Bienvenido a Pongase al dia.com
Buscar
_TOPICS
Inicio Busqueda
Avanzada
Estatuto
Tributario
Historial
Boletines
Minutas y
Modelos
Recomiendanos Registrese
aqui
Registro ISSN 2145 - 8766 del 06/04/2010
 

Menú
· Home
· Avisos Clasificados
· Busqueda Avanzada
· Busqueda en noticias
· Contáctese
· Descargas
· Enlaces
· Estatuto Tributario
· Historial Boletines
· Hotel los Veleros.
· Minutas_y_Modelos
· Noticias
· Recomiendanos
· Registrese aqui es gratis

Director


C. P. Oscar Jaramillo Toro
Universidad de Manizales
Celular No 300 670 2673

Siganos....

Siganos en...

Sígueme en twitter.com

Sígueme en FaceBook


Reciba el boletín diario en su E-mail

Si desea recibir nuestro boletín diario en su correo electrónico, suscríbase aquí

Twitter @pongasealdia


Google

Consulte informacion por temas
Consulte aqui
La normatividad de los
últimos años clasificada
por temas

Conceptos Aduaneros
IVA
Retención
Gravamen Mov Fancieros
Procedimiento Tributario
Renta y complementarios
Beneficios de Auditoría
Beneficios tributarios
Facturación
Impuesto de timbre
Varios
Ajustes por inflación
Contribuciones
Todos los temas
Jurisprudencia Tributaria
Jurisprudencia Laboral
Jurisprudencia Constituc
Informacion laboral
Normas Contables Basicas
Normas Contables Prof
Comunicados de Prensa

Jurisprudencia
Jurisprudencia Tributaria

Ver normas por año: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Consejo de Estado
Sección Cuarta


Presuncion de omision de ingresos por ventas o servicios.
  • El término para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente es de dos años, el cual empieza a contarse a partir de la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable correspondiente, cuando se haya presentado oportunamente.
Respeto a la inconformidad del apelante de que no se pueden utilizar dos métodos al mismo tiempo, como es el de aplicar la presunción y el de las cifras durante todo el período gravable, es del caso, tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 759 del Estatuto Tributario, que dispone que para poder aplicar la presunción de omisión de ingresos por ventas o servicios, se deben cumplir los siguientes supuestos:
  • 1) la Administración en uso de las amplias facultades de fiscalización previstas en el artículo 684 del Estatuto Tributario, debe ‘constatar’ que el responsable ha omitido registrar ventas o servicios durante no menos de cuatro (4) meses de un año calendario.

  • 2) Efectuada dicha constatación procede la presunción establecida, al señalar la norma que: “podrá presumirse que durante los períodos comprendidos en dicho año se han omitido ingresos por ventas o servicios gravados por una cuantía igual al resultado de multiplicar por el número de meses del período, el promedio de los ingresos omitidos durante los meses constatados”.
  (2016-12-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMPAQUE DE PRODUCTOS AGRICOLAS AVICOLAS O SIMILARES - Es de caracter primario. Reiteracion jurisprudencial.
  • EMPAQUE DE BANANO - Está cobijado por la prohibición de gravar con industria y comercio la producción primaria, siempre que esté inmerso dentro del proceso de siembra, recolección y entrega de la fruta, realizado por su productor
La síntesis del asunto es la siguiente:

Se estudió la legalidad del Acuerdo 025 del 30 de junio de 1995 y del artículo 43 del Acuerdo 43 de 1998, por los cuales el Concejo Municipal de Apartadó (Antioquia), en su orden, estableció el impuesto de industria y comercio para las empacadoras de banano y modificó la tarifa de dicho impuesto, en el sentido de determinarla en términos porcentuales en relación con el salario mínimo mensual vigente.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que anuló tales disposiciones, porque concluyó que la actividad de empacado de banano, efectuada dentro del proceso de siembra, recolección y entrega realizado por su productor, está cobijada por la prohibición contenida en el artículo 39, numeral 2, literal a) de la Ley 14 de 1983, de gravar la producción primaria, entre ella la agrícola, de la que hace parte tal actividad.

La Sala precisó que dicha etapa es necesaria en la cadena productiva del banano y que no es de carácter industrial, sino primaria, dado que no varía ni altera las condiciones físicas y químicas del producto.
  (2016-12-23) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE CERVEZAS IMPORTADAS - Incluye el valor de los empaques, envases o recipientes en donde vienen las cervezas, sean retornables o no.
  • EMPAQUES ENVASES O RECIPIENTES DE CERVEZAS - No hay norma legal que los excluya del impuesto sobre las ventas.
Al señalarse que para la liquidación del impuesto sobre las ventas para las cervezas se aplicará la base gravable establecida en el artículo 189 de la Ley 223 de 1995, debe concluirse que la base gravable del impuesto sobre las ventas para las cervezas nacionales e importadas está constituida por el precio de venta al detallista que se define para las cervezas de producción nacional, como el precio facturado a los expendedores en la capital del Departamento donde está situada la fábrica y, para las cervezas importadas, el constituido por el valor en aduana de la mercancía, incluyendo los gravámenes arancelarios, adicionado con un margen de comercialización equivalente al 30% […]

Para la Sala no hay duda de que la base gravable a la cual remite el artículo 475 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 2º de la Ley 1393 de 2010, es el precio de venta al detallista que esta norma legal define, según sean cervezas de producción nacional o importadas.

Similar criterio acoge la Corte Constitucional en la Sentencia C-412-96, M.P., Alejandro Martínez Caballero. En cuanto a lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 189 de la Ley 223 de 1995, que excluye los empaques y envases del cálculo de la base gravable del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, la Sala procede a dilucidar si dicho parágrafo debe aplicarse al calcular la base gravable del impuesto sobre las ventas de cervezas importadas.
  (2016-12-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMPLAZAMIENTO - Acto por el cual se invita al contribuyente a cumplir con sus obligaciones tributarias / EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR - Objeto.
  • El Capítulo II del Título IV del Estatuto Tributario establece el esquema de las liquidaciones oficiales y se ocupa de los actos administrativos de liquidación oficial de revisión, liquidación de aforo y resolución de sanción que produce la Administración dentro de los procesos de determinación oficial de impuestos o de imposición de sanciones.
La liquidación oficial de revisión procede por una sola vez y consiste en la facultad que tiene la Administración de modificar la liquidación privada presentada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante.

Su propósito es revisar la declaración privada y modificarla si no se ha presentado de conformidad con las disposiciones legales o si no refleja la situación económica del contribuyente, responsable o agente retenedor.

Antes de practicar la liquidación oficial de revisión, la Administración debe enviar, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se propone modificar, con explicación de las razones. También debe contener la cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones que se pretende modificar.

De esta actuación puede resultar que el contribuyente acepte los hechos planteados y corrija voluntariamente su declaración. En caso contrario, una vez agotado el procedimiento anterior, en un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir del vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento, la Administración debe proferir y notificar la liquidación oficial de revisión.
  (2016-12-23) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


DECLARACION TRIBUTARIA - Firmeza. Oportunidad para notificar el requerimiento especial y el emplazamiento.
  • BENEFICIO DE AUDITORIA - Firmeza anticipada de la declaración privada. Requisitos.
El beneficio de auditoría fue instituido por el artículo 17 de la Ley 633 de diciembre 29 de 2000, artículo 689-1 del Estatuto Tributario, indicando que para los períodos gravables 2000 a 2003, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementaran su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje equivalente a dos veces la inflación causada del respectivo período gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedarían en firme si dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su presentación no se notificaba emplazamiento para corregir, además de exigir el cumplimiento de requisitos adicionales para tener derecho a dicho beneficio.

En efecto, según la norma mencionada, la firmeza de las declaraciones tributarias dentro de los términos allí establecidos, más cortos según sea mayor el incremento del impuesto neto de renta en relación con el del año inmediatamente anterior, está condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos para acogerse al beneficio mencionado y, de no cumplirlos quedarán sujetas al término de firmeza general consagrado en el artículo 714 del mismo ordenamiento.

Observa la Sala que no obstante que la Administración notificó a la demandante el requerimiento especial el 1º de octubre de 2005, el día 5 del mismo mes y año notificó el emplazamiento para que presentara una corrección a su declaración si lo estimaba pertinente, lo que evidencia que le dio a la sociedad la oportunidad legalmente consagrada de corregir su declaración en las condiciones en que puede hacerlo frente al emplazamiento.
  (2016-12-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


RENTA PRESUNTIVA - Es aquella que la ley considera debe generar un patrimonio. Para su calculo debe tenerse en cuenta el patrimonio liquido del ano inmediatamente anterior.
  • BASES Y PORCENTAJES DE RENTA PRESUNTIVA - Se presume que la renta líquida no es inferior al seis por ciento de su patrimonio líquido.
Para resolver, es necesario remitirse al artículo 188 del Estatuto Tributario, antes de la modificación introducida por el artículo 9° de la Ley 1111 de 2006, según el cual para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al seis por ciento (6%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

Así pues, la renta presuntiva es aquella que la ley considera debe generar un patrimonio; es decir, la ley asume que un patrimonio durante un año gravable debe generar un mínimo de renta, que para el momento de los hechos analizados, era del 6%, hoy en día es del 3%; de resultar más alta que la renta efectivamente obtenida por el contribuyente, se debe tributar sobre ella, lo que ocurrió en el caso que se analiza.

Si bien es cierto, en el impuesto sobre la renta los períodos son independientes, para el cálculo de la renta presuntiva debe tenerse en cuenta el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, como lo ordena el artículo 188 del Estatuto Tributario.

Así pues, si el ente fiscalizador modifica el patrimonio líquido de los años gravables anteriores, para el caso, el de los años 2001, 2002 y 2003, esto ocasiona a su vez, la modificación de la renta presuntiva en los periodos siguientes.
  (2016-12-23) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


PRESUNCION DE OMISION DE INGRESOS - Requisitos; constatacion previa de la omision en medios magneticos y documentales.
  • INSPECCION TRIBUTARIA - Suspensión de términos para notificar requerimiento.
Antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995, la Jurisprudencia de esta Corporación reiteró que el lapso de suspensión del término para notificar el requerimiento era mientras durara la inspección tributaria, máximo por tres meses, lapso que empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practicara.

No bastaba la notificación del Auto que ordena la inspección para que operara la suspensión. Con la modificación contenida en el artículo 251 de la Ley 223 de 1995, al texto del artículo 706 del Estatuto Tributario, la Sala ha interpretado que el lapso de suspensión del plazo para dictar el requerimiento especial ya no es el mismo de duración de la inspección, sino el término fijo de tres meses, los cuales se empiezan a contar a partir de la fecha de notificación del auto que la decrete, como lo señala de manera expresa la norma, criterio que se mantiene vigente y por tanto se reitera en esta ocasión.

En todo caso la sección hizo una salvedad a la anterior posición con base en el texto de la norma transcrita, para aquellos casos en los que se dicta el Auto que ordena la inspección, pero ésta no se practica efectivamente.
  (2016-12-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR - Habilita a la administracion para abrir el termino general de firmeza de los dos anos.
  • REQUERIMIENTO ESPECIAL - Al haberse proferido primero que el emplazamiento para corregir no vulnera el derecho de defensa. Su notificación suspende el término de firmeza de la declaración. Beneficio de auditoria.
De otra parte se observa que no obstante haberse proferido primero el requerimiento especial y luego el emplazamiento para corregir, el acto de determinación fue notificado el 15 de junio de 2006, dentro del término general de firmeza de los dos años contados, teniendo en cuenta que el beneficio de auditoría fue desvirtuado en razón de la notificación del emplazamiento para corregir como lo dispone el artículo 689-1 del Estatuto Tributario al señalar que las declaraciones quedarán en firme si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir.

En efecto, del texto de la norma se desprende que la única exigencia para interrumpir el término de firmeza de las declaraciones con beneficio de auditoria es la notificación del emplazamiento para corregir, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su presentación.

De modo que bajo la aplicación exegética de dicho precepto no se observa violación al debido proceso como quiera que la exigencia mencionada se cumplió y que con ello, el contribuyente emplazado tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

De otra parte, el emplazamiento para corregir habilita a la Administración para abrir el término general de firmeza de los dos (2) años, dentro de los cuales puede actuar proponiendo los demás actos administrativos que estime procedente, puesto que la disposición no contiene ninguna prohibición en ese sentido.
  (2016-12-22) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El transporte de gas combustible esta gravado con el impuesto de industria y comercio ya que no le aplica la exencion para la exploracion y explotacion de petroleo.
  • Síntesis del caso:
Respecto al impuesto de industria y comercio sobre el transporte de gas, se plantea si resulta aplicable el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 (Código de Petróleos) que establece que los departamentos y municipios no pueden establecer impuestos directos e indirectos sobre el gas como producto natural o como derivado de la destilación de petróleo.

Además se controvierte la tarifa aplicada por el municipio del 10 por mil en lugar de la aplicada por la contribuyente del 5 por mil. En cuanto a la sanción por inexactitud el demandante afirma que para configurarse se requiere que el incumplimiento se haya producido por culpa o dolo. La mera comprobación de la situación objetiva no basta para imponer dicha sanción, sino que se requiere de la prueba del elemento subjetivo.
  (2016-12-16) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Procede la correccion de una declaracion de IVA por parte del vendedor para reflejar la retencion no practicada por el retenedor y pagada directamente a la DIAN.
  • Síntesis del caso:
Una sociedad corrigió por segunda vez su declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al segundo bimestre del año 2006, con el fin de aumentar la retención del IVA por un monto de $ 97.884.000 como consecuencia de que el agente retenedor inicialmente no le practicó la retención por IVA y luego de una conciliación con la DIAN, le canceló a ésta los valores dejados de retener.

El demandante expone como argumento para esta corrección que la administración ya había recibido el pago de la retención no practicada y la actora a su vez también había pagado la totalidad del IVA generado.

La razón de la DIAN para rechazar esta corrección se debió a que conforme con los artículos 484-1 y 510 del Estatuto Tributario y 31 del Decreto 3050 de 1997, para descontar la retención por IVA, se requiere que el valor que se incluya en la declaración debe corresponder con la fecha en que se registró contablemente la retención.
  (2016-12-16) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La compensacion de los excesos de renta presuntiva en los procesos de escision debe hacerse sobre el patrimonio transferido.
  • Síntesis del caso:
En un proceso de escisión la sociedad escindida le transfirió a la sociedad beneficiaria el 7.98% del patrimonio y el 100% de los excesos de renta presuntiva.

La sociedad beneficiaria al presentar la declaración de renta por el año gravable 2007 compensó los excesos de renta presuntiva obtenidos por efectos de la escisión por valor de $ 5.788.608.000. Ante ello mediante liquidación oficial de revisión, la DIAN le rechazó el valor total de la compensación de los excesos de renta presuntiva liquidados en el año 2006 por la escindida.

Para la administración la compensación de los excesos de renta presuntiva está sometida a la parte proporcional del patrimonio transferido a la beneficiaria de acuerdo a los artículos 9 de la Ley 222 de 1995 y 2º del decreto 852 de 2006. Para la demandante, la Ley 222 de 1995 se trata de una norma comercial que no tiene alcance en materia tributaria.
  (2016-12-16) [Mas Información]
Consejo de Estado.

REFORMA DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA REFORMA DE LA DEMANDA / VULNERACION DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO – inexistencia / VULNERACION DEL DERECHO DE DEFENSA – inexistencia.
  • Problema jurídico:
¿Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y contradicción de la DIAN, al admitir la reforma de la demanda presentada con posterioridad al vencimiento del término de traslado de la misma?

Tesis: “[L]a Subsección B considera procedente replantear la postura que al respecto había esbozado en decisión anterior y concluye que el entendimiento adecuado de la norma debe ser la siguiente:

La oportunidad para la reforma de la demanda se prolonga hasta el vencimiento de los 10 días siguientes a la finalización del término de traslado de la demanda inicial y no solamente durante primeros 10 días de ese término (…)

La actora en tutela considera que (…) se vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, y además, que se está desconociendo el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado (…) considera la Subsección B que se trata de providencias que no son de unificación jurisprudencial y que si bien, dos de ellas fijan posturas respecto del tema en debate, del desconocimiento de las mismas o de su separación, no se puede desprender vulneración del precedente”.
  (2016-12-13) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMBARGO Y SECUESTRO - Su levantamiento lo puede solicitar un tercero que no se opuso a la practica de tales diligencias.
  • POSEEDOR DE BIEN EMBARGADO Y SECUESTRADO - Debe demostrar tal calidad para lograr el levantamiento de la medida cautelar / POSESION CIVIL - Elementos.
El Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de solicitar el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro, cuando su propósito sea dejarlas sin efecto por presentarse alguna circunstancia que implica su inefectividad.

El numeral octavo del artículo 687 del E.T. establece uno de los eventos en que se puede solicitar el levantamiento de la medida. El Código de Procedimiento Civil artículo 687 establece la posibilidad que tiene un tercero, que no se opuso a la práctica de las diligencias de embargo y secuestro, de defender sus intereses a través de la solicitud de la declaración de que él tenía la posesión material del bien al momento de la diligencia.

Para que sea procedente la anterior opción, es necesario que la persona que no se opuso a la diligencia por cualquiera de las razones que el artículo señala, presente la solicitud dentro de los 20 días siguientes a la práctica de la misma y que, además, aporte las pruebas necesarias para acreditar la calidad de poseedor del bien sobre el cual recae la medida.

El derecho real de posesión está definido por el Código Civil. De la anterior definición se desprende que la figura de la posesión implica la existencia de dos elementos esenciales: el animus y el corpus. El elemento material, denominado corpus, implica tomar la cosa, tenerla u ocuparla y el elemento sicológico, denominados animus, comprende específicamente la voluntad de tener la cosa.
  (2016-12-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMBARGO DE CUENTA CORRIENTE - Los depositos posteriores a la orden de embargo no pueden ser utilizados por el Banco.
  • SOBREGIRO BANCARIO - Para cubrirlo el banco no puede utilizar dineros depositados en cuenta embargada.
Consta en el proceso que la orden de embargo proferida por el Juzgado Trece Civil Municipal de Bogotá, sobre la cuenta corriente 079-03816-2 del señor Héctor Enrique Ortiz Quintero, fue notificada al Banco el 26 de marzo de 1998, y que para la fecha, la mencionada cuenta registraba un sobregiro de $1.399.753. Con base en los extractos de junio, agosto y septiembre de 1998, se constató el depósito de dineros en la mencionada cuenta, por $408.500, $725.235 y $1.280.000, respectivamente, los cuales fueron utilizados para cancelar el sobregiro, quedando un remanente de $10.541, que fue entregado al juzgado que ordenó el embargo, el 15 de diciembre de 1998.

No asiste entonces razón a la actora cuando afirma que nunca se depositó suma alguna con posterioridad a la orden de embargo, pues lo cierto es que los depósitos realizados en la cuenta, con posterioridad a la orden de embargo, fueron utilizados para cubrir el sobregiro a favor del banco, y que no hay una explicación razonable que justifique el supuesto "movimiento contable" que dice la actora haber realizado a través de la cuenta "depósitos especiales en garantía".

Con tal proceder se desconocieron las instrucciones impartidas por la Superintendencia Bancaria en la Circular Externa 007 de 1996, acerca del procedimiento a seguir para dar cumplimiento a las ordenes de embargo, así como el artículo 1387 del Código de Comercio, que ordena:
  • "El embargo de las sumas depositadas en cuenta corriente afectará tanto el saldo actual en la hora y fecha en que el banco reciba la comunicación del juez, como las cantidades depositadas con posterioridad hasta el límite indicado en la orden respectiva", configurándose la infracción sancionada.
  (2016-12-06) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


ARRENDATARIO - Al no tener la calidad de poseedor no puede solicitar el levantamiento de la medida cautelar.
  • CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - Implica actos de administración y el bien no sale del patrimonio del arrendador / EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES POR LA DIAN - No procede su levantamiento cuando lo solicita el arrendatario.
Una de las situaciones que se puede presentar en casos de levantamiento de medidas de embargo y secuestro, es la de un arrendatario que exhibe un contrato de arrendamiento de bien inmueble para acreditar su calidad de poseedor, sin embargo esta situación no es suficiente para que la solicitud prospere, ya que en realidad dicho contrato no le otorga al arrendatario el derecho de posesión sobre el bien, sino que, simplemente, ostenta la tenencia del mismo, es decir, el corpus.

El contrato de arrendamiento implica solamente actos de administración, toda vez que el arrendador no sustrae de su patrimonio el bien que es objeto de uso y goce por parte del arrendatario.

En este tipo de contratos no existe la intención de transferir el dominio del bien, solamente se permite el uso del mismo, sin que el arrendatario pueda ejercer actos de disposición de la cosa.

El arrendatario en ningún momento detenta el animus para acreditar la posesión del bien, es simplemente tenedor del mismo, ya que en dicho documento reconoce un mejor derecho que el suyo en cabeza del arrendador. Así las cosas, al adolecer el arrendatario del animus la solicitud de levantamiento de la medida cautelar se torna improcedente.
  (2016-12-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


DECISION DEL RECURSO DE APELACION - Debe notificarse personalmente por ser un acto que pone fin al proceso.
  • FALTA DE NOTIFICACION - No es causal de nulidad del acto administrativo / PUBLICIDAD - No es requisito de validez del acto administrativo.
De lo anterior se advierte que el ente demandado reconoce que la decisión del recurso de apelación no fue notificada personalmente, a pesar de que a ello había lugar de conformidad con el artículo 44 del C.C.A. en atención a que le dio a la solicitud de la parte actora el trámite de un derecho de petición y que, igualmente, a la luz del procedimiento tributario, la decisión debió haber sido notificada personalmente o por correo, como lo dispone el artículo 565 E.T

Además, se observa que el Municipio no indica la forma en que procedió a poner en conocimiento de las demandantes el acto que puso fin a la actuación que, en el caso, es la Resolución 023 de 2001 que decidió el recurso de apelación, ni obra constancia de que esa diligencia se hubiera realizado por otro medio, como la "publicación" que el a quo tuvo en cuenta para iniciar el conteo del término de caducidad de la acción interpuesta cuando no aparece la prueba de ello en el expediente.

En esa medida, la falta de notificación del acto en debida y legal forma es un hecho reconocido por el ente municipal y que tenía la obligación constitucional y legal de cumplir en aras de proteger los derechos al debido proceso y de defensa de la actora.
  (2016-12-06) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


PROCESO DE COBRO COACTIVO - Finalidad / TITULO EJECUTIVO - Lo son las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.
  • TITULO EJECUTIVO - es sustento para efectuar el embargo de los bienes del contribuyente / PAGO EN EXCESO - Lo es los dineros embargados.
Como lo ha indicado la Sala, el proceso de cobro coactivo tiene como fin "hacer efectivos los actos administrativos en donde conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, es decir, que preste mérito ejecutivo.

El título ejecutivo debe reunir las condiciones exigidas en el artículo 68 del C. C.A., por lo tanto, señalará con precisión a los titulares de la relación jurídica, el contenido y objeto de la relación jurídica y el monto de las obligaciones exigibles.

Con base en el título ejecutivo en el que se identifique plenamente al obligado y, previa su debida notificación, la Administración debe dictar el mandamiento de pago.".

En el procedimiento administrativo de cobro de las obligaciones fiscales previsto en el Estatuto Tributario, prestan mérito ejecutivo las liquidaciones oficiales ejecutoriadas Ahora bien, con el objeto de asegurar el pago de las sumas adeudadas contenidas en los títulos ejecutivos, dentro del trámite de cobro, se otorga la facultad de decretar como medidas preventivas el embargo y el secuestro de los bienes del deudor de manera previa o simultánea con el mandamiento de pago.
  (2016-12-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


INTERESES CORRIENTES EN DEVOLUCION DEL SALDO A FAVOR - Procedencia. Término para reconocerlos.
  • Intereses corrientes artículo 863 E.T.
En cuanto a los intereses corrientes reclamados por la parte actora, se advierte que son procedentes a la luz de lo dispuesto en el artículo 863 E.T. que dispone:
  • "Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria de la providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor".
Acorde con lo anterior, la parte actora solicitó la devolución y esta fue parcialmente negada mediante Resolución 125 del 9 de noviembre de 2000, notificada el 13 de diciembre del 2000.

Por consiguiente, los intereses corrientes que se deben reconocer respecto del valor cuya devolución fue negada, es decir, $514'889.177, son los causados entre la fecha de notificación de la Resolución 125, antes precisada, y la fecha de ejecutoria de esta providencia que ordena su devolución.
  (2016-12-06) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


DECISION DEL RECURSO DE APELACION - Debe notificarse personalmente por ser un acto que pone fin al proceso.
  • FALTA DE NOTIFICACION - No es causal de nulidad del acto administrativo / PUBLICIDAD - No es requisito de validez del acto administrativo.
De lo anterior se advierte que el ente demandado reconoce que la decisión del recurso de apelación no fue notificada personalmente, a pesar de que a ello había lugar de conformidad con el artículo 44 del C.C.A. en atención a que le dio a la solicitud de la parte actora el trámite de un derecho de petición y que, igualmente, a la luz del procedimiento tributario, la decisión debió haber sido notificada personalmente o por correo, como lo dispone el artículo 565 E.T

Además, se observa que el Municipio no indica la forma en que procedió a poner en conocimiento de las demandantes el acto que puso fin a la actuación que, en el caso, es la Resolución 023 de 2001 que decidió el recurso de apelación, ni obra constancia de que esa diligencia se hubiera realizado por otro medio, como la "publicación" que el a quo tuvo en cuenta para iniciar el conteo del término de caducidad de la acción interpuesta cuando no aparece la prueba de ello en el expediente.

En esa medida, la falta de notificación del acto en debida y legal forma es un hecho reconocido por el ente municipal y que tenía la obligación constitucional y legal de cumplir en aras de proteger los derechos al debido proceso y de defensa de la actora.

Además, carece de soporte legal la excusa aducida por el Municipio sobre el hecho de que no estaba obligada a la notificación personal porque "se trataba de un recurso de apelación decidido por el Alcalde Municipal", cuando es evidente que la decisión resuelve una situación particular y concreta.
  (2016-11-29) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMBARGO Y SECUESTRO - Medidas cautelares dentro del proceso de cobro coactivo.
  • EMBARGO - requisitos para decretarlo / TITULO EJECUTIVO - es sustento para efectuar el embargo de los bienes del contribuyente / PAGO EN EXCESO - Lo es los dineros embargados.
Como lo ha indicado la Sala, el proceso de cobro coactivo tiene como fin "hacer efectivos los actos administrativos en donde conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, es decir, que preste mérito ejecutivo.

El título ejecutivo debe reunir las condiciones exigidas en el artículo 68 del C. C.A., por lo tanto, señalará con precisión a los titulares de la relación jurídica, el contenido y objeto de la relación jurídica y el monto de las obligaciones exigibles.

Con base en el título ejecutivo en el que se identifique plenamente al obligado y, previa su debida notificación, la Administración debe dictar el mandamiento de pago.". En el procedimiento administrativo de cobro de las obligaciones fiscales previsto en el Estatuto Tributario, prestan mérito ejecutivo las liquidaciones oficiales ejecutoriadas Ahora bien, con el objeto de asegurar el pago de las sumas adeudadas contenidas en los títulos ejecutivos, dentro del trámite de cobro, se otorga la facultad de decretar como medidas preventivas el embargo y el secuestro de los bienes del deudor de manera previa o simultánea con el mandamiento de pago.

Como se advierte, es indispensable para decretar el embargo tener conocimiento no sólo de que el afectado con la medida es deudor sino, además, del monto de su obligación, ambas condiciones se desprenden de la existencia de un título ejecutivo.
  (2016-11-29) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


INTERESES CORRIENTES EN DEVOLUCION DEL SALDO A FAVOR - Procedencia. Termino para reconocerlos.
  • "Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria de la providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor".
En cuanto a los intereses corrientes reclamados por la parte actora, se advierte que son procedentes a la luz de lo dispuesto en el artículo 863 E.T. que dispone:
  • "Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria de la providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor".
Acorde con lo anterior, la parte actora solicitó la devolución y esta fue parcialmente negada mediante Resolución 125 del 9 de noviembre de 2000, notificada el 13 de diciembre del 2000.

Por consiguiente, los intereses corrientes que se deben reconocer respecto del valor cuya devolución fue negada, es decir, $514'889.177, son los causados entre la fecha de notificación de la Resolución 125, antes precisada, y la fecha de ejecutoria de esta providencia que ordena su devolución.
  (2016-11-29) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


NOTIFICACION PERSONAL / NOTIFICACION POR ESTADO.
  • En manera alguna puede pensarse que resulta válida una notificación por estado cuando la Administración omite la citación para notificación personal que ordena la ley.
El mandamiento de pago no constituye cosa diferente que la demanda al deudor de que satisfaga el pago de una deuda, y en este orden de ideas le son aplicables las regulaciones contenidas en el artículo 89 del C. de P. C. para la reforma y adición de la demanda, y en consecuencia se requería que la notificación del nuevo mandamiento de pago se efectuara personalmente, previa citación al deudor o a su apoderado, conforme lo señala el artículo 564, sólo entonces puede acudirse a la notificación supletorio.

En manera alguna puede pensarse que resulta válida una notificación por estado cuando la Administración omite la citación para notificación personal que ordena la ley, y menos cuando con tal actuación no se cumple con la finalidad de la notificación cual es la de dar a conocer el hecho demandado es decir no existe notificación y en tal caso el acto que se expida no produce efectos jurídicos.

A términos del artículo 78 numeral lo. del Decreto Ley 3803 de 1982 entonces vigente (hoy artículo 818 del Estatuto Tributario) sólo la notificación personal del mandamiento de pago (sea inicial o modificado) tiene la virtud de interrumpir el término de prescripción.
  (2016-11-25) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


SOCIEDADES IMBRICADAS / RENTA GRAVABLE / PRUEBA CONTABLE / ELUSION TRIBUTARIA / ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Funciones.
  • Elusión tributaria.- Cuando los sujetos pasivos de la obligación, infringen directamente ni a través de operaciones que aunque virtual o aparentemente legales tengan como objeto menguar los intereses del fisco.
La administración cuestionó la veracidad de la contabilidad de la empresa, razón por la cual no le dio el valor probatorio que ella tiene para respaldar partidas fiscales que se denuncian en las declaraciones tributarias.

Es función de la administración tributaria, vigilar por la recta aplicación de las normas reguladoras de los impuestos administrados por ella y en uso de tal deber le corresponde estar atenta a que los sujetos pasivos de la obligación, no la infrinjan directamente ni a través de operaciones que aunque virtual o aparentemente legales tengan como objeto menguar los intereses del fisco que la doctrina conoce como elusión tributaria. (Ejercicio fiscal de 1980).
  (2016-11-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY TRIBUTARIA - Alcance.
  • IMPUESTOS DE PERIODO - Las normas que los modifique sólo podrá aplicarse para el período que comience después de su entrada en vigencia
El artículo 338 de la constitución nacional, en concordancia con el artículo 363 ib., consagra la irretroactividad de la ley tributaria y específicamente para los impuestos de período dispuso que las normas que los regulen no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley.

Sobre el alcance del artículo y en particular de las normas que regulen contribuciones a que en él se hace referencia, la Corporación en la providencia citada anotó que tales normas son aquellas que modifiquen alguno de los elementos estructurales del tributo, por lo que si se trata de un impuesto de periodo, sólo podrá aplicarse para el que comience después de su entrada en vigencia.

Criterio reiterado y complementado posteriormente en el sentido de señalar que el constituyente con el artículo 338 quiso prohibir la aplicación retroactiva de la norma tributaria, entendida ésta no sólo las leyes, ordenanzas y acuerdos, sino cualquier otra norma que regule contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, como los actos expedidos por la Administración de Impuestos en los que precisa el alcance y vigencia de una ley tributaria, con carácter obligatorio tanto para sus funcionarios como para los administrados.
  (2016-11-25) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


BENEFICIO DE AUDITORIA - Como modifica un tributo de periodo se aplica en el periodo siguiente.
  • BENEFICIO DE AUDITORIA - Otorga firmeza a la declaración de renta en un término menor que el consagrado de manera general por el artículo 714 del Estatuto Tributario.
Si bien el artículo 63 de la Ley 1111 de 2006, hace referencia a los términos de revisión y de solicitud de devolución y/o compensación de saldos a favor como lo sostiene la demandada, lo cierto es que dichos términos están sujetos a las condiciones que la misma norma establece, entre otros, el incremento del impuesto neto de renta, aspecto sustancial que no puede desconocerse, pues solo tendrán derecho al tratamiento preferencial quienes demuestren el aumento del impuesto en la proporción fijada por el legislador.

Así, la norma no es meramente instrumental, como entendió la Administración en su concepto, sino que tiene incidencia sobre la sustancialidad, en la medida que sólo quienes de manera voluntaria incrementen el impuesto en la proporción señalada, es decir, quienes reúnan las condiciones señaladas en la norma, pueden acceder a la firmeza de la declaración anticipada, salvo las excepciones taxativamente consagradas, en las que, en ningún caso, pueden acceder al beneficio; los demás contribuyentes estarán sujetos al término general de que trata el artículo 714 del E.T.

En suma, tratándose de una norma tributaria que modifica aspectos sustanciales relacionados con el impuesto sobre la renta, tributo de período, se aplica para el período que comience después de iniciar la vigencia, en el caso, a partir del año gravable 2007, como la misma Ley de dispone.
  (2016-11-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE CLUBES - Aunque tienen relación con la empresa y sus trabajadores el contribuyente no probó que dicha expensa haya tenido un efecto positivo en la actividad productora de renta de la empresa.
  • Para que la expensa tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta de la empresa debió probarse su injerencia en la productividad y, también, que la expensa se hizo de manera forzosa, en cumplimiento de la ley, de las obligaciones inherentes a la buena gestión empresarial o de la costumbre mercantil.
La Sala ha fijado reiteradamente el criterio de que los pagos de medicina prepagada que realiza el empleador para sus trabajadores encuadran dentro de la definición de pago laboral indirecto que trae el Decreto Reglamentario 3750 de 1986 en su artículo 5°, como lo señala la apoderada de la demandante.

De lo indicado en las facturas aportadas como prueba de los pagos que dieron origen al impuesto descontable solicitado, se observa que las actividades realizadas están encaminadas a la recreación y bienestar de los trabajadores, lo que redunda en un mejor desempeño, por lo que puede afirmarse que cumplen con el requisito de estar destinadas a las actividades gravadas de la empresa, lo que hace procedente el IVA descontable.

Respecto de las cuotas de sostenimiento de clubes, reitera que su pago corresponde a la cuota de sostenimiento de una acción de la Presidencia de Cerrejón para el manejo de las relaciones y asuntos administrativos.

Observa la Sala, que si bien la anterior expensa tiene relación con la empresa y sus trabajadores en la medida en que les brindan bienestar y comodidad, la demandante no probó que dicha expensa haya tenido un efecto positivo en la actividad productora de renta de la empresa.

Por lo tanto, no es procedente el impuesto descontable solicitado sobre los pagos correspondientes al no estar acreditado que las expensas cumplen con los requisitos de los artículos 107 y 488 del Estatuto Tributario.
  (2016-10-13) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


DECLARACION CON PERDIDA FISCAL - El término general de firmeza es de 5 años y está dado en función de la pérdida y no del beneficio a que esté sujeta la declaración.
  • DECLARACION CON PERDIDA FISCAL - Su término de firmeza es el del artículo 147 del E.T. y no el del art. 689-1 ibidem, aunque cumpla los requisitos que el segundo establece para tener derecho al beneficio de auditoría.
la Sala observa que el mencionado artículo 689-1 del Estatuto Tributario trajo una previsión especial para las declaraciones que arrojen una pérdida fiscal, según la cual, la autoridad fiscal "…podrá ejercer las facultades de fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia de la misma (…)", aunque haya transcurrido el término señalado en la norma para que ocurra la firmeza de la declaración objeto del beneficio.

La anterior previsión se debe armonizar con el inciso séptimo del artículo 147 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 24 de la Ley 788 de 2002, que dispuso: "…El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales, será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su presentación".

Según lo antes expuesto, de la interpretación sistemática de los artículos 689-1 y 147 del Estatuto Tributario, el término general de firmeza de las declaraciones que arrojen pérdidas es de cinco años, pues dicho término, por ministerio de la ley, está dado en función de la pérdida registrada y no del beneficio a que esté sujeta la declaración.

El término de firmeza así dispuesto, se aplica aunque dichas declaraciones hayan acreditado los supuestos exigidos por el artículo 689-1 ibídem, pues no puede quedar al arbitrio del contribuyente establecer, mediante el cumplimiento de tales requisitos, un término de firmeza diferente al señalado expresa y específicamente, en el artículo 147, para las declaraciones que arrojen pérdidas […]
  (2016-10-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


FACULTADES DE FISCALIZACION - Alcance frente al artículo 689-1 del Estatuto Tributario. Finalidad.
  • Las facultades de fiscalización van más allá de una simple verificación, ya que las mismas, al pretender asegurar la correcta determinación de los impuestos, facultan a la Administración para expedir los actos que garanticen el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, dentro de los que se encuentran los requerimientos especiales.
Las disposiciones antes mencionadas se remiten a las facultades de fiscalización previstas en los artículos 684 y 688 del E.T. […] En tal sentido, el artículo 688 ibídem estableció que las aludidas facultades las ejerce el jefe de la Unidad de Fiscalización, para lo cual podrá proferir los requerimientos especiales y demás actos de trámite en los procesos de determinación de los impuestos.

Así las cosas, las facultades de fiscalización de la Administración a que se refiere el inciso 3º del artículo 689-1 del Estatuto Tributario, tienen como fin asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, mediante la verificación de la exactitud de las declaraciones tributarias que sean objeto del beneficio de auditoría y el desarrollo de las diligencias necesarias para determinar correctamente los impuestos, para lo cual podrá expedir los requerimientos y demás actos a que haya lugar.
  (2016-10-13) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO - Está compuesto por los elementos objetivos, subjetivos, espaciales y temporales.
  • El hecho generador está compuesto por elementos objetivos, subjetivos, espaciales y temporales, que permiten establecer su configuración.
- Los elementos objetivos se relacionan con aquellos hechos o situaciones indicadoras de capacidad contributiva, que fueron considerados por el legislador como materia imponible.

Tratándose del impuesto de registro y según el artículo 226 de la Ley 223 de 1995, puede mencionarse como un elemento objetivo, la inscripción de actos o negocios documentales.

- Los elementos subjetivos hacen referencia a los sujetos que deben intervenir en la operación para que se entienda configurado el hecho generador. V.gr. En el Impuesto de registro la norma exige que sean parte o beneficiarios los particulares, también señala las entidades ante las cuales los documentos están sujetos a inscripción: Las cámaras de comercio y las oficinas de registro.

- El elemento espacial tiene que ver con el lugar donde se debe entender realizado el hecho generador, que para el caso del impuesto de registro está relacionado con el Departamento en el cual se realiza la inscripción, o con la ubicación de bienes inmuebles, cuando el acto se refiera a ellos.

- El elemento temporal es el que señala con precisión la causación del tributo, esto es, el momento en que se realiza el hecho generador y la forma en que ocurre.
  (2016-10-12) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


DERECHO DE DEFENSA - No se vulnera cuando el contribuyente aporta las pruebas necesarias para demostrar los hechos consignados en la declaración.
  • DIAN - Tiene facultad de fiscalización e investigación / CARGA PROBATORIA - La tiene el contribuyente.
Se advierte, por el contrario, que en los tres actos siempre se analizó la glosa con fundamento en los artículos 107 y 488 del E.T. y, por lo tanto, como lo reconoció el Tribunal en la sentencia de primera instancia, existe la debida correspondencia entre el requerimiento y la liquidación, como lo dispone el artículo 711 del E.T.

Considera la Sala que no se violó el derecho de defensa de la demandante porque es deber del contribuyente, después de presentada la declaración, aportar todas las aclaraciones concernientes al cumplimiento de los requisitos consagrados en las normas en las que sustenta su derecho a las deducciones, descuentos o exenciones que solicita.

Lo anterior, porque está obligado a demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, tal como lo dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en lo relacionado con la carga de la prueba.

Por su parte, las autoridades tributarias están facultadas para adelantar labores de de fiscalización e investigación con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, y así verificar el cumplimiento de los presupuestos que la ley consagra para acceder a los derechos señalados, pero ello no significa que la carga probatoria que corresponde a los contribuyentes pueda ser sustituida por la que puedan tener las autoridades tributarias.
  (2016-10-12) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Contenido.
  • FALSA MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Alcance.
La necesidad de motivación de los actos se encuentra circunscrita a evitar la arbitrariedad de la administración en sus decisiones; consiste en una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho y, el que sea breve, o lo más concisa posible, no implica que no haya de ser suficiente; como mínimo, la legislación colombiana requiere de la motivación en forma sumaria, es decir, breve o somera.

Sobre la falsa motivación, en la Sentencia 15298 del 8 de febrero de 2007, con ponencia de la Dra. María Inés Ortiz Barbosa, se dijo:
  • "….. es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la Administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad.

    La causa o motivo de los actos administrativos (elemento causal) se conforma de los fundamentos de hecho y de derecho que son los que determinan la decisión que la Administración adopta, así cuando existe falsa motivación, se entiende que la sustentación fáctica en que se apoya no corresponde a la realidad."
  (2016-10-12) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


EXPENSAS NECESARIAS - Requisitos / RELACION DE CAUSALIDAD - Definición / NECESIDAD - Definición / NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
  • IMPUESTOS DESCONTABLES EN OPERACIONES GRAVADAS, EXCLUIDAS Y EXENTAS - Se imputan proporcionalmente.
Por relación de causalidad debe entenderse la conexidad que existe entre el gasto como causa, con la actividad productora de renta, como efecto.

La necesidad del gasto está relacionada con que éste debe hacerse de manera forzosa, ineludible, y la proporcionalidad es la relación que existe entre el gasto y el ingreso.

La necesidad y la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y por ello el artículo 107 del E. T. dispone que la expensa debe ser una de las normalmente acostumbradas en cada actividad y que la ley no la limite como deducible.

Que se trate de una expensa de las normalmente acostumbradas en cada actividad debe ser probado frente a las expensas que realicen empresas que desarrollen la misma actividad y, por lo tanto, el contribuyente deberá acreditar que es una costumbre normal hacer la erogación, pero, además, de manera forzosa, para demostrar el derecho a la deducción.

El artículo 488 del E.T. dispone que los bienes corporales muebles y servicios deben destinarse a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas, lo que significa que el impuesto pagado por esos bienes o servicios constituye un costo o gasto en la actividad productora de renta de la empresa porque las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas son las operaciones realizadas dentro del contexto de esa actividad productiva de la empresa.
  (2016-10-12) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


INGRESOS POR DIVIDENDOS - Son gravados con el ICA / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Medellín.
  • BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Incluye los ingresos extraordinarios que no provienen del objeto social principal.
Es evidente, entonces, que la actora se constituyó para ejercer, entre otras actividades comerciales, la de inversión en sociedades (artículo 20 [5] del Código de Comercio).

Por lo tanto, los dividendos obtenidos durante el año 1995, por $13.597.329.386, se encuentran gravados con el impuesto de industria y comercio, por tratarse de una actividad propia de su objeto social principal.

Cabe anotar, como lo ha precisado la Sala, que de la definición de actividad comercial, prevista en el artículo 35 de la Ley 14 de 1983, no se puede concluir que los ingresos originados en actividades no consagradas en el objeto social principal de una empresa no hacen parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio, pues el legislador no hizo distinción alguna entre los ingresos provenientes del cumplimiento del objeto social y los que no lo son.

Por el contrario, la base gravable se liquida teniendo en cuenta la totalidad de los ingresos brutos del año anterior, dentro de los que se encuentran los ordinarios como los extraordinarios, sin perjuicio de las exclusiones legales.
  (2016-10-07) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


ACTO MERCANTIL CONEXO - Lo es la obtención de rendimientos financieros en desarrollo de actos y contratos para el cumplimiento del objeto social.
  • RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Al ser el fruto de las inversiones deben hacer parte de la base gravable del ICA.
Respecto de los rendimientos financieros obtenidos en razón de depósitos y otras actividades financieras, además de las precisiones de la Sala al tratar el tema de los dividendos, hace las siguientes:

De acuerdo con el artículo 99 del Código de Comercio, se entenderán incluidos en el objeto social de una compañía los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones derivadas de la existencia y actividad de la sociedad.

Al respecto, la Sección ha precisado que todos los actos realizados por una sociedad comercial, en desarrollo del objeto social, reciben de manera obligada la calificación legal de mercantiles, ya porque encuadren como tales v gr, el giro u otorgamiento de títulos valores o las operaciones bursátiles (artículo 20 [6 y 7] del Código de Comercio, ya porque sean actos mercantiles conexos o por relación, por ejemplo, la obtención de rendimientos financieros en desarrollo de actos y contratos que se celebren para el cumplimiento del objeto social.

Dado que según el artículo 99 del Código de Comercio y el objeto social de la actora, ésta puede celebrar todos los actos y contratos necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial, y por cuanto tales actos y contratos son mercantiles, según se indicó, la Sala encuentra que los ingresos provenientes de los rendimientos financieros, que no son otra cosa que los frutos de las inversiones, deben hacer parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio, motivo por el cual la adición de ingresos que por dicho concepto efectuó el municipio de Medellín, también se ajustó a derecho.
  (2016-10-07) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


DESCUENTOS POR PRONTO PAGO - Constituyen ingreso para quien los otorga dado que se conceden cuando se cumpla una condición.
  • DESCUENTOS POR PRONTO PAGO - No están gravados con ICA porque no generan ingreso para el beneficiario del mismo.
Para efectos de la conformación de la base gravable del impuesto de industria y comercio, ha señalado la Sala que los descuentos condicionados o por pronto pago constituyen ingreso para quien los otorga, dado que no se conceden al momento de la venta, sino en el evento de que se cumpla una determinada condición.

Lo anterior significa que al causarse la venta los descuentos no pueden ser disminuidos del valor de la factura y ésta debe ser registrada contablemente por su totalidad.

Sin embargo, para el beneficiario del descuento por pronto pago no existe ingreso porque tampoco hay pago del vendedor o proveedor, pues como lo sostuvo la Sala "cuando el comprador paga el valor del bien adquirido lo hace por la suma que resulte una vez efectuado el descuento.

Cosa distinta es que no se cumpla la condición en el período gravable respectivo, en cuyo caso el comprador habrá contabilizado y solicitado como costo el valor total de la factura de venta, por lo que en el período siguiente tendrá una recuperación parcial del costo, que deberá registrarse contablemente pero que fiscalmente no genera un "ingreso tributario" (...), ya que aún cuando se produzca el reintegro del valor del descuento condicionado por parte del vendedor, ese valor no tiene carácter remunerativo para el comprador, sino que equivale a la devolución de una suma que desde antes le pertenecía, y que por ende no es susceptible de incrementar su patrimonio."
  (2016-10-07) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


CONSTITUCION DE SOCIEDADES COMERCIALES - La intervención como asociado se califica como acto mercantil.
  • El Código de Comercio califica como mercantiles, para todos los efectos legales, entre otros actos, la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales.
El artículo 35 de la Ley 14 de 1983 establece que se entienden por actividades comerciales las destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, al por mayor o al por menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio; el artículo 9 del Acuerdo 61 de 1989 define la actividad comercial en términos similares.

Así pues, dentro de las actividades comerciales no sólo figuran las previstas en la Ley 14 de 1983, compilada en el Decreto 1333 de 1986, y la norma local que la acoge, sino las consagradas como tales en el Código de Comercio.

Por su parte, la normatividad mercantil además de que enunció en su artículo 20 los actos que se consideran comerciales, precisó en el artículo 24 que la referida enumeración es declarativa y previó en su artículo 21 los llamados actos mercantiles conexos o por relación que son todos los actos de los comerciantes que se relacionan con las actividades o empresas mercantiles, dada la estrecha relación con éstas y los que ejecuta cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales".

De tiempo atrás, la Sección ha reiterado que "el ejercicio profesional de actividades mercantiles, como factor determinante para adquirir la calidad de comerciante, sólo es predicable en relación con las personas naturales de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Código de Comercio, quienes adquieren el status de comerciante por el ejercicio profesional de actos calificados como mercantiles."
  (2016-10-07) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


SANCION POR NO DECLARAR - Procede contra quienes estando obligados a declarar omiten su cumplimiento.
  • EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR - Acto con el que se inicia el proceso de aforo / PROCEDIMIENTO DE AFORO - Etapas.
Respecto a la sanción por no declarar, el ordenamiento jurídico establece un trámite especial dirigido contra quienes, estando obligados a presentar declaraciones tributarias, omitan su cumplimiento.

En el Estatuto Tributario Nacional está previsto en los artículos 715 a 719. Estas normas disponen que el proceso de aforo se inicia con el denominado emplazamiento para declarar, acto mediante el cual la Administración invita a los que previamente haya comprobado que están obligados, para que cumplan ese deber dentro del término de un (1) mes y les advierte de las consecuencias en caso de persistir en su omisión.

El efecto de no presentar la declaración respectiva dentro del término que otorga el emplazamiento, es la imposición de la sanción por no declarar prevista en el artículo 643 ib. Agotado el procedimiento previsto en los citados artículos 643, 715 y 716 del Estatuto Tributario, la Administración, dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, puede determinar, mediante liquidación oficial de aforo, la obligación tributaria de quien no haya declarado, según lo dispuesto en el artículo 717 íb.

En suma, el procedimiento de aforo comprende 3 etapas, a saber:
  • (i) el emplazamiento por no declarar,
  • (ii) la sanción por no declarar y
  • (iii) la liquidación de aforo.
El emplazamiento, si bien es un acto de trámite, su expedición previa es requisito de validez para el debido adelantamiento del proceso de aforo; también debe ser previa la sanción por no declarar, a la determinación oficial del tributo
  (2016-10-07) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


CUENTAS CONTABLES - Sólo generan el impuesto de GMF cuando reconocen un pago o por transferencia a favor de un tercero.
  • En relación con los débitos en cuentas contables, sólo se causará el gravamen en la medida que impliquen el reconocimiento de un pago o de la transferencia a favor de un tercero.
De acuerdo con las normas transcritas se concluye que el Gravamen a las Transacciones Financieras impone un tributo a la disposición de recursos de manera general, es decir, bien sea de los depositados en cuentas corrientes, de ahorro o de depósito en el Banco de la República y así mismo cuando se efectúen débitos en cuentas contables y de otro género, para la realización de cualquier pago o transferencia a un tercero.

En relación con los débitos en cuentas contables, sólo se causará el gravamen en la medida que impliquen el reconocimiento de un pago o de la transferencia a favor de un tercero.

Debe tenerse en cuenta que este reconocimiento puede dar lugar a que se realicen varios registros de naturaleza crédito en las cuentas de la contabilidad e incluso que se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorro, hasta concluir con el pago de la obligación o con la transferencia a un tercero.

En estas circunstancias, como advierte la Corte Constitucional en la providencia a la que se hizo referencia, se presenta una sola disposición de recursos y en esa medida no se genera el gravamen por cada débito que se realice, porque se trata de una sola transacción real.
  (2016-10-03) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


ACTIVIDAD COMERCIAL - Comprende no solo las actividades consagradas en la Ley 14 de 1983 sino también las previstas en el Código de Comercio.
  • EJERCICIO PROFESIONAL DE ACTIVIDAD MERCANTIL - Solamente es predicable de las personas naturales conforme al artículo 10 del Código de Comercio
Dentro de las actividades comerciales no sólo figuran las previstas en la Ley 14 de 1983, compilada en el Decreto 1333 de 1986, y la norma local que la acoge, sino las consagradas como tales en el Código de Comercio.

Por su parte, la normatividad mercantil además de que enunció en su artículo 20 los actos que se consideran comerciales, precisó en el artículo 24 que la referida enumeración es declarativa y previó en su artículo 21 los llamados actos mercantiles conexos o por relación que son todos los actos de los comerciantes que se relacionan con las actividades o empresas mercantiles, dada la estrecha relación con éstas y los que ejecuta cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales.

Ahora bien, el artículo 20 [5] del Código de Comercio califica como mercantiles, para todos los efectos legales, entre otros actos, la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales.

De tiempo atrás, la Sección ha reiterado que "el ejercicio profesional de actividades mercantiles, como factor determinante para adquirir la calidad de comerciante, sólo es predicable en relación con las personas naturales de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Código de Comercio, quienes adquieren el status de comerciante por el ejercicio profesional de actos calificados como mercantiles.
  (2016-10-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


DECLARACION DE RENTA PARA CONSORCIOS / RENTA GRAVABLE DE CONSORCIO - Determinación.
  • Los consorcios a partir de la Ley 49 de 1990, dejaron de ser contribuyentes y por ende desapareció la obligación de presentar declaración "conjunta".
De conformidad con el inciso 3o del artículo 13 del Estatuto Tributario (que codificó el art 34 de la Ley 75 de 1986) "Los consorcios y similares" eran contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, y para tal efecto se asimilaban a las sociedades limitadas, es decir, que en materia de impuesto de renta y complementarios estaban sujetos a las regulaciones tributarias existentes para las sociedades limitadas.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 49 de 1990 del 28 de diciembre de 1990, se eliminó la obligación de presentar declaración de renta para los contribuyentes que recibieran "honorarios, comisiones y servicios" (art 10) y entre otras normas fue derogado de manera expresa el inciso 3o del artículo 13 del Estatuto Tributario.

Por medio del Decreto 836 de marzo 26 de 1991, se reglamentó la Ley 49 de 1990 y en su artículo 33 se estableció la manera de determinar la renta gravable de los miembros de un "Consorcio" así como lo relacionado con la retención en la fuente.

Se consagró así un régimen tributario para los consorcios diferente del que existía antes de la Ley 49 de 1990, pues antes el "consorcio" como tal, era contribuyente del impuesto de renta, mientras que a partir de la Ley 49 de 1990, dejaron de ser contribuyentes y por ende desapareció la obligación de presentar declaración "conjunta".
  (2016-10-03) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


EJERCICIO DE PROFESIÓN LIBERAL.
- Exención de impuestos.
  • IMPUESTO DISTRITAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Ejercicio de profesiones liberales.
El numeral 6º del Artículo 4º del Acuerdo 21 de 1983, según lo admite el señor abogado de la apelante, tiene por actividad no sujeta al impuesto de industria y comercio, "el ejercicio de profesiones liberales", esto es, conforme al parágrafo del Artículo 9 ibídem, la "actividad regulada por el Estado, ejercida por una persona natural mediante la obtención de un título académico de institución docente autorizada, con la intervención de un conjunto de conocimientos de dominio y ciertas habilidades, en cuyo ejercicio predomina el entendimiento y requiere del (sic) intelecto".

Y aunque de la transcripción se desprende, tratarse de actividad exclusiva de personas naturales, la segunda parte del parágrafo incluye en el concepto, a las "sociedades jurídicas o de hecho", que no "empleen más de cinco (5) personas simultáneamente, en cualquier momento durante el año gravable" pues, de otro modo, se entendería que las mismas "ejercen consultoría profesional".

Dado que no es razonable suponer que, indiscriminadamente, el personal administrativo de una empresa, trátese del nivel directivo, ejecutivo o auxiliar, ejerza "consultoría profesional", debe concluirse que cuando la norma alude a la contratación de "personas", deben ser éstas los profesionales y técnicos idóneos en el campo de la consultoría que, efectivamente, ejerzan tal actividad.

En conclusión, no habiéndose acreditado que la actora contratara, en los períodos impositivos discutidos, profesionales o técnicos consultores, en exceso de los que, autorizaba el parágrafo del Artículo 9 del Acuerdo 21 de 1983, ni siendo otra cuestión distinta de dicha contratación el motivo fundamental de la controversia, el recurso que ocupa a la Sala no está llamado a prosperar.
  (2016-09-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


COOPERATIVAS - Se someten al impuesto sobre la renta conforme al régimen tributario especial.

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE - Requisitos para que proceda
  • DESTINACION DE EXCEDENTES - Debe ser aprobado por la asamblea general u órgano directivo que haga sus veces como requisito para que proceda el beneficio neto o excedente.
La Sala advierte que para la época de los hechos, el artículo 19 del Estatuto Tributario, cuyo texto fue modificado por el artículo 63 de la Ley 223 de 1995, preveía que entidades como las cooperativas, se someten al impuesto sobre la renta y complementarios conforme al régimen tributario especial.

Dentro de ese tratamiento especial, vale la pena mencionar, que los contribuyentes de este régimen están sometidos al impuesto sobre la renta y complementarios a la tarifa única del 20% sobre el beneficio neto o excedente, a diferencia de lo que sucede con las personas jurídicas que desarrollan actividades con ánimo de lucro, a quienes se les grava la renta líquida.

Además de la tarifa especial, se observa que este grupo de contribuyentes está exento del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre y cuando el beneficio neto o excedente determinado en la forma prevista en el artículo 357 del Estatuto Tributario, se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y que deberá corresponder a actividades de salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica y tecnológica o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad.

Adicionalmente, el contribuyente deberá, previo a la presentación de su declaración de renta, aprobar en su asamblea general u órgano directivo que haga sus veces, la destinación de los excedentes, de conformidad con las condiciones establecidas para tal efecto y, de ser el caso, requerirá de la calificación o autorización en tal sentido del Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro. (arts. 5 y 8 del Decreto 868 de 1989).
  (2016-09-27) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


EDICION DE PERIODICOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS - Es una actividad de servicios.
  • ALCALDE - No tenía facultad para fijar una tarifa diferente a la actividad de edición de periódicos revistas y publicaciones.
A partir del Acuerdo 2 de 1985, la actividad de publicación de revistas, libros, periódicos, radio y televisión, fue prevista como actividad de servicios (código 309), con una tarifa del 2 por mil (artículo 3). El artículo 15 del Acuerdo 11 de 1988, relativo a las tarifas del impuesto, modificó el código de dicha actividad (301); incluyó en éste, las actividades de transporte, radiodifusión y programación de televisión y aumentó la tarifa al 3 por mil.

En ejercicio de las facultades compilatorias asignadas en el Acuerdo 28 de 1995, el Decreto Distrital 423 de 1996 mantuvo la clasificación y la tarifa que habían sido fijadas en el artículo 15 del Acuerdo 11 de 1988 (código 301 y tarifa del 3 por mil) para la actividad de "Transporte; publicación de revistas, libros y periódicos; radiodifusión y programación de televisión".

Desde el Acuerdo 2 de 1985 hasta la expedición del Decreto 423 de 1996, la actividad de "edición o publicación de revistas y periódicos" ha sido tratada como actividad de servicios. Con la Resolución 1195 del 17 de noviembre de 1998 se estableció en el Distrito Capital la nueva clasificación de actividades económicas para el impuesto de industria y comercio.

El Alcalde Mayor de Bogotá no tenía competencia para asignar a la actividad de edición de periódicos, revistas y otras publicaciones la tarifa del 11,04 por mil, porque el Acuerdo 65 de 2002 había asignado a dicha actividad la tarifa del 3,6 por mil para el año 2002 y 4,14 por mil para el año 2003 y siguientes.
  (2016-09-16) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


VENTA DE ACCIONES - Son activos fijos siempre que no se haga dentro del giro ordinario de los negocios. Los ingresos percibidos no hacen parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
  • OBJETO SOCIAL COMPLEMENTARIO - No hace que cambie la naturaleza de los activos fijos. Acciones.
Así pues, la base gravable del impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital está constituido por los ingresos netos del período gravable, que se determinan restando de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los provenientes de
  • (i) actividades exentas;
  • (ii) actividades no sujetas;
  • (iii) devoluciones, rebajas y descuentos;
  • (iv) exportaciones y
  • (v) la venta de activos fijos.
Según el criterio jurisprudencial expuesto, la calidad de activos fijos cuya venta se excluye de la base gravable del impuesto de industria y comercio, depende de que esa enajenación no se realice dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente y de la forma en que tales activos son contabilizados.

Como puede advertirse, la inversión en acciones, por ejemplo, o la participación como accionista en sociedades que tengan objeto similar, complementario o conexo con el objeto social principal de la actora, no hacen parte del giro ordinario de los negocios de la demandante u objeto social principal.

Por el contrario, las referidas actividades pueden ser realizadas como complementarias para el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de las actividades que hacen parte del objeto social principal. En consecuencia, la compraventa de acciones no hace parte de las actividades principales de la demandante.
  (2016-09-16) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


DEDUCCION POR AMORTIZACION DE INTANGIBLES - Para que proceda debe demostrarse que es una inversión necesaria.
  • DEDUCIBILIDAD DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL - Está condicionada a la generación de ingresos gravados en cabeza de la sociedad controlante.
En líneas generales, la normativa contable define el crédito mercantil como el monto adicional pagado sobre el valor en libros en la adquisición de acciones o cuotas de interés social de un ente económico activo, o sobre el valor calculado o convenido de todos los activos netos comprados, el cual debe reconocerse de manera separada del valor de las acciones o cuotas y debe amortizarse en la media en que sea generador de ingresos o cuando se registre una pérdida o deterioro de su valor.

Aunque desde la perspectiva de la normativa tributaria no exista una definición específica del good- will o crédito mercantil, se observa que el citado artículo 74 reconoce su existencia como un bien incorporal adquirido, sujeto a amortización.

Conforme al artículo 142 ib, el crédito mercantil es un activo amortizable en los términos que señala el artículo 143. Para esta Sala es claro que las normas tributarias remiten, de manera expresa, a la técnica contable, cuyas disposiciones, que ya se han reseñado, determinan que el crédito mercantil adquirido es un activo intangible, que se registra contablemente de manera independiente a la inversión en acciones o cuotas de interés social, y que debe amortizarse en la medida en que contribuye a la generación de ingresos, disposiciones que son concordantes con los artículos 74 y 279 del Estatuto Tributario, en cuanto reconocen la amortización de intangibles para efectos fiscales.
  (2016-09-15) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


SISTEMA CONTABLE DE CAJA / EGRESO - Realizacion
  • / SISTEMA DE CAUSACION.
En el sistema contable de caja, el egreso se realiza cuando se paga efectivamente en dinero o en especie, o cuando su exigibilidad termina por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago.

En tanto que, en el sistema de causación el gasto se realiza cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago.

Se entiende entonces, que el momento del pago, depende del sistema contable utilizado por quien efectúa el pago.
  (2016-09-14) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


BENEFICIO NETO O EXCEDENTE - No debe incluirse dentro de los egresos solicitados como deducibles.
  • CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL - Debe servir para probar los egresos deducibles en el régimen tributario especial.
Según el estado de resultados comparativo histórico a 31 de diciembre de 1995-1996, la actora incluyó dentro de los egresos de 1996 las donaciones realizadas en el mismo año, por $176.577.200. Para liquidar el excedente de 1995 ($189.793.000), la certificación de¡ revisor fiscal de la Corporación, tomó la misma cifra y sumó los gastos operativos por $13.215.800.

Sin embargo, la certificación no prueba que las donaciones se hayan realizado con los ingresos de 1996, ni que por tal razón éstos se hayan disminuido, pues al restar de los egresos, el excedente de 1995, junto con los egresos rechazados, el excedente neto de 1996 se totalizó en $295.435.766, valor que, igualmente, determinó el Comité al descontar de los ingresos ($304.646.152), los egresos aceptados ($9.210.387).

El siguiente cuadro detalla la operación: No hay, pues, razón para afirmar que el beneficio neto de 1995 se incluyó dentro de los egresos solicitados como deducibles, ni, por ende, para negar la deducción de dicho concepto, dada su destinación a donaciones en 1996.
  (2016-09-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS Y DE INVERSIONES - No son egresos cuando son deducidas en su totalidad en el ano de adquisicion.
  • CERTIFICADO DE CONTADOR Y REVISOR FISCAL - Para que sirvan de prueba debe estar conforme con las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
Es de anotar que el artículo 777 del E. T. sujetó el valor probatorio de las certificaciones de contadores y revisores fiscales a su conformidad con las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad, sin perjuicio de las comprobaciones pertinentes sobre las mismas.

Conforme al artículo 4 del Decreto 124 de 1997, los egresos procedentes son aquéllos de cualquier naturaleza y realizados en el respectivo período gravable, que constituyen costo o gasto y tienen relación de causalidad con los ingresos, o que no teniéndola, se destinan directamente a las actividades y programas beneficiados por el régimen tributario especial.

Los egresos realizados con ocasión de actividades comerciales deben, además, ser necesarios y proporcionales con esas actividades y, en defecto de tales condiciones, cumplir con la destinación anteriormente señalada.

Los egresos incluyen las inversiones amortizables del artículo 142 del Estatuto Tributario y la adquisición de activos fijos que se hagan en cumplimiento de las actividades y programas del régimen tributario especial. Así como los egresos destinados indirectamente a tales actividades y programas mediante donaciones efectuadas a otras instituciones sin ánimo de lucro que los desarrollen, caso en el cual se requiere que la entidad donataria efectivamente los haya realizado, según certificación de su revisor fiscal.
  (2016-09-14) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


EGRESO EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Incluyen las inversiones amortizantes y la adquision de activos fijos.
  • DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - No son egresos deducibles porque tienen un tratamiento tributario diferente.
Si bien la depreciación como estimación contable que es, no implica el flujo de dinero saliente propio de los egresos, lo cierto es que al ser una previsión a la pérdida de valor del activo fijo que ha beneficiado a su dueño, no puede equipararse a la amortización, exclusiva de los activos intangibles que sólo reportan beneficios cuando se redime su valor, máxime al considerar que las amortizaciones constitutivas de egresos procedentes son las del artículo 142 del Estatuto Tributario, en las cuales no se incluye la depreciación de activos fijos, entre otras cosas, porque tiene un tratamiento tributario diferente (artículos 127 a 141 del Estatuto Tributario).
  (2016-09-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


SANCION TRIBUTARIA - No es expensa necesaria y no constituye egreso deducible en el régimen tributario especial
  • EGRESO DEDUCIBLE EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - No lo es el impuesto de renta pagado / PERDIDA EN VENTA EN ACCIONES - No es deducible ni egreso en el régimen tributario especial.
El beneficio neto se determina tomando la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, y restando el valor de los egresos de cualquier naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social, incluyendo las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo (art. 357 ibídem).

En el caso de la actora y de acuerdo con lo anterior, procede el desconocimiento como egreso de la partida de $57.203.082 pues no tienen relación de causalidad con los ingresos ni se destinaron al cumplimiento del objeto social de la entidad, toda vez que:

El pago de sanciones y multas por concepto del pliego de cargos señalado en el informe de gastos presentado por el Revisor Fiscal surge del incumplimiento de un deber y no puede considerarse una expensa necesaria ni proporcionada a la actividad de la entidad, ni destinado al cumplimiento de su objeto social que es la organización, enseñanza, administración, financiación y demás actividades relacionadas con establecimientos docentes para preparar técnicos y expertos en las industrias cafetera y agropecuaria.

El impuesto de renta pagado por el año 1995 tampoco es deducible porque no constituye costo o gasto y cuando no existe relación de causalidad con el ingreso, sólo son deducibles los egresos que se destinan a las actividades indicadas en la norma transcrita.
  (2016-09-14) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


ASIGNACIONES PERMANENTES EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Debe indicarse con claridad los programas o actividades a realizar.
  • EXENCIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE - No procede al no haber claridad en la destinación de las asignaciones permanentes.
De manera reiterada la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha considerado que conforme el artículo 358 del Estatuto Tributario y los artículos citados anteriormente para gozar de la exención del beneficio neto o excedente, el órgano directivo de la entidad debe precisar con claridad los programas o actividades que se proponga realizar con el monto de las asignaciones permanentes.

En efecto, contrario a lo sostenido por la demandante en la constitución de las asignaciones permanentes, sí "se requiere que de manera concreta y específica la Directiva respectiva precise la destinación también específica del rubro correspondiente so pena de ser improcedente la exención".

No puede otorgarse la exención, pues la exigencia legal no se cumple con la simple mención genérica del propósito de que con los "recursos y sus frutos posibiliten el mantenimiento o desarrollo permanente de sus actividades para el año de 1997", o con la evocación a su objeto social.

En conclusión, como lo precisó la Sala en sentencia de 7 de octubre de 2000, dictada dentro del expediente 9967: "[…] es necesario que se detallen las actividades, planes o programas que se van a ejecutar, para que pueda realizarse una adecuada cualificación oficial en orden a verificar que efectivamente la inversión corresponde a las actividades incentivadas por la ley y objeto de tratamiento especial.
  (2016-09-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El termino de uno o dos anos, segun el caso, de los articulos 588 y 589 del E. T., para corregir una declaracion tributaria, que a su vez ha corregido la inicial, se cuenta desde la ultima correccion realizada.
    Síntesis del caso:
En relación con el procedimiento de modificación de las declaraciones tributarias, el Estatuto Tributario prevé
  • (i) un término de firmeza y,
  • ii) un plazo de corrección.
El término de firmeza se establece como el plazo máximo en el que el ente fiscal puede ejercer válidamente la facultad de revisar y modificar las declaraciones tributarias. Así, el artículo 714 del Estatuto Tributario fija un plazo general de 2 años siguientes a la fecha del vencimiento para declarar, para la firmeza de las declaraciones, siempre y cuando la Administración no haya notificado el requerimiento especial.

Pero así como la entidad fiscal dispone de un término para revisar la obligación tributaria, el contribuyente dispone de la facultad de enmendar sus errores, para lo cual la ley le otorga de forma específica un término de corrección en el cual puede corregir voluntariamente las declaraciones tributarias.

  (2016-08-31) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sala Plena


Sentencias proferidas oralmente en el curso de una audiencia publica se entienden notificadas en estrados aunque hubiese faltado alguna de las partes o sus apoderados.
    Quien no concurre a las audiencias asume la carga de enterarse de las decisiones que allí se adopten así como de hacer uso de los recursos oportunamente.
Síntesis del caso:
La actora interpuso acción de tutela con el fin de que se ordene la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por las decisiones del Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión de Quibdó, que rechazaron el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida en audiencia inicial, que fue notificada en estrados, por considerarlo extemporáneo.

Para la actora tal rechazo vulnera sus derechos pues considera que la sentencia proferida en la audiencia pública debió notificarse al correo electrónico indicado para tal efecto y no por estrados.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sala Plena


Se incurre en defecto sustantivo cuando se otorga caracter definitivo a la Liquidacion individual proferida en el proceso de fiscalizacion por contribuciones parafiscales adeudadas al SENA, por cuanto, es de caracter preparatorio.
    Síntesis del caso:
La sociedad M.S. CONSTRUCCIONES S.A., a través de apoderado, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, al considerar que la sentencia que profirió el 5 de mayo de 2016, por medio de la cual revocó la de primera instancia dictada dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la Sociedad la sentencia de segunda instancia adolece de: i) Defecto sustantivo porque no se aplicó debidamente el artículo 43 del CPACA que define los actos definitivos y ii) Desconocimiento del precedente que establece que las contribuciones parafiscales se liquidan sobre la nómina y no sobre los contratistas.

  (2016-08-30) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El fideicomitente puede ser sujeto pasivo del impuesto de delineacion urbana y en caso de haber presentado la declaracion no hay lugar a la sancion por no declarar impuesta por el Distrito Capital a la fiduciaria.
    Síntesis del caso:
La Secretaria de Hacienda de Bogotá, el 21 de mayo de 2010, le impuso a una Fiduciaria una sanción por no declarar el impuesto de delineación urbana correspondiente a la licencia de construcción 05-3-0319 del 17 de mayo de 2005 por valor de $ 232.039.000. En la misma fecha, le profirió una liquidación de aforo por no presentar la citada declaración.

Para la Fiduciaria, el Distrito incurrió en un excesivo formalismo al señalar que la declaración que presentó la sociedad fideicomitente no producía efecto legal alguno y no debía tenerse dicha declaración por no presentada. Además que en su calidad de fideicomitente era la titular de la licencia de construcción y a la vez sujeto pasivo del impuesto.

Adujo que debería prevalecer la aplicación del derecho sustancial sobre el formal pues el fideicomitente obró en consecuencia de sus responsabilidades. Por su parte para la Secretaría de Hacienda, para al fecha en que se expidió la licencia de construcción, quien aparecía como propietaria del bien inmueble en el certificado de tradición y libertad, era la fiduciaria y por tanto era el sujeto pasivo del impuesto.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El costo presunto del 75 % en el impuesto sobre la renta no es procedente aplicarlo en el caso de los contratos de obra civil ya que solo puede utilizarse para determinar el costo en la enajenacion de activos fijos y no en la prestacion de servicios profesionales.
    Síntesis del caso:
En julio de 2008, una persona natural presentó su declaración de renta por el año gravable 2007 donde registró un impuesto a cargo de $ 13.275.000 y un total a pagar de $ 7.337.000. A raíz de un emplazamiento para corregir, el contribuyente incrementó los ingresos y calculó un total a pagar de $ 9.559.000.

Luego la DIAN previo requerimiento especial le modificó la declaración mediante liquidación oficial donde le aumentó los ingresos en $ 19.825.000, le desconoció costos y gastos de $ 519.382.000, le reliquidó la sanción por corrección y le impuso sanción por inexactitud. Para el contribuyente la DIAN no debió negarle la aplicación del artículo 82 del Estatuto Tributario sobre costos estimados ya que según su inciso 3° se aplica si no es posible determinar costos y deducciones.

Afirma que la actividad del contribuyente no es la prestación de servicios sino la construcción de bienes inmuebles, para lo cual celebra contratos de obra a todo costo, como lo corrobora el código de actividad que es el 4530. Mientras tanto para la DIAN, el contribuyente es de servicios porque se encuentra en el RUT con la actividad 4530 que corresponde a “construcción de obras de ingeniería civil” y en desarrollo de su actividad económica obtuvo ingresos por $ 622.391.000 por “honorarios, comisiones y servicios”.

  (2016-08-30) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El costo estimado del articulo 82 del Estatuto Tributario se aplica cuando existen indicios que el costo declarado no es real, no se conoce o no es posible determinar el costo de enajenacion de los activos enajenados en el impuesto sobre la renta.
    Síntesis del caso:
“…El artículo 82 del Estatuto Tributario hace parte de las normas comunes al costo de activos fijos y movibles, del capítulo 2- Costos del Libro I del Estatuto Tributario, que corresponde al impuesto sobre la renta y complementarios.

La referida norma dispone lo siguiente:…
  • Esta norma establece los eventos en que procede la estimación de los costos en la enajenación de activos, los instrumentos con los que cuenta la Administración para determinarlos, así como un cálculo aproximado de estos cuando las herramientas dadas a los funcionarios de fiscalización son insuficientes para determinarlos.
Así, para aplicar la estimación de costos el funcionario de fiscalización debe encontrarse frente a alguna de las siguientes situaciones:
  • - Indicios de que el costo de enajenación de activos informado por el contribuyente no es real, o

  • - No se conoce el costo de los activos enajenados o este no puede determinarse mediante pruebas directas, como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos.
Verificado alguno de los eventos anteriores, puede acudirse a los costos de los activos fijos enajenados en que incurrieron personas que han desarrollado la misma actividad del contribuyente, o han realizado operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a datos estadísticos de diferentes entidades.

Por último, si ninguno de los instrumentos indicados permite determinar el costo de los activos fijos enajenados en que se incurrió, este se estimará en el 75% del valor de la respectiva enajenación.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Para agotar la via gubernativa y acudir a la jurisdiccion contenciosa administrativa no es obligatorio interponer el recurso de reposicion contra el acto que decide las excepciones en el cobro coactivo tributario.
    Síntesis del caso:
En febrero de 2010, el municipio de Girardot con fundamento en el Acuerdo 015 de 2007 le practicó a una empresa energética del Tolima, una liquidación de aforo donde le determinó el valor a pagar por el impuesto de alumbrado público del período gravable 2009.

Con base en la liquidación oficial y el acto que lo confirmó, libró mandamiento de pago y ordenó el embargo de las cuentas bancarias. En marzo de 2011, la demandante solicitó que se declararan probadas las excepciones de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo” por cuanto las resoluciones que dieron origen a los valores cobrados en cobro coactivo, no se encontraban ejecutoriadas por haber sido demandadas en acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En marzo de 2011, la administración municipal se abstuvo de declarar probadas las excepciones propuestas. Aunque el municipio de Girardot no contestó la demanda, al interponer el recurso de apelación ante la jurisdicción afirmó que la demanda no había sido admitida y que la actora no agotó la vía gubernativa en tanto no hizo uso del recurso de reposición contemplado en el artículo 834 del Estatuto Tributario para agotar la vía gubernativa.

  (2016-08-30) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La excepcion contra el mandamiento de pago consistente en la interposicion de demandas ante la jurisdiccion contenciosa administrativa procede siempre que la admision de la demanda sea anterior a la fecha del escrito de excepciones.
    Síntesis del caso:
“…Consideró que para que prosperara la excepción contemplada en el artículo 831-5 del Estatuto Tributario, era necesario que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que conforman el título ejecutivo base del mandamiento de pago, haya sido admitida con antelación a la proposición de la excepción, caso contrario, resultaba ilógico que pudiera ser declarada, pues, reiteró que la demanda no había sido aún admitida y menos se encontraba en trámite.

En esos términos, observa la Sala que, tal como lo señaló el tribunal de primera instancia, la exigibilidad del título ejecutivo compuesto por los actos administrativos que se encuentran demandados, está reglada de manera especial en materia de tributaria, ya que la ejecutoriedad de este se adquiere, entre otras razones, cuando ésta jurisdicción decide definitivamente las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas en su contra…Ahora bien, luego de constatar dentro de las pruebas obrantes en el expediente, contrario a lo señalado por la parte demandada en el recurso de apelación, en el momento en que la empresa demandante propuso las excepciones contra el mandamiento de pago, esto es, el 4 de marzo de 2011, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho había sido radicada el 12 de octubre de 2010 y se profirió auto admisorio el 19 de noviembre de 2010, tal como se observa a folios 81 a 84 del cuaderno principal.

De igual manera, como se aprecia a folios 70 a 79 del expediente, la Empresa de Energía del Tolima en el oficio, a través del cual propuso la excepción de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, adjuntó como prueba la copia auténtica del auto que admitió la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, motivo por el cual extraña la Sala que el municipio de Girardot argumentara la referida circunstancia, desconociendo incluso que el motivo por el que negó las excepciones en el trámite de cobro coactivo fueron disímiles a las que ahora propone, dentro de las cuales no se dijo nada en relación con la carencia de pruebas que demostraran la admisión de la demanda contra los actos que conformaban el título ejecutivo.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El termino para corregir una declaracion de renta con perdidas fiscales es el previsto en los articulos 588 y 589 del Estatuto Tributario, segun el caso, y por tanto no aplica el termino especial de firmeza de 5 anos del articulo 147 de tal estatuto.
    Síntesis del caso:
En abril de 2006, una persona jurídica presentó la declaración de renta del año 2005, en la que registró una pérdida líquida de $ 7.888.593.000, liquidándose el impuesto por renta presuntiva para un total a pagar de $ 16.869.000.

En abril del mismo año, la compañía corrigió la declaración para disminuir la pérdida líquida a la suma de $ $6.521.990.000. El 10 de febrero de 2011, la sociedad presentó una nueva corrección, en la que modificó el patrimonio pero sin cambiar la pérdida líquida.

La DIAN mediante auto de archivo declaró no válida la declaración de corrección del 10 de febrero de 2011 por haberse presentado por fuera del término establecido en el artículo 588 del Estatuto Tributario.

Ante la jurisdicción la demandante alegó que en virtud del artículo 147 del mismo estatuto, el término de firmeza es de 5 años contados a partir de su presentación para las declaraciones que registran pérdidas fiscales. Para la DIAN el término del artículo 147 es para que la administración pueda modificar la declaración tributaria y no el plazo para la corrección voluntaria que está regulado en el artículo 588 del citado estatuto.

  (2016-08-30) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Fuente: Ambito Juridico

Recuerdan termino de notificacion en requerimientos especiales en materia tributaria.
    De acuerdo al análisis jurisprudencial del artículo 705 del Estatuto Tributario, la Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó que los términos para la notificación del requerimiento especial en virtud del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente se rigen por las reglas previstas para la notificación del requerimiento especial del impuesto sobre la renta y las establecidas en la mencionada disposición.
De igual manera, en los casos en que la declaración del impuesto sobre las ventas presenta saldo a favor y es solicitado por el contribuyente, la corporación judicial concluyó que el término de firmeza de la declaración de IVA se debe contar a partir de la presentación de la solicitud del saldo a favor, dado que así lo dispone expresamente la normativa indicada.

En el mismo sentido, la corporación aseguró, acorde con el artículo 714 E.T., que la declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente quedará en firme si dentro de los dos años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación no se ha notificado requerimiento especial.

Además, explicó que cuando la declaración de renta presenta un saldo a favor el término de firmeza se cuenta a partir de la solicitud de devolución; tratándose de la declaración del impuesto sobre las ventas debe aplicarse la misma regla, independientemente de que eso implique que los términos de firmeza de la declaración de renta y ventas corran de manera independiente cuando el denuncio de renta no contempla un saldo a favor y la de ventas sí (C. P. Martha Teresa Briceño). CE Sección Cuarta, Sentencia 08001233100020020285801 (20834), jun. 08/16

  (2016-07-12) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No se acepta como soporte de la deduccion por pagos de honorarios a miembros de la junta directiva una cuenta de cobro sin cumplir con la totalidad de los requisitos del documento equivalente.
    Síntesis del caso:
Una fundación médica en la declaración de renta por el año gravable 2006 registró un saldo a favor por $ 3.586.803.000 el cual fue solicitado en devolución y reconocido mediante resolución 24 del 10 de enero de 2008.

El 3 de abril del mismo año la División de Fiscalización de la DIAN de Grandes Contribuyentes expidió un auto de apertura por el programa de “post-devoluciones” y en desarrollo del mismo expidió requerimiento especial y luego liquidación oficial de revisión donde rechazó:
  • a) costos por operaciones con personas naturales no inscritas en el régimen común ni en el simplificado por $ 1.441.000;

  • b) gastos por el pago de honorarios a los miembros de juntas directivas al no estar soportados en facturas por $ 503.271.350 y otros gastos operacionales por falta de inscripción en el RUT de personas naturales a quienes efectuó pagos por $ 7.115.381.
La demandante señaló que la DIAN negó la expedición de la resolución de facturación a los miembros de la junta directiva de la sociedad, bajo el argumento de que previamente debían inscribirse como responsables del régimen común.

La administración al expedir los actos acusados, incurrió en falsa motivación, violación al debido proceso y en causal de nulidad. La administración desconoció la prevalencia de la verdad real sobre la formal, porque no cuestionó la existencia de los honorarios pagados, pues solo se limitó a negar el carácter de gastos deducibles a pesar de haber prestado el servicio, por no expedir la factura correspondiente.

  (2016-07-06) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El documento equivalente que sirve como soporte de los pagos por honorarios efectuados a miembros de juntas directivas debe ser expedido por el contribuyente que efectua el pago.
    Síntesis del caso:
Por disposición del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, los documentos equivalentes que sirven de soportes de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta deben acreditar los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 ejusdem que, en su orden, corresponden a:
  • - Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio;
  • - Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta;
  • - Fecha de su expedición y,
  • - Valor total de la operación.
En el mismo sentido, el artículo 2º del Decreto 3050 de 1997, señaló que “…la factura o documento equivalente deberá reunir como mínimo los requisitos contemplados en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario”, y agregó que “Lo dispuesto en el parágrafo del referido artículo, se entiende sin perjuicio de la obligación para quien expide la factura o documento, de hacerlo con el lleno de los requisitos de numeración consecutiva, preimpresión y autorización previa contemplados en las normas vigentes”.

Los requisitos aludidos fueron reiterados en el artículo 3º del Decreto 522 de 2003, al señalar que el documento equivalente a la factura, en adquisiciones realizadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado, podía ser expedido por el adquirente con el lleno de los siguientes requisitos:

  (2016-07-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Existe simulacion en los costos por compras cuando se comprueba la inexistencia de los proveedores y de las declaraciones de renta e IVA de estos, asi como de las facturas de compra sin el cumplimiento de requisitos legales.
    Síntesis del caso:
El 18 de enero de 2010, un contribuyente persona natural presentó la declaración del impuesto sobre las ventas del 6º bimestre del año 2009 y el 12 de agosto siguiente presentó la declaración de renta por el año gravable 2009.

Mediante requerimiento especial y luego por liquidación de revisión, la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre las ventas del 6º bimestre de 2009 al desconocer costos por $ 339.042.000 e impuestos descontables por $ 27.065.000 para un saldo a pagar de $ 71.043.000 y una sanción por inexactitud de $ 43.304.000.

El demandante afirma que la declaración de IVA del 6º bimestre de 2006 adquirió firmeza en virtud del artículo 705-1 del Estatuto Tributario que condiciona la firmeza de la declaración de IVA a la del impuesto sobre la renta del mismo período y además porque según los artículos 705 y 714 del mismo estatuto, la declaración queda en firme si dentro de los dos años a partir de la fecha de presentación de la declaración no se notifica requerimiento especial.

Asevera que la DIAN desconoció la totalidad de los costos e impuestos descontables con fundamento en indicios de que el contribuyente simuló las operaciones de compra y gastos registrados en la declaración de IVA siendo que para llegar a esa conclusión que las transacciones se realizaron con proveedores ficticios debió seguirse el procedimiento de los artículos 82, 88 y 671 del Estatuto Tributario.

  (2016-07-06) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es valido por parte de la DIAN trasladar pruebas de un proceso del impuesto de renta a un proceso de IVA en virtud de sus amplias facultades de fiscalizacion.
    Síntesis del caso:
Para la Sala, el anterior acervo probatorio no se trata de indicios sino de pruebas directas de carácter documental y de declaraciones de terceros, que desvirtúan la realidad de las supuestas operaciones de compra de chatarra de las cuales se derivan los costos e impuestos descontables solicitados por el contribuyente, por las razones que pasan a explicarse.

3.4.1. Las pruebas fueron practicadas en el proceso de fiscalización del impuesto de renta seguido contra el señor Efraín Aguilar Hernández por el año 2009 y, trasladadas al expediente administrativo de IVA del mismo contribuyente correspondiente al período 6 del año 2009.

El traslado de estas pruebas es procedente porque la Administración cuenta con amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales que en general permiten efectuar “todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.”

En tal sentido, la Sala ha señalado que si la Administración, al investigar un impuesto, encuentra inexactitudes que repercuten en otro, lo menos que debe hacer es utilizar estas pruebas para determinar oficialmente los dos gravámenes, siempre que sean conocidas por el contribuyente.

  (2016-07-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El termino de prescripcion para el cobro de los aportes parafiscales a favor del Seguro Social es de cinco anos contados a partir del ultimo periodo adeudado.
    Síntesis del caso:
Mediante Resolución 181 del 19 de enero de 2007, la Jefe del Departamento Financiero del Seguro Social Seccional Atlántico, liquidó aportes patrono-laborales al Municipio de Soledad por $ 319.915.425 discriminados en “riesgos profesionales, pensión, salud y fondo de solidaridad pensional”.

Con posterioridad el ISS profirió el mandamiento de pago 1194 del 23 de enero de 2008 para ejecutar el cumplimiento de la obligación liquidada por la resolución 181. El municipio de Soledad consideró que los actos administrativos demandados son nulos, por vulnerar el debido proceso al incurrir en falsa motivación y que la entidad ejecutante no tenía certeza de la existencia de la obligación cobrada.

Adujo también que se violaron los artículos 175, 176 y 187 del Código de Procedimiento Civil ya que en el memorial de excepciones contra el mandamiento de pago se aportaron pruebas que no fueron tenidas en cuenta. Finalmente consideró que los actos administrativos son nulos porque desconocieron el término de prescripción de la acción de cobro y omitieron resolver de fondo el recurso de reposición contra la Resolución 1295 de 2008.

  (2016-07-01) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Para el cobro de aportes parafiscales inherentes a la nomina y el computo del termino de caducidad se aplican las normas del Estatuto Tributario Nacional.
    Síntesis del caso:
“…Ahora bien, para dar claridad al asunto debatido, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 54 de la Ley 383 de 1997, las normas de procedimiento, sanciones, determinación, discusión y cobro contenidas en el libro quinto del Estatuto Tributario Nacional, son las aplicables a la administración y control de las contribuciones y aportes inherentes a la nómina, tanto del sector privado como del sector público, establecidas en las leyes 58 de 1963, 27 de 1974, 21 de 1982, 89 de 1988 y 100 de 1993, contribuciones dentro de las cuales se cuentan aquellas en favor del ISS, por tanto debe acudirse a las normas que regulan el procedimiento tributario y no a las normas civiles, como insinuó el ISS.

En ese orden, el artículo 817 del Estatuto Tributario, que fundamentó la excepción y posterior demanda del actor, aplicable al caso por remisión expresa del artículo 54 de la Ley 383 de 1997, determina que la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe a los 5 años, contados a partir de:
  • i) la fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente;

  • ii) la fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea;

  • iii) la fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores; y

  • iv) la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

  (2016-07-01) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El precio de enajenacion es el valor comercial. Y el valor comercial es el senalado por las partes.
    De manera que, el artículo 90 del E.T. parte de reconocer que ese es el valor que se debe tener en cuenta. No obstante, como puede ocurrir que el valor pactado entre las partes no sea real o no corresponda al precio que se establece en el mercado para los bienes de la misma especie y calidad, el artículo 90 del E.T.
Si el valor comercial difiere notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie en la fecha de enajenación, la DIAN puede apartarse del valor comercial señalado por las partes. Y se entiende que el valor pactado difiere notoriamente del promedio vigente cuando se aparta en más de un 25% de los precios establecidos en el comercio, para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos.

En estos casos, el artículo 90 del E.T. faculta a la DIAN a señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos. Y, para el efecto debe atender a los datos estadísticos producidos por la propia DIAN, el DANE, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Banco de la República u otras entidades afines.

  (2016-06-24) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Cuando el perfeccionamiento del contrato de compraventa se realiza en el exterior no hay lugar a gravarlo con ICA por actividad comercial.
    Síntesis del caso:
Una sociedad presentó declaraciones del impuesto de industria y comercio por los bimestres tercero a sexto del año 2006, por la comercialización de productos electrodomésticos de oficina y celulares al por mayor, realizadas en el Distrito capital.

Después de una inspección, la Secretaría de hacienda de Bogotá, rechazó el descuento de la base gravable del impuesto de las “Ventas en el exterior” pues en su parecer las operaciones mercantiles no constituían en realidad una actividad adelantada fuera del Distrito Capital ni del país.

Por ello mediante liquidación oficial de revisión, se calculó un mayor valor del impuesto de industria y comercio por $ 1.709.422.000 y una sanción por inexactitud de $ 2.735.073.000.

La situación que dio origen al desconocimiento de los ingresos por exportaciones se produce cuando los clientes hacen el pedido a la empresa quien la transmite a la matriz en Corea, que aparece como vendedor en la respectiva orden de compra. Esta a su vez remite la mercancía a su subordinada en Colombia, en calidad de consignatario.

La sociedad colombiana endosa los conocimientos de embarque o B.L. a los compradores en Colombia, los que a su vez se encargan de la legalización de la mercancía, y como tal presentan las declaraciones de importaciones y andinas de valor.

  (2016-06-10) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La notificacion del requerimiento especial se efectuo indebidamente, pues pese a que informo a la DIAN del cambio de direccion, esta efectuo la notificacion mediante aviso en un diario de amplia circulacion, circunstancia que le habria cercenado la posibilidad de controvertirlo.
    Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la Administración de impuestos, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la Administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria.
CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala decide si se ajusta a derecho la Liquidación Oficial de Revisión No. 020642003000037 del 16 de abril de 2003, que modificó la declaración del impuesto de renta y complementarios de la sociedad Inversiones Automotrices S.A. en Liquidación, por el año gravable 2000, y la Resolución No. 020662004000006 del 27 de mayo de 2004, que la confirmó.

Para el efecto, deberá resolver los siguientes:

Problemas Jurídicos
  • (i) ¿Está viciada de nulidad por expedición irregular la Liquidación Oficial de Revisión No. 020642003000037 del 16 de abril de 2003, a causa de la presunta indebida notificación del requerimiento especial No. 020632002000145 del 13 de agosto de 2002?

  • (ii) De no ser así, ¿deben ser desconocidos, a título de sanción, los costos y deducciones por salarios, intereses, depreciación, servicios públicos, entre otros, por valor de $891.629.000, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 651 del E.T.?

  (2016-06-08) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es aceptable la notificacion por aviso en diario de amplia circulacion cuando la administracion tributaria entrega tardiamente en la oficina de correos el acto liquidatorio y por esa circunstancia no es posible la notificacion por correo.
    Síntesis del caso:
La DIAN en relación con el año gravable 1999 modificó las declaraciones de renta y del impuesto sobre las ventas, de un contribuyente persona natural, previa diligencia de registro e inspección tributaria al establecimiento de comercio.

Tanto en los requerimientos especiales como en las liquidaciones oficiales, la administración propuso adicionar ingresos con fundamento en la presunción prevista en el artículo 760 del Estatuto Tributario, al considerar que hubo compras no registradas por el contribuyente.

El principal argumento de discusión planteado por el demandante, es que las liquidaciones oficiales no fueron notificadas dentro del término previsto por el artículo 710 del Estatuto Tributario.

Explica que el 5 de mayo de 2003, último día para notificarlas, la DIAN entregó a las 6 p.m. en las oficinas de ADPOSTAL, los actos a notificar, de manera que no era posible notificarlos en el establecimiento de comercio del actor, dentro del horario normal de funcionamiento que era entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, como lo confirman declaraciones extrajudiciales rendidas por vecinos.

  (2016-06-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los aportes al SENA respecto de los subcontratistas no son exigibles al contratante o dueno de la obra sino al contratista en su calidad de empleador.
    Síntesis del caso:
La Regional del SENA del Valle del Cauca liquidó y ordenó pagar a una constructora la suma de $ 210.866.145 pro concepto de aportes de las vigencias 2000, 2001, 2002 y 2003.

Para el SENA los empleadores del sector de la construcción, sector a la que pertenece la demandante, deben aplicar la Ley 21 de 1982 y los Decreto 2375 de 1974, 083 de 1976. Según esos dos decretos, el contratista principal debe asumir las obligaciones de los subcontratistas, en caso de que ellos no lo hagan.

Los valores incluídos en la cuantificación de los aportes fueron pagados al personal ocupado en esas vigencias y que fueron tomados de los estados financieros y los libros de contabilidad.

Para la empresa constructora, el SENA tomó sumas diferentes a las de nómina y por tanto amplió la base de cálculo sin autorización legal para ello. Añade que no verificó si los terceros, beneficiarios de los pagos estaban obligados a apagar aportes parafiscales.

  (2016-06-08) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los gastos teoricos por depreciacion, amortizacion y agotamiento en el regimen tributario especial son egresos procedentes al tener relacion de causalidad con el objeto social de la entidad sin animo de lucro.
    Síntesis del caso:
La DIAN Seccional Cali modificó la declaración de renta por el año gravable 2002 de una Fundación, en el sentido de rechazar el beneficio neto por $ 760.837.000.

Explicó que para establecer el beneficio neto o excedente, de la totalidad de los ingresos de cualquier naturaleza se restan los que tienen relación de causalidad con los ingresos y son necesarios y proporcionados.

La partida desconocida como beneficio neto o excedente, se debió al rechazo de deducciones por depreciación, amortización, agotamiento, impuestos, provisiones, intereses, sanciones y gastos no operacionales.

Mientras tanto para la fundación actora, los egresos en que incurrió en el año 2002 estaban relacionados con su objeto y por tanto era procedente el beneficio neto o excedente en la forma como lo declaró, al no ser aplicable el Decreto 124 de 1997 como lo hizo la DIAN, pues los gastos en que incurrió tenían relación de causalidad con su actividad productora de renta.

  (2016-06-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los servicios administrativos prestados a una aseguradora en relacion con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito – SOAT -, estan gravados con el impuesto sobre las ventas, al no estar vinculados con la seguridad social.
    Síntesis del caso:
La Seccional DIAN de Grandes Contribuyentes de Bogotá, profirió emplazamiento para declarar con el fin de que una sociedad que presta servicios relacionados con el SOAT presentara la declaración del impuesto sobre las ventas por el quinto bimestre del año 2006, ya que en su criterio, durante ese período gravable prestó servicios de auditoría gravados con este impuesto.

Para la DIAN de los numerales 3 y 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario se desprende que entre los servicios excluídos del IVA se encuentran los vinculados a la seguridad social, cuando son prestados por entidades de salud para atender accidentes de tránsito y eventos catastróficos, de lo que se evidencia que los desarrollados por la actora no encajan dentro de ellos, ya que el contrato suscrito entre la actora con una aseguradora para analizar y liquidar las cuentas por reclamaciones de amparo del SOAT, es un servicio que nada tiene que ver con la atención médico-quirúrgica y demás prestaciones de accidentes de tránsito.

Por su parte la demandante adujo que no era sujeto pasivo del IVA, por dedicarse en forma exclusiva a la prestación de servicios vinculados con la seguridad social.

  (2016-06-08) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La sancion por inexactitud no hace parte de la base para liquidar los intereses moratorios en la sancion por devolucion improcedente, ya sea que exista liquidacion oficial de revision o correccion del contribuyente para disminuir el saldo a favor.
    Síntesis del caso:
En ejercicio del medio de control de nulidad se demandaron los conceptos 068351 del 23 de septiembre de 2005 y 013940 del 28 de febrero de 2011 así como el Oficio 054184 del 29 de junio de 2006, todos expedidos por la DIAN.

En el concepto 068351 de 2005 frente a la pregunta de cuál es la base para la liquidación de los intereses moratorios sobre las sumas devueltas o compensadas en exceso que debe reintegrar el contribuyente cuando mediante liquidación de revisión se ha disminuido el saldo a favor declarado, la DIAN señaló que es la diferencia que resulta entre el saldo a favor de la declaración inicial y el saldo a favor de la liquidación oficial de revisión.

En cuanto a la pregunta de cuál es la base para liquidar los intereses moratorios sobre las sumas devueltas o compensadas que debe reintegrar el contribuyente cuando efectúa una corrección de la declaración que disminuye el valor del saldo a favor inicialmente declarado, la DIAN manifestó que es la diferencia entre el saldo a favor de la declaración inicial y el saldo a favor de la declaración de corrección lo que incluye el valor de la sanción por corrección.

Los planteamientos anteriores fueron reiterados en el Concepto 013940 de 2011 y en el oficio 054184 de 2006. Para los demandantes, en caso de imponerse sanción por devolución improcedente, este debe liquidarse solamente sobre las sumas devueltas o compensadas en exceso, en la parte que corresponde a la diferencia entre el impuesto liquidado en la declaración privada y el mayor impuesto determinado por la Administración, sin que sea posible incluir la sanción por inexactitud.

  (2016-06-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La aplicacion del principio de favorabilidad aduanera en la tarifa del gravamen arancelario tiene incidencia en el IVA en importaciones y en la sancion por inexactitud prevista en el Estatuto Aduanero.
    Síntesis del caso:
Teniendo en cuenta que en este caso concreto se presenta identidad con los supuestos de hecho y de derecho planteados en la sentencia a la que se ha hecho referencia, y que el principio de favorabilidad se aplica, aun de oficio, tanto por la Administración como por la Jurisdicción, la Sala procede a su aplicación porque la Liquidación Oficial de Corrección Nro. 1-03-241-201-639-01-1191 se expidió el 31 de julio de 2012, en vigencia del Decreto 4114 de 2010, que previó la reducción al 5% del arancel para los bienes de la subpartida 73.04.23.00.00.

En consecuencia, en atención al principio de favorabilidad, procede la liquidación del arancel a cargo de la sociedad SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIA en el 5% sobre la base gravable de $1.252.891.685. Esa modificación en la liquidación del arancel repercute en la del IVA, en consideración a lo previsto en el artículo 459 del Estatuto Tributario Adicional a lo anterior, téngase en cuenta que en las pretensiones de la demanda la parte actora solicitó que se declarara en firme la declaración de importación presentada el 3 de junio de 2009 y que “respecto de ella no se adeuda suma alguna por tributos aduaneros ni sanciones” (Se subraya), lo que indica que al referirse a tributos aduaneros, expresión que comprende los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas, necesariamente se estaba cuestionando la liquidación practicada por la Administración por estos dos conceptos, por los efectos que la liquidación de los derechos de aduana tiene sobre la base gravable del IVA.

Ahora bien, al modificarse el cálculo de los tributos aduaneros, necesariamente se debe reliquidar el monto de la sanción impuesta en virtud del numeral 2.2 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999, porque el 10% previsto en esta norma aplica sobre el valor de los tributos dejados de pagar, o lo que es lo mismo, sobre la diferencia a pagar.

  (2016-06-07) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Para la exencion de tributos aduaneros en la importacion de maquinaria y equipos destinados a la exploracion minera y de hidrocarburos se requiere que el interesado realice directamente las actividades.
    Síntesis del caso:
La Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá formuló requerimiento especial aduanero y posterior liquidación oficial de corrección, en relación con una declaración de importación de mercancía clasificada en la subpartida arancelaria 73.04.23.00.00, por error en la liquidación de tributos aduaneros, ocasionado por no cumplir los requisitos de la exención arancelaria prevista en el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992 adicionado por el artículo 1º del decreto 4743 de 2005.

La razón del desconocimiento de la exención por parte de la DIAN, se debió a que las normas antes mencionadas condicionan la exención arancelaria, a que la importación de maquinaria, equipos y repuestos con destino a la actividad minera o de hidrocarburos, fuera desarrollada directamente por el interesado.

Por su parte la actora aduce que:
    a) los bienes importados fueron destinados exclusivamente a la industria de hidrocarburos;

    b) la propia DIAN desconoció su propia doctrina emitida en conceptos anteriores, con lo cual violó de paso lo señalado en el artículo 264 de la Ley 223 de 1995;

    c) la DIAN carece de competencia para determinar la exención arancelaria en discusión.

  (2016-06-07) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La notificacion por aviso en diario de amplia circulacion en materia tributaria es excepcional porque no garantiza el real conocimiento de las decisiones administrativas.
    Síntesis del caso:
De las normas anteriores (Estatuto Tributario artículos 565, 566 y 568), en la versión vigente para el año gravable 1999, se advierte que la notificación de las liquidaciones oficiales debía hacerse por correo a la dirección informada por el contribuyente.

Debe precisarse que el artículo 566 del Estatuto Tributario, vigente para la fecha en que se notificó el acto administrativo acusado, debe ser leído sin la expresión «y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo», toda vez que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-096 del 31 de enero de 2001, la cual tiene efectos hacia el futuro y, en consecuencia, para la fecha en que se profirieron los actos acusados [5 de mayo de 2003], ya se había retirado dicha expresión del mundo jurídico.

En cuanto a la notificación por aviso en un diario de amplia circulación, como lo dispone el artículo 568 del Estatuto Tributario, procede cuando las notificaciones por correo sean devueltas «por cualquier razón»; sin embargo, como lo ha sostenido la Sala, la notificación por este medio es excepcional, porque no garantiza el conocimiento real de las decisiones administrativas.

Además, se ha precisado que la utilización de esta forma de notificación no puede atentar «contra el principio de publicidad garantizado por la “efectiva entrega del correo enviado” y contra las formas propias del debido proceso en la práctica de la notificación por correo que regula el artículo 566 ibídem, que exige esa entrega en la última dirección informada por el contribuyente destinatario de la notificación.

  (2016-06-07) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es aceptable la notificacion por aviso en diario de amplia circulacion cuando la administracion tributaria entrega tardíamente en la oficina de correos el acto liquidatorio y por esa circunstancia no es posible la notificación por correo.
    Síntesis del caso:
La DIAN en relación con el año gravable 1999 modificó las declaraciones de renta y del impuesto sobre las ventas, de un contribuyente persona natural, previa diligencia de registro e inspección tributaria al establecimiento de comercio.

Tanto en los requerimientos especiales como en las liquidaciones oficiales, la administración propuso adicionar ingresos con fundamento en la presunción prevista en el artículo 760 del Estatuto Tributario, al considerar que hubo compras no registradas por el contribuyente.

El principal argumento de discusión planteado por el demandante, es que las liquidaciones oficiales no fueron notificadas dentro del término previsto por el artículo 710 del Estatuto Tributario. Explica que el 5 de mayo de 2003, último día para notificarlas, la DIAN entregó a las 6 p.m. en las oficinas de ADPOSTAL, los actos a notificar, de manera que no era posible notificarlos en el establecimiento de comercio del actor, dentro del horario normal de funcionamiento que era entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, como lo confirman declaraciones extrajudiciales rendidas por vecinos.

Conforme al artículo 566 del Estatuto Tributario, la notificación por correo implica la entrega de una copia del acto en la dirección informada, dentro de la oportunidad legal y en este caso solo vino a tener conocimiento de los actos administrativos, el día 17 de junio de 2003, cuando se le entregó un oficio donde se le informa que la notificación se llevó a cabo en el diario Portafolio del 30 de mayo de 2003.

Plantea el desconocimiento de los derechos de defensa y del debido proceso por parte del ente oficial, ya que pretendió realizar la notificación el último día y por fuera del horario normal no solo de la DIAN y de ADPOSTAL sino de atención del contribuyente.

  (2016-06-07) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En el impuesto sobre la renta, el contribuyente puede utilizar metodos de amortizacion distintos para fines contables y fiscales, al no existir norma fiscal que lo prohíba.
    Síntesis del caso:
La División de Liquidación de la DIAN Medellín le rechazó a ORBITEL S.A. la deducción por amortización en activos y en gastos preoperativos por $ 22.137.757.366, así como una deducción por conceptos salariales por $ 12.438.000.

El argumento para el rechazo de la deducción por inversiones amortizables fue el de que demandante amortizó activos intangibles y gastos preoperativos contablemente por el método de suma de los dígitos de los saldos decrecientes mientras que fines fiscales lo hizo por el método de línea recta.

El desconocimiento de la deducción por salarios estuvo referida a no inclusión de las vacaciones compensadas dentro de la base de aportes parafiscales.

Para el contribuyente los sistemas de amortización reconocidos por la ley fiscal son los de línea recta y el de reducción de saldos y utilizó el de línea recta.

  (2016-06-03) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las diferencias entre el manejo contable y tributario del contribuyente se realiza a traves de registros contables y mediante revelaciones, estas ultimas a traves de las notas a los estados financieros.
    Síntesis del caso:
Es de anotar que las diferencias que se presentan entre lo contable y lo fiscal, ocasionadas por el manejo distinto que impone la aplicación de las normas que regulan estas dos materias, han sido tratadas en la normativa contable mediante procedimientos de registro contable y de revelación con el fin de dar a conocer a todos los usuarios de los estados financieros el monto de tales diferencias y la información necesaria para evaluar la situación financiera de la empresa y sus resultados.

En cuanto al registro contable de las diferencias permanentes entre las cifras contables y fiscales, el artículo 44 del Decreto 2649 de 1993 prevé la obligación de registrar en cuentas de orden fiscales, “las diferencias de valor existentes entre las cifras incluidas en el balance y en el estado de resultados, y las utilizadas para la elaboración de las declaraciones tributarias, en forma tal que unas y otras puedan conciliarse”.

Si se trata de diferencias temporales que puedan surgir entre las cifras informadas en la contabilidad y las presentadas en las declaraciones tributarias, el Decreto 2649 de 1993 dispone que la contabilización se lleve a cabo mediante el impuesto diferido débito o crédito, dependiendo del efecto que la contabilización de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos pueda ocasionar en los estados financieros.

Respecto a las revelaciones que deben hacerse mediante “Notas a los estados financieros”, el artículo 115 numeral 19 del Decreto 2649 de 1993, señala la necesidad de revelar “la conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la renta gravable (y entre la corrección monetaria contable y la fiscal, con indicación de la cuantía y origen de las diferencias y su repercusión en los impuestos del ejercicio y en los impuestos diferidos”.

  (2016-06-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los contratos suscritos por las empresas de Servicios Publicos de Barranquilla no pueden ser gravados con las Estampillas Pro Desarrollo Departamental y Pro Electrificacion Rural, al no intervenir en su otorgamiento un funcionario departamental.
    Síntesis del caso:
En ejercicio del medio de control de nulidad, se demandaron, las siguientes Ordenanzas Departamentales del Atlántico: la 041 de 2002 artículos 133, 135, 141, 143, 144, 145 y 148 con las modificaciones contenidas en la Ordenanza N° 011 de 2003 artículos 33, 34 y 38 que modificaron los literales a.1) y c) del artículo 135 y el artículo 145 literal c) de la Ordenanza 041 de 2002 y la Ordenanza 021 de 2005 artículo 36 que modificó el artículo 144 de la Ordenanza 041 de 2002.

Asimismo se demandó el Decreto Ordenanzal 823 de 2003 artículos 133, 135, 141, 143, 144, 145 y 148. Entre los argumentos de la demanda están que la Ordenanza 041 de 2002 y el Decreto Ordenanzal 823 de 2003 se expidieron con fundamento en la leyes 3 de 1986 y 26 de 1990 y el Decreto Ley 1222 de 1986, leyes en las que no se señala el hecho generador de la Estampilla Pro Desarrollo Departamental.

Los hechos generadores fueron creados por los artículos 135 y 145 de la Ordenanza 041 de 2002 y reproducidos en los artículos 135 y 145 del Decreto 823 de 2003, lo que genera la nulidad de estos artículos, por vulnerar los artículos 400 numeral 4 y 338 de la Constitución.

Asimismo, en cuanto a tener a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios –ESP en las que el Municipio tenga participación, como sujetos pasivos, señala la demandante que tanto la Ordenanza 041 de 2002 como el Decreto 823 de 2003, vulneran el artículo 175 del Decreto Ley 1222 de 1986, al gravar actos jurídicos en los que no interviene ningún funcionario Departamental y por tanto la administración territorial no expide o certifica acto o negocio jurídico alguno, dado que en esas empresas, no laboran funcionarios públicos.

  (2016-06-03) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Le corresponde al contribuyente demostrar la calidad de urbanizado no edificado de su inmueble, con miras a gozar del ajuste por equidad tributaria en el impuesto predial de Bogota.
    Síntesis del caso:
La sociedad Edificio Dalí I S.A. propietaria de un bien inmueble en Bogotá, al presentar la declaración del impuesto predial del año 2009, hizo uso del ajuste por equidad en la suma de $ 61.168.000.

La Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Secretaría de hacienda Distrital previo requerimiento especial, le modificó la liquidación privada y le determinó un impuesto a cargo de $ 97.057.000 y una sanción de $ 97.869.000.

La demandante presenta dos argumentos:
  • a) que a pesar de haber informado como dirección procesal en la respuesta al requerimiento especial, la Avenida calle 72 N° 6-30 Piso 14 de Bogotá, la administración notificó la liquidación oficial en el diario La república del 21 de octubre de 2011, porque el correo fue devuelto por la causal “dirección no existe” cuando la liquidación ya estaba en firme;


  • b) si bien no es posible aplicar el ajuste por equidad tributaria a los predios urbanizados no edificados, el predio objeto de gravamen no acreditaba esa condición para la fecha de causación del impuesto, pues se había adelantado la edificación en un 34% de cimentación y un 14% de estructura, lo que se demostró con las pruebas aportadas.

  (2016-06-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es valido que la administracion tributaria notifique por aviso un acto liquidatorio de impuestos a la direccion de que disponga, despues que la notificacion efectuada a la direccion procesal informada por el contribuyente ha sido devuelta por el correo.
    Síntesis del caso:
“A partir de los hechos señalados y contrario a lo afirmado por el demandante, la Sala observa que la liquidación oficial de revisión fue enviada a la dirección procesal informada en la respuesta al requerimiento especial, esto es, a la Av Calle 72 N° 6-30 Piso 14 de Bogotá D.C. también se observa que la notificación fue devuelta bajo la causal “dirección no existe” circunstancia que a pesar de que debió ser revisada por la Administración en su momento, no le impedía remitir otro correo de notificación a la dirección del contribuyente que haya podido establecer y, que se concretó con el envío del acto a la dirección comercial del contribuyente.

Así las cosas, la Administración cumplió con el principio de publicidad al garantizar el fin último de la notificación, cual es poner en conocimiento del interesado la existencia de los actos administrativos que lo afectan, pues, además de enviar el acto de liquidación a la dirección procesal informada por el apoderado del contribuyente, también lo remitió a la dirección comercial de este último, dirección que según la Administración corresponde a la informada por el contribuyente en el última declaración del respectivo impuesto, quien no negó haber recibido copia del acto demandado.

No puede entonces la actora calificar de inocua la notificación practicada por la Administración, pues cumplió con el fin previsto que, como se dijo, consiste en poner en conocimiento del interesado el contenido de la decisión.

Prueba de ello radica en el hecho de que una vez surtida la notificación por aviso publicado en el Diario La república, el contribuyente interpuso el recurso de reconsideración contra el acto de liquidación, el cual fue resuelto en su oportunidad, lo que denota que la sociedad pudo ejercer en debida forma los derechos de defensa y de contradicción que le asisten”.

  (2016-06-03) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En el impuesto sobre la renta, las condiciones para las perdidas en enajenacion de activos ocasionada por un precio de venta inferior a su costo fiscal, se aplican tanto para activos fijos como para activos movibles.
    Síntesis del caso:
La DIAN Seccional Medellín le modificó a Bancolombia S.A. su declaración de renta por el año gravable 2006 en cuanto a los siguientes ítems:
  • a) Le adicionó ingresos por mayor venta de bienes inmuebles recibidos en dación en pago en cuantía de $ 17.978.791.000 como consecuencia de aplicarle la presunción del artículo 90 del Estatuto Tributario, de manera que no era aceptable la venta de tales bienes raíces por debajo del costo fiscal;

  • b) Rechazó la deducción por pérdida por siniestro de efectivo y canje por la suma de $ 571.529.426 debido a que no cumplía los requisitos previstos en el artículo 148 del Estatuto tributario, ya que no se daban los requisitos de la fuerza mayor y más bien tales hechos eran previsibles y resistibles;

  • c) Le desconoció la deducción por pérdida en la liquidación de la sociedad 3001 S.A. por la suma de $ 19.431.974.980, porque en la legislación colombiana no está prevista la pérdida por la liquidación de sociedades.

  (2016-06-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En la enajenacion de activos, la administracion tributaria debe analizar la diferencia entre el valor pactado por las partes y el valor comercial antes de adicionarle ingresos al contribuyente.
    Síntesis del caso:
“Conforme con lo anterior se infiere que el legislador, para fines tributarios, señaló unos criterios que se deben tener en consideración a efectos de fijar el valor comercial de los bienes raíces.

Pero, adicionalmente, previó que cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del valor comercial de los bienes en la fecha de su enajenación, es decir, cuando el valor acordado por las partes intervinientes en la enajenación se aparte en más de un veinticinco por ciento (25%) de los precios establecidos en el comercio para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos, el funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización respectivo, podrá rechazarlo para los efectos impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Nacional de Estadística, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el Banco de la República u otras entidades afines.

Conforme con lo anterior, se concluye que la regla general de determinación del precio mínimo de venta de los bienes raíces es la señalada en el inciso cuarto del artículo 90 del ET, vale decir, “[s]i se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto”, pero cuando el valor asignado por las partes se aparte en más de un 25% de los precios establecidos en el comercio para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, la DIAN podrá rechazar el precio fijado por las partes y señalar uno acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos”.

  (2016-06-03) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es deducible en el impuesto sobre la renta la perdida ocasionada en la liquidacion de sociedades al no aparecer dentro de las perdidas deducibles del Estatuto Tributario.
    Síntesis del caso:
Teniendo en cuenta que el recurso de apelación se dirige contra la negativa del Tribunal a otorgar el restablecimiento del derecho, como consecuencia de la violación del derecho de defensa del contribuyente, es necesario precisar que es cierto, como lo afirmó el a quo en su oportunidad, que el Consejo de Estado ha dicho que la pérdida originada en la liquidación de sociedades no es deducible porque no encuadra en ninguna de las pérdidas señaladas por el Estatuto Tributario como deducible.

En efecto, la deducción reclamada por el banco no es viable fiscalmente porque no está prevista expresamente en ninguna disposición, como se requiere para las deducciones y concretamente para las pérdidas; por lo tanto, no es procedente declarar la firmeza de la declaración privada en lo que tiene que ver con esta glosa”

  (2016-06-03) [Mas Información]
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto No 03767
26/02/2016

Gravamen a los movimientos financieros.- Cuenta de ahorro exenta.
    Las entidades o personas jurídicas también están incursas en la respectiva exención del GMF siempre que cumplan con los requisitos y demás condiciones que prevé la norma descrita y su reglamento.
Dando alcance al Oficio número 037127 de 31/12/2015, mediante el cual se atendió el Radicado número 5126 del 15/12/2015, acerca de la aplicación del numeral 1° del artículo 879 del Estatuto Tributario, para el caso de las personas jurídicas, es importante aclarar que en efecto, la mencionada norma señala:

“Artículo 879. Exenciones del GMF. Se encuentran exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros:

1. Los retiros efectuados de las cuentas de ahorro, los depósitos electrónicos o tarjetas prepago abiertas o administradas por entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria respectivamente, que no excedan mensualmente de trescientos cincuenta (350) UVT, para lo cual el titular de la cuenta o de la tarjeta prepago deberá indicar ante la respectiva entidad financiera o cooperativa financiera, que dicha cuenta, depósito o tarjeta prepago será la única beneficiada con la exención.

La exención se aplicará exclusivamente a una cuenta de ahorros, depósito electrónico o tarjeta prepago por titular y siempre y cuando pertenezca a un único titular. Cuando quiera que una persona sea titular de más de una cuenta de ahorros, depósito electrónico y tarjeta prepago en uno o varios establecimientos de crédito, deberá elegir una sola cuenta, depósito electrónico o tarjeta prepago sobre la cual operará el beneficio tributario aquí previsto e indicárselo al respectivo establecimiento o entidad financiera”.

  (2016-06-02) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La direccion de notificaciones informada por el contribuyente durante una visita de registro tributario inicial no puede entenderse como direccion procesal.
    Síntesis del caso:
La demandante aduce que la notificación por aviso efectuada en el Diario Portafolio del emplazamiento para corregir la declaración de renta por el año gravable 2003 es nula, ya que la DIAN desconoció el artículo 564 del Estatuto Tributario, porque el contribuyente en aplicación de dicha norma hizo uso de la “dirección procesal”, al indicar en la diligencia de registro una dirección de Medellín en lugar de la de Rionegro que había sido informada en el RUT.

La actuación de la DIAN, además de violar los artículos 564, 565 y 566 del Estatuto Tributario, por desconocer la dirección procesal y enviar el emplazamiento a una dirección donde ya no se encontraba, produjo la pérdida del beneficio de auditoría, debido a esa notificación irregular.

Por su parte la Administración señala que la dirección indicada durante la diligencia de registro, no constituye una manifestación expresa de ser la dirección procesal, además que dicha diligencia no constituye un proceso de determinación, sino una actuación preventiva probatoria.

  (2016-06-01) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los actos de la administracion tributaria deben notificarse a la direccion que aparezca en el RUT y en caso de ser devuelta por el correo procede la notificacion por aviso.
    Síntesis del caso:
“Es de anotar que las normas sobre notificación de las actuaciones de la Administración deben armonizarse con las relativas al Registro Único Tributario-RUT, pues dicho registro fue creado como mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los obligados y responsables tributarios.

Es decir, la información sobre los obligados y responsables tributarios y, en general, toda aquella información que sobre ellos requiera la Administración, es agrupada en el sistema único de información (dirección de notificación, información sobre la actividad económica, etc), para facilitar no sólo la gestión de la DIAN, sino la de las demás entidades del Estado que la requieran…

Teniendo en cuenta que el RUT es el único mecanismo para ubicar a los contribuyentes, la Sala precisó que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 863 de 2003, que adicionó el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, sólo es pertinente consultar la información que aparece en el RUT, siempre y cuando la dirección haya sido informada, porque si el contribuyente no ha suministrado ninguna información, se pueden seguir consultando las fuentes de información o ubicación a que alude el inciso segundo del artículo 563 ib, v gr., guías telefónicas, información comercial o bancaria, etc.

En consecuencia, la notificación por correo debe hacerse a la última dirección informada por el contribuyente en el RUT y si se envía a una dirección distinta a la informada, es un error que se puede corregir dentro del término para notificar el acto.

  (2016-06-01) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Conforme a la ley 1607 de 2012, las generadoras de energia electrica son gravadas con el impuesto de industria y comercio siempre que la energia comercializada sea producida por ellas mismas.
    Síntesis del caso:
El Municipio de Caloto (Cauca) le notificó a EMGESA S.A. un emplazamiento por no presentar las declaraciones del impuesto de industria y comercio de los años 1998 a 2004, por la realización de actividades de comercialización de energía eléctrica.

La actora señaló que no era contribuyente del impuesto porque su actividad principal era la generación de energía más no la comercialización, es decir que EMGESA siendo productor no puede al mismo tiempo convertirse en comercializador por adquirir faltantes en el mercado de energía.

Aún en el caso que EMGESA realizara una actividad de comercialización de energía, tampoco es sujeto pasivo del ICA en Caloto, pues la venta de energía se entiende realizada en el municipio donde es adquirida.

Por su parte para el Municipio de Caloto, la actora ejerce como agente comercializador de energía y según el artículo 51 de la Ley 383 de 1997 debe pagar el impuesto de industria y comercio, pues esa comercialización constituye la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

  (2016-06-01) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es inconstitucional ni inaplicable que los ingresos varios hagan parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio para las entidades del sector financiero.
    Síntesis del caso:
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA demandó en acción de simple nulidad apartes del Anexo 1 de la Circular 11 de 2011 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia por la cual se crearon y modificaron las proformas relacionadas con la base gravable del impuesto de industria y comercio de las entidades vigiladas, porque en su parecer conforme al artículo 4° de la Constitución Política debían inaplicarse los literales E) del numeral 1 y D) del numeral 2° del artículo 207 del Decreto Ley 1333 de 1986 por violar el artículo 338 de la Constitución Política.

La expresión “ingreso varios” es clara en cuanto al sustantivo “ingresos” pero totalmente indeterminada en cuanto al adjetivo “varios” que puede ser aplicado a conceptos muy diversos.

El artículo 207 del Decreto Ley 1333 de 1986 al establecer la base gravable del impuesto de industria y comercio para el sector financiero, no tuvo en cuenta en el literal E, los ingresos varios. La Corte Constitucional mediante sentencia C-046 de 1998 advirtió l conveniencia para la certeza jurídica de que la expresión ingresos varios hubiera sido suprimida del ordenamiento legal.

Mientras tanto para la Superfinanciera, no es viable aplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 207 del decreto 1333 de 1986 ya que no fue el fundamento para la expedición de la Circular 11 de 2011, sino que en su lugar fue el artículo 11.2.1.4.2 numerales 9 y 14 del decreto 2555 de 2010.

La mencionada Circular no viola el artículo 338 de la Constitución porque no creó elementos nuevos para establecer el impuesto de industria y comercio, sino que previó la forma de diligenciar la información por las entidades sujetas a supervisión y control de la Superintendencia.

  (2016-06-01) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los dos anos de prescripcion de la sancion por no enviar informacion se cuentan desde la fecha de la declaracion de renta del ano en que se vencio el plazo para informar.
    Síntesis del caso:
La DIAN Seccional Cali mediante pliego de cargos le propuso al contribuyente la sanción por no enviar información por la suma de $ 330.810.000, acto que fue confirmado mediante resolución sancionatoria.

El monto anterior fue reducido con motivo de la resolución del recurso de reconsideración a $ 314.610.000, porque el tope máximo para el año 2007, era de 15.000 UVT.

El actor argumenta que:
  • a) no hay constancia de que el pliego de cargos se haya notificado al contribuyente;

  • b) la facultad sancionatoria prescribió porque la DIAN envió la resolución a una dirección desactualizada;

  • c) la sanción fue impuesta en forma extemporánea porque el término de los dos años del artículo 638 del Estatuto Tributario, se cuentan desde la fecha de presentación de la declaración de renta del período del cual se pide la información.
Para la DIAN los dos años que tiene la administración para notificar el pliego de cargos, se cuenta a partir de la presentación de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio del año en que ocurrió la irregularidad sancionable.

  (2016-06-01) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Contra un acto sancionatorio es obligatorio interponer el recurso de reconsideracion para agotar la via gubernativa, sin importar el nombre que se le de a ese recurso.
    Síntesis del caso:
La DIAN le profirió pliego de cargos y luego acto sancionatorio a un contribuyente, persona natural, por no presentar información exógena respecto del año gravable 2007.

Uno de los argumentos expuestos por el sancionado tiene que ver con reducir la sanción al 20% de la impuesta por la administración y reclama que como presentó la información a la DIAN, ésta debía formular un nuevo pliego de cargos y no imponer la sanción de plano.

Afirma que la administración debió graduar la sanción y no ratificar la sanción máxima. Por su parte la administración, dice que el contribuyente no agotó la vía gubernativa, por cuanto no interpuso el recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio sino que optó por la solicitud de revocatoria directa.

En cuanto a la prescripción de la facultad sancionatoria, ésta no se presentó porque el plazo para notificar el pliego de cargos, vencía dos años después de la fecha prevista para declarar renta por el año gravable respectivo.

  (2016-06-01) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La falta de entrega y la entrega tardia de informacion no pueden analizarse de manera semejante para determinar el dano que puede causarle al fisco y para la tasacion de la sancion.
    Síntesis del caso:
la Sala ha reiterado que es evidente que cuando el artículo 651 del Estatuto Tributario utiliza la expresión ‘hasta el 5%’, se le está otorgando a la Administración un margen para graduar la sanción, pero esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria.

Por tanto, corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que deben atender no solo los criterios de justicia y equidad, sino también los de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, como fue expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-160 de 1998.

También ha precisado que aunque la falta de entrega de información y la entrega tardía de esta inciden en las facultades de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y sanciones y, en esa medida, pueden considerarse potencialmente generadoras de daño al fisco, principalmente sobre su labor recaudatoria, sin dejar de lado los consiguientes efectos negativos sobre las arcas públicas, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño inferido.

Ello, por cuanto mientras la falta de entrega afecta considerablemente la efectividad en la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de estas, la entrega tardía impacta la oportunidad en su ejercicio, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo, no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero si, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega.

  (2016-06-01) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El servicio notarial esta gravado con el impuesto de industria y comercio independiente de que haya sido o no señalado en los acuerdos municipales como actividad analoga a los servicios considerados como gravados en la Ley 14 de 1983.
    Síntesis del caso:
A través de dos procesos que fueron acumulados en primera instancia, varios ciudadanos solicitaron la nulidad de las expresiones “Protocolización, autenticación de documentos y demás actividades realizadas por las notarías” contenidas en el artículo 48 del Acuerdo Distrital 011 de 29 de diciembre de 2006 expedido por el Concejo Distrital de Santa Marta y la Alcaldía Distrital de Santa Marta.

El demandante del proceso 2011-00133-00, adujo que el servicio que prestan las notarías no es de naturaleza comercial o industrial ni análogo o similar a los servicios gravados expresamente por el Decreto Ley 1333 de 1986. La potestad de incluir a los sujetos en el impuesto de industria y comercio depende que los servicios que presten constituyan una actividad que por su naturaleza, pueda ser calificada legalmente como mercantil o industrial.

Es desatinada la comparación del acuerdo demandado al equiparar la actividad notarial con las actividades descritas en el artículo 199 del Decreto Ley 1333 de 1986. La voluntad del legislador nunca ha sido la de permitir o sugerir que la actividad notarial se considere de naturaleza comercial o industrial.

Mientras que en el proceso 2010-00250-00, los demandantes alegaron que el servicio de las notarías no es de naturaleza comercial o industrial, ni mucho menos análogo, y el artículo demandado está viciado de nulidad por falta de competencia y violación a las normas superiores.

  (2016-05-26) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los ingresos por venta de bienes en los almacenes in bond al considerarse exportaciones no estan gravados con el impuesto de industria y comercio.
    Síntesis del caso:
Seis sociedades presentaron en el Distrito Capital las declaraciones bimestrales del impuesto de industria y comercio, por los años 2005 a 2008, en las que liquidaron el impuesto a cargo sobre los ingresos obtenidos en cada período por la venta de productos extranjeros en depósitos francos a viajeros con destino al exterior, comúnmente conocidos como venta en almacenes in bond.

A raíz del Concepto 1200 de 2009 de la Secretaría de Hacienda Distrital se precisó que la reexportación de productos importados ubicados en depósitos francos se considera exportación y por tanto los ingresos por ese concepto son deducibles del impuesto de industria y comercio.

Los ahora demandantes solicitaron la devolución del impuesto que liquidaron y pagaron sobre los ingresos percibidos por la venta de productos extranjeros en depósitos francos a viajeros con destino al exterior, pero el Distrito Capital a cinco de la sociedades, les negó la devolución porque en su parecer se debía corregir las declaraciones para incluir la deducción por exportaciones y después solicitar la devolución.

A la otra sociedad le devolvió sin reconocer intereses. Los demandantes afirman que respecto al pago de lo no debido que hicieron, tienen derecho al reconocimiento de intereses legales del Código Civil, así como a los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario.

  (2016-05-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En la devolucion del pago de lo no debido no procede reconocer la actualizacion por el lapso comprendido entre la fecha de pago y la fecha en que se nego la devolucion cuando el pago indebido es voluntario.
    Síntesis del caso:
: “…En consecuencia, fue la parte actora quien decidió incluir en sus declaraciones, como gravados, los ingresos provenientes de las exportaciones. Así lo reconoció en la demanda, pues aceptó que sus ingresos corresponden a exportaciones, por cuanto la totalidad de las ventas se efectúan a viajeros con destino al extranjero, de acuerdo con la regulación correspondiente a depósitos francos y que estos ingresos no están gravados con el ICA.

Asimismo, reconoció que desde su habilitación como titular de depósitos francos presentó las declaraciones de ICA. Por su parte, el Distrito Capital también reconoció que la parte demandante presentó sus declaraciones de manera voluntaria, pues sostuvo que el pago del impuesto fue consecuencia de “un querer unilateral de la sociedad actora, es decir, no hubo una actuación de la Administración que estimulara la realización del pago que se devolvió”.

En consecuencia, la actora tenía derecho a la devolución del impuesto de industria y comercio que pagó por los periodos en discusión. También tenía derecho al reconocimiento y pago de los intereses del artículo 863 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 154 del Decreto 807 de 1993.

  (2016-05-26) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En la devolucion del pago de lo no debido no proceden los intereses corrientes cuando la suma devuelta no estuvo en discusion.
    Síntesis del caso:
“…En consecuencia, el Distrito Capital debe reconocer intereses moratorios a SANTAFÉ DUTY FREE LTDA (hoy SANTAFÉ DUTY FREE S.A.S) sobre los $381.509.000, desde el 7 de septiembre de 2010, que es el día siguiente al vencimiento del plazo para devolver, hasta la fecha en que giró el cheque, emitió el título o efectuó la consignación respectiva.

De acuerdo con el artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional, no proceden los intereses corrientes porque la suma devuelta no estuvo en discusión. Por las razones anteriores, se modifica el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada para ordenar, respecto a las demandantes, menos SANTAFÉ DUTY FREE LTDA (hoy SANTAFÉ DUTY FREE S.A.S), además de la devolución del impuesto y el reconocimiento y pago de los intereses corrientes en los términos que dispuso el a quo, el reconocimiento y pago de los intereses de mora, a partir de la ejecutoria de esta providencia hasta la fecha del pago por el Distrito Capital.

Y en favor de SANTAFÉ DUTY FREE LTDA (hoy SANTAFÉ DUTY FREE S.A.S) se ordena el reconocimiento y pago de intereses de mora desde el vencimiento del plazo para devolver (7 de septiembre de 2010) hasta cuando el Distrito Capital pagó dicha suma…”.

  (2016-05-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad no pueden solicitar la deduccion por depreciacion de activos fijos en la declaracion de renta, ya que se requiere el registro contable de la depreciacion.
    Síntesis del caso:
Un ciudadano solicitó la nulidad del Concepto 16805 del 2 de marzo de 2001 expedido por la División de Normativa y Doctrina Tributaria de la DIAN, según el cual los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad no pueden fiscalmente hacer uso de la deducción por depreciación, ya que la ley tributaria exige que la depreciación se lleve en registros contables en la forma que indique el reglamento.

Según el demandante el concepto vulnera el artículo 363 de la Constitución Política relacionado con los principios de equidad y de progresividad ya que al no permitir la deducción por depreciación de activos fijos a los contribuyentes no obligadas a llevar contabilidad, les asigna una carga excesiva, toda vez que se aumenta la base de tributación de esos contribuyentes.

Aduce que la depreciación no la causa un registro contable sino el desgaste o deterioro por el uso del bien y el legislador al establecer el beneficio de la deducción por depreciación, no diferenció entre obligados y no obligados a llevar contabilidad.

  (2016-05-26) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los comerciantes estan obligados a llevar contabilidad conforme al Codigo de Comercio y el Decreto 2649 de 1993, debido a la realizacion profesional y habitual de actividades mercantiles.
    Síntesis del caso:
“…El artículo 19 del Código de Comercio estableció que, por regla general, todos los comerciantes están obligados a “llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales”, y es comerciante toda persona que realice profesionalmente las actividades consideradas por la ley como mercantiles, ya sea personalmente o por interpuesta persona.

Así, por regla general, la obligación formal de llevar contabilidad está dada en función de la realización profesional y habitual de actividades mercantiles, conceptos que al definir la calidad de comerciante de un sujeto implican un tratamiento legal diferenciado con respecto a las personas que ocasionalmente desarrollan actos de naturaleza mercantil y que, al no ser considerados comerciantes, no deben llevar contabilidad.

En otras palabras, las obligaciones que en materia contable recaen sobre los comerciantes, en razón de sus actividades y de la habitualidad con las que las realizan, no son las mismas que para las personas que no acreditan tal condición, por lo que no se trata de sujetos sobre los cuales se exija un tratamiento igualitario por parte de la ley, ya que no están en las mismas condiciones de hecho y de derecho…

Se evidencia, entonces, que la contabilidad, al contener el registro de las actividades que los sujetos obligados a llevarla ejecutan, permite identificar, medir, clasificar, analizar, evaluar e informar las operaciones por estos realizadas, de forma clara, completa y fidedigna, lo que para efectos fiscales permite determinar las cargas tributarias en cabeza de los contribuyentes…

De lo expuesto, se concluye que el tratamiento fiscal que en materia contable recae sobre los comerciantes, está constituido por una serie de deberes y prerrogativas originados en la naturaleza misma de las actividades que realizan habitualmente, los cuales no aplican a los sujetos que no están obligados a llevar contabilidad y que, por consiguiente, no se encuentran en las mismas condiciones de aquellos…”

  (2016-05-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No estan gravadas con el impuesto de industria y comercio las primas de seguros previsionales y la rentas vitalicias por ser recursos de destinacion especifica para la seguridad social.
    Síntesis del caso:
Una aseguradora en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 presentó y pagó las declaraciones de industria y comercio, en la que incluyó en el renglón de “ingresos netos gravables” valores correspondientes a recursos de la seguridad social en pensiones.

En septiembre de 2010, la entidad financiera solicitó ante la Dirección de Impuestos Distritales la devolución del impuesto de industria y comercio pagado en las declaraciones antedichas, alegando el pago de lo no debido del impuesto liquidado.

La administración negó la devolución por cuanto la corrección de las declaraciones que disminuyen el saldo a pagar debe realizarse en los plazos señalados en el artículo 589 del Estatuto Tributario.

La demandante afirma que las primas que reciben las aseguradoras por concepto de seguros previsionales y por rentas vitalicias no están gravadas con ningún impuesto por tratarse de recursos del Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Señala que el término para solicitar la devolución no es de dos años como lo señalaba el artículo 147 del Decreto 807 de 1993, norma que fue anulada por el Consejo de Estado, sino que el término de prescripción aplicable es el previsto en el artículo 2536 del Código Civil.

Asimismo recuerda que el Consejo de Estado, en reiterados fallos ha señalado que no se requiere la corrección de las declaraciones para la devolución del pago de lo no debido.

  (2016-05-26) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El acta de aprobacion de liquidacion de una sociedad es un acto sometido al impuesto de registro y su base es el valor incorporado en dicho documento.
    Síntesis del caso:
La Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca liquidó a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el impuesto de registro, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2004, pues afirmó había lugar a modificar la liquidación privada presentada por el contribuyente, toda vez que este admitió e inscribió en el registro mercantil, el acta contentiva de la aprobación final de la liquidación de la sociedad Luz de Bogotá S.A. como un acto sin cuantía, el cual según su criterio, sí la tiene y lo sancionó por inexactitud.

La Sala revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló tales actos y, en su lugar, negó su nulidad, por cuanto concluyó que en los términos de los recursos de apelación formulados por la parte demandada y el Ministerio Público, el procedimiento previo adelantado para la expedición de la liquidación oficial de revisión, fue adecuado, pues si bien resultaba improcedente la revocatoria directa del requerimiento especial, al ser un acto de trámite o preparatorio, este podía ser ampliado, con el fin de incluir hechos y conceptos no contemplados inicialmente y proponer una nueva determinación oficial que modifique el valor de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones, e incluso, era válido para corregir la falta o ausencia de motivación.

  (2016-05-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La administracion puede revocar un requerimiento siempre que el nuevo acto sea para mejorar su contenido y con ello no debe entenderse que se expidieron dos requerimientos.
    Síntesis del caso:
De manera reiterada se ha dicho que tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial deben ser motivados, pues si la autoridad tributaria rechaza la liquidación privada presentada por el contribuyente, debe poner en conocimiento de éste los motivos de desacuerdo para permitirle ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Esta motivación no se debe limitar a transcribir la norma incumplida o enunciar los requisitos señalados en la misma, es necesario que contenga una explicación sumaria, es decir, breve o concisa, pero suficiente respecto de las razones por las cuales se propone la modificación de la declaración privada.

En el caso concreto, se advierte que mediante el Requerimiento Especial Nro. 000001 del 28 de agosto de 2006, notificado a la Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2006, el Director de Rentas (E) de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca le propuso modificar la liquidación privada del impuesto de registro presentada por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2004, (…) Este requerimiento especial se revocó de manera directa por el mismo funcionario que lo profirió, mediante la Resolución Nro. 001626 del 12 de septiembre de 2006, con el argumento de deficiente motivación del acto y su repercusión en el derecho de defensa y al debido proceso.

Revisado en integridad el contenido del Requerimiento Especial Nro. 000001 de 2006, se observa que este no contaba con la suficiente motivación; sin embargo, contrario a lo razonado por el departamento demandado, esta circunstancia no conduce a que en casos como el presente proceda la revocatoria directa de un acto de trámite, como sin duda lo es el requerimiento especial.

  (2016-05-25) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El Ministerio Publico puede interponer recurso de apelacion contra la sentencia de primera instancia, aunque el proceso haya sido promovido por un tercero.
    Síntesis del caso:
Conforme con el artículo 277-7 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá la función de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.

Por su parte, el artículo 127 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable en el caso concreto, dispone que el Ministerio Público es parte y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en las conciliaciones extrajudiciales ante los centros de conciliación e intervendrá en éstos en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. (…)

Como se observa, en las normas en cita se prevé que el Ministerio Público podrá intervenir en todos los procesos e incidentes de carácter judicial, con el propósito de propender por la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales.

Esa capacidad de intervención, le atribuye al Ministerio Público la facultad de participar en el proceso judicial de manera activa, como garante de los cometidos citados con anterioridad; por lo tanto, entre otras actuaciones, podrá intervenir como impugnante de la decisión del juez de conocimiento, independientemente de que el proceso haya sido promovido por un tercero (…); por lo tanto, es necesario que el juez verifique –en el momento de decidir sobre la admisión del recurso o al resolver el fondo del recurso interpuesto por el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes- si la impugnación tiene relación con alguno de los fines u objetivos constitucionales de intervención.

  (2016-05-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La presuncion de veracidad de las declaraciones no exime al contribuyente de demostrar los hechos declarados, los cuales pueden ser desvirtuados por la administracion.
    Síntesis del caso:
La demandante en su calidad de comercializadora al solicitar la devolución del saldo a favor registrado en su declaración del IVA por el 5º bimestre del año 2010 por $ 183.591.000, obtuvo un rechazo por parte de la DIAN de compras y servicios gravados por $ 717.731,250 por operaciones con uno de sus proveedores, al igual que desconoció impuestos descontables por $ 114.837.000.

El desconocimiento de las partidas anotadas respecto a ese proveedor, se originó en indicios, como no ubicar la dirección que figuraba en las facturas de los proveedores, los números telefónicos no correspondía a los registrados en el RUT, no encontrar contabilidad, aparece como omiso en el sistema MUISCA, inconsistencias en la forma de pago, ausencia de movimientos en la cuenta bancaria.

Todo lo anterior llevó a la administración a determinar que las operaciones de compra que originaron impuestos descontables eran inexistentes.

  (2016-05-24) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No ubicar a los proveedores o hacer pagos a personas diferentes a aquellos son indicios que desvirtuan las declaraciones tributarias e invierten la carga de la prueba.
    Síntesis del caso:
“Uno de los medios de prueba admisibles en materia tributaria es la prueba indiciaria. Los indicios se pueden definir como la inferencia lógica a través de la cual de un hecho cierto y conocido se llega a conocer otro hecho desconocido.

El indicio hace parte de la prueba a través de otros medios de prueba, es decir, debe ser probado. De acuerdo con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, para que un hecho pueda considerarse como indicio, debe estar debidamente probado en el proceso.

Por su parte, el artículo 250 del mismo ordenamiento dispone que el juez debe apreciar los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que existan en el proceso. Así, en materia tributaria, los indicios constituyen una prueba subsidiaria pues suplen la falta de pruebas directas.

Solo ante la falta de estas puede acudirse a los indicios, que deben ser valorados en conjunto. La Sección Cuarta del Consejo de Estado ha reconocido que un conjunto de indicios contundentes puede ser suficiente para determinar con plena certeza que el contribuyente simuló operaciones, por lo cual se logra desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración del impuesto.

  (2016-05-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La Sala reitera que la sancion por enviar informacion con errores solo procede cuando estos generen algun dano a la administracion.
    Síntesis del caso:
Solocauchos S.A.S. estaba obligada a presentar información en medios magnéticos por el año gravable 2007, la que presentó oportunamente, pero con errores, toda vez que en el reporte de retenciones en la fuente por servicios consignó el valor de $140,201,333,333,333 y en el campo “retención” indicó $841.208.

La DIAN le notificó pliego de cargos en el que propuso imponerle la sanción por enviar información con errores, prevista en el artículo 651 E.T., al advertir que la base no guardaba coherencia con el valor retenido.

Al responder el pliego, la actora indicó que la información contenía un error involuntario de transcripción en la base de retención, pues el valor correcto era $14.020.133, en respaldo de lo cual anexó los soportes contables.

La DIAN le impuso la sanción propuesta en el pliego, que ajustó al tope máximo legalmente establecido cuando resolvió el recurso de reconsideración que la sancionada interpuso.

Dentro del término de ejecutoria del acto que resolvió el recurso, la actora presentó el formulario en el que corrigió digitalmente la información. Luego, demandó la nulidad de los actos sancionatorios y el Tribunal Administrativo de Caldas los anuló y declaró que no estaba obligada a pagar la sanción.

La Sala estudió la legalidad de dichos actos, concretamente para establecer si procedía imponer a la actora sanción por enviar información en medios magnéticos.

  (2016-05-17) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La Seccion preciso su jurisprudencia acerca de la causacion y la exigibilidad de la obligacion de pagar la compensacion del impuesto predial.
    Síntesis del caso:
Mediante la Resolución 649 del 24 de noviembre de 2011, el Municipio de Cogua (Cundinamarca) liquidó y cobró la compensación del impuesto predial, a cargo de la CAR Cundinamarca, por las vigencias 2000 a 2011, más los intereses, acto que confirmó en Resolución 104 del 10 de abril de 2012, al resolver el recurso de reconsideración que la CAR interpuso.

La CAR promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra dichas resoluciones.

Se estudió la legalidad de esos actos, entre otros aspectos, para precisar el tema de la causación y la exigibilidad de la obligación de pagar la compensación del predial cuando el municipio no exige en su regulación local la presentación de una declaración tributaria.

  (2016-05-17) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los municipios pueden conceder exenciones sobre tributos locales, en condiciones de igualdad, a todas las iglesias y confesiones religiosas.
    Síntesis del caso:
En el artículo 53 literal c) del Acuerdo 29 de 2004, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 27 de 2009, el Concejo Municipal de Facatativá estableció una exención del impuesto predial para los inmuebles de propiedad de las iglesias reconocidas por el Estado, dedicados exclusivamente al culto.

Con base en dichas normas, la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová pidió a la Secretaría de Hacienda de Facatativá la exención del impuesto predial, por los años 2011 a 2019, respecto de un inmueble de su propiedad con área de 261.174,00 M2.

El municipio accedió parcialmente a esa solicitud, en el sentido de decretar la exención en un 31.35% sobre el valor a pagar en la fecha del pago, porcentaje correspondiente al área construida del bien (79.964,47 M2), según la inspección que efectuó sobre el mismo.

La iglesia recurrió en reconsideración la anterior decisión y el municipio la confirmó al resolver el recurso. La Sala estudió la legalidad de los actos que concedieron a la actora la exención parcial del impuesto predial respecto de los edificios dedicados al culto, concretamente para determinar el alcance de la exención, así como la existencia o no de trato discriminatorio a la demandante frente a los bienes de la iglesia católica.

  (2016-05-13) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los actos que liquidan intereses en cumplimiento de una sentencia judicial no son demandables ante la jurisdiccion porque son actos de ejecucion.
    Síntesis del caso:
Inversiones Los Ángeles S.A. declaró el impuesto predial unificado por los años 1996 a 2002. Posteriormente, pidió que se le devolviera la suma que pagó con ocasión de esas declaraciones, petición que la Administración Distrital de Impuestos de Bogotá le negó.

Luego, la sociedad ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que le negaron la devolución, los cuales fueron anulados por el Consejo de Estado en sentencia del 23 de septiembre de 2010 en la que, además, ordenó devolver la suma solicitada como pago de lo no debido, junto con los intereses corrientes y moratorios a que hubiere lugar.

Con resolución del 28 de febrero de 2011, la Administración ordenó devolver la suma fijada en la sentencia y, respecto de los intereses, con resolución del 31 de marzo del mismo año ordenó pagar $465.278.000, decisión que confirmó al resolver el recurso de reposición que la interesada interpuso.

Inversiones Los Ángeles promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos liquidatorios de los intereses. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la nulidad, porque concluyó que el cálculo de los intereses se ajustó a la ley.

Al proveer sobre el recurso de apelación que la demandante interpuso contra esa decisión, la Sala analizó si los referidos actos son o no demandables ante la Jurisdicción.

  (2016-05-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden provisionalmente los efectos de los incisos 4, 5 y 7 del art. 15 y el art. 16 del Decreto 650 de 1996, reglamentario de la Ley 223 de 1995.
    Síntesis del caso:
Juan Sebastián Rubio Barragán demandó la nulidad y solicitó la suspensión provisional de los literales h) y l) del artículo 6; de las expresiones “inmuebles” del inciso primero del artículo 7 y “solicitud de” contenida en el inciso 3 del artículo 14; de los incisos 4, 5 y 7 del artículo 15 y del artículo 16 del Decreto 650 de 1996, por el que el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente la Ley 223 de 1995.

El Ponente negó la suspensión de los literales h) y l) del artículo 6 y de las expresiones acusadas de los artículos 7 y 14 y decretó la suspensión de los efectos de los incisos 4, 5 y 7 del art. 15, en tanto fijan plazos diferentes a los previstos en la ley para solicitar y efectuar la devolución de lo pagado por concepto de impuesto de registro cuando el documento no se registra por no ser registrable o cuando se desista de la solicitud de registro.

Además, suspendió provisionalmente los efectos del artículo 16, por contrariar los artículos 577 y 802 del Estatuto Tributario, conforme con los cuales, en materia de tributos, procede acercar los valores a unidades o múltiplos de mil y no de cien, como lo previó dicho artículo.

  (2016-05-13) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Esta vigente el articulo 69 del Decreto 187 de 1975, que regula la forma y los plazos en que se amortizan las inversiones en explotaciones infructuosas.
    Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al estudiar la legalidad de la frase “amortizados con rentas de otras explotaciones productivas de la misma naturaleza” contenida en el inciso segundo del artículo 69 del Decreto 187 del 8 de febrero de 1975, por el cual se dictaron disposiciones reglamentarias en materia del impuesto sobre la renta y complementarios.

En concreto, la Sala analizó si el aparte acusado se expidió con fundamento en el inciso 5° del artículo 58 del Decreto 2053 de 1974 y si, al expedirlo, el Gobierno excedió la potestad reglamentaria; además, la Sala estudió si dicho aparte había sido o no derogado por el artículo 236 de la Ley 685 de 2001.

  (2016-05-10) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El termino de exigibilidad de la contribucion de valorizacion no se puede determinar por la fecha de expedicion del certificado de deuda fiscal, dado que este no es el acto constitutivo de la obligacion, sino el que liquida y distribuye el gravamen.
    Síntesis del caso:
Mediante la Resolución 157 de 16 de diciembre de 1998, el Área Metropolitana de Cúcuta distribuyó y asignó la contribución de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la obra “colector margen izquierda del río Táchira”.

El 1° de febrero de 2008, el Subdirector de Transporte Público y Valorización de la misma área metropolitana expidió las certificaciones de deuda fiscal en las que reconoció la deuda por concepto de la contribución a ciertos predios afectados por la obra.

Con base en esas certificaciones, el mismo funcionario abrió procesos de jurisdicción coactiva y libró mandamiento de pago contra los propietarios de tales predios, quienes formularon excepciones que se declararon no probadas.

La Sala estudió la legalidad de estas resoluciones, concretamente para determinar si las certificaciones de deuda fiscal constituyen títulos ejecutivos y, en caso de serlo, si el término de prescripción de la acción de cobro de la contribución de valorización se cuenta a partir de la expedición de dichos certificados o no.

  (2016-05-10) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En virtud de los principios de buena fe y confianza legitima, las declaraciones privadas del ICA presentadas en cumplimiento de normas municipales o distritales que establecen un periodo de causacion del impuesto distinto al previsto en la ley, gozan de plenos efectos.
    Síntesis del caso:
Con base en la autorización prevista en el artículo 91 del Acuerdo Distrital 041 de 2006, la Unión de Droguistas S.A. presentó las declaraciones bimestrales del impuesto de Industria y Comercio, por los años gravables 2007 a 2009 y pagó el tributo liquidado en cada una de ellas.

El 4 de mayo de 2011, la Secretaría de Hacienda del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena sancionó a esa firma por no presentar la declaración anual del ICA de dichos años, sanción que liquidó con base en los ingresos registrados en las referidas declaraciones bimestrales.

El Distrito confirmó la sanción al resolver el recurso de reconsideración que la Unión de Droguistas interpuso contra la decisión sancionatoria.

La Sala estudió la legalidad de los actos sancionatorios, en orden a determinar si, en el caso concreto, las declaraciones bimestrales del ICA fueron suficientes para satisfacer la obligación formal que surgió por la realización de actividades gravadas con ese tributo o si, por el contrario, era necesario que se presentara una declaración anual consolidada.

  (2016-05-10) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No procede imponer sancion por no declarar al contribuyente que, en cumplimiento de disposiciones municipales o distritales que establecen un periodo de causacion del ICA distinto al previsto en la ley, asi declara y paga el tributo.
    Síntesis del caso:
En el asunto objeto de discusión, la Secretaría de Hacienda del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias impuso sanción por no declarar, a la sociedad Unión de Droguistas S.A., toda vez que no presentó la declaración anual del impuesto de Industria y Comercio, correspondiente a los años gravables 2007, 2008 y 2009, pese a haber presentado las declaraciones bimestrales de dichos periodos.

Para la Sala, las disposiciones del Estatuto de Rentas Distrital muestran que las declaraciones bimestrales allí establecidas, pese a ser voluntarias, no son un anticipo del impuesto. Por el contrario, se trata de una opción alternativa a la declaración anual, por lo que, su presentación es suficiente para que se entienda satisfecho el deber formal de declarar.

Antes de indicar las razones que llevan a la Sala a esa conclusión, hay que precisar, que aunque la opción de declaración bimestral es contraria al periodo de causación anual establecido por el legislador, lo cierto es que el administrado realizó el pago de buena fe, en cumplimiento de las disposiciones locales; luego, la eventual ilegalidad de esa alternativa, no puede ser alegada por la administración como fundamento de la sanción, porque esa condición (ilegalidad de la norma) no es atribuible al contribuyente.

  (2016-05-10) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Exencion del IVA para exportacion de servicios - No procede cuando el servicio se presta a clientes que, aunque de una compania extranjera, se ubican en el pais y el destino final de la operacion se materializa en Colombia.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos por los que la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre las ventas que General Médica de Colombia Gemedco S.A. presentó por el 6° bimestre de 2006, en el sentido de disminuir los ingresos por operaciones no gravadas y aumentar los correspondientes a las gravadas.

Ello, como resultado de desconocer las sumas que Gemedco registró por concepto de “comisiones por venta de equipos” y “garantía servicio técnico” y que recibió con ocasión del contrato de representación internacional de ventas y servicios que suscribió con GE Healthcare.

Entre otros aspectos, la Sala analizó si los servicios de representación que Gemedco le prestó a GE Healthcare se utilizaron o no en el exterior, en orden a determinar si tenía o no derecho a la exención del IVA por exportación de servicios, prevista en el literal e) del art. 481 del E.T., que aplicó en la referida declaración.

  (2016-05-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La existencia del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es presupuesto para establecer el hecho generador de la participacion en plusvalia.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del inciso 2 del artículo 3 del Acuerdo 08 de 2008, por el que el Concejo de Chía dispuso que, para el cobro de la participación en plusvalía en el municipio, se tendría en cuenta, además de la Ley 388 de 1997 y las normas concordantes, el Acuerdo 17 de 2000, que estableció el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Chía.

Concretamente, la Sala analizó si el hecho de que para efectos del hecho generador de la plusvalía el acto acusado remita al POT del municipio, expedido con anterioridad, viola o no el principio de irretroactividad en materia tributaria, así como los derechos adquiridos al amparo de ese POT por los propietarios de los inmuebles afectados con el gravamen.

  (2016-05-06) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las normas de contabilidad generalmente aceptadas son obligatorias para los no obligados a llevar contabilidad que pretendan hacerla valer como prueba.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que la Administración de Impuestos de Neiva modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios que Marcel Elías Solano Quimbaya presentó por el año gravable 2007, en el sentido de aumentar los ingresos declarados y disminuir los costos y deducciones.

Para el efecto, la DIAN tuvo en cuenta la contabilidad y los estados financieros que el contribuyente remitió en respuesta los requerimientos ordinarios que se le hicieron con ocasión de la práctica de la diligencia de inspección tributaria que esa entidad decretó de oficio.

Entre otros aspectos, se estableció si la inspección tributaria suspendió o no el término para notificar el requerimiento especial y el valor de la prueba contable aportada por el actor en la vía gubernativa, pese a que se trataba de un contribuyente no obligado a llevar contabilidad.

  (2016-05-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La inspeccion tributaria decretada de oficio suspende por tres meses el termino para notificar el requerimiento especial, siempre que esta efectivamente se realice y las diligencias se lleven a cabo dentro del plazo durante el cual opera la suspension.
    Síntesis del caso:
“El artículo 714 del Estatuto Tributario prevé que las declaraciones quedan en firme dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar; dentro de los dos siguientes a la presentación de la declaración cuando ésta es extemporánea, o dos años después de la solicitud de devolución o compensación respectiva, cuando la declaración refleje un saldo a favor del contribuyente o responsable, siempre que en ninguno de tales eventos se haya notificado requerimiento especial.

A su vez, el artículo 705, ibídem, señala que el requerimiento especial debe notificarse, a más tardar, dentro de los dos años siguientes a cada uno de los supuestos anteriormente señalados. Y el artículo 706 ejusdem, modificado por la Ley 223 de 1995 [251], norma vigente al momento de la presentación de la declaración inicial, previó la suspensión de dicho término, entre otros eventos, “cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete” […]

La Sala ha precisado que, dada la claridad del artículo 706 del Estatuto Tributario, el término de notificación del requerimiento especial se suspende a partir de la fecha de notificación del auto que decreta de oficio la inspección, por un lapso fijo de tres meses, no prorrogable, pero tampoco sujeto a disminución.

  (2016-05-06) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las controversias relacionadas con la actualizacion de la cuenta corriente de un contribuyente y con la condicion especial de pago del art. 1 de la Ley 1175 de 2007 son de caracter tributario y, por ende, no son conciliables.
    Síntesis del caso:
Laminados Andinos S.A. (En liquidación) - LASA promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos por los que la DIAN resolvió la solicitud de actualización de su cuenta corriente y le informó que no procedía la condición especial de pago del art. 1º de la Ley 1175 de 2007, que aplicó al reintegro de las sumas originadas en el menor saldo a favor que liquidó al corregir la declaración de renta del 2005.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda porque concluyó que el asunto era conciliable y que, por ende, se debió agotar la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción, según lo prevé la Ley 1285 de 2009.

La Sala decidió el recurso de apelación que LASA interpuso contra esa decisión en orden a determinar si la actualización de la cuenta corriente de un contribuyente y la procedencia de la condición especial de pago del art. 1 de la Ley 1175 de 2007 son asuntos de carácter tributario o no y, por ende, si son o no conciliables.

  (2016-05-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El liquidador de una sociedad contribuyente es deudor solidario de las obligaciones tributarias de ella, por la omision en dar prelacion a los creditos fiscales, si tiene conocimiento de la existencia de tales obligaciones.
    Síntesis del caso:
Los socios de Librería y Papelería Corsi Ltda. acordaron disolver la sociedad e iniciar el proceso de liquidación de la misma a partir del 3 de junio de 1997, fecha en la que se designó como liquidador a Hernando Córdoba Ojeda.

El 22 de julio de 1997, este informó a la DIAN - Tunja sobre la disolución y liquidación de la sociedad. Con escritura pública del 20 de septiembre de 1997 se protocolizó el acta final de liquidación de la sociedad y la matrícula mercantil de la librería se canceló el 26 del mismo mes y año.

El 30 de mayo de 2002 la DIAN libró mandamiento de pago contra el liquidador, como deudor solidario de las obligaciones fiscales de la librería, al omitir reservar los recursos necesarios para cubrirlas. El liquidador formuló excepciones contra el mandamiento que la DIAN rechazó.

Se estudió la legalidad de los actos que rechazaron dichas excepciones, concretamente para establecer si el demandante era solidariamente responsable de las deudas tributarias de la Librería, por incumplir el deber legal previsto en el art. 847 del E.T., de incluir tales deudas dentro de la prelación de créditos.

  (2016-05-06) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Traslados financieros exentos del gravamen a los movimientos financieros.-
Traslados entre diferentes aportantes o fideicomitentes de un patrimonio autonomo o encargo fiduciario, asi sean los aportantes o fideicomitentes iniciales.
    Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al negar la nulidad de la frase “ello no significa que la exención cobije la cancelación de obligaciones o traslados entre los diferentes aportantes o fideicomitentes, así sean los iniciales” contenida en el penúltimo párrafo del Concepto 722241 del 19 de septiembre de 2011, mediante el cual la Directora de Gestión Jurídica (A) de la DIAN expuso su interpretación acerca de los traslados financieros exentos del gravamen a los movimientos financieros a que se refiere el numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario, reglamentado por el artículo 8 del Decreto 660 del 10 de marzo de 2011.

  (2016-05-05) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se reitera que el servicio notarial esta gravado con el impuesto de industria y comercio como analogo a los previstos en el articulo 36 de la Ley 14 de 1983.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que el Municipio de Medellín negó al Notario 25 del Círculo de Medellín (antes Notario 12 del mismo Círculo), la devolución del impuesto de industria y comercio que declaró y pagó por la actividad notarial que ejerció en esa jurisdicción durante los años gravables 2005 a 2010.

«[…], la Sala encuentra pertinente reiterar el criterio según el cual se ha considerado que los servicios notariales están gravados con el impuesto de industria y comercio, porque como se dijo antes, independientemente de la naturaleza del servicio y de quien lo presta, están gravadas con dicho impuesto todas las actividades de servicios, salvo que hayan sido expresamente excluidas por la ley o exoneradas por el Acuerdo Municipal[2] »

  (2016-05-05) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En materia del impuesto sobre la renta el concepto tributario que se aplica como guia para el contribuyente es el vigente cuando concluye el periodo gravable.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que la Administración de Impuestos de Medellín modificó la declaración de renta que Cementos El Cairo S.A. presentó por el año gravable de 1999.

Concretamente, se determinó si con base en el Concepto 47433 del 20 de mayo de 1999, que estaba vigente a la fecha de terminación del periodo fiscal de 1999, la demandante podía deducir pérdidas fiscales de años anteriores, a pesar de que con ello se produjeran nuevas pérdidas, o si, por el contrario, era aplicable el Concepto 020727 del 6 de marzo de 2000, que revocó el anterior y estaba vigente al momento de la presentación de la referida declaración, según el cual no se podían solicitar pérdidas superiores a las rentas o utilidades obtenidas.

  (2016-05-05) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La sociedad absorbente en un proceso de fusion goza de la exencion del impuesto al patrimonio que tenia inicialmente la absorbida como suscriptora de un contrato de estabilidad tributaria pero a partir del año siguiente a la suscripcion de aquel.
    Síntesis del caso:
Mediante resolución de abril de 2006, la DIAN autorizó a Granbanco S.A. para aplicar el régimen de estabilidad tributaria que amparaba al Banco Cafetero S.A. por los años 2000 a 2009.

Asimismo en agosto de 2007 se protocolizó mediante escritura pública el acuerdo de fusión entre el Banco Davivienda y Granbanco S.A. En virtud de beneficiario del contrato de estabilidad tributaria como sociedad adquirente de Gran Banco, Davivienda solicitó a la DIAN el reconocimiento y devolución de la suma de $ 6.547.507.000 por concepto de pago de lo no debido de la primera cuota del impuesto de patrimonio del año 2007.

La DIAN reconoció a favor del Banco Davivienda la suma de $ 2.242.297.000. La UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN solicitó ante la jurisdicción la nulidad de la resolución por la cual la División de Recaudación de la DIAN ordenó la devolución del pago antes mencionado, así como también la nulidad de la resolución que la confirmó.

  (2016-05-03) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden provisionalmente apartes del artículo 7° del Decreto 1828 de 2013 respecto al tope de salarios minimos legales mensuales vigentes que devenguen los trabajadores para efectos de la exoneración de aportes parafiscales para los contribuyentes del impuesto de renta sobre la equidad – CREE.
    Síntesis del caso:
Un ciudadano en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del CPACA, solicitó la nulidad de los términos “menos” contenidos en los incisos 1° y 3° del artículo 7° del Decreto 1828 de 2013, en cuanto a que en su parecer la norma demandada vulnera de forma evidente los parámetros establecidos en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, relativos a la exoneración de aportes parafiscales respecto a la remuneración de los trabajadores de los contribuyentes del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.

El argumento consiste en que mientras el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 prevee la exoneración de los aportes a favor del SENA y del ICBF por parte de los contribuyentes del CREE respecto de los trabajadores que devenguen individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los incisos 1° y 3° del artículo 7° del decreto 1828 de 2013, disponen tal exoneración para los trabajadores que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes.

  (2016-05-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Dentro del regimen tributario especial es deducible para las Cooperativas el gravamen a los movimientos financieros ya que constituye un egreso procedente al aparecer como un gasto dentro de la legislacion cooperativa.
    Síntesis del caso:
En abril de 2001 una Cooperativa presentó la declaración de renta por el año gravable 2000. En marzo de 2003, la DIAN Seccional Medellín expidió un requerimiento especial donde propuso el rechazo de egresos por la suma de $ 4.989.978.400. Posteriormente, mediante liquidación oficial de revisión le modificó en los mismos términos la declaración, acto que fue confirmado al resolver el recurso de reconsideración, donde únicamente levantó la sanción por inexactitud.

Los egresos rechazados fueron:
  • a) el GMF por $ 1.691.113.000, aunque en vigencia del Decreto 124 de 1997 era un egreso deducible, esa situación cambió a partir de la Ley 633 de 2000 ya no se considera un egreso procedente;


  • b) la provisión para protección de inversiones o hace parte del objeto de la Cooperativa y por tanto no es necesaria;


  • c) los gastos de ejercicios anteriores tampoco son deducibles, y que los egresos deben corresponder a la vigencia en la que se utilizan para establecer el beneficio neto o excedente.

  (2016-05-03) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La provision para proteccion de inversiones y los gastos de ejercicios anteriores no se consideran egresos procedentes para las Cooperativas al representar contingencias de perdida y gastos incurridos en ejercicios diferentes al respectivo año gravable.
    Síntesis del caso:
la procedencia de los egresos para determinar el beneficio neto o excedente depende del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para tal efecto, entre los que se encuentra, la realización efectiva de las erogaciones durante el periodo respectivo (Art. 4°del Decreto 124 de 1997).

Sobre este punto, la Sala observa que la contingencia que la demandante pretendió cubrir mediante las provisiones para protección de inversiones está relacionada con la precaria situación económica que supuestamente atravesaban los entes destinatarios de tales inversiones, circunstancia que no está demostrada en el expediente, como tampoco lo está la pérdida del valor de las inversiones involucradas, razón por la que no se puede hablar de egresos o gastos efectivamente realizados durante el periodo gravable…

Por lo mismo, como las provisiones para la protección de inversiones se relacionan con una contingencia que pudo o no ocurrir, no se puede hablar de un gasto efectivamente realizado en el periodo gravable en discusión, que haya derivado en una disminución del patrimonio de la cooperativa.

Además, como lo señala el representante del Ministerio Público, se trata de provisiones para la protección de inversiones que no hacen parte del objeto social de la cooperativa, a lo cual se suma que si lo pretendido por la actora era cubrir una posible pérdida, el artículo 55 de la Ley 79 de 1988 le permitía destinar el excedente resultante del ejercicio anterior a “…compensar pérdidas de ejercicios anteriores” o, a “…crear por decisión de la asamblea general otras reservas y fondos con fines determinados” (Art. 56).

  (2016-05-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Al existir prohibicion de imponer tributos sobre los recursos de la conmutacion pensional, procede la devolucion del impuesto de industria y comercio por pago de lo no debido respecto de las primas pagadas por conmutacion pensional bajo la modalidad de renta vitalicia.
    Síntesis del caso:
Al tener tal naturaleza –recursos de seguridad social-, las primas de conmutación pensional bajo la modalidad de renta vitalicia son de destinación específica, esto es, no pueden ser empleados para fines diferentes a la seguridad social.

Así lo establece expresamente el artículo 48 de la Constitución Política al disponer “no se podrán destinar o utilizar los recursos de las instituciones e la seguridad social para fines diferentes a ellas”…Sobre el alcance de este mandato constitucional, la Sala ha señalado que los recursos del sistema tanto en salud como en pensiones no pueden ser destinados a un objeto diferente dentro del sistema, lo que incluye la prohibición para el Estado de imponer tributos sobre tales recursos…

En este sentido carece de fundamento la afirmación hecha por el Distrito Capital, que considera viable la imposición de tributos a los recursos de la seguridad social. En esa medida, no existe causa legal para pagar tributos sobre los recursos de seguridad social…Así las cosas, los pagos del impuesto de industria y comercio realizados sobre las primas por conmutación pensional bajo la modalidad de renta vitalicia, constituyen pagos de lo no debido, pues no existe un título o fuente de donde emanara la obligación de liquidar y pagar dicho tributo, pues como se explicó, por mandato constitucional esos recursos no son materia imponible.

En consecuencia, sí se configuró el pago de lo no debido y, por ende el derecho a solicitar la devolución de lo que se pagó por concepto de impuestos, como pasa a analizarse a continuación…

  (2016-05-03) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las cotizaciones del empleador en la conmutacion pensional se consideran contribuciones parafiscales ya que estan dispuestas para garantizar el sistema de seguridad social en pensiones.
    Síntesis del caso:
En enero de 2008, entre un Almacén de Depósito y una Aseguradora se suscribió un contrato de seguros bajo la modalidad de “renta vitalicia inmediata, pensión por conmutación pensional”, en el que se acordó la conmutación pensional de 349 jubilados mediante una renta vitalicia por la suma de $ 67.194.572.872.

En marzo de 2008, la aseguradora presentó y pagó la declaración del impuesto de industria y comercio por el bimestre 1 del año 2008, en la que incluyó en la base gravable los recursos obtenidos en el contrato de seguros por rentas vitalicias por conmutación pensional.

En agosto de 2011, la entidad financiera solicitó la devolución del impuesto de industria y comercio, por concepto de pago de lo no debido respecto del tributo sobre los recursos obtenidos por la conmutación pensional.

En septiembre de 2011, la DIAN negó la solicitud de devolución por considerar que la corrección de las declaraciones disminuyendo el saldo a pagar debía realizarse en los plazos señalados en el artículo 589 del Estatuto Tributario.

Para el demandante, esas rentas no pueden gravarse con ningún tributo en tanto están destinadas al pago de pensiones y por ende son recursos de la seguridad social que por mandato constitucional no son materia imponible.

  (2016-05-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El rechazo definitivo de la solicitud de devolucion de saldos a favor solo procede una vez culmine el proceso de determinacion y discusion del tributo.
    Esto es, hasta que se defina en vía administrativa o judicial la procedencia o no del saldo a favor declarado.
  • Síntesis del caso:
Se estudia la legalidad de los actos administrativos por los que la DIAN rechazó definitivamente la solicitud de devolución del saldo a favor que Inmobiliaria Sanitas Ltda. liquidó en la declaración de renta del año gravable 2007, determinación que la DIAN adoptó antes de que decidiera el recurso de reconsideración que la inmobiliaria interpuso contra la liquidación oficial de revisión mediante la cual se le determinó un mayor impuesto de renta por el referido año gravable y se le sancionó por inexactitud.

  (2016-04-29) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El emplazamiento para corregir formulado mientras esta en curso una inspeccion tributaria no suspende, por un mes mas, el plazo para notificar el requerimiento especial.
    Síntesis del caso:
El 19 de mayo de 2006 Samsung Electronics Colombia S.A. declaró el ICA del 2° bimestre de 2006. Mediante auto de 11 de marzo de 2008, que se notificó el 13 de marzo, la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital ordenó practicar inspección tributaria respecto de dicho impuesto.

El 8 de agosto de 2008, la Secretaría emplazó a Samsung para que corrigiera la referida declaración y el 17 de septiembre le formuló requerimiento especial por el mismo impuesto, que se le notificó el 18 de septiembre de 2008.

El 25 de marzo de 2009, la Secretaría formuló liquidación oficial de revisión por el mismo impuesto, acto que confirmó al resolver el recurso de reconsideración que Samsung interpuso en su contra.

Se estudia la legalidad de los actos que modificaron la mencionada declaración de ICA y, concretamente, se define si el emplazamiento para corregir, efectuado durante o una vez concluida la inspección tributaria, suspende el plazo para notificar el requerimiento especial.

  (2016-04-29) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El hecho de omitir la notificacion al garante de las resoluciones sancionatorias fundamento del cobro coactivo impide perfeccionar el titulo ejecutivo en su contra.
    Síntesis del caso:
La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza expidió unas pólizas para garantizar las solicitudes de devolución de saldos a favor en el IVA del segundo y tercer bimestre de 1999 presentadas por cierto contribuyente.

Con fundamento en el artículo 670 del E.T., la Administración Local de Impuestos de Cúcuta impuso sanción por fraude en la documentación aportada para la devolución, actos con base en los cuales libró mandamiento de pago contra Confianza por los valores en ellos liquidados.

La aseguradora formuló excepciones contra el mandamiento, las cuales fueron rechazadas, decisión que la DIAN confirmó al resolver el recurso de reposición que Confianza interpuso.

Se estudió la legalidad de los actos que negaron las excepciones contra el mandamiento de pago, concretamente para establecer si, en su condición de garante, Confianza debía o no ser notificada de los actos sancionatorios base del cobro coactivo.

  (2016-04-29) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Entre el 2003 y el 2005 los responsables del regimen comun tenian derecho a descontar del IVA el impuesto pagado en la adquisicion o importacion de maquinaria industrial, sin perjuicio del tipo de leasing pactado ni de la modalidad de importacion.
    Síntesis del caso:
Consorcio Minero Unido S.A. importó maquinaria industrial mediante leasing financiero con compañías extranjeras. En la declaración del IVA del 5° bimestre de 2005, esa firma descontó el IVA que pagó en la adquisición de la maquinaria.

La DIAN modificó la referida declaración para negar el descuento, con el argumento de que no procedía para el leasing operativo.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anuló dichos actos, al concluir que para la procedencia del descuento el artículo 485-2 del E.T., aplicable al caso, no condicionó la forma de adquisición de la maquinaria, de modo que, para tener derecho al beneficio, la DIAN no podía exigir que la importación se efectuara bajo una modalidad específica de adquisición o de importación.

  (2016-04-28) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es valido recaudar el impuesto de alumbrado publico en la misma factura de los servicios publicos domiciliarios, como el de energia, o en desprendible separado de la misma.
    Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al negar la nulidad de los artículos 3 y 7 de Resolución 122 del 8 de septiembre de 2011, por la cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG reguló el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía, del impuesto creado por las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, con destino a la financiación del servicio de alumbrado público.

  (2016-04-28) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La opcion de los departamentos de escoger entre el monopolio sobre la produccion, introduccion y venta de licores y el gravamen sobre esas actividades solo abarca a los licores destilados, no a los vinos ni a los aperitivos y similares de caracter nacional.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del literal a) del artículo 2 de la Ordenanza 019 del 6 de agosto de 2009, en el que la Asamblea de Risaralda fijó como tarifa de la participación económica del departamento en la producción, introducción y venta de licores destilados de graduación alcoholimétrica de 2,5° a 35°, $266 por grado, incorporado el IVA cedido.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda que negó la nulidad de dicho literal, en cuanto consideró que, en contra de lo que se alegó en la demanda, el mismo no incluye a los vinos, aperitivos y similares dentro del monopolio de licores.

Lo anterior, porque, de acuerdo con el Decreto 1222 de 1986, la opción de los departamentos de escoger entre el monopolio sobre la producción, introducción y venta de licores y el gravamen sobre esas actividades solo abarca a los licores destilados, entre los cuales no se encuentran los vinos ni los aperitivos y similares de carácter nacional, dado que estos no son destilados.

  (2016-04-28) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La Sala reitera que los actos que resuelven la solicitud de restitucion de terminos de notificacion no son demandables ante la Jurisdiccion por no ser definitivos sino de tramite.
    Síntesis del caso:
Apolo Logístico S.A. demandó los actos administrativos por los que la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta que presentó por el año gravable 2000, así como los actos en los que se le negó la solicitud de restitución de términos para la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión del gravamen.

El Tribunal Administrativo del Huila declaró probada la excepción de caducidad de la acción frente a los actos de determinación del tributo y negó las súplicas de la demanda contra los actos de rechazo de la restitución de términos.

La Sala confirmó la decisión de declarar la caducidad, pero concluyó que procedía inhibirse para pronunciarse sobre la legalidad de los actos de rechazo de la restitución de términos, porque no constituyen una decisión administrativa definitiva, dado que se limitan a analizar un aspecto procedimental dentro de un proceso tributario, razón por la cual no son susceptibles de control jurisdiccional.

  (2016-04-28) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El servicio de auditoria tendiente al analisis y liquidacion de cuentas correspondientes a reclamaciones por los amparos que cubre el SOAT no esta excluido del impuesto sobre las ventas porque no es un servicio vinculado con la seguridad social.
    Síntesis del caso:
La DIAN emplazó al Grupo SIS Servicios Integrales de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito S.A. para que declarara el IVA del primer bimestre del 2006, respecto de los servicios de análisis y liquidación de cuentas relacionados con reclamaciones por los amparos que cubre el SOAT, que prestó a Seguros del Estado S.A. durante dicho periodo.

Al responder el emplazamiento, el Grupo SIS adujo que no estaba obligado a declarar, porque el servicio que presta está excluido del IVA por estar vinculado con la seguridad social.

La DIAN no aceptó tal argumento y sancionó al Grupo por no haber presentado la referida declaración, decisión que confirmó al resolver el recurso de reconsideración que el Grupo interpuso. La Sala estudió la legalidad de los actos sancionatorios.

  (2016-04-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La transferencia de dominio del bien sobre el que recae el impuesto de delineacion urbana genera el traslado del gravamen al nuevo propietario.
    Síntesis del caso:
El 2 de octubre de 2007 la Curaduría Urbana 3 de Bogotá expidió Licencia de Construcción para desarrollar un proyecto de vivienda urbana en un predio cuyo titular era Inversiones Cardovas S. en C. La Licencia se expidió a nombre de la propietaria con vigencia hasta el 6 de noviembre de 2009 y la declaración y pago del impuesto de delineación urbana por la expedición de la misma lo efectuó Ordóñez Mendieta y Cía S.A. - Ormeco S.A., licencia con base en la cual se adelantó la obra.

Inversiones Cardovas S. en C. vendió el predio a Ormeco S.A. con escritura pública del 17 de octubre de 2007 inscrita en el registro de instrumentos públicos. Previo requerimiento especial, la Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá modificó oficialmente el impuesto de delineación urbana e impuso sanción por inexactitud, decisión que Ormeco S.A. recurrió en reconsideración con el argumento de no ser el sujeto pasivo del mismo, porque al momento de la expedición de la licencia aún no era propietaria del inmueble respecto del cual se concedió.

Al resolver el recurso, la administración confirmó la liquidación oficial de revisión. Se estudió la legalidad de los actos de determinación oficial del tributo.

  (2016-04-26) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden los efectos del paragrafo 1 del art. 3 del Decreto 2701 de 2013, en cuanto incluyo la renta liquida por recuperacion de deducciones en la base gravable del CREE.
    Síntesis del caso:
El Ponente decretó la suspensión provisional de esa disposición porque concluyó que el Gobierno Nacional excedió la potestad reglamentaria al incluir en la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE elementos que la norma reglamentada (art. 22 de la Ley 1607 de 2012) no contempló para el efecto.

Al respecto señalo que la recuperación de deducciones está prevista en la ley como integrante de la base gravable del impuesto ordinario sobre la renta, de tal manera que no se puede incluir en la base gravable de otro impuesto, como el CREE, sin que la ley así lo establezca en forma expresa.

  (2016-04-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden los efectos del numeral 6 del Concepto DIAN 100202208-357 del 28 de marzo de 2014, en cuanto señalo que la renta liquida por recuperacion de deducciones esta gravada con el CREE.
    Síntesis del caso:
El Ponente decretó la suspensión provisional de dicho numeral al estimar que el mismo se fundó, entre otras disposiciones, en el parágrafo 1 del art. 3 del Decreto 2701 de 2013, el cual fue suspendido por su Despacho en auto del 24 de febrero de 2015 (Exp. 11001-03-27-000-2014-00012-00 Int. 20998), porque al expedirlo el Gobierno Nacional excedió la potestad reglamentaria.

Así, concluyó que el numeral 6 del Concepto debía correr la misma suerte de dicho parágrafo, no solo por fundamentarse en él, sino porque la interpretación que contiene es contraria a la ley.

  (2016-04-26) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El IVA no se causa sobre tiquetes aereos comprados en el exterior cuando el viaje de ida inicia en el exterior y el viaje de regreso en Colombia.
  • Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del tercer párrafo del Oficio 15496 de 24 de diciembre de 2008, por el que el Director de Gestión Jurídica de la DIAN, al resolver una petición relativa al estado de vigencia, entre otros, del Oficio 089576 de 22 de diciembre de 2004, también expedido por la DIAN, señaló que

“[…] la causación del impuesto sobre las ventas tratándose de la venta de tiquetes aéreos internacionales adquiridos en el exterior, se da siempre que el viaje -ida y regreso-, tenga como origen o comienzo el territorio nacional, generándose el IVA en este caso únicamente sobre el 50% de su valor”.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La presentacion de la declaracion de renta de un periodo fiscal no exonera al declarante del deber de presentar la declaracion informativa individual de precios de transferencia del mismo año gravable.
  • Síntesis del caso:
Previo pliego de cargos y la respuesta al mismo, la DIAN sancionó a Continental Skins Ltda. por no presentar la declaración informativa individual de precios de transferencia del año 2006, sanción que fue confirmada al resolver el recurso de reconsideración que la interesada interpuso.

Se estudia la legalidad de los actos sancionatorios.

  (2016-04-25) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Son nulos los Oficios 016455 y 013446 de la DIAN, segun los cuales la ganancia ocasional integraba los ingresos brutos que determinaban la obligacion de informar por el año 2008.
  • Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los Oficios 016455 de 26 de febrero de 2009 y 013446 de 29 de febrero de 2012, de la Subdirectora de Gestión de Normativa y Doctrina de la DIAN.

El primero, absolvió una consulta sobre la posibilidad de incluir la ganancia ocasional derivada de la enajenación de activos fijos en los ingresos brutos que, de acuerdo con la Resolución 3847 de 2008, se debían tener en cuenta para establecer la obligación de informar por ese año.

La respuesta a dicha consulta se aclaró con el segundo oficio.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La retencion a titulo de ICA para la actividad de transporte publico prestado con vehiculos de terceros solo procede sobre lo pagado al propietario en virtud del contrato de vinculación.
  • Síntesis del caso:
Se determina la legalidad del artículo 25 del Acuerdo 704 de 2008, por el cual el Concejo Municipal de Manizales reguló en su jurisdicción la retención del impuesto de industria y comercio para el servicio de transporte público prestado con vehículos de terceros.

  (2016-04-25) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es nulo el Acuerdo 017 de 2002, por el cual el Concejo de Sabanagrande (Atlantico) fijo los elementos del impuesto de alumbrado publico en su jurisdiccion territorial.
  • Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del Acuerdo 017 del 29 de agosto de 2002, del Concejo Municipal de Sabanagrande «Por el cual se organiza el servicio de alumbrado público, se definen sus elementos constitutivos, se autoriza al alcalde para entregar en concesión la operación, mantenimiento y expansión del sistema y cruce de cuentas».

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que negó la nulidad de dicho Acuerdo, para lo cual reiteró que los concejos municipales están facultados por el artículo 338 de la Constitución Política para definir los elementos de los tributos cuando la ley que autorizó su creación no lo hizo; en el caso del impuesto de alumbrado público, en virtud de los artículos 1, literal d, de la Ley 97 de 1913 y 1 de la Ley 84 de 1915.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se reitera que el articulo 75 de la Ley 181 de 1995 no creo una contribucion con destino al deporte ni autorizo a los municipios para crearla en su jurisdiccion.
  • Síntesis del caso:
Mediante el Acuerdo 021 del 25 de junio de 2008, el Concejo de Yopal creó y fijó los elementos esenciales de la contribución pro-deporte municipal.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare que anuló ese Acuerdo tras concluir que el concejo se extralimitó en sus funciones al expedir tal normativa con fundamento en el artículo 75 de la Ley 181 de 1995, dado que este no creó ni autorizó a los municipios para crear una contribución especial o ‘sobretasa’ con destino al deporte.

  (2016-04-25) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El servicio de fabricacion de envases para embotellamiento de agua prestado por persona distinta del productor del agua tratada esta excluido del IVA por ser intermedio en la produccion de agua envasada.
  • Síntesis del caso:
AMCOR PET PACKAGING DE COLOMBIA presentó la declaración electrónica del IVA del segundo bimestre gravable del 2006 en la que liquidó ingresos brutos por operaciones excluidas provenientes de la prestación del servicio de fabricación de envases para embotellamiento de agua, en cuanto lo consideró intermedio en la producción de agua envasada.

La DIAN modificó esa declaración para adicionar tales ingresos al impuesto a cargo por operaciones gravadas tras estimar que, para prestar el servicio de fabricación de envases, AMCOR incorporó bienes gravados que ella misma fabricó, elaboró y procesó, con lo que incurrió en el hecho generador de IVA del literal c) del art. 421 del E.T.

En consecuencia redujo a $0 los ingresos brutos por operaciones excluidas, incrementó el impuesto a cargo por operaciones gravadas, sancionó por inexactitud y determinó un saldo a pagar.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es dable predicar la autonomia fiscal de las entidades territoriales, con el fin de aplicar una norma tributaria local que contraria las disposiciones legales especiales.
  • Síntesis del caso:
Gases de Occidente S.A. E.S.P. declaró en Cali el ICA del año 2003, por haber desarrollado la actividad de fabricación de gas y/o distribución de combustibles gaseosos por tuberías. Para el efecto, aplicó la base gravable prevista en el art. 67 de la Ley 383 de 1997, esto es, el margen bruto de comercialización del combustible, del que excluyó los costos del gas.

El municipio modificó la declaración para aumentar la base gravable, determinar un mayor impuesto a pagar, rechazar retenciones y sancionar por inexactitud. Ello, en aplicación del art. 21 del Acuerdo 35 de 1985, del Concejo de Cali, según el cual el ICA se liquida sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, del que no se descuenta el costo de comercialización del gas.

Al estudiar la legalidad de los actos de determinación del ICA, la Sala concluyó que el municipio no podía invocar la autonomía tributaria de que gozan los entes territoriales para aplicar el referido Acuerdo, en contravía de las disposiciones legales especiales que, en el caso concreto, prevén reglas para determinar la base gravable del tributo para la actividad de distribución de gas combustible, bien que se realice como servicio público domiciliario o no.

  (2016-04-25) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Si al subsanar una omision en el envio de informacion el obligado incurre en otra infraccion, procede formular nuevo pliego de cargos y, con base en este, tramitar otro procedimiento sancionatorio.
  • Síntesis del caso:
Previo pliego de cargos, la DIAN impuso a Víctor Alonso Duque Gómez sanción por no enviar la información prevista en el art. 651 del Estatuto Tributario, decisión contra la cual el sancionado interpuso recurso de reconsideración.

Al resolver el recurso, la DIAN modificó la sanción, pero no aceptó la reducción de la misma al 20% que el afectado solicitó, con el argumento de que la información que aquél aportó con el medio de impugnación contenía errores.

Se estudió la legalidad de los actos sancionatorios.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las impresiones de las declaraciones tributarias presentadas electronicamente son prueba de la representacion material de las mismas y, por ser autenticas, son idoneas y conducentes para inferir la existencia de titulos ejecutivos que se pueden cobrar coactivamente.
  • Síntesis del caso:
La DIAN libró mandamiento de pago contra Mazal Group S.A. con base en las declaraciones electrónicas de los impuestos sobre las ventas y al patrimonio que esa empresa presentó respecto de ciertos periodos gravables.

Entre otras excepciones, Mazal propuso la de falta de título ejecutivo, que fundó en el hecho de que la DIAN dictó el mandamiento con sustento en copias impresas de las declaraciones electrónicas, las cuales consideró sin fuerza ejecutiva por no ser los documentos originales necesarios para adelantar el cobro coactivo.

La DIAN rechazó las excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución. Se estudia la legalidad de tales actos.

  (2016-04-25) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La DIAN puede reliquidar las sanciones aceptadas mediante liquidacion oficial de correccion de la declaracion informativa individual de precios de transferencia.
    Se estudia la legalidad de los actos reliquidatorios de la sanción por corrección de la declaración informativa individual de precios de transferencia.
Síntesis del caso:

Whirlpool Colombia S.A.S. presentó la declaración individual informativa de precios de transferencia (DIIPT) por el 2007, en la que el sistema de la DIAN le liquidó sanción por extemporaneidad del 1% de las operaciones realizadas con vinculados económicos (art. 260-10, lit. B, num. 1 E.T.).

Whirlpool corrigió la DIIPT para aumentar la sanción, pues incluyó la sanción reducida del art. 260-10, lit. B, num. 3, inc. 7 del E.T., equivalente al 2% de la sanción por extemporaneidad, debido a que corrigió algunas inconsistencias que presentaba la DIIPT.

Luego, presentó proyecto de corrección para reducir la sanción liquidada en la DIIPT, esto es, para eliminar la sanción por extemporaneidad, petición que la DIAN aceptó mediante Liquidación Oficial de Corrección.

Previo pliego de cargos y su respuesta, la DIAN reliquidó la sanción por corrección de la DIIPT y la incrementó en un 30%, con el argumento de que la corrección de inconsistencias de la DIIPT no generaba la sanción reducida del 2% de la sanción por extemporaneidad, sino la plena del 1% de las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas en la respectiva vigencia fiscal (art. 260-10, lit. B, num. 3, inc. 1° E.T.). En el caso, se estudia la legalidad de los actos reliquidatorios de la sanción por corrección de la DIIPT.

  (2016-04-21) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El procedimiento para corregir la DIIPT con el fin de reducir las sanciones que, por ende, generen un menor saldo a cargo, es el previsto en el articulo 589 del Estatuto Tributario.
    La Sala ha señalado que las solicitudes de corrección solo pueden negarse por motivos de forma, no por razones de fondo como “las relacionadas con el derecho al reconocimiento de costos, deducciones, descuentos, exenciones-excepciones, retenciones en la fuente, o pruebas requeridas para su demostración, pues tales asuntos son materia de un proceso de revisión”.
Extracto: “[…] el artículo 589 del Estatuto Tributario, que hace parte del Libro Quinto de dicha normativa, sobre procedimiento tributario y que, por ende, se aplica al régimen de precios de transferencia del mismo Estatuto, dispone
    […] Conforme con la norma transcrita, para disminuir el saldo a pagar o aumentar el saldo a favor liquidado en una declaración privada, el contribuyente debe solicitar a la DIAN la corrección de la declaración, dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar. La DIAN debe practicar liquidación de corrección dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud en debida forma, y si no lo hace, el proyecto de corrección sustituye la declaración inicial.
Sin embargo, este artículo también precisa que la DIAN conserva la facultad de revisión y que el término para proferir la liquidación de revisión inicia en la fecha de la corrección o dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, según el caso.

Con fundamento en el artículo 589 del Estatuto Tributario, la Sala ha dicho que los requisitos formales son los siguientes: - Presentar una solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente. - Que la petición se realice dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del término para declarar o de la fecha de presentación de la declaración de corrección, según el caso, y - Adjuntar proyecto de corrección.

  (2016-04-21) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El impuesto al consumo cobrado por el comercializador al consumidor final no hace parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio en la actividad comercial de distribución.
    El impuesto al consumo cobrado por el comercializador al consumidor final no hace parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio en la actividad comercial de distribución, dado que no constituye un ingreso para el comercializador.
Síntesis del Caso:

La comercializadora Representaciones Continental S.A. compró cigarrillos y licores que luego vendió facturando el impuesto al consumo, cuyo valor no registró en sus cuentas de ingreso.

El Distrito Capital modificó las declaraciones del impuesto de industria y comercio que la comercializadora presentó por los bimestres 2 a 6 de los años 2006 y 2007, en el sentido de incrementar la base gravable con los valores pagados por impuesto al consumo en las referidas ventas y sancionarla por inexactitud.

Se estudia la legalidad de tales actos.

  (2016-04-21) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Son deducibles los gastos por perdidas derivadas de contratos de cobertura de riesgos cambiarios “forward non delivery”.
    El impuesto al consumo cobrado por el comercializador al consumidor final no hace parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio en la actividad comercial de distribución, dado que no constituye un ingreso para el comercializador.
Síntesis del Caso:

Durante el 2003 y 2004 Bavaria S.A. suscribió contratos de derivados financieros ‘Forward y Swap’ o de cobertura de riesgo cambiario con entidades financieras nacionales, cuya liquidación le generó una pérdida.

En la declaración de renta del año gravable 2004 Bavaria dedujo el gasto proveniente de la redención de los contratos forward non delivery.

La DIAN modificó la dicha declaración para rechazar las referidas deducciones, imponer un mayor tributo y sancionar por inexactitud.

Bavaria demandó la nulidad de tales actos, cuya legalidad se estudia.

  (2016-04-21) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 05001-23-31-000-2002-00743-01(18913)

No estan gravados con ICA los ingresos recibidos por los bancos por correccion monetaria, por creditos en UPAC que otorgo cuando opero como corporacion de ahorro y vivienda.
    CONVERSION DE ESTABLECIMIENTO DE CREDITO - No produce solución de continuidad, pero la entidad resultante de la operación solo queda facultada para adelantar las actividades propias de la nueva entidad.
Síntesis del caso:

Así lo concluyó la Sala al modificar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que anuló, solo frente a la sanción por inexactitud impuesta, los actos administrativos del municipio de Medellín que liquidaron oficialmente el impuesto de industria y comercio a cargo del Banco Davivienda S.A. por el año 1999.

La Sala anuló parcialmente dichos actos, pero en cuanto adicionaron la base gravable del impuesto con los ingresos por corrección monetaria que el banco percibió por los créditos en UPAC que otorgó cuando operaba como corporación de ahorro y vivienda.

La Sala señaló que tales ingresos no hacen parte de la base gravable del tributo respecto de los bancos, dado que la Ley 14 de 1983 (art. 42), normativa que el municipio de Medellín acogió en el Acuerdo 50 de 1997, por el que expidió el estatuto del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, no los incluye en ella.

Al respecto la Sala señaló que en 1999 Davivienda ya no era una corporación de ahorro y vivienda sino un banco y que, según el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, desde su conversión a banco solo podía efectuar las operaciones autorizadas a los mismos.

  (2016-04-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número 11001-03-27-000-2011-00021-00(18943)

Exigencia de aportar constancia de titularidad de una cuenta bancaria para efectos de formalizar la inscripcion en el RUT.
    La exigencia de aportar constancia de titularidad de una cuenta bancaria para efectos de formalizar la inscripción en el RUT no es ilegal ni violatoria de la libertad de empresa y de la iniciativa privada, así como tampoco del derecho a la igualdad.
Síntesis del caso:

Se negó la nulidad de apartes del art. 1º de los Decretos 2645 y 2820 de 2011, ambos expedidos por el Gobierno Nacional y que para formalizar la inscripción en el RUT exigían aportar constancia de la titularidad de una cuenta corriente o de ahorros activa.

La Sala adoptó dicha decisión al concluir que el Gobierno estaba facultado por la Ley 863 de 2003 (art. 19) para reglamentar los requisitos para el efecto y que al hacerlo no excedió la potestad reglamentaria, a la par que la referida exigencia no limita ni restringe la libertad de empresa ni la iniciativa privada, en la medida en que se trata de libertades que no son absolutas, sino que a ellas se oponen deberes o cargas que los particulares deben cumplir en razón de su actividad.

La Sala señaló que el requisito en mención tampoco desconoce el derecho a la igualdad, toda vez que, en contra de la afirmación de la demanda, según la cual no todos los municipios cuentan con servicios financieros, se demostró que la cobertura bancaria nacional es amplia y que son pocos los municipios que no cuentan con ese servicio.

  (2016-04-18) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 05001-23-31-000-2000-02593-01(19872)

El hecho generador de la contribucion de valorizacion solo se consolida cuando se determina el beneficio por la ejecucion de la obra y se distribuye el monto del gravamen.
    La Ordenanza 26 de 1995 se hace efectiva en los actos administrativos expedidos por el Gobernador en virtud de la autorización traída por el artículo 5º ibídem, que al formar parte de las normas que integran el derecho aplicable, deben atender las disposiciones vigentes al momento de su expedición.
Síntesis del caso:

Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que el Departamento de Antioquia distribuyó la contribución de valorización a cargo de Inversiones Balsora y otros, con ocasión de la ampliación, rectificación y pavimentación de la carretera Caucasia-Nechí.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó la nulidad de tales actos, al concluir que se ajustaron a la legalidad, toda vez que el reparto de la contribución se hizo con fundamento en la norma que estaba vigente cuando se configuró el hecho generador del gravamen, esto es, cuando el departamento determinó el beneficio que recibieron los predios de los actores por la ejecución de dicha obra y procedió a distribuir la participación en ese beneficio mediante la aplicación del método y el sistema previstos para el efecto en la referida norma.

  (2016-04-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 11001-03-27-000-2014-00041-00(21170)

El acto que comunica la existencia de una actuacion administrativa de fiscalizacion y eventual determinacion oficial de impuestos no es demandable ante la Jurisdiccion porque no es definitivo sino preparatorio o de tramite.
    El despacho considera que el acto administrativo a demandar es el que se profiera cuando concluya el procedimiento administrativo de determinación que inició la entidad demandada - DIAN - en contra de la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS).
Síntesis del caso:

Así lo concluyó el Ponente al rechazar la demanda que la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín formuló contra los actos en los que la DIAN le informó su calidad de deudora solidaria de las obligaciones que eventualmente se generaran de la investigación tributaria adelantada contra la Corporación Interamericana de Servicios – CIS.

La ponencia señaló que tales actos no son demandables ante la Jurisdicción, porque se profirieron en desarrollo del deber de la administración de comunicar la existencia de la actuación administrativa de determinación del impuesto, la cual no había concluido, razón por la que no se trataba de actos definitivos, sino de simple información sobre la vinculación a un trámite administrativo, pero que no definían alguna situación jurídica particular.

  (2016-04-18) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2010-00167-01(19916)

Para liquidar el impuesto de avisos y tableros no se puede fragmentar la base gravable del mismo, que es la totalidad del impuesto de industria y comercio declarado en el periodo.
    El despacho considera que el acto administrativo a demandar es el que se profiera cuando concluya el procedimiento administrativo de determinación que inició la entidad demandada - DIAN - en contra de la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS).
Síntesis del caso:

Casa Editorial El Tiempo S.A. demandó la nulidad de los actos del Distrito Capital que modificaron las declaraciones del impuesto de industria y comercio que presentó por ciertos bimestres del 2006, en el sentido de imponerle un mayor tributo de avisos y tableros y sancionarla por inexactitud.

La Sala confirmó en forma parcial la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló parcialmente esos actos, para lo cual, entre otras consideraciones, precisó que no procedía deducir de la base del gravamen de avisos y tableros los ingresos que la actora recibió por la actividad denominada “metro cuadrado”, toda vez que la Ley 14 de 1983 (art. 37) y el Decreto 352 de 2002 (art. 59) no admiten la posibilidad de fraccionar o segmentar dicha base, dado que ordenan tomar como tal la totalidad del impuesto de industria y comercio declarado en el periodo, al que se aplica una tarifa fija del 15%.

  (2016-04-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Proyecto de Ley 022 de 2015 Camara "Por medio de la cual se adicionan y complementan algunos articulos a la Ley 675 de 2001, Regimen de Propiedad Horizontal".
    Actualmente el Proyecto se encuentra en la agenda de la Comisión Tercera de Cámara, y tendrá discusión en los próximos días.
La citada iniciativa busca
  • (i) crear el Registro Único Nacional de Unidades de Propiedad Horizontal, como unidad adscrita al Ministerio del Interior,

  • (ii) modificar algunos aspectos concernientes al tema de los seguros,

  • (iii) modificar aspectos sobre la reconstrucción obligatoria de la copropiedad en caso de un siniestro,

  • (iv) modificar aspectos de la contribución a las expensas comunes,

  • (v) introducir cambios en la convocatoria para las reuniones en forma extraordinaria,

  • (vi) exigir a los administradores de edificios o conjuntos para ejercer el cargo, una capacitación en una entidad educativa en nivel tecnológico o profesional,

  • (vii) exigir la obligatoriedad de constituir Consejo de Administración para los edificios o conjuntos de uso residencial, comercial o mixto integrados por más de 30 bienes privados excluyendo parqueaderos o depósitos,

  • (viii) introducir algunos cambios respecto a la Revisoría fiscal.

  (2016-04-18) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es deducible el pago de las cuotas de administracion del inmueble donde esta la fabrica del contribuyente pero no el pago de la cuota de administracion de un club recreativo al no demostrarse la incidencia con la productividad de la empresa.
    Además, es un gasto normalmente acostumbrado en la actividad, lo que excluye que se trate de gastos simplemente suntuarios, innecesarios o superfluos, o meramente útiles o convenientes.
Extracto:

La Sala encuentra que las cuotas de administración pagadas a la Corporación Empresarial, donde se encuentra ubicada una de las fábricas de la sociedad, resulta indispensable para que la sociedad pueda realizar su actividad generadora de renta. Esta erogación es necesaria porque está dirigida a satisfacer los gastos de sostenimiento de las zonas comunes del centro empresarial, y en el caso de que no se pagaran, la sociedad no podría desarrollar su actividad o funcionar en esa planta.

Adicionalmente, la erogación ($4.838.000) no es desproporcionada en relación con los ingresos que obtuvo el contribuyente ($57.283.401.000). En consecuencia, procede la deducción de las cuotas de administración del centro empresarial.

En cuanto a las cuotas de administración pagadas al Club Puerto Peñalisa, la Sala encuentra que no cumplen con los requisitos exigidos para que las erogaciones sean deducibles en el impuesto de renta.

Si bien la sociedad afirma que esta erogación corresponde al pago de una casa ubicada en el club, utilizada para relaciones públicas, lo cierto es que en el expediente no se encuentra probada su injerencia en la productividad de la sociedad, ni que la expensa se hizo en cumplimiento de las obligaciones inherentes a la buena gestión empresarial, lo que demostraría que es necesaria para la actividad productora de renta de la empresa.

Al no encontrarse probado que la erogación reúne todos los presupuestos del artículo 107 del Estatuto Tributario, no procede la deducción por este concepto. En consecuencia, se declarará la procedencia de la deducción por cuotas de administración del centro empresarial en la suma de $4.838.000 y la improcedencia de la deducción por cuotas de administración al Club Puerto Peñalisa por valor de $5.188.950.

  (2016-04-12) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No procede el descuento tributario por donacion de acciones cuando en el valor intrinseco de las acciones, tomado como descuento, se han incluido las valorizaciones de las acciones.
    El valor intrínseco de la acción ha sido definido por la doctrina como “una valoración de las participaciones de capital, para lo cual se tiene en cuenta la realidad patrimonial de la sociedad”.
Extracto:

Para resolver el presente asunto es importante precisar que para la época de los hechos se encontraba vigente el artículo 249 del Estatuto Tributario, que permitía a los contribuyentes descontar del impuesto sobre la renta y complementarios, el 60% de las donaciones que efectuaran durante el año gravable a las instituciones de educación superior.

Para la procedencia del descuento tributario, el artículo 125-2 ibídem prescribía que cuando la donación recayera sobre títulos valores estos debían estimarse a precios de mercado de acuerdo con el procedimiento establecido por la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera.

En el año 2002, el procedimiento dispuesto por la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera, para determinar el valor de los títulos valores, era el contemplado en la Resolución No. 1200 de 1995. El artículo 1.7.1.8. de esa normativa permitía a los contribuyentes utilizar como forma de valoración de las acciones “el valor intrínseco de acuerdo con la última información divulgada por el emisor”.

Incluso se ha sostenido que “el valor real de una acción puede obtenerse con cierta aproximación mediante la división del capital contable entre el número total de ellas”. Es por eso que cuando la Superintendencia Financiera exige que los títulos valores se determinen con el valor intrínseco, lo hace para efectos de controlar que el valor de esas inversiones reflejen la real situación económica y financiera del ente societario.

De ahí que no deba incluirse en ese cálculo el valor correspondiente a las valorizaciones, puesto que las mismas no son un derecho o bien real para el contribuyente, sino una expectativa de que el titulo puede valer más de lo que se registró por el activo en los libros de contabilidad.

  (2016-04-12) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los derechos de sistematizacion y asistencia al contribuyente no pueden ser exigidos por el Departamento de Risaralda a los contribuyentes del impuesto de vehiculos al tratarse de un cobro por funciones administrativas no creado por ley.
    La Sala advierte que el gravamen establecido bajo la denominación de “derechos por el servicio de sistematización y asistencia al contribuyente” no tiene sustento en una ley. Fue
Síntesis del caso:

Se demandó ante el Tribunal Administrativo de Risaralda la nulidad del artículo 6° de la Ordenanza 038 del 30 de noviembre de 2009 expedida por la Asamblea Departamental de Risaralda, que se refiere al cobro de los derechos por el servicio de sistematización y asistencia al contribuyente, establecidos para la liquidación y pago de los impuestos sobre vehículos automotores, dirigido a los propietarios o poseedores de vehículos iguales o mayores a cuatro ruedas, por un monto equivalente a 1.6 SMLDV y para los automotores de tres ruedas o menos el equivalente a 1 SMLDV.

Para el demandante la norma demandada viola el principio de legalidad del tributo, ya que estableció un impuesto sin que preexistiera una ley que ordenara su creación ni sus elementos constitutivos.

En su opinión la Asamblea de Risaralda se arrogó una función que no le corresponde y excedió las facultades que le fueron concedidas por la Constitución y la ley, ya que se configuró la causal de falta de competencia material para crear o imponer contribuciones fiscales o parafiscales que es facultas exclusiva del Congreso de la República.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia del 31 de enero de 2012, declaró la nulidad de la norma demandada, por violación al principio de legalidad tributaria.

  (2016-04-11) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El liquidador de una sociedad ya liquidada solo responde por los perjuicios causados por el incumplimiento de sus deberes y en consecuencia no debe responder por el pago de impuestos cobrados despues de la liquidacion de la persona juridica.
    “…Así pues, con la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación, esto es, la liquidación definitiva de la sociedad, esta desaparece como sujeto de derecho. En consecuencia, hasta ese momento el liquidador tiene capacidad para representarla legalmente.
Síntesis del caso:

El municipio de Medellín exigió a un contribuyente persona jurídica el pago del 50% del impuesto de industria y comercio generado por el desarrollo de cinco proyectos inmobiliarios, a través del documento “Advertencia de pago-impuesto de industria y comercio” en los cuales determinó el impuesto tomando como base gravable el 80% del total del presupuesto de ventas, conforme con los artículos 2 y 5 del Decreto Municipal 1147 de 2005.

El 50% del impuesto fue pagado mediante cuentas de cobro de los años 2006 y 2007. Por escritura pública de diciembre de 2009, de la Notaría 20 de Medellín, se declaró la liquidación definitiva de la actora.

El municipio determinó que el contribuyente debía $ 232.798.831 correspondiente al 50% restante. El Consejo de Estado advierte que antes de la expedición de la resolución 56 del 3 de enero de 2011, por la cual fijó el “debido cobrar del impuesto de industria y comercio”, la demandante ya se había liquidado e inscrito en el registro mercantil el 24 del mismo mes, la cuenta final de liquidación.

  (2016-04-11) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


la Sala concluye que la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro de la entidad territorial no creo un procedimiento diferente al previsto por el Paragrafo 3º del articulo 631 del Estatuto Tributario, y que tampoco vulnero los derechos de los sujetos obligados.
    La Subdirección de Impuestos y Catastro Municipal de Santiago de Cali es competente para prescribir las especificaciones técnicas y sujetos pasivos para el envío de la información en medios magnéticos, aunque la fecha de expedición del acto sea posterior a la prevista en el Estatuto Tributario Nacional.
Síntesis del caso:

Se demandó la nulidad de la Resolución 1137 del 25 de octubre de 2006 expedida por el Municipio de Santiago de Cali, por la cual se estableció la información, lo sujetos obligados, las especificaciones técnicas de la información a presentar en medios magnéticos ante el Municipio de Santiago de Cali, por el año gravable 2005.

El demandante consideró que el subdirector administrativo de impuestos, rentas y catastro del municipio violó el parágrafo 3º del artículo 631 del Estatuto Tributario, según el cual las características técnicas para la entrega de la información se deben definir por lo menos con dos meses de anticipación al último día del año gravable sobre el cual se solicita la misma, ya que habiendo sido expedida el 25 de octubre de 2006, se solicitó en forma retroactiva la información correspondiente al año 2005.

  (2016-04-11) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es deducible en el impuesto sobre la renta el valor pagado por las vacaciones causadas en el año, asi como el ajuste efectuado al pagar las mismas correspondientes a años anteriores al gravable, en este ultimo caso sin incluir lo ya deducido.
    Según el artículo 105 del citado estatuto, se entiende causada una deducción cuando nace la obligación de pagarla. En concordancia con lo anterior, el artículo 48 del Decreto 2649 de 1993 señala que en la contabilidad de causación los hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen, y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente.
Síntesis del caso:

La administración de impuestos nacionales respecto de la declaración de renta de un contribuyente persona jurídica, respecto del año gravable 2002, desconoció las siguientes deducciones:
    a) salarios, prestaciones y otros conceptos laborales por $ 77.823.000;

    b) por gastos de servicio de TV cable por $ 2.058.025, por cuotas de sostenimiento de una Corporación Empresarial $ 4.838.000 y por cuotas de administración del Club Peñalisa $ 5.188.950 y por la contribución a la Superintendencia de Sociedades $ 13.584.0000;

    c) descuento tributario por donaciones $ 204.364.000.
Asimismo impuso sanción por inexactitud por $ 406.974.000, incrementó la sobretasa en $ 12.212.000. El rechazo de los pagos prestacionales estuvo centralizado en el desconocimiento de la deducción por vacaciones por $ 77.823.000 debido a que para el cálculo se utilizó un factor diferente al de 4.1666 % que representa los días hábiles de vacaciones remuneradas a que tiene derecho un trabajador (15/360).

Para la actora, la DIAN desconoce que la ley no limitó la determinación del gasto por vacaciones a ese porcentaje puede variar. En cuanto a los pagos a la Corporación Empresarial, al Club Peñalisa y al Departamento del Meta no reúnen los requisitos de las expensas necesarias por cuanto no tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta.

La DIAN no aceptó el descuento tributario por donaciones al no estar determinado como la diferencia entre el valor de venta y el de compra de las acciones, sino al contrario haber incluido una valorización dentro del valor del costo fiscal.

  (2016-04-11) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es procedente la aplicacion simultanea de la presuncion de ingresos por consignaciones bancarias en cuentas de terceros o en cuentas no registradas en la contabilidad con la presuncion de ingresos por omision del registro de compras.
    Anota la Sala que, contrario a lo afirmado por el a quo, no existe norma en el Estatuto Tributario que prohíba la aplicación simultanea de las presunciones contempladas en los artículos 755-3 y 760 del Estatuto Tributario.
  • Síntesis del caso:
Una persona natural presentó la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 1997 en la que determinó un saldo a pagar de $ 119.000.

La administración de impuestos modificó tal declaración al desconocer costos y deducciones por $ 82.443.067, adicionó la renta líquida gravable por la presunción del artículo 755-3 del Estatuto tributario, $ 53.361.000 en aplicación de la presunción del artículo 760 del mismo estatuto, desestimó retenciones por $ 1.640.000 e impuso sanción por inexactitud por $ 92.994.000.

En su parecer la DIAN partió de suposiciones, no de hechos verdaderos y demostrados por lo que violó el artículo 745 del Estatuto Tributario; asimismo desconoció el artículo 755-3 porque no demostró que los valores consignados corresponden a ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente.

De igual forma la administración tomó las compras como ingresos aplicando la presunción establecida en el artículo 760 del mismo estatuto, pero omitió tenerlas en cuenta como descuentos en el IVA.

  (2016-04-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es posible deducir los impuestos descontables del IVA de la renta liquida generada por la presuncion de ingresos por omision del registro de compras.
    La presunción de ingresos prevista en el artículo 760 del E.T. parte del presupuesto de que cuando el contribuyente omite informar compras destinadas a operaciones gravadas omite reportar costos con el fin de omitir ingresos.
  • Extracto:
Según el demandante: “… como al decir de la Administración no existían soportes y por ello lo solicitado como compras a la postre se convierten en INGRESO (Artículo 760 del E.T.) y por el principio del non bis ídem, las dichas compras deben contener un componente de IVA (Impuesto descontable) que la misma Administración no puede desconocer”.

La Sala precisa que el impuesto sobre las ventas, pagado en la adquisición de bienes o servicios que no deba ser tratado como descontable, será deducible del impuesto sobre la renta, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en al artículo 107 del Estatuto Tributario y demás condiciones fijadas en el Capítulo V, Título I del Libro I del Estatuto Tributario.

Con lo anterior, se excluye la posibilidad de que quede a criterio del contribuyente optar por cualquiera de los beneficios mencionados, pues si legalmente el impuesto pagado debe ser tratado como descontable y el contribuyente no lo utiliza, tampoco podrá llevarlo como costo o gasto deducible del impuesto sobre la renta.

  (2016-04-08) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La certificacion exigida a los trabajadores independientes sobre los datos del contrato para efectos de la retencion en la fuente prevista en la Ley 1450 de 2011, no podia ser obligatoria para todos sino solo a quienes estuvieran interesados en ese tratamiento especial.
    Se excedieron las facultades reglamentarias del gobierno nacional, al exigir a los trabajadores independientes, una certificación que solo era obligatoria para los profesionales que pretendieran que se les aplicara la tabla de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario.
Síntesis del caso:

Dos ciudadanos actuando a nombre propio y en ejercicio de la acción de simple nulidad del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo solicitaron en sendas demandas la nulidad del artículo 1° del Decreto 3590 de 2011, por el cual se reglamentó el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011, que se refería a la aplicación de la tabla de retención en la fuente para los trabajadores independientes.

En el proceso 19.234 el demandante estimó que el artículo 1° del Decreto 3590 de 2011 vulneraba los artículos 1, 2, 4, 15, 33 y 84 de la Constitución Política, en la medida en que se exige a los trabajadores independientes revelar información personal sobre los honorarios que cobran a sus clientes para obtener el pago por sus servicios, lo que vulnera el derecho a la intimidad y el secreto profesional.

Además antes de la expedición del decreto, no se consultó a la comunidad afectada, pese a que uno de los objetivos del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. En el proceso 19.114 la demandante solicitó la nulidad de las expresiones “en todos los casos” y “es requisito para el pago o abono en cuenta al contratista” del artículo 1° del decreto demandado, por considerarlos violatorios de los artículos 189-11 de la Constitución Política, 173 de la Ley 1450 de 2011, 392 del Estatuto Tributario y 1602 del Código Civil.

Lo anterior debido a que se excedieron las facultades reglamentarias del gobierno nacional, al exigir a los trabajadores independientes, una certificación que solo era obligatoria para los profesionales que pretendieran que se les aplicara la tabla de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario. De igual manera, una vez realizada la labor contratada, no puede omitirse el pago al contratista porque éste no aportó la certificación que ordenaba la norma demandada.

  (2016-04-07) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El pago del contrato para los trabajadores independientes en vigencia de la Ley 1450 de 2011 no podia estar condicionado a que el trabajador presentara la certificacion sobre los datos del contrato de prestacion de servicios.
    La Sala declarará la nulidad de la expresión “y es requisito para el pago o abono en cuenta al contratista”, del inciso final del artículo 1º del Decreto 3590 de 2011, porque con su expedición, el gobierno nacional excedió la potestad reglamentaria.
Extracto:

“…En efecto, si bien es cierto que la presentación de la certificación, como se dijo antes, tiene relación directa con la finalidad que persiguió en su momento la Ley 1450 de 2011, pues dicho trámite permite determinar si el trabajador independiente cumple las condiciones para que se le aplique el tratamiento tributario especial señalado en el artículo 173 ibídem, y en esa medida, es un desarrollo necesario de la ley, no lo es menos que la consecuencia jurídica que el decreto reglamentario atribuye a la omisión de dicho deber, no guarda relación con el propósito de la medida adoptada por el legislador.

Si la finalidad de la disposición legal era permitir que a los trabajadores independientes se les aplicara la tabla de retención en la fuente de los asalariados, previo el cumplimiento de unos requisitos, la única consecuencia que podría derivarse del incumplimiento de dichas exigencias, es la no aplicación de la tabla de retención especial.

De allí, que la medida difiere de ser una herramienta técnica indispensable para el cumplimiento de la ley; luego, es claro que la expresión analizada va más allá del objeto de la norma reglamentada, y comporta, por lo tanto, un exceso en la potestad reglamentaria. De otro lado, el contrato de prestación de servicios, es de los denominados onerosos conmutativos, comoquiera que allí se pactan obligaciones para ambas partes, y en términos generales, dichas cargas son equivalentes.

De esa manera, el pago, como obligación del contratante, es un asunto sustancial, que debe ser determinado por las partes y, en su defecto, por el legislador; luego, en principio, no podría ser tratado vía decreto reglamentario.

  (2016-04-07) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Por falta de motivacion y divulgacion previa se suspende provisionalmente la resolucion del Ministerio del Transporte que fijo los avaluos comerciales para el impuesto de vehiculos del año 2016.
    La Sala unitaria encuentra demostrado, en primer término, una inexcusable falta de motivación, que no falsa, de la Resolución 5358 de 2015 que afecta la legalidad y legitimidad de la medida, pues la resolución omitió explicar las razones por las cuales el Ministerio de Transporte debió introducir los incrementos en el avalúo comercial de los vehículos sujetos a impuesto en el año 2016.
Síntesis del caso:

La Asociación Colombiana de Usuarios de Vehículos Particulares, solicitó en ejercicio del medio de control de nulidad, que la Resolución 5358 del 30 de noviembre de 2015 del Ministerio de Transporte fuera declarada nula y dentro de la misma solicitó como medida cautelar de urgencia la suspensión provisional.

A juicio de la demandante, la Resolución 5358 de 2015 al fijar la base gravable del impuesto de vehículos violó los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, 143 de la Ley 446 de 1998 y 135, 136 y 137 del Estatuto Tributario por lo siguiente:
    a) desconoció el artículo 338 de la Constitución porque es el legislador y no el Ministerio de Transporte el encargado de fijar la base gravable del impuesto de vehículos automotores;

    b) violó el artículo 363 de la Carta Política porque estableció la base gravable del año 2016 sin tener en cuenta la realidad del mercado y de paso desconoció los principios de equidad, eficacia y progresividad del sistema tributario, toda vez que el aumento generalizado del avalúo comercial de los vehículos no tuvo en cuenta la capacidad de pago de los propietarios y poseedores;

    c) vulneró el artículo 143 de la Ley 488 de 1988, por cuanto desconoció que el avalúo comercial del vehículo es el límite al momento de fijar la base gravable del impuesto y a su vez es inaplicable por inconstitucional pues delegó en el Ministerio de Transporte la competencia de fijar la base gravable del impuesto de vehículos;

    d) transgredió los artículos 135, 136 y 137 del Estatuto Tributario, contra la realidad del mercado y la técnica contable, presume que los vehículos automotores no son bienes que se deprecian, sino que se valorizan;

    e) la resolución fue expedida de manera irregular porque el Ministerio no cumplió con el deber de socializar el proyecto de Resolución que fijó la base gravable, tal como lo ordena el numeral 8 de la ley 1437 de 2011 y el Decreto 1345 de 2010 (Decreto relacionado con la técnica normativa).

  (2016-04-07) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es posible la concurrencia de intereses corrientes y moratorios en la devolucion del pago de lo no debido por el lapso comprendido entre la fecha en que se notifica el acto que niega la devolucion y la fecha de ejecutoria de la sentencia.
    El artículo 863 E.T. distingue dos tipos de intereses que remuneran dos situaciones distintas y, por ende, excluyentes, pues mientras los intereses corrientes se reconocen por el lapso que dura la discusión sobre la procedibilidad de la devolución reclamada, los de mora se causan cuando la Administración no realiza el pago una vez la devolución se ha hecho exigible.
Síntesis del caso:

Una empresa promotora de salud presentó ante la administración distrital de Bogotá, una solicitud de devolución del impuesto de industria y comercio pagado en los 6 bimestres de los años 1996 a 2002 y 1º a 4ª del año 2003, al considerar que se configuró un pago de lo no debido toda vez que los ingresos percibidos por concepto de Unidades de Pago por Capitación (UPC) no pueden ser gravados con el impuesto de industria y comercio.

Ante la negativa a tal devolución de la administración distrital, la entidad promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

La anterior decisión fue revocada por el Consejo de Estado quien ordenó la devolución de $ 667.455.000 junto con los intereses corrientes y moratorios conforme con lo dispuesto en los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario e intereses civiles.

Mediante dos Resoluciones de diciembre de 2009, la administración ordenó pagar a la demandante la suma de $ 1.068.492.000 por concepto de los intereses. Contra las anteriores resoluciones interpuso recurso de reposición para oponerse a la liquidación de los intereses al considerar que los intereses moratorios deben ser liquidados desde el 13 de enero de 2004 hasta el 9 de diciembre 2009 y por ende el valor a pagar es de $ 1.234.780.843.

  (2016-04-07) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Cuando la venta de mezcla asfaltica, de acuerdo a su destinatario, es gravada con el IVA, el servicio de transporte tambien hace parte de la base gravable de la operacion.
    La demandante aduce que el asfalto es exento del IVA en virtud del artículo 5º de la Ley 30 de 1982 y esta exención se aplica para la venta de mezcla asfáltica.
Síntesis del caso:

Una persona jurídica presentó la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al tercer bimestre de 2006 en la que registró ingresos brutos por operaciones gravadas de $ 175.900.000 y un impuesto a cargo de $ 8.397.000.

En el año 2001, mediante liquidación oficial de revisión la DIAN aumentó los ingresos brutos por operaciones gravadas a $ 770.022.000, el impuesto generado por $ 123.203.000 y una sanción por inexactitud de $ 152.094.000.

La demandante aduce que el asfalto es exento del IVA en virtud del artículo 5º de la Ley 30 de 1982 y esta exención se aplica para la venta de mezcla asfáltica. Con base en esa interpretación la base gravable del IVA en el transporte de mezcla asfáltica está conformada por el valor total de la venta incluyendo el transporte, de modo que si la operación principal está exenta de tarifa, dichas operaciones tienen el mismo tratamiento.

  (2016-04-07) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La declaratoria de nulidad de un acto ilegitimo no restablece per se el daño ocasionado y en ese caso se debe restablecer el derecho mediante una reparacion integral ya sea in natura o por equivalente del daño.
    El restablecimiento del derecho puede implicar la reparación de perjuicios, debe tenerse en cuenta que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 previó que dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.
Síntesis del caso:

Un Banco en su calidad de contribuyente del impuesto sobre la renta, le presentó a la DIAN una solicitud para acogerse al régimen de estabilidad tributaria previsto en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario por un término de 10 años. La DIAN aceptó suscribir el acuerdo de estabilidad por lo que restaba del año 2000.

El Banco ante la manifestación de la administración tributaria de no estar interesada en suscribir el acuerdo por el término solicitado, procedió a protocolizar mediante escritura pública, el silencio administrativo positivo y en consecuencia pagó los dos puntos porcentuales del impuesto sobre la renta de los años 2011 y 2002 según lo exigía el artículo 240-1 del E.T. para hacer efectivos los derechos del régimen.

La DIAN revocó el acto ficto positivo y ordenó la cancelación de la escritura pública. Contra ese acto de revocatoria, el Banco interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho que fue decidida por el Consejo de Estado mediante fallo inhibitorio. Sin embargo mediante recurso extraordinario de súplica, una Sala Especial transitoria de la misma Corporación, declaró que el Banco tenía derecho al régimen de estabilidad tributaria por un término de 10 años a partir del año 2001.

En cumplimiento de la anterior sentencia, el 4 de julio de 2008, el demandante pagó el incremento del impuesto sobre la renta por los años gravables 2001 a 2007 y a su vez le solicitó a la DIAN la devolución de $ 565.044.000 y $ 565.043.000 cancelados el 23 de mayo y 23 de septiembre de 2004 por concepto de la primera y segunda cuota del impuesto al patrimonio de ese año.

  (2016-04-06) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El restablecimiento por equivalente se concreta en el reconocimiento de obligaciones pecuniarias mutuas que a su vez pueden extinguirse por cualquiera de los medios legales.
    El restablecimiento del derecho no puede entenderse concretado a lo pretendido en la demanda ni su reconocimiento puede condicionarse a si el juez ordenó expresamente la devolución, el pago o la compensación de las obligaciones pecuniarias mutuas.
Extracto:

“…la Sala considera que los actos administrativos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas particulares y concretas de carácter tributario son actos constitutivos y que, por lo mismo, su nulidad puede dar lugar al restablecimiento del derecho mediante la reparación in natura o por equivalente, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Así por ejemplo, si se anula una liquidación oficial de revisión de impuestos nacionales, el derecho in natura se restablece mediante la declaración de firmeza del denuncio privado. Si se anula un acto administrativo que impone una sanción, el derecho in natura se restablece declarando que el contribuyente no está obligado a pagar la sanción impuesta.

Ahora bien, si se anula el acto administrativo que niega el derecho a gozar de un beneficio tributario, la sentencia puede declarar que el contribuyente tiene derecho al beneficio, y, en ese entendido, la sentencia ejecutoriada constituye una situación jurídica que permitiría gozar del beneficio tributario desde que éste se creó.

De ahí que, en casos como el planteado o en otros anteriores, es posible que el juez tenga que precisar las condiciones en que puede hacerse efectivo el derecho. En ese entendido, las ordenes que emita el juez pueden implicar un restablecimiento del derecho mediante la reparación in natura, pero también por equivalente, si aquel no es posible….

En ese entendido, para la Sala, de la sentencia que declara que el contribuyente goza del régimen de estabilidad tributaria se deriva un restablecimiento del derecho que se repara por equivalente, porque se concreta expresa o tácitamente en el reconocimiento de las obligaciones pecuniarias mutuas que se originan en ese régimen de estabilidad tributaria y en el reconocimiento de que esas obligaciones pueden extinguirse mediante el pago, la devolución e incluso la compensación u otro medio de extinguir este tipo de obligaciones.

  (2016-04-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En sentencias de contenido economico donde se ordena restablecer las obligaciones pecuniarias mutuas no hay lugar a reconocer los intereses legales del Codigo Civil sino que se aplica la indexacion de condenas con base en el IPC a que se refiere el Codigo Contencioso Administrativo.
    El ajuste de las condenas se fundamenta en el principio de reparación integral que, en casos como el analizado, en los que se privó al contribuyente de un régimen tributario especial que habría obtenido lícitamente, el daño infligido por esa privación se debe reparar de manera total.
Extracto:

En las sentencias del 9 de julio [Exp. 15923] y 23 de julio [Exp. 16785], ambas de 2009, se concluyó que si bien era cierto que había que aplicar el artículo 863 del E.T., se consideró que también era procedente aplicar el artículo 1617 del C.C. para reconocer los intereses legales del 6% a efectos de compensar la desvalorización monetaria que se habría causado entre la fecha en que se pagó el impuesto no debido y la fecha en que se notificó el acto administrativo que negó la devolución. Esto, por razones de equidad.

En esta oportunidad, la Sala unifica su criterio y, para el efecto, precisa que, en casos como el analizado, no es procedente aplicar la tarifa del 6% anual prevista en el artículo 1617 del C.C. La norma que se debe aplicar es el artículo 178 del C.C.A. porque en el caso analizado se parte de la existencia de una sentencia que reconoce el régimen de estabilidad tributaria y esta sentencia tiene contenido económico pues ordena restablecer las obligaciones pecuniarias mutuas al estado en que se encontrarían si el régimen de estabilidad tributaria se hubiera reconocido desde un principio.

Dado que el restablecimiento del régimen de estabilidad tributaria implica el pago de los dos puntos porcentuales del impuesto de renta, de una parte, y la devolución de los impuestos no debidos, de otra, la sentencia adquiere la condición de sentencia condenatoria y, por tanto, se rige por las leyes que gobiernan ese tipo de sentencias.

Así, el artículo 178 del C.C.A. dispone que la liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deberán ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor.

  (2016-04-06) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La Sala, en esta oportunidad, revoca la condena impuesta por el a quo a la DIAN, en cuanto ordenó pagar el interés legal del 6%.
    El ajuste de las condenas se fundamenta en el principio de reparación integral que, en casos como el analizado, en los que se privó al contribuyente de un régimen tributario especial que habría obtenido lícitamente, el daño infligido por esa privación se debe reparar de manera total.
Extracto:

Puede ocurrir, entonces, que al momento en que se expida la sentencia que declara la existencia de ese régimen de estabilidad tributaria el contribuyente no haya pagado los dos puntos porcentuales adicionales del impuesto de renta. En esos casos, es pertinente que la DIAN exija el pago de ese mayor impuesto.

Ahora bien,
  • ¿en qué condiciones se deben pagar los dos puntos porcentuales adicionales del impuesto de renta?
La Sala considera que para entender satisfecho el pago de la tarifa especial del impuesto de renta del régimen de estabilidad tributaria, el contribuyente debe pagar los dos puntos porcentuales del impuesto de renta debidamente actualizados, pues no es lo mismo que el Estado recaude el impuesto, por ejemplo, en el año 2001, a que lo reciba, años después.

Eso es así en virtud del efecto retroactivo de la sentencia que reconoce el derecho al régimen de estabilidad tributaria que, como se precisó anteriormente, implicó el restablecimiento de obligaciones pecuniarias mutuas, concretamente, que el contribuyente asumiera el deber de pagar la tarifa especial del impuesto de renta y la DIAN la de devolver los impuestos pagados y que se habrían estabilizado a instancia de la aplicación del régimen de estabilidad tributaria (…)

  (2016-04-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es procedente la deduccion en el impuesto sobre la renta de las cuentas por cobrar perdidas cuando el descargo de ellas se hace mediante la constitucion de una provision debitando una cuenta de gasto y acreditando la cuenta por cobrar.
    La afectación a cuentas de resultados (gastos) se da al momento del castigo de la cuenta incobrable.
Síntesis del caso:

Una empresa de telecomunicaciones absorbida en el año 2009, presentó en junio de 2006 la declaración de renta por el año gravable 2005 en la que liquidó un saldo a favor de $ 256.876.000, valor que mantuvo en una corrección a la declaración efectuado en el año 2008. En diciembre de éste último, la absorbida presentó ante la DIAN una solicitud para la devolución del saldo a favor, el cual fue compensado.

Dentro del programa de posdevoluciones la DIAN inició una investigación para constatar la procedencia del saldo a favor y en agosto del año 2008 le profirió un requerimiento especial y luego una liquidación de revisión respecto del año gravable 2005.

En el acto oficial le modificó la declaración de renta para desconocerle deducciones por deudas manifiestamente perdidas o sin valor por $ 522.214.326 y costos y deducciones por servicios públicos por $ 22.247.789 y $ 6.367.023 respectivamente, lo que produjo un impuesto a cargo de $ 176.017.000 y una sanción por inexactitud de $ 281.627.000.

El motivo del rechazo de la deducción por el castigo de cartera fue que el descargue del castigo no se realizó en el año 2005, sino el 1° de enero de 2006 y respecto de la deducción por servicios públicos, consideró que como los costos se entienden causados cuando nace la obligación de pagarlos, es decir cuando se recibe el bien o el servicio, entonces como fueron prestados en el año 2004, lo procedente era contabilizar y deducir en ese año los valores correspondientes.

  (2016-04-06) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Son deducibles en el impuesto sobre la renta para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los pagos por servicios publicos causados en los primeros dias del periodo gravable, aunque la factura comprenda algunos dias del mes de diciembre del año anterior.
    Si se aceptara el argumento de la DIAN en el sentido de que en el año 2004 debieron haberse causado todos los costos y gastos rechazados, se tendría que haber estimado su monto mediante provisión, cuyo valor no es aceptado como pasivo fiscal (artículo 283 del E.T).
Extracto:

“…Además de lo anterior, la fecha del balance de prueba es a diciembre 2005 y los servicios públicos controvertidos son los pagados en enero de 2005, que corresponden, en general, a servicios prestados parcialmente en el año gravable 2004. Por lo tanto, las cifras del citado balance de prueba no acreditan la constitución de provisiones por servicios públicos por la suma total rechazada por la DIAN ($28.614.809).

Con fundamento en los artículos 59 y 105 del Estatuto Tributario, la actora tiene derecho a llevar los costos y deducciones en el año gravable en que nace la obligación de pagarlos, aunque su pago no se haya hecho efectivo al terminar el período gravable (E.T. artículo 105).

De las pruebas que existen en el expediente se concluye que la actora no provisionó los gastos por servicios públicos, sino que la causación la efectuó una vez conoció el valor real del pasivo, de acuerdo con las facturas recibidas en el año 2005.

A juicio de la Sala, deben aceptarse en el año 2005 como costos y gastos procedentes, los pagos por servicios públicos que se causaron finalmente en el año gravable 2005, pues aunque comprendan algunos días de diciembre de 2004 también se prestaron en los primeros días de enero del año gravable 2005 y solo en ese año nació la obligación de pagarlos. En el mismo orden de ideas, no son aceptables los pagos por servicios públicos que se prestaron íntegramente en el año 2004, pues la obligación de pagarlos surgió en ese año y no en el 2005, independientemente de que las facturas se expidieran en enero del año gravable 2005.

  (2016-04-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El indicio es una prueba critica, logica e indirecta que parte de un hecho indicador probado en el proceso que se utiliza para llegar a un hecho desconocido mediante una operacion logica y con nexo de causalidad.
    El calificativo de “indicio” se condicionaba a la debida prueba del hecho respecto del cual se predica, y ordena apreciarlos en conjunto, de acuerdo con su gravedad, concordancia y convergencia, así como con su relación con las demás pruebas que obran en el proceso.
Síntesis del caso:

Una sociedad presentó la declaración de renta por el año gravable 2006 donde liquidó un saldo a favor por $ 148.496.000 cuya devolución fue ordenada por la DIAN en abril de 2007. En julio ante un emplazamiento para corregir, la sociedad vía electrónica corrigió la declaración y reliquidó el saldo a favor a $ 142.321.000.

Mediante requerimiento especial de agosto de 2008, la DIAN redujo los pasivos declarados de $ 2.813.075.000 a $ 2.205.276.000, los costos de venta de $ 7.544.296.000 a $ 4.696.201.000, el saldo a favor a $ 0 y aumentó el patrimonio líquido a $ 1.354.516.000, el impuesto neto de renta a $ 1.104.072.000 y el impuesto a cargo a $ 1.214.479.000 y las sanciones a $ 1.755.455.000.

La razón de los rechazos de pasivos y de costos fue la supuesta simulación de las compras de materias primas respecto de las cuales se generaron los pasivos y costos declarados, que por tanto se estimaron inexistentes.

La administración tributaria adujo que a lo largo de la investigación se presentaron indicios graves sobre la simulación de las operaciones realizadas entre la accionante y otras empresas, por el capital con el que se constituyeron, la inexistencia de cuentas bancarias y el hecho de tener un mismo representante legal.

Las declaraciones del IVA con un mínimo margen de utilidad constituyen indicio grave de la no realización de operaciones comerciales. Afirma que el rechazo de los costos y deducciones obedeció a las pruebas testimoniales y documentales allegadas al expediente.

  (2016-04-06) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El contribuyente tiene la carga de la prueba para desvirtuar el rechazo de costos por compras derivado de los indicios de su inexistencia que obtuvo la DIAN a traves de pruebas documentales y contables.
    El reconocimiento de costos queda pendiendo del acervo probatorio que el contribuyente allegue a la actuación administrativa de determinación oficial del impuesto, dada su condición de directo interesado en lograr la aceptación fiscal de los mismos para reducir la base gravable de su renta ordinaria.
Extracto:

“…Desde ese punto de vista, considera la Sala que la accionante debió allegar medios probatorios capaces de demeritar de manera contundente y fehaciente las evidencias invocadas por la Administración, es decir, todos los que estuvieren directamente relacionados con el efectivo cobro de los cheques por parte de las empresas proveedoras que figuran en los comprobantes de pago.

Ello implicaba tachas de falsedad sobre las informaciones suministradas por los bancos en los que estaban inscritas las cuentas corrientes a cuyo cargo se giraron los distintos cheques objeto de cuestionamiento fiscal, con documentos que desmintieran los cobros por parte de personas distintas a Comercializadora Aleo EU y León Plast EU, o que constataran la relación existente entre éstas y dichas personas.

Así mismo, la contribuyente debía desvirtuar las certificaciones suministradas por el revisor fiscal de Molino Flor Huila S. A. y por el contador de V. D. Mundo a sus pies, sobre la inexistencia de relación comercial con las empresas señaladas, pues la condición profesional y funcional de quienes las suscriben permite advertir en ellos afirmaciones lo suficientemente serias y creíbles para incidir, con alcance determinante, en la etapa gubernativa correspondiente.(…)

Si a la luz de las reglas de la sana crítica y de la experiencia se analizan conjuntamente estas circunstancias con los indicios contingentes que se mencionaron en el acápite anterior, el hecho indiciado (la inexistencia de las operaciones de compra generadoras de costos, por falta de certeza de la operatividad de las vendedoras) supera el lindero de las sospechas formales que menciona el apelante y alcanza el carácter de plena prueba sobre el supuesto inferido e inicialmente desconocido, para cuya contradicción los antecedentes administrativos no muestran pruebas categóricas sobre el hecho opuesto.

  (2016-04-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2007-00041-01(17054)

BENEFICIO DE AUDITORIA - Es requisito para acceder a el que los valores de retencion en la fuente sean reales y verificables.
    CERTIFICADOS DE RETENCION - Deben demostrar la existencia de los valores imputados o descontados en la declaración de renta.
Uno de los requisitos para acceder al beneficio de auditoría por los años 2000 a 2003, es que los valores de retención en la fuente imputados o descontados en la declaración de renta sean reales y verificables, es decir, existentes, de manera que tal exigencia deberá demostrarse por el contribuyente con los certificados de retención en la fuente expedidos por el agente retenedor o, en su defecto, con los demás medios de prueba aceptados para fines tributarios.

La importancia de los certificados radica en que con ellos se soporta en debida forma el valor imputado al impuesto a cargo liquidado en el correspondiente año gravable. De otra parte, está la obligación de la actora de demostrar la existencia de las retenciones en la fuente que fueron practicadas en el año gravable 2002, como requisito para acceder al beneficio de auditoria.

Al respecto se observa que si bien la actora no presentó las certificaciones de las retenciones imputadas en la declaración de renta por el año gravable 2002, con ocasión del requerimiento ordinario, de la inspección contable, de la inspección tributaria y del requerimiento especial, las allegó con la respuesta a la ampliación del requerimiento, siendo ésta una oportunidad igualmente válida y procedente para aportar pruebas, según lo dispone el artículo 744 E.T., En estas condiciones, como las certificaciones de retención en la fuente fueron allegadas oportuna y válidamente, la Administración debió valorarlas y hacer las verificaciones a que hubiere lugar, dentro de los 6 meses que tenía para expedir la liquidación oficial de revisión sin que fuera válido entonces haber tenido como "inexistentes" las retenciones imputadas por la actora.

Por consiguiente, esta Corporación advierte que, no es válido el argumento que sostuvo la demandada en los actos acusados, en el sentido de desestimar las certificaciones de retención en la fuente simplemente por no haber sido aportadas en las oportunidades en que fueron requeridas, porque si bien ello puede justificar la imposición de sanciones relacionadas con la contabilidad, no desvirtúa la existencia de las retenciones en la fuente imputadas por la actora en su declaración privada, para efectos de desconocer el beneficio de auditoria por la causal señalada en el artículo 9º literal c) del Decreto 406 de 1991.

  (2016-03-16) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2007-00041-01(17054)

CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE - No podian ser rechazadas por no tener fecha cierta.
    FECHA CIERTA - Requisito para documentos que respaldan pasivos.
La demandada no tuvo en cuenta las certificaciones de la retención en la fuente porque no tenían "fecha cierta". Al respecto se advierte, de una parte, que tal requisito no es de los exigidos por el artículo 381 E.T. en concordancia con el artículo 10 del Decreto 836 de 1991 y, de otra parte, la fecha cierta es un presupuesto establecido en el Estatuto Tributario para los documentos con los que se pretenden respaldar pasivos de contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad. (art. 770 E.T.).

No obstante, esta Corporación advierte que, con base en las copias de las certificaciones aportadas por la demandante, la Administración, en ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización podía realizar cruces de información con los agentes retenedores, todo ello a fin de establecer la realidad de las retenciones.

En tales condiciones, los actos demandados carecen de sustento legal, teniendo en cuenta que se desvirtuó la causal invocada por la demandada para que la declaración de renta del año gravable 2002 presentada por la demandante no quedara cobijada con el beneficio de auditoría y que, por ende, la habilitaba para modificar la liquidación privada dentro de los términos generales de revisión previstos en los artículos 705, 706 y 714 del E.T., como en efecto ocurrió, pues el requerimiento especial fue expedido dentro de los 2 años siguientes a la fecha de presentación de la declaración de renta, cuando ya había operado la firmeza de la declaración en los términos del artículo 689-1 E.T.

  (2016-03-16) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La cesion de bienes destinados al servicio publico de acueducto, no perfeccionada mediante escritura publica, no le generan riqueza al cesionario y por tanto no puede ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio.
    Una sociedad de servicios públicos domiciliarios constituida en San Andrés presentó sin pago las declaraciones privadas del impuesto al patrimonio, por los años gravables 2006, 2007 y 2008.
En el 2010, la Dirección Seccional de la DIAN de San Andrés profirió mandamiento de pago respecto de tales valores adeudados, contra el cual el representante de la empresa propuso la excepción de inexistencia de título ejecutivo.

El demandante se fundamenta en que conforme a las normas del impuesto al patrimonio de esos años y del acervo probatorio se demuestra que no es titular de derechos reales sobre la infraestructura cedida por el Departamento de San Andrés, en la medida en que no se cumplieron las formalidades prescritas en la ley para que se perfeccionara la transferencia de la propiedad de esos bienes.

Indicó que la presunción de aprovechamiento establecida en la ley no puede operar en su favor. La DIAN al contestar la demanda aduce que sí existen los títulos ejecutivos, como son las declaraciones del impuesto de patrimonio y de renta de esos años, liquidaciones privadas que habían adquirido firmeza y por tanto era procedente la acción de cobro.

  (2016-03-09) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La presentacion de la declaracion del impuesto al patrimonio, sin estar obligado a ello, no produce efecto legal alguno y da lugar a la excepcion de falta de titulo ejecutivo en el cobro coactivo.
    La Sala considera que estos hechos sobrevinientes a la presentación de las declaraciones del impuesto al patrimonio por los años 2006, 2007 y 2008 inciden en el proceso de cobro administrativo coactivo y en este proceso y, por tanto, deben ser tenidos en cuenta, pues conforme con el principio de congruencia previsto en el artículo 305 del C.P.C., en la sentencia se debe tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, y que la ley permita considerarlo de oficio.
La Sala precisa, eso sí, que no se trata de convalidar las acciones que se tomaron en torno al aporte de capital que el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hizo para constituir la empresa AGUAS DE SAN ANDRES ESP, ni mucho menos de pasar por alto el principio Nemo auditur propiam turpitudinem allegans, según el cual, “nadie puede alegar en su favor su propia torpeza o culpa".

De lo que se trata es de aplicar el principio de prevalencia del derecho sustancial inmerso en el artículo 594-2 del E.T. que prevé la posibilidad de que una persona incurra en el error de declarar sin estar obligado y que, precisamente por incurrir en ese error, se considere sin efecto legal alguno la declaración tributaria presentada en esas condiciones.

Por las anteriores consideraciones, la Sala encuentra probada la excepción de falta de título ejecutivo...”.

  (2016-03-09) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Un consorcio al actuar como cesionario de un contrato responde como deudor solidario por las obligaciones tributarias del cedente y para ser vinculado al cobro coactivo basta con la notificacion del mandamiento de pago.
    Entre el IDU y una Unión Temporal se suscribió en el año 2008, un contrato de obra relacionado con la malla vial de la zona sur del Distrito Capital.
La DIAN mediante oficio persuasivo le solicitó a la Unión Temporal ponerse al día en el pago de deudas tributarias por concepto de IVA y retención en la fuente de los años 2009 y 2010. En abril de 2010, la Unión Temporal cedió el contrato al Consorcio integrado por las sociedades demandantes, lo cual fue aceptado por el IDU.

La DIAN en el año 2011 libró mandamiento de pago a la Unión Temporal y al Consorcio, respecto de éste último en calidad de deudor solidario. El Consorcio interpuso las excepciones de falta de título ejecutivo y de falta de vinculación del deudor solidario.

En la demanda argumenta que no es viable que la DIAN conforme un título ejecutivo con un documento que no presta mérito ejecutivo, como fue el acuerdo de cesión de abril de 2010 celebrado entre la Unión Temporal y el Consorcio. Las declaraciones de retención e IVA constituyen título ejecutivo contra la Unión Temporal pero no contra el Consorcio.

En la contestación, la DIAN afirma que conforme al artículo 1630 del Código Civil, cualquier persona puede pagar por el deudor y además según el artículo 793 literal f) del Estatuto Tributario, responden con el contribuyente por el pago del tributo, los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor.

  (2016-03-09) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Hay lugar a la sancion por no enviar informacion en medios magneticos cuando la informacion presentada en los estados financieros del contribuyente no satisface los requerimientos de los datos solicitados por la DIAN.
    En el año 2000, la DIAN Seccional Cúcuta envió a un contribuyente persona jurídica (centro comercial) un requerimiento ordinario de información y luego le inició investigación por los años 1997 y 1998.
Posteriormente le profirió pliegos de cargos por cada uno de esos años, ante lo cual al sociedad no dió respuesta, lo que provocó que la administración tributaria expidiera resoluciones sanción por no enviar información en los términos del artículo 651 del Estatuto Tributario.

En la demanda manifiesta que para un sociedad en proceso de disolución y liquidación, la sanción resulta injusta, inequitativa e impagable y además que la información no suministrada no generó daño a la entidad demandada y la sanción no fue proporcional al perjuicio.

Aseveró que no cumple con los montos de egresos por concepto de costos, deducciones e impuestos descontables y que tampoco compró activos fijos o movibles ni suscribió créditos a que se refiere el artículo 631 del Estatuto Tributario.

En la contestación la DIAN afirma que el contribuyente no presentó la información requerida, no aportó documento o prueba que demostrara que no tenía la obligación de informar, ni desvirtuó la sanción.

  (2016-03-09) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es legal que se exija como requisito para la terminacion por mutuo acuerdo de la Ley 1607 de 2012 que el acto administrativo no se encuentre en firme o que no haya operado la caducidad para demandar en nulidad y restablecimiento.
    Un ciudadano en ejercicio del medio de control de nulidad demandó el numeral 4° del artículo 6° del decreto 699 de 2013, ya que en su opinión el gobierno nacional se extralimitó en el ejercicio de su potestad reglamentaria, al establecer un requisito para la procedencia de la terminación por mutuo acuerdo de los procedimientos administrativos que no fue contemplado en la Ley 1607 de 2012.
La violación se presenta al condicionar la posibilidad de acceder al beneficio, a que el acto administrativo que fijara la obligación tributaria no estuviera en firme por no haberse agotado la vía administrativa, ni hubiera transcurrido el término de caducidad para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando el legislador no dispuso esa limitante.

La norma demandada vulnera el principio de confianza legítima, porque la Ley 1607 de 2012 definió los requisitos de procedibilidad para el trámite de terminación de los procesos tributarios y con fundamento en estos, los contribuyentes planificaron sus actuaciones, sin tener en cuenta el requisito de firmeza posteriormente incluído en el acto reglamentario.

  (2016-03-09) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    FECHA CIERTA DE DOCUMENTO - Títulos valores en materia tributaria.
Es un hecho demostrado en el proceso y aceptado por el contribuyente, que los dineros consignados en su cuenta corriente del Banco de Bogotá, durante el año gravable 1995, que motivaron la adición de ingresos propuesta en los actos acusados, corresponden a operaciones realizadas en desarrollo de su actividad productora de renta.

En consecuencia, para desvirtuar la rentabilidad del 15%, que es el hecho presumido por la disposición transcrita, le correspondía demostrar, mediante pruebas idóneas, que no todos los dineros consignados eran ingresos propios.

Para la Sala, tal como lo decidió la Administración y lo aceptó el a quo, las pruebas con las cuales se pretende desvirtuar la presunción legal aplicada (art. 755-3 E.T.) carecen de eficacia probatoria, por las siguientes razones:
  • Los documentos privados, incluidos los títulos valores (letras de cambio), tienen fecha cierta cuando han sido reconocidos por notario, juez o autoridad administrativa, tal como lo dispone el artículo 767 del Estatuto Tributario, al decir:


  • "Un documento privado, cualquiera sea su naturaleza, tiene fecha cierta o auténtica, desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa, siempre que lleve la constancia y fecha de tal registro o presentación".
La anterior disposición está en concordancia con el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, según el cual la fecha cierta del documento privado, se cuenta desde que haya ocurrido un hecho que permita adquirir certeza de su existencia.

  (2016-03-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


CONTABILIDAD - Requisitos. Valor probatorio.
    DETERMINACION DEL IMPUESTO - La contabilidad es referencia para verificar el desarrollo de la actividad del contribuyente.
El Decreto 2649 de 1993, especifica los principios contables generalmente aceptados, así como también el conjunto de conceptos y reglas que se deben observar al registrar los datos contables de un ente económico. Es así que los registros en los libros y los soportes deben guardar la debida correspondencia, habida cuenta que la contabilidad constituye un todo indivisible e integral.

Dentro del proceso de determinación es tal la importancia de la contabilidad, que es el punto de referencia para que la Administración Tributaria pueda establecer las circunstancias frente al desarrollo de la actividad mercantil del comerciante, en esa medida, si el comerciante esta obligado a llevarla de manera completa y fidedigna, resulta entendible que si los registros en ella contenidos no prueban su actividad, no se le asigna valor probatorio en caso de verificación tributaria.

Observa la Sala que la contabilidad de la sociedad Cable Unión de Occidente S.A. no refleja la situación fiscal y económica del negocio, razón suficiente para no tenerla como prueba idónea para desvirtuar las modificaciones realizadas por la Administración Tributaria.

En estos términos no puede aplicarse lo determinado por el artículo 772 del Estatuto Tributario en cuanto a la capacidad probatoria de la contabilidad a favor del investigado, al quedar demostrado el incumplimiento de las normas contables y de los artículos 773 y 774 ibídem.

En consecuencia, el valor probatorio de la contabilidad, depende de que esta sea llevada en la forma ordenada por la Ley, que cumpla los requisitos consagrados en el Decreto 2649 de 1993 y en el Estatuto Tributario, sin cuya observancia no puede considerarse valida para justificar los hechos que por este medio probatorio procura probar.

  (2016-03-08) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


IMPUESTOS DESCONTABLES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - La factura es el soporte probatorio.
    RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN - En la factura se debe discriminar el impuesto sobre las ventas.
El artículo 771-2 del Estatuto Tributario exige para el reconocimiento de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas que el documento soporte, la factura, cumpla con algunos de los requisitos de los artículos 617 y 618 ibídem.

De igual manera el artículo 618 del Estatuto Tributario determina como requisito adicional para los responsables que pertenezcan al régimen común, la discriminación del correspondiente impuesto sobre las ventas. Lo anterior permite concluir que no le asiste razón al demandante en el sentido, de que por haberse revocado el acto que impuso sanción por no informar, no había lugar al rechazo de los impuestos descontables, pues al tenor del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, para su procedencia deberá aportarse la factura o el documento equivalente, requisito que la sociedad no cumplió, por lo que no procede su aceptación.

Es de precisar que el proceso en el cual se determinó sancionar a la sociedad demandante por no enviar información, es totalmente independiente del que en este momento se controvierte. De manera concreta versa sobre las modificaciones de la declaración del impuesto sobre las ventas del quinto (5) bimestre de 2000, en el cual se rechazan los impuestos descontables por las inconsistencias establecidas en la contabilidad del contribuyente.

Se advierte que la naturaleza y finalidad del proceso sancionatorio son diferentes a las del proceso de determinación, el primero tiene relación con el incumplimiento de los deberes formales del contribuyente tales como, la inscripción en el RUT, la obligación de facturar, de enviar información, de llevar libros de contabilidad, de declarar y, el de determinación corresponde a la verificación de la obligación sustancial, referida a la liquidación y pago del tributo.

  (2016-03-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


CRUCES DE INFORMACION - Es la prueba idonea cuando existe irregularidad en la contabilidad.
    CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO - Requisitos para que tenga valor probatorio.
La información exógena es el conjunto de datos que las personas Naturales y Jurídicas deben presentar a la DIAN según lo establezca el Director General, sobre las operaciones con sus clientes, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos.

Durante la investigación realizada por la División de Fiscalización se solicitó tanto la información exógena reportada por la sociedad Cable Unión de Occidente S.A. como la información exógena de los terceros con los cuales tuvieron transacciones durante el año 2000.

En la información exógena, la División de fiscalización encontró diferencias sustanciales entre lo informado por la sociedad demandante y los terceros, posteriormente realizó cruces de información con los terceros en los cuales los valores reportados por el contribuyente no coincidían con los valores reportados por la sociedad Cable Unión de Occidente S.A.

Considera la Sala que mal podía la Administración Local de Impuestos de Pereira, desestimar la información enviada por los terceros, precisamente porque ésta era la adecuada para esclarecer los valores de las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, costos, impuestos descontables, gastos, deducciones; cuando era evidente la irregularidad en la contabilidad.

El contribuyente presentó ante las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales una certificación de contador público, para acreditar sus costos, gastos y los impuestos descontables. Esta constancia constituye prueba contable de acuerdo con el artículo 777 del Estatuto Tributario.

Para que las certificaciones de contador público o revisor fiscal se consideren pruebas suficientes, deben permitir llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.

En la certificación de contador público aportada por el actor, no pueden verificarse los anteriores requisitos, y fue desvirtuada por la Administración por las irregularidades en la contabilidad, es decir, no puede ser prueba a su favor cuando fiscal y penalmente quedó demostrado que la contabilidad carece de valor probatorio, ya que se debe demostrar la verdad material de las operaciones y, no la formal.

  (2016-03-08) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


ADICION DE INGRESOS POR CONSIGNACIONES BANCARIAS - Procede cuando existe indicios graves de la existencia de valores propios consignados en cuentas. Admite prueba en contrario.
    CUENTAS BANCARIAS - Son aquellas que figuran nombre del contribuyente.
Del artículo 755 del Estatuto Tributario antes de ser modificado por la Ley 863 de 2003 se infiere que dentro de los presupuestos para que aplique la presunción legal allí prevista, está referida a la existencia de indicios graves de los cuales pueda deducirse que los valores consignados en cuentas propias, cuentas de terceros o en cuentas no registradas en la contabilidad, corresponden a ingresos derivados de operaciones realizadas por el contribuyente, esto es, a ingresos propios.

Las cuentas bancarias a que se refiere la Administración de Impuestos son aquellas que figuran a nombre del contribuyente y utilizadas para consignar sus propios ingresos pero que no corresponden a las registradas en la contabilidad, estando obligado.

Esta presunción admite prueba en contrario y la demandante en la instancia jurisdiccional no aporta pruebas que desnaturalicen o dejen sin sustento el acervo probatorio recopilado por el ente fiscal para la aplicación de la presunción.

  (2016-03-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA - La tiene el contribuyente.
    El artículo 755-3 del Estatuto Tributario dispone que la carga de la prueba la tiene el contribuyente, con el fin de desvirtuar los indicios graves establecidos por la Administración Tributaria en su contra.
En el presente caso, el demandante señaló que el funcionario de la DIAN omitió la realización de una labor importantísima al interior de la investigación, la conciliación bancaria que le permitía establecer con precisión los ingresos mensuales y en especial de las cuentas objeto de la presunción bancaria.

La anterior afirmación no es acertada, en tanto que la prueba para demostrar lo contrario debe ser aportada por el investigado y no solicitada por él al ente fiscal; en el proceso tributario se ha establecido, que la carga de la prueba recae sobre quien impugna el acto administrativo dictado por la Administración Tributaria, cualquiera sea su contenido.

El demandado debía probar en las instancias procesales los hechos constitutivos, esto es, el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación se pide. El demandante se limita a negar los hechos, sin aportar otros.

  (2016-03-08) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


DEBIDO PROCESO - Se aplica a las actuaciones administrativas.
    DETERMINACION DEL IMPUESTO - El contribuyente es quien tiene la carga de la prueba.
El artículo 29 de la Constitución Política consagra que el debido proceso es aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Dentro de las garantías de la norma superior se consagra el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, esto es, la posibilidad de solicitar o allegar documentos con el fin de esclarecer la conducta que se le está imputando.

En materia tributaria, el contribuyente que alegue a su favor un hecho, le corresponde la carga de la prueba de lo que quiere demostrar; por lo que a Cable Unión de Occidente S.A., le correspondía confrontar los valores registrados en la contabilidad, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que la entidad bancaria suministró a la Administración Tributaria por medio de los extractos bancarios.

Esta conciliación la debió realizar Cable Unión de Occidente S.A., tomando la información del libro auxiliar de bancos, en el cual debe registrar los movimientos realizados en las cuentas bancarias, como son el giro de cheques, consignaciones, notas debitos, notas créditos.

Si la sociedad no estaba de acuerdo con la información enviada por Davivienda y el Banco Ganadero sobre los valores reportados en los extractos bancarios con los saldos del libro auxiliar, debió identificar las diferencias y las causas y solicitarle al Banco la corrección de la inconsistencia; una vez identificados los conceptos y valores que ocasionaban la diferencia, enviar la conciliación bancaria a la Administración Tributaria con los respectivos ajustes y, no solicitar que fuera ésta la que estableciera las diferencias o realizara la conciliación.

Al respecto el artículo 742 del Estatuto Tributario dice que "La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos" y el artículo 743 del mismo Estatuto establece que la idoneidad de los medios de prueba estriba, en la exigencia que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse y, a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento que pueda atribuirles, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo cual concuerda con lo expresado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil en relación con el mismo tema.

  (2016-03-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


PRUEBAS EN MATERIA TRIBUTARIA - No se puede exigir autenticación en los documentos para que tengan valor probatorio.
    CONTABILIDAD - Cuando es veraz y exacta los documentos privados no requieren ser autenticados.
La Administración o el interesado podrán recolectar o aportar los medios de prueba a su alcance o de los terceros con los que efectuó las transacciones que consideren conducentes para llevar al convencimiento de la existencia o no de dicha obligación, correspondiéndole al funcionario competente estimar el valor probatorio correspondiente.

Señala el demandante que en su decisión, la Administración no aplicó lo dispuesto por el Decreto 2150 de 1995, mediante el cual se prohíbe a las autoridades administrativas exigir autenticación en los documentos. El Decreto 2150 de 1995, suprime y reforma normas, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Entre las supresiones se encuentra la prohibición para exigir los documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente. Lo anterior significa, que no es posible con base en el Decreto 2150 de 1995 exigir documentos autenticados, pero no se puede dejar de lado lo dispuesto por el artículo 767 del Estatuto Tributario.

Según la norma, para que un documento privado, tenga valor probatorio, debe presentarse previamente ante notario público o ante otra autoridad administrativa, y sólo será legítimo a partir de la fecha en que conste dicha presentación.

De acuerdo con los documentos aludidos por el demandante, a través de los cuales pretende probar unos hechos que fueron desvirtuados con la inspección tributaria, cruce de información con terceros, diligencia de registro en las instalaciones de la empresa y con el informe de la Fiscalía General de la Nación, la Sala considera que solo podrían ser valorados por la Administración sin el requisito de la autenticidad cuando la contabilidad goce de veracidad y exactitud en los valores declarados, para el caso en el impuesto sobre las ventas del quinto (5) bimestre de 2000, es decir constituye medio de prueba fehaciente.

  (2016-03-08) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


BENEFICIO DE AUDITORIA - Es requisito para acceder a el que los valores de retencion en la fuente sean reales y verificables.
    CERTIFICADOS DE RETENCION - Deben demostrar la existencia de los valores imputados o descontados en la declaración de renta.
Uno de los requisitos para acceder al beneficio de auditoría por los años 2000 a 2003, es que los valores de retención en la fuente imputados o descontados en la declaración de renta sean reales y verificables, es decir, existentes, de manera que tal exigencia deberá demostrarse por el contribuyente con los certificados de retención en la fuente expedidos por el agente retenedor o, en su defecto, con los demás medios de prueba aceptados para fines tributarios.

La importancia de los certificados radica en que con ellos se soporta en debida forma el valor imputado al impuesto a cargo liquidado en el correspondiente año gravable. De otra parte, está la obligación de la actora de demostrar la existencia de las retenciones en la fuente que fueron practicadas en el año gravable 2002, como requisito para acceder al beneficio de auditoria.

Al respecto se observa que si bien la actora no presentó las certificaciones de las retenciones imputadas en la declaración de renta por el año gravable 2002, con ocasión del requerimiento ordinario, de la inspección contable, de la inspección tributaria y del requerimiento especial, las allegó con la respuesta a la ampliación del requerimiento, siendo ésta una oportunidad igualmente válida y procedente para aportar pruebas, según lo dispone el artículo 744 E.T., En estas condiciones, como las certificaciones de retención en la fuente fueron allegadas oportuna y válidamente, la Administración debió valorarlas y hacer las verificaciones a que hubiere lugar, dentro de los 6 meses que tenía para expedir la liquidación oficial de revisión sin que fuera válido entonces haber tenido como "inexistentes" las retenciones imputadas por la actora.

Por consiguiente, esta Corporación advierte que, no es válido el argumento que sostuvo la demandada en los actos acusados, en el sentido de desestimar las certificaciones de retención en la fuente simplemente por no haber sido aportadas en las oportunidades en que fueron requeridas, porque si bien ello puede justificar la imposición de sanciones relacionadas con la contabilidad, no desvirtúa la existencia de las retenciones en la fuente imputadas por la actora en su declaración privada, para efectos de desconocer el beneficio de auditoria por la causal señalada en el artículo 9º literal c) del Decreto 406 de 1991.

  (2016-03-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


BENEFICIO DE AUDITORIA - Es requisito para acceder a el que los valores de retencion en la fuente sean reales y verificables.
    CERTIFICADOS DE RETENCION - Deben demostrar la existencia de los valores imputados o descontados en la declaración de renta.
Uno de los requisitos para acceder al beneficio de auditoría por los años 2000 a 2003, es que los valores de retención en la fuente imputados o descontados en la declaración de renta sean reales y verificables, es decir, existentes, de manera que tal exigencia deberá demostrarse por el contribuyente con los certificados de retención en la fuente expedidos por el agente retenedor o, en su defecto, con los demás medios de prueba aceptados para fines tributarios.

La importancia de los certificados radica en que con ellos se soporta en debida forma el valor imputado al impuesto a cargo liquidado en el correspondiente año gravable. De otra parte, está la obligación de la actora de demostrar la existencia de las retenciones en la fuente que fueron practicadas en el año gravable 2002, como requisito para acceder al beneficio de auditoria.

Al respecto se observa que si bien la actora no presentó las certificaciones de las retenciones imputadas en la declaración de renta por el año gravable 2002, con ocasión del requerimiento ordinario, de la inspección contable, de la inspección tributaria y del requerimiento especial, las allegó con la respuesta a la ampliación del requerimiento, siendo ésta una oportunidad igualmente válida y procedente para aportar pruebas, según lo dispone el artículo 744 E.T., En estas condiciones, como las certificaciones de retención en la fuente fueron allegadas oportuna y válidamente, la Administración debió valorarlas y hacer las verificaciones a que hubiere lugar, dentro de los 6 meses que tenía para expedir la liquidación oficial de revisión sin que fuera válido entonces haber tenido como "inexistentes" las retenciones imputadas por la actora.

Por consiguiente, esta Corporación advierte que, no es válido el argumento que sostuvo la demandada en los actos acusados, en el sentido de desestimar las certificaciones de retención en la fuente simplemente por no haber sido aportadas en las oportunidades en que fueron requeridas, porque si bien ello puede justificar la imposición de sanciones relacionadas con la contabilidad, no desvirtúa la existencia de las retenciones en la fuente imputadas por la actora en su declaración privada, para efectos de desconocer el beneficio de auditoria por la causal señalada en el artículo 9º literal c) del Decreto 406 de 1991.

  (2016-03-08) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta


CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE - No podian ser rechazadas por no tener fecha cierta.
    FECHA CIERTA - Requisito para documentos que respaldan pasivos.
La demandada no tuvo en cuenta las certificaciones de la retención en la fuente porque no tenían "fecha cierta". Al respecto se advierte, de una parte, que tal requisito no es de los exigidos por el artículo 381 E.T. en concordancia con el artículo 10 del Decreto 836 de 1991 y, de otra parte, la fecha cierta es un presupuesto establecido en el Estatuto Tributario para los documentos con los que se pretenden respaldar pasivos de contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad. (art. 770 E.T.).

No obstante, esta Corporación advierte que, con base en las copias de las certificaciones aportadas por la demandante, la Administración, en ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización podía realizar cruces de información con los agentes retenedores, todo ello a fin de establecer la realidad de las retenciones.

En tales condiciones, los actos demandados carecen de sustento legal, teniendo en cuenta que se desvirtuó la causal invocada por la demandada para que la declaración de renta del año gravable 2002 presentada por la demandante no quedara cobijada con el beneficio de auditoría y que, por ende, la habilitaba para modificar la liquidación privada dentro de los términos generales de revisión previstos en los artículos 705, 706 y 714 del E.T., como en efecto ocurrió, pues el requerimiento especial fue expedido dentro de los 2 años siguientes a la fecha de presentación de la declaración de renta, cuando ya había operado la firmeza de la declaración en los términos del artículo 689-1 E.T.

  (2016-03-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00224-01(17912)

COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR CON SALDOS A PAGAR POR RETENCIONES EN LA FUENTE - Para que proceda debe presentarse la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la declaracion.
    PRINCIPIOS DE DERECHO PENAL - Tienen aplicacion restrictiva en materia administrativa sancionatoria.
Aun cuando fuera procedente la aplicación del citado artículo 64 de la Ley 1111, lo cierto es que, para que opere la compensación de saldos a favor con saldos a pagar por retenciones en la fuente, la demandante debió tramitar la solicitud ante la Administración fiscal dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente.

Sin embargo, tal circunstancia no fue acreditada por la parte actora. Tampoco procede aplicar la Circular DIAN número 066 de 2008, como lo sugirió la parte actora, toda vez que la interpretación que en ella se hace del artículo 580 del E.T., anterior a la Ley 1111 de 2006, excede la voluntad del legislador al establecer circunstancias que la ley no prevé.

En efecto, la circular establece la posibilidad de poder subsanar voluntariamente el incumplimiento de la obligación de presentar la declaración de retención en la fuente con pago, previamente a la expedición del auto que declara como no presentada la declaración. Sin embargo, como se vio anteriormente, el citado artículo 580 es claro, en la medida que no establece posibilidad alguna para subsanar las circunstancias que el mismo prevé para tener como no presentada la declaración.

  (2016-03-03) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2009-00075-01(18304)

DECLARACION QUE SE DA COMO NO PRESENTADA - Entre otras, la retencion en la fuente sin pago.
    PAGO EN RETENCION EN LA FUENTE - No permite los pagos parciales.
De acuerdo con el artículo 580 del E.T., el agente de retención debe presentar su declaración con pago, esto es, debe poner a disposición del Estado los recursos retenidos, dentro de los plazos previstos para ello, exigencia que se fundamenta en que el agente retenedor no es el sujeto pasivo de los impuestos recaudados en forma anticipada.

Por tanto, resulta inadmisible la morosidad del pago de los valores recaudados. En los antecedentes legislativos que dieron origen a esta disposición se dijo que la norma introduce un mecanismo de seguimiento, y busca que se le imponga una sanción a los agentes de retención, con la finalidad de proscribir la práctica de alguno de ellos, de financiar su operación con los dineros recaudados a terceros.

La "recaudación" implica una atribución radicada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo que tiene el derecho de exigir los tributos y demás obligaciones monetarias y el deber de gestionar los procedimientos señalados en la ley para hacerla efectiva, así como el de aplicar las sanciones frente a hechos que impidan, obstaculicen o retarden el ejercicio de sus funciones.

  (2016-03-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2009-00075-01(18304)

CIRCULARES DE LA DIAN - No pueden ir en contra de lo dispuesto en la Constitucion y la ley.
    PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LO FORMAL - Inaplicación tratándose del cumplimiento d obligaciones tributarias.
Entiéndase de lo anotado que las instrucciones que en materia tributaria emita la DIAN y que tengan como destinatarios las dependencias y funcionarios de dicha entidad, no pueden desconocer los mandatos constitucionales y legales, ni apartarse de disposiciones superiores en relación con tales materias.

Esas instrucciones, deben propender por el estricto cumplimiento de las normas tributarias vigentes, sin que les sea posible abarcar aspectos que, como ya se dijo, no son de su competencia. En este caso no puede darse aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, porque estamos frente a una disposición que se debe aplicar de manera precisa para lograr la finalidad establecida en la ley, además de que este principio no puede conllevar al incumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente previstas en normas que tienen que ver con el orden público económico.

Además, se debe precisar que la Corte Constitucional en la sentencia C-690 de 1996, sostuvo que la buena fe no es un principio absoluto, mucho menos cuando la organización del Estado y la dinámica misma de la función administrativa tributaria requieren de la plena colaboración de los asociados, que es la finalidad que enmarca el precitado literal e) del artículo 580 del Estatuto Tributario. El principio de la buena fe no puede ser invocado por quién ha incurrido en negligencia y omisiones.

  (2016-03-03) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 41001-23-31-000-1992-7006-01(13032)

LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA - No requiere de ninguna formalidad previa sino que se den las causales del articulo 697 del Estatuto Tributario.
    SANCION POR CORRECCION ARITMÉTICA - Equivale al 30 por ciento del mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, sin perjuicio de los intereses moratorios
En lo que concierne a la liquidación de corrección aritmética la ley no exige el cumplimiento de ninguna formalidad previa, sino que basta que se configure alguna de las causales que en forma taxativa establece el artículo 697 del Estatuto Tributario para que la Administración proceda a realizar la corrección, conforme a la facultad que le otorga el artículo 698 íbidem.

De otra parte, la sanción por corrección aritmética y la posibilidad de reducirla, está consagrada en el artículo 646 del Estatuto Tributario y consiste en una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar.

Además puede reducirse a la mitad de su valor, si el contribuyente dentro del término establecido para interponer el recurso de reconsideración acepta los hechos de la liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la liquidación de corrección, junto con la sanción reducida.

Luego el contribuyente tuvo esta última posibilidad pero no la utilizó y prefirió controvertir la providencia con ocasión del recurso de reconsideración.

  (2016-03-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 41001-23-31-000-1992-7006-01(13032)

TERMINO PARA PROFERIR LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA - Es de dos anos contados desde la fecha de presentacion de la declaracion.
    FECHA EN QUE SE ENTIENDE REALIZADA LA NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE - Es la que corresponda a la presentación de un escrito o de la audiencia o diligencia.

    SUCESION ILIQUIDA - El recurso de reconsideración puede ser interpuesto por el cónyuge sobreviviente.
Como se indicó, el recurso fue presentado el 18 de septiembre de 1991 o sea dentro de los dos meses siguientes a la expedición de la liquidación de corrección (22 de julio), con lo cual resulta oportuna su interposición, pero al demostrarse que la administración no efectuó la notificación en debida forma al errar en la dirección a la cual envió copia del acto, debe entenderse que el interesado tuvo conocimiento del contenido del mismo solo hasta el 18 de septiembre, fecha en la cual radicó el escrito del recurso pues así lo dispone expresamente el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, probado como está que la declaración por el año gravable de 1988 fue presentada el 27 de julio de 1989, que la administración erró en el envío del acto de corrección oficial y que para efectos de la notificación de éste ha de entenderse surtida tal diligencia el 18 de septiembre de 1991, se evidencia la extemporaneidad de la actuación oficial conforme a lo previsto en el artículo 699 del Estatuto Tributario que prevé como plazo máximo dos años contados a partir de la presentación de la respectiva declaración (27 de julio de 1989) que en el sub examine vencía el 27 de julio de 1991.

  (2016-03-03) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00118-01(17783)

AUTO DECLARATIVO QUE DA POR NO PRESENTADA LA DECLARACION - Contra el procede los recursos de reposicion y apelacion.
    RECURSO DE REPOSICION - Funcionario competente para resolverlo
    RECURSO DE APELACION - Funcionario competente para resolverlo.
Entiéndase de lo anotado que las instrucciones que en materia tributaria emita la DIAN y que tengan como destinatarios las dependencias y funcionarios de dicha entidad, no pueden desconocer los mandatos constitucionales y legales, ni apartarse de las disposiciones superiores en relación con tales materias.

Así las cosas, las instrucciones que impartan, deben propender por el estricto cumplimiento de las normas tributarias vigentes, sin que les sea posible regular aspectos que, como ya se dijo, no son de su competencia. Además, es importante precisar que la referida circular no incidió en la declaración y pago de las retenciones en la fuente del año 2006, dado que, al ser proferida con posterioridad a su presentación, no podría alegarse que indujo a error al contribuyente.

Conforme a lo anterior, los recursos procedentes para ejercer el derecho de defensa y contradicción contra el auto declarativo, corresponden a los recursos establecidos en los artículos 50 y 51 del Código Contencioso Administrativo, que son los de reposición y apelación, y en dicho sentido se debe acoger lo expuesto por el apelante.

Así las cosas, se encuentra que el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo dispone que el recurso de reposición será resuelto por el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque, situación que fue observada en los actos demandados, en tanto que el auto declarativo fue expedido por el Jefe del Grupo de Investigaciones Especiales de la División de Fiscalización, que fue el mismo funcionario que resolvió el recurso de reposición.

Aunado a lo anterior, se debe precisar que dicha dependencia tiene competencia para proferir los actos previos para la aplicación de las sanciones, como es el caso del auto declarativo, que tiene la condición de acto reglado, previo y especial, definitorio de una situación jurídica, lo que lo hace impugnable, y cuya firmeza permite aplicarle la sanción correspondiente.

  (2016-03-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00236-01(18188)

PROYECTO DE CORRECCION - No puede ser utilizado para otros fines como el representar la declaracion de retencion en la fuente con pago.
    SOLICITUD DE CORRECCION - Procede cuando se trata de disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor declarado.

    La presentación del proyecto de corrección no se debió a un error de los que tratan los artículos 588 y 589 ibídem, sino que se hizo para subsanar la omisión en el pago de los valores recaudados.
Conforme con el artículo 588 del Estatuto Tributario los contribuyentes pueden corregir sus declaraciones tributarias dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar en estos casos:
  • i) para aumentar el impuesto o disminuir el saldo a favor;

  • ii) cuando el mayor valor a pagar o el menor saldo a favor obedezca a una rectificación de un error que proviene de diferencias de criterio;

  • iii) cuando no se varíe el valor a pagar o el saldo a favor; y

  • iv) para corregir las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 580, 650-1 y 650-2 del Estatuto Tributario.
Por su parte, el artículo 589 ibídem permite que los contribuyentes puedan disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor declarado, mediante solicitud que se deberá presentar ante la Administración, dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración.
    En el presente caso la corrección allegada por el contribuyente no obedeció a ninguna de las mencionadas causales, pues ésta se presentó de manera idéntica a la declaración inicial, con excepción de la liquidación de la sanción por corrección.
Por tanto, teniendo en cuenta que no modificó los valores de las retenciones declaradas, ni el valor total de las mismas, ni se trató de las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 580, 650-1 y 650-2, no tenía objeto presentar una declaración en la que no se hacía ningún tipo de corrección.

  (2016-03-02) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00154-01(17865)

DECLARATORIA DE NO PRESENTADA - El pago de la retencion en la fuente debe ser por todas las retenciones sin importar el impuesto.
    DECLARACION QUE SE TIENE POR NO PRESENTADA - Procedimiento. No opera ipso jure.
En cuanto al argumento del actor en el que indica que la declaratoria de "no presentada" sólo afecta a las retenciones por concepto del impuesto de timbre, por tratarse del valor que faltó por cancelar en la oportunidad legal, es importante reiterar en este punto los argumentos expuestos por el Tribunal, y precisar que el pago de la declaración de la retención en la fuente debe ser total, por tanto, debe cobijar todas las retenciones incluidas en la declaración tributaria, dado que la norma no previó un pago parcial, aun cuando en ella se incluyan retenciones por varios conceptos.

En primer término, es importante precisar que la expresión "declaración que se tiene por no presentada", significa que habrá una declaratoria que se origina por incurrirse en alguno de los eventos previstos en el artículo 580 del Estatuto Tributario, la cual conlleva la imposición posterior de las sanciones respectivas; y la declaración privada así presentada, quedará en firme, si dentro del término de firmeza no se ha notificado acto administrativo que la declare como no presentada, perdiendo con ello la administración la facultad para aforar y sancionar.

En ese sentido, debe señalarse que ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en la cual se establece que, con fundamento en el artículo 580 del E. T., la ocurrencia de cualquiera de las causales para considerar como no presentada una declaración no opera ipso jure, pues con el fin de garantizar el derecho de defensa del contribuyente, se requiere de un acto administrativo que así lo declare - acto que, a la luz del artículo 688 del E. T., es un acto reglado, previo y especial, definitorio de una situación jurídica, lo que lo hace impugnable, y cuya firmeza permite aplicar la sanción correspondiente.

  (2016-03-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00154-01(17865)

DECLARACION QUE SE DA COMO NO PRESENTADA - Entre otras, la retencion en la fuente sin pago.
    PAGO EN RETENCION EN LA FUENTE - No permite los pagos parciales.
De acuerdo con el artículo 580 del E.T., el agente de retención debe presentar su declaración con pago, esto es, debe poner a disposición del Estado los recursos retenidos, dentro de los plazos previstos para ello, exigencia que se fundamenta en que el agente retenedor no es el sujeto pasivo de los impuestos recaudados en forma anticipada.

Por tanto, resulta inadmisible la morosidad del pago de los valores recaudados. En los antecedentes legislativos que dieron origen a esta disposición se dijo que la norma introduce un mecanismo de seguimiento, y busca que se le imponga una sanción a los agentes de retención, con la finalidad de proscribir la práctica de alguno de ellos, de financiar su operación con los dineros recaudados a terceros.

La "recaudación" implica una atribución radicada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo que tiene el derecho de exigir los tributos y demás obligaciones monetarias y el deber de gestionar los procedimientos señalados en la ley para hacerla efectiva, así como el de aplicar las sanciones frente a hechos que impidan, obstaculicen o retarden el ejercicio de sus funciones.

Con fundamento en el artículo 800 del Estatuto Tributario, la recaudación de los impuestos y retenciones administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se realiza a través de los bancos y demás entidades financieras.

  (2016-03-02) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00118-01(17783)

DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS - Lo son las de retencion en la fuente cuando se presentan sin pago.
    FECHA DE PAGO DEL IMPUESTO - Cuando los valores hayan ingresado a las oficinas de la DIAN o a los bancos autorizados.
Para el apelante, la exigencia legal prevista en el literal e) del artículo 580 del Estatuto Tributario, que dispone que la declaración de retención en la fuente debe presentarse con pago, so pena de no entenderse cumplido el deber de declarar, requiere que el pago sea total y simultáneo a la presentación de la declaración.

De acuerdo con la norma antes transcrita, el agente de retención debe presentar su declaración con pago, esto es, debe poner a disposición del Estado la totalidad de los recursos retenidos, dentro de los plazos previstos para ello, exigencia que se fundamenta en que el agente retenedor no es el sujeto pasivo de los impuestos recaudados en forma anticipada, por tanto resulta inadmisible la morosidad del pago de los valores recaudados.

La "recaudación" implica una atribución radicada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo que tiene el derecho de exigir el pago de los recursos del Estado, y el deber de gestionar los procedimientos señalados en la Ley, para que la recaudación sea efectiva, aplicar las sanciones a quienes impidan, retarden u obstaculicen el ejercicio de sus funciones.

El artículo 803 ibídem establece que se tendrá como fecha de pago del impuesto, respecto de cada contribuyente, aquélla en que los valores imputables hayan ingresado a las oficinas de Impuestos Nacionales o a los bancos autorizados, aun cuando se hayan recibido inicialmente como simples depósitos, buenas cuentas, retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a su favor por cualquier concepto.

  (2016-02-29) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00118-01(17783)

DECLARACION POR NO PRESENTADA - No opera isp jure. Debe haber un acto previo que asi declara la declaracion. No es subsanable con las correcciones posteriores a su presentacion.
    RETENCION EN LA FUENTE - Se da por no presentada cuando no se paga y su corrección posterior no subsana la declaratorio de no presentada.
En primer término, es importante precisar que la "declaración que se tiene por no presentada", es una consecuencia por incurrir en alguno de los eventos previstos en el artículo 580 del Estatuto Tributario, y que la declaración privada así presentada, quedará en firme, si dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para declarar no se ha notificado acto administrativo que la declare como no presentada, perdiendo con ello la administración la facultad para aforar y sancionar.

En ese sentido, debe señalarse que ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación apoyada en la interpretación del artículo 580 del Estatuto Tributario, según la cual la ocurrencia de cualquiera de las causales para considerar como no presentada una declaración no opera ipso jure, pues con el fin de garantizar el derecho de defensa del contribuyente, se requiere de un acto administrativo que así lo declare Lo anterior verifica la finalidad del artículo 11 de la Ley 1066 de 2006, de tener como "no presentadas" las declaraciones de los agentes retenedores que no paguen de manera oportuna las sumas recaudadas, norma que se haría inoperante de contemplarse la posibilidad de subsanar esta omisión, pues conllevaría a la morosidad en el pago de los valores recaudados.

A su vez, se debe señalar que el pago de intereses moratorios no subsana el incumplimiento de este deber legal, por cuanto como se observó, éste exige sin lugar a dudas, que el recaudo se realice de manera total y en el término legal.

Por ninguna parte la normativa en estudio permite el pago parcial o extemporáneo. De lo anterior se observa que con fundamento en la Ley 223 de 1995, que adicionó el Estatuto Tributario pueden corregirse las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 580.

  (2016-02-29) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

25000-23-27-000-2008-00040-01(17559)

AGENTE DE RETENCION - Debe presentar su declaracion con pago.
    FECHA DE PAGO DEL IMPUESTO - Es aquella en la cual los recursos ingresaron a la oficina de impuestos o a los banco autorizados / TIDIS - medio de pago de los tributos.
De acuerdo con la norma antes transcrita, el agente de retención debe presentar su declaración con pago, esto es, debe poner a disposición del Estado los recursos retenidos dentro de los plazos previstos para ello, exigencia que se fundamenta en que el agente retenedor no es el sujeto pasivo de los impuestos recaudados en forma anticipada.

Por tanto, resulta inadmisible la morosidad del pago de los valores recaudados. El artículo 803 del Estatuto Tributario establece que se tendrá como fecha de pago del impuesto, respecto de cada contribuyente, aquélla en que los valores imputables hayan ingresado a las oficinas de Impuestos Nacionales o a los Bancos autorizados, aún en los casos en que se hayan recibido inicialmente como simples depósitos, buenas cuentas, retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a su favor por cualquier concepto.

De conformidad con las pruebas recaudadas, es claro que el contribuyente pretendió pagar la retención en la fuente mediante un título de devolución de impuestos (TIDIS), medio de pago legalmente autorizado para el pago de tributos, de conformidad con el artículo 806 del Estatuto Tributario

  (2016-02-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00040-01(17559)

PAGO DE TRIBUTOS - Cuando se hace con Tidis el beneficiario debe tener el cuenta el término de verificación del título. TIDIS - Mecanismo de pago de impuestos dentro del año calendario siguiente a la fecha de su expedicion.
    Los títulos de devolución de impuestos (TIDIS) se encuentran establecidos en el artículo 862 del Estatuto Tributario, como uno de los mecanismos para efectuar la devolución, y que éstos sólo sirven para cancelar impuestos o derechos, administrados por las direcciones de impuestos y aduanas, dentro del año calendario siguiente a la fecha de su expedición.
El Decreto No. 1571 de 1997, reglamentario del artículo 862 del Estatuto Tributario, señaló que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá determinar que la totalidad o parte de la emisión de los títulos de devolución de impuestos, TIDIS, a que se refiere el artículo 862 Ibídem, se efectúe mediante su conservación en un depósito centralizado de valores legalmente autorizado por la Superintendencia de Valores, evento en el cual estos títulos circularán de manera desmaterializada, y se mantendrán bajo el mecanismo de anotación en cuenta en dicho depósito.

Para efectos de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 27 de 1990 y su Decreto Reglamentario 437 de 1992, el acta de emisión de TIDIS representa la totalidad o parte de la emisión. Por su parte, la Ley 27 de 1990 estableció en su artículo 22 (título III) que las entidades emisoras podrán depositar la totalidad o parte de una emisión en un depósito centralizado de valores entregando uno o varios títulos que representen la totalidad o parte de la emisión.

En este caso la obligación de entregar los títulos emitidos a los suscriptores se cumplirá con la entrega de la constancia del depósito. A su vez, el Decreto 437 de 1992, por el cual se reguló el título III de la Ley 27 de 1990, dispuso que mediante el contrato de depósito de valores una persona confía uno a más valores a una entidad habilitada para el efecto, quien se obliga a custodiarlos o administrarlos cuando el depositante lo solicite, de acuerdo con el reglamento que cada depósito expida.

  (2016-02-25) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Referencia: 25000-23-27-000-2000-0221-01(12360)

SALDO A FAVOR EN DECLARACION DE RENTA - No se puede imputarlo a la declaracion siguiente y a la vez solicitar compensacion con deudas del mismo contribuyente.
    SALDO A FAVOR COMO PRODUCTO DE SALDOS A FAVOR IMPUTADOS - No procede aplicar compensación en relación con los valores imputados
Si bien es cierto, que sobre un mismo saldo a favor, se pueda solicitar su compensación y devolución, no es admisible imputarlo en la declaración del año siguiente y a la vez pretender compensarlo con deudas a cargo del contribuyente; y mucho menos, respecto al mismo saldo, solicitar devolución.

El numeral 2 del artículo 857 del Estatuto Tributario cita entre las causales para el rechazo definitivo de las solicitudes de devolución o compensación que el saldo a favor materia de solicitud ya haya sido objeto de devolución, compensación o imputación anterior, con lo que queda claro que las opciones son excluyentes, porque en las tres opciones se utiliza el saldo a favor.

Al imputar un saldo a favor al período siguiente del mismo impuesto, se está haciendo uso del mismo, pues se está cancelando la obligación tributaria del bimestre o año gravable al que se está imputando, independientemente de que también resulte un nuevo saldo a favor, ya que así estaba previsto en el artículo 13 del Decreto 1000 de 1.997 que señala: (...)

  (2016-02-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 5674

¿Una bonificacion ocasional puede considerarse como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional?
    El tratamiento dado por el actor a la partida en discusión, no fue correcto, puesto que la suma discutida no corresponde a una indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa, por lo que no podía tratarse como "ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional" a términos del artículo 19 de la Ley 54 de 1977.
En relación con los pagos realizados por la compañía I.B.M. a algunos de sus trabajadores por la terminación del contrato de trabajo por el sistema de conciliación, el pago especial (bonificación ocasional) efectuado por virtud del correspondiente acuerdo, de conformidad con el artículo 61 del C.S.T., no tiene el carácter de remuneratorio, como tampoco el de indemnizatorio que se le atribuye, por no corresponder a ninguna obligación laboral preexistente al tiempo de la conciliación.

El acto de conciliación laboral, en el sub - exámine también corrobora tal situación, pues dice claramente que la partida ofrecida al actor y que éste aceptó espontáneamente "... no corresponde a ningún derecho cierto e indiscutible..." del mismo, y también que se trata de una cantidad dineraria que la empresa "voluntariamente" ha convenido en pagar al actor.

Así las cosas, se concluye que el tratamiento dado por el actor a la partida en discusión, no fue correcto, puesto que la suma discutida no corresponde a una indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa, por lo que no podía tratarse como "ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional" a términos del artículo 19 de la Ley 54 de 1977, disposición que por lo demás tampoco regía para el año gravable de 1988.

  (2016-02-24) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Referencia: 25000-23-27-000-2000-0221-01(12360)

FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO - Cuando se trata de compensacion sera el ultimo dia del periodo fiscal del impuesto donde se origino el saldo a favor.
    TASA DE INTERES MORATORIO EN COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR - Es la vigente al momento en que los valores imputables resultaron como saldo a favor.
La Sala no acepta que los saldos a favor de cada año fueron compensando los valores a cargo de la sociedad por concepto del Impuesto sobre las Ventas, porque al utilizarse cada saldo para imputarlo en el período siguiente del impuesto de renta, se perdió el derecho a la compensación del IVA que alega la actora.

Si la sociedad demandante hubiera optado, en lugar de la imputación de cada saldo al período siguiente, por la compensación, no cabe duda, que la liquidación de intereses de mora debía efectuarse hasta el último día de cada período; pero como no ocurrió así, la liquidación de intereses moratorios se establece teniendo en cuenta como fecha de pago el 31 de diciembre de 1997.

Las obligaciones del Impuesto sobre las ventas que la actora solicitó compensar no fueron canceladas oportunamente, por lo que de acuerdo con el artículo 634 del Estatuto Tributario, debe liquidar y pagar intereses moratorios por cada mes o fracción de mes de retardo en el pago, desde el vencimiento del plazo para cancelar las obligaciones, hasta la fecha en que, de conformidad con el artículo 803 del Estatuto Tributario, los valores imputables resultaron como saldo a favor por cualquier concepto.

  (2016-02-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Referencia: 25000-23-27-000-2000-0221-01(12360)

FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO - Cuando se trata de compensacion sera el ultimo dia del periodo fiscal del impuesto donde se origino el saldo a favor.
    TASA DE INTERES MORATORIO EN COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR - Es la vigente al momento en que los valores imputables resultaron como saldo a favor.
La Sala no acepta que los saldos a favor de cada año fueron compensando los valores a cargo de la sociedad por concepto del Impuesto sobre las Ventas, porque al utilizarse cada saldo para imputarlo en el período siguiente del impuesto de renta, se perdió el derecho a la compensación del IVA que alega la actora.

Si la sociedad demandante hubiera optado, en lugar de la imputación de cada saldo al período siguiente, por la compensación, no cabe duda, que la liquidación de intereses de mora debía efectuarse hasta el último día de cada período; pero como no ocurrió así, la liquidación de intereses moratorios se establece teniendo en cuenta como fecha de pago el 31 de diciembre de 1997.

Las obligaciones del Impuesto sobre las ventas que la actora solicitó compensar no fueron canceladas oportunamente, por lo que de acuerdo con el artículo 634 del Estatuto Tributario, debe liquidar y pagar intereses moratorios por cada mes o fracción de mes de retardo en el pago, desde el vencimiento del plazo para cancelar las obligaciones, hasta la fecha en que, de conformidad con el artículo 803 del Estatuto Tributario, los valores imputables resultaron como saldo a favor por cualquier concepto.

  (2016-02-24) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2000-0697-01(13022)

IMPUTACION DE SALDOS A FAVOR - La fecha en que se realicen no puede determinar la firmeza de la declaracion que presento el saldo a favor.
    TERMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL - Es el previsto en los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 705 del Estatuto Tributario, el término para notificar el requerimiento especial es de dos (2) años y se cuenta a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar, si la declaración se presenta en forma oportuna; la fecha de presentación de la declaración cuando ésta haya sido extemporánea; o la fecha en que se presente la solicitud de devolución o compensación cuando la declaración presente un saldo a favor.

En el caso bajo análisis, si bien en la declaración de renta objeto de revisión la contribuyente liquidó un saldo a favor, no existió solicitud de devolución, sino imputación del saldo al período gravable siguiente, entonces, para efectos de determinar el término de los dos (2) años para la notificación del requerimiento especial se tiene como fecha de iniciación del mismo, la de presentación oportuna de la declaración que arrojó el saldo a favor, esto es el 11 de abril de 1995 (Dto. 2798/94 art.11), término que vencía el 11 de abril de 1997, ya que no se configura ninguno de los eventos previstos en el artículo 706 ib., para la suspensión del mismo.

Siendo ello así, y como quiera que el requerimiento especial se notificó el 8 de mayo de 1998, es evidente su extemporaneidad, la que deriva en la firmeza de la liquidación privada, en los términos previstos en el artículo 714 ib. Se configura así la causal de nulidad de que trata el numeral 3° del artículo 730 ib., según la cual son nulos los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos , "Cuando no se notifiquen dentro del término legal."

  (2016-02-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación: 25000-23-27-000-2001-92088-01(14155)

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL - Requisitos de eficacia y suficiente probatoria: soporte documental o contable.
    PRUEBA SUFICIENTE DEL CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL - No debe limitarse a simples afirmaciones sobre las operaciones de orden interno y externo

    FE PUBLICA DEL CONTADOR PUBLICO - Debe tener respaldo documental o contable
Observa la Sala que la certificación del revisor fiscal que es la prueba contable en la cual se fundamentó el a quo para anular los actos administrativos liquidatorios, no ofrece la idoneidad que se requiere para demostrar el contenido del mismo.

Si bien es cierto, conforme al artículo 777 del Estatuto Tributario "Cuando se trate de presentar en las oficinas de la administración pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores y revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes" las mismas tal como lo ha dicho en forma reiterada la jurisprudencia de la Sección, deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse, para que la misma pueda tener la eficacia y suficiencia probatoria.

La "prueba suficiente" que le otorga la norma tributaria no puede limitarse a simples afirmaciones sobre las operaciones de orden interno y externo de que da cuenta un contador o revisor fiscal, ya que en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones.

La suficiencia que pregona el artículo 777 del Estatuto Tributario, no puede llegar al extremo de contener simples afirmaciones o enunciaciones, carentes de respaldo documental y/o contable.

  (2016-02-24) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00024-01(15099)

DEDUCCION POR DESTRUCCION DE INVENTARIOS - Procede por ser una expensa necesaria.
    EXPENSA NECESARIA - Lo es la deducción por destrucción de inventarios obsoletos.
Si el contribuyente está obligado por disposición legal a establecer el costo de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes, esta sola circunstancia no es suficiente para rechazar los costos generados en la destrucción de inventarios, ya que si la medida tuvo su origen en disposiciones de tipo sanitario, de salubridad pública o por prácticas mercantiles usuales, tal expensa está autorizada de conformidad con el artículo 107 del E. T., teniendo en cuenta que si bien los bienes se encuentran en el inventario, no pueden ser comercializados.

Por tanto, son "expensas" que tienen una relación o vínculo de correspondencia con la actividad que desarrolla el objeto social de la entidad, de manera que los bienes dados de baja dentro del sistema de inventario permanente, representan uno de los conceptos inherentes y necesarios para la entidad en la producción de sus ingresos o renta derivada de tal objeto social, es decir, se involucran en la actividad productora de renta.

En efecto, tratándose de productos para la salud humana, animal y vegetal, su producción, venta y comercialización, está sujeta a controles estatales de gran seriedad para determinar la seguridad y efectividad del bien que será distribuido y utilizado, controles que se realizan por lo general antes de ser lanzados al mercado y que en consecuencia si no son superados, los bienes deben ser destruidos por disposición legal, de lo cual es fácil inferir que su tratamiento debe ser el de "expensa necesaria", siempre que cumplan las condiciones establecidas en la ley, esto es, que tengan relación de causalidad "con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad" [art. 107 E. T.].

Resulta entonces válido que cuando el contribuyente debe acatar órdenes de autoridades encargadas de controlar esta clase de bienes en pro de la seguridad y salubridad públicas o porque es usual su aplicación en el campo comercial, se vea abocado a destruir parte de su inventario y por ende lo refleje en una disminución de la renta a título de costo (expensa).

  (2016-02-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00686-01(16750)

CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO Y REVISOR FISCAL - No sustituye la contabilidad del contribuyente.
    CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO Y REVISOR FISCAL - Son válidos como prueba contable cuando llevan al convencimiento del hecho que se pretende probar.
De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, se advierte que el certificado del revisor fiscal no es suficiente para demostrar la realidad de la pérdida en la venta de inventarios de materia prima. En efecto, con el recurso de reconsideración, la sociedad allegó un certificado del revisor fiscal de la compañía que certifica que los libros de comercio están debidamente registrados en la Cámara de Comercio, que la contabilidad se lleva de acuerdo a lo ordenado por el Código de Comercio y de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Para la Sala, este certificado no es suficiente para establecer la realidad de la pérdida solicitada como deducción, pues el cuestionamiento oficial requería que la sociedad acreditara de manera amplia el costo de tales inventarios, con la indicación, al menos, de los respectivos soportes de las operaciones.

Si bien, conforme con el artículo 777 del Estatuto Tributario, cuando se trata de presentar en la DIAN pruebas contables, son suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración para hacer las comprobaciones pertinentes, ha sido criterio de la Sala que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
  (2016-01-26) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00686-01(16750)

SISTEMA PARA ESTABLECER EL COSTO DE LOS ACTIVOS MOVIBLES ENAJENADOS - Juego de inventarios, inventarios permanentes o continuos o cualquier otro sistema de reconocido valor tecnico
    JUEGO DE INVENTARIOS - En este sistema el costo de lo vendido se determina sumando al inventario inicial, las compras menos el inventario físico final.
Conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, tratándose de activos movibles que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente que deban ser destruidos, porque no pueden ser consumidos, ni usados ni comercializados de ninguna forma, se admite su valor como expensa necesaria, siempre que se demuestre que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, tienen relación de causa-efecto con la producción del ingreso y que es indispensable y proporcionado con la actividad.

Para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: "juego de inventarios", "inventarios permanentes o continuos", o "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico..." En el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable.
  (2016-01-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00686-01(16750)

DEDUCCION POR SALARIOS - Son deducibles siempre que se acredite el pago de los aportes parafiscales.
    APORTES PARAFISCALES - Los que han sido excluidos mediante convenios laborales no hacen parte de la base para liquidar los aportes con destino al SENA, ICBF, ESAP, Régimen del Subsidio Familiar y contribuciones a la seguridad social establecidas por la Ley 100 de 1993.
Conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, tratándose de activos movibles que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente que deban ser destruidos, porque no pueden ser consumidos, ni usados ni comercializados de ninguna forma, se admite su valor como expensa necesaria, siempre que se demuestre que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, tienen relación de causa-efecto con la producción del ingreso y que es indispensable y proporcionado con la actividad.

Para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: "juego de inventarios", "inventarios permanentes o continuos", o "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico..." En el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable.
  (2016-01-26) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17001-23-31-000-2004-00488-01(17538)

ACTIVOS FIJOS - Cuando deban ser destruidos su valor es una expensa necesaria.
    SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE - Permite la deducción de inventarios dados de baja por disposiciones sanitarias.
Conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en materia de activos movibles que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente que deban ser destruidos, porque no pueden ser consumidos, ni usados ni comercializados de ninguna forma, se admite su valor como expensa necesaria, siempre que se demuestre que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tienen relación de causa-efecto con la producción del ingreso y que es indispensable y proporcionado con la actividad.

En las sentencias señaladas se concluyó que el valor de los medicamentos retirados del inventario para su destrucción conforme a las normas legales de control sanitario, debía aceptarse como deducción en el impuesto de renta y complementarios, conforme al siguiente análisis.

Para efectos de establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: "juego de inventarios", "inventarios permanentes o continuos", o "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico...".
  (2016-01-22) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17001-23-31-000-2004-00488-01(17538)

FALTANTES DE MERCANCIA EN JUEGO DE MERCANCIAS - Se admite respecto del inventario final en un cinco por ciento (5%) o una suma mayor en caso de fuerza mayor.
    FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA - No está prevista en el Estatuto Tributario para los contribuyentes que lleven el sistema de inventarios permanentes.
La Sección en sentencia del 27 de octubre de 2005 precisó que el artículo 64 del Estatuto Tributario autorizaba la disminución del inventario final, para los contribuyentes que adoptaran el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras" y si se demostraba la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, podían aceptarse sumas mayores, pero no aceptaba la deducción por pérdidas originadas en la destrucción de mercancías, por ello el inciso final del artículo 148 ibídem, de manera expresa, advertía sobre la imposibilidad de llevar como deducción tales pérdidas, al decir:
    "No son deducibles las pérdidas en bienes del activo movible que se han reflejado en el juego de inventarios".
Sostuvo que cuando se trataba de contribuyentes que debían adoptar el sistema de inventarios permanentes, el régimen tributario no preveía la disminución del inventario de las existencias del respectivo ejercicio, por concepto de faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, pues tal concepto se manejaba a través de una provisión (artículo 14 del Decreto 2650 de 1993), la cual no era deducible para efectos de determinar el impuesto sobre la renta.
  (2016-01-22) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17001-23-31-000-2004-00488-01(17538)

CRITERIOS DE NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD - Se determinan con criterio comercial.
    EXPENSAS NECESARIAS - Concepto / PROPORCIONALIDAD Y NECESIDAD - Alcance.
La Sala, mediante sentencia de 25 de septiembre de 2006, en un caso en el que se estudiaba sobre la procedencia del costo de ventas por destrucción de inventarios en el caso de los contribuyentes obligados a establecer el costo de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes decidió sobre la procedencia del costo de ventas, que cuando se solicitaba por medio de deducción, no debía rechazarse si se demostraban los elementos de las expensas necesarias previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, norma común para costos y deducciones.

Pues bien, de acuerdo con el criterio expuesto es claro que si bien se puede admitir el valor de los activos movibles que fueron retirados por vencimiento o destrucción como "expensa necesaria" deducible, se debe demostrar, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad.

Es necesario advertir también, que si bien la jurisprudencia transcrita y mencionada hacía referencia a medicamentos, nada impide que en casos en que los inventarios correspondan a otro tipo de mercancías, no se pueda aplicar estos criterios, de acuerdo con lo que se pruebe en cada caso.
  (2016-01-22) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17001-23-31-000-2004-00488-01(17538)

DESUSO INUTILIZACION E IMPOSIBILIDAD DE COMERCIALIZACION - Son pruebas para que proceda la deduccion por obsolescencia.
    DEDUCCION POR OBSOLESCENCIA O DESTRUCCION DE INVENTARIOS - Pruebas. Procedencia.
Según el criterio expuesto y teniendo en cuenta que dentro del objeto social de la actora está la fabricación, ensamblaje y producción de electrodomésticos, para la Sala es viable establecer la relación de causalidad con la actividad productora de renta y la manera en que tales inventarios participaron en esa actividad.

Las razones del castigo de inventarios sobre desuso e inutilización son válidas para determinar la necesidad de ese gasto atendiendo al tipo de mercancía que hace parte del objeto social de la actora, pues la imposibilidad de comercialización implica que tales repuestos y materia prima deban ser retirados al interior de la empresa y se torna en indispensable su destrucción.
  (2016-01-22) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01370-01(16236)

INSPECCION TRIBUTARIA - Debe practicarse efectivamente para que suspenda el termino de notificacion del requerimiento especial. Prueba tributaria diferente de la contable.
    El artículo 714 del Estatuto Tributario establece que la declaración privada quedará en firme si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento especial.
Que si la declaración presenta un saldo a favor, los dos años para notificar el requerimiento especial se contaran desde la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación. Concordante con lo anterior el artículo 705 ibídem señala como término para notificar el requerimiento especial "a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar […]".

Es importante precisar que antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995 la suspensión del término para notificar el requerimiento por motivo de la inspección tributaria, operaba mientras durara la inspección, pero máximo por tres meses. Y este lapso empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practicaba, es decir, no bastaba la notificación del auto que ordenaba la inspección para que operara la suspensión.

Como consecuencia de la modificación introducida por esa ley, el plazo para dictar el requerimiento especial se suspende por un término fijo de tres meses, los cuales se cuentan a partir de la fecha de notificación del auto decrete la inspección tributaria, como lo señala de manera expresa la norma.
  (2016-01-22) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01370-01(16236)

NOTIFICACION DEL ACTO QUE DECRETA LA INSPECCION TRIBUTARIA - Es el que suspende el termino para notificar el requerimiento especial.
    VISITA DE FUNCIONARIO - No es una inspección tributaria.
El artículo 138 de la misma Ley 223 modificó el artículo 782 del mismo Estatuto, en el sentido de definir la inspección contable como la inspección física a los libros contables, así:
    "La administración podrá ordenar la práctica de la inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravados o no y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales."
Conforme con lo anterior la inspección tributaria tiene como finalidad recaudar distintos medios de prueba, tales como testimonios y documentos, y en desarrollo de la misma se puede decretar también una "inspección contable".

Sin embargo, lo que suspende el término para notificar el Requerimiento Especial es la notificación del auto que decreta la "inspección tributaria", y no la práctica de la inspección contable, por así disponerlo expresamente el artículo 706 del Estatuto Tributario.

En consecuencia, no es de recibo el argumento del actor de que sólo cuando se hace constatación directa a los libros y documentos de contabilidad es cuando se entiende realizada una inspección tributaria. Además, como lo ha considerado la Sala, no se puede confundir la inspección tributaria con la visita que realiza el funcionario a las oficinas de un contribuyente, pues el legislador no dispuso que fuera de esa forma.
  (2016-01-22) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01370-01(16236)

LIQUIDACION DE REVISION - Previo a su expedicion debe proferirse requerimiento especial.
    REQUERIMIENTO ESPECIAL - Acto imprescindible para la determinación oficial del impuesto.
Pues bien, según el artículo 703 del Estatuto Tributario para expedir la liquidación de revisión es necesario que la Administración, previamente, envíe un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con las explicaciones de las razones en que se sustenta; es decir, se trata de una actuación imprescindible para la determinación oficial del impuesto, que se erige, junto con la declaración y la ampliación al requerimiento, en el marco dentro del cual la Administración puede modificar la liquidación privada del contribuyente.

Por ello el artículo 711 ibídem establece que el acto liquidatorio debe contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que fueron contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación, esto es lo que se denomina principio de correspondencia.

En este caso, a juicio de la Sala, del análisis de los motivos expuestos por la DIAN en el Requerimiento Especial y en la Liquidación de Revisión aparece que no existe la alegada falta de correspondencia, pues el hecho recogido en seas actuaciones siempre se refirió al rechazo del costo de ventas por rotura de envases.
  (2016-01-22) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01370-01(16236)

ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - Procede la deduccion del iva pagado en el mismo año o en los dos ejercicios siguiente.
    DEDUCCION POR ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - Cuando se incrementa el valor debe demostrarse que no se solicitó en períodos diferentes el descuento.
Se permitían descontar el IVA pagado en la adquisición de bienes de capital en el mismo año de la adquisición o en los dos ejercicios siguientes, sino era posible descontar la totalidad en el mismo ejercicio.

En consecuencia, en el año gravable 1998 la sociedad podía solicitar el descuento por los bienes adquiridos en 1998, 1997 y 1996. No los del año 1995, porque, evidentemente, tenía hasta el año gravable 1997 para solicitarlos, pero si venció la oportunidad para hacerlo y podía sustentar la partida con adquisiciones de años posteriores, a juicio de la Sala debía aceptarse el descuento con las partidas que sí eran procedentes.

Sin embargo, para la Sala no basta señalar que la adquisición se hizo en 1996 para aceptar el descuento sin mayor análisis y con el simple argumento de que las facturas allegadas al expediente ascendieron al valor solicitado como descuento en 1998. Esto no es suficiente.

Para la Sala, ante un cambio de concepto por el cual se solicitó el descuento del IVA y teniendo en cuenta que ya había transcurrido más de un año gravable posterior a la adquisición de los bienes, la sociedad debió demostrar que el monto solicitado en esta oportunidad no lo fue en el año 1996 (fecha de adquisición), ni en 1997, para que le fuera aceptado su argumento, pues no existe certeza para la Sala que el descuento ahora pretendido no se hubiera solicitado en años anteriores a 1998 y que, en efecto, todo el descuento se podía efectuar en este año gravable.
  (2016-01-22) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00686-01(16750)

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL - Son prueba para demostrar los movimientos de las cuentas.
    CONTABILIDAD - Prueba de la realidad económica del contribuyente.
Teniendo en cuenta que la diferencia sin justificar por $1.712.453 la encontró la DIAN del análisis de los asientos contables de las cuentas mencionadas, la Sala procedió a comparar cada una de las sumas certificadas por el revisor fiscal de la sociedad con los detalles allegados en relación con cada una de las provisiones y encontró que coincidían con los valores certificados sin que se evidenciara la aludida diferencia.

Además, el detalle de las provisiones que se reversaron, con los respectivos comprobantes de contabilidad, permitían que la DIAN pudiera establecer de manera precisa y concreta, cuál fue la reversión que no se demostró, pues si bien el cuadro elaborado en la página 20 de la resolución que decidió el recurso de reconsideración, muestra como diferencia por justificar y, por lo tanto, para desconocer, la suma de $1.712.453, a partir del movimiento débito declarado y el movimiento débito determinado, la Sala observa que en el cuadro anexo 1 de la resolución, en la penúltima columna aparece como valor justificado la suma de $6.525.533.319, que es la misma que totalizó y probó la sociedad en la explicación de la glosa.
  (2016-01-22) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00686-01(16750)

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL - Son prueba para demostrar los movimientos de las cuentas.
    CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO Y REVISOR FISCAL - No sustituye la contabilidad del contribuyente.
Teniendo en cuenta que la diferencia sin justificar por $1.712.453 la encontró la DIAN del análisis de los asientos contables de las cuentas mencionadas, la Sala procedió a comparar cada una de las sumas certificadas por el revisor fiscal de la sociedad con los detalles allegados en relación con cada una de las provisiones y encontró que coincidían con los valores certificados sin que se evidenciara la aludida diferencia.

Además, el detalle de las provisiones que se reversaron, con los respectivos comprobantes de contabilidad, permitían que la DIAN pudiera establecer de manera precisa y concreta, cuál fue la reversión que no se demostró, pues si bien el cuadro elaborado en la página 20 de la resolución que decidió el recurso de reconsideración, muestra como diferencia por justificar y, por lo tanto, para desconocer, la suma de $1.712.453, a partir del movimiento débito declarado y el movimiento débito determinado, la Sala observa que en el cuadro anexo 1 de la resolución, en la penúltima columna aparece como valor justificado la suma de $6.525.533.319, que es la misma que totalizó y probó la sociedad en la explicación de la glosa.
  (2016-01-22) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Referencia 16367.
11/12/2015

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, MATRICES Y FILIALES, LIQUIDACION, IMPUESTOS NACIONALES.
    El gravamen relacionado con el Turismo que se causa en la venta de tiquetes aéreos es la contribución parafiscal para la promoción del turismo creada por medio del artículo 40 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 1 de la ley 1101 de 2006.
Síntesis:

El hecho de que la sociedad subordinada se encuentre en estado de liquidación implica que desaparece el grupo empresarial, porque no hay unidad de propósito y dirección, pues, no puede perseguirse un objetivo común determinado por la subordinante, dado que, por disposición legal y no para cumplir el propósito fijado por la matriz, lo único que puede hacer la subordinada en liquidación es concluir las operaciones pendientes y no emprender nuevas actividades.

Dado que en este caso no existía grupo empresarial, la sociedad matriz no estaba obligada a suministrar información consolidada a la Dian, motivo por el cual procede la nulidad de los actos acusados.
  (2016-01-21) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 76001-23-31-000-2005-05317-01(17875)

PROVISION CONTABLE - No es deducible por destruccion de inventarios dado que el unico efecto es la reduccion de la misma.
    En relación con la provisión para mercancía dada de baja, se advierte que la demandante ha sostenido que la provisión ha sido tratada como un gasto no deducible y que sólo cuando se produce realmente la destrucción del inventario devuelto o vencido es que se afecta la cuenta de la provisión, momento en el que es deducible fiscalmente.
Sin embargo, en los actos acusados, la DIAN rechazó la provisión por mercancía dada de baja por valor de $94.169.146 registrada en la cuenta 61.20.45.57, porque es una provisión que dentro del ordenamiento fiscal no es posible tenerla como costo ni como deducción, pues sólo son provisiones aceptadas fiscalmente las establecidas en los artículos 112, 145 y 146 E.T.

Además, la Administración indicó que sobre este valor "la sociedad no presenta soporte como tal, por cuanto se registra un valor estimado de la mercancía que se va a dar de baja o que se va a llevar a pérdida en devoluciones, posteriormente se traslada o se cancela.
  (2016-01-18) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 76001-23-31-000-2005-05317-01(17875)

INVENTARIOS PERMANENTES - Los faltantes de mercancia de facil destruccion o perdida se manejan a traves de una provision.
    FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA - Se puede disminuir el inventario inicial siempre que se lleve el sistema de juego de inventarios.
Para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas:
    "juego de inventarios",
    "inventarios permanentes o continuos", o
    "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico...

" En el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable. Lo que responde a la siguiente fórmula matemática: inventario inicial + compras - inventario final.

Mientras que en el sistema de "inventarios permanentes o continuos" el costo se contabiliza en tarjetas u hojas especiales, diseñadas para llevar el control permanente de las mercancías, las que hacen parte integrante de la contabilidad, donde se registran las unidades compradas, vendidas, o consumidas, el costo de lo vendido y de lo comprado; al final del ejercicio se hace constar en el libro de inventarios, el costo de las existencias.
  (2016-01-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 76001-23-31-000-2005-05317-01(17875)

MERCANCIAS DIFERENTES A MEDICAMENTOS - Procede la deduccion por destruccion siempre que se prueben las expensas necesarias.
    DESTRUCCION DE INVENTARIOS - Procede cuando se demuestran los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
Tratándose de activos movibles que tengan que ser retirados por vencimiento o destrucción y que no puedan ser comercializados de ninguna manera, ni consumidos, ni usados, podría llegar a admitirse su valor como "expensa necesaria" deducible, siempre y cuando se demuestre, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad; y además, que el contribuyente, demuestre que tal deducción no ha sido reconocida por otros medios, como por ejemplo, el caso de los contribuyentes que llevan el sistema de juego de inventarios, donde tal disminución puede ser tratada como costo (art. 64 E. T.)".

Es necesario advertir también, que aunque la jurisprudencia transcrita hacía referencia a medicamentos, nada impide que en casos en que los inventarios correspondan a otro tipo de mercancías, no se pueda aplicar estos criterios, de acuerdo con lo que se pruebe en cada caso.

Igualmente, debe precisarse que el criterio de la Sala es aplicable tanto a comercializadores como a productores, pues en ambos casos, dependiendo del tipo de bienes, pueden estar sometidos a disposiciones de tipo sanitario que los obliga a destruir los activos movibles por razones de deterioro, vencimiento, desuso, etc., y lo mismo puede ocurrir en sectores donde la destrucción de inventarios ocurre por tratarse de una práctica mercantil usual, razón por la que no resulta procedente la distinción que realiza la demandada en relación con la actividad que desarrolla el contribuyente respecto de los productos dados de baja.
  (2016-01-14) [Mas Información]
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---


Genere Valor a su compañía ..     Nosotros le apoyamos…

www.pongasealdia.com
Cel 300 670 26 73


PHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 0.57 Segundos