proceso, de donde se colige que fue objeto de acoso laboral por parte del Jefe de Departamento de Planeación del Municipio de Neiva, quien se dedicó a crearle un ambiente de trabajo hostil.

Consistente en ordenar que la correspondencia y todas las actuaciones realizadas por aquel, fueran revisadas por otros funcionarios en aras de buscar indicios o pruebas de su supuesta corrupción, en entregarle memorandos por sus ausencias al trabajo en horas laborales, cuando lo manifestado por los testigos, da cuenta que evidentemente el ejercicio del cargo que desempeñaba, requería ausentarse de la oficina y especialmente, en suspenderle las funciones que desempeñaba como Jefe de la Sección de Interventoría y Control de Garantía del Departamento de Planeación Municipal, a partir del 2 de junio de 1998, aduciendo deslealtad en la confianza depositada por aquel y señalando que en el desarrollo de sus funciones, "posiblemente" se estaban pretermitiendo actuaciones necesarias dentro de los trámites correspondientes.

Así, las declaraciones de los señores Rojas Uribe, Correa Polanía, López Daza y Pérez Morales, coinciden en afirmar que dentro del tedioso ambiente de trabajo en el que se encontraba el actor, llegó un momento en el jefe de planeación les ordenó a las arquitectas Corredor y Pérez, la revisión de todas las actuaciones realizadas por aquel, tratando de encontrar presuntas irregularidades en su actuar y aun así, pese a no encontrarse ninguna, el jefe de planeación procedió a retirarle sus funciones, tal y como lo manifestó la última declarante.
  (2015-11-11) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


RENUNCIA - Concepto. Reiteración jurisprudencial / DIAS HABILES - Se suprimen los feriados y los de vacancias.
    RETIRO DEL SERVICIO - Renuncia voluntaria
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, renunciar es el acto de "Dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, o del derecho a ello", desde el punto de vista legal y jurisprudencial ha sido concebida como aquella en la que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando.

Otra de las definiciones que ha adoptado esta Corporación es la siguiente: "… la renuncia es un acto espontáneo y voluntario por excelencia, nacido de la libre facultad intrínseca que posee la persona de hacerlo o no hacerlo. Si no cumplen estas condiciones, es indudable que aquélla carece de tales elementos y está, por tanto, viciada y no puede producir los efectos que sufría una dimisión presentada sin coacciones de ninguna especie".

Al examinar la norma en comento, se puede concluir que la renuncia es una forma legítima de desvinculación de la administración pública prevista no solamente para empleados de libre nombramiento y remoción, sino que también, para empleados de carrera administrativa.
  (2015-11-11) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


ACEPTACION DE RENUNCIA - Procedente. Una sugerencia no genera coacción o constreñimiento. Insinuación de la dimisión no es sinónimo de constreñimiento o intimidación.
    RENUNCIA AL CARGO - Debe ser libre y espontánea. Inexistencia de presiones.
En cuanto a la legalidad del escrito de renuncia definitiva: En primer lugar dirá la Sala que el escrito de renuncia no es un acto administrativo y, por lo tanto, no es enjuiciable ante esta jurisdicción. El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando.

Así, pues, esa renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente, ajena a todo vicio de fuerza o engaño. Para la Sala resulta evidente que, de conformidad con las normas citadas, formalmente sí se estructuraron los requisitos indispensables para que la dimisión de la actora surtiera todos sus efectos, como lo es principalmente: presentación escrita, libre y espontánea, y la aceptación también escrita, por parte de la autoridad competente para ello.

No es acertado este argumento, porque una sugerencia no genera coacción o constreñimiento de tal naturaleza que obligue a la persona compelida a actuar de una determinada forma. Sobre este punto, se ha reiterado que: por un lado, no es suficiente la simple sugerencia que haga al nominador de presentar la dimisión, ya que es necesario que se evidencie un componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno de la empleada fue invadido de tal manera que su capacidad de decisión se ve truncada, al punto que indefectiblemente se ve compelida a renunciar y, por otro, tratándose de empleos como el que ocupaba la actora la insinuación de la dimisión no es sinónimo de constreñimiento o intimidación, máxime cuando las condiciones intelectuales de la funcionaria le permitían elegir libremente entre rehusarse o presentar la carta de renuncia.
  (2015-11-10) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


RENUNCIA AL CARGO - Empleado de libre nombramiento y remoción. Se considera protocolaria ante cambio de administración sin que se desconozca el buen servicio.
    CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION - Legalidad de la petición de renuncia.
La controversia se centra en dilucidar si la autoridad nominadora ejerció indebida presión contra el actor para que presentara renuncia al cargo que desempeñaba y si la renuncia fue aceptada irregularmente. Nótese que el cargo que ocupaba el actor en el Ministerio pertenece al nivel Asesor en grado 16, considerado como uno de los más altos dentro de su escala; y que de acuerdo con la certificación expedida por la entidad a ese cargo se le asignan funciones importantes de absoluta confianza, como la de asesorar a la Secretaría General en la formulación de políticas y toma de decisiones, entre otras, en materia administrativa, financiera y contractual.

La Sala considera que frente a estos cargos la solicitud de la renuncia es válida y la insinuación de la misma es un mecanismo más bien protocolario encaminado a evitar la insubsistencia, teniendo en cuenta, además que el actor accedió al servicio mediante nombramiento en provisionalidad y que no le asiste el fuero de inamovilidad propio de quienes ingresan al servicio mediante concurso de meritos.

Además, en reiterada jurisprudencia de la Subseción A de la Sección Segunda de esta Corporación la simple insinuación o solicitud de renuncia por sí misma no constituye una coacción invencible que elimine el acto voluntario porque frente a dichas propuestas, el empleado puede desechar la oferta, insinuación o solicitud sin que ello le acarree consecuencias desfavorables.
  (2015-11-10) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


RENUNCIA PROVOCADA - Configuración. No fue resultado de su voluntad libre y espontánea.
    ACEPTACION DE RENUNCIA - Improcedencia por persecución laboral.
El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando. De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante la modalidad en estudio, la dimisión ha de tener su origen o su fuente generatriz en el libre, franco y espontáneo impulso psíquico y querer del sujeto, que descifran su plena voluntad.

Así, pues, esa renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente, ajena a todo vicio de fuerza o engaño. La extensa prueba testimonial y documental, recaudada en los diferentes trámites administrativos adelantados contra la actora y en el curso de este proceso, pone en evidencia que la demandante fue objeto de una persecución laboral, la cual culminó con una calificación insatisfactoria de servicios que hacía inminente su retiro de la administración, a través de la declaratoria de insubsistencia.

En el caso particular, se observa que la demandante además de tratar de asumir la enorme carga laboral impuesta en términos perentorios, sin las directrices y recursos necesarios, debía afrontar la devolución y reasignación constante de su trabajo, más las investigaciones disciplinarias que cursaban en su contra: rindiendo versiones libres, atendiendo las visitas administrativas que se practicaban, aportando las comisiones, delegaciones y poderes de que fue objeto, pidiendo pruebas etc.; todo lo anterior, hacía que humanamente fuera imposible cumplir con las labores encomendadas, perjudicándose en últimas los intereses de la administración.

En conclusión, la dimisión de la demandante fue el resultado de la persecución gradual de que fue objeto, la cual culminó con una calificación insatisfactoria que hacia latente su declaratoria de insubsistencia. Declaratoria, que de haber ocurrido, sería nociva pues suscitaría dudas respecto de su desempeño profesional.
  (2015-11-09) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


ACEPTACION DE RENUNCIA - Inexistencia de presiones indebidas para que el actor presentara su renuncia. Se trata de un funcionario del nivel directivo y la sugerencia de la dimisión obedeció a permitirle al Director elegir libremente a sus colaboradores inmediatos.
    RENUNCIA - Legalidad de la aceptación de renuncia a un cargo directivo.
El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando. Este postulado no es más que el desarrollo de la consagración constitucional contenida en el artículo 26, que prescribe que "Toda persona es libre de escoger profesión u oficio".

Su consagración legal se encuentra en los artículos 27 del Decreto 2400 de 1968 y 112 del Decreto 1950 de 1973, que prescriben como requisito de tal acto unilateral la manifestación inequívoca y escrita, presupuestos sin los cuales quedaría desnaturalizado, por ser de su esencia el compromiso de la facultad volitiva del individuo.

La renuncia siempre va precedida de un motivo, expreso o no; no es esta circunstancia la que vicia la aceptación, sino el hecho de que ese motivo haya sido gestado por la entidad con el fin de quebrar el libre arbitrio y provocar el retiro del empleado.

No es suficiente, ni siquiera, la simple insinuación que haga al nominador de presentar la dimisión; es necesario que se evidencie un componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno del empleado fue invadido de tal manera que su capacidad de decisión se ve truncada, al punto que indefectiblemente se ve compelido a renunciar.

En los cargos de confianza, como lo es el del Jefe de la División de Recursos Físicos, bien puede aceptarse la insinuación de la renuncia, pues sabido es que tales cargos implican compromisos mayores de los cuales no pueden sustraerse los servidores estatales que los desempeñen, debido, precisamente, a la potestad que indiscutiblemente tiene quien lleva la titularidad como cabeza de la entidad, para mantener en los cargos de su inmediata colaboración a quienes coinciden con las políticas que se han trazado en la entidad.
  (2015-11-09) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


ACEPTACION DE RENUNCIA - Inexistencia de presiones indebidas .
    RETIRO COMPENSADO - El ofrecimiento de bonificaciones para el retiro fue un instrumento de persuasión legítimo.
Teniendo en cuenta que el acto mediante el cual se le ofreció al demandante el Programa de Retiro Compensado o sea el Oficio RVEP/1362 goza de la presunción de legalidad, todas las acusaciones de la demanda tendientes a demostrar que el referido Programa es violatorio del orden jurídico, quedan sin ningún fundamento, amén de que el ofrecimiento de aquellas dos bonificaciones antes que medio de coacción, constreñimiento o presión para doblegar la voluntad libre del empleado, no es mas que un instrumento de persuasión o convencimiento legítimo, que lejos de perjudicarlo lo favoreció en la suma de $3.725.203.58, entre otras razones porque si el actor no estaba amparado por algún fuero, a la administración le habría bastado declararle insubsistente su nombramiento y se habría ahorrado esa no despreciable cantidad de dinero.

De otro lado, si la desviación de poder consiste en que el acto administrativo es expedido por un motivo diferente al que expresa o implícitamente exige la norma atributiva de la competencia, como bien lo dijo el Tribunal, en el expediente no obra prueba alguna tendiente a demostrar ese elemento subjetivo del acto que lo haya viciado de nulidad.

Y en cuanto a la presunta violación de los artículos 84 y 85 del CCA, la Sala una vez mas advierte que tales normas no es posible que sean transgredidas por la administración, sino por quienes tienen que aplicarlas o interpretarlas, vale decir por los jueces de esta jurisdicción.
  (2015-11-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


RENUNCIA AL CARGO - Debe ser libre y espontánea. La efectuada por presiones amerita nulidad del acto que la aceptó.
    RENUNCIA PROVOCADA - Configuración. El actor fue trasladado no por necesidades del servicio sino por represalias.
La litis se centra en determinar si la aceptación de la renuncia contrarió o no el ordenamiento jurídico, porque - según el actor - no puede calificarse de libre y espontánea cuando fue presionada por la misma entidad.

Si el actor había sido comisionado para intervenir en audiencia especial de juzgamiento en Bogotá, se pregunta la Sala porqué de un momento a otro se consideró la posibilidad de trasladarlo pero para una ciudad diferente, cuando no mediaba requerimiento alguno en ese sentido.

En tal caso, está probado que el traslado obedeció a una represalia por no haber asumido el actor - de manera imprudente, se repite - un cometido de naturaleza judicial sumamente delicado y, en consecuencia, puede afirmarse que no fueron necesidades del servicio las que primaron en su desplazamiento.

En cuanto a su idoneidad, los declarantes dan buena cuenta de su ejercicio como funcionario judicial (Fiscal), con ventaja profesional y personal sobre los demás, manejo oportuno de procesos y providencias claras y razonadas, además con evaluaciones satisfactorias.

Circunstancias de modo, tiempo y lugar como las anteriores, llevan a esta Sala a deducir que la renuncia no obedeció a su libre y espontánea voluntad, pues las pruebas traídas a este proceso indican claramente que no tenía la más mínima intención de separarse del cargo, dada su vocación de servicio y entrega al mismo, sino que su dimisión fue producto del apremio de la administración que comprometió derechos fundamentales no solo del trabajador sino de la persona, por el simple capricho de algunos funcionarios de poner en entredicho su ejercicio profesional.
  (2015-11-06) [Mas Información]
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA


ACCIDENTE DE TRABAJO - Requisitos.
    Para que exista accidente de trabajo, se requiere que además de una relación laboral entre el siniestrado y una entidad oficial, concurran tres elementos:
  • Un suceso imprevisto y repentino, de orden externo, es decir, extraño al organismo de quien lo sufre y de naturaleza violenta o traumática.

  • Una lesión o perturbación funcional en el organismo de la víctima, como consecuencia de ese hecho y que produce incapacidad o muerte.

  • Nexo de causalidad o de ocasionalidad entre el trabajo y el hecho externo que originó el daño corporal. Ausencia de dolo y de culpa grave del trabajador o empleado en la realización del accidente.
En el caso de autos, aún cuando no se ha probado que el deceso del causante hubiera ocurrido por causa del trabajo, sí puede afirmarse que por haber ocurrido mientras laboraba y en el sitio en que normalmente debía hacerlo, se presume que acaeció con ocasión del trabajo.

Así las cosas, correspondía a la Administración desvirtuar la presunción, aportando pruebas de la falta de conexidad o de hechos exonerativos de responsabilidad. Máxime cuando los servicios del trabajador se prestaban en una zona violenta y por tanto de alto riesgo.
  (2015-10-23) [Mas Información]
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA


Solicitud indemnización por muerte en accidente de trabajo y pensión de jubilación, procedencia parcial.
Como se anotó en los antecedentes, fueron dos los derechos reclamados en el libelo inicial, el derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación correspondiente al señor Miguel Angel Vásquez Mejía sustituida en cabeza de la actora, como cónyuge superstite; y el reconocimiento de la indemnización por muerte en accidente de trabajo del mismo causante.

El derecho al reconocimiento y sustitución pensional fue negado por el Tribunal y la parte actora no impugnó tal decisión, razón por la cual este aspecto no es materia de estudio ni de pronunciamiento distinto a su confirmación, en esta instancia.

El derecho al reconocimiento de la indemnización por muerte en accidente de trabajo fue acogido por el a-quo y es materia del recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Bello contra la sentencia de primera instancia, motivo por el cual esta pretensión es el objeto del presente recurso. advierte la Sala que el Municipio de Bello en primera instancia solicitó llamar en garantía a la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., petición a la cual accedió el Tribunal pero no se llevó a cabo la notificación de la misma, sin que la administración hubiera insistido en ella. Cumplida la notificación a la aseguradora "SEGUROS DEL ESTADO S.A."
  (2015-10-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Quinta


DERECHO A LA SALUD
ACCIDENTE DE TRABAJO
ATENCION MEDICA EN EL DOMICILIO
Tratándose de afiliada a la Caja, que por accidente de trabajo se encuentra en situación de invalidez, dependiendo del tratamiento que se le dé para que se produzca su eventual recuperación, y a más de ello madre de tres menores que requieren su orientación y protección permanentes, no es aceptable que se la invite a viajar a esta capital para obtener el tratamiento requerido y muchos menos a que sufrague los costos de los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, etc., para luego cancelar el valor de ellos tan pronto se presenten y, claro, se encuentren satisfactorias las correspondientes facturas.

La acción ha sido propuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable dada la naturaleza de la lesión orgánica y fisiológica que sufre.

Conforme a la respuesta dada por la Caja de Previsión Social del Tolima, son indudables sus obligaciones para con la tutelante, quien tiene derecho a que se le atienda en el lugar de su residencia que es el mismo donde prestó sus servicios laborales. -

Ese derecho es tutelable precisamente porque en tanto la reclamante de los servicios asistenciales médicos, farmacéuticos, quirúrgicos, etc. No logre superar la condición de invalidez en que se halla, no es dable que pueda desarrollar su vida en forma normal y ni siquiera desempeñarse física, sicológica y socialmente en condiciones que le permitan atender al mínimo de sus necesidades.
  (2015-10-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


ABANDO DE CARGO - Recuento normativo.
CERTIFICADO DE INCAPACIDAD MEDICA - Prueba idónea
JUSTA CAUSA - No fue tenida en cuenta.
Previo a declarar la vacancia del cargo el Contralor General de Norte de Santander no permitió al actor exponer sus razones, aportar las pruebas que considerara pertinentes y controvertir las aducidas en su contra, esto es, el informe del Subcontralor, impidiéndole ejercer su derecho de defensa y contradicción, vulnerándole así el debido proceso, el cual debe garantizarse en las actuaciones administrativas que afecten a particulares, según lo dispuesto por el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo y aun cuando el demandante aportó el certificado de incapacidad médica y con ello justificó su inasistencia, desvirtuando así la configuración de la causal invocada para declarar la vacancia del cargo, el nominador mantuvo la decisión al resolver el recurso de reposición.

En el recurso de apelación la Contraloría General de Norte de Santander señala que las pruebas tenidas en cuenta y valoradas por el a quo en el fallo de primera instancia, no prueban la justa causa del actor para ausentarse de su lugar del trabajo por más de tres días, pues la llamada telefónica a la que se hace alusión no puede tenerse como una justificación de la ausencia del actor y los testimonios "sospechosos" rendidos no comportan la suficiente contundencia para que se pueda determinar que la ausencia fuera justificada.
  (2015-10-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


PROYECTO DE CORRECCION DE DECLARACION - Debe aceptarse cuando se presentó dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para declarar.
    SOLICITUD DE CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA - Su rechazo no se ajusta a derecho cuando se fundamenta en aspectos de fondo

    FACULTAD DE REVISION DE LA DIAN - Procede aún cuando ha proferido la liquidación oficial de revisión.
La Sala observa que la actuación administrativa no se ajusta a derecho, pues fundamentó el rechazo de la solicitud de corrección en aspectos de fondo denunciados por el contribuyente, y así desconoce de plano que la actora cumplió con los requisitos formales preceptuados en el artículo 589 ib. para la procedencia de la corrección, presupuestos que no fueron cuestionados por el ente fiscal.

Por tanto, como la accionante atendió los presupuestos exigidos por la Ley para corregir su declaración de renta y complementarios de 1997, ya que presentó la solicitud el 6 de abril de 1999 dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para declarar (16 de abril de 1998 Dto. 3049 de 1997) y allegó el proyecto de corrección respectivo, es procedente su aceptación.

Ahora bien, si la Administración pretendía cuestionar de fondo los rubros modificados de la declaración tributaria en cuanto al acervo probatorio que lo respaldaba, debió aplicar el inciso segundo del artículo 589 del Estatuto Tributario con la expedición de la liquidación oficial de corrección, para posteriormente utilizar la facultad de revisión establecida en los artículos 702 a 712 del mismo ordenamiento.
  (2015-08-10) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


SALUDCOOP EPS vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, salud e igualdad del recién nacido, al negar el reconocimiento y pago de la licencia de paternidad.

Síntesis del caso:
El actor interpone acción de tutela en representación de su hijo recién nacido en contra de SALUDCOOP E.P.S., al considerar que la negativa en el reconocimiento y pago de la licencia de paternidad, vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, salud e igualdad.
Rincon del Mar


  (2015-04-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-03899-01(AC)
05/02/2015

ACCION DE TUTELA - Improcedente para cuestionar actos administrativos de carácter laboral .

Se precisa en primer lugar que la acción de tutela no procede para atacar actos administrativos de carácter laboral, pues para tal fin el ordenamiento jurídico ha creado acciones ordinarias, que son consideradas como medios idóneos para la protección de los derechos.

Es decir, que ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial diferentes a la tutela, esta acción constitucional se torna improcedente, salvo que se instaure como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se trate de un sujeto de especial protección o la acción ordinaria no sea idónea y eficaz para el amparo de los derechos.

Corresponde referirse concretamente al estatus de prepensionado, el cual ha sido protegido en varias ocasiones por esta Corporación y por la Corte Constitucional, en ejercicio de la acción de tutela, dada la especial condición de quienes tienen una expectativa legítima de que se les reconozca la pensión de vejez.

Para el caso de la implementación del régimen de carrera en una entidad pública, después de adelantado un concurso, es necesario que los nominadores, previo a empezar a nombrar, en periodo de prueba, a quienes figuran en la lista de elegibles, verifiquen si quienes ocupan en provisionalidad los cargos a proveer no sean sujetos de especial protección, como los prepensionados, pues esa condición impide que estos últimos puedan desvincularse de la entidad en forma inmediata.

Los servidores que demuestren que están próximos a pensionarse, entiéndase que se refiere a quienes les falte 3 años o menos para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación, entre otros requisitos, tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada según lo ordena el Decreto 3905 de 2009.
Rincon del Mar


  (2015-04-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-03899-01(AC)
05/02/2015

AMPARO TRANSITORIO DE LOS DERECHOS AL TRABAJO, ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMO VITAL - Especial protección de las personas con calidad de prepensionados.

La actora impugnó la decisión de primera instancia al considerar que el a quo debía, no solo amparar el derecho de petición, sino los demás derechos invocados y, en consecuencia, pidió que se suspendiera provisionalmente la decisión que la retiró del servicio, mientras es incluida en nómina de pensionados…

En el sub lite se advierte que los documentos aportados demuestran la condición de pre pensionada, pues la señora Realpe Ibarra tiene 58 años y 1.109, 31 semanas cotizadas -sin contar el bono pensional al que tiene derecho por haber laborado en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A..

Esa calidad no fue discutida por la entidad nominadora, por el contrario fue reconocida al reportarla a la CNSC en el año 2009 y al pedir la suspensión de la lista de elegibles. De manera que no es consecuente la decisión de declarar insubsistente el nombramiento de la señora Realpe Ibarra, ya que la calidad de prepensionada otorga un tratamiento especial a la persona que desempeña un cargo en provisionalidad, en el entendido de que la entidad empleadora no puede desvincularla hasta cuando sea incluida en nómina de pensionados.

Ese tratamiento surge de lo dispuesto en el Decreto 3905 de 2009, según el cual quien está próximo a pensionarse, esto es que le falten tres (3) años o menos para adquirir ese derecho, tiene una estabilidad laboral reforzada.
Rincon del Mar


  (2015-04-08) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La sanción moratoria no surge a partir de la cancelación efectiva de la cesantía ni de la terminación de la relación legal y reglamentaria, sino que se causa desde el día siguiente a aquel en que se incumple el deber de consignar el valor que corresponda en la cuenta individual del trabajador.

Síntesis del caso:
La señora Zunilda Cecilia Meza Ortiz solicitó se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio SG-012-001-0064-09 de 19 de noviembre de 2009, expedido por el Secretario General de la Contraloría Distrital de Barranquilla, que negó la solicitud de pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías correspondientes a los años 2001 – 2006 y el oficio DSH – 1403 de 12 de noviembre de 2009, suscrito por la Secretaria de Hacienda Distrital de Barranquilla, que negó la misma solicitud.
Rincon del Mar


  (2015-03-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Tercera

    El Ministerio de la Protección Social al aprobar el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa EDATEL S.A. E.S.P, omitió el estudio de los requisitos de la Ley 1010 de 2006 de acoso laboral, por lo que se declara la nulidad de la Resolución 1122 del 17 de julio de 2007.
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    Se demandó de esta Corporación la nulidad de la Resolución 1122 del 17 de julio de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social (hoy del Trabajo) por medio de la cual revocó la Resolución 02147 del 15 de diciembre de 2006 y aprobó el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa Edatel S.A. E.S.P.
No desconoce la Sala que respecto de la inclusión del artículo 51 de la Ley 789 de 2002 o jornada flexible al reglamento Interno de Trabajo, esta Corporación ha señalado que por ser una norma de obligatorio cumplimiento es una modificación meramente formal, que para su adopción no requería de la intervención de los trabajadores de la empresa EDATEL S.A. E.S.P. y se consideran incorporados en los Reglamentos Internos de Trabajo la reforma contenida en la Ley 789 de 2002, sin necesidad de tramitar su aprobación ante el Ministerio de Protección Social.

No sucede lo mismo con la inclusión de la Ley 1010 de 2006 de acoso laboral, pues para la inclusión del acoso laboral en el reglamento interno de trabajo, se hace necesario determinar si en efecto se estableció un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores, es decir, su inclusión en el reglamento interno de trabajo no es formal, pues no reproduce lo previsto por el legislador y se hace necesario el estudio de los requisitos por parte del Ministerio para su aprobación, lo que no sucedió en el presente asunto, comoquiera que la Resolución demandada omite por completo el estudio de los requisitos y los documentos aportados.

Conforme a los planteamientos antes expuestos, resulta claro que el Ministerio de la Protección Social al aprobar el Reglamento Interno de Trabajo en los aspectos aludidos no obró conforme a derecho, lo que permite concluir que se vulneraron los principios citados por la parte demandante como violados, porque no se ajusta, en cuando al contenido y la forma, a los fines que busca el legislador y menoscaba los derechos adquiridos de los trabajadores y las garantías laborales que los cobijan.
  (2015-02-25) [Mas Información]
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Sección Tercera

    Inadmisión en concurso de méritos por omisión de la firma en el formulario de inscripción.
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    El requisito de la firma en el formulario de inscripción no puede ser considerada como un formalismo, pues ella se exige como prueba del juramento.
El problema jurídico del que se ocupa la Sala, consiste en establecer la legalidad de las listas de admitidos y no admitidos al concurso convocado por la Unidad de Carrera de la Fiscalía General de la Nación para proveer cargos de Fiscal delegado ante Jueces Penales del Circuito y el mismo cargo pero ante Jueces Penales Municipales, publicadas el 16 de enero de 2008 y 15 de abril de 2008, en las que se le incluyó al demandante en la lista de no admitidos.

Extracto: El requisito de la firma en el formulario de inscripción no puede ser considerada como un formalismo, pues ella se exige como prueba del juramento que el participante presta en torno a 3 aspectos, a saber:
  • i) que el participante no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño del cargo al que aspira;

  • ii) que el concursante conoce y acepta los términos de las convocatorias a las que se inscribió y

  • iii) que la información que consignó en el formulario es veraz y puede ser sometida a verificación.
Aunado a lo anterior, conocedora la demandante de las normas que regían el concurso de méritos en que pretendía participar, debía saber que la omisión de la firma implicaba inadmisión al concurso, como taxativamente se indicó en el texto de la convocatoria, dentro de las causales de inadmisión, por lo que mal podría pretender que se aceptara su inscripción sin el cumplimiento de tal requerimiento.
  (2015-02-25) [Mas Información]
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