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Jurisprudencia Laboral

Ver normas por año: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Fuente: Ámbito Jurídico.

Conozca la sentencia que anulo normas de tercerizacion laboral.
    Es evidente que el Gobierno, bajo la excusa de desarrollar el artículo 63 referido, excedió los límites materiales que esta le impuso en su contenido, toda vez que no tenía las facultades legales para extender la figura de intermediación laboral a otras modalidades de contratación.
Luego de cuatro meses de haberse proferido el auto que decretó la suspensión provisional de los efectos de los numerales 4° y 6° del artículo 2.2.3.2.1. del decreto único reglamentario del sector Trabajo (DUR. 1072/15), la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió de fondo el asunto por medio de una sentencia proferida el pasado 6 de julio.

Esta providencia dispuso declarar la nulidad parcial del artículo citado del DUR 1072, en relación a sus numerales 4º y 6º, y levantó la medida cautelar.
  (2017-08-10) [Mas Información]
Consejo de Estado

Proteccion a la maternidad.
    La presente sentencia esta fundado en que el tribuna aplico indevidamente las disposiciones protectoras de la maternidad consignadas en los articulos 239, 240 y 241 del CST.
La diferencia que existe entre la figura de despido como manifestacion de la voluntad unilateral del empleador y la terminacion del contrato por el vencimineto de plazo fijo pactado, como una consecuencia natural y legitima del contrato de trabajo a termino fijo, al amparo de lo establecido en el articulo 61 del CST.
  (2017-07-28) [Mas Información]
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Consejo de Estado

Reconocimiento de su pension de vejez.
    Dejar de contabilizar tiempos cotizados, u omitirlos al momento de hacer la relación de los mismos, supone una alteración de la realidad histórico laboral del trabajador.
Cuando la administración expide un acto administrativo en el que, como en el caso de las pensiones, reconoce o niega un derecho a una persona, genera en ella una situación de confianza legítima en cuanto que la información vertida en dicho documento corresponde a la verdad y por ello se debe estar a lo allí contemplado.

Por ello, cuando la administración, en este caso COLPENSIONES expide un nuevo acto administrativo, en el que si bien incluye nueva información omite por otra que ya había sido consignada en un acto anterior, y que por ser ya un hecho cierto, no cambia su sentido por el pasar del tiempo, causa en el administrado, una sensación de zozobra y desconfianza.
  (2017-07-28) [Mas Información]
Consejo de Estado

Reconocimiento y pago de las cesantias, junto con sus intereses y la sancion moratoria.
    En este caso se constata la afectación al mínimo vital, lo que hace procedente el fondo del asunto, en la medida que la subsistencia digna del actor y su familia se está viendo conculcada por el incumplimiento de la administración distrital.
El actor ha reclamado en vía gubernativa la satisfacción de sus derechos los que en lugar de ser oídos han sido desatendidos por la administración, a pesar de los constantes reclamos, lo que llevó a presentar acción de tutela respecto a la afrenta de sus derechos fundamentales.

En cuanto a la comprobación de un perjuicio irremediable, se debe tener cuenta la condición económica del peticionario y de su familia conformada por una hija de 7 años de edad y su compañera quien se dedica a las labores del hogar.

Si bien es cierto que el actor es un docente activo, que para el año 2013 contaba con una asignación salarial de $1’371.515, está atravesando por una situación económica compleja a partir de las distintas obligaciones crediticias adquiridas.

Por tanto, a pesar de que las cesantías no están destinadas en sí mismas a satisfacer cualquier tipo de necesidad económica, la sanción por la no consignación a tiempo sí constituye una garantía a favor del trabajador en orden a garantizar su derecho, la cual no puede ser desconocida por la parte empleadora y terminar constituyendo un alivio para la especial condición del actor.
  (2017-07-28) [Mas Información]
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Consejo de Estado

Devolucion de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
    La acción de amparo procede cuando el recurrente no cuente, dentro del ordenamiento legal, con un mecanismo judicial al que pueda acudir en procura de obtener solución a la problemática que padece o, existiendo, por las contingencias propias que afronta, no resulta idóneo.
Problema Jurídico

En el presente caso le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión establecer si la entidad demandada vulneró los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social de las demandantes con la determinación de negarles la devolución de saldos aportados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones por intermedio del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en aplicación del literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, pretensión que, a su juicio, les asiste como quiera que acreditan el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 66 de la referida disposición legal.

Para ello, la Sala examinará: (i) la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, (ii) la devolución de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, (iii) interpretación constitucional del literal b del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 y, por último, (iv) el análisis del caso concreto.
  (2017-07-26) [Mas Información]
Consejo de Estado

Es posible el estudio de la presunta mala fe del empleador por no incluir como factor salarial los pagos denunciados.
    El empleador aceptaba no haber tomado esos conceptos como base salarial por tratarse de pagos extralegales no constitutivos de salario, afirmación que también apoyó en los testimonios, en el manual de políticas y beneficios flexibles y en la documental con la que se probaron los pagos realizados.
Es admisible afirmar que su decisión frente a los conceptos denominados «bono de desempeño» y «aporte voluntario a fondo de pensiones», la motivó en la consideración de que no eran constitutivos de salario, no solo en la aplicación del artículo 128 del CST, sino también como aserto después de analizadas algunas pruebas como la cláusula décimo tercera del contrato de trabajo, el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada, el manual de políticas y beneficios flexibles, y los testimonios.
  (2017-07-21) [Mas Información]
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Consejo de Estado

PROHIBICION DE CONTRATAR A TRAVES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO ACTIVIDADES MISIONALES PERMANENTES.
    Problema jurídico:
¿El Gobierno al reglamentar, a través de los apartes normativos demandados, el artículo 63 la Ley 1429 de 2010, que regula lo relacionado con la «contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado», rebasó el límite material que el contenido de dicha norma le imponía?

Tesis: “Los enunciados normativos demandados [numerales 4.º y 6.º del artículo 2.2.3.2.1. del Decreto Reglamentario 1072 de 2015] desbordan materialmente el contenido esencial del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, el cual hace referencia a la prohibición de contratar personal a través de cooperativas de trabajo asociado, ni bajo ninguna otra forma de vinculación de intermediación laboral, para desarrollar actividades misionales permanentes en los sectores público y privado, mientras que la norma reglamentaria, regula aspectos relacionados con la tercerización laboral, dentro de la cual ubica todas los mecanismos legales de intermediación laboral, aspectos estos que no están comprendidos en la referida ley.

Tampoco una lectura sistemática y de conjunto como la que se acaba de realizar, permite encontrar en el resto del articulado de la Ley 1429 de 2010, enunciado normativo alguno referido al tema de la «tercerización laboral» que el Gobierno reguló en el Decreto Reglamentario 583 de 2016, so pretexto de desarrollar aquella.

Así las cosas, para la Ponente es claro en esta etapa procesal, que a través de los apartes normativos demandados del Decreto Reglamentario 583 de 2016, el Gobierno Nacional, con el propósito de desarrollar el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, excedió los límites materiales que la misma ley con su contenido le impuso.”
  (2017-05-25) [Mas Información]
Consejo de Estado

Desvinculacion laboral sin permiso del Ministerio de Trabajo.
    En los contratos de obra o labor contratada el vencimiento del plazo pactado o la culminación de la obra no son razones suficientes para terminar la relación laboral cuando el trabajador se encuentra en situación de debilidad manifiesta.

    En esos casos, el empleador, previamente a la terminación del contrato, debe solicitar autorización al Ministerio del Trabajo, so pena de pagar al trabajador una indemnización.
Problema jurídico:

¿La sociedad DELTEC S.A., vulneró los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la seguridad social, a la estabilidad reforzada y al mínimo vital de la accionante, al dar por terminado su contrato de trabajo por la culminación de la obra y labor contratada, sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo, dada su situación particular de salud y la pérdida de la capacidad laboral del 11,50%?
  (2017-04-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado

Se declara la nulidad el Decreto 2252 de 30 diciembre de 2015 por medio del cual se fijo el salario minimo para el ano 2016.
    Se declara la nulidad el Decreto 2252 de 30 diciembre de 2015 por medio del cual se fijó el salario mínimo para el año 2016 al configurarse la falta de motivación, falencia de carácter sustancial que compromete la legalidad del acto demandado.
Síntesis del caso:

Los demandantes solicitaron la nulidad del Decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015, expedido por el Gobierno Nacional «Por el cual se fija el salario mínimo legal» para el año 2016, por considerar que el incremento del 7% fijado, implica una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo.
  (2017-04-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
PRESTACIONES SOCIALES -
No se pueden desconocer aprovechando la critica situacion financiera.
    DERECHOS Y GARANTIAS LABORALES - Prestaciones sociales.
Si la Entidad demandada excluye alguna de sus acreencias, se estaría aprovechando de su crítica situación financiera y desconociendo el espíritu de la figura de saneamiento económico que contiene la Ley 550 de 1990, en cuanto no garantiza la equidad en el Acuerdo.

Debe resaltarse que la finalidad del Acuerdo de reestructuración de pasivos, es proteger las obligaciones adquiridas con justo título, lo que permite afirmar que de ninguna forma le es factible desconocer alguna de dichas obligaciones.

Finalmente, en sentencia, destacó que cuando se vulneran derechos y garantías laborales que no están circunscritas en el contenido de los Acuerdos, dichas convenciones devienen en inconstitucionales, por lo que es procedente que este se inaplique por inconstitucional en los casos en que se evidencia que con los mismos se evade el pago de prestaciones sociales preexistentes.
  (2017-03-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado

PRESTACIONES SOCIALES
- No se pueden desconocer aprovechando la critica situacion financiera.
    PRESTACIONES SOCIALES - Deben ser reconocidas en el proceso de reestructuración
A pesar que la Empresa entró en proceso de reestructuración, no aportó los documentos necesarios para demostrar la inclusión de las acreencias laborales del actor dentro del acuerdo de reestructuración y poder reclamar ante el promotor sus acreencias laborales, motivo por el cual y de conformidad con la jurisprudencia transcrita deviene inconstitucional, pues no puede cercenar los derechos de los trabajadores que no consintieron en su aprobación ni desconocer derechos preexistentes, por lo tanto, se procederá a inaplicarlo por inconstitucional.

Así las cosas y de conformidad con lo expuesto, la entidad demandada deberá reconocer y pagar lo referente a los salarios y prestaciones sociales legales y no convencionales al actor, pues como lo señaló el Tribunal Administrativo de Bolívar al estar demostrado la condición de empleado público no lo cobija la convención colectiva, las cuales serán debidamente indexadas, salvo lo relacionado con el auxilio de cesantías definitivas pues como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia no es posible acceder al reconocimiento de indexación y la sanción por el no pago de las cesantías señaladas la Ley 244 de 1995, por considerar incompatibles estas dos figuras, en tanto una y otra obedecen a la misma causa.
  (2017-03-27) [Mas Información]
Consejo de Estado

SANCION MORATORIA
- No pago del auxilio de cesantia. Un dia de salario por cada dia de retardo.
    La Ley 244 de 1995 artículos 1 y 2 prevé los términos legales con que cuenta la Administración para la liquidación y pago de las cesantías, imponiendo una sanción moratoria por su incumplimiento.
Dicho articulado reitera que tanto los términos para el pago de la prestación como los de la contabilización de la sanción moratoria son aplicables cuando se solicita la liquidación definitiva del auxilio de cesantía.

De igual manera ante la ausencia de pronunciamiento sobre la liquidación de las cesantías definitivas deben contarse los términos en la forma indicada.

Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, dejó en claro a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantía y su agotamiento en la vía gubernativa.
  (2017-03-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado

ACTA DE JUNTA MEDICA LABORAL - Es un acto de tramite que impide seguir la actuacion. Impugnacion. Procedencia.
    RECHAZO DE LA DEMANDA - Improcedencia frente a acto de trámite que impide seguir actuación. Es demandable / ACTO DE TRAMITE - Es susceptible de demanda cuando impide seguir la actuación.
Los actos expedidos por la Junta Médica Laboral y recurridos ante el Tribunal Médico Laboral, en cuanto determinan una incapacidad inferior a la requerida para tener derecho a la pensión de invalidez, son actos de trámite que impiden seguir adelante con la actuación administrativa.
  (2017-03-27) [Mas Información]
Consejo de Estado.

    El delito de inasistencia alimentaria, por su modalidad dolosa, constituye causal de mala conducta, segun lo preceptuado por el literal g) del articulo 46 del Decreto 2277 de 1979, de la cual se deriva la perdida de la pension gracia.
  • Síntesis del caso:
Se negó el reconocimiento solicitado de la pensión gracia por no cumplir el requisito de la buena conducta establecido en el artículo 4º de la Ley 114 de 1913, dado que el certificado de historia laboral registra una sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por 8 meses y 3 días, sin que se especifique el motivo de la misma, lo cual es confirmado por la resolución mediante la cual se resolvió el recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

Posteriormente, se negó la nueva petición de reconocimiento de la prestación mencionada, con base en los mismos argumentos expuestos en los anteriores actos administrativos, pero en esta ocasión la administración precisó que la negación del derecho obedeció a la mala conducta del docente, tipificada en el literal g) del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, puesto que fue sancionado por el delito de inasistencia alimentaria.

Problema jurídico:
  • ¿El delito de inasistencia alimentaria puede encuadrarse dentro de la causal de mala conducta consagrada en el literal g) del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979 para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia?
  (2017-02-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

Prescripcion trienal de la sancion moratoria en cesantias anualizadas opera aun durante la vigencia del vinculo laboral y se cuenta hacia atras desde la fecha de presentacion de la reclamacion en sede administrativa.
  • Problema jurídico:
¿El término de la prescripción trienal de la sanción moratoria se computa hacia atrás desde la presentación de la reclamación en sede administrativa, aún durante la vigencia de la relación laboral?

Tesis: “La Sala unifica el criterio de que la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación anualizada de cesantías, debe realizarse a partir del momento mismo en que se causa la mora, [15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causaron] so pena de que se aplique la figura extintiva respecto de las porciones de sanción no reclamadas oportunamente, [aún durante la vigencia de la relación laboral]

(…) Como la reclamación de la sanción se radicó el 28 de octubre de 2010, se deben declarar prescritas las porciones de sanción causadas con 3 años de anterioridad, es decir, las generadas antes del 28 de octubre de 2007.La Sala difiere de la fecha determinada por el a quo, [16 de febrero de 2008], a partir de la cual corrió la prescripción, toda vez que tal como se señaló en el recurso, la controversia no está encaminada al reconocimiento y pago de la prestación en sí -las cesantías-, sino de la sanción por mora que surge con ocasión de la falta de oportunidad en la consignación de esa prestación.”
  (2016-12-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

La incorporacion automatica con fundamento en el Decreto 2117 de 1992 de los empleados publicos de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales es inconstitucional.
  • Problema jurídico:
¿Los empleados públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales incorporados automáticamente con fundamento en el Decreto 2117 de 1992, gozan de derechos de carrera y, en consecuencia, pueden ser beneficiarios de prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada?

Tesis: “La Sala unifica su posición en el sentido de precisar que los empleados incorporados a la DIAN automáticamente, por medio del decreto 2117 de 1992, no pueden ser beneficiarios de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, en la medida que no desempeñaron el cargo en propiedad, como quiera que su inscripción en carrera administrativa no se derivó de la superación satisfactoria de un concurso de méritos.”
  (2016-12-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

Conyuge superstite con union conyugal vigente debe acreditar 5 anos de convivencia en cualquier tiempo para lograr reconocimiento de pension de sobrevivientes.
  • Problema jurídico:
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al negarle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por no acreditar 5 años de convivencia en el tiempo inmediatamente anterior a la muerte de su esposo?

Tesis: “En la sentencia de 29 de febrero de 2016 el Tribunal Administrativo Cundinamarca (…) se limitó a hacer un estudio de la normatividad aplicable al asunto planteado sin tener en cuenta la posición sentada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado respecto al tema, razón por la cual no tuvo la oportunidad de efectuar un análisis de la misma para señalar las razones por las cuales, a su juicio, se debía apartar de esa línea y dar una interpretación diferente de la normatividad referida.

Adicionalmente, es claro que la referida corporación judicial interpretó de manera indebida la modificación que introdujo la ley 797 de 2003, en su artículo 13, a los artículos 47 y 74 de la ley 100 de 1993, al exigir un requisito que no se encuentra consagrado en tal normatividad para que el cónyuge supérstite acceda al beneficio pensional reclamado, pues al mismo, simplemente, le basta acreditar 5 años de convivencia durante cualquier tiempo, de tal manera que el error en la aplicación de la norma configura un defecto sustantivo en la providencia acusada”.
  (2016-12-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

Administradoras de Fondos de Pensiones deben responder ante sus afiliados por errores en los datos de la historia laboral y asumen las consecuencias derivadas de los mismos.
  • Síntesis del caso:
La actora solicitó en el año 2013 el reconocimiento de su pensión de vejez ante Colfondos S.A., entidad que le negó la solicitud aduciendo que aún no había completado el monto ahorrado suficiente para obtener el derecho y tampoco tenía el requisito de edad para obtener la devolución de saldos.

Advirtiendo un error en su historia laboral, en la que no se le habían incluido tiempos de cotización efectuados al Instituto de Seguros Sociales, la actora se dirigió a Colpensiones para que se hiciera la correspondiente corrección.

Mientras se resolvía la petición, Colfondos S.A. procedió a hacer la devolución de saldos sin verificar la historia laboral, dinero con el cual la actora se sometió a un tratamiento de salud. En el año 2014, Colpensiones realizó la corrección e informó a la actora que ya se encontraban relacionadas las semanas cotizadas en su momento al ISS.

Ante tal situación, la actora acudió a Colfondos con el fin de que se le expidiera un bono pensional complementario por el tiempo que no fue tenido en cuenta para la devolución de saldos, advirtiendo que la devolución de saldos se hizo de manera apresurada ya que si se hubiera incluído el tiempo cotizado al ISS se habría dado el reconocimiento de su pensión de vejez.

Esta última solicitud no fue respondida por Colfondos S.A. razón por la cual la actora formuló acción de tutela para que se proteja su derecho fundamental de petición.
  (2016-12-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

Para el reconocimiento y funcionamiento de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado no puede exigirse copia del acto de autorizacion del regimen de trabajo asociado y de compensaciones expedido por el Ministerio de la Proteccion Social.
  • Síntesis del caso:
¿Son nulos el literal f) del numeral 1 y el literal g) del numeral 2 de la Circular Externa No. 006 del 7 de junio de 2007, por infringir de manera directa lo previsto por el artículo 15 de la ley 79 de 1988, al exigir un requisito adicional para el reconocimiento y funcionamiento de las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado, como es la constancia de la autorización del Régimen de Trabajo y de Compensaciones expedida por el Ministerio de la Protección Social?

Se demandaron el literal f) del numeral 1), el literal g) del numeral 2) y la parte final del numeral 3) de la Circular Externa No. 006 del 7 de junio de 2007, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por la cual se aclaran las instrucciones dadas en la Circular 005 de 2007, en relación con los artículos 7 y 9 del Decreto 4588 del 27 de diciembre de 2006, en lo referente al reconocimiento, funcionamiento y plazo para adecuar estatutos y regímenes de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado; por vulnerar los artículos 4, 14, 23 y 209 constitucionales y los artículos 15,19 y 20 de la Ley 79 de 1988.
  (2016-12-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

SILENCIO ADMINISTRATIVO EN TRAMITES DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO EN EL AMBITO COOPERATIVO – Aplicacion / VIOLACION AL DERECHO DE PETICION.
  • Síntesis del caso:
¿El apartado final del numeral 3 de la Circular Externa No. 006 del 7 de junio de 2007, al excluir la aplicación del silencio administrativo en las actuaciones de reconocimiento y registro que se adelantan ante la Superintendencia de la Economía Solidaria, vulnera el derecho de petición?

Tesis 2: “Las normas sobre silencio administrativo previstas por la legislación general procesal administrativa (artículos 40 y 41 del CCA y 84-86 del CPACA) además de constituir un aspecto central del procedimiento administrativo (rectius tener incidencia directa sobre el derecho al debido proceso que garantiza el artículo 29 Superior), tienen también un claro vínculo con la garantía del derecho fundamental proclamado por el artículo 23 de la Carta.

Por ende, al disponer el apartado final del numeral 3 de la circular censurada que en el caso específico de las actuaciones de reconocimiento de las CTAs y PTAs y de registro de sus actos “no opera el silencio administrativo”, el acto acusado no solo desconoce lo previsto de manera general por la legislación procesal administrativa general, que a falta de una regulación legal especial impone el sometimiento a sus disposiciones (artículo 1 del CCA y artículo 2 del CPACA), sino que además supone una vulneración al derecho fundamental de petición.”.
  (2016-12-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

El competente para analizar la legalidad de un acto administrativo y determinar si se debe conceder una pension de jubilacion o no, cuando se trate de un servidor publico, es el juez de lo contencioso administrativo y no el juez de tutela.
  • Problema jurídico 1:
¿Puede un juez de tutela reconocer una pensión de jubilación?
  • Problema jurídico 2:
¿Es posible determinar si se perdió el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en virtud del traslado que realizó el 1 de julio del 2000 del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad y retornar nuevamente al régimen de prima media con prestación definida?
  • Problema jurídico 3:
¿Es posible reliquidar una pensión de jubilación cuando no se es beneficiario del régimen de transición?
  (2016-12-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


CUOTA ALIMENTARIA - Definicion; embargo de cesantias:
  • El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente, a dar lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios.
En el caso que nos ocupa, la situación de dependencia e indefensión del actor se mantiene y la violación a sus derechos fundamentales no ha cesado.

En el caso que nos ocupa, la vulneración al derecho alimentario es el no pago de una fracción del mismo (35% de la cesantía definitiva del señor Luis Aurelio Álvarez Rosero), pero que en conjunto se utiliza para solventar necesidades permanentes de la calidad de estudiante del actor.

Lo anterior impide considerar que el daño se encuentra consumado, pues los hechos demuestran que la condición de dependiente no ha sido superada, por lo tanto la acción de tutela, en éste caso, es procedente.

En tal sentido, cuando exista una orden de embargo en materia laboral contra uno de los empleados o funcionarios de la Rama, cada que se ordene un traslado de cuentas en materia de pensiones y cesantías se debe remitir con la correspondiente constancia del embargo existente. Por tal razón, se prevendrá a la Dirección Ejecutiva y a las seccionales de Administración Judicial para que en el futuro tomen las medidas que sean del caso.
  (2016-11-25) [Mas Información]
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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
Sentencia No 52951
08/09/2016

Accion de nulidad y restablecimiento del derecho.
  • CONSIDERACIONES DE LA SALA:
En los términos del recurso de apelación presentado por la sociedad Estrategia Temporal S.A., la Sala decidirá si se ajustan a derecho la Liquidación Oficial de Revisión No. 1309DDI476187 del 23 de diciembre de 2009, dictada por la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, mediante la que se modificaron las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la contribuyente por los bimestres 2,3,4,5 y 6 de 2007, y la Resolución No. DDI001519 del 25 de enero de 2011, que confirmó la anterior.
  • Problema jurídico
El problema jurídico se contrae a decidir si la demandante, que es una empresa de servicios temporales, debió incluir en la base gravable del impuesto de industria y comercio los montos reconocidos a sus trabajadores en misión por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales.
  (2016-11-23) [Mas Información]
Consejo de Estado

La falta de cotizaciones, o su mora en el pago, en nada afectan la calidad de afiliado del trabajador al sistema de seguridad social, como tampoco es dable confundir el acto juridico de la afiliacion con el de la cotizacion.
    Consulta:
Más aún, la falta de pago de cotizaciones al sistema o la mora en su cubrimiento, no son omisiones atribuibles al trabajador, por manera que por el mero hecho de contar con la calidad de afiliado bien puede exigir de aquél las prestaciones a que tenga derecho al cumplir las exigencias propias de cada uno, sin que le sea imputable el incumplimiento de su empleador.

De contera, no es el empleador el llamado a cubrir las dichas prestaciones.”
  (2016-08-31) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sala Plena


Para reconocer la indemnizacion moratoria por el no pago oportuno de cesantias, no es necesario contar con la correspondiente partida presupuestal, toda vez que el articulo 2º la Ley 244 de 1995 no exige dicho requisito.
    Síntesis del caso:
La Sala Quince Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado decidió el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la actora contra la sentencia de 15 de julio de 2004, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación, en la cual se afirmó que para reconocer la indemnización moratoria por el no pago oportuno de cesantías, era necesario contar con la correspondiente partida presupuestal.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


La prescripcion de la sancion moratoria por el pago tardio de las cesantias definitivas opera de manera autonoma dado que no esta atada al derecho principal.
    Síntesis del caso:
Esta Sala considera que la posición expuesta amerita unas precisiones:
  • Si se tiene en cuenta la finalidad del auxilio de cesantías, es decir, que el trabajador cuente con una suma de dinero que le permita afrontar una situación de desempleo, mal haría el juez al sancionar al particular por el no ejercicio de su derecho cuando continúa prestando sus servicios, pues a través de la mencionada prestación social se busca precisamente su protección con posterioridad a la terminación del vínculo laboral.


  • Además de lo anterior, las prestaciones sociales son derechos que en materia laboral se consideran mínimos e irrenunciables.
No obstante lo anterior, esta Sala de Subsección se permite aclarar que no ocurre lo mismo con la sanción moratoria puesto que la misma no constituye un mínimo en materia laboral y aunque está relacionada con la consignación de las cesantías, es una sanción independiente, por lo que se puede reclamar de manera directa.

En consecuencia, la prescripción de la sanción no está atada a la del derecho principal, sino que opera de manera autónoma.

  (2016-08-30) [Mas Información]
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Congreso de la Republica
Sección Cuarta


Ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley que pretende ampliar la licencia de maternidad.
    “Por medio del cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones” acumulado con el proyecto de ley 103 de 2015 Cámara, “Por medio de la cual se reforman los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
La iniciativa busca garantizar condiciones efectivas para que los padres (padre y madre) puedan compartir el mayor tiempo posible con sus hijos durante los primeros meses de vida posteriores a la gestación.

En tal sentido, las condiciones están dadas en términos de tiempo disponible para el compartir de la familia aumentando la licencia que -en virtud de la ley- tiene la madre, pasando de un periodo de catorce (14) a dieciocho (18) semanas, y el padre, pasando de ocho (8) a quince (15) días.

  (2016-05-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


El Director General de la DIAN en calidad de Administrador del programa de promociOn e incentivos al desempeNo no puede utilizar los recursos del programa para el pago de estimulos economicos por desempeño laboral.
    Síntesis del caso:
Se declara la nulidad de los artículos 3º, 8º y 12 de la Resolución 5062 de 2011, expedida por el Director General de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque resulta contrario a la Constitución fijar incentivos económicos a favor de los funcionarios públicos por el desempeño de sus funciones.

Determinar la legalidad de los artículos 3º, 8º y 12 de la Resolución No. 005062 del 6 de mayo de 2011, esto es, si el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN tiene competencia para establecer los parámetros para el reconocimiento y pago del incentivo por desempeño grupal, al desempeño en fiscalización y cobranzas y por desempeño nacional en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales creados en el Decreto 1268 de 1999, atribuyendo en las normas acusadas al Comité del Programa de Promoción e Incentivos al Desempeño de la entidad, lo concerniente al porcentaje de asignación de dichos incentivos en función del cumplimiento de las metas de recaudo nacionales y la disponibilidad presupuestal, conforme a los criterios allí establecidos.

  (2016-05-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


El fenomeno juridico de la prescripcion opera aun cuando en el asunto objeto de debate se reclaman las prestaciones derivadas de un contrato realidad.
    No es posible ordenar el pago de algunos derechos salariales y prestacionales porque estos se encuentran prescritos al no reclamarse oportunamente (tres (3) años contados desde que finaliza la relación contractual).
Extracto:

Esta Sección en repetidas oportunidades se ha pronunciado con el fin de señalar que la sentencia por la cual la que declara la existencia de la relación laboral, tiene el carácter de una sentencia constitutiva del derecho, por lo que en principio no habría lugar a sancionar al beneficiario con la prescripción del derecho que se reclama.

Sin embargo, tampoco puede pasarse por alto que dicha solicitud debe realizarse por el interesado dentro de un término prudencial que no puede exceder el de la prescripción de los derechos prestacionales y salariales, es decir, tres (3) años contados desde que finaliza la relación contractual, so pena de que prescriban los derechos salariales y prestacionales que se puedan derivar de la relación laboral.

A juicio de la Sala, para resolver cualquier controversia que se pueda suscitar sobre este asunto, debe establecerse en primer lugar si se configuraron los elementos propios de una relación laboral con el fin de dar aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53 de la Constitución Política.

En otras palabras, quiere decir lo expuesto que aunque a simple vista se pueda concluir que no es posible ordenar el pago de algunos derechos salariales y prestacionales porque estos se encuentran prescritos al no reclamarse oportunamente; el juez de conocimiento debe estudiar la procedencia o no de la declaratoria de la relación laboral, toda vez que de esta se deriva la existencia de derechos pensionales que son imprescriptibles.

  (2016-04-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


El reconocimiento y la liquidacion de prestaciones sociales debe producirse dentro de un plazo razonado y la falta de documentos dentro de la solicitud no es obice para el no pago.
    La administración omitió el cumplimiento de los términos establecidos en la ley para el reconocimiento de las cesantías reclamadas por la demandante, es decir, los 15 días para expedir el acto de reconocimiento y 5 más que corresponden al término de la ejecutoria.
  • Síntesis del caso:
La señora Yaneth Mojica Arango acudió ante esta jurisdicción a fin de controvertir la legalidad de la Resolución No 0226 de febrero 13 de 2012, por medio de la cual, el Municipio de Barrancabermeja ordena el pago de las prestaciones sociales de la accionante y de la Resolución No 1313 del 18 de mayo de 2012 que resolvió el recurso de reposición incoado contra la Resolución 0226 de 2012; así como también, del acto presunto derivado del silencio administrativo constituido por la no contestación al recurso de apelación interpuesto contra la primigenia resolución.
  • Extracto:
Está demostrado que la administración omitió el cumplimiento de los términos establecidos en la ley para el reconocimiento de las cesantías reclamadas por la demandante, es decir, los 15 días para expedir el acto de reconocimiento y 5 más que corresponden al término de la ejecutoria. No sucedió lo mismo respecto del pago, como quiera que las referidas cesantías fueron canceladas dentro de los 45 días de que trata la norma.

No se compadece con el sentido de la normatividad mencionada que la indemnización por la falta de pago oportuno de cesantías se genere sólo ante el incumplimiento del término de 45 días contados a partir del momento en que se encuentre en firme el acto administrativo que las reconozca, porque se dejaría desamparado al ex servidor en el evento en que la administración tarde más de los 15 días para expedirlo, tal como ocurrió en el asunto bajo estudio, en el que, el municipio de Barrancabermeja permitió que trascurriera 327 días sin pronunciarse respecto de la solicitud de liquidación de las prestaciones reclamadas por la accionante.

  (2016-04-08) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Primera


Por considerar que al no otorgar caracter salarial al incentivo por desempeño grupal en la DIAN, se desmejora el salario de los servidores pUblicos de la Planta de Personal de la entidad, se declara la nulidad parcial del artIculo 8 del Decreto 4050 de 2008.
    Bajo la apariencia de un “incentivo”, que como su nombre lo dice pretende estimular al empleado con una retribución económica “adicional”, desmejoró el salario de los empleados pertenecientes a la entidad aludida.
Síntesis del caso:

Se demanda la nulidad parcial del artículo 8 del Decreto 4050 de 2008, expedido por el gobierno nacional, por el cual se consagra el reconocimiento del incentivo por desempeño grupal a favor de los servidores públicos de la Planta de Personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Extracto:

Dentro del régimen jurídico anterior a la Carta Política como en el transcurrir de esta, el concepto de prima, entendido como tal cualquier “incentivo” que se le dé a un trabajador de manera habitual y como contraprestación de su labor, como ocurre en este caso, debe significar ineludiblemente un fenómeno retributivo de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público, que no puede desconocerse ni desnaturalizarse cercenándole el carácter de factor salarial.

Teniendo en cuenta entonces que la naturaleza del “incentivo” en estudio es netamente salarial y que la misma la recibe el empleado público de la planta de personal de la DIAN de manera habitual, periódica y como contraprestación directa de su despliegue laboral, para la Sala resulta claro que el Ejecutivo al expedir el decreto demandado desbordó su poder, por cuanto bajo la apariencia de un “incentivo”, que como su nombre lo dice pretende estimular al empleado con una retribución económica “adicional”, desmejoró el salario de los empleados pertenecientes a la entidad aludida.

  (2016-04-07) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 6565

EMPLEO DE DIRECCION Y CONFIANZA - Diferencias.
    Sí existen cortapisas a la facultad de las Juntas Directivas de las empresas industriales y comerciales del Estado, para clasificar como empleados públicos a algunos de los servidores de esas instituciones.
Todo empleo de la administración pública demanda para su ejercicio algún grado de confianza, independientemente de que sea o no desempeñado por un empleado público o por un trabajador oficial, pues al atribuir a alguien la ejecución de una actividad por modesta que ella sea, dado que el éxito de la gestión administrativa depende del esfuerzo mancomunado de la totalidad de quienes conforman la respectiva institución, implica otorgar a quien la ejecuta un cierto grado de credibilidad en su eficiencia y responsabilidad para el desempeño de la misma.

Mas esta clase de confianza no es la que, en términos del artículo 5o. del Decreto 3135 de 1968, permite sustraer de la clasificación general de trabajadores oficiales a algunos servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado, para otorgarles el rango de empleados públicos, sino aquella particular que se requiere en los servidores que actúan en función no simplemente ejecutiva, sino de conexión, coordinación de políticas empresariales, que ostentan facultades jerárquicas usualmente superiores a las del trabajador ordinario y que muchas veces los colocan en posibilidad de recibir delegación de quienes representan la dirección de las empresas.
  (2016-02-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 11001-03-25-000-2005-00251-00(10108-05)

CONTRATO DE APRENDIZAJE - Quienes se encuentran obligados a su celebracion.
    La Ley 789 de 2002 y el Decreto 933 de 2003 disponen que están obligadas a contratar aprendices:

    Las empresas privadas, naturales o jurídicas que desarrollen cualquier tipo de actividad económica.
Las entidades públicas expresamente señaladas en tales disposiciones (del orden nacional y departamental como empresas públicas, establecimientos públicos, empresas sociales del Estado; empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta).

Observa la Sala que si bien la Ley 789 de 2002 y el decreto 933 de 2003 utilizan los términos "empresa" y "empleador" al referirse a los obligados a contratar aprendices, y que de acuerdo con la jurisprudencia el término empresa debe entenderse en su "sentido lato", lo cierto es que las empresas privadas, deben desarrollar una actividad económica, diferente de la construcción y ocupar un número de trabajadores no inferior a 15.

La actividad económica es aquella dirigida a la producción, transformación y distribución de bienes y servicios. Elemento fundamental dentro del concepto de empresa.
  (2016-02-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 73001-23-31-000-2002-92320-01(1033-07)

ACTAS DEL TRIBUNAL MEDICO LABORAL - Son actos definitivos si impiden continuar la actuacion.
    Al respecto habrá que decir que esta Sección ha determinado que las actas del Tribunal Médico Laboral son actos definitivos en la medida en que impiden seguir adelante con la actuación.
por tanto, si el acto en mención frena al afectado para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez, como sucede en este caso, no se le puede dar el calificativo de simple acto de trámite.

El anterior postulado tiene su asidero en el Decreto 1796 de 2000 que regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral y aspectos sobre indemnizaciones, incapacidades, pensión por invalidez e informes administrativos de lesiones de los miembros de la Fuerza Pública, alumnos, personal civil y los uniformados.
  (2016-02-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 3393

SINDICATO - Afiliacion / TRABAJADOR - Prohibicion.
    El artículo 360 del C. S. T. prohíbe la afiliación de los trabajadores a más de un sindicato de la misma clase, y también de la misma actividad, entendiendo por tal la actividad de las empresas ante las cuales los sindicatos van a actuar.
Es lógico deducir que la actividad a la cual se refiere, es la de las empresas donde funciona el sindicato del cual es miembro el trabajador que pretende conformar otro que tiene que ver con la misma actividad.

Si el asunto se analiza desde el punto de vista de la representación sindical, en caso de que pudiera haber trabajadores de una misma empresa afiliados a varios sindicatos que actúan en ella, resultaría imposible establecer cuál es el que tiene mayor número de afiliados, puesto que no se sabría en cual de ellos contar a quienes pertenecen a más de uno.
  (2016-02-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 25000-23-25-000-2003-04450-01(1836-05)

Las decisiones del Tribunal Medico-Laboral de Revision Militar y de Policia son irrevocables y obligatorias y contra ellas solo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes.
    Consideró el Tribunal que el actor ha debido solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez y negada ésta, acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en demanda de estos actos, pues los actos demandados no ponen término al proceso o actuación administrativa.
La Sala disiente de la decisión tomada en la providencia apelada por lo siguiente:
  • Para tener derecho a la pensión de invalidez, las normas aplicables a las F.F.M.M, señalan un porcentaje de disminución de la capacidad superior al 75%.
En el presente caso, en el acta de Junta Médica Laboral No 1559 de 18 de junio de 2000, como ya se dijo, se determinó que el actor había sufrido una disminución de la capacidad laboral equivalente al 37%, no imputable al servicio.

En dicho acto, se informó que contra el mismo, procedía el recurso de solicitar convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar, a cuya interposición procedió el actor. Por lo anterior, se expidió el Acta de dicho Tribunal No 2059 de 10 de julio de 2002, en la que se notificó lo decidido en la anterior resolución, y no se le informó al actor de la posibilidad de interponer algún otro recurso.
  (2016-01-14) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 76001-23-31-000-2007-01376-01(1408-09)

ACTA DE JUNTA MEDICA LABORAL - Es un acto de tramite que impide seguir la actuacion. Impugnacion. Procedencia.
    RECHAZO DE LA DEMANDA - Improcedencia frente a acto de trámite que impide seguir actuación. Es demandable / ACTO DE TRAMITE - Es susceptible de demanda cuando impide seguir la actuación.
Los actos expedidos por la Junta Médica Laboral y recurridos ante el Tribunal Médico Laboral, en cuanto determinan una incapacidad inferior a la requerida para tener derecho a la pensión de invalidez, son actos de trámite que impiden seguir adelante con la actuación administrativa.
  (2016-01-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 13001-23-31-000-2001-01343-01(2199-10)

PRESTACIONES SOCIALES - No se pueden desconocer aprovechando la crítica situación financiera.
    DERECHOS Y GARANTIAS LABORALES - Prestaciones sociales.
Si la Entidad demandada excluye alguna de sus acreencias, se estaría aprovechando de su crítica situación financiera y desconociendo el espíritu de la figura de saneamiento económico que contiene la Ley 550 de 1990, en cuanto no garantiza la equidad en el Acuerdo.

Debe resaltarse que la finalidad del Acuerdo de reestructuración de pasivos, es proteger las obligaciones adquiridas con justo título, lo que permite afirmar que de ninguna forma le es factible desconocer alguna de dichas obligaciones.

Finalmente, en sentencia, destacó que cuando se vulneran derechos y garantías laborales que no están circunscritas en el contenido de los Acuerdos, dichas convenciones devienen en inconstitucionales, por lo que es procedente que este se inaplique por inconstitucional en los casos en que se evidencia que con los mismos se evade el pago de prestaciones sociales preexistentes.
  (2015-12-18) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 13001-23-31-000-2001-01343-01(2199-10)

PRESTACIONES SOCIALES - Deben ser reconocidas en el proceso de reestructuracion.
    PRESTACIONES SOCIALES - Deben ser reconocidas en el proceso de reestructuración
A pesar que la Empresa entró en proceso de reestructuración, no aportó los documentos necesarios para demostrar la inclusión de las acreencias laborales del actor dentro del acuerdo de reestructuración y poder reclamar ante el promotor sus acreencias laborales, motivo por el cual y de conformidad con la jurisprudencia transcrita deviene inconstitucional, pues no puede cercenar los derechos de los trabajadores que no consintieron en su aprobación ni desconocer derechos preexistentes, por lo tanto, se procederá a inaplicarlo por inconstitucional.

Así las cosas y de conformidad con lo expuesto, la entidad demandada deberá reconocer y pagar lo referente a los salarios y prestaciones sociales legales y no convencionales al actor, pues como lo señaló el Tribunal Administrativo de Bolívar al estar demostrado la condición de empleado público no lo cobija la convención colectiva, las cuales serán debidamente indexadas, salvo lo relacionado con el auxilio de cesantías definitivas pues como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia no es posible acceder al reconocimiento de indexación y la sanción por el no pago de las cesantías señaladas la Ley 244 de 1995, por considerar incompatibles estas dos figuras, en tanto una y otra obedecen a la misma causa.
  (2015-12-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 13001-23-31-000-2001-01343-01(2199-10)
SANCION MORATORIA - No pago del auxilio de cesantia. Un dia de salario por cada dia de retardo.
    La Ley 244 de 1995 artículos 1 y 2 prevé los términos legales con que cuenta la Administración para la liquidación y pago de las cesantías, imponiendo una sanción moratoria por su incumplimiento.
Dicho articulado reitera que tanto los términos para el pago de la prestación como los de la contabilización de la sanción moratoria son aplicables cuando se solicita la liquidación definitiva del auxilio de cesantía.

De igual manera ante la ausencia de pronunciamiento sobre la liquidación de las cesantías definitivas deben contarse los términos en la forma indicada.

Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, dejó en claro a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantía y su agotamiento en la vía gubernativa.
  (2015-12-18) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO - Es deducible por ser un pago laboral.
    Para tener derecho a la deducción debió acreditar el pago de los aportes parafiscales, según el artículo 108 del Estatuto Tributario.
El artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, en lo pertinente, dispone que tampoco (constituyen salario) las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones de servicios o de navidad.

Como se observa, la bonificación tiene una parte proyectada a cubrir cualquier posible concepto que hubiere quedado pendiente o surgiera eventualmente en virtud de la relación laboral que existió. Esa diferencia laboral incluiría cualquier concepto, entre otros, salario o prestaciones.

Lo anterior lo confirma el hecho de que la ex trabajadora declare enteramente a la compañía "a paz y salvo por todo concepto de carácter salarial, prestacional o indemnizatorio eventual que pudiera corresponderle […]".

Como lo señaló la Sala en sentencia del 19 de agosto de 2010, donde se discutió un asunto similar al presente, en materia laboral debe primar la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, por lo tanto, aún cuando se hubiera estipulado en el Acuerdo Conciliatorio que esa bonificación no era constitutiva de salario, lo cierto es que su finalidad sí era cobijar todos aquellos pagos laborales, incluidos los salarios, que por alguna eventualidad pudieran causarse a favor del trabajador, de ahí que una vez recibida la bonificación, el ex trabajador declaraba a paz y salvo a la empresa por todo concepto laboral, incluidos los salarios.

En consecuencia, así se hubiera denominado "Bonificación adicional no constitutiva de salario", lo cierto es que no se ajusta a esa naturaleza, pues comprende y cubre, no sólo indemnización y prestaciones, sino salarios eventualmente adeudados al ex trabajador mientras estuvo vigente la relación laboral.

Como parte de la bonificación por retiro sí tenía carácter salarial, no tiene efectos para este fallo que se hubiera denominado como "no constitutiva de salario" en el acta de liquidación, por lo tanto, para tener derecho a la deducción debió acreditar el pago de los aportes parafiscales, según el artículo 108 del Estatuto Tributario.
  (2015-11-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


DEDUCCION DE PAGOS LABORALES INDIRECTOS - Procedencia. No es requisito que estos se pague a todos los trabajadores de la empresa sino que sean permanentes.
    MEDICINA PREPAGADA - Es deducible por ser una expensa necesaria.
Para la deducción de estos pagos indirectos, sobre los cuales ya se determinó el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, se requiere, además, que se acredite, en primer lugar, que sobre tales pagos indirectos se efectuó retención en la fuente o, que no se efectuó porque los pagos no excedieron el valor promedio que se reconoció a la generalidad de los trabajadores de la respectiva empresa por tales conceptos y siempre y cuando correspondieron a programas permanentes.

Para la Sala, la norma no exige que el programa se reconozca a la totalidad de los trabajadores de la empresa, sino que sea permanente y que cualquier trabajador pueda acceder a él, sin exclusión por cargo o por alguna condición especial y, que de la generalidad de los trabajadores que pertenecen a ese programa se establezca el promedio base de la exclusión.

Esto demuestra que el beneficio se otorgaba a la generalidad de los empleados, sin distinción de cargo o dignidad y era un programa permanente, es decir, cualquiera podía acceder a él en cualquier momento. Sobre este tema, si bien la DIAN primero advirtió que la exclusión estaba dada "solo en el promedio que resultara de sumar el total de esos pagos y dividirlos por el número de trabajadores beneficiados con el programa respectivo", pues "un promedio se calcula sumando la totalidad de algo y dividiendo ésta en el número de partes que lo componen" consideró que la actora no cumplía las exigencias del artículo 5 del Decreto 3750 de 1986 para la exclusión de la retención en la fuente, porque los pagos no se realizaban a la generalidad de los trabajadores de la empresa, como se podía observar del desglose acumulado de la nómina, con el que se corroboraba que únicamente se les efectuaba el descuento del 40% del pago que debían asumir por medicina prepagada a los empleados identificados en la relación.

Es decir, asimiló el concepto de "generalidad de los trabajadores que pertenecían al programa" con la generalidad o totalidad de los empleados de la empresa, incluyendo un requisito no previsto en la norma para efectos de establecer el promedio.
  (2015-11-18) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


PAGOS OCASIONALES Y POR MERA LIBERALIDAD - No constituyen salario.
    INDEMNIZACION POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA - No es una expensa necesaria.
El artículo 108 del Estatuto Tributario regula la deducción de salarios y si bien se ha señalado, conforme con la jurisprudencia que se ha citado en esta providencia, que existen ciertos pagos laborales que aun cuando no sean salarios, podrían ser deducibles, estos deben cumplir con los requisitos de las expensas necesarias para su aceptación. Este es el caso de las indemnizaciones legales, entre ellas, la de retiro por despido sin justa causa.

Según las normas laborales, entre ellas, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte (primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, etc.).

Y no son salario, según el 128 ibídem, las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones (gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y similares).

Tampoco las prestaciones sociales, ni los beneficios o auxilios acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie. Bajo las anteriores definiciones, para la Sala las indemnizaciones por despido no son salario, pues su pago no obedece a la contraprestación directa del servicio, que por lo demás ya terminó; sino, al resarcimiento de los perjuicios causados al trabajador por el incumplimiento del empleador de lo pactado en el contrato.

En efecto, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo señala que "[…] En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización […]".
  (2015-11-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


ACREENCIA LABORAL - Procede reconocerla cuando la Entidad demandada no realiza ninguna actividad de defensa.
    OBLIGACION LABORAL EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION - No se encuentra demostrada su inclusión y por lo tanto si era procedente la acción judicial.
De otra parte, en el recurso de apelación, se indica que la acción judicial no resultaba procedente habida cuenta que el MUNICIPIO DE RIOHACHA se sometió a la Ley 550 de 1999 lo cual "implicaba un tratamiento especial en juicios como el presente".

Al expediente, no se allegó el anexo a que se hace referencia en el párrafo anterior en orden a establecer si la deuda contraída por el MUNICIPIO DE RIOHACHA con el actor se estimó como una obligación que al ser reconocida en el acuerdo de reestructuración impedía el inicio de acciones legales.

Además, la Sala aprecia que con los elementos obrantes en el expediente, se infiere que la entidad demandada no consideró la discutida obligación laboral como parte del acuerdo de reestructuración, aserto que fluye al examinar la afirmación del apoderado de la entidad demandada consignada en el Acta de Audiencia de Conciliación obrante a los folios 59 a 60, en la cual se indica que no le es posible presentar fórmula conciliatoria habida cuenta que respecto de las obligaciones anteriores al 31 de agosto de 2000, se requiere: "la autorización previa del Comité de Vigilancia".

En este orden de ideas, el mentado cargo no está llamado a prosperar. En tercer lugar, se expresa que se allega con el recurso de apelación una probanza expedida por la Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal de fecha 3 de junio de 2004 donde consta que al actor se le adeudan varias acreencias, las cuales no se han pagado porque el interesado "no ha reportado cuenta bancaria donde se le deben consignar".
  (2015-11-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


ACEPTACION DE RENUNCIA - Efectos sobre liquidación de cesantía definitiva.
    RELIQUIDACION DE CESANTIA DEFINITIVA - No reconocimiento. Ultimo empleador encargado del pago.
Las consecuencias de un acto, un hecho o una omisión jurídicos se juzga a la luz de las normas, actos, hechos y omisiones existentes en el momento de ocurrir uno de aquellos, de tal manera que las normas, actos, hechos u omisiones posteriores no lo pueden afectar.

Aquí, para la Sala es evidente que cuando se expidió el 5 de marzo de 1997 la resolución 159 acusada, el último empleador del demandante fue el Departamento, como consecuencia de que a partir del 18 de diciembre cesó su vinculación con la Contraloría y recobró fuerza ejecutoria el nombramiento como docente en el Departamento hasta el 31 de diciembre siguiente en que le fue aceptada la renuncia.

Y la expedición posterior (6 de marzo 1997) del decreto 0445 obviamente no puede afectar la validez de la referida resolución 159. Finalmente, la Sala pone de presente que no es de su resorte pronunciarse sobre las eventuales obligaciones del Departamento, precisamente porque los actos acusados fueron expedidos por la Contraloría y no por aquel.
  (2015-11-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


RENUNCIA AL CARGO - El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando.
    ACEPTACION DE RENUNCIA - Procedente. No desvirtuada la legalidad del acto.
La normatividad aplicable al caso presente es el decreto 2400 de 1968 y sus reglamentarios. La renuncia es entonces una forma legítima de desvinculación de la administración pública prevista para empleados de libre nombramiento y remoción y para empleados de carrera administrativa.

Su fundamento se halla en la libertad para escoger profesión u oficio que la Constitución garantiza en el artículo 26. El decreto 1950 de 1973 reglamentario del 2400 de 1968, señala las condiciones de validez de la renuncia de servidores públicos.

Esas situaciones tratándose de un acto jurídico, es decir de una manifestación de voluntad que produce efectos en derecho - ello es la renuncia -, son los vicios en el consentimiento de quien se manifiesta: error, fuerza o coacción física o moral y dolo. Corresponde entonces al demandante aportar las pruebas pertinentes y suficientes que acrediten la existencia de dichos vicios que determinan la falta de espontaneidad del acto.
  (2015-11-12) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


ACCION DE TUTELA - Procedente para controvertir decisiones de traslado laboral, sólo en circunstancias graves y extraordinarias.
    ACCION DE TUTELA POR TRASLADO LABORAL - Improcedente. La ley prevé taxativamente la posibilidad de acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
En reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación, se ha considerado que la acción de tutela es improcedente para controvertir decisiones de traslado laboral, pues la ley prevé taxativamente la posibilidad de acudir ante lo contencioso administrativo, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como el mecanismo judicial idóneo para obtener las declaraciones que pretende el tutelante, en este caso, el regreso al cargo que ocupaba antes de ser reubicado.

No obstante, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991 admite la viabilidad de la acción de tutela, cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, aún en presencia de medios judiciales ordinarios de protección; a renglón seguido, el mismo numeral dispone que la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

La Corte Constitucional mediante sentencia T-965 de 2000, ha señalado tres reglas para obtener, a través de la acción de tutela, la modificación de una decisión de la administración sobre traslados laborales. De conformidad con la Resolución 0067 de 22 de enero de 2007, en la cual el Contralor General de la República señaló los motivos para reubicar algunos empleados de la planta de personal, no es evidente o notorio que la decisión de rotar o reubicar a varios funcionarios de la planta de personal de la Contraloría haya sido arbitraria, caprichosa e intempestiva como para acceder transitoriamente al amparo de tutela deprecado.
  (2015-11-12) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


RENUNCIA - Debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo.
    ACOSO LABORAL - Creación de ambiente de trabajo hostil / ACOSO LABORAL - Retiro de funciones.
Observa la Sala, que las motivaciones expuestas por el actor en su escrito de renuncia, encuentran su sustento en las pruebas documentales y testimoniales allegadas al proceso, de donde se colige que fue objeto de acoso laboral por parte del Jefe de Departamento de Planeación del Municipio de Neiva, quien se dedicó a crearle un ambiente de trabajo hostil.

Consistente en ordenar que la correspondencia y todas las actuaciones realizadas por aquel, fueran revisadas por otros funcionarios en aras de buscar indicios o pruebas de su supuesta corrupción, en entregarle memorandos por sus ausencias al trabajo en horas laborales, cuando lo manifestado por los testigos, da cuenta que evidentemente el ejercicio del cargo que desempeñaba, requería ausentarse de la oficina y especialmente, en suspenderle las funciones que desempeñaba como Jefe de la Sección de Interventoría y Control de Garantía del Departamento de Planeación Municipal, a partir del 2 de junio de 1998, aduciendo deslealtad en la confianza depositada por aquel y señalando que en el desarrollo de sus funciones, "posiblemente" se estaban pretermitiendo actuaciones necesarias dentro de los trámites correspondientes.

Así, las declaraciones de los señores Rojas Uribe, Correa Polanía, López Daza y Pérez Morales, coinciden en afirmar que dentro del tedioso ambiente de trabajo en el que se encontraba el actor, llegó un momento en el jefe de planeación les ordenó a las arquitectas Corredor y Pérez, la revisión de todas las actuaciones realizadas por aquel, tratando de encontrar presuntas irregularidades en su actuar y aun así, pese a no encontrarse ninguna, el jefe de planeación procedió a retirarle sus funciones, tal y como lo manifestó la última declarante.
  (2015-11-11) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


RENUNCIA - Concepto. Reiteración jurisprudencial / DIAS HABILES - Se suprimen los feriados y los de vacancias.
    RETIRO DEL SERVICIO - Renuncia voluntaria
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, renunciar es el acto de "Dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, o del derecho a ello", desde el punto de vista legal y jurisprudencial ha sido concebida como aquella en la que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando.

Otra de las definiciones que ha adoptado esta Corporación es la siguiente: "… la renuncia es un acto espontáneo y voluntario por excelencia, nacido de la libre facultad intrínseca que posee la persona de hacerlo o no hacerlo. Si no cumplen estas condiciones, es indudable que aquélla carece de tales elementos y está, por tanto, viciada y no puede producir los efectos que sufría una dimisión presentada sin coacciones de ninguna especie".

Al examinar la norma en comento, se puede concluir que la renuncia es una forma legítima de desvinculación de la administración pública prevista no solamente para empleados de libre nombramiento y remoción, sino que también, para empleados de carrera administrativa.
  (2015-11-11) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


ACEPTACION DE RENUNCIA - Procedente. Una sugerencia no genera coacción o constreñimiento. Insinuación de la dimisión no es sinónimo de constreñimiento o intimidación.
    RENUNCIA AL CARGO - Debe ser libre y espontánea. Inexistencia de presiones.
En cuanto a la legalidad del escrito de renuncia definitiva: En primer lugar dirá la Sala que el escrito de renuncia no es un acto administrativo y, por lo tanto, no es enjuiciable ante esta jurisdicción. El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando.

Así, pues, esa renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente, ajena a todo vicio de fuerza o engaño. Para la Sala resulta evidente que, de conformidad con las normas citadas, formalmente sí se estructuraron los requisitos indispensables para que la dimisión de la actora surtiera todos sus efectos, como lo es principalmente: presentación escrita, libre y espontánea, y la aceptación también escrita, por parte de la autoridad competente para ello.

No es acertado este argumento, porque una sugerencia no genera coacción o constreñimiento de tal naturaleza que obligue a la persona compelida a actuar de una determinada forma. Sobre este punto, se ha reiterado que: por un lado, no es suficiente la simple sugerencia que haga al nominador de presentar la dimisión, ya que es necesario que se evidencie un componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno de la empleada fue invadido de tal manera que su capacidad de decisión se ve truncada, al punto que indefectiblemente se ve compelida a renunciar y, por otro, tratándose de empleos como el que ocupaba la actora la insinuación de la dimisión no es sinónimo de constreñimiento o intimidación, máxime cuando las condiciones intelectuales de la funcionaria le permitían elegir libremente entre rehusarse o presentar la carta de renuncia.
  (2015-11-10) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


RENUNCIA AL CARGO - Empleado de libre nombramiento y remoción. Se considera protocolaria ante cambio de administración sin que se desconozca el buen servicio.
    CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION - Legalidad de la petición de renuncia.
La controversia se centra en dilucidar si la autoridad nominadora ejerció indebida presión contra el actor para que presentara renuncia al cargo que desempeñaba y si la renuncia fue aceptada irregularmente. Nótese que el cargo que ocupaba el actor en el Ministerio pertenece al nivel Asesor en grado 16, considerado como uno de los más altos dentro de su escala; y que de acuerdo con la certificación expedida por la entidad a ese cargo se le asignan funciones importantes de absoluta confianza, como la de asesorar a la Secretaría General en la formulación de políticas y toma de decisiones, entre otras, en materia administrativa, financiera y contractual.

La Sala considera que frente a estos cargos la solicitud de la renuncia es válida y la insinuación de la misma es un mecanismo más bien protocolario encaminado a evitar la insubsistencia, teniendo en cuenta, además que el actor accedió al servicio mediante nombramiento en provisionalidad y que no le asiste el fuero de inamovilidad propio de quienes ingresan al servicio mediante concurso de meritos.

Además, en reiterada jurisprudencia de la Subseción A de la Sección Segunda de esta Corporación la simple insinuación o solicitud de renuncia por sí misma no constituye una coacción invencible que elimine el acto voluntario porque frente a dichas propuestas, el empleado puede desechar la oferta, insinuación o solicitud sin que ello le acarree consecuencias desfavorables.
  (2015-11-10) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda


RENUNCIA PROVOCADA - Configuración. No fue resultado de su voluntad libre y espontánea.
    ACEPTACION DE RENUNCIA - Improcedencia por persecución laboral.
El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando. De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante la modalidad en estudio, la dimisión ha de tener su origen o su fuente generatriz en el libre, franco y espontáneo impulso psíquico y querer del sujeto, que descifran su plena voluntad.

Así, pues, esa renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente, ajena a todo vicio de fuerza o engaño. La extensa prueba testimonial y documental, recaudada en los diferentes trámites administrativos adelantados contra la actora y en el curso de este proceso, pone en evidencia que la demandante fue objeto de una persecución laboral, la cual culminó con una calificación insatisfactoria de servicios que hacía inminente su retiro de la administración, a través de la declaratoria de insubsistencia.

En el caso particular, se observa que la demandante además de tratar de asumir la enorme carga laboral impuesta en términos perentorios, sin las directrices y recursos necesarios, debía afrontar la devolución y reasignación constante de su trabajo, más las investigaciones disciplinarias que cursaban en su contra: rindiendo versiones libres, atendiendo las visitas administrativas que se practicaban, aportando las comisiones, delegaciones y poderes de que fue objeto, pidiendo pruebas etc.; todo lo anterior, hacía que humanamente fuera imposible cumplir con las labores encomendadas, perjudicándose en últimas los intereses de la administración.

En conclusión, la dimisión de la demandante fue el resultado de la persecución gradual de que fue objeto, la cual culminó con una calificación insatisfactoria que hacia latente su declaratoria de insubsistencia. Declaratoria, que de haber ocurrido, sería nociva pues suscitaría dudas respecto de su desempeño profesional.
  (2015-11-09) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


ACEPTACION DE RENUNCIA - Inexistencia de presiones indebidas para que el actor presentara su renuncia. Se trata de un funcionario del nivel directivo y la sugerencia de la dimisión obedeció a permitirle al Director elegir libremente a sus colaboradores inmediatos.
    RENUNCIA - Legalidad de la aceptación de renuncia a un cargo directivo.
El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando. Este postulado no es más que el desarrollo de la consagración constitucional contenida en el artículo 26, que prescribe que "Toda persona es libre de escoger profesión u oficio".

Su consagración legal se encuentra en los artículos 27 del Decreto 2400 de 1968 y 112 del Decreto 1950 de 1973, que prescriben como requisito de tal acto unilateral la manifestación inequívoca y escrita, presupuestos sin los cuales quedaría desnaturalizado, por ser de su esencia el compromiso de la facultad volitiva del individuo.

La renuncia siempre va precedida de un motivo, expreso o no; no es esta circunstancia la que vicia la aceptación, sino el hecho de que ese motivo haya sido gestado por la entidad con el fin de quebrar el libre arbitrio y provocar el retiro del empleado.

No es suficiente, ni siquiera, la simple insinuación que haga al nominador de presentar la dimisión; es necesario que se evidencie un componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno del empleado fue invadido de tal manera que su capacidad de decisión se ve truncada, al punto que indefectiblemente se ve compelido a renunciar.

En los cargos de confianza, como lo es el del Jefe de la División de Recursos Físicos, bien puede aceptarse la insinuación de la renuncia, pues sabido es que tales cargos implican compromisos mayores de los cuales no pueden sustraerse los servidores estatales que los desempeñen, debido, precisamente, a la potestad que indiscutiblemente tiene quien lleva la titularidad como cabeza de la entidad, para mantener en los cargos de su inmediata colaboración a quienes coinciden con las políticas que se han trazado en la entidad.
  (2015-11-09) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


ACEPTACION DE RENUNCIA - Inexistencia de presiones indebidas .
    RETIRO COMPENSADO - El ofrecimiento de bonificaciones para el retiro fue un instrumento de persuasión legítimo.
Teniendo en cuenta que el acto mediante el cual se le ofreció al demandante el Programa de Retiro Compensado o sea el Oficio RVEP/1362 goza de la presunción de legalidad, todas las acusaciones de la demanda tendientes a demostrar que el referido Programa es violatorio del orden jurídico, quedan sin ningún fundamento, amén de que el ofrecimiento de aquellas dos bonificaciones antes que medio de coacción, constreñimiento o presión para doblegar la voluntad libre del empleado, no es mas que un instrumento de persuasión o convencimiento legítimo, que lejos de perjudicarlo lo favoreció en la suma de $3.725.203.58, entre otras razones porque si el actor no estaba amparado por algún fuero, a la administración le habría bastado declararle insubsistente su nombramiento y se habría ahorrado esa no despreciable cantidad de dinero.

De otro lado, si la desviación de poder consiste en que el acto administrativo es expedido por un motivo diferente al que expresa o implícitamente exige la norma atributiva de la competencia, como bien lo dijo el Tribunal, en el expediente no obra prueba alguna tendiente a demostrar ese elemento subjetivo del acto que lo haya viciado de nulidad.

Y en cuanto a la presunta violación de los artículos 84 y 85 del CCA, la Sala una vez mas advierte que tales normas no es posible que sean transgredidas por la administración, sino por quienes tienen que aplicarlas o interpretarlas, vale decir por los jueces de esta jurisdicción.
  (2015-11-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


RENUNCIA AL CARGO - Debe ser libre y espontánea. La efectuada por presiones amerita nulidad del acto que la aceptó.
    RENUNCIA PROVOCADA - Configuración. El actor fue trasladado no por necesidades del servicio sino por represalias.
La litis se centra en determinar si la aceptación de la renuncia contrarió o no el ordenamiento jurídico, porque - según el actor - no puede calificarse de libre y espontánea cuando fue presionada por la misma entidad.

Si el actor había sido comisionado para intervenir en audiencia especial de juzgamiento en Bogotá, se pregunta la Sala porqué de un momento a otro se consideró la posibilidad de trasladarlo pero para una ciudad diferente, cuando no mediaba requerimiento alguno en ese sentido.

En tal caso, está probado que el traslado obedeció a una represalia por no haber asumido el actor - de manera imprudente, se repite - un cometido de naturaleza judicial sumamente delicado y, en consecuencia, puede afirmarse que no fueron necesidades del servicio las que primaron en su desplazamiento.

En cuanto a su idoneidad, los declarantes dan buena cuenta de su ejercicio como funcionario judicial (Fiscal), con ventaja profesional y personal sobre los demás, manejo oportuno de procesos y providencias claras y razonadas, además con evaluaciones satisfactorias.

Circunstancias de modo, tiempo y lugar como las anteriores, llevan a esta Sala a deducir que la renuncia no obedeció a su libre y espontánea voluntad, pues las pruebas traídas a este proceso indican claramente que no tenía la más mínima intención de separarse del cargo, dada su vocación de servicio y entrega al mismo, sino que su dimisión fue producto del apremio de la administración que comprometió derechos fundamentales no solo del trabajador sino de la persona, por el simple capricho de algunos funcionarios de poner en entredicho su ejercicio profesional.
  (2015-11-06) [Mas Información]
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA


ACCIDENTE DE TRABAJO - Requisitos.
    Para que exista accidente de trabajo, se requiere que además de una relación laboral entre el siniestrado y una entidad oficial, concurran tres elementos:
  • Un suceso imprevisto y repentino, de orden externo, es decir, extraño al organismo de quien lo sufre y de naturaleza violenta o traumática.

  • Una lesión o perturbación funcional en el organismo de la víctima, como consecuencia de ese hecho y que produce incapacidad o muerte.

  • Nexo de causalidad o de ocasionalidad entre el trabajo y el hecho externo que originó el daño corporal. Ausencia de dolo y de culpa grave del trabajador o empleado en la realización del accidente.
En el caso de autos, aún cuando no se ha probado que el deceso del causante hubiera ocurrido por causa del trabajo, sí puede afirmarse que por haber ocurrido mientras laboraba y en el sitio en que normalmente debía hacerlo, se presume que acaeció con ocasión del trabajo.

Así las cosas, correspondía a la Administración desvirtuar la presunción, aportando pruebas de la falta de conexidad o de hechos exonerativos de responsabilidad. Máxime cuando los servicios del trabajador se prestaban en una zona violenta y por tanto de alto riesgo.
  (2015-10-23) [Mas Información]
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA


Solicitud indemnización por muerte en accidente de trabajo y pensión de jubilación, procedencia parcial.
Como se anotó en los antecedentes, fueron dos los derechos reclamados en el libelo inicial, el derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación correspondiente al señor Miguel Angel Vásquez Mejía sustituida en cabeza de la actora, como cónyuge superstite; y el reconocimiento de la indemnización por muerte en accidente de trabajo del mismo causante.

El derecho al reconocimiento y sustitución pensional fue negado por el Tribunal y la parte actora no impugnó tal decisión, razón por la cual este aspecto no es materia de estudio ni de pronunciamiento distinto a su confirmación, en esta instancia.

El derecho al reconocimiento de la indemnización por muerte en accidente de trabajo fue acogido por el a-quo y es materia del recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Bello contra la sentencia de primera instancia, motivo por el cual esta pretensión es el objeto del presente recurso. advierte la Sala que el Municipio de Bello en primera instancia solicitó llamar en garantía a la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., petición a la cual accedió el Tribunal pero no se llevó a cabo la notificación de la misma, sin que la administración hubiera insistido en ella. Cumplida la notificación a la aseguradora "SEGUROS DEL ESTADO S.A."
  (2015-10-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Quinta


DERECHO A LA SALUD
ACCIDENTE DE TRABAJO
ATENCION MEDICA EN EL DOMICILIO
Tratándose de afiliada a la Caja, que por accidente de trabajo se encuentra en situación de invalidez, dependiendo del tratamiento que se le dé para que se produzca su eventual recuperación, y a más de ello madre de tres menores que requieren su orientación y protección permanentes, no es aceptable que se la invite a viajar a esta capital para obtener el tratamiento requerido y muchos menos a que sufrague los costos de los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, etc., para luego cancelar el valor de ellos tan pronto se presenten y, claro, se encuentren satisfactorias las correspondientes facturas.

La acción ha sido propuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable dada la naturaleza de la lesión orgánica y fisiológica que sufre.

Conforme a la respuesta dada por la Caja de Previsión Social del Tolima, son indudables sus obligaciones para con la tutelante, quien tiene derecho a que se le atienda en el lugar de su residencia que es el mismo donde prestó sus servicios laborales. -

Ese derecho es tutelable precisamente porque en tanto la reclamante de los servicios asistenciales médicos, farmacéuticos, quirúrgicos, etc. No logre superar la condición de invalidez en que se halla, no es dable que pueda desarrollar su vida en forma normal y ni siquiera desempeñarse física, sicológica y socialmente en condiciones que le permitan atender al mínimo de sus necesidades.
  (2015-10-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda


ABANDO DE CARGO - Recuento normativo.
CERTIFICADO DE INCAPACIDAD MEDICA - Prueba idónea
JUSTA CAUSA - No fue tenida en cuenta.
Previo a declarar la vacancia del cargo el Contralor General de Norte de Santander no permitió al actor exponer sus razones, aportar las pruebas que considerara pertinentes y controvertir las aducidas en su contra, esto es, el informe del Subcontralor, impidiéndole ejercer su derecho de defensa y contradicción, vulnerándole así el debido proceso, el cual debe garantizarse en las actuaciones administrativas que afecten a particulares, según lo dispuesto por el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo y aun cuando el demandante aportó el certificado de incapacidad médica y con ello justificó su inasistencia, desvirtuando así la configuración de la causal invocada para declarar la vacancia del cargo, el nominador mantuvo la decisión al resolver el recurso de reposición.

En el recurso de apelación la Contraloría General de Norte de Santander señala que las pruebas tenidas en cuenta y valoradas por el a quo en el fallo de primera instancia, no prueban la justa causa del actor para ausentarse de su lugar del trabajo por más de tres días, pues la llamada telefónica a la que se hace alusión no puede tenerse como una justificación de la ausencia del actor y los testimonios "sospechosos" rendidos no comportan la suficiente contundencia para que se pueda determinar que la ausencia fuera justificada.
  (2015-10-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


PROYECTO DE CORRECCION DE DECLARACION - Debe aceptarse cuando se presentó dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para declarar.
    SOLICITUD DE CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA - Su rechazo no se ajusta a derecho cuando se fundamenta en aspectos de fondo

    FACULTAD DE REVISION DE LA DIAN - Procede aún cuando ha proferido la liquidación oficial de revisión.
La Sala observa que la actuación administrativa no se ajusta a derecho, pues fundamentó el rechazo de la solicitud de corrección en aspectos de fondo denunciados por el contribuyente, y así desconoce de plano que la actora cumplió con los requisitos formales preceptuados en el artículo 589 ib. para la procedencia de la corrección, presupuestos que no fueron cuestionados por el ente fiscal.

Por tanto, como la accionante atendió los presupuestos exigidos por la Ley para corregir su declaración de renta y complementarios de 1997, ya que presentó la solicitud el 6 de abril de 1999 dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para declarar (16 de abril de 1998 Dto. 3049 de 1997) y allegó el proyecto de corrección respectivo, es procedente su aceptación.

Ahora bien, si la Administración pretendía cuestionar de fondo los rubros modificados de la declaración tributaria en cuanto al acervo probatorio que lo respaldaba, debió aplicar el inciso segundo del artículo 589 del Estatuto Tributario con la expedición de la liquidación oficial de corrección, para posteriormente utilizar la facultad de revisión establecida en los artículos 702 a 712 del mismo ordenamiento.
  (2015-08-10) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


SALUDCOOP EPS vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, salud e igualdad del recién nacido, al negar el reconocimiento y pago de la licencia de paternidad.

Síntesis del caso:
El actor interpone acción de tutela en representación de su hijo recién nacido en contra de SALUDCOOP E.P.S., al considerar que la negativa en el reconocimiento y pago de la licencia de paternidad, vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, salud e igualdad.
Rincon del Mar


  (2015-04-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-03899-01(AC)
05/02/2015

ACCION DE TUTELA - Improcedente para cuestionar actos administrativos de carácter laboral .

Se precisa en primer lugar que la acción de tutela no procede para atacar actos administrativos de carácter laboral, pues para tal fin el ordenamiento jurídico ha creado acciones ordinarias, que son consideradas como medios idóneos para la protección de los derechos.

Es decir, que ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial diferentes a la tutela, esta acción constitucional se torna improcedente, salvo que se instaure como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se trate de un sujeto de especial protección o la acción ordinaria no sea idónea y eficaz para el amparo de los derechos.

Corresponde referirse concretamente al estatus de prepensionado, el cual ha sido protegido en varias ocasiones por esta Corporación y por la Corte Constitucional, en ejercicio de la acción de tutela, dada la especial condición de quienes tienen una expectativa legítima de que se les reconozca la pensión de vejez.

Para el caso de la implementación del régimen de carrera en una entidad pública, después de adelantado un concurso, es necesario que los nominadores, previo a empezar a nombrar, en periodo de prueba, a quienes figuran en la lista de elegibles, verifiquen si quienes ocupan en provisionalidad los cargos a proveer no sean sujetos de especial protección, como los prepensionados, pues esa condición impide que estos últimos puedan desvincularse de la entidad en forma inmediata.

Los servidores que demuestren que están próximos a pensionarse, entiéndase que se refiere a quienes les falte 3 años o menos para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación, entre otros requisitos, tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada según lo ordena el Decreto 3905 de 2009.
Rincon del Mar


  (2015-04-08) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-03899-01(AC)
05/02/2015

AMPARO TRANSITORIO DE LOS DERECHOS AL TRABAJO, ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMO VITAL - Especial protección de las personas con calidad de prepensionados.

La actora impugnó la decisión de primera instancia al considerar que el a quo debía, no solo amparar el derecho de petición, sino los demás derechos invocados y, en consecuencia, pidió que se suspendiera provisionalmente la decisión que la retiró del servicio, mientras es incluida en nómina de pensionados…

En el sub lite se advierte que los documentos aportados demuestran la condición de pre pensionada, pues la señora Realpe Ibarra tiene 58 años y 1.109, 31 semanas cotizadas -sin contar el bono pensional al que tiene derecho por haber laborado en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A..

Esa calidad no fue discutida por la entidad nominadora, por el contrario fue reconocida al reportarla a la CNSC en el año 2009 y al pedir la suspensión de la lista de elegibles. De manera que no es consecuente la decisión de declarar insubsistente el nombramiento de la señora Realpe Ibarra, ya que la calidad de prepensionada otorga un tratamiento especial a la persona que desempeña un cargo en provisionalidad, en el entendido de que la entidad empleadora no puede desvincularla hasta cuando sea incluida en nómina de pensionados.

Ese tratamiento surge de lo dispuesto en el Decreto 3905 de 2009, según el cual quien está próximo a pensionarse, esto es que le falten tres (3) años o menos para adquirir ese derecho, tiene una estabilidad laboral reforzada.
Rincon del Mar


  (2015-04-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La sanción moratoria no surge a partir de la cancelación efectiva de la cesantía ni de la terminación de la relación legal y reglamentaria, sino que se causa desde el día siguiente a aquel en que se incumple el deber de consignar el valor que corresponda en la cuenta individual del trabajador.

Síntesis del caso:
La señora Zunilda Cecilia Meza Ortiz solicitó se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio SG-012-001-0064-09 de 19 de noviembre de 2009, expedido por el Secretario General de la Contraloría Distrital de Barranquilla, que negó la solicitud de pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías correspondientes a los años 2001 – 2006 y el oficio DSH – 1403 de 12 de noviembre de 2009, suscrito por la Secretaria de Hacienda Distrital de Barranquilla, que negó la misma solicitud.
Rincon del Mar


  (2015-03-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Tercera

    El Ministerio de la Protección Social al aprobar el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa EDATEL S.A. E.S.P, omitió el estudio de los requisitos de la Ley 1010 de 2006 de acoso laboral, por lo que se declara la nulidad de la Resolución 1122 del 17 de julio de 2007.
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    Se demandó de esta Corporación la nulidad de la Resolución 1122 del 17 de julio de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social (hoy del Trabajo) por medio de la cual revocó la Resolución 02147 del 15 de diciembre de 2006 y aprobó el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa Edatel S.A. E.S.P.
No desconoce la Sala que respecto de la inclusión del artículo 51 de la Ley 789 de 2002 o jornada flexible al reglamento Interno de Trabajo, esta Corporación ha señalado que por ser una norma de obligatorio cumplimiento es una modificación meramente formal, que para su adopción no requería de la intervención de los trabajadores de la empresa EDATEL S.A. E.S.P. y se consideran incorporados en los Reglamentos Internos de Trabajo la reforma contenida en la Ley 789 de 2002, sin necesidad de tramitar su aprobación ante el Ministerio de Protección Social.

No sucede lo mismo con la inclusión de la Ley 1010 de 2006 de acoso laboral, pues para la inclusión del acoso laboral en el reglamento interno de trabajo, se hace necesario determinar si en efecto se estableció un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores, es decir, su inclusión en el reglamento interno de trabajo no es formal, pues no reproduce lo previsto por el legislador y se hace necesario el estudio de los requisitos por parte del Ministerio para su aprobación, lo que no sucedió en el presente asunto, comoquiera que la Resolución demandada omite por completo el estudio de los requisitos y los documentos aportados.

Conforme a los planteamientos antes expuestos, resulta claro que el Ministerio de la Protección Social al aprobar el Reglamento Interno de Trabajo en los aspectos aludidos no obró conforme a derecho, lo que permite concluir que se vulneraron los principios citados por la parte demandante como violados, porque no se ajusta, en cuando al contenido y la forma, a los fines que busca el legislador y menoscaba los derechos adquiridos de los trabajadores y las garantías laborales que los cobijan.
  (2015-02-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Tercera

    Inadmisión en concurso de méritos por omisión de la firma en el formulario de inscripción.
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    El requisito de la firma en el formulario de inscripción no puede ser considerada como un formalismo, pues ella se exige como prueba del juramento.
El problema jurídico del que se ocupa la Sala, consiste en establecer la legalidad de las listas de admitidos y no admitidos al concurso convocado por la Unidad de Carrera de la Fiscalía General de la Nación para proveer cargos de Fiscal delegado ante Jueces Penales del Circuito y el mismo cargo pero ante Jueces Penales Municipales, publicadas el 16 de enero de 2008 y 15 de abril de 2008, en las que se le incluyó al demandante en la lista de no admitidos.

Extracto: El requisito de la firma en el formulario de inscripción no puede ser considerada como un formalismo, pues ella se exige como prueba del juramento que el participante presta en torno a 3 aspectos, a saber:
  • i) que el participante no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño del cargo al que aspira;

  • ii) que el concursante conoce y acepta los términos de las convocatorias a las que se inscribió y

  • iii) que la información que consignó en el formulario es veraz y puede ser sometida a verificación.
Aunado a lo anterior, conocedora la demandante de las normas que regían el concurso de méritos en que pretendía participar, debía saber que la omisión de la firma implicaba inadmisión al concurso, como taxativamente se indicó en el texto de la convocatoria, dentro de las causales de inadmisión, por lo que mal podría pretender que se aceptara su inscripción sin el cumplimiento de tal requerimiento.
  (2015-02-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Primera

    La empresa no cumplió con la obligación derivada del contrato de trabajo, esto es la satisfacción de las acreencias del actor.
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    La sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo proscribe una imposición automática o carente de motivación, en atención a que es imperativo examinar las circunstancias subjetivas que permitan establecer si existió o no buena fe.
El debate se centra exclusivamente en determinar si la sanción moratoria que señaló el Tribunal se ajustó al ordenamiento jurídico o si, como lo afirma el censor, se limitó de manera equivocada, dado que las pruebas que denuncia son inequívocas de que no solo existió ausencia de buena fe en la actuación de la empresa, sino que, en todo caso no canceló lo debido a la terminación de la relación laboral, ni menos tiempo después, y que por tales rubros fue que se le impuso condena.

Las pruebas que se denuncian como equivocadamente apreciadas, entre ellas la certificación de folio 292 repetidas en el 293, discrimina los pagos por un total de $ 10.502.733, correspondiente a la liquidación de prestaciones sociales que se efectuó al trabajador luego de terminada su vinculación, así:

$681.066, el 4 de febrero de 2002 con el cheque 606988 de Bancolombia, 18 de febrero de 2002, con el cheque 606995 de Bancolombia $2.000.000, el 31 de mayo de 2002 cheque 3514201 del Banco de Bogotá por $2.000.000, 11 de junio de 2002 cheque 3514221 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 17 de junio de 2002, cheque 3514242 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 2 de julio de 2002 cheque 3969905 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 22 de julio de 2002 cheque 4139673 del Banco de Bogotá por $500.000 y un depósito judicial el 22 de mayo de 2003, por la suma de $2.321.667,00, esto último se corrobora a folios 233 y 234 que corresponden al título, recibido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito; en los folios 294 y 295 obra un documento denominado «finiquito laboral» en el que se discriminan varios conceptos y aparece la suma a pagar, ya reseñada, de $10.317.480, que difirió la empresa en los anteriores títulos valores; ellas dan cuenta de que en verdad al trabajador, la empresa no le pagó sus prestaciones debidamente a la terminación de la relación.

El representante legal de la empresa, al ser cuestionado sobre la reseñada tardanza en la cancelación de la cesantía, respondió «si es cierto que el saldo de las cesantías del demandante para el 31 de diciembre de 2001 era de nueve millones trescientos sesenta y tres mil quinientos treinta y nueve … se han hecho abonos a las cesantías».
  (2014-12-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    El despido de la actora fue injusto, por haber estimado que la actora no conoció los inventarios que le fueron realizados y que no le fue entregado el puesto con la mercancía inventariada, como para atribuirle responsabilidad por los faltantes encontrados por el empleador.
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Le corresponde a la Sala establecer si el ad quem se equivocó al darle la razón al a quo, en cuanto acogió el razonamiento de que el despido de la actora fue injusto, por haber estimado que la actora no conoció los inventarios que le fueron realizados y que no le fue entregado el puesto con la mercancía inventariada, como para atribuirle responsabilidad por los faltantes encontrados por el empleador.

El ad quem tuvo en cuenta el argumento presentado por la demandada en la apelación sobre que la extrabajadora había reconocido que, con anterioridad, se le habían realizado otros inventarios y que, por lo tanto, contrario al raciocinio del juez de primera instancia, ella sí conocía cual era la mercancía que tenía a su cargo.

Ante lo anterior, el ad quem hizo la precisión de que la empresa no estaba en desacuerdo con la conclusión del a quo en el sentido de que el empleador no había acreditado que a la demandante se le había entregado la mercancía inventariada al inicio del ejercicio de sus funciones; premisa esta que no ha sido refutada, en forma directa, por la recurrente, al igual que tampoco resulta desvirtuada con los reparos formulados en el cargo.

Para el ad quem, si la empresa no le había dado a conocer previamente a la extrabajadora la cantidad de mercancía que ella tenía a su cargo, no le podía imputar luego faltante alguno resultante de un inventario, lo cual resulta razonable y a tono con el derecho de defensa de cualquier persona, dado que, conforme a la lógica, la trabajadora solo podía responder por las cantidades de mercancía que realmente había recibido, entrega que se había podido surtir con la participación de la trabajadora en los inventarios realizados, lo cual, conforme a lo ya visto, no se dio en razón a que estos se hicieron sin su intervención y no se le notificó a la trabajadora, siquiera, el resultado de las cantidades.
  (2014-12-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    La empresa no cumplió con la obligación derivada del contrato de trabajo, esto es la satisfacción de las acreencias del actor.
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    La sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo proscribe una imposición automática o carente de motivación, en atención a que es imperativo examinar las circunstancias subjetivas que permitan establecer si existió o no buena fe.
El debate se centra exclusivamente en determinar si la sanción moratoria que señaló el Tribunal se ajustó al ordenamiento jurídico o si, como lo afirma el censor, se limitó de manera equivocada, dado que las pruebas que denuncia son inequívocas de que no solo existió ausencia de buena fe en la actuación de la empresa, sino que, en todo caso no canceló lo debido a la terminación de la relación laboral, ni menos tiempo después, y que por tales rubros fue que se le impuso condena.

Las pruebas que se denuncian como equivocadamente apreciadas, entre ellas la certificación de folio 292 repetidas en el 293, discrimina los pagos por un total de $ 10.502.733, correspondiente a la liquidación de prestaciones sociales que se efectuó al trabajador luego de terminada su vinculación, así:

$681.066, el 4 de febrero de 2002 con el cheque 606988 de Bancolombia, 18 de febrero de 2002, con el cheque 606995 de Bancolombia $2.000.000, el 31 de mayo de 2002 cheque 3514201 del Banco de Bogotá por $2.000.000, 11 de junio de 2002 cheque 3514221 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 17 de junio de 2002, cheque 3514242 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 2 de julio de 2002 cheque 3969905 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 22 de julio de 2002 cheque 4139673 del Banco de Bogotá por $500.000 y un depósito judicial el 22 de mayo de 2003, por la suma de $2.321.667,00, esto último se corrobora a folios 233 y 234 que corresponden al título, recibido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito; en los folios 294 y 295 obra un documento denominado «finiquito laboral» en el que se discriminan varios conceptos y aparece la suma a pagar, ya reseñada, de $10.317.480, que difirió la empresa en los anteriores títulos valores; ellas dan cuenta de que en verdad al trabajador, la empresa no le pagó sus prestaciones debidamente a la terminación de la relación.

El representante legal de la empresa, al ser cuestionado sobre la reseñada tardanza en la cancelación de la cesantía, respondió «si es cierto que el saldo de las cesantías del demandante para el 31 de diciembre de 2001 era de nueve millones trescientos sesenta y tres mil quinientos treinta y nueve … se han hecho abonos a las cesantías».
  (2014-11-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    La empresa no cumplió con la obligación derivada del contrato de trabajo, esto es la satisfacción de las acreencias del actor.
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    La sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo proscribe una imposición automática o carente de motivación, en atención a que es imperativo examinar las circunstancias subjetivas que permitan establecer si existió o no buena fe.
El debate se centra exclusivamente en determinar si la sanción moratoria que señaló el Tribunal se ajustó al ordenamiento jurídico o si, como lo afirma el censor, se limitó de manera equivocada, dado que las pruebas que denuncia son inequívocas de que no solo existió ausencia de buena fe en la actuación de la empresa, sino que, en todo caso no canceló lo debido a la terminación de la relación laboral, ni menos tiempo después, y que por tales rubros fue que se le impuso condena.

Las pruebas que se denuncian como equivocadamente apreciadas, entre ellas la certificación de folio 292 repetidas en el 293, discrimina los pagos por un total de $ 10.502.733, correspondiente a la liquidación de prestaciones sociales que se efectuó al trabajador luego de terminada su vinculación, así:

$681.066, el 4 de febrero de 2002 con el cheque 606988 de Bancolombia, 18 de febrero de 2002, con el cheque 606995 de Bancolombia $2.000.000, el 31 de mayo de 2002 cheque 3514201 del Banco de Bogotá por $2.000.000, 11 de junio de 2002 cheque 3514221 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 17 de junio de 2002, cheque 3514242 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 2 de julio de 2002 cheque 3969905 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 22 de julio de 2002 cheque 4139673 del Banco de Bogotá por $500.000 y un depósito judicial el 22 de mayo de 2003, por la suma de $2.321.667,00, esto último se corrobora a folios 233 y 234 que corresponden al título, recibido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito; en los folios 294 y 295 obra un documento denominado «finiquito laboral» en el que se discriminan varios conceptos y aparece la suma a pagar, ya reseñada, de $10.317.480, que difirió la empresa en los anteriores títulos valores; ellas dan cuenta de que en verdad al trabajador, la empresa no le pagó sus prestaciones debidamente a la terminación de la relación.

El representante legal de la empresa, al ser cuestionado sobre la reseñada tardanza en la cancelación de la cesantía, respondió «si es cierto que el saldo de las cesantías del demandante para el 31 de diciembre de 2001 era de nueve millones trescientos sesenta y tres mil quinientos treinta y nueve … se han hecho abonos a las cesantías».
  (2014-11-20) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    La historia clínica y su acceso por los familiares del paciente.
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    La historia clínica es un documento privado se define dicho documento como “el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley”.
Problema jurídico.
Sobre la base de los antecedentes reseñados, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si un centro médico y/o los respectivos funcionarios de salud vulneran los derechos de información y acceso a la justicia, al no suministrar a los familiares cercanos el contenido de la historia clínica de los pacientes fallecidos o que se encuentran en grave estado de salud.

Para ello esta Sala reiterará su jurisprudencia en relación con
  • (i) la procedencia de la acción de tutela en relación con la entrega de la historia clínica; y

  • (ii) la historia clínica y su acceso por los familiares del paciente.
El Decreto 3380 de 19817, en su artículo 23, consagra que el “conocimiento que de la historia clínica tengan los auxiliares del médico o de la institución en la cual este labore, no son violatorios del carácter privado y reservado de este”.

En consecuencia, si alguien distinto, así se trate de un familiar cercano del paciente, pretende obtener información contenida en la historia clínica del titular, deberá contar con su aquiescencia y, en su defecto, solicitar a la autoridad judicial competente el levantamiento de la reserva.
  (2014-11-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    El despido de la actora fue injusto, por haber estimado que la actora no conoció los inventarios que le fueron realizados y que no le fue entregado el puesto con la mercancía inventariada, como para atribuirle responsabilidad por los faltantes encontrados por el empleador.
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Le corresponde a la Sala establecer si el ad quem se equivocó al darle la razón al a quo, en cuanto acogió el razonamiento de que el despido de la actora fue injusto, por haber estimado que la actora no conoció los inventarios que le fueron realizados y que no le fue entregado el puesto con la mercancía inventariada, como para atribuirle responsabilidad por los faltantes encontrados por el empleador.

El ad quem tuvo en cuenta el argumento presentado por la demandada en la apelación sobre que la extrabajadora había reconocido que, con anterioridad, se le habían realizado otros inventarios y que, por lo tanto, contrario al raciocinio del juez de primera instancia, ella sí conocía cual era la mercancía que tenía a su cargo.

Ante lo anterior, el ad quem hizo la precisión de que la empresa no estaba en desacuerdo con la conclusión del a quo en el sentido de que el empleador no había acreditado que a la demandante se le había entregado la mercancía inventariada al inicio del ejercicio de sus funciones; premisa esta que no ha sido refutada, en forma directa, por la recurrente, al igual que tampoco resulta desvirtuada con los reparos formulados en el cargo.

Para el ad quem, si la empresa no le había dado a conocer previamente a la extrabajadora la cantidad de mercancía que ella tenía a su cargo, no le podía imputar luego faltante alguno resultante de un inventario, lo cual resulta razonable y a tono con el derecho de defensa de cualquier persona, dado que, conforme a la lógica, la trabajadora solo podía responder por las cantidades de mercancía que realmente había recibido, entrega que se había podido surtir con la participación de la trabajadora en los inventarios realizados, lo cual, conforme a lo ya visto, no se dio en razón a que estos se hicieron sin su intervención y no se le notificó a la trabajadora, siquiera, el resultado de las cantidades.
  (2014-11-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sala de Consulta

    Las vacaciones pagadas en dinero a la terminación de la relación laboral hacen parte de la base para la liquidación y pago de los aportes parafiscales al SENA, ICFB y Cajas de Compensación Familiar.
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    En esa materia no existe una regla especial o diferenciada en relación con los aportes que las empresas de servicios temporales deben hacer sobre las vacaciones compensadas de los trabajadores en misión.
Síntesis del caso:
El Ministerio de la Protección Social elevó en el año 2010, a la Sala la siguiente consulta:
  • “1-¿Las vacaciones pagadas en dinero a la terminación de la relación laboral, tienen naturaleza jurídica distinta a las vacaciones disfrutadas en tiempo?.
  • 2- ¿Si es que existe diferenciación, las vacaciones pagadas en dinero a la terminación de la relación laboral, deben hacer parte o no de la base de liquidación y pago de aportes parafiscales de todo trabajador?.
  • 3. ¿De no constituir base, existe algún fundamento legal que establezca una excepción para el caso de los trabajadores en misión de las empresas de servicios temporales?.
La Sala estimó que la primera pregunta no presentaba un problema jurídico autónomo sino que, en el entendimiento de la entidad consultante, sería un medio para responder las dos restantes. No obstante, como se observará a lo largo de este concepto, la cuestión relativa a la naturaleza jurídica de las vacaciones desde la perspectiva de los derechos del trabajador, es irrelevante para responder los siguientes dos interrogantes, que son las que constituyen el fondo del asunto consultado.
  (2014-11-12) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Expediente No 1879
    PERIODO DE SUSPENSION DEL CARGO – Reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir.
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    PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES –Término de suspensión.
Como ya se dijo en líneas anteriores, de lo que se trata aquí es de un proceso de responsabilidad legal derivado del hecho cierto de que el actor estuvo suspendido por orden de un fiscal al interior de una investigación de tipo penal que se adelantaba en su contra. Levantada la suspensión por cuenta de que el investigado y juzgado Martin Emilio Berrio Julio fue absuelto al interior del proceso penal, lo procedente es que por aplicación analógica del artículo 158 de la Ley 734 de 2002, dado el principio de favorabilidad que consigna el artículo 53 de la Carta Política en cuanto situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, sea reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho el reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión, cuando la investigación termine con fallo absolutorio.

Nótese que aquí la persona que se cree lesionada en un derecho amparado por una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. (…) Por lo anterior, en este asunto solo se debate el primer tipo de responsabilidad, la derivada de la ley y que es producto de la omisión del pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por el demandante durante el periodo de suspensión de la prestación efectiva del servicio a la entidad demandada, quien es la llamada a restablecer el derecho que efectivamente se lesionó al omitir dicho reconocimiento.

Máxime si como quedó demostrado al interior del proceso, en situación similar la entidad mediante Resolución No. 0148 de 7 de marzo de 2002 había reconocido y ordenado el pago a una funcionaria en su condición de Auxiliar de Servicios Generales 5335-01 de la planta Global de la delegación departamental de Bolívar, los emolumentos dejados de percibir durante el tiempo que duró suspendida por razón de investigación adelantada por la Fiscalía 17 Seccional de Cartagena que finalmente terminó con preclusión de la investigación, luego ante idéntica razón de hecho, idéntica razón de derecho so pena de quebrantar la igualdad de trato en las relaciones jurídicas de la administración.
  (2014-10-15) [Mas Información]
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Sala Tercera de Revisión
Sentencia T-602/10
ACCIÓN DE TUTELA PARA PAGO DE LICENCIA DE MATERNIDAD-Procede pago licencia de maternidad de forma proporcional a las semanas efectivamente cotizadas por la actora al momento del parto.
  • LICENCIA DE MATERNIDAD-Caso en que la peticionaria dejó de cotizar más de dos meses del periodo de gestación y por lo tanto procede el pago proporcional
Consideraciones y Fundamentos
De acuerdo con la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios[4], los requisitos que debe cumplir la trabajadora para que la EPS le pague la licencia de maternidad se pueden resumir, grosso modo, en los siguientes:
  • “(i) que la trabajadora haya cotizado ininterrumpidamente al sistema de seguridad social en salud durante todo el periodo de gestación y
  • (ii) que su empleador (o ella misma, en el caso de las trabajadoras independientes) haya pagado de manera oportuna las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, por lo menos cuatro de los seis meses anteriores a la fecha de causación del derecho”.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido reiteradamente, la procedencia de la acción de tutela y el derecho de las mujeres al reconocimiento y pago de la licencia de maternidad aun cuando no se cumplan los requisitos establecidos en la regulación, (resumidos en el fundamento anterior) siempre y cuando el mínimo vital, o el del recién nacido se vean vulnerados por el no pago. La vulneración al mínimo vital se ha reconocido cuando la madre devenga un salario mínimo o menos, y se ha presumido cuando el salario es el único medio de subsistencia de la madre.

En tales casos, la jurisprudencia de la Corte ha sido uniforme en aplicar la siguiente regla para ordenar el pago de la licencia de maternidad:
  • (i) cuando una mujer deja de cotizar al SGSSS menos de dos meses del período de gestación, y cumple con las demás condiciones establecidas en la ley y la jurisprudencia, se ordena el pago total de la licencia de maternidad.
  • (ii) cuando una mujer deja de cotizar al SGSSS más de dos meses del período de gestación, y cumple con las demás condiciones establecidas en la ley y la jurisprudencia, se ordena el pago proporcional de la licencia de maternidad al tiempo cotizado.
  (2014-03-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 44001-23-31-000-2000-00697-02(3869-04)
ACREENCIA LABORAL – Procede reconocerla cuando la Entidad demandada no realiza ninguna actividad de defensa.
  • OBLIGACION LABORAL EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION - No se encuentra demostrada su inclusión y por lo tanto si era procedente la acción judicial
    PRUEBA EXTEMPORANEA - No es procedente tenerla en cuenta so pena de incurrir en deslealtad con la parte demandante
La entidad demandada no consideró la discutida obligación laboral como parte del acuerdo de reestructuración, aserto que fluye al examinar la afirmación del apoderado de la entidad demandada consignada en el Acta de Audiencia de Conciliación obrante a los folios 59 a 60, en la cual se indica que no le es posible presentar fórmula conciliatoria habida cuenta que respecto de las obligaciones anteriores al 31 de agosto de 2000, se requiere: "la autorización previa del Comité de Vigilancia".

En este orden de ideas, el mentado cargo no está llamado a prosperar. En tercer lugar, se expresa que se allega con el recurso de apelación una probanza expedida por la Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal de fecha 3 de junio de 2004 donde consta que al actor se le adeudan varias acreencias, las cuales no se han pagado porque el interesado "no ha reportado cuenta bancaria donde se le deben consignar".

La supuesta omisión del actor en recibir la suma que liquidó a su favor la entidad demandada, no le impedía a la jurisdicción efectuar el reconocimiento en la forma como lo hizo, toda vez que ninguna actividad de defensa efectúo el MUNICIPIO DE RIOHACHA tendiente a oponerse al reconocimiento del derecho deprecado.
  (2014-02-14) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 41001-23-31-000-1998-01061-02(0469-11)
RENUNCIA - Debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo.
  • ACOSO LABORAL - Creación de ambiente de trabajo hostil
    ACOSO LABORAL - Retiro de funciones
De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante la modalidad en estudio, la dimisión ha de tener su origen o su fuente generatriz en el libre, franco y espontáneo impulso psíquico y querer del sujeto, que descifran su plena voluntad.

Así pues, esa renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente, ajena a todo vicio de fuerza o engaño. Lo anterior, constituye un desarrollo del derecho de "escogencia de profesión u oficio" contemplado en el artículo 26 de la Constitución Política, según el cual, toda persona es libre de escoger o dejar de lado un oficio u profesión, de acuerdo a sus intereses, sin que existan limitaciones diferentes de aquellas que pretendan salvaguardar la continuidad y buena prestación del servicio.

De manera que, no tendrá efectos legales, aquella dimisión que sólo lo sea en apariencia, en razón de obedecer a circunstancias de presión, provocación o involuntariedad.
  (2014-02-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Segunda

Radicación número: 23001-23-31-000-1998-1008-01(0137-01)
SEGURO POR MUERTE - No reconocimiento porque no se demostró que el fallecimiento obedeciera a un accidente de trabajo.
  • A partir de la expedición de la ley 100 de 1993 se protege el riesgo de muerte a través de dos sistemas, el general de pensiones y el general de riesgos profesionales, siendo aplicable el primero a muerte causada por razones distintas a las del trabajo y el segundo a la causada con ocasión del mismo.
Debe anotarse la existencia de la ley 776 de 2002 por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales que en su artículo 1° prescribe que todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de dicha ley o del decreto 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el mencionado decreto 1295 de 1994 y la ley 776 de 2002.

Del contexto legal antes descrito concluye la Sala que el seguro por muerte causada en razón de accidente de trabajo y enfermedad profesional dejó de tener aplicación a partir de la entrada en vigencia del sistema general de riesgos profesionales.

Así las cosas, solo serían aplicables las normas que disponían lo concerniente al seguro por muerte en el evento de que se probara que se trató de muerte causada por accidente de trabajo en caso de que se comprobara la favorabilidad para el trabajador o sus causahabientes en la aplicación del Decreto 1295 de 1994 o de las normas anteriores, y la muerte hubiere ocurrido antes del 1º de enero de 1996.
  (2014-02-13) [Mas Información]
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