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Consejo de Estado
Sección Primera

    La empresa no cumplió con la obligación derivada del contrato de trabajo, esto es la satisfacción de las acreencias del actor.
www.pongasealdia.com
    La sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo proscribe una imposición automática o carente de motivación, en atención a que es imperativo examinar las circunstancias subjetivas que permitan establecer si existió o no buena fe.
El debate se centra exclusivamente en determinar si la sanción moratoria que señaló el Tribunal se ajustó al ordenamiento jurídico o si, como lo afirma el censor, se limitó de manera equivocada, dado que las pruebas que denuncia son inequívocas de que no solo existió ausencia de buena fe en la actuación de la empresa, sino que, en todo caso no canceló lo debido a la terminación de la relación laboral, ni menos tiempo después, y que por tales rubros fue que se le impuso condena.

Las pruebas que se denuncian como equivocadamente apreciadas, entre ellas la certificación de folio 292 repetidas en el 293, discrimina los pagos por un total de $ 10.502.733, correspondiente a la liquidación de prestaciones sociales que se efectuó al trabajador luego de terminada su vinculación, así:

$681.066, el 4 de febrero de 2002 con el cheque 606988 de Bancolombia, 18 de febrero de 2002, con el cheque 606995 de Bancolombia $2.000.000, el 31 de mayo de 2002 cheque 3514201 del Banco de Bogotá por $2.000.000, 11 de junio de 2002 cheque 3514221 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 17 de junio de 2002, cheque 3514242 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 2 de julio de 2002 cheque 3969905 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 22 de julio de 2002 cheque 4139673 del Banco de Bogotá por $500.000 y un depósito judicial el 22 de mayo de 2003, por la suma de $2.321.667,00, esto último se corrobora a folios 233 y 234 que corresponden al título, recibido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito; en los folios 294 y 295 obra un documento denominado «finiquito laboral» en el que se discriminan varios conceptos y aparece la suma a pagar, ya reseñada, de $10.317.480, que difirió la empresa en los anteriores títulos valores; ellas dan cuenta de que en verdad al trabajador, la empresa no le pagó sus prestaciones debidamente a la terminación de la relación.

El representante legal de la empresa, al ser cuestionado sobre la reseñada tardanza en la cancelación de la cesantía, respondió «si es cierto que el saldo de las cesantías del demandante para el 31 de diciembre de 2001 era de nueve millones trescientos sesenta y tres mil quinientos treinta y nueve … se han hecho abonos a las cesantías».
  (2014-12-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    El despido de la actora fue injusto, por haber estimado que la actora no conoció los inventarios que le fueron realizados y que no le fue entregado el puesto con la mercancía inventariada, como para atribuirle responsabilidad por los faltantes encontrados por el empleador.
www.pongasealdia.com
Le corresponde a la Sala establecer si el ad quem se equivocó al darle la razón al a quo, en cuanto acogió el razonamiento de que el despido de la actora fue injusto, por haber estimado que la actora no conoció los inventarios que le fueron realizados y que no le fue entregado el puesto con la mercancía inventariada, como para atribuirle responsabilidad por los faltantes encontrados por el empleador.

El ad quem tuvo en cuenta el argumento presentado por la demandada en la apelación sobre que la extrabajadora había reconocido que, con anterioridad, se le habían realizado otros inventarios y que, por lo tanto, contrario al raciocinio del juez de primera instancia, ella sí conocía cual era la mercancía que tenía a su cargo.

Ante lo anterior, el ad quem hizo la precisión de que la empresa no estaba en desacuerdo con la conclusión del a quo en el sentido de que el empleador no había acreditado que a la demandante se le había entregado la mercancía inventariada al inicio del ejercicio de sus funciones; premisa esta que no ha sido refutada, en forma directa, por la recurrente, al igual que tampoco resulta desvirtuada con los reparos formulados en el cargo.

Para el ad quem, si la empresa no le había dado a conocer previamente a la extrabajadora la cantidad de mercancía que ella tenía a su cargo, no le podía imputar luego faltante alguno resultante de un inventario, lo cual resulta razonable y a tono con el derecho de defensa de cualquier persona, dado que, conforme a la lógica, la trabajadora solo podía responder por las cantidades de mercancía que realmente había recibido, entrega que se había podido surtir con la participación de la trabajadora en los inventarios realizados, lo cual, conforme a lo ya visto, no se dio en razón a que estos se hicieron sin su intervención y no se le notificó a la trabajadora, siquiera, el resultado de las cantidades.
  (2014-12-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    La empresa no cumplió con la obligación derivada del contrato de trabajo, esto es la satisfacción de las acreencias del actor.
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    La sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo proscribe una imposición automática o carente de motivación, en atención a que es imperativo examinar las circunstancias subjetivas que permitan establecer si existió o no buena fe.
El debate se centra exclusivamente en determinar si la sanción moratoria que señaló el Tribunal se ajustó al ordenamiento jurídico o si, como lo afirma el censor, se limitó de manera equivocada, dado que las pruebas que denuncia son inequívocas de que no solo existió ausencia de buena fe en la actuación de la empresa, sino que, en todo caso no canceló lo debido a la terminación de la relación laboral, ni menos tiempo después, y que por tales rubros fue que se le impuso condena.

Las pruebas que se denuncian como equivocadamente apreciadas, entre ellas la certificación de folio 292 repetidas en el 293, discrimina los pagos por un total de $ 10.502.733, correspondiente a la liquidación de prestaciones sociales que se efectuó al trabajador luego de terminada su vinculación, así:

$681.066, el 4 de febrero de 2002 con el cheque 606988 de Bancolombia, 18 de febrero de 2002, con el cheque 606995 de Bancolombia $2.000.000, el 31 de mayo de 2002 cheque 3514201 del Banco de Bogotá por $2.000.000, 11 de junio de 2002 cheque 3514221 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 17 de junio de 2002, cheque 3514242 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 2 de julio de 2002 cheque 3969905 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 22 de julio de 2002 cheque 4139673 del Banco de Bogotá por $500.000 y un depósito judicial el 22 de mayo de 2003, por la suma de $2.321.667,00, esto último se corrobora a folios 233 y 234 que corresponden al título, recibido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito; en los folios 294 y 295 obra un documento denominado «finiquito laboral» en el que se discriminan varios conceptos y aparece la suma a pagar, ya reseñada, de $10.317.480, que difirió la empresa en los anteriores títulos valores; ellas dan cuenta de que en verdad al trabajador, la empresa no le pagó sus prestaciones debidamente a la terminación de la relación.

El representante legal de la empresa, al ser cuestionado sobre la reseñada tardanza en la cancelación de la cesantía, respondió «si es cierto que el saldo de las cesantías del demandante para el 31 de diciembre de 2001 era de nueve millones trescientos sesenta y tres mil quinientos treinta y nueve … se han hecho abonos a las cesantías».
  (2014-11-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    La empresa no cumplió con la obligación derivada del contrato de trabajo, esto es la satisfacción de las acreencias del actor.
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    La sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo proscribe una imposición automática o carente de motivación, en atención a que es imperativo examinar las circunstancias subjetivas que permitan establecer si existió o no buena fe.
El debate se centra exclusivamente en determinar si la sanción moratoria que señaló el Tribunal se ajustó al ordenamiento jurídico o si, como lo afirma el censor, se limitó de manera equivocada, dado que las pruebas que denuncia son inequívocas de que no solo existió ausencia de buena fe en la actuación de la empresa, sino que, en todo caso no canceló lo debido a la terminación de la relación laboral, ni menos tiempo después, y que por tales rubros fue que se le impuso condena.

Las pruebas que se denuncian como equivocadamente apreciadas, entre ellas la certificación de folio 292 repetidas en el 293, discrimina los pagos por un total de $ 10.502.733, correspondiente a la liquidación de prestaciones sociales que se efectuó al trabajador luego de terminada su vinculación, así:

$681.066, el 4 de febrero de 2002 con el cheque 606988 de Bancolombia, 18 de febrero de 2002, con el cheque 606995 de Bancolombia $2.000.000, el 31 de mayo de 2002 cheque 3514201 del Banco de Bogotá por $2.000.000, 11 de junio de 2002 cheque 3514221 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 17 de junio de 2002, cheque 3514242 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 2 de julio de 2002 cheque 3969905 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 22 de julio de 2002 cheque 4139673 del Banco de Bogotá por $500.000 y un depósito judicial el 22 de mayo de 2003, por la suma de $2.321.667,00, esto último se corrobora a folios 233 y 234 que corresponden al título, recibido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito; en los folios 294 y 295 obra un documento denominado «finiquito laboral» en el que se discriminan varios conceptos y aparece la suma a pagar, ya reseñada, de $10.317.480, que difirió la empresa en los anteriores títulos valores; ellas dan cuenta de que en verdad al trabajador, la empresa no le pagó sus prestaciones debidamente a la terminación de la relación.

El representante legal de la empresa, al ser cuestionado sobre la reseñada tardanza en la cancelación de la cesantía, respondió «si es cierto que el saldo de las cesantías del demandante para el 31 de diciembre de 2001 era de nueve millones trescientos sesenta y tres mil quinientos treinta y nueve … se han hecho abonos a las cesantías».
  (2014-11-20) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    La historia clínica y su acceso por los familiares del paciente.
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    La historia clínica es un documento privado se define dicho documento como “el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley”.
Problema jurídico.
Sobre la base de los antecedentes reseñados, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si un centro médico y/o los respectivos funcionarios de salud vulneran los derechos de información y acceso a la justicia, al no suministrar a los familiares cercanos el contenido de la historia clínica de los pacientes fallecidos o que se encuentran en grave estado de salud.

Para ello esta Sala reiterará su jurisprudencia en relación con
  • (i) la procedencia de la acción de tutela en relación con la entrega de la historia clínica; y

  • (ii) la historia clínica y su acceso por los familiares del paciente.
El Decreto 3380 de 19817, en su artículo 23, consagra que el “conocimiento que de la historia clínica tengan los auxiliares del médico o de la institución en la cual este labore, no son violatorios del carácter privado y reservado de este”.

En consecuencia, si alguien distinto, así se trate de un familiar cercano del paciente, pretende obtener información contenida en la historia clínica del titular, deberá contar con su aquiescencia y, en su defecto, solicitar a la autoridad judicial competente el levantamiento de la reserva.
  (2014-11-19) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    El despido de la actora fue injusto, por haber estimado que la actora no conoció los inventarios que le fueron realizados y que no le fue entregado el puesto con la mercancía inventariada, como para atribuirle responsabilidad por los faltantes encontrados por el empleador.
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Le corresponde a la Sala establecer si el ad quem se equivocó al darle la razón al a quo, en cuanto acogió el razonamiento de que el despido de la actora fue injusto, por haber estimado que la actora no conoció los inventarios que le fueron realizados y que no le fue entregado el puesto con la mercancía inventariada, como para atribuirle responsabilidad por los faltantes encontrados por el empleador.

El ad quem tuvo en cuenta el argumento presentado por la demandada en la apelación sobre que la extrabajadora había reconocido que, con anterioridad, se le habían realizado otros inventarios y que, por lo tanto, contrario al raciocinio del juez de primera instancia, ella sí conocía cual era la mercancía que tenía a su cargo.

Ante lo anterior, el ad quem hizo la precisión de que la empresa no estaba en desacuerdo con la conclusión del a quo en el sentido de que el empleador no había acreditado que a la demandante se le había entregado la mercancía inventariada al inicio del ejercicio de sus funciones; premisa esta que no ha sido refutada, en forma directa, por la recurrente, al igual que tampoco resulta desvirtuada con los reparos formulados en el cargo.

Para el ad quem, si la empresa no le había dado a conocer previamente a la extrabajadora la cantidad de mercancía que ella tenía a su cargo, no le podía imputar luego faltante alguno resultante de un inventario, lo cual resulta razonable y a tono con el derecho de defensa de cualquier persona, dado que, conforme a la lógica, la trabajadora solo podía responder por las cantidades de mercancía que realmente había recibido, entrega que se había podido surtir con la participación de la trabajadora en los inventarios realizados, lo cual, conforme a lo ya visto, no se dio en razón a que estos se hicieron sin su intervención y no se le notificó a la trabajadora, siquiera, el resultado de las cantidades.
  (2014-11-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sala de Consulta

    Las vacaciones pagadas en dinero a la terminación de la relación laboral hacen parte de la base para la liquidación y pago de los aportes parafiscales al SENA, ICFB y Cajas de Compensación Familiar.
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    En esa materia no existe una regla especial o diferenciada en relación con los aportes que las empresas de servicios temporales deben hacer sobre las vacaciones compensadas de los trabajadores en misión.
Síntesis del caso:
El Ministerio de la Protección Social elevó en el año 2010, a la Sala la siguiente consulta:
  • “1-¿Las vacaciones pagadas en dinero a la terminación de la relación laboral, tienen naturaleza jurídica distinta a las vacaciones disfrutadas en tiempo?.
  • 2- ¿Si es que existe diferenciación, las vacaciones pagadas en dinero a la terminación de la relación laboral, deben hacer parte o no de la base de liquidación y pago de aportes parafiscales de todo trabajador?.
  • 3. ¿De no constituir base, existe algún fundamento legal que establezca una excepción para el caso de los trabajadores en misión de las empresas de servicios temporales?.
La Sala estimó que la primera pregunta no presentaba un problema jurídico autónomo sino que, en el entendimiento de la entidad consultante, sería un medio para responder las dos restantes. No obstante, como se observará a lo largo de este concepto, la cuestión relativa a la naturaleza jurídica de las vacaciones desde la perspectiva de los derechos del trabajador, es irrelevante para responder los siguientes dos interrogantes, que son las que constituyen el fondo del asunto consultado.
  (2014-11-12) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Expediente No 1879
    PERIODO DE SUSPENSION DEL CARGO – Reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir.
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    PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES –Término de suspensión.
Como ya se dijo en líneas anteriores, de lo que se trata aquí es de un proceso de responsabilidad legal derivado del hecho cierto de que el actor estuvo suspendido por orden de un fiscal al interior de una investigación de tipo penal que se adelantaba en su contra. Levantada la suspensión por cuenta de que el investigado y juzgado Martin Emilio Berrio Julio fue absuelto al interior del proceso penal, lo procedente es que por aplicación analógica del artículo 158 de la Ley 734 de 2002, dado el principio de favorabilidad que consigna el artículo 53 de la Carta Política en cuanto situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, sea reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho el reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión, cuando la investigación termine con fallo absolutorio.

Nótese que aquí la persona que se cree lesionada en un derecho amparado por una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. (…) Por lo anterior, en este asunto solo se debate el primer tipo de responsabilidad, la derivada de la ley y que es producto de la omisión del pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por el demandante durante el periodo de suspensión de la prestación efectiva del servicio a la entidad demandada, quien es la llamada a restablecer el derecho que efectivamente se lesionó al omitir dicho reconocimiento.

Máxime si como quedó demostrado al interior del proceso, en situación similar la entidad mediante Resolución No. 0148 de 7 de marzo de 2002 había reconocido y ordenado el pago a una funcionaria en su condición de Auxiliar de Servicios Generales 5335-01 de la planta Global de la delegación departamental de Bolívar, los emolumentos dejados de percibir durante el tiempo que duró suspendida por razón de investigación adelantada por la Fiscalía 17 Seccional de Cartagena que finalmente terminó con preclusión de la investigación, luego ante idéntica razón de hecho, idéntica razón de derecho so pena de quebrantar la igualdad de trato en las relaciones jurídicas de la administración.
  (2014-10-15) [Mas Información]
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Sala Tercera de Revisión
Sentencia T-602/10
ACCIÓN DE TUTELA PARA PAGO DE LICENCIA DE MATERNIDAD-Procede pago licencia de maternidad de forma proporcional a las semanas efectivamente cotizadas por la actora al momento del parto.
  • LICENCIA DE MATERNIDAD-Caso en que la peticionaria dejó de cotizar más de dos meses del periodo de gestación y por lo tanto procede el pago proporcional
Consideraciones y Fundamentos
De acuerdo con la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios[4], los requisitos que debe cumplir la trabajadora para que la EPS le pague la licencia de maternidad se pueden resumir, grosso modo, en los siguientes:
  • “(i) que la trabajadora haya cotizado ininterrumpidamente al sistema de seguridad social en salud durante todo el periodo de gestación y
  • (ii) que su empleador (o ella misma, en el caso de las trabajadoras independientes) haya pagado de manera oportuna las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, por lo menos cuatro de los seis meses anteriores a la fecha de causación del derecho”.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido reiteradamente, la procedencia de la acción de tutela y el derecho de las mujeres al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad aun cuando no se cumplan los requisitos establecidos en la regulación, (resumidos en el fundamento anterior) siempre y cuando el mínimo vital, o el del recién nacido se vean vulnerados por el no pago. La vulneración al mínimo vital se ha reconocido cuando la madre devenga un salario mínimo o menos, y se ha presumido cuando el salario es el único medio de subsistencia de la madre.

En tales casos, la jurisprudencia de la Corte ha sido uniforme en aplicar la siguiente regla para ordenar el pago de la licencia de maternidad:
  • (i) cuando una mujer deja de cotizar al SGSSS menos de dos meses del período de gestación, y cumple con las demás condiciones establecidas en la ley y la jurisprudencia, se ordena el pago total de la licencia de maternidad.
  • (ii) cuando una mujer deja de cotizar al SGSSS más de dos meses del período de gestación, y cumple con las demás condiciones establecidas en la ley y la jurisprudencia, se ordena el pago proporcional de la licencia de maternidad al tiempo cotizado.
  (2014-03-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 44001-23-31-000-2000-00697-02(3869-04)
ACREENCIA LABORAL – Procede reconocerla cuando la Entidad demandada no realiza ninguna actividad de defensa.
  • OBLIGACION LABORAL EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION - No se encuentra demostrada su inclusión y por lo tanto si era procedente la acción judicial
    PRUEBA EXTEMPORANEA - No es procedente tenerla en cuenta so pena de incurrir en deslealtad con la parte demandante
La entidad demandada no consideró la discutida obligación laboral como parte del acuerdo de reestructuración, aserto que fluye al examinar la afirmación del apoderado de la entidad demandada consignada en el Acta de Audiencia de Conciliación obrante a los folios 59 a 60, en la cual se indica que no le es posible presentar fórmula conciliatoria habida cuenta que respecto de las obligaciones anteriores al 31 de agosto de 2000, se requiere: "la autorización previa del Comité de Vigilancia".

En este orden de ideas, el mentado cargo no está llamado a prosperar. En tercer lugar, se expresa que se allega con el recurso de apelación una probanza expedida por la Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal de fecha 3 de junio de 2004 donde consta que al actor se le adeudan varias acreencias, las cuales no se han pagado porque el interesado "no ha reportado cuenta bancaria donde se le deben consignar".

La supuesta omisión del actor en recibir la suma que liquidó a su favor la entidad demandada, no le impedía a la jurisdicción efectuar el reconocimiento en la forma como lo hizo, toda vez que ninguna actividad de defensa efectúo el MUNICIPIO DE RIOHACHA tendiente a oponerse al reconocimiento del derecho deprecado.
  (2014-02-14) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 41001-23-31-000-1998-01061-02(0469-11)
RENUNCIA - Debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo.
  • ACOSO LABORAL - Creación de ambiente de trabajo hostil
    ACOSO LABORAL - Retiro de funciones
De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante la modalidad en estudio, la dimisión ha de tener su origen o su fuente generatriz en el libre, franco y espontáneo impulso psíquico y querer del sujeto, que descifran su plena voluntad.

Así pues, esa renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente, ajena a todo vicio de fuerza o engaño. Lo anterior, constituye un desarrollo del derecho de "escogencia de profesión u oficio" contemplado en el artículo 26 de la Constitución Política, según el cual, toda persona es libre de escoger o dejar de lado un oficio u profesión, de acuerdo a sus intereses, sin que existan limitaciones diferentes de aquellas que pretendan salvaguardar la continuidad y buena prestación del servicio.

De manera que, no tendrá efectos legales, aquella dimisión que sólo lo sea en apariencia, en razón de obedecer a circunstancias de presión, provocación o involuntariedad.
  (2014-02-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 23001-23-31-000-1998-1008-01(0137-01)
SEGURO POR MUERTE - No reconocimiento porque no se demostró que el fallecimiento obedeciera a un accidente de trabajo.
  • A partir de la expedición de la ley 100 de 1993 se protege el riesgo de muerte a través de dos sistemas, el general de pensiones y el general de riesgos profesionales, siendo aplicable el primero a muerte causada por razones distintas a las del trabajo y el segundo a la causada con ocasión del mismo.
Debe anotarse la existencia de la ley 776 de 2002 por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales que en su artículo 1° prescribe que todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de dicha ley o del decreto 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el mencionado decreto 1295 de 1994 y la ley 776 de 2002.

Del contexto legal antes descrito concluye la Sala que el seguro por muerte causada en razón de accidente de trabajo y enfermedad profesional dejó de tener aplicación a partir de la entrada en vigencia del sistema general de riesgos profesionales.

Así las cosas, solo serían aplicables las normas que disponían lo concerniente al seguro por muerte en el evento de que se probara que se trató de muerte causada por accidente de trabajo en caso de que se comprobara la favorabilidad para el trabajador o sus causahabientes en la aplicación del Decreto 1295 de 1994 o de las normas anteriores, y la muerte hubiere ocurrido antes del 1º de enero de 1996.
  (2014-02-13) [Mas Información]
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