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Jurisprudencia Tributaria

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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00070-01(17116)

PROVISION POR PERDIDA DE INVENTARIOS - Esta permitida su contabilizacion conforme al Estatuto Contable.
    PERDIDAS DEL ACTIVO MOVIBLE - Pueden ser tratados como costo en el sistema de juego de inventarios pero no como deducción.
El artículo 62 del Estatuto Tributario alude al sistema para establecer el costo de los activos movibles enajenados conforme con dicha disposición, para establecer el costo de los activos enajenados, los contribuyentes obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta, firmada por revisor fiscal o contador público, deben utilizar el sistema de inventarios permanentes o continuos, o cualquier otro sistema de reconocido valor técnico autorizado por la DIAN.

Cuando se trata de mercancías de fácil destrucción o pérdida, el artículo 64 del Estatuto Tributario, vigente para la época de los hechos del caso concreto, sólo autorizaba disminuir el inventario final en un 5% del total de las mercancías de fácil destrucción o inventarios perecederos.

Esa disminución, que afecta el costo de ventas, no estaba prevista para los contribuyentes que llevaban el sistema de inventario permanente. La Sala, mediante sentencia del 27 de octubre de 2005, precisó que el artículo 64 E.T., autorizaba la disminución del inventario final, para los contribuyentes que llevaban el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras".
  (2015-12-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00070-01(17116)

EXPENSAS NECESARIAS - Si demuestran los requisitos procede la deduccion por destruccion de inventario.
    DESTRUCCION DE MERCANCIAS - Deben estar plenamente justificados y probados. Procedencia de la deducción.
Si se demuestran que las expensas son necesarias, proporcionales y que tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, como lo precisa el artículo 107 del Estatuto Tributario, procede el reconocimiento de la deducción por destrucción de inventario.

También es relevante resaltar que en las sentencias referidas se ha insistido en que los hechos que dan lugar a la destrucción o a la pérdida deben estar plenamente justificados y probados.
  (2015-12-18) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


¿Son deducibles los gastos de eventos deportivos, envío de anchetas, compra de flores, fiesta de fin de año?
    PAGOS A CLUBES SOCIALES, SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES, LIBROS Y PERIODICOS, FIESTA DE FIN DE AÑO - No son deducibles porque no tienen relación de causalidad con el objeto social.
Como lo ha considerado reiteradamente, aunque los gastos que realizan los contribuyentes para bienestar, comodidad y actualidad de sus empleados, pueda servir como motivación o incentivo, así como los correspondientes al mantenimiento de buenas relaciones públicas y comerciales o gastos de viajes de altos directivos, lo cierto es que, los bienes y servicios adquiridos con tales pagos carecen de relación de causalidad con la actividad productora de renta y no son necesarios para el desarrollo del objeto social, como en este caso, la industria farmacéutica.

Otros gastos tales como participación de los empleados en eventos deportivos, envío de anchetas a los empleados, avisos de fallecimientos, compra de flores para evento día de la tierra, compra de camisetas para torneos deportivos de los empleados, obsequios para los empleados como bolsos para dama y fiesta de fin de año, entre otros, son gastos que no tienen ninguna relación de causalidad con la actividad farmacéutica de la actora, ni son necesarios para el desarrollo de la misma, aunque hubieran resultado motivante para el recurso humano porque les brindó momentos de esparcimiento y diversión.
  (2015-11-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


INSPECCION CONTABLE VRS INSPECCION TRIBUTARIA / VISITA DE FUNCIONARIO - No es una inspeccion tributaria.
    "La administración podrá ordenar la práctica de la inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravados o no y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales.".
La inspección tributaria tiene como finalidad recaudar distintos medios de prueba, tales como testimonios y documentos, y en desarrollo de la misma se puede decretar también una "inspección contable".

Sin embargo, lo que suspende el término para notificar el Requerimiento Especial es la notificación del auto que decreta la "inspección tributaria", y no la práctica de la inspección contable, por así disponerlo expresamente el artículo 706 del Estatuto Tributario.

No se puede confundir la inspección tributaria con la visita que realiza el funcionario a las oficinas de un contribuyente, pues el legislador no dispuso que fuera de esa forma. Cuando se hace alusión a la inspección tributaria, se indica que se pueden incoporar todos los medios de prueba permitidos por el ordenamiento, como la inspección contable, los testimonios, documentos, etc.

Así, la inspección tributaria puede comprender no sólo la visita, sino también involucrar todos los medios probatorios que se practiquen en el lapso de los tres meses de su duración.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


DEDUCCION POR PERDIDAS DE MERCANCIAS - No es aceptada respecto a las mercancias que se manejen por el juego de inventarios.
    Se autoriza la disminución del inventario final, para los contribuyentes que adoptan el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras".
Para efectos de la deducción por obsolescencia la sociedad debía demostrar en qué proporciones los envases destinados inicialmente a ser incorporados gradualmente en la actividad productora de renta, ya sea como retornables o no retornables, podían llegar a considerarse activos fijos, susceptibles de generar pérdidas deducibles en los términos previstos en el artículo 148 del Estatuto Tributario.

Sin embargo, como la actora no probó esta circunstancia y, por el contrario, sostiene que son activos movibles y no fijos, resultan inaplicables los artículos 128 y 129 del Estatuto Tributario, que prevén la deducción de la depreciación causada por "obsolescencia de bienes usados en negocios o actividades productoras de renta", los que tienen la naturaleza de activos fijos.

Ahora bien, en relación con la naturaleza de activos movibles de los envases retornables, respecto de los que la actora solicitó que se acepte la deducción conforme con el artículo 64 del Estatuto Tributario, la Sala ha considerado que ese artículo autoriza la disminución del inventario final, para los contribuyentes que adoptan el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras".

Si se demuestra la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse sumas mayores, pero no acepta la deducción por pérdidas originadas en la destrucción de mercancías; por ello el inciso final del artículo 148 ibídem de manera expresa advierte sobre la imposibilidad de llevar como deducción tales pérdidas, al decir: "No son deducibles las pérdidas en bienes del activo movible que se han reflejado en el juego de inventarios".
  (2015-11-20) [Mas Información]
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Sección Cuarta


LIBROS DE CONTABILIDAD - Su no presentacion es indicio en contra del contribuyente.
    "El contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la administración lo exija, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra."
En la acción de nulidad y restablecimiento del derecho una de las posibilidades con las que cuenta el administrado para desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado, es aportando nuevas o mejores pruebas que las arrimadas en sede administrativa, pues legalmente no existe ningún impedimento para que no se puedan valorar pruebas diferentes a las valoradas por la Administración.

Además, es carga de las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (artículo 177 Código de Procedimiento Civil). Ahora bien, el artículo 781 del Estatuto Tributario dispone que "el contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la administración lo exija, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra.
  • En tales casos se desconocerán los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente. Únicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación, la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito". Sin embargo, la norma establece que no se desconocerán si el contribuyente los acredita plenamente.
A juicio de la Sala, para que tal indicio tenga ocurrencia se requiere que la Administración haya exigido la presentación de libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad en relación con costos, deducciones, descuentos o pasivos que se estén investigando, y que el contribuyente no los hubiera presentado. La consecuencia es el desconocimiento de los conceptos correspondientes.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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DEDUCCION DE INTERESES - Procede cuando los intereses se causen.
El criterio de la Sala es que la modificación introducida por la Ley 488 de 1998 al artículo 117 del Estatuto Tributario obedece a la adecuación de la norma a las disposiciones contables, al consagrar que la deducción opera cuando los intereses se causen, por ser la causación la regla general.

De manera que en los casos en que los contribuyentes estén obligados a llevar contabilidad se debe aceptar la deducción de intereses causados antes de la vigencia de la Ley 488 de 1998.


DEDUCCION POR ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - Cuando se incrementa el valor debe demostrarse que no se solicitó en períodos diferentes el descuento.

Se permitían descontar el IVA pagado en la adquisición de bienes de capital en el mismo año de la adquisición o en los dos ejercicios siguientes, sino era posible descontar la totalidad en el mismo ejercicio.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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Limitacion de los costos a profesionales independientes y comisionistas.
    Sólo se reconoce por costos y deducciones hasta el 50 por ciento de los ingresos obtenidos por razón de su actividad / CONTRATOS DE CONSTRUCCION - El límite de deducción por costos es del 90 por ciento.
Como se observa, el artículo 87 del Estatuto Tributario consagra una limitación de orden legal a los costos y deducciones imputables a la actividad de servicios inherentes a los profesionales independientes, personas naturales, en el sentido de que fiscalmente sólo se les reconoce por concepto de costos y deducciones hasta el 50% de los ingresos obtenidos por razón de su actividad.

Si se trata de contratos de construcción de bienes inmuebles y obras civiles ejecutados por arquitectos o ingenieros contratistas, el límite anterior será del noventa por ciento (90%), pero deberán llevar libros de contabilidad registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales.

Estas limitaciones no se aplican si el contribuyente factura la totalidad de las operaciones y sus ingresos fueron sometidos a retención en la fuente, cuando ésta sea procedente. Sólo los costos que se reconocen son aquellos que, conforme con las normas que regulan su procedencia, son los que aparezcan probados, para, a partir de ese momento, determinar si debe aplicarse o no alguna limitación.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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REGIMEN SIMPLIFICADO - No estan obligados a expedir factura.
    DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA - Para que procedan los costos, deducciones e impuestos descontables éste debe cumplir los requisitos de la factura.
Conforme con el artículo 2 del Decreto 1001 de 1997, no están obligados a expedir factura en sus operaciones, entre otros, los responsables del régimen simplificado. Entonces, en virtud del inciso tercero del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca.

Estos requisitos fueron establecidos por el artículo 3 del Decreto 3050 de 1997. advierte la Sala que la razón de la DIAN para rechazar los costos solicitados no fue que el demandante hubiere omitido exigir la inscripción en el RUT a sus proveedores de bienes y servicios.

Lo que la Administración advirtió fue que al contribuyente le correspondía solicitar el pleno cumplimiento de los requisitos de la facturación cuando pretendiera hacer valer costos o deducciones. Es decir, se refirió a los requisitos que debía contener la factura o documento equivalente, conforme con el artículo 771-2, como expresamente lo señala la resolución del recurso en la hoja 14.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL - Son prueba para demostrar los movimientos de las cuentas.
    CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL - No demuestra la naturaleza, duración y término del negocio que hizo necesaria una amortización en un periodo inferior.
Sobre la interpretación de estas disposiciones, la Sala mediante sentencia del 7 de diciembre de 2006 declaró la nulidad parcial del Concepto 06879 de 31 de agosto de 1998 en virtud del cual la DIAN, con fundamento en los artículos 142 y 143 inciso primero del Estatuto Tributario sentó como tesis jurídica que: "no se pueden solicitar amortizaciones en plazos inferiores a cinco años". Se consideró que no se podía afirmar de manera rotunda, que "no se pueden solicitar amortizaciones en plazos inferiores a cinco años", como se hacía en la tesis jurídica del concepto acusado, porque esa afirmación implicaría que para la Administración, en ningún caso, el contribuyente tendría el derecho de amortizar la inversión en un término inferior a cinco años, no obstante haber demostrado que, por la naturaleza o duración del negocio, la amortización debía hacerse en un plazo inferior.

La Sala explicó que por naturaleza o duración del negocio debía entenderse en relación con la actividad específica desarrollada en virtud de la inversión, como serían los "gastos preliminares de instalación" y no respecto del desarrollo normal del objeto social de la empresa.

Bajo el anterior criterio, es incuestionable que la DIAN no puede negar la amortización por el simple hecho de que se realice en un término inferior a cinco años, pues el contribuyente tiene el derecho y el deber de demostrar cuál fue la naturaleza o duración de la actividad específica que iba a desarrollar en virtud de la inversión que realizó y que, por esa razón, el plazo de la amortización debía ser inferior.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL - Requisitos para que tengan valor probatorio.
    CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO Y REVISOR FISCAL - No sustituye la contabilidad del contribuyente. Son válidos como prueba contable cuando llevan al convencimiento del hecho que se pretende probar.
De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, se advierte que el certificado del revisor fiscal no es suficiente para demostrar la realidad de la pérdida en la venta de inventarios de materia prima. En efecto, con el recurso de reconsideración, la sociedad allegó un certificado del revisor fiscal de la compañía que certifica que los libros de comercio están debidamente registrados en la Cámara de Comercio, que la contabilidad se lleva de acuerdo a lo ordenado por el Código de Comercio y de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Para la Sala, este certificado no es suficiente para establecer la realidad de la pérdida solicitada como deducción, pues el cuestionamiento oficial requería que la sociedad acreditara de manera amplia el costo de tales inventarios, con la indicación, al menos, de los respectivos soportes de las operaciones.

Si bien, conforme con el artículo 777 del Estatuto Tributario, cuando se trata de presentar en la DIAN pruebas contables, son suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración para hacer las comprobaciones pertinentes, ha sido criterio de la Sala que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
  • Además, de expresar que la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales o que los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio; deben informar si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y si reflejan la situación financiera del ente económico.
Se ha precisado que tales certificados deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse; no pueden versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dichos funcionarios dan cuenta, pues "en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones".
  (2015-11-20) [Mas Información]
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LIBRO DE INVENTARIOS - Aqui se hace constar el costo de las existencias determinadas mediante inventario permanente.
    SISTEMA PARA ESTABLECER EL COSTO DE LOS ACTIVOS MOVIBLES ENAJENADOS - Juego de inventarios, inventarios permanentes o continuos o cualquier otro sistema de reconocido valor técnico.
Conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, tratándose de activos movibles que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente que deban ser destruidos, porque no pueden ser consumidos, ni usados ni comercializados de ninguna forma, se admite su valor como expensa necesaria, siempre que se demuestre que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, tienen relación de causa-efecto con la producción del ingreso y que es indispensable y proporcionado con la actividad.

Para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: "juego de inventarios", "inventarios permanentes o continuos", o "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico..."

En el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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Sección Cuarta


DEDUCCION POR SALARIOS - Son deducibles siempre que se acredite el pago de los aportes parafiscales.
    PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO - Sobre ellos no se requiere acreditar el pago de aportes parafiscales
BONIFICACION POR RETIRO Y MERA LIBERALIDAD - Constituyen salario aunque las partes hayan pactado lo contrario. Para que proceda su deducción deben presentar el paz y salvo por concepto de parafiscales.

En conclusión, de acuerdo con los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogados por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, respectivamente, en concordancia con el 17 de la Ley 344 de 1996, los pagos que se hagan por mera liberalidad o por convención y sobre los cuales se haya acordado su carácter no salarial, no constituyen base para calcular los aportes parafiscales y para la procedencia de su deducción no es necesario acreditar el pago de tales aportes.

En efecto, teniendo en cuenta que en materia laboral debe primar la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, para la Sala aún cuando se hubiera estipulado en el Acuerdo Conciliatorio que esa bonificación no era constitutiva de salario, lo cierto es que su finalidad sí era cobijar todos aquellos pagos laborales, incluidos los salarios, que por alguna eventualidad pudieran causarse a favor del trabajador, de ahí que una vez recibida la bonificación, el ex trabajador declaraba a paz y salvo a la empresa por todo concepto laboral, incluidos los salarios.

De manera que así se hubiere pactado como una concesión especial y se hubiera denominado bonificación, lo cierto es que no se ajusta a esa naturaleza, pues comprende y cubre, no sólo indemnización y prestaciones, sino salarios eventualmente adeudados al ex trabajador mientras estuvo vigente la relación laboral.

En consecuencia, como parte de la bonificación por retiro sí tenía carácter salarial, no tiene efectos para este fallo la manifestación que hizo la actora en el acuerdo conciliatorio de que la bonificación que se le concede al ex trabajador no es constitutiva de salario y, por lo tanto, para tener derecho a la deducción por salarios debió acreditar el pago de los aportes parafiscales, según el artículo 108 del Estatuto Tributario.
  (2015-11-20) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


AFILIACION A AGREMIACIONES - Requisitos para que proceda como expensa necesaria.
    La Sala ha considerado que para su aceptación corresponde a los contribuyentes probar que las sumas solicitadas como deducción, no sólo correspondieron a los conceptos señalados, sino que fueron proporcionales y que fueron pagadas a los beneficiarios y se contabilizaron y respaldaron debidamente con los soportes correspondientes.
Tributariamente las expensas necesarias corresponden a los gastos que se generan de manera forzosa en la actividad productora de renta, de manera que sin tales gastos no se puede obtener la renta. Son indispensables aunque no sean permanentes sino esporádicos.

Como lo exige la norma, lo esencial es que el gasto sea "normalmente acostumbrado en cada actividad", lo que excluye que se trate de gastos simplemente suntuarios, innecesarios o superfluos, o meramente útiles o convenientes.

La Sala ha reiterado que la relación de causalidad significa que los gastos, erogaciones o simplemente salida de recursos del contribuyente, deben guardar una relación causal, de origen - efecto, con la actividad u ocupación que le genera la renta al contribuyente.

Esa relación, vínculo o correspondencia debe establecerse entre la expensa (costo o gasto) y la actividad que desarrolla el objeto social (principal o secundario) pero que en todo caso le produce la renta, de manera que sin aquella no es posible obtenerla y que en términos de otras áreas del derecho se conoce como nexo causal o relación causa - efecto.

Y, en cuanto a la proporcionalidad, ésta atiende a la magnitud que aquellas representen dentro del total de la renta bruta (utilidad bruta) la cual, debe medirse y analizarse en cada caso, de conformidad con la actividad económica que se lleve a cabo, conforme con la costumbre comercial para ese sector, de manera que el rigor normativo cede ante los gastos reiterados, uniformes y comunes que se realicen, sin perjuicio de la causalidad y necesidad que también deben concurrir.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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Sección Cuarta


¿Sabe usted cual es la prueba tributaria diferente de la contable?
    INSPECCION TRIBUTARIA - Debe practicarse efectivamente para que suspenda el término de notificación del requerimiento especial.
Como lo precisó la Sala en sentencia del 25 de noviembre de 2004 con la expedición de la Ley 223 de 1995, artículo 137, se modificó el artículo 779 del Estatuto Tributario y se definió la "inspección tributaria" como un medio de prueba específico e independiente de la "inspección contable".

Pues bien, el artículo 714 del Estatuto Tributario establece que la declaración privada quedará en firme si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento especial.

Que si la declaración presenta un saldo a favor, los dos años para notificar el requerimiento especial se contaran desde la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación. Concordante con lo anterior el artículo 705 ibídem señala como término para notificar el requerimiento especial "a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar […]".

Es importante precisar que antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995 la suspensión del término para notificar el requerimiento por motivo de la inspección tributaria, operaba mientras durara la inspección, pero máximo por tres meses. Y este lapso empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practicaba, es decir, no bastaba la notificación del auto que ordenaba la inspección para que operara la suspensión.

Como consecuencia de la modificación introducida por esa ley, el plazo para dictar el requerimiento especial se suspende por un término fijo de tres meses, los cuales se cuentan a partir de la fecha de notificación del auto decrete la inspección tributaria, como lo señala de manera expresa la norma.
  (2015-11-19) [Mas Información]
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DESUSO INUTILIZACION E IMPOSIBILIDAD DE COMERCIALIZACION - Son pruebas para que proceda la deducción por obsolescencia.
    DEDUCCION POR OBSOLESCENCIA O DESTRUCCION DE INVENTARIOS - Pruebas. Procedencia.
Según el criterio expuesto y teniendo en cuenta que dentro del objeto social de la actora está la fabricación, ensamblaje y producción de electrodomésticos, para la Sala es viable establecer la relación de causalidad con la actividad productora de renta y la manera en que tales inventarios participaron en esa actividad.

Las razones del castigo de inventarios sobre desuso e inutilización son válidas para determinar la necesidad de ese gasto atendiendo al tipo de mercancía que hace parte del objeto social de la actora, pues la imposibilidad de comercialización implica que tales repuestos y materia prima deban ser retirados al interior de la empresa y se torna en indispensable su destrucción.

El monto del gasto por $164.861.438 resulta proporcionado con el total de deducciones declaradas por $37.412.715.000 y frente a unos ingresos brutos de la contribuyente por $178.939.663.000. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que, en este caso, con las pruebas que reposaban en el expediente administrativo, sí se probó que el gasto generado por la obsolescencia y destrucción de inventarios tuvo relación de causalidad con la actividad productora de renta de la actora y fue necesario y proporcionado a la misma; de manera que no acertó el Tribunal al no estudiar el cargo con el argumento de que la sociedad había presentado un concepto técnico por fuera del término de fijación en lista, pues, de las pruebas que obraban en el proceso, allegadas con la respuesta al requerimiento especial, se podía determinar la procedencia de la deducción, como en efecto se hizo.
  (2015-11-18) [Mas Información]
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FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA - No está prevista en el Estatuto Tributario para los contribuyentes que lleven el sistema de inventarios permanentes.
    ACTIVOS MOVIBLES RETIRADOS POR VENCIMIENTO O DESTRUCCION - Es una expensa necesaria si se prueba que es proporcional, necesaria y tiene relación de causalidad.
La Sección en sentencia del 27 de octubre de 2005 precisó que el artículo 64 del Estatuto Tributario autorizaba la disminución del inventario final, para los contribuyentes que adoptaran el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras" y si se demostraba la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, podían aceptarse sumas mayores, pero no aceptaba la deducción por pérdidas originadas en la destrucción de mercancías, por ello el inciso final del artículo 148 ibídem, de manera expresa, advertía sobre la imposibilidad de llevar como deducción tales pérdidas, al decir:
    "No son deducibles las pérdidas en bienes del activo movible que se han reflejado en el juego de inventarios".
Sostuvo que cuando se trataba de contribuyentes que debían adoptar el sistema de inventarios permanentes, el régimen tributario no preveía la disminución del inventario de las existencias del respectivo ejercicio, por concepto de faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, pues tal concepto se manejaba a través de una provisión (artículo 14 del Decreto 2650 de 1993), la cual no era deducible para efectos de determinar el impuesto sobre la renta.

Sin embargo, explicó que "tratándose de activos movibles que tengan que ser retirados por vencimiento o destrucción y que no puedan ser comercializados de ninguna manera, ni consumidos, ni usados, podría llegar a admitirse su valor como "expensa necesaria" deducible, siempre y cuando se demuestre, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad; y, además, que el contribuyente demuestre que tal deducción no ha sido reconocida por otros medios, como por ejemplo, el caso de los contribuyentes que llevan el sistema de juego de inventarios, donde tal disminución puede ser tratada como costo (art. 64 E. T.)"
  (2015-11-18) [Mas Información]
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ACTIVOS FIJOS - Cuando deban ser destruidos su valor es una expensa necesaria / DESTRUCCION DE INVENTARIOS - Requisitos.
    SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE - Permite la deducción de inventarios dados de baja por disposiciones sanitarias.
Conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en materia de activos movibles que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente que deban ser destruidos, porque no pueden ser consumidos, ni usados ni comercializados de ninguna forma, se admite su valor como expensa necesaria, siempre que se demuestre que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tienen relación de causa-efecto con la producción del ingreso y que es indispensable y proporcionado con la actividad.

En las sentencias señaladas se concluyó que el valor de los medicamentos retirados del inventario para su destrucción conforme a las normas legales de control sanitario, debía aceptarse como deducción en el impuesto de renta y complementarios, conforme al siguiente análisis.

Para efectos de establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: "juego de inventarios", "inventarios permanentes o continuos", o "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico...".

Para el caso del sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable.
  (2015-11-18) [Mas Información]
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Sección Cuarta


SANCION POR NO FACTURAR - Improcedencia.
    ACTA SOBRE CONSTANCIA DE NO FACTURACION / INSPECCION TRIBUTARIA - Objeto / ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Negligencia.
Tratándose de una sanción por no facturar, las normas aplicables eran los artículos 652 y 653 del E.T. antes de la modificación de la ley 49 de 1990, que consagran como sancionable el hecho de la no expedición de facturas, por parte de quien esté obligado a ello (Art. 652 del E.T.).

De los Arts. 652 y 653 resulta obligado concluir que el legislador en materia de la sanción discutida, exigió una prueba especialísima para efectos de la procedencia de su imposición, como es el acta de constatación de la infracción en la cual, vale decir, se debe dejar constancia de la no expedición de las facturas y que debe ser suscrita por dos funcionarios designados especialmente para el efecto, quienes puedan dar fe del hecho.

En consecuencia no pueden ser de recibo los argumentos de la apelante quien pretende sustraerse el cumplimiento del citado artículo 653 del E.T. con el argumento de que no se trataba de una visita para verificar la facturación, pues precisamente por no ser así, la Administración no podía válidamente levantar el acta en que constara la no expedición de facturas, entre otras porque no había designación de dos funcionarios por parte del Administrador de Impuestos para tal efecto y consecuencialmente sin la mencionada acta no procedía imponer la sanción aquí discutida.
  (2015-11-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


ACREENCIAS LABORALES - Niega reliquidacion de cesantia e intereses y prima de vacaciones porque el actor no impugno las resoluciones que liquidaron tales derechos.
    PRIMA ESPECIAL - Niega reliquidación de prestaciones a empleado que optó por el régimen salarial y prestacional de la Fiscalía porque el 30 por ciento de la asignación básica que constituye la prima especial no tiene carácter salarial, excepción hecha de la pensión de jubilación.
Presunto derecho a cesantía e intereses y prima de vacaciones en mayor cuantía. Al demandante se le reconoció cesantía e intereses y primas de vacaciones mediante las resoluciones que obran en el cuaderno número 2, respecto de los primeros y del cuaderno número 3, en relación con las últimas, ninguna de las cuales fue impugnada en orden a que fuere la liquidación en mayor cuantía por la razón de no haberse tenido en cuenta como factor de cómputo la prima especial de servicios.

Presunto derecho a las demás primas en mayor cuantía. El fundamento de esta pretensión, según todo lo dicho anteriormente, consiste en que según la demanda el valor del 30% de la prima especial, debe incluirse en su cómputo, porque la administración la excluyó.

El artículo 14, inciso 1º, de la ley 4ª de 1992, le ordenó al Gobierno Nacional establecer una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, "sin carácter salarial" para los funcionarios de la rama judicial que allí relacionó, "excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del 1º de enero de 1993.", no obstante lo cual al demandante se le pagó el 30% de la asignación básica a ese título de PRIMA ESPECIAL, la cual, precisamente por no tener la calidad de salario, no podía tenerse en cuenta para los efectos de liquidar las prestaciones sociales.
  (2015-11-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


FALTANTES DE MERCANCIA EN JUEGO DE MERCANCIAS - Se admite respecto del inventario final en un 5 por ciento o una suma mayor en caso de fuerza mayor.
    FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA - No está prevista en el Estatuto Tributario para los contribuyentes que lleven el sistema de inventarios permanentes.
Para los contribuyentes que adopten el sistema de juego de inventarios, está previsto en el artículo 64 ib., la "Disminución del inventario final por faltantes de mercancía", de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras."

Y si se demuestra la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse sumas mayores. Por disposición del artículo 25 del Decreto Reglamentario 187 de 1975, la disminución del inventario final sólo "se aplicará respecto de las mercancías que se adquieran para venderlas sin transformarlas".

Como se observa, lo autorizado por el citado precepto legal es la disminución del "inventario final", que es uno de los factores de determinación del costo de los activos movibles, en el sistema de juego de inventarios, y no la deducción por pérdidas que puedan originarse por la destrucción de las mercancías. Disposición que está en concordancia con el inciso final del artículo 148 del Estatuto Tributario que de manera expresa advierte sobre la imposibilidad de llevar como deducción tales pérdidas, al decir: "No son deducibles las pérdidas en bienes del activo movible que se han reflejado en el juego de inventarios".

Cuando se trata de contribuyentes que deben adoptar el sistema de inventarios permanentes, no está prevista en el régimen tributario la disminución del inventario de las existencias del respectivo ejercicio, por concepto de faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida.

En consecuencia, teniendo en cuenta que según el artículo 14 del Decreto 2650 de 1993 (estatuto contable), una forma de contabilizar las pérdidas es la de crear la "provisión" respectiva, el contribuyente puede registrar en su contabilidad la disminución del valor de sus inventarios, producida por la destrucción o pérdida de los mismos, tal como se precisa en el concepto acusado.
  (2015-11-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


COMERCIANTE - Los minoristas y mayoristas hacen parte del regimen simplificado.
    AGRICULTORES Y GANADEROS - Hacen parte del régimen simplificado del IVA.
Los requisitos para pertenecer al régimen simplificado del IVA se encuentran en el artículo 499 del Estatuto Tributario. Según dicha norma, forman parte del régimen que se comenta, las personas naturales comerciantes y artesanos minoristas o detallistas; los agricultores y ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como quienes presten servicios gravados, siempre que cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
  • 1. Que en el año anterior hubieren poseído ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 4.000 UVT.

  • 2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.

  • 3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.

  • 4. Que no sean usuarios aduaneros.

  • 5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso, contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a $66.888.000 (año 2006).

  • 6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de $89.183.000 (año 2006).
  (2015-11-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


(Jurisprudencia) REGIMEN SIMPLIFICADO DEL IVA - Prohibiciones a los responsables.
    IVA GENERADO - Está prohibido cobrarlo por los responsables del régimen simplificado.
El artículo 506 del Estatuto Tributario señala como obligaciones a cargo de los responsables del régimen simplificado, las siguientes:
  • 1. Inscribirse en el registro único tributario;

  • 2. Entregar copia del documento en que conste su inscripción en el régimen simplificado, en la primera venta o prestación de servicios que realice a adquirentes que no sean del régimen simplificado, que así lo exijan;

  • 3. Cumplir con los sistemas de control que determine el Gobierno Nacional;

  • 4. Exhibir en un lugar visible al público el documento en que conste su inscripción en el RUT, como perteneciente al régimen simplificado.
Adicionalmente, según el artículo 15 del Decreto 380 de 1996, a los responsables de régimen simplificado les está prohibido adicionar el IVA a los bienes que vendan o a los servicios que presten; declarar IVA, so pena de que la declaración no produzca efectos; determinar IVA a cargo y solicitar impuestos descontables; calcular el IVA en compras de bienes y servicios exentos o excluidos.
  (2015-11-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


(Jurisprudencia) LIBRO AUXILIAR DE VENTAS Y COMPRAS - Deben llevarlo todos los responsables del regimen comun.
    FACTUARA O DOCUMENTO EQUIVALENTE - Es una de las obligaciones de los responsables del régimen común.
A su turno, los responsables del régimen común del IVA deben cumplir estas obligaciones:
  • 1. Inscribirse en el RUT;

  • 2. Expedir factura o documento equivalente con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, por cada operación de venta o prestación de servicios;

  • 3. LLevar contabilidad, y, dentro de la misma, incluir un registro auxiliar de ventas y compras y una cuenta mayor o de balance denominada "impuesto a las ventas por pagar (artículo 509 del Estatuto Tributario) y,

  • 4. Presentar la declaración bimestral de IVA (artículo 574 ibídem).
En síntesis, los responsables del régimen simplificado deben cumplir obligaciones más sencillas que los del régimen común, precisamente porque tienen menor capacidad económica y, por ende, menor capacidad contributiva, lo que conduce a que la Administración Tributaria deba ejercer un control menos exigente sobre sus operaciones
  (2015-11-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


INDEMNIZACIONES LABORALES - Para que sean deducibles deben cumplir los requisitos de las expensas necesarias.
    SALARIOS - Para que proceda su deducción debe acreditarse el pago de los aportes parafiscales.
Según el criterio de la Sala en materia laboral debe primar la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Por lo tanto, aún cuando se hubiera estipulado en el Acuerdo Conciliatorio que se trataba de una bonificación por mera liberalidad no constitutiva de salario, lo cierto es que su finalidad sí era cobijar todos aquellos pagos laborales, incluidos los salarios, que por alguna eventualidad pudieran causarse a favor del trabajador, de ahí que una vez recibida la bonificación, el ex trabajador declaraba a paz y salvo a la empresa por todo concepto laboral, incluidos los salarios e indemnizaciones.

Como ya se advirtió, para que las indemnizaciones laborales sean deducibles del impuesto de renta se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, que en este caso no se cumplió. Para la Sala, no es posible acceder a su reconocimiento, independientemente de que la actora hubiera demostrado que efectuó la retención en la fuente o que estaba excluida de tal obligación.

Además, como parte de tales sumas conciliatorias sí tenían carácter salarial, la actora debió acreditar el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el artículo 108 del Estatuto Tributario; sin embargo, no dijo nada sobre tal hecho.
  (2015-11-13) [Mas Información]
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PAGOS DE TELEFONIA MOVIL Y CAPACITACION - No son deducibles porque no cumplen con los requisitos de las expensas necesarias.
Como la necesidad y la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial, es indispensable establecer que ese tipo de expensas son forzadas o normalmente acostumbradas en otras empresas que desarrollan la misma actividad, pues corresponde a un parámetro de comparación que debe analizarse conforme al artículo 107 del Estatuto Tributario.

En consecuencia, no se pueden dar por cumplidos estos requisitos en el caso de la actora, que no demostró que esos gastos fueron legalmente o contractualmente obligatorios o forzados para el desarrollo de su objeto social o que, por costumbre mercantil, en este tipo de empresas son gastos habituales, normales y proporcionados con la actividad. En consecuencia, la Sala mantendrá el rechazo administrativo.
  (2015-11-13) [Mas Información]
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Sección Cuarta


COSTOS Y DEDUCCIONES - La falta de prueba da lugar a la sanción por inexactitud.
    CARGA DE LA PRUEBA - La tiene el contribuyente quien debe probar la realidad y la veracidad de las glosas declaradas.
La Sección venía sosteniendo de manera reiterada que ni por controversias de interpretación, ni por falta de pruebas era pertinente aplicar la sanción. Que si los rechazos obedecían a falta de prueba -contable o no- o a defectos formales en su comprobación debía hacerse un examen analítico y probatorio y establecerse la falsedad, inexistencia, simulación, etc., de los costos, gastos y demás partidas objeto de glosa oficial, puesto que entre otros, la sanción estaba prevista en el evento de que el contribuyente solicitara costos, deducciones, pasivos, etc., en los que no hubiera incurrido efectivamente de los cuales derivara un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor.

Sin embargo, la Doctrina Judicial reciente de la Sala ha tenido por criterio que la falta de prueba sobre la realidad y procedencia de las partidas declaradas no es motivo para no aplicar la sanción por inexactitud. En efecto, en sentencia del 28 de junio de 2010, la Sala consideró que la falta de prueba sobre la realización de los costos, significaba la inclusión en la declaración de costos inexistentes que daban lugar a un menor impuesto a pagar, conducta que era sancionable en virtud del artículo 647 del Estatuto Tributario.

Así mismo, mediante sentencia del 19 de agosto de 2010, la Sala señaló que generaba la sanción por inexactitud la conducta del contribuyente de incluir en la declaración, como deducciones, partidas frente a las cuales no se demostró su realidad y procedencia, que afectaron la base gravable y dieron lugar a un menor impuesto a cargo.

En esa oportunidad advirtió que no era necesario que la Administración estableciera que los gastos fueron irreales, pues lo cierto era que fueron solicitados como deducción, sin demostrar su procedencia; máxime cuando correspondía al contribuyente desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos.
  (2015-11-13) [Mas Información]
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INSPECCION CONTABLE - Concepto. Es diferente a la inspección tributaria. No suspende el término para notificar el requerimiento especial.
    VISITA DE FUNCIONARIO - No es una inspección tributaria.
El artículo 138 de la misma Ley 223 modificó el artículo 782 del mismo Estatuto, en el sentido de definir la inspección contable como la inspección física a los libros contables, así:
    "La administración podrá ordenar la práctica de la inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravados o no y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales.".
Conforme con lo anterior la inspección tributaria tiene como finalidad recaudar distintos medios de prueba, tales como testimonios y documentos, y en desarrollo de la misma se puede decretar también una "inspección contable".

Sin embargo, lo que suspende el término para notificar el Requerimiento Especial es la notificación del auto que decreta la "inspección tributaria", y no la práctica de la inspección contable, por así disponerlo expresamente el artículo 706 del Estatuto Tributario.

En consecuencia, no es de recibo el argumento del actor de que sólo cuando se hace constatación directa a los libros y documentos de contabilidad es cuando se entiende realizada una inspección tributaria. Además, como lo ha considerado la Sala, no se puede confundir la inspección tributaria con la visita que realiza el funcionario a las oficinas de un contribuyente, pues el legislador no dispuso que fuera de esa forma.
  (2015-11-12) [Mas Información]
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LIQUIDACION DE REVISION - Previo a su expedición debe proferirse requerimiento especial.
    REQUERIMIENTO ESPECIAL - Acto imprescindible para la determinación oficial del impuesto / PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA - Debe existir entre el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión.
Pues bien, según el artículo 703 del Estatuto Tributario para expedir la liquidación de revisión es necesario que la Administración, previamente, envíe un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con las explicaciones de las razones en que se sustenta; es decir, se trata de una actuación imprescindible para la determinación oficial del impuesto, que se erige, junto con la declaración y la ampliación al requerimiento, en el marco dentro del cual la Administración puede modificar la liquidación privada del contribuyente.

Por ello el artículo 711 ibídem establece que el acto liquidatorio debe contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que fueron contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación, esto es lo que se denomina principio de correspondencia.

En este caso, a juicio de la Sala, del análisis de los motivos expuestos por la DIAN en el Requerimiento Especial y en la Liquidación de Revisión aparece que no existe la alegada falta de correspondencia, pues el hecho recogido en seas actuaciones siempre se refirió al rechazo del costo de ventas por rotura de envases.

De acuerdo con lo anterior, tal como se anticipó, a juicio de la Sala no existe la alegada falta de correspondencia entre el Requerimiento Especial y la Liquidación de Revisión, pues el hecho siempre se refirió al rechazo de la pérdida que sufren los envases retornables.
  (2015-11-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta


ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - Procede la deducción del iva pagado en el mismo año o en los dos ejercicios siguiente.
    DEDUCCION POR ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - Cuando se incrementa el valor debe demostrarse que no se solicitó en períodos diferentes el descuento.
Se permitían descontar el IVA pagado en la adquisición de bienes de capital en el mismo año de la adquisición o en los dos ejercicios siguientes, sino era posible descontar la totalidad en el mismo ejercicio. En consecuencia, en el año gravable 1998 la sociedad podía solicitar el descuento por los bienes adquiridos en 1998, 1997 y 1996.

No los del año 1995, porque, evidentemente, tenía hasta el año gravable 1997 para solicitarlos, pero si venció la oportunidad para hacerlo y podía sustentar la partida con adquisiciones de años posteriores, a juicio de la Sala debía aceptarse el descuento con las partidas que sí eran procedentes.

Sin embargo, para la Sala no basta señalar que la adquisición se hizo en 1996 para aceptar el descuento sin mayor análisis y con el simple argumento de que las facturas allegadas al expediente ascendieron al valor solicitado como descuento en 1998. Esto no es suficiente.

Para la Sala, ante un cambio de concepto por el cual se solicitó el descuento del IVA y teniendo en cuenta que ya había transcurrido más de un año gravable posterior a la adquisición de los bienes, la sociedad debió demostrar que el monto solicitado en esta oportunidad no lo fue en el año 1996 (fecha de adquisición), ni en 1997, para que le fuera aceptado su argumento, pues no existe certeza para la Sala que el descuento ahora pretendido no se hubiera solicitado en años anteriores a 1998 y que, en efecto, todo el descuento se podía efectuar en este año gravable.
  (2015-11-12) [Mas Información]
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SISTEMA DE INVENTARIOS PERMANENTES - Determinación del costo de venta.
    CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION FIRMADA POR CONTADOR - Deben determinar el costo de enajenación de activos movibles por el sistema de inventario permanente.
Pues bien, para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: "juego de inventarios", "inventarios permanentes o continuos", o "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico...".

Cuando se lleva el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable.

Lo que responde a la siguiente fórmula matemática: inventario inicial + compras - inventario final. Mientras que en el sistema de "inventarios permanentes o continuos" el costo se contabiliza en tarjetas u hojas especiales, diseñadas para llevar el control permanente de las mercancías, las que hacen parte integrante de la contabilidad, donde se registran las unidades compradas, vendidas, o consumidas, el costo de lo vendido y de lo comprado; al final del ejercicio se hace constar en el libro de inventarios, el costo de las existencias.
  (2015-11-11) [Mas Información]
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FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA - La disminución por tal motivo no esta autorizada para el sistema de inventario permanente.
    MERCANCIA RETIRADA POR VENCIMIENTO O DESTRUCCION - Puede admitirse su deducción como expensa necesaria.
La Sala en sentencia de 27 de octubre de 2005 precisó que el artículo 64 del Estatuto Tributario autoriza la disminución del inventario final, para los contribuyentes que adoptan el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras" y si se demuestra la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse sumas mayores.

También se señaló que cuando se trata de contribuyentes que deben adoptar el sistema de inventarios permanentes, el régimen tributario no prevé la disminución del inventario de las existencias del respectivo ejercicio, por concepto de faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, pues tal concepto se maneja a través de una provisión (artículo 14 del Decreto 2650 de 1993 -estatuto contable), la cual no es deducible para efectos de determinar el impuesto sobre la renta.

Sin embargo se puntualizó que "tratándose de activos movibles que tengan que ser retirados por vencimiento o destrucción y que no puedan ser comercializados de ninguna manera, ni consumidos, ni usados, podría llegar a admitirse su valor como "expensa necesaria" deducible, siempre y cuando se demuestre, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad; y además, que el contribuyente, demuestre que tal deducción no ha sido reconocida por otros medios, como por ejemplo, el caso de los contribuyentes que llevan el sistema de juego de inventarios, donde tal disminución puede ser tratada como costo (art. 64 E. T.)".
  (2015-11-11) [Mas Información]
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DECLARACION FIRMADA POR CONTADOR O REVISOR FISCAL - Los contribuyentes que la presentan pueden solicitar como deducción los inventarios dados de baja.
    INVENTARIOS DADOS DE BAJA POR DISPOSICIÓN LEGAL - Al aceptarse la deducción tiene relación con la causalidad con la renta.
Aunque la sentencia decidió sobre la procedencia del costo de ventas, las razones expuestas permite considerar que cuando se solicita por medio de deducción, no debe rechazarse si se demuestra los elementos de las expensas necesarias previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, norma común para costos y deducciones.

Así, la anterior posición jurídica fue reiterada en la sentencia de 19 de julio de 2007 para reconocer como deducción solicitada por la actora la destrucción de inventarios, específicamente medicamentos, soportadas con actas de baja, suscritas por funcionarios competentes y avaladas por el revisor fiscal de la sociedad.

Ahora bien, el valor de los inventarios dados de baja por el cumplimiento de disposiciones legales, disminuye la renta bruta y por tanto tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta, es decir con el objeto social (fabricación de productos farmacéuticos y químicos), pues, aunque no tengan una relación directa con el ingreso obtenido en desarrollo de su actividad en la medida en que para obtener el ingreso no se requiere su pago, sí es una expensa que deben cumplir los fabricantes de medicamentos.

Así las cosas y aunque la sociedad en los términos del artículo 596 del Estatuto Tributario esté obligada a presentar su declaración de renta firmada por revisor fiscal y determinar el costo de enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes, el valor de los medicamentos retirados del inventario para su destrucción conforme a las normas legales de control sanitario, debe aceptarse como deducción en el impuesto de renta y complementarios, como lo solicitó en su declaración de corrección y lo aceptó el Tribunal en la decisión apelada.
  (2015-11-11) [Mas Información]
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INSPECCION TRIBUTARIA - Debe practicarse efectivamente para que suspenda el término de notificación del requerimiento especial. Prueba tributaria diferente de la contable.
    NOTIFICACION DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL - Suspensión del término.
Pues bien, el artículo 714 del Estatuto Tributario establece que la declaración privada quedará en firme si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento especial. Que si la declaración presenta un saldo a favor, los dos años para notificar el requerimiento especial se contaran desde la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación.

Concordante con lo anterior el artículo 705 ibídem señala como término para notificar el requerimiento especial "a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar […]".Es importante precisar que antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995 la suspensión del término para notificar el requerimiento por motivo de la inspección tributaria, operaba mientras durara la inspección, pero máximo por tres meses. Y este lapso empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practicaba, es decir, no bastaba la notificación del auto que ordenaba la inspección para que operara la suspensión.

Como consecuencia de la modificación introducida por esa ley, el plazo para dictar el requerimiento especial se suspende por un término fijo de tres meses, los cuales se cuentan a partir de la fecha de notificación del auto decrete la inspección tributaria, como lo señala de manera expresa la norma.

En todo caso, la Sala ha considerado que no basta que se decrete la inspección tributaria para que se suspenda el término, sino que debe practicarse efectivamente, pues mientras los comisionados o inspectores no inicien las actividades propias de su encargo, no puede entenderse, como es obvio, que hubiesen ejercido alguna "inspección" ni menos que se dé la suspensión del mencionado término.
  (2015-11-11) [Mas Información]
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PAGOS LABORALES LIBERALES - Son deducibles siempre que reúnan los requisitos de las expensas necesarias.
    MEDICINA PREPAGADA - Es deducible por ser una expensa necesaria.
La Sala se ha pronunciado igualmente en relación con ciertos pagos laborales que pueden tener el carácter de deducibles, independientemente de que no sean salario ni factor prestacional, pues constituyen pagos laborales que necesariamente inciden en la productividad de la empresa y por ende eran gastos que aminoran la base gravable de imposición.

En efecto, en la sentencia de 13 de octubre de 2005, mediante la cual se anuló el Concepto de la DIAN 57621 del 12 de septiembre de 2003, se advirtió que no se podía negar, de manera general, los pagos efectuados a los trabajadores por mera liberalidad, pues podían existir pagos laborales esporádicos u ocasionales, que no perdían la connotación de necesarios, lo cual debía analizarse en cada caso concreto.

En primer lugar, en relación con los pagos de medicina prepagada, la Sala ha considerado que "el servicio de medicina prepagada se estima como una forma de remuneración para los trabajadores, que son parte fundamental en la consecución de los ingresos de la empresa, la cual debe velar por sus condiciones de salud que son necesarias para que la empresa consiga su objeto social enderezado a generar renta. En otras palabras, este tipo de gastos guarda estrecha relación con la actividad generadora de renta de la empresa y resultan necesarios para este propósito".

Así mismo, ha señalado que "el carácter laboral del gasto, permite igualmente afirmar que existe un nexo causal frente a la actividad productora de renta, puesto que la fuerza laboral constituye, sin duda, un elemento indispensable en la producción de la renta, y por la misma razón, resulta necesario el gasto, para la obtención efectiva del ingreso, en cuanto incide de manera directa en la productividad de la empresa".
  (2015-11-10) [Mas Información]
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INJERENCIA DEL GASTO - Debe probarse para que proceda la deducción de la expensa necesaria.
    RELACION DE CAUSALIDAD - Concepto. Alcance / NECESIDAD - Concepto / PROPORCIONALIDAD - Alcance.
La Sala ha reiterado que la relación de causalidad significa que los gastos, erogaciones o simplemente salida de recursos del contribuyente, deben guardar una relación causal, de origen - efecto, con la actividad u ocupación que le genera la renta al contribuyente.

Esa relación, vínculo o correspondencia debe establecerse entre la expensa (costo o gasto) y la actividad que desarrolla el objeto social (principal o secundario) pero que en todo caso le produce la renta, de manera que sin aquella no es posible obtenerla.

O, como recientemente lo precisó la Sala, la conexidad debe ser entre el gasto y la actividad generadora de renta, o mejor, con la productividad de la empresa, conexidad que se mide por la injerencia (nexo) que tiene el gasto en dicha actividad y, por ende, en dicha productividad (efecto).

Así mismo, la Sala ha precisado que el artículo 107 del E.T no exige que a instancia del gasto se genere un ingreso, lo que exige es que tenga relación de causa y efecto, pero no como gasto-ingreso, sino como gasto-actividad (productividad).

Por eso, se considera que la injerencia que tiene el gasto en la productividad puede probarse con el ingreso obtenido, pero esa no necesariamente es la única prueba de la injerencia, si por tal se entiende la acción de "Entremeterse, introducirse en una dependencia o negocio".

En cuanto a la necesidad del gasto se ha considerado que por expensas necesarias se debe entender que son gastos que se generan de manera forzosa en la actividad productora de renta, de manera que sin tales gastos no se puede obtener la renta. Son indispensables aunque no sean permanentes sino esporádicos.
  (2015-11-10) [Mas Información]
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FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA - La disminución por tal motivo no esta autorizada para el sistema de inventario permanente.
    MERCANCIA RETIRADA POR VENCIMIENTO O DESTRUCCION - Puede admitirse su deducción como expensa necesaria.
La Sala en sentencia de 27 de octubre de 2005 precisó que el artículo 64 del Estatuto Tributario autoriza la disminución del inventario final, para los contribuyentes que adoptan el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras" y si se demuestra la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse sumas mayores.

También se señaló que cuando se trata de contribuyentes que deben adoptar el sistema de inventarios permanentes, el régimen tributario no prevé la disminución del inventario de las existencias del respectivo ejercicio, por concepto de faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, pues tal concepto se maneja a través de una provisión (artículo 14 del Decreto 2650 de 1993 -estatuto contable), la cual no es deducible para efectos de determinar el impuesto sobre la renta.

Sin embargo se puntualizó que "tratándose de activos movibles que tengan que ser retirados por vencimiento o destrucción y que no puedan ser comercializados de ninguna manera, ni consumidos, ni usados, podría llegar a admitirse su valor como "expensa necesaria" deducible, siempre y cuando se demuestre, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad; y además, que el contribuyente, demuestre que tal deducción no ha sido reconocida por otros medios, como por ejemplo, el caso de los contribuyentes que llevan el sistema de juego de inventarios, donde tal disminución puede ser tratada como costo (art. 64 E. T.)".
  (2015-11-10) [Mas Información]
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Sección Cuarta


FALTA DE PRUEBA SOBRE LA REALIZACION DE COSTOS - Da lugar a la sanción por inexactitud.
    SANCION POR INEXACTITUD - Improcedencia.
En relación con la interpretación de esta norma, la Sección había sostenido de manera reiterada que ni por controversias de interpretación, ni por falta de pruebas era pertinente aplicar la sanción.

Que si los rechazos obedecían a falta de prueba -contable o no- o a defectos formales en su comprobación debía hacerse un examen analítico y probatorio y establecerse la falsedad, inexistencia, simulación, etc., de los costos, gastos y demás partidas objeto de glosa oficial, puesto que entre otros, la sanción estaba prevista en el evento de que el contribuyente solicitara costos, deducciones, pasivos, etc., en los que no hubiera incurrido efectivamente de los cuales derivara un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor .

Sin embargo, recientemente la jurisprudencia de la Sala ha tenido por criterio que la falta de prueba sobre la realidad y procedencia de las partidas declaradas no es motivo para no aplicar la sanción por inexactitud.
  (2015-11-09) [Mas Información]
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Sección Cuarta


REALIDAD DE LOS INGRESOS - Cuando no se pueden probar a través de la contabilidad procede la sanción por irregularidades en la contabilidad.
    SANCION POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD - Causales.
Según los actos demandados, la DIAN impuso la sanción porque se dieron las siguientes causales del artículo 654 del Estatuto Tributario:
  • "d) Llevar doble contabilidad.

  • e) No llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones".
Y con base en el artículo 655 del mismo estatuto, señaló que sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, aplicó la sanción por libros de contabilidad del medio por ciento (0.5%) del Para la Sala, la decisión del Tribunal se confirmará, pues de la contabilidad de la actora no se pudo establecer la realidad de los ingresos obtenidos por la venta de divisas, sino que fue necesario determinarlos con base en los testimonios de las sociedades que compraron las divisas.

El artículo 654 en su literal e) establece como causal para la imposición de la sanción que no se lleven los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos, que fue precisamente lo que ocurrió en relación con los ingresos de la sociedad.

La norma no establece la obligatoriedad de demostrar por parte de la Administración la responsabilidad subjetiva del agente o la culpabilidad, como lo pretende la sociedad.
  (2015-11-09) [Mas Información]
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Sección Cuarta


BIENESTARINA - Único producto exento del impuesto sobre las ventas.
    BIENES EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTAS - Su enunciación es taxativa. Bienestarina bien excluido.
De acuerdo con el artículo 420 del Estatuto Tributario, tratándose de la enajenación de bienes corporales muebles, estos se entienden gravados, salvo que la ley de manera expresa haya dispuesto su exclusión.

En ese sentido, el artículo 424 ibídem, conforme con la modificación del artículo 30 de la Ley 788 de 2002, vigente para el período en discusión, hace una relación taxativa de los bienes excluidos del impuesto sobre las ventas, utilizando para ese fin la nomenclatura arancelaria común del sistema armonizado de designación y clasificación arancelaria de mercancías, en la que se incluyó el producto denominado Bienestarina, que el legislador ubicó en la partida 19.01.

Conforme se observa en los antecedentes legislativos que dieron origen a la Ley 788 de 2002, esta exclusión resultó de la propuesta inicial, de no gravar, de la partida 19.01, las preparaciones alimenticias de harina, almidón y fécula.

Los debates en la Cámara de Representantes y en el Senado dieron como resultado que estas preparaciones quedaran gravadas con una tarifa del 7% y que únicamente estuviera excluido del impuesto sobre las ventas el producto denominado Bienestarina. Así las cosas, no cabe realizar una interpretación en cuanto a las partidas o subpartidas arancelarias del arancel de aduanas, puesto que no se excluyó una nomenclatura arancelaria o la composición o materia de un producto sino un bien específico.

En ese sentido, cuando la norma excluye del impuesto al bien ubicado en la partida 19.01 Bienestarina, debe entenderse que solo éste producto goza del beneficio tributario, dado que, en este caso, se menciona la nomenclatura arancelaria únicamente como referente para identificar la posición en la que se clasificaría en el arancel de aduanas.
  (2015-11-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta


DEBIDO PROCESO - Para que proceda como causal de nulidad debe demostrarse que la prueba se obtuvo con violación del debido proceso.
    FALTA DE PRUEBA - No es causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución Nacional.
De acuerdo con el artículo 420 del Estatuto Tributario, tratándose de la enajenación de bienes corporales muebles, estos se entienden gravados, salvo que la ley de manera expresa haya dispuesto su exclusión.

De conformidad con el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil entre los requisitos para alegar las nulidades se encuentra el deber de expresar el interés de la parte para proponerla, la causal invocada y los hechos en que se fundamenta.

En efecto, al tratarse las nulidades de mecanismos procesales que permiten que taxativas irregularidades se corrijan y se logre ajustar el procedimiento, su ocurrencia es excepcional y cuando se presentan, tanto el juez como las partes están sometidos al cumplimiento de los requisitos legales para su trámite y decisión.

En este sentido se advierte, que la parte demandante invoca como causal de nulidad la trasgresión de los artículos 229 de la Carta, 304 del C.P.C y 170 del C.C.A., lo cual por sí solo ni por sus fundamentos, encuadra en alguna de las causales señaladas en el artículo 140 del C.P.C. En relación con el artículo 29 de la Carta, se observa que aunque jurisprudencialmente se ha aceptado su estudio como causal de nulidad, su fundamento debe estar dado porque la prueba se haya obtenido con violación del debido proceso, es decir, sin atender a los principios de publicidad y contradicción.

De lo expuesto por la demandante, es claro que la aducida falta de actividad probatoria no corresponde a la causal de nulidad prevista en el artículo 29 C.P., máxime cuando se refiere a una prueba que corresponde a una simple certificación con destino a otro proceso.
  (2015-11-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta


DECLARACION POR NO PRESENTADA - No opera isp jure. Debe haber un acto previo que así declara la declaración. No es subsanable con las correcciones posteriores a su presentación.
    RETENCION EN LA FUENTE - Se da por no presentada cuando no se paga y su corrección posterior no subsana la declaratorio de no presentada.
En primer término, es importante precisar que la "declaración que se tiene por no presentada", es una consecuencia por incurrir en alguno de los eventos previstos en el artículo 580 del Estatuto Tributario, y que la declaración privada así presentada, quedará en firme, si dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para declarar no se ha notificado acto administrativo que la declare como no presentada, perdiendo con ello la administración la facultad para aforar y sancionar.

En ese sentido, debe señalarse que ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación apoyada en la interpretación del artículo 580 del Estatuto Tributario, según la cual la ocurrencia de cualquiera de las causales para considerar como no presentada una declaración no opera ipso jure, pues con el fin de garantizar el derecho de defensa del contribuyente, se requiere de un acto administrativo que así lo declare.

Lo anterior verifica la finalidad del artículo 11 de la Ley 1066 de 2006, de tener como "no presentadas" las declaraciones de los agentes retenedores que no paguen de manera oportuna las sumas recaudadas, norma que se haría inoperante de contemplarse la posibilidad de subsanar esta omisión, pues conllevaría a la morosidad en el pago de los valores recaudados.

A su vez, se debe señalar que el pago de intereses moratorios no subsana el incumplimiento de este deber legal, por cuanto como se observó, éste exige sin lugar a dudas, que el recaudo se realice de manera total y en el término legal.

Por ninguna parte la normativa en estudio permite el pago parcial o extemporáneo. De lo anterior se observa que con fundamento en la Ley 223 de 1995, que adicionó el Estatuto Tributario pueden corregirse las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 580.
  (2015-11-05) [Mas Información]
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Sección Cuarta


DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE - Puede pagarse con Certs. No se aceptan pagos parciales.
    CERT - Apoyo para las importaciones. Pueden ser instrumentos de pago de impuestos.
La Ley 48 de 1983 creó el certificado de Reembolso Tributario - CERT como un instrumento de apoyo a las exportaciones. Posteriormente la Ley 7ª de 1991 dispone en su artículo 7º que el CERT, creado por la Ley 48 de 1983, continuará siendo un instrumento libremente negociable, y que el Gobierno Nacional determinará los criterios, requisitos, condiciones y procedimientos para el reconocimiento, expedición, redención, negociación y caducidad de los CERT, así como las entidades autorizadas para realizar dichas operaciones, los beneficiarios y los impuestos que puedan ser pagados con ellos.

De lo anterior se establece que una vez expedidos y entregados los CERT, estos son títulos que se radican en cabeza del respectivo beneficiario, para el caso en examen en Colcerámica S.A., quién como titular de los mismos puede negociarlos libremente en el mercado secundario o utilizarlos en el pago de impuestos, por lo que no puede predicarse que sean una suma que el Estado tenía a favor de la sociedad.

Cabe precisar que la palabra "pago" prevista en el literal e) ibídem, debe interpretarse atendiendo a su sentido natural y obvio, y a la finalidad de la norma que la incluyó en el Estatuto Tributario. Por tanto, entender que a partir de esta se permite un pago parcial de la declaración de retención en la fuente, sería darle una interpretación que no responde a los propósitos del legislador, y conllevaría la existencia de saldos por las sumas recaudadas en manos del agente retenedor, lo que haría ineficaz la aplicación de la norma.

En ese orden de ideas, el incumplimiento de la obligación tributaria de pagar las retenciones con la presentación de la declaración tributaria, en el que incurrió la sociedad actora, implica que para la fecha de esa presentación ésta se tuviera como no presentada, de conformidad con el literal e) del artículo 580 del Estatuto Tributario.
  (2015-11-05) [Mas Información]
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Sección Cuarta


DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS - Lo son las de retención en la fuente cuando se presentan sin pago.
    FECHA DE PAGO DEL IMPUESTO - Cuando los valores hayan ingresado a las oficinas de la DIAN o a los bancos autorizados.
Para el apelante, la exigencia legal prevista en el literal e) del artículo 580 del Estatuto Tributario, que dispone que la declaración de retención en la fuente debe presentarse con pago, so pena de no entenderse cumplido el deber de declarar, requiere que el pago sea total y simultáneo a la presentación de la declaración.

De acuerdo con la norma antes transcrita, el agente de retención debe presentar su declaración con pago, esto es, debe poner a disposición del Estado la totalidad de los recursos retenidos, dentro de los plazos previstos para ello, exigencia que se fundamenta en que el agente retenedor no es el sujeto pasivo de los impuestos recaudados en forma anticipada, por tanto resulta inadmisible la morosidad del pago de los valores recaudados.

La "recaudación" implica una atribución radicada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo que tiene el derecho de exigir el pago de los recursos del Estado, y el deber de gestionar los procedimientos señalados en la Ley, para que la recaudación sea efectiva, aplicar las sanciones a quienes impidan, retarden u obstaculicen el ejercicio de sus funciones.

Con fundamento en el artículo 800 del Estatuto Tributario la recaudación de los impuestos y retenciones administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se realiza por medio de los bancos y demás entidades financieras.

El artículo 803 ibídem establece que se tendrá como fecha de pago del impuesto, respecto de cada contribuyente, aquélla en que los valores imputables hayan ingresado a las oficinas de Impuestos Nacionales o a los bancos autorizados, aun cuando se hayan recibido inicialmente como simples depósitos, buenas cuentas, retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a su favor por cualquier concepto.
  (2015-11-05) [Mas Información]
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Sección Cuarta


INGRESOS GRAVABLES - Base para determinar el impuesto sobre la renta.
    TASA DE COMPRA DE DIVISAS - Determinación
Pues bien, para la Sala, contrario a lo determinado por el Tribunal, el cálculo de los ingresos por venta de divisas efectuado por el dictamen pericial no tiene el alcance de desvirtuar la determinación oficial, toda vez que la norma en la que se fundamenta la actora y la prueba técnica, es una disposición propia del impuesto sobre las ventas, cuyo hecho generador y base gravable difiere ampliamente del hecho generador y la base gravable del impuesto de renta.

En efecto, la actora no puede considerar que en materia del impuesto sobre la renta, el ingreso del cual se parte para establecer la base gravable corresponda a la ganancia real del contribuyente, pues, salvo las excepciones legales, conforme con el artículo 26 del Estatuto Tributario, la renta líquida gravable, que es la base gravable del impuesto, se calcula sobre todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año gravable, de los cuales se restan, en primer lugar, las devoluciones, rebajas y descuentos, y luego los costos y deducciones realizados en el año.

Es decir, como ingreso no se puede declarar un resultado de una operación en la que se arroja una ganancia, pues la ganancia o la utilidad, para efectos del impuesto de renta, se da una vez se han depurado los ingresos, con los conceptos que autorizan las normas tributarias.

En consecuencia, la Sala encuentra ajustada a derecho la determinación oficial de los ingresos de la sociedad por venta de divisas con base en los cruces de información de terceros, cuyo contenido, fue conocido por la sociedad y no fue controvertido.
  (2015-11-04) [Mas Información]
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Sección Cuarta


LIBROS DE CONTABILIDAD - La no presentación es indicio grave siempre que la Administración los haya solicitado y el contribuyente no los haya aportado.
    PRUEBAS ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSA - Así sean diferentes a las presentadas ante la administración no se pueden descartar.
En primer lugar el hecho de que la actora hubiera allegado con ocasión de la acción contenciosa documentos contables que no fueron presentados ante la Administración y que los mismos hubieran sido tenidos en cuenta tanto por el dictamen pericial como por el Tribunal, no es un hecho que impida valorarlos en el proceso.

Como lo ha considerado la Sala reiteradamente, no se pueden descartar las pruebas que han sido decretadas y practicadas debida y oportunamente ante la Jurisdicción, aunque sean diferentes a las recaudadas ante la Administración, o que no fueron practicadas por la misma Administración, pues de lo contrario, sería desconocer el objeto de la Jurisdicción y la naturaleza de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

La demanda de nulidad y restablecimiento de derecho debe contener, entre otros aspectos, la petición de pruebas que el demandante pretenda hacer valer, conforme con el artículo 137 [5] del Código Contencioso Administrativo. Si las pruebas están en su poder, las debe acompañar con la demanda según lo establece el artículo 139 ibídem.
  (2015-11-04) [Mas Información]
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Sección Cuarta


CONCEPTOS DE LA DIAN - No pueden regular materias que son de competencia del legislador.
    AUTO DECLARATIVO QUE DA POR NO PRESENTADA LA DECLARACION - Contra el procede los recursos de reposición y apelación.
Entiéndase de lo anotado que las instrucciones que en materia tributaria emita la DIAN y que tengan como destinatarios las dependencias y funcionarios de dicha entidad, no pueden desconocer los mandatos constitucionales y legales, ni apartarse de las disposiciones superiores en relación con tales materias.

Así las cosas, las instrucciones que impartan, deben propender por el estricto cumplimiento de las normas tributarias vigentes, sin que les sea posible regular aspectos que, como ya se dijo, no son de su competencia. Además, es importante precisar que la referida circular no incidió en la declaración y pago de las retenciones en la fuente del año 2006, dado que, al ser proferida con posterioridad a su presentación, no podría alegarse que indujo a error al contribuyente.

Conforme a lo anterior, los recursos procedentes para ejercer el derecho de defensa y contradicción contra el auto declarativo, corresponden a los recursos establecidos en los artículos 50 y 51 del Código Contencioso Administrativo, que son los de reposición y apelación, y en dicho sentido se debe acoger lo expuesto por el apelante.

Así las cosas, se encuentra que el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo dispone que el recurso de reposición será resuelto por el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque, situación que fue observada en los actos demandados, en tanto que el auto declarativo fue expedido por el Jefe del Grupo de Investigaciones Especiales de la División de Fiscalización, que fue el mismo funcionario que resolvió el recurso de reposición.
  (2015-11-04) [Mas Información]
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Sección Cuarta


SANCION PARA FIRMAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CERTIFICAR PRUEBAS CON DESTINO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Conducta sancionable.
    INEXACTITUD DE DATOS CONTABLES - Es la falta de correspondencia entre asientos contables, la realidad económica y los hechos acaecidos.
La Sala advierte, como se precisó antes con fundamento en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que la conducta sancionable en el artículo 660 del E.T., se concreta en "la inexactitud de datos contables" la cual da origen a un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en la cuantía que allí se establece.

Ahora bien, tal "inexactitud", debe entenderse como la falta de correspondencia entre los asientos contables y la realidad económica y los hechos acaecidos.
  (2015-10-30) [Mas Información]
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Sección Cuarta


SANCION A ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES LEGALES QUE DEBEN CUMPLIR DEBERES FORMALES Y SANCION PARA FIRMAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CERTIFICAR PRUEBAS CON DESTINO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Son diferentes.
Al respecto se resalta que en el caso, no es aplicable dicha norma por lo siguiente: el artículo 26 mencionado modificó el inciso 2º del artículo 658-1 del Estatuto Tributario, disposición que establece la sanción a administradores y representantes legales que deben cumplir deberes formales [art. 572 ib], que ordenen y/o aprueben la omisión de ingresos gravados, doble contabilidad, inclusión de costos y deducciones inexistentes y pérdidas improcedentes, y al revisor fiscal que haya conocido tales irregularidades sin expresar la salvedad correspondiente; sanción consistente en multa del 20% de la impuesta al contribuyente infractor, la cual se debe proponer, determinar y discutir de manera individualizada dentro del proceso que a éste se adelante.

Se observa que se trata de sanción distinta a la que es objeto de este proceso, pues si bien, la prevista en el 658-1 también está destinada al revisor fiscal, a él se impone si conociendo las irregularidades expresamente señaladas en la norma, no expresó salvedad; además, consiste en multa y no en suspensión de facultades como la discutida.

De otra parte, dado que a través de la sentencia citada por la actora, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 26 en comento, no es aplicable lo dicho por esa Corporación, en el presente caso en el que se reitera, se discute la sanción de que trata el artículo 660 del Estatuto Tributario, que tiene expresamente un procedimiento particular.
  (2015-10-30) [Mas Información]
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Sección Cuarta


FALTA DE PRUEBA DE PASIVOS - No es sancionable a la luz del artículo 660 del Estatuto Tributario.
En el sub examine se observa que la administración propuso a la demandante la sanción del artículo 660 del E.T., por incurrir en inexactitud de datos contables consignados en la declaración de renta de 2000 de la sociedad Auditorías y Asesorías Jurídicas S.A., al aceptar como documentos soporte del registro de pasivos, recibos de caja, los cuales "no constituyen documentos idóneos para la prueba de pasivos".

De lo anterior se observa, que en el proceso sancionatorio adelantado contra la demandante, la administración cuestiona la falta de requisitos legales para soportar los pasivos declarados, lo que si bien puede dar lugar a su rechazo a la luz de la normatividad tributaria y dentro del proceso de determinación oficial del tributo, tal situación no corresponde a la descripción de la conducta con la que se pretende sancionar al revisor fiscal.

En efecto, la no aceptación de los "recibos de caja" presentados por Auditorías y Asesorías Jurídicas S.A. para demostrar los pasivos declarados en la liquidación privada, no implica per se que la sociedad no haya adquirido tales obligaciones, es decir, que lo que se le imputa en el caso a la demandante, no es la falta de correspondencia entre los datos contables y la realidad económica, sino la carencia de soportes para demostrar tales pasivos, porque los aportados no reúnen los requisitos para acreditarlos.
  (2015-10-30) [Mas Información]
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SUSPENSION DE LA FACULTAD DE FIRMAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CERTIFICAR PRUEBAS CON DESTINO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Presupuestos
De conformidad con el contenido del artículo 660 y la interpretación que del mismo hizo la Corte Constitucional en la providencia transcrita, los supuestos que integran la norma son:
  • Conducta sancionable:
"La inexactitud de datos contables consignados en la declaración tributaria" de la cual se derive un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor del contribuyente, establecido dentro de un proceso de determinación del tributo, en el que se haya agotado la vía gubernativa, siempre y cuando, la diferencia supere el tope señalado.
  • Sanción:
Consiste en suspenderle al contador, auditor o revisor fiscal, que haya firmado la declaración privada, la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la administración tributaria, "hasta por un año la primera vez; hasta por dos años la segunda vez y definitivamente en la tercera oportunidad".
  • Competente para imponerla:
El Administrador de Impuestos respectivo, mediante resolución, susceptible del recurso de apelación. Procedimiento: El contemplado en el artículo 661 del Estatuto Tributario.
  (2015-10-30) [Mas Información]
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Es independiente del de avisos y tableros.
    EXPLOTACION DE PEAJES - La instalación de una caseta en jurisdicción del municipio no constituye actividad comercial o de servicios.
La Sala reitera la posición jurisprudencial de la Corporación, en el sentido de que la causación del Impuesto de Industria y Comercio no implica per se que se genere el Impuesto de Avisos y Tableros, claramente diferenciado en sus elementos esenciales, toda vez que para que surja la obligación tributaria es indispensable la utilización del espacio público para anunciar y difundir su actividad industrial, comercial o de servicios mediante la colocación de avisos y tableros, por lo que si ello no ocurre, se carece de la calidad de sujeto pasivo.

Con respecto a la actividad denominada: "explotación de peajes", esta Sala reitera que el hecho de instalar una estación de peaje en una vía pública ubicada en jurisdicción territorial de un municipio, no constituye, por sí mismo, una actividad comercial o de servicio. Esa actividad debe verse enmarcada dentro del contrato de concesión y según el objeto social de la empresa.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Dentro del proceso de cobro coactivo debe ser tratada como una excepción.
    EJECUTORIEDAD DEL TITULO EN COBRO COACTIVO - Solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho.
La Sala precisa que tal afirmación no sólo contradice la finalidad que persiguió el Legislador al expedir la Ley 1066 del 2006, que consistió en unificar el procedimiento de las entidades estatales para el cobro coactivo. De acuerdo con lo anterior, es forzosa la aplicación de las normas del Estatuto Tributario, y debe entenderse que las entidades con jurisdicción coactiva deben aplicar la totalidad de las disposiciones que conforman el Título VII del Libro Quinto que regulan el procedimiento administrativo coactivo, entre ellas el artículo 829 E.T. invocado por la actora.

Ahora bien, en relación con la alegada falta de ejecutoria del título que sustentó la actora en el numeral 4° del artículo 829 E.T., ha dicho la Sala:
    "Esta disposición crea una situación especial frente a la regla común sobre la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, contenida en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, según la cual, la ejecutoriedad de los mismos surge de su firmeza en sede administrativa, por cualquiera de los eventos señalados en ese artículo, de suerte que el sólo ejercicio de las acciones contencioso administrativas en su contra no afecta su obligatoriedad y fuerza ejecutoria.

    Esa situación especial contemplada en la norma tributaria, significa entonces lo contrario, que el uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí impide la ejecutoriedad del acto administrativo demandado, de tal manera que ella surge una vez se dicte la sentencia que ponga fin a dicha acción en caso de que no prosperen las pretensiones de la demanda, es decir, que no se declare la nulidad del acto".
De acuerdo con lo anterior, como lo consideró el a quo, la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, tiene una regla especial en materia tributaria, pues la ejecutoriedad del acto solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho que se hayan interpuesto.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - En los contratos de concesión de obras públicas son los ingresos derivados del contrato de concesión.
    ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION, EXPLOTACION Y OPERACIÓN DE OBRAS PUBLICAS - Cuando se ejecutan dentro de un contrato de concesión de obra pública son actividades de servicio que pueden gravarse con el impuesto de industria y comercio.
El artículo 33 de la Ley 14 de 1983 dispone que el Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho, con exclusión de:
  • Devoluciones ingresos proveniente de venta de activos fijos y de exportaciones,
  • recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y
  • percepción de subsidios.
Como los ingresos de una empresa como la demandante, con un objeto social como el descrito, corresponden al pago de las actividades ejecutadas en desarrollo, entre otros, de los contratos de concesión, tales ingresos, independientemente de la forma en que se pacte la remuneración, pueden ser gravados con el impuesto de industria y comercio.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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ESTATUTO TRIBUTARIO - Los municipios y departamentos debe aplicarlo en lo que se refiere al proceso de cobro coactivo.
    NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO DE PAGO - Su falta o indebida notificación conlleva a la ineficacia del título ejecutivo.
Observa la Sala que la Administración Tributaria puede adelantar proceso de cobro coactivo, con el fin de hacer efectivos los actos administrativos en donde conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, es decir, que preste mérito ejecutivo.

El título ejecutivo debe reunir las condiciones exigidas en el artículo 68 del C. C. A., por lo tanto señalará con precisión a los titulares de la relación jurídica, el contenido y objeto de la relación jurídica y el monto de las obligaciones exigibles.

Con base en el título ejecutivo en el que se identifique plenamente al obligado y, previa su debida notificación, la Administración debe dictar el mandamiento de pago.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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FALTA DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE - Conlleva a la falta de fuerza ejecutiva de los actos que fundamentan el mandamiento de pago.
    FUERZA EJECUTIVA - Se pierde cuando se notifica indebidamente los actos de determinación.
Claramente señala el legislador que el documento que sirva de soporte a un cobro coactivo, cuando de actos administrativos se trata, necesariamente debe estar revestido de la firmeza necesaria, y que sólo se obtiene cuando la administración lo ha notificado en debida forma al interesado.

Así, la fuerza ejecutiva de todo acto administrativo está sujeta a su ejecutoria, situación de la que igualmente emerge la oponibilidad del documento, ya que en la medida que la administración haya ocultado o no haya notificado en debida forma al interesado, no podrá exigirle el cumplimiento de la orden vertida en el documento con que culminó la actuación administrativa.

Consecuencia lógica de la falta o indebida notificación del acto administrativo, es la ineficacia del título ejecutivo, pues como lo predica el artículo 48 del C.C.A., "Sin el lleno de los anteriores requisitos (notificación en debida forma) no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales".

El incumplimiento del requisito de la debida identificación del contribuyente prevista en el artículo 712 del Estatuto Tributario y, por ende, la ilegal notificación de los actos de determinación conllevan la carencia de fuerza ejecutiva de los actos que fundamentan el mandamiento de pago.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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PLIEGO DE CARGOS - Es el acto previo a imponer sanción.
    ENTIDADES RECAUDORAS - Tienen la obligación de presentar correctamente la información a la Administración.
La Sala considera que es acertado lo que dijo el Tribunal en cuanto a que el procedimiento para imponer la sanción a las entidades recaudadoras es un procedimiento reglado y, por eso, se debe aplicar, únicamente, el artículo 678 del E.T. La aplicación de ese procedimiento no vulnera las normas citadas por la demandante.

Todo lo contrario, se acatan. En efecto, el artículo 6 de la Carta Política dispone que los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. En cambio, los servidores públicos lo son, por la misma causa, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

En esa medida, si el artículo 678 E.T. prevé que para garantizar el derecho de defensa los servidores públicos de la DIAN deben proferir, previo a imponer la sanción un pliego de cargos, más no un requerimiento previo para corregir, lo correcto es que, en acatamiento del artículo 6 de la Carta Política profiera el pliego de cargos.

Las entidades autorizadas para recaudar impuestos no deben esperar requerimientos para cumplir con sus deberes legales pues, precisamente, al tenor del mismo precepto constitucional, los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la ley.

En consecuencia, cuando a esas entidades se las autoriza para ejercer la función de recaudo, se comprometen a cumplir las obligaciones derivadas de esa función y, ante el incumplimiento, asumen las consecuencias.

El cumplimiento de estas disposiciones por parte de la DIAN como por las entidades autorizadas para recaudar, garantiza que la función administrativa se preste al servicio de los intereses generales bajo los principios que la orientan, al tenor de lo dispuesto en el artículo 209 de la Carta Política.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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Sección Cuarta


BUENA FE EN MATERIA TRIBUTARIA - Alcance.
    CARGA DE LA PRUEBA - En principio la tiene la administración. El contribuyente debe probar que no actuó de mala fe al entregar la información con errores.
Lo primero que precisa la Sala es que las obligaciones de cuyo incumplimiento derivan las infracciones administrativas por las que el actor fue sancionado, devienen de la Ley, independientemente de que, además, las entidades recaudadoras suscriban un convenio de compromiso con la DIAN para ejercer esa función.

En ese orden de ideas, no es pertinente al caso la aplicación de las disposiciones del Código Civil referidas a la ejecución de buena fe de los contratos (Art. 1603), responsabilidad del deudor en los contratos (Art. 1604) y reducción de la indemnización (art. 2357).

Ahora bien, en cuanto a la aplicación de la sentencia C-160 de 1998, es menester precisar que ese pronunciamiento constituye un precedente importante en cuanto a la naturaleza de la responsabilidad administrativa sancionatoria en materia tributaria, no obstante que esté referida a apartes concretos del artículo 651 E.T, toda vez que, en esa sentencia se dijo que en materia tributaria se aplican los principios y garantías propios del derecho penal, pero de manera restrictiva, pues el Estado también debe procurar garantizar el interés general que se persigue promover con su imposición.

Siguiendo la misma línea, también señaló que se aplican los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de las sanciones tributarias, para legitimar el poder punitivo del Estado. Como consecuencia de esta consideración, la Corte también aclaró que la Administración tiene la carga de probar el incumplimiento de la obligación, pero el administrado, para efectos de probar que no actuó de mala fe cuando remitió la información con errores y que el error no le reportó un beneficio no establecido en la ley, o daño a un tercero, asume la carga de la prueba.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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Sección Cuarta


FALTA DE MOTIVACION - Causal que da lugar a la nulidad por expedición irregular del acto administrativo. No prospera cuando no se prueba la falta de los hechos que da lugar a la sanción.
    FALSA MOTIVACION - Causal autónoma que se relaciona con el principio de legalidad de los actos. Requisitos para que prospere.
Conforme lo ha precisado la Sala, la falsa motivación es una causal autónoma que se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa.

Por eso, la violación al debido proceso no se configura por la falsa motivación, sino por la falta de motivación, causal que da lugar a la nulidad por expedición de forma irregular del acto administrativo. De manera que, reitera la Sala que, para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias:
    a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o

    b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.
Ahora bien, los hechos que fundamentan la decisión administrativa deben ser reales y la realidad, por supuesto, siempre será una sola. Por ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la Administración supuso que existía al tomar la decisión.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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Sección Cuarta


SANCION TRIBUTARIA - Graduación de la sanción. Criterios para imponer el máximo porcentaje.
    GRADUALIDAD DE LA SANCION - Aplicación a la sanción por inconsistencias en la información remitida. Factor de gradualidad.
La noma transcrita y, en particular, el alcance del vocablo "hasta" ha sido objeto de análisis por parte de esta corporación. Por eso, en esta oportunidad, la Sala reitera
    "(…) que cuando una norma, al establecer el monto de la sanción tributaria, utiliza la expresión "hasta", significa que la multa puede imponerse teniendo en cuenta un margen de flexibilidad que permita a la Administración graduar la sanción, sin que pueda entenderse que el porcentaje o valor que consagre, deba ser considerado como valor fijo, sino como un tope máximo.
La Sala considera que la fórmula utilizada tanto por la Administración como por el a quo contraviene el artículo 675 del E.T., pues desconoce en su totalidad la gradualidad que la norma exige aplicar.

Por tanto, y en consideración a que esta corporación tiene por sentado que para aplicar la gradualidad a la que hace referencia el citado artículo 675, basta valerse de una regla de tres, en donde el valor base de sanción previsto en cada uno de los numerales se aplica en su totalidad cuado el número de errores alcance el límite porcentual indicado en cada uno de los numerales, procede a calcular la sanción.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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Sección Cuarta


ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR - Esta actividad sólo se reguló hasta el año 2005, mediante la expedición del Decreto 1400.
    SOCIEDADES COMERCIALES - Antes del 2005 podían manejar los servicios de administración de las redes de los cajeros automáticos y los servicios derivados de la administración de los sistemas de pago de bajo valor, sistemas de tarjetas bancarias de pago en general, sistemas de pago y compensación.
De la lectura del artículo 110 del EOS, las sociedades de servicios técnicos o administrativos son sociedades anónimas, cuyo objeto exclusivo consiste en la prestación de servicios técnicos o administrativos necesarios para el giro ordinario de los negocios de dichas instituciones.

Mediante la Resolución 775 de marzo 6 de 1991, la Superintendencia Bancaria indicó que esas sociedades tendrían tal carácter, mientras el Gobierno Nacional no dispusiera otra cosa y precisó que podían considerarse como tales, aquellas sociedades cuyo objeto social corresponda, entre otros, al negocio de las "Empresas de sistemas y servicios de informática", facultadas para desarrollar, entre otras actividades la de "organización, conexión y administración de redes de cajeros automáticos para la realización de transacciones u operaciones"

Ahora bien, en cuanto a las Entidades Administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor debe tenerse en cuenta que sólo a partir del año 2003 la Ley 795 de 2003 facultó al Gobierno Nacional para regular estos sistemas de pago y las actividades vinculadas con ese servicio.

Esa actividad sólo se reguló hasta el año 2005, mediante la expedición del Decreto 1400. Con anterioridad a la fecha de expedición de ese Decreto, era una costumbre que esos servicios se prestaran por sociedades comerciales, autorizadas por la Superintendencia de Sociedades, o por asociaciones gremiales, autorizadas en el Distrito Capital por la Alcaldía Mayor, costumbre que, según lo manifestó la Superintendencia Financiera en el concepto interno del 2 de agosto de 2006, no fue objetado por la entonces Superintendencia Bancaria.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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ACTIVIDADES COMERCIALES O INDUSTRIALES - Al ser realizadas por las entidades gremiales son sujetos pasivos de industria y comercio.
    INGRESOS NO OPERACIONALES - Están gravados con el impuesto de industria y comercio.
En ese contexto, para la Sala, lo que determina si una actividad es gravada o no con el impuesto de industria y comercio, es si encaja dentro del concepto de actividad comercial, industrial o de servicios. Es claro que para las partes, la actividad es eminentemente de servicios.

Lo que se discute es, si al amparo del artículo 39 literal d) de la Ley 14 de 1983 y el literal c) del artículo 39 del Decreto 352 de 2002, los municipios tienen prohibido gravar con el Impuesto de Industria y Comercio a las asociaciones gremiales sin ánimo de lucro como la demandante cuando prestan servicios en los que se desnaturaliza la ausencia de lucro.

La Sala considera que si bien esas normas consagran la prohibición de gravar con el impuesto a las asociaciones gremiales sin ánimo de lucro, esa prohibición debe interpretarse en el entendido de que la actividad que realizan es propia de la actividad gremial que lleva intrínseca la voluntad de no percibir lucro.

La actividad que desarrolló la demandante es propia de una actividad empresarial que conlleva, intrínsecamente, el ánimo de lucro porque deviene de una actividad que, por disposición del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la desarrollan sociedades anónimas.

En síntesis, si bien la demandante fue creada como una asociación gremial sin ánimo de lucro, está probado que desarrolló actividades en las que obtuvo lucro. Por lo tanto, es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS - Es la colocación de vallas y avisos así sea en cumplimiento de disposiciones legales.
    FALTA DE MOTIVACION - Procede cuando la administración no sustenta las razones de hecho y de derecho que fundamentan su decisión.

    DERECHO DE DEFENSA - Se vulnera cuando no se motivan los actos administrativos.
Tratándose del impuesto de avisos y tableros es claro que se genera por el hecho de colocar "vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público." O por colocar "avisos en cualquier clase de vehículos.

Cuando el Distrito le formula a un contribuyente liquidación oficial por este impuesto debe motivar su decisión y precisar, además de la liquidación del impuesto, las razones de hecho y de derecho que la fundamentan, a efectos de que el contribuyente pueda controvertir tales razones.

En el caso concreto está probado que el Distrito formuló liquidación por el impuesto de avisos y tableros, y tanto en el requerimiento como en la liquidación oficial precisó la base gravable y la tarifa del impuesto. Sin embargo, en las consideraciones de los actos administrativos demandados el Distrito no motivó su decisión con ningún fundamento de hecho.

Tratándose del impuesto de avisos y tableros, como se precisó es indispensable que se encuentre probado que el contribuyente fijó vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público." O por colocó "avisos en cualquier clase de vehículos.

Aunque con ocasión del recurso de apelación el Distrito adujo que en el proceso obran las pruebas que dan cuenta de la ejecución de esos hechos, no se refiere a ninguna en particular y, así existieran, queda en evidencia que el Distrito omitió referirse a las mismas en los actos demandados y, por lo mismo, omitió su valoración.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Dentro del proceso de cobro coactivo debe ser tratada como una excepción.
    EJECUTORIEDAD DEL TITULO EN COBRO COACTIVO - Solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho.
La Sala precisa que tal afirmación no sólo contradice la finalidad que persiguió el Legislador al expedir la Ley 1066 del 2006, que consistió en unificar el procedimiento de las entidades estatales para el cobro coactivo. De acuerdo con lo anterior, es forzosa la aplicación de las normas del Estatuto Tributario, y debe entenderse que las entidades con jurisdicción coactiva deben aplicar la totalidad de las disposiciones que conforman el Título VII del Libro Quinto que regulan el procedimiento administrativo coactivo, entre ellas el artículo 829 E.T. invocado por la actora.

Ahora bien, en relación con la alegada falta de ejecutoria del título que sustentó la actora en el numeral 4° del artículo 829 E.T., ha dicho la Sala:
    "Esta disposición crea una situación especial frente a la regla común sobre la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, contenida en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, según la cual, la ejecutoriedad de los mismos surge de su firmeza en sede administrativa, por cualquiera de los eventos señalados en ese artículo, de suerte que el sólo ejercicio de las acciones contencioso administrativas en su contra no afecta su obligatoriedad y fuerza ejecutoria.

    Esa situación especial contemplada en la norma tributaria, significa entonces lo contrario, que el uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí impide la ejecutoriedad del acto administrativo demandado, de tal manera que ella surge una vez se dicte la sentencia que ponga fin a dicha acción en caso de que no prosperen las pretensiones de la demanda, es decir, que no se declare la nulidad del acto".
De acuerdo con lo anterior, como lo consideró el a quo, la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, tiene una regla especial en materia tributaria, pues la ejecutoriedad del acto solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho que se hayan interpuesto.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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ACTO DEFINITIVO TRIBUTARIO - Motivación: bases de cuantificación del tributo y explicación de modificaciones so pena de nulidad .
    MOTIVACION DE LAS LIQUIDACIONES OFICIALES - La ausencia de motivación de hechos y de derechos afectan su validez; falta de indicación de bases gravables para determinación del tributo y de las pruebas
Las liquidaciones oficiales de impuestos deben ser motivadas al menos sumariamente, según ordena el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 446 del Acuerdo Municipal 061 de 1993, pues de esta forma el particular conoce las razones que tuvo la Administración para tomar una decisión determinada, de suerte que pueda controvertirla a través de los respectivos medios de defensa.

Esta Corporación ha considerado en relación con los actos de determinación de las obligaciones tributarias que es necesaria la explicación de las razones que dieron origen a la liquidación oficial, las cuales, si bien pueden ser breves, deben determinar clara y completamente las diferencias resultantes entre los datos declarados y los determinados oficialmente, en acatamiento del debido proceso y del derecho de defensa. La ausencia de motivación afecta la validez de los actos administrativos.

Como se observa, la decisión de modificar la liquidación del impuesto de industria y comercio, y la determinación del anticipo para el periodo siguiente no se encuentran motivadas, pues las consideraciones del acto administrativo no son lo suficientemente indicativas de las razones de hecho y de derecho que tuvo en cuenta la Administración.
  (2015-10-28) [Mas Información]
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Sección Cuarta


COMPARACION PATRIMONIAL - eventos en los que procede.
    AJUSTES POR INFLACION - implican un mayor valor real de los activos. Debe probarse el efecto inflacionario sobre los activos.
Según el artículo 236 del E.T., cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta, resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio líquido del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas.

En seguida establece el artículo 237 del mismo estatuto que, para efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor de la ganancia ocasional neta y las rentas exentas. Luego la norma señala que, de esta suma, se sustrae el valor de los impuestos de renta y complementarios pagados durante el año gravable.

Adicionalmente, que en lo concerniente al patrimonio, se harán previamente los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales. Sobre el reconocimiento de ajustes por inflación para efectos del cálculo de la renta a través del sistema de comparación patrimonial, esta Sala ha señalado que estos ajustes implican un mayor valor real de los activos por efectos de la inflación y a su vez, un ingreso por el mismo concepto, por ello, no se consideran "nominales" ni están comprendidos dentro del ajuste al patrimonio que se realiza previamente a la determinación la renta por comparación patrimonial, a que se refiere el inciso segundo del artículo 237 del E. T..

La Sala también consideró en la providencia citada, que como el ajuste por inflación implica un ingreso que debe reflejarse en la declaración de renta, no es procedente restarlo automáticamente, para realizar el ajuste al patrimonio de que trata el artículo 237 del E.T., como sí ocurre con los "ajustes nominales".
  (2015-10-27) [Mas Información]
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Sección Cuarta


CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL - Requisitos para que obre como prueba contable.
    RENTA GRAVABLE - No es procedente que se lleve a un renglón de ingresos.
La Sala considera que no es acertada la afirmación de la parte actora, pues, de conformidad con el artículo 236 del E.T., la renta por comparación patrimonial es una renta gravable, es decir, una renta sobre la que se ha practicado la totalidad de las disminuciones que permite la legislación tributaria [artículo 26 E.T].

El renglón de "otros ingresos" por su parte, refleja, como su nombre lo indica, flujos de ingresos que se tienen en cuenta para el cálculo de la renta bruta, esto es, la renta previa a la disminución de las deducciones; de tal manera que sería incorrecto llevar una renta gravable a un renglón de ingresos.

Sobre la suficiencia probatoria de los certificados expedidos por revisores fiscales y contadores públicos, esta corporación ha dicho que, conforme con el artículo 777 del E.T., cuando se trata de presentar a la DIAN pruebas contables, son suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración para hacer las comprobaciones pertinentes.

Que ha sido criterio de la Sala que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad. Además, deben informar si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y si reflejan la situación financiera del ente económico.
  (2015-10-27) [Mas Información]
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MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA TRIBUTARIA - Requisitos. Garantía del derecho de defensa.
    PRINCIPIO DE CONGRUENCIA - No se vulnera porque la administración reconozca algunos argumentos de la defensa expuestos en la contestación al requerimiento especial.
La Sala recuerda que falta de motivación se denomina técnicamente: expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada, y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forma del acto administrativo, el modo de expedirse.

Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en el vicio de expedición irregular y, por ende, se configura la nulidad del acto administrativo. Para decidir si la liquidación oficial demandada fue debidamente motivada, la Sala considera que, en los términos del artículo 712 del E.T., la liquidación oficial de revisión debe contener entre otros elementos, una explicación sumaria de las modificaciones efectuadas a la liquidación privada.

Esta exigencia constituye una garantía a favor del contribuyente, como mecanismo de salvaguarda de sus derechos de defensa y al debido proceso. Sobre la motivación de los actos administrativos a través de los cuales se determinen obligaciones tributarias, esta Sala ha señalado que es necesaria la explicación de las razones que dieron origen a la liquidación oficial, las cuales, si bien pueden ser breves, deben determinar clara y completamente las diferencias resultantes entre los datos declarados y los determinados oficialmente.
  (2015-10-27) [Mas Información]
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Sección Cuarta


LIQIUDACION OFICIAL DE REVISION - Debe limitarse a la declaración del contribuyente y a los hechos del requerimiento especial.
    AMPLIACION DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL - Finalidad. Improcedencia cuando no se incluyen hechos nuevos.
Para resolver el cargo propuesto, la Sala considera que el artículo 711 del E. T. funge como una limitante al contenido de la liquidación oficial de revisión. Tal disposición exige que se guarde identidad entre el requerimiento especial, su ampliación si la hubiere y la liquidación oficial de revisión.

Esta limitante, como forma concreta de la garantía del derecho al debido proceso, constituye lo que la jurisprudencia de esta corporación ha definido como el principio de identidad. Sobre el particular, la Sala ha señalado que según el artículo 703 del E.T., para expedir la liquidación oficial de revisión es necesario que la Administración, previamente, envíe un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar con las explicaciones de las razones en que se sustenta; es decir, se trata de una actuación imprescindible para la determinación oficial del impuesto y se erige, junto con la declaración y la ampliación al requerimiento, en el marco dentro del cual la administración puede modificar la liquidación privada del contribuyente.

Por ello, el artículo 711 ibídem establece que el acto liquidatorio debe contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que fueron contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación.
  (2015-10-27) [Mas Información]
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Sección Cuarta


FALTA DE MOTIVACION - Para no incurrir en ella la administración debe expresar los motivos y decisiones.
    FALSA MOTIVACION - No se presenta cuando el acto plasma las razones de la administración.
Para no incurrir en la "falta de motivación", la administración está obligada a expresar los motivos que fundamentan sus decisiones, y a establecer correspondencia entre los hechos y las consideraciones jurídicas contenidas en su acto administrativo.

Los motivos en que se funda el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. La motivación adecuada de un acto administrativo lo legitima, pues debe suministrar, a su destinatario, ojala hasta convencerlo, las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción del mismo.

La motivación idónea del acto administrativo preserva el principio de legalidad y, desde luego, no da paso a la arbitrariedad ni al capricho de los servidores que lo emitan.

En el caso concreto la Sala considera que no hay ausencia de motivación, pues en la resolución demandada se encuentran plasmadas las razones que llevaron a la Administración a proferir el acto, y se hizo un suficiente y adecuado análisis de los elementos fácticos tenidos en cuenta, como quiera que se señaló las características del producto y su composición, así como su forma de utilización.
  (2015-10-27) [Mas Información]
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ACTO DEFINITIVO TRIBUTARIO - Motivación: bases de cuantificación del tributo y explicación de modificaciones so pena de nulidad .
    MOTIVACION DE LAS LIQUIDACIONES OFICIALES - La ausencia de motivación de hechos y de derechos afectan su validez; falta de indicación de bases gravables para determinación del tributo y de las pruebas
Las liquidaciones oficiales de impuestos deben ser motivadas al menos sumariamente, según ordena el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 446 del Acuerdo Municipal 061 de 1993, pues de esta forma el particular conoce las razones que tuvo la Administración para tomar una decisión determinada, de suerte que pueda controvertirla a través de los respectivos medios de defensa.

Esta Corporación ha considerado en relación con los actos de determinación de las obligaciones tributarias que es necesaria la explicación de las razones que dieron origen a la liquidación oficial, las cuales, si bien pueden ser breves, deben determinar clara y completamente las diferencias resultantes entre los datos declarados y los determinados oficialmente, en acatamiento del debido proceso y del derecho de defensa. La ausencia de motivación afecta la validez de los actos administrativos.

Como se observa, la decisión de modificar la liquidación del impuesto de industria y comercio, y la determinación del anticipo para el periodo siguiente no se encuentran motivadas, pues las consideraciones del acto administrativo no son lo suficientemente indicativas de las razones de hecho y de derecho que tuvo en cuenta la Administración.
  (2015-10-27) [Mas Información]
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FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO
CHEQUE PARA PAGO DE RETENCIÓN - Desvío.
DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE / FRAUDE DE EMPLEADOS DE AGENTE RETENEDOR.
El pago de las retenciones en la fuente objeto de cobro, como bien lo decidió el Tribunal, no se realizó, como consecuencia de los ilícitos de Falsedad en Documento Privado y Peculado por Apropiación en que incurrieron algunos de los empleados y exempleados de la LOTERÍA DE BOGOTA, los cuales "recayeron tanto sobre las supuestas declaraciones de retención en la fuente, como sobre los títulos valores mediante los cuales la Lotería de Bogotá quiso efectuar el pago de las tantas veces mencionadas retenciones en la fuente", es decir, los ilícitos, contrario a lo que pretende hacer ver el apelante, se originaron en la órbita de acción del deudor tributario, con complicidad de algunos funcionarios del Banco de Colombia.

En efecto, tanto la providencia de Acusación proferida por la Delegada 214 de la Unidad Diez de Patrimonio como la emitida por la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores que resolvió el recurso de apelación, por la cual se decidió acusar como responsables de los delitos de "Falsedad en Documentos Privados y Peculado por Apropiación", entre otros, al Tesorero de la LOTERÍA DE BOGOTA, contrario a lo afirmado por el apelante, demuestran fehacientemente que tanto las declaraciones de retención en la fuente como los cheques con los cuales se pretendía cancelar el valor de las retenciones en la fuente correspondientes a los meses de enero y marzo de 1.992 por parte de la LOTERÍA DE BOGOTA, fueron objeto de ilícitos, falsedades y manipulaciones, que dieron como resultado que los cheques Nos. 7877291 de febrero 21 de 1.992, por $73.848.685,oo y 7877375 del 24 de abril de 1.992 no fueron utilizados para pagar las retenciones en la fuente sino que se desviaron a la cuenta corriente que uno de los integrantes del grupo delictivo abrió en el Banco de Colombia, Sucursal de Paloquemao.
  (2015-10-21) [Mas Información]
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DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR MEDIANTE DOCUMENTOS FALSOS - Su improcedencia debe ser determinada por la Administración conforme al artículo 670 del E.T.
    SANCION POR DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR MEDIANTE FRAUDE - Si se exigiera la previa declaración del juez penal se haría nugatoria dicha sanción.
Dentro del ordenamiento jurídico no existe una norma que determine la prejudicialidad penal para la imposición de sanciones tributarias, y sólo es procedente aplicar el artículo 170 del C.P.C. cuando las circunstancias del caso impidan un pronunciamiento de la Administración o de la jurisdicción contenciosa, sin que previamente se resuelva el proceso penal.

Esto no es lo que ocurre frente al inciso 5° del artículo 670 del E.T., pues de acuerdo con esta norma, es la Administración la que determina la improcedencia de la devolución por la utilización de documentos falsos o por la actuación fraudulenta del contribuyente.

Si se exigiera, para la aplicación de esta sanción la previa declaración del juez penal sobre la falsedad del documento o el fraude cometido, se haría nugatoria la existencia de la norma, pues mientras ocurre el pronunciamiento, la Administración perdería la oportunidad de proferir el pliego de cargos a tiempo.

El Estado ni siquiera podría reclamar la simple restitución de los dineros devueltos sin fundamento legal, hasta tanto la jurisdicción ordinaria se pronuncie, aún cuando aparezca demostrada la conducta fraudulenta que determina la improcedencia de la devolución.
  (2015-10-21) [Mas Información]
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Sección Cuarta


CRUCES DE INFORMACION POR LA DIAN - Se ven afectadas cuando la información del contribuyente presenta errores.
    INFORMACION TRIBUTARIA CON ERRORES - Causa daño a la DIAN al no permitirle realizar cruces de información.
En concordancia con lo anterior, la Sala ha sostenido que en la sanción por no informar, el daño o perjuicio al fisco se configura en la medida en que las conductas que dan lugar a la infracción afectan la función de la DIAN, encaminada a efectuar los cruces de información necesarios para el control de los tributos.
  (2015-10-19) [Mas Información]
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GRADUACION DE LA SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION - Procedencia.
    PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD - Criterios para imponer sanción reducida por no enviar información.
Sin embargo, de acuerdo con el literal a) del artículo 651 del E. T., la sanción puede graduarse, pues la preposición "hasta el 5/" que utiliza dicha disposición, indica el límite, de modo que todo lo anterior a éste también se entiende comprendido en tal expresión.

Al respecto, la Sala ha reiterado que "es evidente que cuando el artículo 651 del Estatuto Tributario utiliza la expresión 'hasta el 5/', le otorga a la Administración un margen para graduar la sanción, pero esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria"; por tanto, corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que deben atender no sólo los criterios de justicia y equidad, sino también los de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, tal y como fue expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C - 160 de 1998, invocada por la demandante.

En efecto, al estudiar la exequibilidad del artículo 651 del Estatuto Tributario, la Corte Constitucional precisó que las sanciones que puede imponer la Administración, deben estar enmarcadas en criterios de proporcionalidad y razonabilidad que legitimen su poder sancionador.

Así, no todo error cometido en la información que se remite a la autoridad tributaria, puede generar las sanciones consagradas en la norma en mención, pues, la entidad está obligada a demostrar que el mismo lesiona sus intereses o los de un tercero. Luego, no todo error en la información suministrada puede dar lugar a las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario.

Por tanto, las sanciones que imponga la administración por el incumplimiento de este deber, deben ser proporcionales al daño que se genere. Si no existió daño, no puede haber sanción.
  (2015-10-19) [Mas Información]
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SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION - Hechos constitutivos de la sanción
REDUCCION DE LA SANCION - Procedencia.
La Sala ha precisado que cuando la información se presenta oportunamente, las conductas sancionables pueden ser, que la misma no corresponda a lo solicitado, o, que, a pesar de corresponder a la información que se debe suministrar, "el contenido" presente errores, entendidos éstos como los relacionados con los datos, cifras o conceptos específicos que por ley se está obligado a reportar, los cuales deben ser exactos.

Así, no se configura la infracción si los errores recaen sobre una información diferente a la que debe suministrarse. De otra parte, el mismo artículo 651 del Estatuto Tributario dispone que la sanción puede reducirse al 10/ de su valor, si la omisión que la genera se subsana antes de notificarse el acto sancionatorio, o al 20/, si es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de dicho acto.

Para tal efecto, se requiere que el obligado presente un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.
  (2015-10-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


VIA GUBERNATIVA - En ella deben plantearse los mismos hechos que luego habrán de aducirse ante el juez administrativo.
    ARGUMENTO NUEVO - No altera la causa ni el objeto de la actuación tributaria.
Por ser la vía gubernativa la oportunidad para discutir administrativamente la legalidad de un acto particular, sólo los hechos que en ella se debaten pueden ser objeto de control judicial, es decir, que los fundamentos fácticos de la vía gubernativa y la vía jurisdiccional contra un acto administrativo, deben ser los mismos.

En tal sentido, la Sala ha precisado que invocar en la demanda hechos no alegados en vía gubernativa, viola el derecho de defensa de la Administración, no así la invocación de nuevos argumentos, pues, éstos no alteran la causa ni el objeto de la actuación tributaria, de modo que el fisco puede contradecirlos a través de la contestación de la demanda.

Lo anterior, porque mientras los argumentos son razonamientos dirigidos a demostrar una situación de hecho previamente planteada, con el ejercicio de una labor dialéctica que busca persuadir o disuadir al juez, que no amplía ni recorta dicha situación, el hecho nuevo amplía la realidad fáctica que da lugar a la actuación contra el administrado.

Si bien es cierto las razones alegadas ante la jurisdicción no son iguales a las que expuso en la vía gubernativa, es claro que no modifican los hechos que dieron origen a la actuación administrativa, sino que son simplemente argumentos que fundamentan el ataque de legalidad de los actos, a los cuales podía oponerse la Administración a través de la contestación de la demanda.
  (2015-10-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta


REDUCCION DE LA SANCION POR INFORMACION CON ERRORES - No cierra la posibilidad de discutir la legalidad de la actuación que culminó con la sanción.
Del oficio 000287 de 30 de abril de 1997 se desprende que la actora interpuso recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio, y, además, se acogió a la sanción reducida, lo cual no es excluyente, pues, como lo ha precisado la Sala, la presentación del memorial de aceptación no cierra la posibilidad de discutir la legalidad de la actuación que culminó con la imposición de la sanción, porque ello prohijaría la exclusión del control gubernativo y/o jurisdiccional de estos actos, y porque consentir en la aceptación de la sanción reducida no es una confesión, sino un requisito para acogerse al beneficio de reducción.

Así, la reducción de la sanción por no enviar información, al 10 o 20/ de su valor, es un derecho de opción para el contribuyente que, de acuerdo con el artículo 651 del Estatuto Tributario, depende del momento en que se ejerza, y el cual no cierra la posibilidad de controvertir total o parcialmente la sanción impuesta.
  (2015-10-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta


RECURSO DE RECONSIDERACION - Cuando se decide agota la vía gubernativa en el procedimiento tributario.
La vía gubernativa es un presupuesto de procedibilidad para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos particulares, excepto en los casos en que la Administración no otorga la oportunidad de impugnarlos (art. 135 del Código Contencioso Administrativo).

De acuerdo con los artículos 62 y 63 del Código Contencioso Administrativo, aplicables a los procedimientos administrativos no regulados por disposiciones especiales (art. 1, inc. 2 ibídem), la vía gubernativa se agota cuando contra el acto definitivo no procede ningún recurso; cuando el acto queda en firme por no haberse interpuesto los recursos de reposición o queja, y, cuando los recursos interpuestos se deciden.

En el procedimiento tributario para determinación de obligaciones fiscales por impuestos y sanciones, el artículo 720 del Estatuto Tributario dispuso que, sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales del mismo estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos en relación con los impuestos administrados por la DIAN, procede el recurso de reconsideración.

Salvo el caso de las liquidaciones oficiales de revisión, cuando se cumplen los requisitos del artículo 720 [par] del Estatuto Tributario, la vía gubernativa respecto de los actos anteriores sólo se agota cuando la Administración decide el recurso de reconsideración interpuesto en debida forma (722 ibídem), pues éste fue el único medio de impugnación que se estableció para discutirlos.
  (2015-10-19) [Mas Información]
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FALLOS IMPRESOS BAJADOS POR INTERNET - Son mensajes de datos.
    MENSAJE DE DATOS - Definición; eficacia, validez y fuerza obligatoria y probada
La Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones, en su artículo 2º define al mensaje de datos como "La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax".

Los mensajes de datos tienen plena validez y constituyen un medio probatorio que merece ser valorado de la misma forma que los contemplados en las normas del Código de Procedimiento Civil, aplicables a los juicios contenciosos administrativos según disposición expresa del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso advierte el Despacho que el texto de los fallos proferidos por la Organización Mundial del Comercio en los casos de Japón, Corea y Chile puede ser consultado en la base de datos- documentos oficiales de la Organización Mundial del Comercio que aparece en la página web www.wto.org (sitio oficial de la OMC), tal como lo hizo el apoderado de la parte actora quien solicito al Notario Sexto del Círculo de Bogotá ingresar a la mencionada dirección de internet e imprimir los fallos y estampar el sello de la notaría, de manera que pudiera allegarlos a este proceso como prueba.

El Despacho considera que las impresiones aportadas constituyen un verdadero mensaje de datos, pues su texto está a disposición del público en general como un documento electrónico a través de la página web en internet creada por la Organización Mundial del Comercio-OMC, entidad emisora de los mismos, quien como organización internacional encargada de las normas que rigen el comercio entre los países publica la mayoría de los documentos oficiales en dicha página en diferentes idiomas (inglés, francés y español) con el fin de que puedan ser consultados en línea o descargados.
  (2015-10-09) [Mas Información]
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NOTIFICACION POR CORREO EN ASUNTOS ADUANEROS - El acto administrativo se entiende notificado cuando el afectado recibe efectivamente la comunicación.
    FIRMEZA DE DECLARACION DE IMPORTACION - Se produce cuando la notificación del requerimiento aduanero después de los dos años de su presentación.
Para la Sala y de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-096 de 31 de enero de 2001, si bien es válido el sistema de notificación por correo, el acto administrativo se entiende notificado "cuando el afectado recibe, efectivamente, la comunicación que lo contiene", así en el caso la notificación se surtió efectivamente el 19 de octubre de 1999 como lo aceptó la demandante.

Por lo anterior se advierte que de las veinte (20) declaraciones de importación glosadas, relacionadas en la parte inicial de esta providencia, solo las presentadas el 18 de julio de 1997 a la fecha de la notificación del requerimiento especial, habían adquirido firmeza, configurándose frente a éstas la violación del artículo 6° del Decreto 1800 de 1994, razón por la que se declarará la nulidad parcial de los actos demandados.

Respecto de las restantes el requerimiento especial aduanero N°04-34-01-02221 fue oportuno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° inciso 4 y 6° del Decreto 1800 (modificatorio D. 1909/92).
  (2015-10-09) [Mas Información]
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REQUERIMIENTO ESPECIAL ADUANERO - Su notificación interrumpe el término de firmeza de la declaración de importación.
    TERMINO DE SUSPENSION PARA PROFERIR REQUERIMIENTO ADUANERO - La suspensión es por un lapso igual a la duración real de la inspección.
Dentro de las facultades de fiscalización y control con que cuenta la administración aduanera previstas en el Decreto 1909 de 1992, están las de adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la práctica de hechos que impliquen un menor pago de tributos aduaneros, realizar las acciones necesarias para verificar la exactitud de las declaraciones y demás documentos presentados a la autoridad aduanera, inspeccionar los documentos que puedan servir de base para determinar las operaciones aduaneras (art. 62); puede hacer uso de los medios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil y el Estatuto Tributario (art. 65) y de manera expresa señala que puede realizar inspección aduanera.

De lo anterior se deduce que en principio las declaraciones de importación adquieren firmeza a los dos años de presentadas, término que puede interrumpirse con la notificación del requerimiento especial; no obstante la normatividad citada, aplicable en esta materia, establece que en el evento en que dentro de la investigación se haya practicado inspección aduanera, el término para formular dicho requerimiento se suspenderá máximo por tres meses.

Así, si bien la norma establece un límite de tiempo para la suspensión del término para proferir el requerimiento especial, debe entenderse igual al lapso de duración real de la inspección, pues no se trata de "suspensión automática", pero se aclara que, como lo prescribe la norma, la diligencia incluye la práctica de las pruebas necesarias para determinar la veracidad y legalidad de las declaraciones y demás documentos aportados.
  (2015-10-09) [Mas Información]
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Sección Cuarta


LIQUIDACION DE CORRECCION ADUANERA - Procede cuando se producen errores en las declaraciones de importación como en la subpartida, tarifa, tasa de cambio y sanciones.
    LIQUIDACION DE REVISION ADUANERA - Procede cuando el valor declarado no corresponda con el valor aduanero de la mercancía.
De conformidad con el artículo 26 del Decreto 1909 de 1992 modificado por el artículo 6° del Decreto 1800 de 1994, vigente para la época de los hechos, las declaraciones de importación quedan en firme si transcurridos dos años, contados desde su presentación, no se ha notificado requerimiento especial aduanero.

A través de la liquidación de corrección puede formular cuenta adicional, cuando se presenten errores en las declaraciones de importación, por ejemplo en la subpartida arancelaria, tarifa, tasa de cambio, sanciones, operaciones aritméticas, etc.; y por medio de la liquidación de revisión del valor con cuenta adicional, cuando el valor declarado no corresponda al valor aduanero de la mercancía establecido por la Aduana de conformidad con las normas que rijan la materia, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiera lugar.
  (2015-10-09) [Mas Información]
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SANCION POR LIBROS A COOPERATIVAS - Irregularidad en la contabilidad.
    LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DE COOPERATIVAS - Obligatoriedad / LIBROS DE CONTABILIDAD EN COOPERATIVAS - Obligatoriedad.
De la forma como está redactada la norma especial de DANCOOP (Resoluciones 1091 de 1983 y 1027 de 1998) en relación con los libros de contabilidad, no se exige expresamente el diligenciamiento del libro de Inventarios y Balances, sin embargo y de acuerdo a la actividad realizada por la respectiva empresa cooperativa, haría necesario el registro contable de sus operaciones, en aras a atender los requerimientos de carácter legal vigentes.

Para la actora se evidencia la necesidad de registrar contablemente toda su actividad económica, dentro de lo cual se encuentra el movimiento en la comercialización de los activos movibles pues sólo de esta forma se puede realizar un control efectivo de las utilidades generadas en su enajenación, registro que puede efectuarse bien sea a través de un libro principal o a través de un auxiliar.

En este orden de ideas correspondía a la Cooperativa demandante justificar el hecho de haber suspendido el diligenciamiento del libro de Inventarios y Balances en diciembre de 1991, mediante la comprobación de que los registros contables relativos a la función de los inventarios se había continuado llevando de acuerdo con lo dispuesto tanto por DANCOOP en las resoluciones citadas como por lo ordenado en el Decreto 2649 de 1993, artículo 129.


La irregularidad encontrada por la Administración en la contabilidad de la actora se encuentra tipificada en el literal f) del artículo 654 del Estatuto Tributario.
  (2015-10-09) [Mas Información]
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FACULTAD SANCIONATORIA DE LA DIAN - Competencia respecto de cooperativas.
    COMPETENCIA FUNCIONAL DE LA DIAN - Alcance / COOPERATIVA - Tratamiento Impositivo.
Las funciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales son diferentes a las que le compete a DANCOOP, pues le ha correspondido y le corresponde la administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, según el artículo 2º del Decreto Ley 1693 de 1997, y en ejercicio de la función de administración de impuestos efectúa la recaudación, fiscalización, discusión, cobro, devolución y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En atención a lo anterior y teniendo en cuenta que las cooperativas son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios conforme al régimen tributario especial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 19 del Estatuto Tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales tiene competencia para ejercer sobre ellas un control fiscal, que comprende la facultad de inspeccionar la contabilidad de las mismas, toda vez que es la fuente principal en la determinación o verificación de los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de las obligaciones impositivas, por lo tanto y de conformidad con el artículo 691 del Estatuto Tributario, la División de Liquidación de la Administración de Impuestos de Ibagué, sí tenía competencia para imponer la sanción a la actora por las irregularidades en la contabilidad.
  (2015-10-09) [Mas Información]
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ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS PUBLICOS - Autorización legal. Destinación de recursos. Tarifa.
    ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS PUBLICOS - Corresponde a las asambleas departamentales determinar sus características y los demás asuntos necesarios para establecerla en su territorio.
La Ley 645 de 2001 autorizó a las Asambleas Departamentales a ordenar la emisión de estampillas pro hospitales universitarios públicos.

El artículo 2º estableció que las sumas recaudadas con la estampilla se destinarían principalmente a la inversión y mantenimiento de la planta física de los hospitales universitarios públicos, a la dotación, compra y mantenimiento de los equipos requeridos para el cumplimiento de las funciones propias de esas instituciones, y a la compra y mantenimiento de equipos para poner en funcionamiento áreas de laboratorio, científicas, tecnológicas y otras que se requieran para su cabal funcionamiento, y a inversión en personal especializado.

La Ley 645 de 2001 también estableció que la tarifa que cobren los Departamentos, por concepto de la estampilla, no puede ser superior al 2% del valor de las operaciones gravadas, ni puede superar los seis mil millones de pesos por Departamento o el 10% del valor del presupuesto anual.

Finalmente, la Ley 645 de 2001 autorizó a las Asambleas Departamentales para que determinen las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se deban realizar en los departamentos y en los municipios de la respectiva jurisdicción departamental.
  (2015-10-08) [Mas Información]
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA - Debe existir entre la declaración, el requerimiento y la liquidación de revisión.
    LIQUIDACION DE REVISION - Al no corresponder con lo planteado en el requerimiento se vulnera el principio de correspondencia.
La Sala aprecia en los apartes transcritos de los actos citados, que no guardan coherencia, toda vez que el requerimiento especial se refiere a la declaración de ICA del año gravable de 1996, cuyos valores coinciden con los consignados en la liquidación privada visible a folio 6 del informativo y a partir de lo consignado en esos rubros, se proponen ingresos netos gravables de $60.230.816.000, impuesto de industria y comercio de $198.762.000, avisos y tableros de $29.814.000, para un total de impuesto a cargo de $228.576.000, con una sanción de inexactitud de $156.399.000.

En el Acto Oficial de Revisión a pesar de mencionarse que se modifica la liquidación privada del impuesto de industria y comercio del año gravable de 1996, dentro de las razones de hecho y de derecho en que se sustenta, se menciona un total de ingresos de $73.248.943.000 obtenidos en el año de 1997, y en las modificaciones se toman valores que no coinciden con los declarados en la privada de la vigencia fiscal de 1996, para determinar unos ingresos netos gravables de $64.066.846.000, Impuesto de Industria y Comercio de $211.421.000, Avisos y Tableros de $31.713.000, para un total impuesto a cargo de $243.134.000, con una sanción de inexactitud de $313.167.000.

De tal manera, que la entidad territorial desconoció el principio de correspondencia que debe existir entre la declaración, el requerimiento y la liquidación de revisión, contenido en el Decreto 0523 de junio 30 de 1999 expedido por el Alcalde del Municipio de Santiago de Cali.
  (2015-10-08) [Mas Información]
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CIRCULAR O INSTRUCCION DE SERVICIO - Se asimilan a estos los conceptos de la DIAN.
    CONCEPTOS DE LA DIAN - Son actos administrativos por la obligatoriedad de su aplicación y la exigencia de sujeción a ellos.
Cuando el concepto tiene un carácter autoregulador de la actividad administrativa y se impone su exigencia a terceros, bien puede considerarse como un acto decisorio de la Administración, con las consecuencias jurídicas que ello apareja. En tal virtud, deja de ser un concepto y se convierte en un acto administrativo, de una naturaleza igual o similar a las llamadas circulares o instrucciones de servicio.

En principio, no se les puede considerar como actos administrativos, porque carecen de un poder decisorio, no obstante que, como lo ha sostenido la jurisprudencia constante del Consejo de Estado, pueden tener tal carácter cuando poseen un alcance normativo que se revela por la obligatoriedad de su aplicación por la Administración y por la posibilidad o exigencia de sujeción a ellos de los administrados, con lo cual adquieren la categoría propia de los actos reglamentarios.

En el mismo sentido, la Corporación ha sostenido que cuando los conceptos interpretan las normas tributarias y dichas interpretaciones tienen un carácter autorregulador de la actividad administrativa y producen efectos frente a los administrados, su naturaleza es la de actos administrativos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la ley, sujetos a control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.

Ahora bien, la facultad interpretativa de la DIAN, no permite regular deberes tributarios materiales y formales, que constriñen derechos individuales, por ser todo esto competencia exclusiva del legislador, sino que debe limitarse a dilucidar el sentido de las normas tributarias, adecuarse a la finalidad de la norma interpretada, sin limitarla o excederla
  (2015-10-07) [Mas Información]
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CONCEPTOS DE LA DIAN - El contribuyente puede acoger los conceptos que se encuentran vigentes en el momento de la actuación tributaria.
    DECLARACION TRIBUTARIA - Para su presentación los conceptos a aplicar son los vigentes en ese momento.
Respecto a este punto se estima conducente, reiterar la jurisprudencia previamente citada de la Corporación, la cual al decidir sobre una situación similar a la planteada en este proceso, consideró no le asistía razón al demandante pues al tenor del artículo 264 de la Ley 223 de 1995 el contribuyente puede acoger los conceptos de la DIAN que se encuentren vigentes en el momento en que realiza la respectiva actuación tributaria, que en el sub judice corresponde a la fecha en que presenta la respectiva declaración, como quiera que es en ese momento en que se instrumenta su actuación, con la declaración de los valores que consigna en su denuncio privado.

Advierte que sostener lo contrario equivaldría a cambiar el texto legal, para revivir los efectos jurídicos de los conceptos revocados por la DIAN en vez de amparar las actuaciones o diligencias del contribuyente sustentadas en los conceptos vigentes en la fecha en que se efectúan, en desmedro de la finalidad legislativa de la norma.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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RENTA LIQUIDA O UTILIDAD - Al no existir no es posible compensar las pérdidas fiscales de años anteriores.
    COMPENSACION DE PERDIDAS FISCALES - Se hace frente a la renta liquida del ejercicio y no se sustrae de la renta bruta.
Sobre este aspecto, la misma sentencia de la Corporación consideró que lectura e interpretación sistemática de los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, se encuentra que el legislador en dichas disposiciones legales utilizó la expresión genérica de "rentas" y el vocablo "utilidades", términos que en el régimen del impuesto sobre la renta significan lo mismo, "renta líquida": o sea renta bruta menos las deducciones o gastos necesarios para la producción de la renta.

El legislador asimiló el concepto de rentas al de utilidades, noción ésta que se utiliza para designar la renta líquida, esto es, la resultante de restar de los ingresos, los costos y deducciones, y que salvo excepciones legales es renta gravable (artículos 26 y 178 del Estatuto Tributario).

Entonces, el tratamiento tributario de las pérdidas por la sociedad en el año de 1999, corresponde a un reciclaje de pérdidas que conduce a que se distorsione la finalidad descrita en la ley, frente a su compensación con la renta líquida o utilidad generada en el año gravable en que se deducen, a más de que desconoce y hace inocuo el término de su amortización dentro de los cinco (5) períodos gravables siguientes, toda vez que se prorrogaría indefinidamente en la medida en que resulten más pérdidas.

Afirmó que lo primero que se debe determinar es si es factible la compensación de la pérdida, con la evaluación del comportamiento económico del ente social en un período gravable determinado. Una vez establecida la obtención de utilidad o renta líquida, se atiende el tenor literal de los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, para efectuar la compensación y no como erradamente lo entiende la apelante, de sustraer la pérdida de la renta bruta, pues con ello no solo se desconocen los preceptos legales en comento sino que se impide la recuperación del ente social, que es lo que busca el legislador tributario.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR MEDIANTE DOCUMENTOS FALSOS - Su improcedencia debe ser determinada por la Administración conforme al artículo 670 del E.T.
    SANCION POR DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR MEDIANTE FRAUDE - Si se exigiera la previa declaración del juez penal se haría nugatoria dicha sanción.
Dentro del ordenamiento jurídico no existe una norma que determine la prejudicialidad penal para la imposición de sanciones tributarias, y sólo es procedente aplicar el artículo 170 del C.P.C. cuando las circunstancias del caso impidan un pronunciamiento de la Administración o de la jurisdicción contenciosa, sin que previamente se resuelva el proceso penal.

Esto no es lo que ocurre frente al inciso 5° del artículo 670 del E.T., pues de acuerdo con esta norma, es la Administración la que determina la improcedencia de la devolución por la utilización de documentos falsos o por la actuación fraudulenta del contribuyente.

Si se exigiera, para la aplicación de esta sanción la previa declaración del juez penal sobre la falsedad del documento o el fraude cometido, se haría nugatoria la existencia de la norma, pues mientras ocurre el pronunciamiento, la Administración perdería la oportunidad de proferir el pliego de cargos a tiempo.

El Estado ni siquiera podría reclamar la simple restitución de los dineros devueltos sin fundamento legal, hasta tanto la jurisdicción ordinaria se pronuncie, aún cuando aparezca demostrada la conducta fraudulenta que determina la improcedencia de la devolución.
  (2015-10-07) [Mas Información]
Consejo de Estado
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FALSEDAD DE DOCUMENTO EN DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR - La Administración debe expresar las razones para considerarlo falso con el fin de que sean controvertidas.
    PROCESO PENAL SOBRE FALSEDAD DOCUMENTAL - No es necesario porque la Administración cuenta con mecanismos legales para alegar y demostrar su falta de veracidad.
Para efectos del artículo 670 del Estatuto Tributario, que es especial en materia tributaria, la Sala entiende que la falsedad a que la misma se refiere, corresponde a la información carente de veracidad y por lo tanto incapaz de reflejar la realidad.

La Administración al constatar la inexactitud de los datos deberá en cada caso tachar de falso el documento, expresando las razones en que se sustenta, de tal forma que el afectado pueda controvertirlas o suministrar las explicaciones pertinentes para demostrar su autenticidad, y en caso de inconformidad, será la jurisdicción contenciosa administrativa quien definirá en última instancia, para estos efectos, la controversia.

No es del caso exigir a la jurisdicción contenciosa esperar el resultado de un proceso penal, cuando cuenta con mecanismos legales para alegar y demostrar la falta de veracidad, falsedad o fraude de un documento. Frente a la presunta vulneración del non bis in idem, debe precisarse que la aplicación de este principio no acarrea la imposibilidad de que unos mismos hechos sean castigados por autoridades de distinto orden; ni que sean apreciados desde perspectivas distintas, vgr. como ilícito penal y como infracción administrativa o disciplinaria.

El procedimiento tributario de imposición de sanciones es independiente del proceso penal que pueda surgir por la ocurrencia de hechos delictivos. Aunque no puede negarse la mutua influencia por las pruebas que puedan hacerse valer en cada acción, no existe específica limitación para que la Administración demuestre los presupuestos que exige el inciso 5° del artículo 670 del Estatuto Tributario e imponga la sanción.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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FALSEDAD DE DOCUMENTO EN DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR - La Administración debe expresar las razones para considerarlo falso con el fin de que sean controvertidas.
    PROCESO PENAL SOBRE FALSEDAD DOCUMENTAL - No es necesario porque la Administración cuenta con mecanismos legales para alegar y demostrar su falta de veracidad.
Para efectos del artículo 670 del Estatuto Tributario, que es especial en materia tributaria, la Sala entiende que la falsedad a que la misma se refiere, corresponde a la información carente de veracidad y por lo tanto incapaz de reflejar la realidad.

La Administración al constatar la inexactitud de los datos deberá en cada caso tachar de falso el documento, expresando las razones en que se sustenta, de tal forma que el afectado pueda controvertirlas o suministrar las explicaciones pertinentes para demostrar su autenticidad, y en caso de inconformidad, será la jurisdicción contenciosa administrativa quien definirá en última instancia, para estos efectos, la controversia.

No es del caso exigir a la jurisdicción contenciosa esperar el resultado de un proceso penal, cuando cuenta con mecanismos legales para alegar y demostrar la falta de veracidad, falsedad o fraude de un documento.

Frente a la presunta vulneración del non bis in idem, debe precisarse que la aplicación de este principio no acarrea la imposibilidad de que unos mismos hechos sean castigados por autoridades de distinto orden; ni que sean apreciados desde perspectivas distintas, vgr. como ilícito penal y como infracción administrativa o disciplinaria. El procedimiento tributario de imposición de sanciones es independiente del proceso penal que pueda surgir por la ocurrencia de hechos delictivos.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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FALSEDAD DOCUMENTAL COMO CAUSAL DE SANCION POR DEVOLUCION IMPROCEDENTE - Debe ser indiscutible e integral y verificable su conformación material y su contenido.
    FALSEDAD IDEOLOGICA DE DOCUMENTO - Se presenta cuando siendo verdadero el documento, se hayan hecho constar en él sucesos no ocurridos en la realidad.
La utilización de documentos falsos se presenta en casos como cuando se aportan al proceso de devolución documentos cuyo texto ha sido alterado después de que fueron expedidos; mediante lavado, borraduras, supresiones o cambios, así mismo cuando la firma ha sido suplantada, esto es, la denominada por la doctrina y la jurisprudencia, "falsedad material".

La denominada "falsedad intelectual o ideológica", ocurre cuando siendo materialmente verdadero el documento, se hayan hecho constar en él sucesos no ocurridos en la realidad; el documento no es falso en las condiciones propias suyas, pero son falsas las ideas que en él se quieren afirmar como verdaderas.

La norma tributaria castiga la obtención de una devolución utilizando métodos fraudulentos o por incurrir en falsedad material o intelectual de documentos. Por no requerir de pronunciamiento previo de la justicia penal, se exige un extremo rigor por parte del juez administrativo para determinar la falsedad o adulteración del documento que sustenta la sanción.

Esa falsedad debe ser indiscutible e integral y puede verificarse, siguiendo la naturaleza de la falsedad que se aduzca, mediante el examen del documento tanto desde el punto de vista de su conformación material como de su contenido, y su prueba debe ser completa e inobjetable, de tal forma que permita concluir sobre la falsedad del documento que le sirve de soporte y sobre la condición de determinante para obtener la devolución.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA.
    PROYECTO DE CORRECCION FACULTAD PARA CORREGIR DECLARACIONES.
Conforme al artículo 8o. de la Ley 84 de 1988 (antes de ser modificado por la Ley 6a. de 1992), para corregir las declaraciones tributarias que no varíen el valor a pagar o que lo disminuyan o aumenten el saldo a favor, debe presentarse solicitud previa a la Administración, acompañada del respectivo proyecto de corrección con el fin de que se oficialice la mencionada corrección, que si es aceptada tácita o expresamente por la Administración, entra a reemplazar la liquidación presentada inicialmente y que goza en consecuencia de la presunción de veracidad que cobijaba a la primera.

En esas condiciones la facultad otorgada por el artículo 589 del E.T., debe interpretarse en concordancia con las demás normas de la legislación tributaria, particularmente las relativas al proceso de determinación oficial del tributo, tal como lo dispone el artículo 589 del E.T.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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FACULTAD PARA CORREGIR DECLARACIONES / CONTRIBUYENTE - Deberes.
    TERMINO PARA CORREGIR DECLARACIONES.
Si bien la administración goza de amplias facultades de fiscalización de la declaración, que ejerce entre otras a través de las liquidaciones de corrección aritmética y de revisión, sólo la notificación del pliego de cargos o del requerimiento especial tienen la capacidad de limitar y precluir la facultad de los contribuyentes de corregir sus declaraciones tributarias, ya sea por errores mecanográficos o de transcripción, o aún en aspectos de fondo tales como la modificación de las bases gravables, su depuración, aplicación de tarifas y en general, la corrección de todos aquellos factores sobre los cuales no ha iniciado actuación la Administración Tributaria, sin perjuicio de las correcciones provocadas (por el requerimiento y la liquidación de revisión) en los términos de los artículos 709 y 713, máxime cuando nadie está obligado a permanecer en el error.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta


FACULTAD DE CORRECCION / FACULTAD DE REVISION / ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
De haberse practicado la liquidación oficial de corrección aritmética en la forma autorizada por la ley, ésta constituye un elemento más a tenerse en cuenta para efectos de la liquidación de revisión, por cuanto la norma es clara en determinar que la correspondencia se predica entre la liquidación privada y el requerimiento, en atención a que la facultad de corrección se ejerce sin perjuicio de la facultad de revisión, toda vez que esta última pretende modificar el monto del tributo determinado en la liquidación privada y en atención a que la primera, ésto es, la liquidación oficial de corrección aritmética, no está referida a la determinación oficial del impuesto, sino exclusivamente a enmendar errores de orden numérico por lo que el contribuyente puede válidamente modificar su declaración privada a través del procedimiento de corrección, que sustituye la presentada inicialmente.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta


PRESUNCION DE VERACIDAD DE LA DECLARACION TRIBUTARIA - Es un indicio determinado por la ley.
    FACULTAD FISCALIZADORA - Finalidad.
El artículo 746 del E.T. prescribe que "se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija".

La presunción es un indicio determinado por la ley que puede ser legal o de derecho, conforme se infiere del artículo 66 del Código Civil. La presunción legal admite la prueba en contrario, la presunción de derecho, no. En esa medida, el interesado en hacer valer la presunción legal no está exento de probar el hecho que el legislador señaló como probado, y, quien se opone a la presunción, a desvirtuar esa conclusión legal.

La presunción prevista en el artículo 746 del E.T. es legal y, en esa medida, admite prueba en contrario del hecho que el legislador señaló como probado. En consecuencia, los hechos que el contribuyente refleja en su declaración privada o en la que la corrige, así como los que manifiesta con ocasión de la respuesta a los requerimientos de la Administración, gozan de presunción de certeza.

Sin embargo, el contribuyente no está exento de respaldar con pruebas los hechos que expuso como ciertos en esos documentos, ni la Administración tributaria de respaldar, así mismo, con pruebas, que esos hechos no son ciertos o, incluso, veraces o, mejor, irreales.

La facultad fiscalizadora de la administración tributaria, entonces, persigue probar, más allá de la certeza, veracidad o la realidad de los hechos que justifican el denuncio rentístico del contribuyente, el cumplimiento de los presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado.
  (2015-10-06) [Mas Información]
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MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA - Inspección contable, inspección tributaria y facultad de registro.
    INSPECCION TRIBUTARIA - Finalidad / INSPECCION CONTABLE - Finalidad.
El título VI del Estatuto Tributario regula el régimen probatorio en materia tributaria y, concretamente, los medios de prueba de los que puede hacer uso la Administración para desvirtuar la presunción de que trata el artículo 746 del E.T., y otras previstas por el mismo estatuto, así como todos los hechos atinentes a la obligación tributaria.

Dentro de esos medios de prueba se encuentran la inspección tributaria, la inspección contable y, como mecanismo de recaudo y conservación de pruebas, la facultad de registro. El artículo 779 del E.T. califica la inspección tributaria como un medio de prueba, en virtud del cual la Administración realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por ésta, para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar.

En esa inspección, la Administración puede decretar todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias. El artículo 782 del E.T. regula la inspección contable como una diligencia que tiene como fin verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravados o no, y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales.

De esa diligencia también se levanta un acta que, a diferencia del acta de inspección tributaria, no sólo se suscribe por los funcionarios visitadores sino por las partes intervinientes, pero, además, conlleva la presunción de que los datos consignados en el acta fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, salvo que el contribuyente o responsable demuestre su inconformidad.
  (2015-10-06) [Mas Información]
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LIBROS DE CONTABILIDAD - Requisitos para que sean prueba. Oportunidad para presentarlos.
    INDICIO EN CONTRA DEL CONTRIBUYENTE - Lo es no presentar los libros de contabilidad.
La prueba contable que, como lo dispone el artículo 772 del E.T., constituye prueba a favor del contribuyente, siempre que los libros de contabilidad los lleve en debida forma. Y, se llevan en debida forma cuando se cumplen los requisitos previstos en los artículos 773 y 774 del E.T.

Toda vez que la contabilidad revela la esencia o realidad económica de los hechos económicos que ejecuta el contribuyente, la prueba contable se erige como una de las pruebas, por excelencia, en materia tributaria, al punto que la contabilidad prevalece sobre la declaración de renta cuando la declaración difiere de los asientos contables, pero así mismo, prevalecen los comprobantes externos sobre los asientos de contabilidad cuando las cifras registradas en esos asientos contables referentes a costos, deducciones, exenciones especiales y pasivos exceden del valor de los comprobantes y, por lo tanto, esos conceptos se entenderán comprobados hasta concurrencia del valor de los comprobantes (Artículos 775 y 776 del E.T.).

En los procedimientos administrativos, esta prueba puede ser aportada con ocasión de los emplazamientos o requerimientos de la autoridad tributaria, en ejercicio del recurso de reconsideración y, por supuesto, cuando se practica la inspección tributaria o la inspección contable.

Cuando el contribuyente no presenta los libros de contabilidad, previa exigencia de la Administración, esa actitud renuente está calificada como indicio en su contra, al tenor del artículo 781 del E.T., con el agravante que se le impide invocar esa documentación posteriormente como prueba en su favor y se deben desconocer los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente.

Sin embargo, la norma prevé que la única causa que justifica la no presentación es la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.
  (2015-10-06) [Mas Información]
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FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO - Eximentes para presentar los libros de contabilidad. Deben probarse.
    FACULTAD COMPROBATORIA DE LA ADMINISTRACION - Debe ir más allá de afirmaciones. Implica aportar pruebas que desvirtúen la presunción de veracidad de la declaración.
Sobre el particular, es pertinente insistir en que la prueba por excelencia es la contabilidad, los asientos contables y los comprobantes internos y externos que cumplan los requisitos del artículo 774 del E.T., salvo que la autoridad tributaria logre contradecir esa prueba por otros medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley.

La prueba que adujo la DIAN para contradecir la contabilidad de la demandante son unos "listados de sistema" que como se precisó. En ese listado, la demandante discriminó el total valor bruto por ventas nacionales, el valor total de descuentos otorgados en esas ventas, el valor total por IVA facturado y el valor total neto.

Esa prueba documental es conducente y procedente porque da cuenta de los ingresos por ventas nacionales, exclusivamente, de la demandante y de otros conceptos. Lo que no es procedente es la valoración que hizo la DIAN de esa prueba, pues, a sabiendas de que ese listado discriminaba el valor del impuesto a las ventas facturado, decidió hacer caso omiso de esa circunstancia para concluir que el gran total reportado en esos listados, era de ingresos.

Ese proceder vulneró el artículo 26 del E.T., porque, en efecto, el impuesto sobre las ventas no forma parte de los ingresos operacionales ni de los ingresos operacionales. La Sala reitera que la oportunidad para aportar las pruebas en la vía administrativa no se limita al momento en que se practica la inspección tributaria sino que pueden ser presentadas con ocasión de la respuesta al requerimiento o con la interposición del recurso de reconsideración e incluso en la vía judicial.

Así mismo, se precisó que tratándose de los libros de contabilidad, su no entrega constituye indicio en contra del contribuyente y no puede presentarse con posterioridad al momento en que fue requerida, salvo que se acredite fuerza mayor o caso fortuito.

De todo lo expuesto se colige que la DIAN no ejerció su facultad comprobatoria y, por tanto, no logró desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración de la demandante. Por el contrario, la demandante, en ejercicio de la carga de la prueba, desvirtuó las glosas que la DIAN propuso y pudo demostrar la veracidad de la declaración.
  (2015-10-06) [Mas Información]
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CONCEPTOS DE LA DIAN - Son actos administrativos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la Ley.
    ACTUACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES - Pueden sustentarlas en los conceptos proferidos por la Subdirección Jurídica de la DIAN.
Bajo esa preceptiva jurídica Ley 223/95 artículo 264, los contribuyentes, pueden sustentar sus actuaciones tributarias tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional con base en los conceptos escritos proferidos por la Subdirección Jurídica de la DIAN.

Pues bien, esta disposición consagró la posibilidad de que los contribuyentes realicen sus actuaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales amparados en los conceptos vigentes de tal entidad, las cuales no pueden ser desconocidas por la misma administración tributaria.

Ahora, para desatar la cuestión litigiosa es preciso determinar cuál es la naturaleza jurídica de los conceptos emitidos por la Subdirección Jurídica de la DIAN.

En este aspecto reitera la Sala el criterio expuesto en la sentencia de octubre 27 de 2005 proferida por la Sección Cuarta de la Corporación en el expediente 14699 con ponencia de la Dra. Maria Inés Ortiz Barbosa, y que en su parte pertinente dijo que cuando los conceptos interpretan las normas tributarias y dichas interpretaciones tienen un carácter autoregulador de la actividad administrativa y producen efectos frente a los administrados, su naturaleza es la de actos administrativos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la ley, sujetos a control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.
  (2015-10-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta


FACULTAD IMPOSITIVA / OBLIGACIÓN TRIBUTARIA - Elementos.
    FACULTAD DE IMPONER TRIBUTOS - Concepto
La facultad de 'imponer tributos' se concreta en establecer la 'obligación tributaria', aspecto que como lo ordena la Constitución, consiste en que la ley, las ordenanzas y los acuerdos fijen 'directamente' los sujetos activos y pasivos, los hechos y bases gravables, así como las tarifas.

Y la facultad de 'administrar y recaudar los tributos' previamente establecidos en la ley, las ordenanzas y los acuerdos se refiere a las actividades de gestión relacionadas con la organización, administración y recaudo del tributo, que como ya se dijo es delegable en las autoridades administrativas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 338 ib.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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TERMINO PARA PRESENTAR LIBROS DE CONTABILIDAD - Es de 5 días cuando se solicita por escrito y de 8 días cuando se hace por correo.
    PRETERMISION DEL TERMINO PARA EXHIBIR LIBROS DE CONTABILIDAD - Se produce cuando la DIAN exige la presentación de los libros antes de vencerse el término otorgado.
Si el auto de inspección tributaria No 0010 del 16 de marzo de 1998, fue notificado por correo ese mismo día, sólo a partir del día hábil siguiente (artículo 2 del Decreto 1354 de 1987) podían empezarse a contar los 8 días hábiles que tenía la actora para exhibir sus libros de contabilidad, lo que quiere decir que tenía plazo hasta el 27 de marzo de 1998 para la aludida exhibición, y por cuanto el Acta de Inspección se levantó el mismo 27 de marzo de 1998, se le cercenó a la actora el término legal, pues la aludida acta sólo podía levantarse el día hábil siguiente (30 de marzo de 1998), cuando ya había vencido el término legalmente otorgado al contribuyente.

En consecuencia, el día en que se levantó el acta, se reitera, no le había vencido a la actora el plazo previsto en el referido decreto para realizar la exhibición de libros, lo que significa que la infracción por la cual se le sancionó, esto es, la no exhibición, no se configuró en realidad, violando de esta forma el plazo consagrado en la mencionada disposición, con la consiguiente violación del debido proceso para la parte demandante. Se impone confirmar el fallo apelado, que, por su parte, dio la razón a la actora.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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FACULTAD FISCALIZADORA DE LA DIAN - Comprende realización de inspecciones tributarias y el examen de libros contables.
    HECHO IRREGULAR EN LA CONTABILIDAD - Lo constituye no exhibir los libros contables cuando la administración los requiera.
La Administración Tributaria está facultada para ordenar la realización de inspecciones tributarias y la exhibición y examen parcial o general de los libros de contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones o para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, facultad que está prevista en la ley, Artículo 779 del Estatuto Tributario, y que se deriva del artículo 15 la Constitución Política.

La no exhibición de los libros de contabilidad cuando la Administración Tributaria los exija, no sólo tiene consecuencias de orden probatorio, sino que también tal conducta se encuentra erigida en la ley, como "hecho irregular en la contabilidad" por lo que da lugar a aplicar sanción por libros de contabilidad- Artículo 781 y literal c) del Artículo 654 del Estatuto Tributario-.

En cuanto al procedimiento para la exhibición de los libros de contabilidad, aspecto en el cual radica la controversia, la solicitud debe efectuarse por escrito mediante auto, el cual se notifica en los términos que consagra el Artículo 565 del Estatuto Tributario (forma), la misma debe efectuarse en las oficinas o establecimientos del contribuyente obligado a llevar libros de contabilidad (lugar); y en cuanto al tiempo, si bien no señala, un momento específico de la exhibición, al determinar el objeto de la misma, que no es otro diferente, a la de verificar la exactitud de las declaraciones o para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, se colige que la Administración podrá efectuar solicitud de exhibición de los libros de contabilidad en cualquier momento (tiempo) dentro del proceso de investigación y determinación, y aun en la etapa de discusión del impuesto.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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CONCEPTOS DE LA DIAN - A través de ellos no es dable regular deberes tributarios materiales y formales.
    FACULTAD INTERPRETATIVA DE LA DIAN - Dilucida el sentido de las normas tributarias sin limitarla o excederla.
En el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, se otorgó a los conceptos emitidos por la DIAN alcance y efectos concretos frente a los particulares y a los funcionarios. La Corte Constitucional al pronunciarse sobre su exequibilidad en el fallo C-487 de 1996, precisó que estos conceptos "constituyen la expresión de manifestaciones jurídicas, juicios, opiniones o dictámenes sobre la interpretación de normas jurídicas tributarias".

La Sala sostuvo en otra oportunidad, que cuando los conceptos interpretan las normas tributarias y dichas interpretaciones tienen un carácter autorregulador de la actividad administrativa y producen efectos frente a los administrados, su naturaleza es la de actos administrativos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la ley, sujetos a control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.

Por tal razón, la administración al ejercer tal facultad interpretativa, debe dilucidar el sentido de las normas tributarias, que debe adecuarse a la finalidad de la norma interpretada, sin limitarla o excederla, pues por la vía de un concepto de carácter administrativo no es dable regular deberes tributarios materiales y formales, que constriñen derechos individuales, por ser todo esto competencia exclusiva del legislador, titular de la potestad impositiva y principal regulador de la actuación tributaria.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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CONCEPTOS DE LA DIAN - Las actuaciones del contribuyente amparadas por ellos no pueden ser objetados por las autoridades tributarias.
    CONCEPTOS DE LA DIAN - Al ser revocados los que sustentaron la actuación del contribuyente no pueden ser amparados por el artículo 264 de la Ley 223 de 1995.
Hechas las anteriores precisiones, vale la pena resaltar que el contribuyente puede fundamentar sus actuaciones tributarias en los conceptos de la DIAN que se encuentren vigentes en la fecha en que se surten dichas actuaciones, tal como lo permite el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 al señalar que "Durante el tiempo en que tales conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias realizadas a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias".

De tal manera, que las actuaciones del contribuyente realizadas al amparo de conceptos vigentes de la DIAN, no pueden ser objetadas por las autoridades tributarias. Entonces, el particular en una actuación tributaria busca cumplir con las obligaciones de índole sustancial o formal impuestas por el legislador, que sustentadas en las directrices u orientaciones de los conceptos de la DIAN vigentes para ese momento, se enmarcan dentro del amparo concedido por el precepto legal.

Para la Sala el argumento de la demandante es contrario al artículo 264 de la Ley 223 de 1995 en comento, ya que como se expuso el contribuyente puede acoger los conceptos de la DIAN que se encuentren vigentes en el momento en que realiza la respectiva actuación tributaria, que en el sub judice corresponde a la fecha en que presenta el respectivo denuncio tributario, como quiera que es en ese instante en que se instrumenta su actuación, con la declaración de los valores que consigna en su liquidación privada.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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SEGURIDAD JURIDICA PARA LOS CONTRIBUYENTES - Se desconoce cuando se revocan conceptos de la DIAN vigentes por poco tiempo.
    PRINCIPIO DE LA BUENA FE TRIBUTARIA - No puede pretender revivir un concepto de la DIAN revocado para la época de la actuación.
De tal forma, que el concepto en discusión no solo estaba revocado para el momento en que la sociedad realizó la actuación tributaria con la presentación de la declaración de renta, sino que su interpretación desconoció el alcance de los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, que autorizan la compensación de las pérdidas fiscales siempre y cuando exista utilidad o renta fiscal.

En este orden de ideas, los principios de buena fe y confianza legitima que reclama la actora para que se aplique el concepto 047433 de 1999, no pueden llevar al extremo de revivirlo para la época en que la actora realizó la actuación tributaria, ni a desconocer que su interpretación era contraria a las normas legales.

No obstante lo anterior, esta Corporación considera que frente a los continuos cambios de interpretación como el que se presenta con el Concepto No. 47433 de mayo 20 de 1999, que tuvo una vigencia inferior a un año por cuanto fue revocado con ocasión del Concepto No. 020727 de marzo 6 del 2000, resulta oportuno y necesario hacer un llamado a la DIAN para que su facultad interpretativa brinde a los contribuyentes seguridad jurídica y certeza en las actuaciones que deben adelantar ante la Administración de Impuestos.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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PERDIDAS FISCALES - Se harían amortizables indefinidamente si se compensaran con una pérdida fiscal del último período.
    RECICLAJE DE PERDIDAS - Se produce cuando se compensan pérdidas fiscales aun cuando no resulte utilidad en el último ejercicio
En efecto de la lectura e interpretación sistemática de los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, se encuentra que el legislador en dichas disposiciones legales utilizó la expresión genérica de "rentas" y el vocablo "utilidades", términos que en el régimen del impuesto sobre la renta significan lo mismo, "renta líquida": o sea renta bruta menos las deducciones o gastos necesarios para la producción de la renta.

El legislador asimiló el concepto de rentas al de utilidades, noción ésta que se utiliza para designar la renta líquida, esto es, la resultante de restar de los ingresos, los costos y deducciones, y que salvo excepciones legales es renta gravable (artículos 26 y 178 del Estatuto Tributario).

Entonces, el tratamiento tributario de las pérdidas por la sociedad en el año de 1999, corresponde a un reciclaje de pérdidas que conduce a que se distorsione la finalidad descrita en la ley, frente a su compensación con la renta líquida o utilidad generada en el año gravable en que se deducen, a más de que desconoce y hace inocuo el termino de su amortización dentro de los cinco (5) períodos gravables siguientes, toda vez que se prorrogaría indefinidamente en la medida en que resulten más pérdidas.

Por tanto, lo primero que se debe determinar es si es factible la compensación de la pérdida, con la evaluación del comportamiento económico del ente social en un período gravable determinado. Una vez establecida la obtención de utilidad o renta líquida, se atiende el tenor literal de los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, para efectuar la compensación y no como erradamente lo entiende la apelante, de sustraer la pérdida de la renta bruta, pues con ello no solo se desconocen los preceptos legales en comento sino que se impide la recuperación del ente social, que es lo que busca el legislador tributario.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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Sección Cuarta


SANEAMIENTO DE INGRESOS - Alcance.
    FACULTAD FISCALIZADORA - Límites
    NULIDAD TRIBUTARIA - Procedencia con fundamento en el saneamiento fiscal
El propósito del saneamiento fiscal de la Ley 223 de 1995 era el que los contribuyentes quienes hubieran omitido activos representados en moneda extranjera o bienes poseídos en el exterior, los denunciarán fiscalmente sin las sanciones correspondientes con el objeto de que ahí en adelante tributaran sobre ellos también.

Con tal finalidad la Ley 49 de 1990 al consagrar este saneamiento, expresamente estableció que el aumento patrimonial que se genere por su causa, no generaría renta por diferencia patrimonial, ni sanciones, como tampoco podría ser objeto de requerimiento especial, ni liquidación de revisión, por los períodos gravables de 1990 y anteriores, en lo que corresponda a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen, en tanto se cumpla alguna de las condiciones señaladas.

Conforme a lo expuesto, es claro que la sociedad al acogerse el saneamiento de divisas, limitó la facultad fiscalizadora de la Administración por virtud de la ley, como quiera que tal entidad no podía entrar a cuestionar por el año 1990 y anteriores, lo correspondiente a los bienes saneados y a los ingresos que les dieron origen.

De suerte que a juicio de esta Corporación, la actuación administrativa esta viciada de nulidad por este aspecto máxime cuando la ley establece como causal de nulidad, el saneamiento fiscal, en relación con la actuación administrativa, donde se hubiere notificado el requerimiento especial con posterioridad a la vigencia de la citada ley, como en el sub lite.
  (2015-10-02) [Mas Información]
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CORRECCIÓN DE DECLARACIÓN TRIBUTARIA - Requisitos.
    FACULTAD DE REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES - Liquidación de revisión.
La viabilidad de las solicitudes de corrección efectuadas a las declaraciones tributarias con fundamento en el procedimiento consagrado en el artículo 589 del Estatuto Tributario, está referida al cumplimiento de los requisitos formales previstos en el mismo, como:
    - presentar la solicitud dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar;

    - anexar proyecto de corrección;

    - liquidar y pagar una sanción equivalente al 5% del menor valor a pagar que resulte de la corrección y

    - acreditar el pago de la mencionada sanción.
En el caso objeto de análisis la Administración no cuestionó el cumplimiento de los requisitos que anteceden, sino que, como se dejó expuesto, el rechazo de la solicitud de corrección obedeció a un aspecto diferente, esto es, considerar sin ningún valor la declaración de renta presentada por el Consorcio por el año gravable de 1.992 objeto de la corrección, circunstancia que como lo ha reconocido la demandada implica un pronunciamiento de fondo, que para la Sala no es susceptible de ventilarse con motivo del trámite de las solicitudes de corrección efectuadas con fundamento en el citado artículo 589 del Estatuto Tributario.

Uno es el proceder relativo a la presentación de la declaración tributaria y otro diferente, el concerniente a las solicitudes de corrección, por lo que dentro del trámite de éstas no es procedente cuestionar la validez de la declaración inicial, lo cual, como ya lo tiene dicho la Sección, debe efectuarse dentro del procedimiento de revisión de las declaraciones tributarias que es el previsto en la ley para tal efecto, y al cual se remite el artículo 589 varias veces citado.
  (2015-10-02) [Mas Información]
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PRUEBA CONTABLE - Demuestra los hechos económicos que realiza el contribuyente.
    FACULTAD FISCALIZADORA - Oportunidad de la administración para desvirtuar los hechos de la declaración privada.
El artículo 746 E.T. prevé que: "se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija".

Esa norma, sin embargo, establece una presunción legal, pues el contribuyente no está exento de demostrar los hechos que expuso en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las declaraciones o en las respuestas a los requerimientos administrativos.

La administración, en todo caso, también puede desvirtuar los hechos declarados por el contribuyente, pues la facultad fiscalizadora persigue comprobar la certeza, la veracidad o la realidad de los hechos que justifican las declaraciones del contribuyente y el cumplimiento de los presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado.

Entre los medios probatorios permitidos se encuentra la prueba contable que es quizá el principal medio probatorio, en cuanto a que demuestra de una forma más real, más fiel, los hechos económicos que realiza el contribuyente.

Así lo prevé expresamente el artículo 50 C. Co. El artículo 51 ib., a su turno, prevé que la contabilidad está conformada tanto por los libros como por los comprobantes -internos y externos- que sirvan de respaldo a los registros contables que se hacen en los libros. De modo que la prueba contable es una unidad conformada por varios medios probatorios: los libros; los comprobantes externos e internos, y todos los documentos que tengan relación directa con los registros contables.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO - Circunstancia para que se aporte en otra oportunidad procesal la contabilidad.
    PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA TRIBUTARIA - Improcedencia para probar hechos en los que la norma establece que debe probarse por otros medios.
La labor tanto de la administración como del contribuyente no debe ni puede ser pasiva, pues de la actividad que desarrollen dependerá la prosperidad del caso a favor de una de las partes, en tanto en el proceso judicial se logre convencer al juez administrativo de la legalidad o de la ilegalidad de los actos administrativos.

Ahora bien, en principio, las pruebas decretadas y practicadas en la vía gubernativa son las que permiten al juez examinar la legalidad de los actos administrativos, esto es, las pruebas que aducen las partes son las que, según el caso, desvirtúan o confirman la presunción de legalidad de los actos administrativos.

Sin embargo, eso no impide que en el proceso judicial, el contribuyente o la propia administración puedan pedir o aportar pruebas para respaldar sus argumentos, siempre que tales pruebas sea conducentes, pertinentes, útiles y lícitas, y guarden relación con las que ya se practicaron en la vía gubernativa, en procura de demostrar los hechos que demostraron o desvirtuaron las correspondientes glosas.

Eso es de la naturaleza del proceso judicial, pues a cada parte le corresponde demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y, además, le corresponde demostrar la certeza de sus argumentos.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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PRUEBA DE PASIVOS - Debe hacerse a través de documentos idóneos y que llenen las formalidades exigidas en la contabilidad.
    PRUEBA SUPLETORIA DE LOS PASIVOS - Procede el reconocimiento de los pasivos si se prueba que los rendimientos y las cantidades respectivas fueron declaradas por el contribuyente.
El artículo 770 E.T. dice que cuando el contribuyente esté obligado a llevar libros de contabilidad los pasivos deben probarse con documentos idóneos y "con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad".

Sin duda, la expresión documentos idóneos alude a que los comprobantes externos cumplan con las formalidades exigidas por la ley. De modo que la administración pueda identificar no sólo el tipo de pasivo, sino que pueda establecer que corresponde al periodo fiscal investigado.

El artículo 771 ib., por su parte, dice que la falta de prueba de los pasivos da lugar a que se rechacen, a menos de que se pruebe que la cantidad y los rendimientos fueron oportunamente declarados por el beneficiario. No obstante, el demandante ni en sede administrativa ni en sede judicial demostró los pasivos registrados.

Tampoco demostró que el beneficiario del pasivo hubiese declarado la cantidad y el rendimiento. Todo lo contrario, las irregularidades en la contabilidad y la falta de comprobantes del registro dieron lugar a que se desconocieran.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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MEDIOS PROBATORIOS EN MATERIA TRIBUTARIA- Lo son entre otros, la inspección tributaria, la contable y la facultad de registro.
    FACULTAD FISCALIZADORA - Finalidad. Funcionario competente.
Con el ejercicio de la facultad fiscalizadora la administración tributaria persigue probar, más allá de la certeza, la veracidad o la realidad de los hechos que justifican las declaraciones del contribuyente y el cumplimiento de los demás presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado.

El título VI del Estatuto Tributario regula el régimen probatorio en materia tributaria y, concretamente, los medios de prueba de los que puede hacer uso la administración para desvirtuar los hechos consignados en las declaraciones tributarias, siempre que frente a tales hechos no se haya solicitado una comprobación especial ni que la ley así lo exija (art. 746 del E.T.).

Cuando la autoridad tributaria ejerce la facultad fiscalizadora busca no sólo comprobar la certeza, la veracidad y la realidad de los hechos que contienen no sólo las declaraciones, sino examinar las respuestas del contribuyente a los requerimientos que efectúa la administración.

Esa función de fiscalización se hace con los medios de prueba que la legislación tributaria ha puesto a disposición de la administración, de modo que con tales medios de prueba logre el convencimiento sobre los aspectos que interesan en cada caso.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 688 del E.T., la competencia para desarrollar esa facultad fiscalizadora corresponde al jefe de la unidad de fiscalización, quien, para cumplir ese cometido, puede proferir los requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos, los emplazamientos para corregir y para declarar, y los demás actos previos a la aplicación de sanciones con respecto a las obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, anticipos y retenciones.
  (2015-10-01) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


INSPECCION TRIBUTARIA - No es una diligencia de tipo técnico contable sino un medio de prueba de verificación.
    ACTA DE INSPECCION TRIBUTARIA - Contenido. Forma parte de la actuación administrativa originada en la inspección tributaria.
El artículo 779 del E.T. califica la inspección tributaria como un medio de prueba, con el que la administración verifica directamente los hechos que interesan en el Proceso de fiscalización y determina su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron tales hechos.

En esa inspección, la administración puede decretar todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias a cada medio probatorio.

La diligencia de inspección tributaria se decretará con auto en el que se deben indicar los hechos materia de prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. Dicho auto, además, debe notificarse por correo o personalmente al interesado, pues la inspección tributaria sólo se inicia una vez el interesado se entere del objeto de la inspección.

De esa diligencia se levanta un acta que debe contener todos los hechos y pruebas en que se sustenta. Esto es, se debe levantar un acta en la que se consignen los hechos verificados por la autoridad tributaria en la inspección tributaria. Según el mismo artículo 779, cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación administrativa dicha acta formará parte de la misma.

La inspección tributaria, como ya se dijo, no es una diligencia de tipo técnico contable, sino un medio de prueba de verificación o de constatación de los hechos que interesan al proceso de fiscalización. Es evidente que el acta de terminación no requiere que se suscriba por un contador público y, por tanto, bastará que se firme por el funcionario que la practicó.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


INSPECCION TRIBUTARIA - Diferencias con la inspección contable.
    CONTADOR PUBLICO - Debe practicar y suscribir el acta de inspección contable.
El artículo 782 del E.T., a su turno, define la inspección contable como un medio de prueba que permite a la administración verificar la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravados y comprobar el cumplimiento de las obligaciones formales.

De esa diligencia también se levanta un acta que, a diferencia del acta de inspección tributaria, no sólo la suscriben los funcionarios visitadores, sino las partes intervinientes. Si los intervinientes se niegan a firmar el acta se dejará constancia y, en todo caso, eso no afecta el valor probatorio de la inspección.

Conforme con el artículo 782, se presume que los datos consignados en el acta fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, salvo que el contribuyente o responsable manifieste su inconformidad. La Sala acoge las consideraciones que hizo el a quo sobre la diferencia entre la inspección tributaria y la inspección contable.

Es cierto que las dos persiguen objetivos diferentes, pues, se repite, mientras que la primera es un medio de verificación de los hechos que interesan al proceso de fiscalización, la segunda es un medio probatorio esencialmente técnico para verificar la exactitud de los denuncios tributarios y el cumplimiento de las obligaciones formales a partir del análisis de la contabilidad del contribuyente específicamente. Y, en ese entendido, sólo el acta de terminación de la inspección contable debe suscribirse por un contador público.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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ACTA DE REGISTRO - Basta que en la diligencia esté uno de los funcionarios comisionados.
    FUNCIONARIOS COMISIONADOS - Basta que aparezca uno en el acta de registro.
El artículo 779-1 del E.T. consagra la facultad de registro como un medio de prueba que permite a la administración tributaria examinar las oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus archivos, siempre que, para el caso de las personas naturales, no coincida con su casa de habitación.

En esencia, es un medio probatorio para evitar que las pruebas sean alteradas, ocultadas o destruidas. Para evitar que eso ocurra, la administración puede adoptar cualquier tipo de medida e incluso puede pedir colaboración a la fuerza pública para que la diligencia de registro se cumpla en condiciones normales.

La competencia para ordenar la diligencia de registro es del Administrador de impuestos y aduanas o del Subdirector de fiscalización, sin que esa competencia pueda delegarse en otro funcionario. En todo caso, el artículo 1º del Decreto 3050 de 1997 establece que también son competentes para ordenar el registro los Administradores especiales, los Administradores locales de impuestos nacionales, los Administradores locales de aduanas nacionales, los Administradores locales de impuestos y aduanas nacionales.

Y, además, el Subdirector de Fiscalización, para el Control y Penalización Tributaria y el Subdirector de Fiscalización Aduanera, Represión y Penalización del Contrabando. Según lo exige el artículo 779-1, el acto administrativo que ordena el registro deberá motivarse y, además, notificarse a la persona que se encuentre en el momento de que se practique la diligencia. Contra dicho acto no cabe ningún recurso, por tratarse de un acto de trámite que antecede a la decisión que adopte la administración.

Es cierto que el acta de hechos 409 de 2002, relacionada con la diligencia de registro, aparece firmada por las funcionarias María Fernanda López, Lorena Hernández y Claudia Rubio, pero también lo es que de esas funcionarias nombradas sólo la señora Claudia Rubio aparecía como comisionada para tal diligencia.

No obstante, para la Sala ese hecho no vicia la diligencia de registro ni afecta la legalidad de los actos demandados, pues es suficiente que uno de los funcionarios comisionados participe de la diligencia y coordine a los demás funcionarios que intervienen sin estar comisionados.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD - No se aplica tratándose de sociedades anónimas o sus asimiladas.
    RESPONSABILIDAD SOLIDARIA - El patrimonio de la sociedad garantiza el pago de los impuestos liquidados a su cargo.
Sobre el tema de la responsabilidad solidaria que tienen los socios, respecto de las deudas originadas en impuestos a cargo de la sociedad, esta Sección ha precisado, que la sociedad es, en principio, la que debe responder por los impuestos liquidados a su cargo.

El patrimonio de la sociedad, por regla general, garantiza el pago de los impuestos a cargo de la sociedad. Pero esa regla admite una excepción relacionada con la responsabilidad solidaria de los socios prevista en los artículos 793 y 794 del E.T. Las normas vigentes para la fecha en que se profirieron los actos administrativos acusados determinan la responsabilidad solidaria de los socios frente a las obligaciones que, por concepto de impuestos, adquiera la sociedad.

El artículo 794 citado es claro en establecer que la responsabilidad solidaria de los socios frente a los impuestos no se aplica "a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas." En el sub lite está probado que, desde el año 1993, la sociedad actora se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima.

En ese orden, es evidente para la Sala que no se predica la solidaridad de los socios y, por ende, resultaba suficiente con que el requerimiento especial se notificara al liquidador de SAJATEX. Lo anterior basta para concluir que el argumento de la falta de vinculación no está llamado a prosperar.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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PASIVOS - Cuando no se prueba su existencia procede la sanción por inexactitud.
    SANCION POR INEXACTITUD - Procede cuando se declaran pasivos inexistentes.
Es evidente para la Sala que la parte actora no logró probar que no era cierto que existieran los pasivos inexistentes a que aludió la DIAN. Como ya se dijo, no hubo actividad probatoria que desvirtuara tales pasivos y, por tanto, no hay pruebas para confrontar las conclusiones que tienen sobre este aspecto los actos acusados.

Ahora bien, la Sala respalda el cálculo de la sanción por inexactitud, pues se calculó con base en el saldo a pagar determinado en la resolución que decidió el recurso de reconsideración ($1.107'670.000) menos el valor declarado por el contribuyente ($10'186.000) y el resultado ($1.097'484.000) multiplicado por el 160%, que arroja un resultado de $1.755'974.000.

En ese contexto, se concluye que, de conformidad con el artículo 647 del E.T., era procedente la sanción por inexactitud impuesta por la DIAN, por haberse incluido en la declaración pasivos inexistentes. Por tanto, se impone mantener la sanción impuesta por la administración.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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FACULTAD DOCTRINARIA DE LA DIAN - No puede exceder el alcance de la ley no de la Constitución.
    CAMBIO NORMATIVO - No vulnera el principio el principio de justicia y equidad.
De otra parte, un cambio normativo tributario o de interpretación de las normas, no puede considerarse, en principio, violatorio del principio de justicia y equidad, por el sólo hecho de su expedición y por el cambio que pueda producir en las situaciones económicas frente a un determinado tributo, pues, tiene que concretarse y demostrarse por qué tales disposiciones o interpretaciones contrarían dichos preceptos que gobiernan el sistema tributario conforme al artículo 363 de la Constitución Política, razones que se echan de menos en la presente demanda y que impiden hacer consideraciones adicionales a las ya expuestas.

De todos modos, la DIAN cuando ejerce su facultad doctrinaria, no puede exceder el alcance de la ley ni de la Constitución, de manera que si se demuestra su quebrantamiento se debe retirar del ordenamiento jurídico. No prospera el cargo.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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INVERSIONES DEDUCIBLES EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
Deben obedecer a erogaciones para la adquisición de valores representativos de participación en otros entes.
    INVERSIONES DE LAS ENTIDADES DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Deben estar representadas en acciones, participaciones, cuotas sociales o cualquier otra modalidad de copropiedad accionaria
Como se puede apreciar de los artículos 357 del Estatuto Tributario y 4° del Decreto 868 de 1989, dentro de los egresos procedentes en el régimen tributario especial se tienen las inversiones efectuadas en cumplimiento de las actividades señaladas en el artículo 359 de aquel estatuto; respecto del alcance de la expresión "inversiones" debe precisarse que las mismas deben obedecer a erogaciones para la adquisición de valores representativos de participación en otros entes y que en el caso de las entidades de este régimen tributario deberá ser en entidades que desarrollen alguna de las actividades favorecidas con el tratamiento especial, esto es en salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica y tecnológica o a programas de desarrollo social donde tenga acceso la comunidad y sean de interés general.

De lo anterior se tiene que las inversiones que efectúen las entidades del régimen tributario especial deben estar representadas en títulos valores o de participación en otras entidades, a manera de acciones, participaciones, cuotas sociales o cualquier otra modalidad de copropiedad accionaria realizada en entes económicos que desarrollen dentro de su objeto social alguna de las actividades anteriormente señaladas.

La finalidad de las normas en comento no es desde luego capitalizarse (apropiar parte de sus excedentes) ni adquirir participación accionaria en cualquier tipo de entidades, sino que como se deduce de los artículos 357 del Estatuto Tributario y 4° del Decreto 868 de 1989 su finalidad es inyectarle capital y fortalecer financieramente a otras entidades que desarrollen las actividades señaladas en el artículo 359 del estatuto tributario.
  (2015-09-30) [Mas Información]
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EGRESOS DESTINADOS AL OBJETO SOCIAL -
Son deducidos en el régimen tributario especial aunque no tengan relación de causalidad.
    OBJETO SOCIAL EN LAS ENTIDADES DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Referido a actividades de salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica o tecnológica
De los artículos 357 del Estatuto Tributario, 2° y 4° del Decreto 868 de 1989 se tiene que los egresos que se restan de los ingresos obtenidos por las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial para determinar el beneficio neto o excedente son:
    a) los de cualquier naturaleza que tengan relación de causalidad con los ingresos y que constituyan costo o gasto.

    b) los de cualquier naturaleza que no teniendo relación de causalidad con el objeto social se destinen al cumplimiento de su objeto social es decir en las actividades previstas en el artículo 359 del Estatuto Tributario.

    c) dentro de los egresos se consideran las inversiones que se hagan en cumplimiento del objeto social.
De los artículos 357 y 359 del Estatuto Tributario en concordancia con el artículo 19 ibídem, esté último antes de la reforma introducida por la Ley 633 de 2000, se deduce que el objeto social de las entidades del régimen tributario especial para el año gravable 1995, debía estar referido a las actividades de salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica o tecnológica o a programas de desarrollo social cuando las mismas sean de interés general, de manera que las actividades diferentes a éstas no podían gozar de la exención del beneficio neto o excedente, y por ello el inciso final del artículo 358 del mismo Estatuto siendo congruente con el artículo 19, señala que en caso que el excedente no se invierta en programas que desarrollen el objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que esto ocurra.
  (2015-09-30) [Mas Información]
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CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA DEL ARTICULO 589 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO - Al rechazarse por la DIAN por deficiencia probatoria excedió en sus facultades legales.
De conformidad con el artículo 589 del Estatuto Tributario, los contribuyentes tienen la posibilidad de corregir sus declaraciones tributarias disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor. Como ya lo ha indicado la Sala, este procedimiento no autoriza a la Administración para debatir aspectos de fondo en la liquidación del correspondiente impuesto, sino que la limita a verificar que se cumplan los requisitos formales exigidos en la norma, para la procedencia de la corrección.

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 589 del Estatuto Tributario, la corrección realizada no impide la facultad de revisión, que se cuenta desde la fecha del acto administrativo que la aprueba o desde el vencimiento del término establecido para resolver la solicitud.

Para la Sala el rechazo efectuado por la Administración se basa en aspectos de fondo, derivados de la deficiencia probatoria, relativa a los valores corregidos frente a los registros contables, precisiones que al efectuarlas en el trámite de corrección de la declaración, excedió sus facultades legales pues objetó la solicitud por aspectos de fondo.
  (2015-09-29) [Mas Información]
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CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA / PROYECTO DE CORRECCION FACULTAD PARA CORREGIR DECLARACIONES.
Conforme al artículo 8o. de la Ley 84 de 1988 (antes de ser modificado por la Ley 6a. de 1992), para corregir las declaraciones tributarias que no varíen el valor a pagar o que lo disminuyan o aumenten el saldo a favor, debe presentarse solicitud previa a la Administración, acompañada del respectivo proyecto de corrección con el fin de que se oficialice la mencionada corrección, que si es aceptada tácita o expresamente por la Administración, entra a reemplazar la liquidación presentada inicialmente y que goza en consecuencia de la presunción de veracidad que cobijaba a la primera.

En esas condiciones la facultad otorgada por el artículo 589 del E.T., debe interpretarse en concordancia con las demás normas de la legislación tributaria, particularmente las relativas al proceso de determinación oficial del tributo, tal como lo dispone el artículo 589 del E.T.
  (2015-09-29) [Mas Información]
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FACULTAD PARA CORREGIR DECLARACIONES / CONTRIBUYENTE - Deberes.
Si bien la administración goza de amplias facultades de fiscalización de la declaración, que ejerce entre otras a través de las liquidaciones de corrección aritmética y de revisión, sólo la notificación del pliego de cargos o del requerimiento especial tienen la capacidad de limitar y precluir la facultad de los contribuyentes de corregir sus declaraciones tributarias, ya sea por errores mecanográficos o de transcripción, o aún en aspectos de fondo tales como la modificación de las bases gravables, su depuración, aplicación de tarifas y en general, la corrección de todos aquellos factores sobre los cuales no ha iniciado actuación la Administración Tributaria, sin perjuicio de las correcciones provocadas (por el requerimiento y la liquidación de revisión) en los términos de los artículos 709 y 713, máxime cuando nadie está obligado a permanecer en el error.
  (2015-09-29) [Mas Información]
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FACULTAD DE CORRECCION / FACULTAD DE REVISION / ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
De haberse practicado la liquidación oficial de corrección aritmética en la forma autorizada por la ley, ésta constituye un elemento más a tenerse en cuenta para efectos de la liquidación de revisión, por cuanto la norma es clara en determinar que la correspondencia se predica entre la liquidación privada y el requerimiento, en atención a que la facultad de corrección se ejerce sin perjuicio de la facultad de revisión, toda vez que esta última pretende modificar el monto del tributo determinado en la liquidación privada y en atención a que la primera, ésto es, la liquidación oficial de corrección aritmética, no está referida a la determinación oficial del impuesto, sino exclusivamente a enmendar errores de orden numérico por lo que el contribuyente puede válidamente modificar su declaración privada a través del procedimiento de corrección, que sustituye la presentada inicialmente.
  (2015-09-29) [Mas Información]
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LIQUIDACION OFICIAL DE CORRECCION - Debe proferirse dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud de corrección.
En esta oportunidad, la Sala considera que le asiste razón al impugnante y reitera que la solicitud de modificación de la declaración prevista en el artículo 589 ibídem, sólo puede negarse por inobservancia de los requisitos de forma, mas no por razones de fondo, como las relacionadas con el derecho al reconocimiento de costos, deducciones, descuentos, exenciones - excepciones, retenciones en la fuente, o pruebas requeridas para su demostración, pues tales asuntos son materia de un proceso de revisión.

Y es que de acuerdo con el tenor literal de la disposición legal en comento, la corrección de la declaración tributaria debe cumplir con los siguientes requisitos formales:
  • Presentar una solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente,
  • Que la petición se realice dentro del año siguiente a la fecha del vencimiento del término para declarar y,
  • Adjuntar proyecto de corrección.
Cumplidos los requisitos mencionados, la Administración debe practicar liquidación oficial de corrección dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, so pena de que opere el silencio administrativo positivo a favor del contribuyente, sin que esté autorizada para entrar a debatir cuestiones de fondo del proyecto de corrección que deban ser discutidas a través del procedimiento revisión.
  (2015-09-29) [Mas Información]
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PROYECTO DE CORRECCION DE DECLARACION - Debe aceptarse cuando se presentó dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para declarar.
La Sala observa que la actuación administrativa no se ajusta a derecho, pues fundamentó el rechazo de la solicitud de corrección en aspectos de fondo denunciados por el contribuyente, y así desconoce de plano que la actora cumplió con los requisitos formales preceptuados en el artículo 589 ib. para la procedencia de la corrección, presupuestos que no fueron cuestionados por el ente fiscal.

Por tanto, como la accionante atendió los presupuestos exigidos por la Ley para corregir su declaración de renta y complementarios de 1997, ya que presentó la solicitud el 6 de abril de 1999 dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para declarar (16 de abril de 1998 Dto. 3049 de 1997) y allegó el proyecto de corrección respectivo, es procedente su aceptación.

Ahora bien, si la Administración pretendía cuestionar de fondo los rubros modificados de la declaración tributaria en cuanto al acervo probatorio que lo respaldaba, debió aplicar el inciso segundo del artículo 589 del Estatuto Tributario con la expedición de la liquidación oficial de corrección, para posteriormente utilizar la facultad de revisión establecida en los artículos 702 a 712 del mismo ordenamiento.
  (2015-09-29) [Mas Información]
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TERMINO PARA NOTIFICAR REQUERIMIENTO ESPECIAL - Prórroga por notificación de auto de inspección tributaria y práctica de ésta.
    INSPECCION TRIBUTARIA - Suspensión del término para notificar requerimiento especial; requisito de su realización efectiva.
Según el Decreto 3049 de 1997, el plazo para presentar la declaración de renta del año gravable 1997, atendiendo a los últimos dígitos del NIT del demandante (71), era el 1 de julio de 1998. No obstante, consta en el proceso que la declaración se presentó el 5 de mayo de 1998. Conforme a lo anterior, el término para notificar el requerimiento especial, de que trata el artículo 705 del Estatuto Tributario, vencía inicialmente el 1 de julio de 2000.

Sin embargo, como se notificó auto de inspección tributaria el 23 de junio de 2000, dicho término se prorrogó por tres meses más, esto es hasta el 1 de octubre de 2000. Significa que fue oportuno el requerimiento especial, al ser notificado el 28 de septiembre de 2000.

Lo anterior, en aplicación del artículo 706 del Estatuto Tributario, después de ser modificado por la Ley 223 de 1995 artículo 251, según el cual: "El término para notificar el requerimiento especial se suspenderá: Cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete".

Las pruebas recaudadas en desarrollo de la diligencia, resultan suficientes para que deba reconocerse que efectivamente se practicó la inspección tributaria, y por la misma razón, operó la suspensión del término para notificar el requerimiento especial.

La Sala ha considerado que la suspensión del término para notificar el requerimiento especial opera solamente cuando existe realmente una inspección, dado que la expresión "la práctica de inspección tributaria", contenida en el artículo 779 ib. implica que efectivamente ésta se realice; también se ha dicho que para que se entienda realizada, basta que dentro del período se realice al menos una prueba relacionada con la inspección.
  (2015-09-29) [Mas Información]
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LIBROS DE CONTABILIDAD - Inscripción previa para que sirvan de prueba y tengan efectos respecto de terceros.
    EFICACIA PROBATORIA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD - Inscripción en Cámara de Comercio
Es un hecho probado en el proceso y aceptado por el propio demandante, que los libros de contabilidad Mayor y Balances y Caja - Diario se registraron en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, el 6 de abril de 1999, y que los registros correspondientes a las operaciones realizadas en el año 1997 se efectuaron con posterioridad a la inscripción de los libros.

Según el artículo 126 del Decreto 2649 de 1993 (Estatuto Contable), "...para que puedan servir de prueba los libros deben haberse registrado previamente a su diligenciamiento, ante las autoridades o entidades competentes, en el lugar de su domicilio principal".

La anterior disposición es concordante con el artículo 29 del Código de Comercio, en su causal 4ª, según la cual, la inscripción de los libros contables podrá solicitarse en cualquier tiempo, "pero los actos y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción".

Por su parte, los artículos 772 y 774 del Estatuto Tributario, señalan que los libros de contabilidad del contribuyente constituyen "prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma"; y "son prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
  • 1. Estar registrados en la Cámara de Comercio..." .
Del texto de las mencionadas disposiciones se infiere que si bien es cierto, la inscripción de los libros de contabilidad puede hacerse en cualquier tiempo, éstos constituyen prueba a favor del contribuyente sólo a partir de su registro, y únicamente en relación con las operaciones registradas con posterioridad al mismo.
  (2015-09-29) [Mas Información]
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RENTA PRESUNTIVA POR CONSIGNACIONES - Cuentas no registradas en los libros de contabilidad o registradas con posterioridad a la inspección en la Cámara de Comercio: legalidad de los actos acusados.
Ahora bien, tratándose de aplicar la presunción legal prevista en el artículo 755-3 del Estatuto Tributario, antes de ser modificado por la Ley 863 de 2003, artículo 29, se considera que los supuestos fácticos que permiten concluir el hecho presumido, son:
  • La existencia de indicios graves, de los que se pueda interpretar que las consignaciones verificadas corresponden a ingresos propios del contribuyente; y que las cuentas bancarias que figuran a nombre del contribuyente, no se encuentran registradas en su contabilidad.
Según se expone en los actos acusados y está probado en el expediente, el señor LUIS EVELIO GIRALDO GONZÁLEZ es el titular de la cuenta corriente N° 34403626-4 de BANCAFE, en la cual se realizaron consignaciones en el año 1997, por valor de $36.524.709.469; mientras que en su declaración de renta denunció ingresos por $513.782.000. Significa que se encuentra probado el indicio grave, pues se parte del supuesto lógico que las consignaciones realizadas en la cuenta del actor constituyen ingresos propios, a menos que se demuestre lo contrario.

También está demostrado que para el año gravable 1997 la mencionada cuenta corriente no se encontraba registrada en los libros de contabilidad del contribuyente, pues como él mismo lo manifiesta en su demanda, lo movimientos contables de dicho año fueron registrados con posterioridad a su ocurrencia y después del registro de los libros ante la Cámara de Comercio (abr. 26/99).

De otra parte se observa que las pruebas allegadas por el actor no permiten desvirtuar la presunción legal, en virtud de la cual se tiene como renta líquida gravable el 15% del valor de las consignaciones realizadas. En tales condiciones, es forzoso reconocer en este punto la legalidad de los actos acusados.
  (2015-09-29) [Mas Información]
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DEDUCCION POR PAGO DE SALARIOS A COTEROS - Las cuentas de cobro y recibos de caja menor no dan certeza sobre el gasto y sus beneficiarios.
    CUENTAS DE COBRO - No tienen fecha cierta y carecen de eficacia tributaria.
En cuanto a los pagos laborales ha sostenido el actor, tanto en vía gubernativa como ante la jurisdicción que se trata de "jornales", pagados a personas que cobran por cada bulto de café "descargado, acomodado o paleado" y que en consecuencia, no son salarios sobre los cuales deban realizarse los aportes parafiscales.

Para probar su afirmación allegó con ocasión del recurso de reconsideración fotocopias simples de las cuentas de cobro y recibos de caja menor y afirmó que, los gastos se encuentran debidamente contabilizados.

Para la Sala las mencionadas pruebas carecen de eficacia probatoria pues en primer término, las cuentas de cobro constituyen documentos privados que no tienen fecha cierta, en los términos del artículo 767 del Estatuto Tributario, luego no hay certeza sobre el concepto del gasto ni de sus reales beneficiarios.

De otra parte, habiéndose desvirtuado el valor probatorio de la contabilidad, por las razones ya expuestas, no resultan suficientes los recibos de caja para demostrar la viabilidad del gasto. En las circunstancias anotadas, debe reconocerse ajustada a derecho la actuación administrativa en cuanto rechaza la deducción solicitada por concepto de pagos laborales.
  (2015-09-29) [Mas Información]
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NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS - Permite la oponibilidad.
    FORMAS DE NOTIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION DE IMPUESTOS - Personal, por edicto y por introducción al correo.
  1. NOTIFICACION PERSONAL - mecanismo principal para dar a conocer las providencias
  2. EDICTO - Forma supletoria de notificación
  3. CITACION - Forma mediante la cual se cumple con la notificación personal. No implica una notificación por correo. No debe anexarse copia del acto a notifica
  4. NOTIFICACION POR CORREO - Es diferente al envío de la citación para que comparezca el contribuyente a notificarse personalmente. Actos que se notifican por esta forma
La notificación de los actos administrativos, como medio a través del cual el administrado conoce las decisiones que lo afectan, y puede oponerse a las mismas, es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso.

Así, mientras los actos no se notifiquen, no producen efecto ni son oponibles a los destinatarios (artículo 48 del Código Contencioso Administrativo). Conforme al inciso segundo del artículo 565 del Estatuto Tributario "Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación."

Conforme con la norma, la notificación personal es el mecanismo principal para dar a conocer las providencias que resuelven los recursos interpuestos contra las decisiones proferidas por la Administración Tributaria, y la notificación por edicto es la forma supletoria para cumplir dicha finalidad, cuando el citado no comparece para realizar la notificación personal, dentro del término que legalmente se le otorga.

Se tiene entonces que la notificación personal presupone el envío de una citación al contribuyente para que éste, a su vez, concurra a la Administración dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se introduce al correo del aviso de citación.
  (2015-09-11) [Mas Información]
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PLANILLAS DEL CORREO CERTIFICADO - Son documentos públicos y constituyen plena prueba.
    TACHA DE FALSEDAD - Trámite que debe agotarse para contradecir la causal de devolución del correo
Está probado que el correo enviado con la citación, fue devuelto. Dicho correo, no sobra anotar, fue enviado a través de ADPOSTAL, red oficial de correos y mensajería especializada, encargada de administrar el correo certificado como servicio diseñado para el manejo de toda clase de correspondencia con tratamiento especial, seguimiento y control en todos sus procesos, asegurando la certeza del envío y la entrega respectiva.

Las planillas del correo certificado son documentos públicos (C. P. C. art. 262, 2) constitutivos de plena prueba sobre la devolución del mismo, en cuanto las emite la autoridad oficial a la que legalmente se le asigna la prestación del servicio y, al tenor del artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos hace el funcionario que los autoriza.

Para contradecir este tipo de documentos debe agotarse el trámite de tacha de falsedad previsto en los artículos 289 y 290 ibídem, y aportar pruebas contundentes en relación con la inexistencia de la causal de devolución que señala ADPOSTAL.
  (2015-09-11) [Mas Información]
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Sección Cuarta


DEVOLUCION DEL CORREO - No suspende el término para que el contribuyente se notifique personalmente.
    NOTIFICACION POR EDICTO - Es independiente de la causa de devolución del correo.
Pero más allá de eso, e independientemente de que las razones expuestas por el empleado de ADPOSTAL no se ciñan indubitable y categóricamente al alcance de la causal de devolución que transcribió "cambio de domicilio", lo cierto es que en la regulación legal de las formas de notificación de las actuaciones tributarias (art. 563 a 570 del Estatuto Tributario) los motivos de la devolución resultan indiferentes para efecto del mecanismo subsidiario de notificación por edicto de los actos que resuelven recursos, y de notificación por publicación en diario de amplia circulación nacional de los actos que deben notificarse por correo.

En efecto, el inciso 2º del artículo 565 faculta la notificación por edicto siempre que el citado no comparezca luego de los diez días siguientes a la introducción de la citación al correo, independientemente de su posible devolución; y el artículo 568 del mismo cuerpo normativo, por su parte, autoriza la publicación, cualquiera que sea la causa de la devolución del correo.

Conforme con lo explicado, concluye la Sala que, en los términos del inciso segundo del referido artículo 565, el simple hecho de la devolución del correo que contenía la citación para la notificación personal facultaba la notificación supletoria, que ciertamente se realizó luego de vencer los 10 días siguientes al envío de la citación (8 de julio del 2002), con edicto fijado el 9 de julio del 2002 por el término de diez días hábiles (se desfijó el 22 de julio), de acuerdo con el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
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Sección Cuarta


RECURSO DE APELACION - Oportunidad para interponerlo.
    TERMINO PARA INTERPONER RECUROS - Es dentro de los tres días siguientes a la notificación de las providencias
Hace consistir la parte recurrente su inconformidad en que al establecerse en el artículo 352 del C. P. C., que el recurso de apelación debe interponerse dentro de los tres días siguientes a la fecha en que quedo ejecutoriada la sentencia, y a la vez, así haberse entendido en una providencia de esta Corporación en el año de 1980, considera que debe tenerse el recurso presentado dentro del término legal.

Para la Sección no asiste razón alguna al actor en su alegación, pues no es cierto que el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil disponga tal afirmación, ni tampoco surja del análisis de su contenido, pues éste sólo indica que el recurso debe ser interpuesto en el acto de la notificación personal de la providencia o dentro de los tres días siguientes a su notificación.

Es necesario anotar, que una providencia que ha quedado ejecutoriada o que sobre ella haya recaído su ejecutoria, es una providencia que es inimpugnable, por regla general, pues queda revestida de cosa juzgada. De tal modo, precisa la Sala que no es con la ejecutoria que empieza a correr el término para interponer los recursos, ya que éstos deben ser presentados es una vez hayan sido notificadas las providencias, y como ya se señaló, dentro de los tres días siguientes.
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EXONERACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES -
Procedencia de la acción de simple nulidad
La teoría de los motivos y finalidades, posición reiterada por esta Corporación desde la sentencia de agosto 10 de 1961, no contradice lo anterior en la medida en que se aplique conforme a los supuestos analizados en las distintas sentencias y confirmadas en la última citada.

Ahora bien, cuando la acción de simple nulidad se dirige contra actos de contenido particular y concreto la tesis opera de dos formas:
  • a) si la declaratoria de nulidad no conlleva el restablecimiento del derecho particular lesionado la acción puede ejercerse inclusive por el titular del derecho y

  • b) si la sentencia prosperara y determinara el restablecimiento automático del derecho particular lesionado, la acción es inadmisible, salvo que se intente dentro del término de caducidad previsto en la ley.
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EDICION DE PERIODICOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS - Es una actividad de servicios. Antecedentes normativos.
Está gravada a la tarifa del 4.14 por mil.
    ALCALDE - No tenía facultad para fijar una tarifa diferente a la actividad de edición de periódicos revistas y publicaciones.
A partir del Acuerdo 2 de 1985, la actividad de publicación de revistas, libros, periódicos, radio y televisión, fue prevista como actividad de servicios (código 309), con una tarifa del 2 por mil (artículo 3). El artículo 15 del Acuerdo 11 de 1988, relativo a las tarifas del impuesto, modificó el código de dicha actividad (301); incluyó en éste, las actividades de transporte, radiodifusión y programación de televisión y aumentó la tarifa al 3 por mil.

En ejercicio de las facultades compilatorias asignadas en el Acuerdo 28 de 1995, el Decreto Distrital 423 de 1996 mantuvo la clasificación y la tarifa que habían sido fijadas en el artículo 15 del Acuerdo 11 de 1988 (código 301 y tarifa del 3 por mil) para la actividad de "Transporte; publicación de revistas, libros y periódicos; radiodifusión y programación de televisión".

Desde el Acuerdo 2 de 1985 hasta la expedición del Decreto 423 de 1996, la actividad de "edición o publicación de revistas y periódicos" ha sido tratada como actividad de servicios. Con la Resolución 1195 del 17 de noviembre de 1998 se estableció en el Distrito Capital la nueva clasificación de actividades económicas para el impuesto de industria y comercio.

Para el efecto, se adoptó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU (Revisión 3 A.C.) elaborada por la ONU y adoptada para Colombia por el DANE Cuando la Resolución 219 de 2004 acogió la clasificación CIIU para la actividad de "edición de periódicos y revistas" la dividió en dos: una industrial, con el código 103-22122, y otra de servicios, con el código 301-22121.
  (2015-09-10) [Mas Información]
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ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN EL DISTRITO CAPITAL - Se tributa sobre los ingresos percibidos en el Distrito. Se excluyen los ingresos percibidos entre otros municipios.
    ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN EL DISTRITO CAPITAL - Están gravados los ingresos generados por la venta de bienes producidos en el Distrito capital .
Las referidas normas prevén que forman parte de los ingresos por la actividad industrial, todos los que se perciban por la venta de bienes producidos en el Distrito Capital, sin importar el lugar de destino ni la modalidad de comercialización de tales bienes.

Respecto de las actividades comerciales y de servicios, los citados preceptos señalan que se tributa en el Distrito Capital, sobre los ingresos percibidos en él, con exclusión de aquellos que el contribuyente haya recibido en otros municipios, siempre y cuando tenga un establecimiento de comercio registrado y se tribute en esos municipios.

Por lo tanto, quienes ejerzan actividades de servicios en el Distrito Capital no deben incluir los ingresos percibidos en otros municipios a través de establecimientos de comercio, ya que en virtud de la territorialidad de este tributo, el Distrito Capital no es competente para exigir el pago del impuesto de industria y comercio sobre servicios prestados en jurisdicciones diferentes a Bogotá.

En ese orden de ideas, la inclusión en la cifra inicial del formulario "ingresos ordinarios y extraordinarios resulta neutral ya que dicho monto deberá excluirse como "total ingresos obtenidos fuera del Distrito Capital" siempre que se demuestre que se percibieron en otro municipio y se pagó el respectivo tributo sobre ellos.

Dicho de otra manera, el renglón 14 "total ingresos obtenidos fuera del Distrito Capital" está concebido para excluir, entre otros rubros, los ingresos obtenidos en otros municipios por las actividades comerciales y de servicios, no así los provenientes de las actividades industriales que se realicen en el Distrito Capital, pues, estos no pueden restarse de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Base gravable.
    VENTA DE ACCIONES - Son activos fijos siempre que no se haga dentro del giro ordinario de los negocios. Los ingresos percibidos no hacen parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
Así pues, la base gravable del impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital está constituido por los ingresos netos del período gravable, que se determinan restando de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los provenientes de
    (i) actividades exentas;
    (ii) actividades no sujetas;
    (iii) devoluciones, rebajas y descuentos;
    (iv) exportaciones y
    (v) la venta de activos fijos.
Según el criterio jurisprudencial expuesto, la calidad de activos fijos cuya venta se excluye de la base gravable del impuesto de industria y comercio, depende de que esa enajenación no se realice dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente y de la forma en que tales activos son contabilizados.

Como puede advertirse, la inversión en acciones, por ejemplo, o la participación como accionista en sociedades que tengan objeto similar, complementario o conexo con el objeto social principal de la actora, no hacen parte del giro ordinario de los negocios de la demandante u objeto social principal.

Por el contrario, las referidas actividades pueden ser realizadas como complementarias para el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de las actividades que hacen parte del objeto social principal. En consecuencia, la compraventa de acciones no hace parte de las actividades principales de la demandante.

Tal afirmación se corrobora con el desglose de los estados financieros comparativos de los años 2004 y 2005, conforme con los cuales la utilidad en la venta de acciones no hace parte de los ingresos operacionales, a diferencia, por ejemplo, de los ingresos por ediciones y publicaciones o por publicidad.
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ESPIRITU DE JUSTICIA - La deben tener todos los funcionarios que liquiden y recauden tributos. No se le pude exigir al contribuyente más de lo que las disposiciones le imponen.
    CORRECCIONES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O AUMENTEN EL SALDO A FAVOR - Procedimiento. No se le debía exigir esta corrección al contribuyente por no darse los supuestos

    RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Debía ser la firmeza de la declaración y la aplicación de la tarifa que corresponde a la actividad desarrollada
La norma en mención consagra el espíritu de justicia que debe inspirar a los funcionarios públicos que liquiden y recauden tributos, espíritu que debe prevalecer en la aplicación recta de las leyes, dentro del cual deben tener en cuenta que si bien toda persona tiene el deber de contribuir para el sostenimiento del Estado, dicha contribución debe hacerse en los términos previstos en la ley, pues, esa, y no otra, es la carga que el legislador quiere que asuma.

Por su parte, el artículo 20 del Decreto 807 de 1993, en concordancia con el artículo 589 del Estatuto Tributario, prevén el procedimiento que debe seguir el contribuyente para corregir las declaraciones tributarias que impliquen la disminución del valor a pagar o el aumento del saldo a favor.

Dentro del citado procedimiento, el artículo 589 inciso 1 del Estatuto Tributario señala como requisito, la presentación de una solicitud de corrección dentro del año siguiente al vencimiento del término para declarar. Es indudable que esta norma busca garantizar el derecho del contribuyente a satisfacer la obligación sustancial de pagar el impuesto solo en el monto que legalmente le corresponde. Para el efecto, puede disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, si legalmente tiene derecho a ello.
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COOPERATIVAS - Se someten al impuesto sobre la renta conforme al régimen tributario especial.
    BENEFICIO NETO O EXCEDENTE - Requisitos para que proceda.

    DESTINACION DE EXCEDENTES - Debe ser aprobado por la asamblea general u órgano directivo que haga sus veces como requisito para que proceda el beneficio neto o excedente.
La Sala advierte que para la época de los hechos, el artículo 19 del Estatuto Tributario, cuyo texto fue modificado por el artículo 63 de la Ley 223 de 1995, preveía que entidades como las cooperativas, se someten al impuesto sobre la renta y complementarios conforme al régimen tributario especial.

Dentro de ese tratamiento especial, vale la pena mencionar, que los contribuyentes de este régimen están sometidos al impuesto sobre la renta y complementarios a la tarifa única del 20% sobre el beneficio neto o excedente, a diferencia de lo que sucede con las personas jurídicas que desarrollan actividades con ánimo de lucro, a quienes se les grava la renta líquida.

Además de la tarifa especial, se observa que este grupo de contribuyentes está exento del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre y cuando el beneficio neto o excedente determinado en la forma prevista en el artículo 357 del Estatuto Tributario, se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y que deberá corresponder a actividades de salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica y tecnológica o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad.

Adicionalmente, el contribuyente deberá, previo a la presentación de su declaración de renta, aprobar en su asamblea general u órgano directivo que haga sus veces, la destinación de los excedentes, de conformidad con las condiciones establecidas para tal efecto y, de ser el caso, requerirá de la calificación o autorización en tal sentido del Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro. (arts. 5 y 8 del Decreto 868 de 1989).
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EJECUCION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE EN PLAZOS SUPERIORES A UN AÑO - Requisito para que proceda el beneficio.
Del contenido de la prueba técnica, se concluye que la parte actora dio cumplimiento al artículo 54 de la Ley 79 de 1988 en cuanto distribuyó el beneficio neto o excedente fiscal del año 1997.

No obstante lo anterior, en lo que tiene que ver con la ejecución, este medio probatorio permite evidenciar que el excedente obtenido en el año 1997 y destinado para el fondo para educación, por la suma de $15.424.203, no fue ejecutado en su totalidad en el año siguiente (1998), puesto que, los últimos cinco pagos que se relacionan, por la suma total de $5.600.000 se hicieron en el año 1999, es decir, por fuera del plazo fijado en la norma para la procedencia de la exención; aspecto que no fue analizado por el a quo al verificar el cumplimiento cabal de los requisitos revistos para la procedencia de la exención reclamada y, respecto del cual, la actora guardó silencio.

Así pues, está demostrado que en el año siguiente a la obtención del excedente (año 1998), la actora tan sólo ejecutó la suma de $9.869.122, que no alcanza a ser el 20% del excedente que como mínimo y por disposición legal debía asignar y ejecutar para el fondo de educación, motivo por el cual, la Sala encuentra procedente el rechazo de la suma de $15.424.203, por incumplimiento de los requisitos legales previstos para la procedencia de la exención del beneficio neto o excedente.
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Radicación número: 25000-23-27-000-2006-01269-01(16938)

DEDUCCION POR AMORTIZACION DE INTANGIBLES - Para que proceda debe demostrarse que es una inversión necesaria.
    DEDUCIBILIDAD DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL - Está condicionada a la generación de ingresos gravados en cabeza de la sociedad controlante
En líneas generales, la normativa contable define el crédito mercantil como el monto adicional pagado sobre el valor en libros en la adquisición de acciones o cuotas de interés social de un ente económico activo, o sobre el valor calculado o convenido de todos los activos netos comprados, el cual debe reconocerse de manera separada del valor de las acciones o cuotas y debe amortizarse en la media en que sea generador de ingresos o cuando se registre una pérdida o deterioro de su valor.

Aunque desde la perspectiva de la normativa tributaria no exista una definición específica del good- will o crédito mercantil, se observa que el citado artículo 74 reconoce su existencia como un bien incorporal adquirido, sujeto a amortización.

Conforme al artículo 142 ib, el crédito mercantil es un activo amortizable en los términos que señala el artículo 143. Para esta Sala es claro que las normas tributarias remiten, de manera expresa, a la técnica contable, cuyas disposiciones, que ya se han reseñado, determinan que el crédito mercantil adquirido es un activo intangible, que se registra contablemente de manera independiente a la inversión en acciones o cuotas de interés social, y que debe amortizarse en la medida en que contribuye a la generación de ingresos, disposiciones que son concordantes con los artículos 74 y 279 del Estatuto Tributario, en cuanto reconocen la amortización de intangibles para efectos fiscales.

Sobre el tratamiento tributario del crédito mercantil se pronunció esta Corporación, al declarar la nulidad parcial de los conceptos DIAN 091432 del 30 de abril de 2004 y 023795 del 27 de abril de 2005, los planteamientos jurídicos allí planteados son similares al que ahora nos ocupa y que acoge la Sala una vez más. Para determinar cuáles son las inversiones amortizables en los términos del artículo 142 del ET, la ley tributaria expresamente permite la aplicación de la técnica contable, … "por lo que no es cierto que, en esa materia, unos sean los efectos tributarios y otros los contables".
  (2015-09-09) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2006-01269-01(16938)

CREDITO MERCANTIL ADQUIRIDO - Es un activo diferente de las acciones cuando la compra de éstas implica para el adquirente consolidar o adquirir el control patrimonial de la subordinada.
La inversión en acciones de una compañía en funcionamiento, cuando ello implique asumir el control en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, en la forma en que fueron modificados por los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, comporta, de un lado, la adquisición de las acciones y, de otro, la de un intangible, que es el crédito mercantil o good- will, siendo éstos dos activos diferentes, cada uno con su propio tratamiento contable y tributario, definido, entre otras, por la siguiente normativa.

Los principios y normas contables generalmente aceptados en Colombia se encuentran consagrados, entre otras disposiciones, en el Decreto 2649 de 1993, en cuyo artículo 66 se reglamenta lo relativo al crédito mercantil. Según lo dispone el artículo precedente, se concluye, con meridiana claridad, que desde el punto de vista contable existe una reglamentación precisa que ha de aplicarse cuando se trate de la contabilización de activos intangibles, entre ellos, el crédito mercantil.

El crédito mercantil debe amortizarse de manera sistemática, es decir, llevarse paulatinamente al gasto, en la medida en que contribuya a la generación de ingresos. Amortización que se causa de acuerdo a métodos de reconocido valor técnico, advirtiendo que al final de cada año se deben reconocer las contingencias de pérdida, ajustando y acelerando su amortización, esto con el fin de no mostrar activos subvalorados, lo que conlleva implícito el reconocimiento de su demérito y, eventualmente, la pérdida de su valor.

La técnica contable establece que en la cuenta de mayor "1605 CRÉDITO MERCANTIL" debe registrarse el valor adicional pagado por la compra de un ente económico sobre el valor en libros o sobre el valor adicional pagado por los activos netos comprados, así como la pérdida o disminución de su valor, es decir la amortización.
  (2015-09-09) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


DERECHO DE DEFENSA - No se vulnera cuando el contribuyente aporta las pruebas necesarias para demostrar los hechos consignados en la declaración.
    CARGA PROBATORIA - La tiene el contribuyente.
Se advierte, por el contrario, que en los tres actos siempre se analizó la glosa con fundamento en los artículos 107 y 488 del E.T. y, por lo tanto, como lo reconoció el Tribunal en la sentencia de primera instancia, existe la debida correspondencia entre el requerimiento y la liquidación, como lo dispone el artículo 711 del E.T.

Considera la Sala que no se violó el derecho de defensa de la demandante porque es deber del contribuyente, después de presentada la declaración, aportar todas las aclaraciones concernientes al cumplimiento de los requisitos consagrados en las normas en las que sustenta su derecho a las deducciones, descuentos o exenciones que solicita.

Lo anterior, porque está obligado a demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, tal como lo dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en lo relacionado con la carga de la prueba.

Por su parte, las autoridades tributarias están facultadas para adelantar labores de de fiscalización e investigación con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, y así verificar el cumplimiento de los presupuestos que la ley consagra para acceder a los derechos señalados, pero ello no significa que la carga probatoria que corresponde a los contribuyentes pueda ser sustituida por la que puedan tener las autoridades tributarias.

A lo largo del proceso administrativo existe una dinámica probatoria y de permanente contradicción que se ve reflejada en cada uno de los actos administrativos que se profieren, sin que el debate sobre los argumentos presentados con ocasión de la respuesta al requerimiento especial o del recurso de reconsideración, signifique un cambio en la motivación de las modificaciones planteadas o efectuadas, siempre que el asunto cuestionado permanezca inmodificado.
Rincon del Mar


  (2015-08-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


FALSA MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Alcance.
    ACTO ADMINISTRATIVO - Debe ser motivado.
La necesidad de motivación de los actos se encuentra circunscrita a evitar la arbitrariedad de la administración en sus decisiones; consiste en una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho y, el que sea breve, o lo más concisa posible, no implica que no haya de ser suficiente; como mínimo, la legislación colombiana requiere de la motivación en forma sumaria, es decir, breve o somera.

Sobre la falsa motivación, en la Sentencia 15298 del 8 de febrero de 2007, con ponencia de la Dra. María Inés Ortiz Barbosa, se dijo: "….. es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la Administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad.

La causa o motivo de los actos administrativos (elemento causal) se conforma de los fundamentos de hecho y de derecho que son los que determinan la decisión que la Administración adopta, así cuando existe falsa motivación, se entiende que la sustentación fáctica en que se apoya no corresponde a la realidad.

" El motivo específico de interpretación errónea, consiste en darle a la norma un sentido distinto del que legalmente tiene, o una interpretación equivocada, desatendiendo su tenor literal (cuando su sentido es claro) y los demás elementos de interpretación, tergiversando los efectos jurídicos de la misma; se configura cuando el juzgador aplica la norma legal correcta al caso concreto, pero lo hace dando a la norma un sentido distinto del que lógicamente tiene o una interpretación equivocada.
Rincon del Mar


  (2015-08-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


IMPUESTOS DESCONTABLES EN OPERACIONES GRAVADAS, EXCLUIDAS Y EXENTAS - Se imputan proporcionalmente.
    IMPUESTOS DESCONTABLES - Sólo serán aquellos que originados en operaciones que constituyan costo o gasto.
Por relación de causalidad debe entenderse la conexidad que existe entre el gasto como causa, con la actividad productora de renta, como efecto. La necesidad del gasto está relacionada con que éste debe hacerse de manera forzosa, ineludible, y la proporcionalidad es la relación que existe entre el gasto y el ingreso.

La necesidad y la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y por ello el artículo 107 del E. T. dispone que la expensa debe ser una de las normalmente acostumbradas en cada actividad y que la ley no la limite como deducible.

Que se trate de una expensa de las normalmente acostumbradas en cada actividad debe ser probado frente a las expensas que realicen empresas que desarrollen la misma actividad y, por lo tanto, el contribuyente deberá acreditar que es una costumbre normal hacer la erogación, pero, además, de manera forzosa, para demostrar el derecho a la deducción.

El artículo 488 del E.T. dispone que los bienes corporales muebles y servicios deben destinarse a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas, lo que significa que el impuesto pagado por esos bienes o servicios constituye un costo o gasto en la actividad productora de renta de la empresa porque las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas son las operaciones realizadas dentro del contexto de esa actividad productiva de la empresa.

Cuando el impuesto se pueda imputar directamente al bien o servicio, tal circunstancia se debe probar; por el contrario, cuando el costo o gasto no sea directamente imputable al bien o servicio, debe darse aplicación al artículo 490 del E.T. que dispone que cuando los bienes y servicios que otorgan derecho a descuento se destinen indistintamente a operaciones gravadas, exentas, o excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de tales operaciones del período fiscal correspondiente.
Rincon del Mar


  (2015-08-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


PERDIDAS FISCALES - Permiten que la administración ejerza sus facultades de fiscalización para determinar la procedencia de las pérdidas, aún después de la firmeza anticipada de la declaración de renta ocasionada por el beneficio de auditoría.
    DECLARACION CON PERDIDA FISCAL - Su término de firmeza es el del artículo 147 del E.T. y no el del art. 689-1 ibidem, aunque cumpla los requisitos que el segundo establece para tener derecho al beneficio de auditoría.
[…] la Sala observa que el mencionado artículo 689-1 del Estatuto Tributario trajo una previsión especial para las declaraciones que arrojen una pérdida fiscal, según la cual, la autoridad fiscal "…podrá ejercer las facultades de fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia de la misma (…)", aunque haya transcurrido el término señalado en la norma para que ocurra la firmeza de la declaración objeto del beneficio.

La anterior previsión se debe armonizar con el inciso séptimo del artículo 147 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 24 de la Ley 788 de 2002, que dispuso: "…El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales, será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su presentación".

Según lo antes expuesto, de la interpretación sistemática de los artículos 689-1 y 147 del Estatuto Tributario, el término general de firmeza de las declaraciones que arrojen pérdidas es de cinco años, pues dicho término, por ministerio de la ley, está dado en función de la pérdida registrada y no del beneficio a que esté sujeta la declaración.

El término de firmeza así dispuesto, se aplica aunque dichas declaraciones hayan acreditado los supuestos exigidos por el artículo 689-1 ibídem, pues no puede quedar al arbitrio del contribuyente establecer, mediante el cumplimiento de tales requisitos, un término de firmeza diferente al señalado expresa y específicamente, en el artículo 147, para las declaraciones que arrojen pérdidas […]

Sobre este punto, la Sala, en fallo que ahora se reitera, precisó que el término de firmeza para las declaraciones que reportan pérdidas fiscales es el consagrado en el artículo 147 del Estatuto Tributario y no el del artículo 689-1 de dicho ordenamiento […]
Rincon del Mar


  (2015-08-25) [Mas Información]
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Sección Cuarta


FACULTADES DE FISCALIZACION - Alcance frente al artículo 689-1 del Estatuto Tributario. Finalidad.
Las disposiciones antes mencionadas se remiten a las facultades de fiscalización previstas en los artículos 684 y 688 del E.T. […] En tal sentido, el artículo 688 ibídem estableció que las aludidas facultades las ejerce el jefe de la Unidad de Fiscalización, para lo cual podrá proferir los requerimientos especiales y demás actos de trámite en los procesos de determinación de los impuestos.

Así las cosas, las facultades de fiscalización de la Administración a que se refiere el inciso 3º del artículo 689-1 del Estatuto Tributario, tienen como fin asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, mediante la verificación de la exactitud de las declaraciones tributarias que sean objeto del beneficio de auditoría y el desarrollo de las diligencias necesarias para determinar correctamente los impuestos, para lo cual podrá expedir los requerimientos y demás actos a que haya lugar.

De lo anterior se concluye que las facultades de fiscalización van más allá de una simple verificación, ya que las mismas, al pretender asegurar la correcta determinación de los impuestos, facultan a la Administración para expedir los actos que garanticen el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, dentro de los que se encuentran los requerimientos especiales.
Rincon del Mar


  (2015-08-25) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los municipios pueden conceder exenciones sobre tributos locales, en condiciones de igualdad, a todas las iglesias y confesiones religiosas.
    Síntesis del caso:
En el artículo 53 literal c) del Acuerdo 29 de 2004, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 27 de 2009, el Concejo Municipal de Facatativá estableció una exención del impuesto predial para los inmuebles de propiedad de las iglesias reconocidas por el Estado, dedicados exclusivamente al culto.

Con base en dichas normas, la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová pidió a la Secretaría de Hacienda de Facatativá la exención del impuesto predial, por los años 2011 a 2019, respecto de un inmueble de su propiedad con área de 261.174,00 M2. El municipio accedió parcialmente a esa solicitud, en el sentido de decretar la exención en un 31.35% sobre el valor a pagar en la fecha del pago, porcentaje correspondiente al área construida del bien (79.964,47 M2)), según la inspección que efectuó sobre el mismo.

La iglesia recurrió en reconsideración la anterior decisión y el municipio la confirmó al resolver el recurso. La Sala estudió la legalidad de los actos que concedieron a la actora la exención parcial del impuesto predial respecto de los edificios dedicados al culto, concretamente para determinar el alcance de la exención, así como la existencia o no de trato discriminatorio a la demandante frente a los bienes de la iglesia católica.
Rincon del Mar


  (2015-08-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
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Los actos que liquidan intereses en cumplimiento de una sentencia judicial no son demandables ante la jurisdicción porque son actos de ejecución.
    Síntesis del caso:
Inversiones Los Ángeles S.A. declaró el impuesto predial unificado por los años 1996 a 2002. Posteriormente, pidió que se le devolviera la suma que pagó con ocasión de esas declaraciones, petición que la Administración Distrital de Impuestos de Bogotá le negó.

Luego, la sociedad ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que le negaron la devolución, los cuales fueron anulados por el Consejo de Estado en sentencia del 23 de septiembre de 2010 en la que, además, ordenó devolver la suma solicitada como pago de lo no debido, junto con los intereses corrientes y moratorios a que hubiere lugar.

Con resolución del 28 de febrero de 2011, la Administración ordenó devolver la suma fijada en la sentencia y, respecto de los intereses, con resolución del 31 de marzo del mismo año ordenó pagar $465.278.000, decisión que confirmó al resolver el recurso de reposición que la interesada interpuso.

Inversiones Los Ángeles promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos liquidatorios de los intereses. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la nulidad, porque concluyó que el cálculo de los intereses se ajustó a la ley. Al proveer sobre el recurso de apelación que la demandante interpuso contra esa decisión, la Sala analizó si los referidos actos son o no demandables ante la Jurisdicción.
Rincon del Mar


  (2015-08-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden provisionalmente los efectos de los incisos 4, 5 y 7 del art. 15 y el art. 16 del Decreto 650 de 1996, reglamentario de la Ley 223 de 1995.
    Síntesis del caso:
Juan Sebastián Rubio Barragán demandó la nulidad y solicitó la suspensión provisional de los literales h) y l) del artículo 6; de las expresiones “inmuebles” del inciso primero del artículo 7 y “solicitud de” contenida en el inciso 3 del artículo 14; de los incisos 4, 5 y 7 del artículo 15 y del artículo 16 del Decreto 650 de 1996, por el que el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente la Ley 223 de 1995.

El Ponente negó la suspensión de los literales h) y l) del artículo 6 y de las expresiones acusadas de los artículos 7 y 14 y decretó la suspensión de los efectos de los incisos 4, 5 y 7 del art. 15, en tanto fijan plazos diferentes a los previstos en la ley para solicitar y efectuar la devolución de lo pagado por concepto de impuesto de registro cuando el documento no se registra por no ser registrable o cuando se desista de la solicitud de registro.

Además, suspendió provisionalmente los efectos del artículo 16, por contrariar los artículos 577 y 802 del Estatuto Tributario, conforme con los cuales, en materia de tributos, procede acercar los valores a unidades o múltiplos de mil y no de cien, como lo previó dicho artículo.
Rincon del Mar


  (2015-08-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


EDICTO EN VIA GUBERNATIVA - La fecha de su desfijación es la que se tiene en cuenta para la caducidad de la acción.
  • NOTIFICACION POR EDICTO EN VIA GUBERNATIVA - No se interrumpe por expedirse durante su fijación copias al interesado,

  • NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE - No se entiende efectuada por entrega de copias si ya ha comenzado la notificación por edicto
De acuerdo con la reseña antes realizada, en el asunto concreto la administración siguió el procedimiento correcto para efectuar válidamente la notificación personal del acto que agotó la vía gubernativa, para lo cual envió la citación a la dirección correcta para que el liquidador compareciera a notificarse.

Dicho interesado, no compareció a notificarse personalmente, pero dentro del plazo de los 5 días otorgó poder a un profesional del derecho, entre otros aspectos para que se notificara de la decisión, a cuyo número se hizo referencia en el poder. Sin embargo, no aparece constancia de que dicho apoderado hubiera sido notificado en forma personal.

Consta en cambio, que la administración el día 8 de noviembre procedió a efectuar la notificación por EDICTO, que fue fijado en esa fecha y desfijado el 22 de noviembre de 2001. Dicha forma de notificación, no se altera por la circunstancia de que al día siguiente de la fijación del EDICTO y durante el transcurso del término legal de fijación, se hubieren suministrado copias, conforme al sello con constancia de que el 9 de noviembre de 2001, "a petición del interesado se suministra copia de la presente providencia. a: Campo Elías Serrano Guarín,...Jalicar Ltda", puesto que iniciada la notificación por edicto cuyo término corría, no era dable entender efectuada la notificación por conducta concluyente, con el conocimiento de la respectiva providencia.

Considera entonces la Sala, que la notificación de la resolución que desató el recurso de apelación y agotó la vía gubernativa, se surtió con la desfijación del EDICTO el 22 de noviembre de 2001. Por tanto, esta calenda es la que se tiene en cuenta para efectos de la caducidad de la acción.
  (2015-08-20) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


BENEFICIO NETO O EXCEDENTE - Determinación.
  • SANCION TRIBUTARIA - No es expensa necesaria y no constituye egreso deducible en el régimen tributario especial.

  • IMPUESTO DE RENTA PAGADO - No constituye un egreso deducible en el régimen tributario especial.
El beneficio neto se determina tomando la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, y restando el valor de los egresos de cualquier naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social, incluyendo las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo (art. 357 ibídem).

En el caso de la actora y de acuerdo con lo anterior, procede el desconocimiento como egreso de la partida de $57.203.082 pues no tienen relación de causalidad con los ingresos ni se destinaron al cumplimiento del objeto social de la entidad, toda vez que: El pago de sanciones y multas por concepto del pliego de cargos señalado en el informe de gastos presentado por el Revisor Fiscal surge del incumplimiento de un deber y no puede considerarse una expensa necesaria ni proporcionada a la actividad de la entidad, ni destinado al cumplimiento de su objeto social que es la organización, enseñanza, administración, financiación y demás actividades relacionadas con establecimientos docentes para preparar técnicos y expertos en las industrias cafetera y agropecuaria.

El impuesto de renta pagado por el año 1995 tampoco es deducible porque no constituye costo o gasto y cuando no existe relación de causalidad con el ingreso, sólo son deducibles los egresos que se destinan a las actividades indicadas en la norma transcrita.

De manera que no es procedente el gasto correspondiente al pago del impuesto de renta. La pérdida en venta de acciones de Bavaria, tampoco es deducible, pues lo prohíbe expresamente el artículo 153 ibídem. Además en relación con este concepto no se observa su relación de causalidad con los ingresos, ni está destinado al cumplimiento de su objeto social.
  (2015-08-20) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


INTERES DIARIO - Interpretación de la sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos o intereses: fracción de mes.
  • FRACCION DE MES - Alcance para efectos de intereses moratorios.

  • INTERESES MORATORIOS - Alcance de la expresión cada mes o fracción de mes; liquidación diaria.
Sobre el alcance de la expresión "fracción de mes" contenida en el artículo 634 del Estatuto Tributario, esta Corporación tuvo oportunidad de pronunciarse en Sentencia del 5 de mayo de 2000 en los siguientes términos:

Cuando la disposición contenida en el artículo 634 del E.T., se refiere a "cada mes o fracción de mes calendario", no está consagrando otra forma de liquidación diferente a la diaria; pues si el contribuyente se encuentra en mora un mes y tres días en el pago de los impuestos, no puede entenderse que la liquidación se efectúe sobre dos meses, sino sobre un mes y tres días.

Lo anterior, por cuanto el mes es susceptible de ser dividido o fraccionado en días, por lo tanto cada día es una fracción de mes; así transcurridos, según el ejemplo anterior, tres días de mora, la fracción de mes de retardo son tres días y no un mes completo.

En esta providencia se negaron las pretensiones de la demanda contra el artículo 12 del Decreto 1000 de 1997 que establece que los intereses a favor del contribuyente de que trata el artículo 863 del Estatuto Tributario se deben liquidar "diariamente" a la tasa vigente que se aplica a los contribuyentes por cancelar extemporáneamente los impuestos, establecida en el artículo 635 ib.

Posteriormente, la Sala mediante la sentencia del 1° de marzo de 2002, confirmó el anterior criterio en los siguientes términos:

La interpretación dada por el actor a la expresión "por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago" contenida tanto en la ley como en el reglamento acusado, en el sentido de considerar que si el contribuyente se demora en efectuar la inversión 2 meses y 20 días, los intereses se calcularán sobre 3 meses, ya que los 20 días son una facción de mes, no se ajusta ni al espíritu de la ley, ni a lo previsto en el reglamento, ya que cuando el artículo 634 del Estatuto Tributario, se refiere a "fracción de mes calendario", está consagrando como forma de liquidación de los intereses cada día de retardo, o lo que es lo mismo el interés diario, así que si el contribuyente se encuentra en mora un mes y tres días en el pago de los impuestos, no puede entenderse que la liquidación se efectúe sobre dos meses, sino sobre un mes y tres días.
  (2015-08-20) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


SANCION POR ENTREGA EXTEMPORANEA DE INFORMACION - Corre a partir del día siguiente del vencimiento y hasta que se complete la entrega a un mismo día de recaudo.
De conformidad con el artículo 676 del Estatuto Tributario, las entidades autorizadas para el recaudo de tributos, pueden ser sancionadas por el retraso en la entrega, ya sea de los documentos recibidos o de la información en medios magnéticos y agregó que para el cálculo de la sanción es determinante el número de días que transcurran a partir del siguiente a la fecha límite de entrega y hasta el día en que se complete la entrega de la información recaudada en un determinado día.

Según lo transcrito, la sanción a cargo de las entidades recaudadoras por extemporaneidad en la entrega de información, se calcula sobre la base de la información inoportuna por cada día de recaudo. Para el conteo de los días de extemporaneidad se toman como parámetros, la fecha fijada oficialmente para la entrega de la información, de acuerdo con la del día de recaudo y la fecha en la cual se completó la información de un determinado día.
  (2015-08-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION - Elementos tipificadotes
FACULTAD SANCIONATORIA DE LA DIAN - Debe ejercerse dentro de los dos años siguientes a cuando cesa la irregularidad.
En primer término, se advierte que de conformidad con el artículo 676 del Estatuto Tributario, la sanción discutida procede cuando las entidades autorizadas para recaudar impuestos hacen entrega física de los documentos recibidos o de la información en medios magnéticos, por fuera de los términos o en lugares distintos de los señalados mediante acto administrativo, pues son éstos los elementos tipificadores de la sanción previstos expresamente por el legislador como lo exige la garantía del debido proceso.

En el punto la Sala precisa que conforme a lo previsto en el artículo 638 del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 64 de la Ley 6 de 1992), cuando la sanción se impone en resolución independiente como es el caso, el término para que la administración pueda ejercer su facultad sancionatoria es de dos años, contados a partir de cuando cesó la irregularidad, por tratarse de una infracción continuada. Así las cosas y teniendo en cuenta que los paquetes y cintas indicados por la parte actora fueron presentados en 1999 y el pliego de cargos fue proferido el 27 de diciembre de 2000, éste lo fue en la oportunidad legal, razón por la cual no prospera el cargo.
  (2015-08-13) [Mas Información]
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Sección Cuarta


ACTUACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES - Pueden sustentarlas en los conceptos proferidos por la Subdirección Jurídica de la DIAN.
Bajo esa preceptiva jurídica Ley 223/95 artículo 264, los contribuyentes, pueden sustentar sus actuaciones tributarias tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional con base en los conceptos escritos proferidos por la Subdirección Jurídica de la DIAN.

Pues bien, esta disposición consagró la posibilidad de que los contribuyentes realicen sus actuaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales amparados en los conceptos vigentes de tal entidad, las cuales no pueden ser desconocidas por la misma administración tributaria.

Ahora, para desatar la cuestión litigiosa es preciso determinar cuál es la naturaleza jurídica de los conceptos emitidos por la Subdirección Jurídica de la DIAN. En este aspecto reitera la Sala el criterio expuesto en la sentencia de octubre 27 de 2005 proferida por la Sección Cuarta de la Corporación en el expediente 14699 con ponencia de la Dra. Maria Inés Ortiz Barbosa, y que en su parte pertinente dijo que cuando los conceptos interpretan las normas tributarias y dichas interpretaciones tienen un carácter autoregulador de la actividad administrativa y producen efectos frente a los administrados, su naturaleza es la de actos administrativos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la ley, sujetos a control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.
  (2015-08-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


CONCEPTOS DE LA DIAN - Son actos administrativos por la obligatoriedad de su aplicación y la exigencia de sujeción a ellos.
    CIRCULAR O INSTRUCCION DE SERVICIO - Se asimilan a estos los conceptos de la DIAN
Cuando el concepto tiene un carácter autoregulador de la actividad administrativa y se impone su exigencia a terceros, bien puede considerarse como un acto decisorio de la Administración, con las consecuencias jurídicas que ello apareja.

En tal virtud, deja de ser un concepto y se convierte en un acto administrativo, de una naturaleza igual o similar a las llamadas circulares o instrucciones de servicio. En principio, no se les puede considerar como actos administrativos, porque carecen de un poder decisorio, no obstante que, como lo ha sostenido la jurisprudencia constante del Consejo de Estado, pueden tener tal carácter cuando poseen un alcance normativo que se revela por la obligatoriedad de su aplicación por la Administración y por la posibilidad o exigencia de sujeción a ellos de los administrados, con lo cual adquieren la categoría propia de los actos reglamentarios.

En el mismo sentido, la Corporación ha sostenido que cuando los conceptos interpretan las normas tributarias y dichas interpretaciones tienen un carácter autorregulador de la actividad administrativa y producen efectos frente a los administrados, su naturaleza es la de actos administrativos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la ley, sujetos a control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.

Ahora bien, la facultad interpretativa de la DIAN, no permite regular deberes tributarios materiales y formales, que constriñen derechos individuales, por ser todo esto competencia exclusiva del legislador, sino que debe limitarse a dilucidar el sentido de las normas tributarias, adecuarse a la finalidad de la norma interpretada, sin limitarla o excederla.
  (2015-08-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


CONCEPTOS DE LA DIAN - El contribuyente puede acoger los conceptos que se encuentran vigentes en el momento de la actuación tributaria.
    DECLARACION TRIBUTARIA - Para su presentación los conceptos a aplicar son los vigentes en ese momento.
Respecto a este punto se estima conducente, reiterar la jurisprudencia previamente citada de la Corporación, la cual al decidir sobre una situación similar a la planteada en este proceso, consideró no le asistía razón al demandante pues al tenor del artículo 264 de la Ley 223 de 1995 el contribuyente puede acoger los conceptos de la DIAN que se encuentren vigentes en el momento en que realiza la respectiva actuación tributaria, que en el sub judice corresponde a la fecha en que presenta la respectiva declaración, como quiera que es en ese momento en que se instrumenta su actuación, con la declaración de los valores que consigna en su denuncio privado.

Advierte que sostener lo contrario equivaldría a cambiar el texto legal, para revivir los efectos jurídicos de los conceptos revocados por la DIAN en vez de amparar las actuaciones o diligencias del contribuyente sustentadas en los conceptos vigentes en la fecha en que se efectúan, en desmedro de la finalidad legislativa de la norma.
  (2015-08-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


COMPENSACION DE PERDIDAS FISCALES - Se hace frente a la renta liquida del ejercicio y no se sustrae de la renta bruta.
    RENTA LIQUIDA O UTILIDAD - Al no existir no es posible compensar las pérdidas fiscales de años anteriores.
Sobre este aspecto, la misma sentencia de la Corporación consideró que lectura e interpretación sistemática de los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, se encuentra que el legislador en dichas disposiciones legales utilizó la expresión genérica de "rentas" y el vocablo "utilidades", términos que en el régimen del impuesto sobre la renta significan lo mismo, "renta líquida": o sea renta bruta menos las deducciones o gastos necesarios para la producción de la renta.

El legislador asimiló el concepto de rentas al de utilidades, noción ésta que se utiliza para designar la renta líquida, esto es, la resultante de restar de los ingresos, los costos y deducciones, y que salvo excepciones legales es renta gravable (artículos 26 y 178 del Estatuto Tributario).

Entonces, el tratamiento tributario de las pérdidas por la sociedad en el año de 1999, corresponde a un reciclaje de pérdidas que conduce a que se distorsione la finalidad descrita en la ley, frente a su compensación con la renta líquida o utilidad generada en el año gravable en que se deducen, a más de que desconoce y hace inocuo el término de su amortización dentro de los cinco (5) períodos gravables siguientes, toda vez que se prorrogaría indefinidamente en la medida en que resulten más pérdidas.

Afirmó que lo primero que se debe determinar es si es factible la compensación de la pérdida, con la evaluación del comportamiento económico del ente social en un período gravable determinado. Una vez establecida la obtención de utilidad o renta líquida, se atiende el tenor literal de los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, para efectuar la compensación y no como erradamente lo entiende la apelante, de sustraer la pérdida de la renta bruta, pues con ello no solo se desconocen los preceptos legales en comento sino que se impide la recuperación del ente social, que es lo que busca el legislador tributario.
  (2015-08-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS PUBLICOS - Corresponde a las asambleas departamentales determinar sus características y los demás asuntos necesarios para establecerla en su territorio.
La Ley 645 de 2001 autorizó a las Asambleas Departamentales a ordenar la emisión de estampillas pro hospitales universitarios públicos. El artículo 2º estableció que las sumas recaudadas con la estampilla se destinarían principalmente a la inversión y mantenimiento de la planta física de los hospitales universitarios públicos, a la dotación, compra y mantenimiento de los equipos requeridos para el cumplimiento de las funciones propias de esas instituciones, y a la compra y mantenimiento de equipos para poner en funcionamiento áreas de laboratorio, científicas, tecnológicas y otras que se requieran para su cabal funcionamiento, y a inversión en personal especializado.

La Ley 645 de 2001 también estableció que la tarifa que cobren los Departamentos, por concepto de la estampilla, no puede ser superior al 2% del valor de las operaciones gravadas, ni puede superar los seis mil millones de pesos por Departamento o el 10% del valor del presupuesto anual.

Finalmente, la Ley 645 de 2001 autorizó a las Asambleas Departamentales para que determinen las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se deban realizar en los departamentos y en los municipios de la respectiva jurisdicción departamental.
  (2015-08-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


FACULTAD DE FISCALIZACION E INVESTIGACION - Las tiene la administración tributaria. Alcance.
    FALSA MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Implica que los motivos alegados no existen
Lo primero que conviene precisar es que para analizar la motivación de los actos administrativos, de acuerdo con el tratadista Manuel María Diez, se deben distinguir dos elementos:
  • i) Los hechos y consideraciones que sirven de fundamento al acto y se relacionan tanto a la oportunidad del acto como a su legalidad y,

  • ii) la correspondencia de la motivación con la materia reglada por el acto.
En el primer evento, dice el autor, al citar a Stassinopoulos, cuando la motivación se refiere a la oportunidad del acto "debe mencionar los hechos concretos y la importancia que la administración le acuerde, como también la influencia que esos hechos han tenido sobre el ejercicio del poder discrecional"; y cuando se relaciona con la legalidad, puede contener
  • "1) un desenvolvimiento del sentido de la ley, de acuerdo con la interpretación dada por el autor del acto;

  • 2) una afirmación de la constatación de los hechos que constituyen la condición para que la aplicación que la ley haya tenido lugar;

  • 3) una afirmación de que estos hechos han sido sometidos a una calificación jurídica apropiada." Y en cuanto al segundo elemento, precisa que la correspondencia de la motivación varía según la clase de motivos invocados:

    • "1) si lo motivos se relacionan con la interpretación de la ley deben contener la manifestación del autor del acto sobre el sentido de la ley. (…);

    • 2)si se trata de motivos relacionados con la constatación de hechos, la correspondencia existe si se formulan las razones que conforman esa constatación;

    • 3) si la motivación se relaciona con la calificación jurídica del hecho, la sola mención de la calificación adoptada no es suficiente, porque no es sino la conclusión y no el motivo;

    • 4) si el motivo tiene por objeto demostrar el ejercicio correcto del poder discrecional, la correspondencia necesaria del mismo con la conclusión del acto motivado, existe si el acto hace mención de los hechos y de las consideraciones a las que el autor otorga una importancia fundamental."
De tal manera que la falsa motivación de los actos administrativos, establecida como causal de nulidad, implica "que los motivos alegados por el funcionario que expidió el acto, en realidad no hayan existido o no tengan el carácter jurídico que el autor les ha dado (…)"; es decir, que los hechos y consideraciones del acto, desde el punto de vista material o jurídico no existan, o que no tengan correspondencia con la materia reglada.
  (2015-08-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


EXPENSAS NECESARIAS - Para que procedan como deducción debe existir relación de causalidad, ser proporcionales y necesarias.
La Sala reitera que por relación de causalidad debe entenderse la conexidad que existe entre el gasto (causa) realizado en cualquier actividad generadora de renta por el contribuyente durante el año o período gravable, con la actividad generadora de renta, conexidad que se mide por la injerencia (nexo) que tiene el gasto en la actividad productora de renta (efecto).

Fíjese que el artículo 107 del E.T no exige que a instancia del gasto se genere un ingreso, lo que exige es que tenga relación de causa y efecto, pero no como gasto-ingreso, sino como gasto-actividad. Por eso, la Sala considera que la injerencia que tiene el gasto puede probarse con el ingreso obtenido, pero esa no necesariamente es la única prueba de la injerencia, si por tal se entiende la acción de "Entremeterse, introducirse en una dependencia o negocio.

Por supuesto, esa circunstancia de hecho hace más complejo el reconocimiento de la deducción a favor de los contribuyentes, por la prueba que, en cada caso, le correspondería aportar a quien la alega. En cuanto a la necesidad, el adjetivo "necesario" conforme con su acepción gramatical implica "Que [algo] se ha[ga] y ejecut[e] por obligación, como opuesto a voluntario y espontáneo."

Y, en cuanto a la proporcionalidad, que exista conformidad o proporción de la erogación tanto con el ingreso como con los costos y gastos de la empresa, como elementos relacionados entre sí. Ahora bien, tanto la necesidad como la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y, para el efecto, el artículo 107 del E.T. dispone dos parámetros de análisis. El primero, que la expensa se mida teniendo en cuenta que sea una expensa de las normalmente acostumbradas en cada actividad.
  (2015-08-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


IVA PAGADO SOBRE BIENES Y SERVICIOS - Son costos o gastos de la actividad productiva
IMPUTACION DEL IVA - Debe probarse.
Cuando el artículo 488 del E.T. dispone que los bienes corporales muebles y servicios deben destinarse a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas, simplemente está reiterando que el impuesto pagado por esos bienes o servicios es costo o gasto en la actividad productiva de renta de la empresa, porque las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas son las operaciones realizadas dentro del contexto de esa actividad productiva de la empresa.

De manera que, cuando se pueda imputar el impuesto directamente al bien o servicio, tal circunstancia se debe probar. De lo contrario, es decir cuando el costo o gasto no sea directamente imputables al bien o servicio, procede aplicar el artículo 490 del E.T. en cuanto dispone que "Cuando los bienes y servicios que otorgan derecho a descuento se destinen indistintamente a operaciones gravadas, exentas, o excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de tales operaciones del período fiscal correspondiente (…)."

Esto permite aplicar el sistema de descuento financiero en impuestos de pluricausación como el IVA, y que busca, en últimas, que el impuesto sea pagado por el consumidor final. En efecto, cuando el impuesto pagado constituye costo o gasto para la empresa, y ese costo o gasto repercute en el precio del bien, el impuesto se irá recaudando durante el transcurso de la cadena productiva y de la comercialización.

Así, también se evita que ciertos componentes sobre los que se pagó el IVA los asuma el productor o el comercializador, pero también se evita que el contribuyente descuente impuestos sobre las ventas que no constituyen costo o gasto para la empresa y que, por tanto, no repercutieron en el precio del bien.
  (2015-08-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


PAGOS POR PRESENTACIONES LUDICAS, A REGALOS A LOS EMPLEADOS, COORDINACION, ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, A MANTENIMIENTO DE CANCHAS, COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y COMPRA DE PARAGUAS DE GOLF - No proceden por no probarse la injerencia del gasto en la actividad productora.
Ha sido criterio de la Sala que los pagos de medicina prepagada que realiza el empleador para sus trabajadores encuadran dentro de la definición de pago laboral indirecto que trae el Decreto Reglamentario 3750 de 1986 en su artículo 5. Conforme con esa definición, los pagos que por concepto de servicios de salud por medicina prepagada realiza el empleador para sus trabajadores constituyen un gasto de naturaleza laboral, susceptible de ser considerado como deducción a la luz del artículo 107 del E.T.

Ocurre lo mismo con los pagos realizados por la demandante por concepto del seguro médico (póliza colectiva de hospitalización y enfermedad) adquirida para los empleados y sus familiares. n esa medida, los gastos en que incurrió la parte demandante pueden ser considerados como impuesto descontable al amparo del artículo 488 del E.T.

La parte demandante alegó que dichos gastos corresponden a presentaciones lúdicas, a regalos a los empleados, coordinación, enseñanza y entrenamiento deportivo, a mantenimiento de canchas, compra de uniformes e implementos deportivos y compra de paraguas de golf. Según la actora, ese tipo de gastos permiten el esparcimiento, contribuyen con la salud mental y física de los empleados y mejoran la productividad de la empresa.

Para la Sala es indudable que tales expensas tienen relación con la empresa y los trabajadores, en la medida en que les brinda bienestar y comodidad. Sin embargo, no procede descontar el impuesto, habida cuenta de que las pruebas arrimadas por la demandante no permiten determinar la injerencia positiva que tales actividades habrían tenido en la actividad productora de renta. En consecuencia, no está acreditado que las expensas cumplan con los requisitos de los artículos 107 y 488 del E.T.
  (2015-08-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


LIQUIDACION DE REVISION - Al no corresponder con lo planteado en el requerimiento se vulnera el principio de correspondencia.
    FALSA MOTIVACION DE LIQUIDACION DE REVISON - Existe al plantear hechos y cifras distintas al requerimiento especial.
La Sala aprecia en los apartes transcritos de los actos citados, que no guardan coherencia, toda vez que el requerimiento especial se refiere a la declaración de ICA del año gravable de 1996, cuyos valores coinciden con los consignados en la liquidación privada visible a folio 6 del informativo y a partir de lo consignado en esos rubros, se proponen ingresos netos gravables de $60.230.816.000, impuesto de industria y comercio de $198.762.000, avisos y tableros de $29.814.000, para un total de impuesto a cargo de $228.576.000, con una sanción de inexactitud de $156.399.000.

En el Acto Oficial de Revisión a pesar de mencionarse que se modifica la liquidación privada del impuesto de industria y comercio del año gravable de 1996, dentro de las razones de hecho y de derecho en que se sustenta, se menciona un total de ingresos de $73.248.943.000 obtenidos en el año de 1997, y en las modificaciones se toman valores que no coinciden con los declarados en la privada de la vigencia fiscal de 1996, para determinar unos ingresos netos gravables de $64.066.846.000, Impuesto de Industria y Comercio de $211.421.000, Avisos y Tableros de $31.713.000, para un total impuesto a cargo de $243.134.000, con una sanción de inexactitud de $313.167.000.

De tal manera, que la entidad territorial desconoció el principio de correspondencia que debe existir entre la declaración, el requerimiento y la liquidación de revisión, contenido en el Decreto 0523 de junio 30 de 1999 expedido por el Alcalde del Municipio de Santiago de Cali.
  (2015-08-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


FACULTAD SANCIONATORIA DE LA DIAN - Competencia respecto de cooperativas.
Las funciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales son diferentes a las que le compete a Dancoop, pues le ha correspondido y le corresponde la administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, según el artículo 2° del Decreto Ley 1693 de 1997, y en ejercicio de la función de administración de impuestos efectúa la recaudación, fiscalización, discusión, cobro, devolución y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarías.

En atención a lo anterior y teniendo en cuenta que las cooperativas son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios conforme al régimen tributario especial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 19 del Estatuto Tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales tiene competencia para ejercer sobre ellas un control fiscal, que comprende la facultad de inspeccionar la contabilidad de las mismas, toda vez que es la fuente principal en la determinación o verificación de los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de las obligaciones impositivas, por lo tanto y de conformidad con el artículo 691 del Estatuto Tributario, la División de Liquidación de la Administración de Impuestos de 1 bagué, sí tenía competencia para imponer la sanción a la actora por las irregularidades en la contabilidad.
  (2015-08-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta


SANCION POR LIBROS A COOPERATIVAS - Irregularidad en la contabilidad.
    LIBROS DE CONTABILIDAD EN COOPERATIVAS - Obligatoriedad
    INVENTARIOS EN COOPERATIVAS - Contabilización
De la forma como está redactada la norma especial de Dancoop (Resoluciones 1091 de 1983 y 1027 de 1998) en relación con los libros de contabilidad, no se exige expresamente el diligenciamiento del libro de Inventarios y Balances, sin embargo y de acuerdo a la actividad realizada por la respectiva empresa cooperativa, haría necesario el registro contable de sus operaciones, en aras a atender los requerimientos de carácter legal vigentes.

Para la actora se evidencia la necesidad de registrar contablemente toda su actividad económica, dentro de lo cual se encuentra el movimiento en la comercialización de los activos movibles pues sólo de esta forma se puede realizar un control efectivo de las utilidades generadas en su enajenación, registro que puede efectuarse bien sea a través de un libro principal o a través de un auxiliar.

En este orden de ideas correspondía a la Cooperativa demandante justificar el hecho de haber suspendido el diligenciamiento del libro de Inventarios y Balances en diciembre de 1991, mediante la comprobación de que los registros contables relativos a la función de los inventarios se había continuado llevando de acuerdo con lo dispuesto tanto por Dancoop en las resoluciones citadas como por lo ordenado en el Decreto 2649 de 1993, artículo 129.

La irregularidad encontrada por la Administración en la contabilidad de la actora se encuentra tipificada en el literal f) del artículo 654 del Estatuto Tributario.
  (2015-08-12) [Mas Información]
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CONTRIBUCION DE ENTIDAD FINANCIERA A SUPERBANCARIA - Fijación de contribuciones entidades vigiladas.
De conformidad con el artículo 23 de la Ley 45 de 1923 y el Decreto 056 de 1951 aplicables a los actos demandados proferidos antes de la expedición y vigencia de la Constitución Nacional de 1991, la Superintendencia Bancaria tenía la facultad para establecer las contribuciones que deben hacer las entidades sometidas a su vigilancia y control, cuyo monto debería guardar proporción con los activos de las mismas y tenía que ser aprobado por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público; los fondos así originados ingresan al Presupuesto Nacional y en el presupuesto de rentas e ingresos se debe incluir, como entrada una cantidad igual al monto de las contribuciones impuestas durante el año inmediatamente anterior y, en el presupuesto de gastos se debe apropiar una partida igual para el sostenimiento de la Superintendencia Bancaria, durante el respectivo período.

De lo anterior se observa que algunas hacen referencia a la decisión misma de fijar el monto de las contribuciones. Ellas son la exigencia de que las contribuciones en cuestión deben ser proporcionales a los activos de cada una de las entidades vigiladas y la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, y otras establecen requisitos externos a la fijación del monto de la contribución; entre estos últimos están los relativos a que en el Presupuesto de rentas e ingresos se incluya una cantidad igual al monto de las contribuciones impuestas y en el de Gastos se apropie una partida equivalente, para la Superintendencia Bancaria, en el período respectivo.
  (2015-08-12) [Mas Información]
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CONTRIBUCION DE ENTIDAD FINANCIERA A SUPERBANCARIA - Fijación de contribuciones entidades vigiladas.
De conformidad con el artículo 23 de la Ley 45 de 1923 y el Decreto 056 de 1951 aplicables a los actos demandados proferidos antes de la expedición y vigencia de la Constitución Nacional de 1991, la Superintendencia Bancaria tenía la facultad para establecer las contribuciones que deben hacer las entidades sometidas a su vigilancia y control, cuyo monto debería guardar proporción con los activos de las mismas y tenía que ser aprobado por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público; los fondos así originados ingresan al Presupuesto Nacional y en el presupuesto de rentas e ingresos se debe incluir, como entrada una cantidad igual al monto de las contribuciones impuestas durante el año inmediatamente anterior y, en el presupuesto de gastos se debe apropiar una partida igual para el sostenimiento de la Superintendencia Bancaria, durante el respectivo período.

De lo anterior se observa que algunas hacen referencia a la decisión misma de fijar el monto de las contribuciones. Ellas son la exigencia de que las contribuciones en cuestión deben ser proporcionales a los activos de cada una de las entidades vigiladas y la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, y otras establecen requisitos externos a la fijación del monto de la contribución; entre estos últimos están los relativos a que en el Presupuesto de rentas e ingresos se incluya una cantidad igual al monto de las contribuciones impuestas y en el de Gastos se apropie una partida equivalente, para la Superintendencia Bancaria, en el período respectivo.
  (2015-08-12) [Mas Información]
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PROYECTO DE CORRECCION FACULTAD PARA CORREGIR DECLARACIONES.
Conforme al artículo 8o. de la Ley 84 de 1988 (antes de ser modificado por la Ley 6a. de 1992), para corregir las declaraciones tributarias que no varíen el valor a pagar o que lo disminuyan o aumenten el saldo a favor, debe presentarse solicitud previa a la Administración, acompañada del respectivo proyecto de corrección con el fin de que se oficialice la mencionada corrección, que si es aceptada tácita o expresamente por la Administración, entra a reemplazar la liquidación presentada inicialmente y que goza en consecuencia de la presunción de veracidad que cobijaba a la primera.

En esas condiciones la facultad otorgada por el artículo 589 del E.T., debe interpretarse en concordancia con las demás normas de la legislación tributaria, particularmente las relativas al proceso de determinación oficial del tributo, tal como lo dispone el artículo 589 del E.T.
  (2015-08-12) [Mas Información]
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FACULTAD PARA CORREGIR DECLARACIONES / CONTRIBUYENTE - Deberes.
Si bien la administración goza de amplias facultades de fiscalización de la declaración, que ejerce entre otras a través de las liquidaciones de corrección aritmética y de revisión, sólo la notificación del pliego de cargos o del requerimiento especial tienen la capacidad de limitar y precluir la facultad de los contribuyentes de corregir sus declaraciones tributarias, ya sea por errores mecanográficos o de transcripción, o aún en aspectos de fondo tales como la modificación de las bases gravables, su depuración, aplicación de tarifas y en general, la corrección de todos aquellos factores sobre los cuales no ha iniciado actuación la Administración Tributaria, sin perjuicio de las correcciones provocadas (por el requerimiento y la liquidación de revisión) en los términos de los artículos 709 y 713, máxime cuando nadie está obligado a permanecer en el error.
  (2015-08-12) [Mas Información]
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FACULTAD DE CORRECCION / FACULTAD DE REVISION / ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
De haberse practicado la liquidación oficial de corrección aritmética en la forma autorizada por la ley, ésta constituye un elemento más a tenerse en cuenta para efectos de la liquidación de revisión, por cuanto la norma es clara en determinar que la correspondencia se predica entre la liquidación privada y el requerimiento, en atención a que la facultad de corrección se ejerce sin perjuicio de la facultad de revisión, toda vez que esta última pretende modificar el monto del tributo determinado en la liquidación privada y en atención a que la primera, ésto es, la liquidación oficial de corrección aritmética, no está referida a la determinación oficial del impuesto, sino exclusivamente a enmendar errores de orden numérico por lo que el contribuyente puede válidamente modificar su declaración privada a través del procedimiento de corrección, que sustituye la presentada inicialmente.
  (2015-08-12) [Mas Información]
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SUPERINRENDENCIA NACIONAL DE SALUD - En relación con el IVA sobre el consumo de licores, su función es de simple vigilancia y control.
    DIAN - Su competencia en relación con el IVA es la fiscalización, determinación, discusión y cobro administrativo
La Sala que la facultad de la Superintendencia Nacional de Salud en el caso del impuesto sobre las ventas al consumo de licores, como uno de los recursos fiscales que tiene como destino financiar la prestación de los servicios de salud, es una facultad de simple vigilancia y control, en ejercicio del cual puede proceder, ante la evidencia de incumplimiento de las normas legales, la imposición de multas según el procedimiento establecido para el efecto.

Porque esto es así, es que se explica la Sala que la Ley 10 de 1990, por la que se reorganizó el Sistema Nacional de Salud y se dictaron otras disposiciones, entre ellas algunas que sirven de fundamento al presente asunto, haya establecido en su artículo 46 que corresponde a la Dirección de Impuestos "la fiscalización, determinación, discusión y cobro administrativo coactivo, para lo cual aplicará el mismo procedimiento tributario, sanciones e intereses de mora del impuesto sobre las ventas" y que a la Superintendencia Nacional de Salud, a su turno, le compete verificar "la liquidación y el pago o giro del impuesto" e informar "las irregularidades a la administración de impuestos nacionales del domicilio del responsable".
  (2015-08-12) [Mas Información]
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SANCION POR INFORMACION EXTEMPORÁNEA DE ENTIDAD RECAUDADORA - Corre a partir del día siguiente al vencimiento y hasta el día que se complete toda la información correspondiente a un mismo día de recaudo.
    CALCULO DE DIAS EN SANCION A ENTIDADES RECAUDADORAS - Corre separadamente para paquetes y cintas magnéticas y si la entrega es parcial continúa su conteo.
Por lo anterior la Sección modificó su criterio como puede advertirse, a manera de ejemplo, en las sentencias de 24 de febrero y 6 de marzo de 2003, expedientes 12972 y 12616, respectivamente, en las cuales considera que la sanción pecuniaria diaria por extemporaneidad que debe aplicarse a las entidades recaudadoras, corre a partir del día siguiente al del vencimiento del término para la entrega y hasta aquel en que se complete toda la información correspondiente a un mismo día de recaudo.

Se precisa que el cálculo de días corre separadamente para paquetes y para cintas magnéticas y si la entrega es parcial continúa el conteo respecto de la información aún no presentada. Reitera la Sala que la aplicación de la sanción por extemporaneidad en la entrega de documentos por parte de las entidades recaudadoras, conforme al artículo 676 del Estatuto Tributario, debe calcularse sobre la base de la información inoportuna según cada día de recaudo y no estimarse por cada paquete o cinta de la misma fecha pues lo sancionable en tal caso es el retraso, para lo cual es menester tener como parámetro de conteo la fecha fijada oficialmente para la entrega de la información -con base en la de cada día de recaudo-, hasta cuando se complete la totalidad.

Bajo estos parámetros la Sala encuentra que la actuación de la Administración desconoce el anterior criterio pues tomó como sancionables varios paquetes y cintas de una misma fecha de recaudo según los cuadros de resumen que obran a folios 1 a 121 del cuaderno de antecedentes y en tales condiciones la base de días sobre la cual se aplicaría la sanción resulta aumentada con lo cual a su vez se incrementa ésta.
  (2015-08-12) [Mas Información]
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PRESCRIPCIÓN DE FACULTAD SANCIONATORIA DE LA DIAN - Se presenta si dentro de los dos años siguientes a cuando cesa la irregularidad no se profiere el pliego de cargos para la sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario.
Respecto de la prescripción por los días correspondientes a fechas anteriores al período en discusión, la Sala precisa que conforme a lo previsto en el artículo 638 del Estatuto Tributario -modificado por el artículo 64 de la Ley 6ª de 1992, precepto aplicable en el sub lite por cuanto se trata de información relativa al año de 1996-, el término para que la administración pueda ejercer su facultad sancionatoria es de dos años, que para el subexámine, deben contarse a partir de cuando cesó la irregularidad por cuanto es una infracción continuada.

Dentro de este lapso la Administración, por tratarse de la imposición de una sanción en resolución independiente, deberá formular previamente un pliego de cargos, acto cuya notificación interrumpe el fenómeno prescriptivo, si se lleva a cabo dentro del plazo que fija la ley.

En este caso se observa en los antecedentes administrativos que las fechas anteriores al período en cuestión fueron incluidas por cuanto la información se presentó dentro de él, vale decir que solo entonces cesó la irregularidad, tal circunstancia determina el momento a partir del cual la entidad oficial puede ejercer su facultad sancionatoria y ésta prescribe si dentro de los dos años siguientes no se notifica el respectivo pliego de cargos, que en el subexámine ocurrió el 24 de junio de 1998, lo que significa, conforme al criterio expuesto, que sobre todas las fechas de presentación de la información anteriores al 24 de junio de 1996, se aceptará la prescripción alegada.
  (2015-08-12) [Mas Información]
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SANEAMIENTO DE INGRESOS - Alcance.
El propósito del saneamiento fiscal de la Ley 223 de 1995 era el que los contribuyentes quienes hubieran omitido activos representados en moneda extranjera o bienes poseídos en el exterior, los denunciarán fiscalmente sin las sanciones correspondientes con el objeto de que ahí en adelante tributaran sobre ellos también.

Con tal finalidad la Ley 49 de 1990 al consagrar este saneamiento, expresamente estableció que el aumento patrimonial que se genere por su causa, no generaría renta por diferencia patrimonial, ni sanciones, como tampoco podría ser objeto de requerimiento especial, ni liquidación de revisión, por los períodos gravables de 1990 y anteriores, en lo que corresponda a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen, en tanto se cumpla alguna de las condiciones señaladas.

Conforme a lo expuesto, es claro que la sociedad al acogerse el saneamiento de divisas, limitó la facultad fiscalizadora de la Administración por virtud de la ley, como quiera que tal entidad no podía entrar a cuestionar por el año 1990 y anteriores, lo correspondiente a los bienes saneados y a los ingresos que les dieron origen.

De suerte que a juicio de esta Corporación, la actuación administrativa esta viciada de nulidad por este aspecto máxime cuando la ley establece como causal de nulidad, el saneamiento fiscal, en relación con la actuación administrativa, donde se hubiere notificado el requerimiento especial con posterioridad a la vigencia de la citada ley, como en el sub lite.
  (2015-08-10) [Mas Información]
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PRESUNCION DE VERACIDAD / FACULTAD FISCALIZADORA / ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Facultades.
Si bien la presunción de veracidad se predica de las declaraciones tributarias, de sus correcciones y respuestas a requerimientos, ello no implica que la Administración Tributaria se vea limitada en sus facultades investigativas y fiscalizadoras, como quiera que tal presunción es susceptible de desvirtuarse a través de la investigación adelantada por los funcionarios de impuestos, en la que se concluyó que las compras fueron efectuadas a un proveedor ficticio, de donde podría derivarse el rechazo de los impuestos descontables solicitados por ese concepto.
    PROVEEDOR FICTICIO / REGISTRO MERCANTIL - Alcance / COMPRAS - Inexistencia / IMPUESTO DESCONTABLE
Respecto del certificado de existencia y representación y de la copia de inscripción del proveedor como responsable del IVA, se observa que no obstante haberse aportado los referidos documentos, la investigación adelantada por la Administración demostró que la sociedad inscrita no había funcionado ni existía físicamente en el domicilio registrado.

De manera que si bien, formalmente un comerciante puede figurar como tal en la Cámara de Comercio, aspecto diferente es que efectivamente ejerza su actividad, pues este solo hecho no implica per se su existencia real y objetiva, ni le imprime credibilidad a las operaciones.

Entonces se repite, no se trataba de probar la existencia nominal del proveedor, ni su inscripción como responsable del impuesto a las ventas, sino la realidad de las operaciones que generaron los impuestos descontables.
  (2015-08-10) [Mas Información]
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CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA
PROYECTO DE CORRECCION FACULTAD PARA CORREGIR DECLARACIONES.
Conforme al artículo 8o. de la Ley 84 de 1988 (antes de ser modificado por la Ley 6a. de 1992), para corregir las declaraciones tributarias que no varíen el valor a pagar o que lo disminuyan o aumenten el saldo a favor, debe presentarse solicitud previa a la Administración, acompañada del respectivo proyecto de corrección con el fin de que se oficialice la mencionada corrección, que si es aceptada tácita o expresamente por la Administración, entra a reemplazar la liquidación presentada inicialmente y que goza en consecuencia de la presunción de veracidad que cobijaba a la primera.

En esas condiciones la facultad otorgada por el artículo 589 del E.T., debe interpretarse en concordancia con las demás normas de la legislación tributaria, particularmente las relativas al proceso de determinación oficial del tributo, tal como lo dispone el artículo 589 del E.T.
  (2015-08-10) [Mas Información]
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FACULTAD DE FISCALIZACION
FACULTAD PARA CORREGIR DECLARACIONES / CONTRIBUYENTE - Deberes.
Si bien la administración goza de amplias facultades de fiscalización de la declaración, que ejerce entre otras a través de las liquidaciones de corrección aritmética y de revisión, sólo la notificación del pliego de cargos o del requerimiento especial tienen la capacidad de limitar y precluir la facultad de los contribuyentes de corregir sus declaraciones tributarias, ya sea por errores mecanográficos o de transcripción, o aún en aspectos de fondo tales como la modificación de las bases gravables, su depuración, aplicación de tarifas y en general, la corrección de todos aquellos factores sobre los cuales no ha iniciado actuación la Administración Tributaria, sin perjuicio de las correcciones provocadas (por el requerimiento y la liquidación de revisión) en los términos de los artículos 709 y 713, máxime cuando nadie está obligado a permanecer en el error.
  (2015-08-10) [Mas Información]
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Sección Cuarta


FACULTAD DE CORRECCION / FACULTAD DE REVISION / ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
De haberse practicado la liquidación oficial de corrección aritmética en la forma autorizada por la ley, ésta constituye un elemento más a tenerse en cuenta para efectos de la liquidación de revisión, por cuanto la norma es clara en determinar que la correspondencia se predica entre la liquidación privada y el requerimiento, en atención a que la facultad de corrección se ejerce sin perjuicio de la facultad de revisión, toda vez que esta última pretende modificar el monto del tributo determinado en la liquidación privada y en atención a que la primera, ésto es, la liquidación oficial de corrección aritmética, no está referida a la determinación oficial del impuesto, sino exclusivamente a enmendar errores de orden numérico por lo que el contribuyente puede válidamente modificar su declaración privada a través del procedimiento de corrección, que sustituye la presentada inicialmente.
  (2015-08-10) [Mas Información]
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CORRECCIÓN DE DECLARACIÓN TRIBUTARIA - Requisitos / CONSORCIO - Declaración tributaria / FACULTAD DE REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES - Liquidación de revisión.
La viabilidad de las solicitudes de corrección efectuadas a las declaraciones tributarias con fundamento en el procedimiento consagrado en el artículo 589 del Estatuto Tributario, está referida al cumplimiento de los requisitos formales previstos en el mismo, como: presentar la solicitud dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar; anexar proyecto de corrección; liquidar y pagar una sanción equivalente al 5% del menor valor a pagar que resulte de la corrección y acreditar el pago de la mencionada sanción.

En el caso objeto de análisis la Administración no cuestionó el cumplimiento de los requisitos que anteceden, sino que, como se dejó expuesto, el rechazo de la solicitud de corrección obedeció a un aspecto diferente, esto es, considerar sin ningún valor la declaración de renta presentada por el Consorcio por el año gravable de 1.992 objeto de la corrección, circunstancia que como lo ha reconocido la demandada implica un pronunciamiento de fondo, que para la Sala no es susceptible de ventilarse con motivo del trámite de las solicitudes de corrección efectuadas con fundamento en el citado artículo 589 del Estatuto Tributario .

Uno es el proceder relativo a la presentación de la declaración tributaria y otro diferente, el concerniente a las solicitudes de corrección, por lo que dentro del trámite de éstas no es procedente cuestionar la validez de la declaración inicial, lo cual, como ya lo tiene dicho la Sección, debe efectuarse dentro del procedimiento de revisión de las declaraciones tributarias que es el previsto en la ley para tal efecto, y al cual se remite el artículo 589 varias veces citado.
  (2015-08-10) [Mas Información]
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CORRECCION A LA DECLARACION TRIBUTARIA - La prevista en el artículo 589 del E.T. sólo puede negarse por razones de forma.
    SOLICITUD DE CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA - Las razones de fondo no pueden ser causas de su rechazo

    CORRECCION A LA DECLARACION TRIBUTARIA DEL ARTICULO 589 DEL E.T. - Requisitos

    LIQUIDACION OFICIAL DE CORRECCION - Debe proferirse dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud de corrección.
En esta oportunidad, la Sala considera que le asiste razón al impugnante y reitera que la solicitud de modificación de la declaración prevista en el artículo 589 ibídem, sólo puede negarse por inobservancia de los requisitos de forma, mas no por razones de fondo, como las relacionadas con el derecho al reconocimiento de costos, deducciones, descuentos, exenciones-excepciones, retenciones en la fuente, o pruebas requeridas para su demostración, pues tales asuntos son materia de un proceso de revisión.

Y es que de acuerdo con el tenor literal de la disposición legal en comento, la corrección de la declaración tributaria debe cumplir con los siguientes requisitos formales: Presentar una solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente, Que la petición se realice dentro del año siguiente a la fecha del vencimiento del término para declarar y, Adjuntar proyecto de corrección.

Cumplidos los requisitos mencionados, la Administración debe practicar liquidación oficial de corrección dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, so pena de que opere el silencio administrativo positivo a favor del contribuyente, sin que esté autorizada para entrar a debatir cuestiones de fondo del proyecto de corrección que deban ser discutidas a través del procedimiento revisión.
  (2015-08-10) [Mas Información]
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PROYECTO DE CORRECCION DE DECLARACION - Debe aceptarse cuando se presentó dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para declarar.
    SOLICITUD DE CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA - Su rechazo no se ajusta a derecho cuando se fundamenta en aspectos de fondo

    FACULTAD DE REVISION DE LA DIAN - Procede aún cuando ha proferido la liquidación oficial de revisión.
La Sala observa que la actuación administrativa no se ajusta a derecho, pues fundamentó el rechazo de la solicitud de corrección en aspectos de fondo denunciados por el contribuyente, y así desconoce de plano que la actora cumplió con los requisitos formales preceptuados en el artículo 589 ib. para la procedencia de la corrección, presupuestos que no fueron cuestionados por el ente fiscal.

Por tanto, como la accionante atendió los presupuestos exigidos por la Ley para corregir su declaración de renta y complementarios de 1997, ya que presentó la solicitud el 6 de abril de 1999 dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para declarar (16 de abril de 1998 Dto. 3049 de 1997) y allegó el proyecto de corrección respectivo, es procedente su aceptación.

Ahora bien, si la Administración pretendía cuestionar de fondo los rubros modificados de la declaración tributaria en cuanto al acervo probatorio que lo respaldaba, debió aplicar el inciso segundo del artículo 589 del Estatuto Tributario con la expedición de la liquidación oficial de corrección, para posteriormente utilizar la facultad de revisión establecida en los artículos 702 a 712 del mismo ordenamiento.
  (2015-08-10) [Mas Información]
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CONCEPTOS DE LA DIAN - Las actuaciones del contribuyente amparadas por ellos no pueden ser objetados por las autoridades tributarias.
    CONCEPTOS DE LA DIAN - Al ser revocados los que sustentaron la actuación del contribuyente no pueden ser amparados por el artículo 264 de la Ley 223 de 1995
Hechas las anteriores precisiones, vale la pena resaltar que el contribuyente puede fundamentar sus actuaciones tributarias en los conceptos de la DIAN que se encuentren vigentes en la fecha en que se surten dichas actuaciones, tal como lo permite el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 al señalar que "Durante el tiempo en que tales conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias realizadas a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias".

De tal manera, que las actuaciones del contribuyente realizadas al amparo de conceptos vigentes de la DIAN, no pueden ser objetadas por las autoridades tributarias. Entonces, el particular en una actuación tributaria busca cumplir con las obligaciones de índole sustancial o formal impuestas por el legislador, que sustentadas en las directrices u orientaciones de los conceptos de la DIAN vigentes para ese momento, se enmarcan dentro del amparo concedido por el precepto legal.

Para la Sala el argumento de la demandante es contrario al artículo 264 de la Ley 223 de 1995 en comento, ya que como se expuso el contribuyente puede acoger los conceptos de la DIAN que se encuentren vigentes en el momento en que realiza la respectiva actuación tributaria, que en el sub judice corresponde a la fecha en que presenta el respectivo denuncio tributario, como quiera que es en ese instante en que se instrumenta su actuación con la declaración de los valores que consigna en su liquidación privada. Sostener lo contrario equivaldría a cambiar el texto legal, para que en vez de amparar las actuaciones o diligencias del particular sustentadas en los conceptos vigentes en la fecha en que se efectúan, reviva los efectos jurídicos de los conceptos revocados por la DIAN en desmedro de la finalidad legislativa de la norma.
  (2015-08-10) [Mas Información]
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CONCEPTOS DE LA DIAN - Tienen un carácter autorregulador de la actividad administrativa y su naturaleza es la de actos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la ley.
    CONCEPTOS DE LA DIAN - A través de ellos no es dable regular deberes tributarios materiales y formales
En el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, se otorgó a los conceptos emitidos por la DIAN alcance y efectos concretos frente a los particulares y a los funcionarios. La Corte Constitucional al pronunciarse sobre su exequibilidad en el fallo C-487 de 1996, precisó que estos conceptos "constituyen la expresión de manifestaciones jurídicas, juicios, opiniones o dictámenes sobre la interpretación de normas jurídicas tributarias".

La Sala sostuvo en otra oportunidad, que cuando los conceptos interpretan las normas tributarias y dichas interpretaciones tienen un carácter autorregulador de la actividad administrativa y producen efectos frente a los administrados, su naturaleza es la de actos administrativos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la ley, sujetos a control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.

Por tal razón, la administración al ejercer tal facultad interpretativa, debe dilucidar el sentido de las normas tributarias, que debe adecuarse a la finalidad de la norma interpretada, sin limitarla o excederla, pues por la vía de un concepto de carácter administrativo no es dable regular deberes tributarios materiales y formales, que constriñen derechos individuales, por ser todo esto competencia exclusiva del legislador, titular de la potestad impositiva y principal regulador de la actuación tributaria.
  (2015-08-10) [Mas Información]
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FACULTAD DE REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES - Liquidación de revisión.
    CORRECCIÓN DE DECLARACION TRIBUTARIA - Requisitos
    CONSORCIO - Declaración tributaria
La viabilidad de las solicitudes de corrección efectuadas a las declaraciones tributarias con fundamento en el procedimiento consagrado en el artículo 589 del Estatuto Tributario, está referida al cumplimiento de los requisitos formales previstos en el mismo, como:
    - Presentar la solicitud dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar;
    - Anexar proyecto de corrección;
    - Liquidar y pagar una sanción equivalente al 5% del menor valor a pagar que resulte de la corrección y
    - Acreditar el pago de la mencionada sanción.
En el caso objeto de análisis la Administración no cuestionó el cumplimiento de los requisitos que anteceden, sino que, como se dejó expuesto, el rechazo de la solicitud de corrección obedeció a un aspecto diferente, esto es, considerar sin ningún valor la declaración de renta presentada por el Consorcio por el año gravable de 1.992 objeto de la corrección, circunstancia que como lo ha reconocido la demandada implica un pronunciamiento de fondo, que para la Sala no es susceptible de ventilarse con motivo del trámite de las solicitudes de corrección efectuadas con fundamento en el citado artículo 589 del Estatuto Tributario.

Uno es el proceder relativo a la presentación de la declaración tributaria y otro diferente, el concerniente a las solicitudes de corrección, por lo que dentro del trámite de éstas no es procedente cuestionar la validez de la declaración inicial, lo cual, como ya lo tiene dicho la Sección, debe efectuarse dentro del procedimiento de revisión de las declaraciones tributarias que es el previsto en la ley para tal efecto, y al cual se remite el artículo 589 varias veces citado.
  (2015-08-10) [Mas Información]
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PRUEBA DE PASIVOS - Debe hacerse a través de documentos idóneos y que llenen las formalidades exigidas en la contabilidad.
    PRUEBA SUPLETORIA DE LOS PASIVOS - Procede el reconocimiento de los pasivos si se prueba que los rendimientos y las cantidades respectivas fueron declaradas por el contribuyente
El artículo 770 E.T. dice que cuando el contribuyente esté obligado a llevar libros de contabilidad los pasivos deben probarse con documentos idóneos y "con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad".

Sin duda, la expresión documentos idóneos alude a que los comprobantes externos cumplan con las formalidades exigidas por la ley. De modo que la administración pueda identificar no sólo el tipo de pasivo, sino que pueda establecer que corresponde al periodo fiscal investigado.

El artículo 771 ib., por su parte, dice que la falta de prueba de los pasivos da lugar a que se rechacen, a menos de que se pruebe que la cantidad y los rendimientos fueron oportunamente declarados por el beneficiario. No obstante, el demandante ni en sede administrativa ni en sede judicial demostró los pasivos registrados.

Tampoco demostró que el beneficiario del pasivo hubiese declarado la cantidad y el rendimiento. Todo lo contrario, las irregularidades en la contabilidad y la falta de comprobantes del registro dieron lugar a que se desconocieran.
  (2015-08-06) [Mas Información]
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CONTABILIDAD - Debe aportarse en la oportunidad que la Administración lo determine para que no se desconozcan costos y deducciones.
    FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO - Circunstancia para que se aporte en otra oportunidad procesal la contabilidad.
La labor tanto de la administración como del contribuyente no debe ni puede ser pasiva, pues de la actividad que desarrollen dependerá la prosperidad del caso a favor de una de las partes, en tanto en el proceso judicial se logre convencer al juez administrativo de la legalidad o de la ilegalidad de los actos administrativos.

Ahora bien, en principio, las pruebas decretadas y practicadas en la vía gubernativa son las que permiten al juez examinar la legalidad de los actos administrativos, esto es, las pruebas que aducen las partes son las que, según el caso, desvirtúan o confirman la presunción de legalidad de los actos administrativos.

Sin embargo, eso no impide que en el proceso judicial, el contribuyente o la propia administración puedan pedir o aportar pruebas para respaldar sus argumentos, siempre que tales pruebas sea conducentes pertinentes, útiles y lícitas, y guarden relación con las que ya se practicaron en la vía gubernativa, en procura de demostrar los hechos que demostraron o desvirtuaron las correspondientes glosas.
  (2015-08-06) [Mas Información]
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PRESUNCION DE VERACIDAD - Recae sobre los hechos consignados en la declaraciones tributarias. Presunción legal.
    PRUEBA CONTABLE - Demuestra los hechos económicos que realiza el contribuyente
    CONTABILIDAD - Contenido.
El artículo 746 E.T. prevé que: "se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija".

Esa norma, sin embargo, establece una presunción legal, pues el contribuyente no está exento de demostrar los hechos que expuso en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las declaraciones o en las respuestas a los requerimientos administrativos. La administración, en todo caso, también puede desvirtuar los hechos declarados por el contribuyente, pues la facultad fiscalizadora persigue comprobar la certeza, la veracidad o la realidad de los hechos que justifican las declaraciones del contribuyente y el cumplimiento de los presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado.

Entre los medios probatorios permitidos se encuentra la prueba contable que es quizá el principal medio probatorio, en cuanto a que demuestra de una forma más real, más fiel, los hechos económicos que realiza el contribuyente. Así lo prevé expresamente el artículo 50 C. Co.

El artículo 51 ib., a su turno, prevé que la contabilidad está conformada tanto por los libros como por los comprobantes -internos y externos- que sirvan de respaldo a los registros contables que se hacen en los libros. De modo que la prueba contable es una unidad conformada por varios medios probatorios: los libros; los comprobantes externos e internos, y todos los documentos que tengan relación directa con los registros contables.
  (2015-08-06) [Mas Información]
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ACTA DE INSPECCION TRIBUTARIA - Contenido. Forma parte de la actuación administrativa originada en la inspección tributaria.
    INSPECCION TRIBUTARIA - No es una diligencia de tipo técnico contable sino un medio de prueba de verificación
El artículo 779 del E.T. califica la inspección tributaria como un medio de prueba, con el que la administración verifica directamente los hechos que interesan en el Proceso de fiscalización y determina su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron tales hechos.

En esa inspección, la administración puede decretar todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias a cada medio probatorio.

La diligencia de inspección tributaria se decretará con auto en el que se deben indicar los hechos materia de prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. Dicho auto, además, debe notificarse por correo o personalmente al interesado, pues la inspección tributaria sólo se inicia una vez el interesado se entere del objeto de la inspección.

De esa diligencia se levanta un acta que debe contener todos los hechos y pruebas en que se sustenta. Esto es, se debe levantar un acta en la que se consignen los hechos verificados por la autoridad tributaria en la inspección tributaria.
  (2015-08-06) [Mas Información]
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ACTA DE INSPECCION CONTABLE - Deben ser suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes. Refleja fielmente los datos de la contabilidad.
    CONTADOR PUBLICO - Debe practicar y suscribir el acta de inspección contable

    INSPECCION TRIBUTARIA - Diferencias con la inspección contable
El artículo 782 del E.T., a su turno, define la inspección contable como un medio de prueba que permite a la administración verificar la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravados y comprobar el cumplimiento de las obligaciones formales.

De esa diligencia también se levanta un acta que, a diferencia del acta de inspección tributaria, no sólo la suscriben los funcionarios visitadores, sino las partes intervinientes. Si los intervinientes se niegan a firmar el acta se dejará constancia y, en todo caso, eso no afecta el valor probatorio de la inspección. Conforme con el artículo 782, se presume que los datos consignados en el acta fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, salvo que el contribuyente o responsable manifieste su inconformidad.

La Sala acoge las consideraciones que hizo el a quo sobre la diferencia entre la inspección tributaria y la inspección contable. Es cierto que las dos persiguen objetivos diferentes, pues, se repite, mientras que la primera es un medio de verificación de los hechos que interesan al proceso de fiscalización, la segunda es un medio probatorio esencialmente técnico para verificar la exactitud de los denuncios tributarios y el cumplimiento de las obligaciones formales a partir del análisis de la contabilidad del contribuyente específicamente. Y, en ese entendido, sólo el acta de terminación de la inspección contable debe suscribirse por un contador público.
  (2015-08-06) [Mas Información]
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ACTA DE REGISTRO - Basta que en la diligencia esté uno de los funcionarios comisionados
FUNCIONARIOS COMISIONADOS - Basta que aparezca uno en el acta de registro.
    FACULTAD DE REGISTRO - Finalidad. Funcionario competente

    ACTO QUE ORDENA EL REGISTRO - Debe ser motivado. Acto de trámite. Contra él no procede recurso.
El artículo 779-1 del E.T. consagra la facultad de registro como un medio de prueba que permite a la administración tributaria examinar las oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus archivos, siempre que, para el caso de las personas naturales, no coincida con su casa de habitación.

En esencia, es un medio probatorio para evitar que las pruebas sean alteradas, ocultadas o destruidas. Para evitar que eso ocurra, la administración puede adoptar cualquier tipo de medida e incluso puede pedir colaboración a la fuerza pública para que la diligencia de registro se cumpla en condiciones normales.

La competencia para ordenar la diligencia de registro es del Administrador de impuestos y aduanas o del Subdirector de fiscalización, sin que esa competencia pueda delegarse en otro funcionario. En todo caso, el artículo 1º del Decreto 3050 de 1997 establece que también son competentes para ordenar el registro los Administradores especiales, los Administradores locales de impuestos nacionales, los Administradores locales de aduanas nacionales, los Administradores locales de impuestos y aduanas nacionales.
  (2015-08-06) [Mas Información]
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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD - No se aplica tratándose de sociedades anónimas o sus asimiladas.
    RESPONSABILIDAD SOLIDARIA - El patrimonio de la sociedad garantiza el pago de los impuestos liquidados a su cargo
Sobre el tema de la responsabilidad solidaria que tienen los socios, respecto de las deudas originadas en impuestos a cargo de la sociedad, esta Sección ha precisado, que la sociedad es, en principio, la que debe responder por los impuestos liquidados a su cargo. El patrimonio de la sociedad, por regla general, garantiza el pago de los impuestos a cargo de la sociedad.

Pero esa regla admite una excepción relacionada con la responsabilidad solidaria de los socios prevista en los artículos 793 y 794 del E.T. Las normas vigentes para la fecha en que se profirieron los actos administrativos acusados determinan la responsabilidad solidaria de los socios frente a las obligaciones que, por concepto de impuestos, adquiera la sociedad.

El artículo 794 citado es claro en establecer que la responsabilidad solidaria de los socios frente a los impuestos no se aplica "a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas." En el sub lite está probado que, desde el año 1993, la sociedad actora se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima.

En ese orden, es evidente para la Sala que no se predica la solidaridad de los socios y, por ende, resultaba suficiente con que el requerimiento especial se notificara al liquidador de SAJATEX. Lo anterior basta para concluir que el argumento de la falta de vinculación no está llamado a prosperar.
  (2015-08-06) [Mas Información]
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PASIVOS - Cuando no se prueba su existencia procede la sanción por inexactitud.
    SANCION POR INEXACTITUD - Procede cuando se declaran pasivos inexistentes.
Es evidente para la Sala que la parte actora no logró probar que no era cierto que existieran los pasivos inexistentes a que aludió la DIAN. Como ya se dijo, no hubo actividad probatoria que desvirtuara tales pasivos y, por tanto, no hay pruebas para confrontar las conclusiones que tienen sobre este aspecto los actos acusados.

Ahora bien, la Sala respalda el cálculo de la sanción por inexactitud, pues se calculó con base en el saldo a pagar determinado en la resolución que decidió el recurso de reconsideración ($1.107'670.000) menos el valor declarado por el contribuyente ($10'186.000) y el resultado ($1.097'484.000) multiplicado por el 160%, que arroja un resultado de $1.755'974.000.

En ese contexto, se concluye que, de conformidad con el artículo 647 del E.T., era procedente la sanción por inexactitud impuesta por la DIAN, por haberse incluido en la declaración pasivos inexistentes. Por tanto, se impone mantener la sanción impuesta por la administración.
  (2015-08-06) [Mas Información]
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MEDIOS PROBATORIOS EN MATERIA TRIBUTARIA- Lo son entre otros, la inspección tributaria, la contable y la facultad de registro.
Con el ejercicio de la facultad fiscalizadora la administración tributaria persigue probar, más allá de la certeza, la veracidad o la realidad de los hechos que justifican las declaraciones del contribuyente y el cumplimiento de los demás presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado.

El título VI del Estatuto Tributario regula el régimen probatorio en materia tributaria y, concretamente, los medios de prueba de los que puede hacer uso la administración para desvirtuar los hechos consignados en las declaraciones tributarias, siempre que frente a tales hechos no se haya solicitado una comprobación especial ni que la ley así lo exija (art. 746 del E.T.).

Cuando la autoridad tributaria ejerce la facultad fiscalizadora busca no sólo comprobar la certeza, la veracidad y la realidad de los hechos que contienen no sólo las declaraciones, sino examinar las respuestas del contribuyente a los requerimientos que efectúa la administración.

Esa función de fiscalización se hace con los medios de prueba que la legislación tributaria ha puesto a disposición de la administración, de modo que con tales medios de prueba logre el convencimiento sobre los aspectos que interesan en cada caso.
  (2015-08-06) [Mas Información]
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PRESUNCION DE VERACIDAD DE LA DECLARACION TRIBUTARIA - Es un indicio determinado por la ley / FACULTAD FISCALIZADORA - Finalidad.
El artículo 746 del E.T. prescribe que "se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija".

La presunción es un indicio determinado por la ley que puede ser legal o de derecho, conforme se infiere del artículo 66 del Código Civil. La presunción legal admite la prueba en contrario, la presunción de derecho, no. En esa medida, el interesado en hacer valer la presunción legal no está exento de probar el hecho que el legislador señaló como probado, y, quien se opone a la presunción, a desvirtuar esa conclusión legal.

La presunción prevista en el artículo 746 del E.T. es legal y, en esa medida, admite prueba en contrario del hecho que el legislador señaló como probado. En consecuencia, los hechos que el contribuyente refleja en su declaración privada o en la que la corrige, así como los que manifiesta con ocasión de la respuesta a los requerimientos de la Administración, gozan de presunción de certeza.

Sin embargo, el contribuyente no está exento de respaldar con pruebas los hechos que expuso como ciertos en esos documentos, ni la Administración tributaria de respaldar, así mismo, con pruebas, que esos hechos no son ciertos o, incluso, veraces o, mejor, irreales.
  (2015-08-06) [Mas Información]
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DEDUCCION POR PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES Y APORTES - Está prohibida para los contribuyentes no sujetos a ajustes por inflación.
La Sala concluyó que el artículo 153 de Estatuto Tributario (modificado por el 4 de la Ley 49 de 1990), según el cual, la pérdida proveniente de la enajenación de acciones o cuotas de interés social no es deducible, no rige para los contribuyentes obligados a aplicar los ajustes por inflación, ya que, además es anterior a la entrada en vigencia del sistema de ajustes integrales por inflación y tiene carácter exceptivo frente al tratamiento fiscal que debe darse a la pérdida en la enajenación de acciones, no prevalece ni es oponible al régimen de ajustes por inflación, precisamente por tener éste el carácter de especial, y estar previsto para el mismo concepto el tratamiento que bajo dicho régimen corresponde a las pérdidas originadas al momento de su enajenación.

De manera que al reconocimiento como deducción de la pérdida obtenida en la enajenación de acciones, no puede oponerse la prohibición del artículo 153 del Estatuto Tributario que sigue vigente para contribuyentes no sujetos a los ajustes por inflación.

La Sala considera que no hay motivo legal ni jurídico para variar el criterio expuesto en la sentencia citada cuyas consideraciones se reiteran, pues el análisis parte del reconocimiento del sistema de ajustes por inflación, que mientras estuvo vigente, reguló de manera especial el impuesto de renta para quienes estaban obligados a llevarlo, mientras que el concepto demandado, no es coherente con esta situación y parte del concepto de las ganancias ocasionales por la utilidad en la enajenación de los activos fijos poseídos dos año o mas, cuando precisamente el artículo 352 del Estatuto Tributario, excluye en el régimen de ajustes por inflación el concepto de ganancias ocasionales como impuesto complementario del impuesto de renta, como se explica en la sentencia.
  (2015-08-06) [Mas Información]
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CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA QUE DISMINUYEN EL VALOR A PAGAR - No autoriza a la DIAN a debatir aspectos de fondo.
    FACULTAD DE REVISION - No se impide con ocasión de la solicitud de corrección de la declaración tributaria

    CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA DEL ARTICULO 589 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO - Al rechazarse por la DIAN por deficiencia probatoria excedió en sus facultades legales
De conformidad con el artículo 589 del Estatuto Tributario, los contribuyentes tienen la posibilidad de corregir sus declaraciones tributarias disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor.

Como ya lo ha indicado la Sala, este procedimiento no autoriza a la Administración para debatir aspectos de fondo en la liquidación del correspondiente impuesto, sino que la limita a verificar que se cumplan los requisitos formales exigidos en la norma, para la procedencia de la corrección.

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 589 del Estatuto Tributario, la corrección realizada no impide la facultad de revisión, que se cuenta desde la fecha del acto administrativo que la aprueba o desde el vencimiento del término establecido para resolver la solicitud.

Para la Sala el rechazo efectuado por la Administración se basa en aspectos de fondo, derivados de la deficiencia probatoria, relativa a los valores corregidos frente a los registros contables, precisiones que al efectuarlas en el trámite de corrección de la declaración, excedió sus facultades legales pues objetó la solicitud por aspectos de fondo.
  (2015-08-06) [Mas Información]
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EGRESO EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Incluyen las inversiones amortizantes y la adquisión de activos fijos.
  • DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - No son egresos deducibles porque tienen un tratamiento tributario diferente
Si bien la depreciación como estimación contable que es, no implica el flujo de dinero saliente propio de los egresos, lo cierto es que al ser una previsión a la pérdida de valor del activo fijo que ha beneficiado a su dueño, no puede equipararse a la amortización, exclusiva de los activos intangibles que sólo reportan beneficios cuando se redime su valor, máxime al considerar que las amortizaciones constitutivas de egresos procedentes son las del artículo 142 del Estatuto Tributario, en las cuales no se incluye la depreciación de activos fijos, entre otras cosas, porque tiene un tratamiento tributario diferente (artículos 127 a 141 del Estatuto Tributario).
  (2015-07-23) [Mas Información]
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DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS Y DE INVERSIONES - No son egresos cuando son deducidas en su totalidad en el año de adquisición.
  • CERTIFICADO DE CONTADOR Y REVISOR FISCAL - Para que sirvan de prueba debe estar conforme con las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad
Es de anotar que el artículo 777 del E. T. sujetó el valor probatorio de las certificaciones de contadores y revisores fiscales a su conformidad con las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad, sin perjuicio de las comprobaciones pertinentes sobre las mismas.

Conforme al artículo 4 del Decreto 124 de 1997, los egresos procedentes son aquéllos de cualquier naturaleza y realizados en el respectivo período gravable, que constituyen costo o gasto y tienen relación de causalidad con los ingresos, o que no teniéndola, se destinan directamente a las actividades y programas beneficiados por el régimen tributario especial.

Los egresos realizados con ocasión de actividades comerciales deben, además, ser necesarios y proporcionales con esas actividades y, en defecto de tales condiciones, cumplir con la destinación anteriormente señalada.

Los egresos incluyen las inversiones amortizables del artículo 142 del Estatuto Tributario y la adquisición de activos fijos que se hagan en cumplimiento de las actividades y programas del régimen tributario especial. Así como los egresos destinados indirectamente a tales actividades y programas mediante donaciones efectuadas a otras instituciones sin ánimo de lucro que los desarrollen, caso en el cual se requiere que la entidad donataria efectivamente los haya realizado, según certificación de su revisor fiscal.
  (2015-07-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El liquidador de una sociedad contribuyente es deudor solidario de las obligaciones tributarias de ella, por la omisión en dar prelación a los créditos fiscales, si tiene conocimiento de la existencia de tales obligaciones.
Síntesis del caso:
Los socios de Librería y Papelería Corsi Ltda. acordaron disolver la sociedad e iniciar el proceso de liquidación de la misma a partir del 3 de junio de 1997, fecha en la que se designó como liquidador a Hernando Córdoba Ojeda.

El 22 de julio de 1997, este informó a la DIAN - Tunja sobre la disolución y liquidación de la sociedad. Con escritura pública del 20 de septiembre de 1997 se protocolizó el acta final de liquidación de la sociedad y la matrícula mercantil de la librería se canceló el 26 del mismo mes y año.

El 30 de mayo de 2002 la DIAN libró mandamiento de pago contra el liquidador, como deudor solidario de las obligaciones fiscales de la librería, al omitir reservar los recursos necesarios para cubrirlas. El liquidador formuló excepciones contra el mandamiento que la DIAN rechazó.

Se estudió la legalidad de los actos que rechazaron dichas excepciones, concretamente para establecer si el demandante era solidariamente responsable de las deudas tributarias de la Librería, por incumplir el deber legal previsto en el art. 847 del E.T., de incluir tales deudas dentro de la prelación de créditos.
Rincon del Mar


  (2015-07-23) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Las controversias relacionadas con la actualización de la cuenta corriente de un contribuyente y con la condición especial de pago del art. 1 de la Ley 1175 de 2007 son de carácter tributario y, por ende, no son conciliables.
Síntesis del caso:
Laminados Andinos S.A. (En liquidación) - LASA promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos por los que la DIAN resolvió la solicitud de actualización de su cuenta corriente y le informó que no procedía la condición especial de pago del art. 1º de la Ley 1175 de 2007, que aplicó al reintegro de las sumas originadas en el menor saldo a favor que liquidó al corregir la declaración de renta del 2005.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda porque concluyó que el asunto era conciliable y que, por ende, se debió agotar la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción, según lo prevé la Ley 1285 de 2009.

La Sala decidió el recurso de apelación que LASA interpuso contra esa decisión en orden a determinar si la actualización de la cuenta corriente de un contribuyente y la procedencia de la condición especial de pago del art. 1 de la Ley 1175 de 2007 son asuntos de carácter tributario o no y, por ende, si son o no conciliables.
Rincon del Mar


  (2015-07-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


En la intermediación comercial en general, el hecho de que el comprador o cliente se encuentre en Colombia no excluye la posibilidad de que, para la exención del IVA a la exportación de servicios, estos se entiendan utilizados en el exterior.
Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos por los que la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre las ventas que General Médica de Colombia Gemedco S.A. presentó por el 6° bimestre de 2006, en el sentido de disminuir los ingresos por operaciones no gravadas y aumentar los correspondientes a las gravadas.

Ello, como resultado de desconocer las sumas que Gemedco registró por concepto de “comisiones por venta de equipos” y “garantía servicio técnico” y que recibió con ocasión del contrato de representación internacional de ventas y servicios que suscribió con GE Healthcare.

Entre otros aspectos, la Sala analizó si los servicios de representación que Gemedco le prestó a GE Healthcare se utilizaron o no en el exterior, en orden a determinar si tenía o no derecho a la exención del IVA por exportación de servicios, prevista en el literal e) del art. 481 del E.T., que aplicó en la referida declaración.
Rincon del Mar


  (2015-07-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La existencia del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es presupuesto para establecer el hecho generador de la participación en plusvalía.
Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del inciso 2 del artículo 3 del Acuerdo 08 de 2008, por el que el Concejo de Chía dispuso que, para el cobro de la participación en plusvalía en el municipio, se tendría en cuenta, además de la Ley 388 de 1997 y las normas concordantes, el Acuerdo 17 de 2000, que estableció el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Chía.

Concretamente, la Sala analizó si el hecho de que para efectos del hecho generador de la plusvalía el acto acusado remita al POT del municipio, expedido con anterioridad, viola o no el principio de irretroactividad en materia tributaria, así como los derechos adquiridos al amparo de ese POT por los propietarios de los inmuebles afectados con el gravamen.
Rincon del Mar


  (2015-07-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las normas de contabilidad generalmente aceptadas son obligatorias para los no obligados a llevar contabilidad que pretendan hacerla valer como prueba.
Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que la Administración de Impuestos de Neiva modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios que Marcel Elías Solano Quimbaya presentó por el año gravable 2007, en el sentido de aumentar los ingresos declarados y disminuir los costos y deducciones.

Para el efecto, la DIAN tuvo en cuenta la contabilidad y los estados financieros que el contribuyente remitió en respuesta los requerimientos ordinarios que se le hicieron con ocasión de la práctica de la diligencia de inspección tributaria que esa entidad decretó de oficio.

Entre otros aspectos, se estableció si la inspección tributaria suspendió o no el término para notificar el requerimiento especial y el valor de la prueba contable aportada por el actor en la vía gubernativa, pese a que se trataba de un contribuyente no obligado a llevar contabilidad.
Rincon del Mar


  (2015-07-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La inspección tributaria decretada de oficio suspende por tres meses el término para notificar el requerimiento especial, siempre que esta efectivamente se realice y las diligencias se lleven a cabo dentro del plazo durante el cual opera la suspensión.
Extracto:
“El artículo 714 del Estatuto Tributario prevé que las declaraciones quedan en firme dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar; dentro de los dos siguientes a la presentación de la declaración cuando ésta es extemporánea, o dos años después de la solicitud de devolución o compensación respectiva, cuando la declaración refleje un saldo a favor del contribuyente o responsable, siempre que en ninguno de tales eventos se haya notificado requerimiento especial.

A su vez, el artículo 705, ibídem, señala que el requerimiento especial debe notificarse, a más tardar, dentro de los dos años siguientes a cada uno de los supuestos anteriormente señalados. Y el artículo 706 ejusdem, modificado por la Ley 223 de 1995 [251], norma vigente al momento de la presentación de la declaración inicial, previó la suspensión de dicho término, entre otros eventos, “cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete” […]

La Sala ha precisado que, dada la claridad del artículo 706 del Estatuto Tributario, el término de notificación del requerimiento especial se suspende a partir de la fecha de notificación del auto que decreta de oficio la inspección, por un lapso fijo de tres meses, no prorrogable, pero tampoco sujeto a disminución.
Rincon del Mar


  (2015-07-23) [Mas Información]
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ACTOS MERCANTILES CONEXOS - Son todos los actos de los comerciantes que se relacionan con las actividades o empresas mercantiles.
  • CONSTITUCION DE SOCIEDADES COMERCIALES - La intervención como asociado se califica como acto mercantil.

    EJERCICIO PROFESIONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES - Solo es predicable en relación con personas naturales
El artículo 35 de la Ley 14 de 1983 establece que se entienden por actividades comerciales las destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, al por mayor o al por menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio; el artículo 9 del Acuerdo 61 de 1989 define la actividad comercial en términos similares.

Así pues, dentro de las actividades comerciales no sólo figuran las previstas en la Ley 14 de 1983, compilada en el Decreto 1333 de 1986, y la norma local que la acoge, sino las consagradas como tales en el Código de Comercio.

Por su parte, la normatividad mercantil además de que enunció en su artículo 20 los actos que se consideran comerciales, precisó en el artículo 24 que la referida enumeración es declarativa y previó en su artículo 21 los llamados actos mercantiles conexos o por relación que son todos los actos de los comerciantes que se relacionan con las actividades o empresas mercantiles, dada la estrecha relación con éstas y los que ejecuta cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales".
  (2015-07-17) [Mas Información]
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ACTIVIDAD DE INVERSION EN SOCIEDADES - Se considera actividad comercial para efectos de ICA / DIVIDENDOS - Son gravados con ICA cuando son propios de su objeto social principal .
  • RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Son gravados con ICA cuando son propios de su objeto social principal.

    BASE GRAVABLE EN ACTIVIDAD COMERCIAL - Hacen parte los ingresos del objeto social principal y actividades secundarias .
Descendiendo al caso concreto, se observa que el objeto principal de la sociedad, en los términos del artículo 100 del Código de Comercio, es comercial, pues, además de la comercialización y distribución de productos alimenticios (artículo 20 [1] del Código de Comercio), la actora se dedica a la "inversión o aplicación de recursos o disponibilidades en empresas organizadas bajo cualquiera de las formas autorizadas por la ley, que, en general, se dediquen a cualquier actividad lícita y, en especial, a empresas que promuevan el desarrollo nacional o regional o sirvan para el aprovechamiento de incentivos legales y tributarios."

Es evidente, entonces, que la actora se constituyó para ejercer, entre otras actividades comerciales, la de inversión en sociedades (artículo 20 [5] del Código de Comercio). Por lo tanto, los dividendos y rendimientos financieros obtenidos durante el año 1997, por $11.948.406.810, se encuentran gravados con el impuesto de industria y comercio, por tratarse de una actividad propia de su objeto social principal.
  (2015-07-17) [Mas Información]
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PROPIEDAD HORIZONTAL - Es una forma especial de dominio en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y de copropiedad sobre bienes comunes.
  • UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA - Para su constitución debe ceñirse a las previsiones contenidas en el Título III de la Ley 675 de 2001
De lo precisado se deduce que la Urbanización Los Naranjos es un conjunto no sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, entendida ésta como "la forma especial de dominio (...) en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad"; ni se ha constituido en Unidad Inmobiliaria Cerrada, pues para ello debe ceñirse a las previsiones contenidas en el Título III de la Ley 675 de 2001, la cual derogó expresamente las leyes 182 de 1948, 16 de 1985 y 428 de 1998 y los decretos que las reglamentaban.
  (2015-07-17) [Mas Información]
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ACTUACIÓN QUE INDUCE A ERROR AL CONTRIBUYENTE - Se produce cuando con la constancia de desfijación del edicto se anota una fecha que excede los 10 días que señala el artículo 45 del C.C.A.
  • PRINCIPIO NEMO AUDITUR SUAM TURPITUDIEM ALLEGANS - Conlleva a que el error de la administración no puede ser alegado en su propio beneficio y en perjuicio del contribuyente

    CADUCIDAD DE LA ACCION - No se presenta cuando la administración induce en error al contribuyente

    DIA INHÁBIL - Cuando coincide con el vencimiento para presentar la demanda, se corre al siguiente día hábil
Partiendo de la base de que la notificación se surtió por Edicto debe examinar la Sala las implicaciones que tiene el hecho de que permanezca fijado por más tiempo del ordenado por la ley.

En primer lugar se trata de una conducta negligente y arbitraria del funcionario, que indujo a error al contribuyente quien de buena fe asumió que en la fecha anotada en la constancia de desfijación del edicto, quedaba notificado el acto y agotada la vía gubernativa, por consiguiente a partir del día siguiente comenzaba a correr el término para interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

El error que cometió la Administración no puede ser alegado por ella en su propio beneficio y en perjuicio del contribuyente, e impedirle con base en él acceder a la justicia al alegar la caducidad de la acción, pues su propia culpa indujo al error.

Este precedente que pretende hacer valer es inadmisible pues induciría a las autoridades administrativas a desconocer los términos previstos legalmente y aceptar que quien resulte afectado con la actuación irregular sea el ciudadano y no quien incurrió en ella, con violación del principio "Nemo auditur suam turpitudiem allegans".
  (2015-07-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


RENTA EXENTA EN LAS COOPERATIVAS - Se calcula sobre los excedentes obtenidos
EXCEDENTES EN LAS COOPERATIVAS - Se deben tomar en su totalidad del Fondo de Educación para determinar la exención.
  • EDUCACION FORMAL - El excedente de las cooperativas se invierte en programas de educación formal para logar su exención.
Según el artículo 8 de la Ley 863 de 2003, la exención del impuesto sobre la renta para las cooperativas, funciona así:
  • 1. Se debe destinar el veinte por ciento (20%) del excedente a financiar cupos y programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, de manera autónoma por las propias cooperativas.

  • 2. El excedente se debe tomar en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.
La educación formal está definida por el artículo 10 de la Ley 115 de 1994, como aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. Los niveles de educación formal son: preescolar, educación básica y educación media. A la educación media sigue la educación superior, que se regula por la Ley 30 de 1992 y se clasifica en instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y, universidades (artículo 35 de la Ley 115 de 1994).
  (2015-07-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


EGRESOS Y BENEFICIO NETO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO - Debían ser calificadas por el Comité de Entidades sin Animo de Lucro.
  • COMITE DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO - La derogatoria de sus funciones por el artículo 154 de la Ley 488 de 1998 rige a partir del año 1998.
Según el artículo 8 de la Ley 863 de 2003, la exención del impuesto sobre la renta para las cooperativas, funciona así: No obstante el artículo 154 de la Ley 488 de 1998 eliminó la función de calificar la procedencia de los egresos y la destinación del beneficio neto o excedente, el Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro podía pronunciarse sobre el asunto aquí discutido, toda vez que se trataba de decidir una solicitud respecto del año gravable 1996, presentada el 11 de marzo de 1997, y sobre la cual al momento de entrar en vigencia la nueva ley existía el recurso gubernativo de reposición pendiente de decisión, todo ello antes de ser expedida la ley 488 de 1998, siendo este el período gravable a partir del cual fue eliminada la citada calificación.

Por tanto dicha derogatoria no afectó la regulación sustancial ni procedimental que regía respecto de los períodos anteriores, como el de 1996, para el que era requisito indispensable la mencionada calificación. En este sentido la Sala reitera su criterio jurisprudencial expuesto en oportunidades anteriores sobre el mismo punto.
  (2015-07-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - Tributo a la disposición de recursos de manera general.
  • CUENTAS CONTABLES - Sólo generan el impuesto de GMF cuando reconocen un pago o por transferencia a favor de un tercero.
De acuerdo con las normas transcritas se concluye que el Gravamen a las Transacciones Financieras impone un tributo a la disposición de recursos de manera general, es decir, bien sea de los depositados en cuentas corrientes, de ahorro o de depósito en el Banco de la República y así mismo cuando se efectúen débitos en cuentas contables y de otro género, para la realización de cualquier pago o transferencia a un tercero.

En relación con los débitos en cuentas contables, sólo se causará el gravamen en la medida que impliquen el reconocimiento de un pago o de la transferencia a favor de un tercero.

Debe tenerse en cuenta que este reconocimiento puede dar lugar a que se realicen varios registros de naturaleza crédito en las cuentas de la contabilidad e incluso que se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorro, hasta concluir con el pago de la obligación o con la transferencia a un tercero.
  (2015-07-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Las actividades de generación, transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica se les aplica el artículo 7 de la Ley 56 de 1981 y el artículo 51 de la Ley 383 de 1997.
La Sala parte de reiterar que el impuesto de industria y comercio sobre las actividades de generación, transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica se encuentran reguladas, de manera íntegra, en el artículo 7º de la Ley 56 de 1981 y en el artículo 51 de la Ley 383 de 1997 y, por eso, se aplican de preferencia sobre la Ley 14 de 1983.

Estas normas regulan no solamente la jurisdicción en donde se grava el impuesto, sino que también precisan los hechos generadores, los sujetos pasivos y activos y las bases gravables del mismo. El artículo 18 del Acuerdo 10 de 1994, que regula la base gravable del impuesto de industria y comercio por las actividades comerciales, industriales y de servicios que se presten en la jurisdicción del municipio de Almeida, como se vio está ubicado dentro del Capítulo I del Título III del Código de Rentas del Municipio de Almeida, referido al impuesto de industria y comercio y, por tanto, la base gravable prevista en esa disposición debe entenderse referida a todas las actividades que se gravan con dicho impuesto.

En ese entendido, visto aisladamente el artículo 18 del Acuerdo 10 de 1994 no viola la Ley 56 de 1981 ni el artículo 51 de la Ley 383 de 1997. Lo mismo ocurre con el artículo 15 del Acuerdo No. 003 de 1999 que reguló, de manera genérica, los sujetos responsables del impuesto de industria y comercio; y con los artículos 14 y 15 del Acuerdo No. 026 de 2001, que regularon, también de manera genérica, en su orden, los sujetos pasivos y la tarifa del Impuesto de industria y comercio en el Municipio de Almeida.
  (2015-07-17) [Mas Información]
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EGRESO EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - No puede tomarse como tal el beneficio neto del año anterior.
  • REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Determinación del beneficio neto o excedente
Según el revisor fiscal de la Corporación, para determinar los egresos de 1997 ($253.671.159), se sumaron los egresos procedentes de $28.415.393 y el excedente neto de 1996, destinado a ejecutar programas en 1997 ($225.255.766).

Esta operación, detallada a través de una certificación que tiene el mérito de prueba contable (artículo 777 del Estatuto Tributario) demuestra, sin duda alguna, que se tomó como egreso del período calificado, el valor de la ejecución del beneficio neto del año anterior, en contra de la prohibición de¡ artículo 4 [lit b, inc. 5] del Decreto 124 de 1997.

Por último, la Sala observa que era procedente la anotación del a quo sobre la solicitud de autorización al' Comité de Entidades Sin Animo de Lucro de la DIAN para ejecutar programas en plazos adicionales, pues se hizo para analizar el argumento Relacionado con el deber de compensar la pérdida que reflejó el movimiento financiero de la Corporación en 1996, planteado por la DIAN en su escrito de contestación de la demanda.
  (2015-07-17) [Mas Información]
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ENTIDADES DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Su objeto social debe estar referido a las actividades previstas en el artículo 359 del Estatuto Tributario y sean de interés general.
  • REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Característica / BENEFICIO NETO O EXCEDENTE - Se determina al restarle al total de ingresos, el valor de los egresos de cualquier naturaleza
Para efecto del impuesto sobre la renta, el Estatuto Tributario consagró un régimen tributario especial a favor de las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, entre otras entidades, con excepción de las señaladas en el artículo 23 ibídem, cuyo objeto social corresponda a actividades de interés general en las áreas de salud, educación formal, cultura, deporte aficionado, investigación científica o tecnológica, y protección ambiental, o a programas de desarrollo social (artículos 19 y 359 del Estatuto Tributario).

Conforme a dicho régimen, el beneficio neto o excedente que las entidades mencionadas obtienen en cada período fiscal, se somete al impuesto sobre la renta a la tarifa única del 20%, y queda exento de tal tributo cuando durante el período siguiente se destina a los programas o actividades anteriormente mencionados, siempre que éstos sean de interés general (artículos 356 y 358 del Estatuto Tributario y 1 [a] del Decreto 124 de 1997).
  (2015-07-17) [Mas Información]
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EFECTO RETROACTIVO Y RETROSPECTIVO DE LA LEY - Diferencias / LEYES TRIBUTARIAS - Interpretación.
Es bien sabido que en cuanto a la aplicación en el tiempo, la regla general es que la ley no tiene efecto retroactivo, así se establece en la ley 153 de 1887 y se aplica de una manera especial respecto de situaciones en que la ley nueva podría vulnerar derechos adquiridos que en el campo civil están tutelados por el artículo 30 de la Constitución y en el campo administrativo por el deber de indemnización que existe cuando de la aplicación de una norma jurídica cuyos efectos sean inmediatos resulten perjuicios para los asociados.

Sinembargo, cuando no se presenta un choque con derechos adquiridos y la nueva ley viene a favorecer situaciones que existían antes de su vigencia, se ha sostenido el criterio de que ella es aplicable aún para situaciones o hechos anteriores a su vigencia, por el fenómeno conocido como efecto retrospectivo de la ley.

Aquellas leyes que se dictan con el propósito de remediar injusticias sociales, de dar mejores oportunidades a los trabajadores, más amplios derechos de los que se otorgaban por la ley anterior, suelen tener efecto hacia atrás para contemplar no sólo las situaciones que surjan con posterioridad a su vigencia sino a aquéllas que se habían consolidado antes, es decir, cuando existen las circunstancias y condiciones que van a mejorarse con el nuevo estatuto.

Por lo que hace a las leyes tributarias es bien sabido que su interpretación debe estar precidida por un eminente espíritu de justicia y con base en el principio de la libertad fiscal debe el intérprete atenerse al sentido más favorable al contribuyente.
  (2015-07-16) [Mas Información]
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CONTRIBUYENTES DEDICADOS A LA AGRICULTURA - Deducción por pago a terceros / PAGO A TERCEROS - Deducción
En las labores agrícolas se presentan serias dificultades para el cumplimiento total de los requisitos exigidos en el artículo 157 del Decreto 437 de 1961 para aceptar como deducción los pagos a terceros.

Teniendo en cuenta estas dificultades el Gobierno en uso de facultades concedidas por la ley 28 de 1967 estableció en el decreto extraordinario 1366 de 1967, en su artículo 16, una medida de excepción para salvar tales problemas.

Esa disposición dice: "A los contribuyentes dedicados a la agricultura que no pudieren cumplir los requisitos legalmente exigidos para la aceptación de costos y deducciones, se les tomará como tales el ochenta por ciento del valor de los ingresos que provengan de dicha actividad".
  (2015-07-16) [Mas Información]
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EJERCICIO DE PROFESIÓN LIBERAL - Exención de impuestos / IMPUESTO DISTRITAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Ejercicio de profesiones.
El numeral 6º del Artículo 4º del Acuerdo 21 de 1983, según lo admite el señor abogado de la apelante, tiene por actividad no sujeta al impuesto de industria y comercio, "el ejercicio de profesiones liberales", esto es, conforme al parágrafo del Artículo 9 ibídem, la "actividad regulada por el Estado, ejercida por una persona natural mediante la obtención de un título académico de institución docente autorizada, con la intervención de un conjunto de conocimientos de dominio y ciertas habilidades, en cuyo ejercicio predomina el entendimiento y requiere del (sic) intelecto".

Y aunque de la transcripción se desprende, tratarse de actividad exclusiva de personas naturales, la segunda parte del parágrafo incluye en el concepto, a las "sociedades jurídicas o de hecho", que no "empleen más de cinco (5) personas simultáneamente, en cualquier momento durante el año gravable" pues, de otro modo, se entendería que las mismas "ejercen consultoría profesional".

Dado que no es razonable suponer que, indiscriminadamente, el personal administrativo de una empresa, trátese del nivel directivo, ejecutivo o auxiliar, ejerza "consultoría profesional", debe concluirse que cuando la norma alude a la contratación de "personas", deben ser éstas los profesionales y técnicos idóneos en el campo de la consultoría que, efectivamente, ejerzan tal actividad.

En conclusión, no habiéndose acreditado que la actora contratara, en los períodos impositivos discutidos, profesionales o técnicos consultores, en exceso de los que, autorizaba el parágrafo del Artículo 9 del Acuerdo 21 de 1983, ni siendo otra cuestión distinta de dicha contratación el motivo fundamental de la controversia, el recurso que ocupa a la Sala no está llamado a prosperar.
  (2015-07-16) [Mas Información]
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CONSORCIOS / CONTRIBUYENTE DEL IMPORRENTA / ENTE ASIMILADO A SOCIEDAD LIMITADA / DECLARACION DE RENTA PARA CONSORCIOS / RENTA GRAVABLE DE CONSORCIO - Determinación.
De conformidad con el inciso 3o del artículo 13 del Estatuto Tributario (que codificó el art 34 de la Ley 75 de 1986) "Los consorcios y similares" eran contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, y para tal efecto se asimilaban a las sociedades limitadas, es decir, que en materia de impuesto de renta y complementarios estaban sujetos a las regulaciones tributarias existentes para las sociedades limitadas.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 49 de 1990 del 28 de diciembre de 1990, se eliminó la obligación de presentar declaración de renta para los contribuyentes que recibieran "honorarios, comisiones y servicios" (art 10) y entre otras normas fue derogado de manera expresa el inciso 3o del artículo 13 del Estatuto Tributario.

Por medio del Decreto 836 de marzo 26 de 1991, se reglamentó la Ley 49 de 1990 y en su artículo 33 se estableció la manera de determinar la renta gravable de los miembros de un "Consorcio" así como lo relacionado con la retención en la fuente.

Se consagró así un régimen tributario para los consorcios diferente del que existía antes de la Ley 49 de 1990, pues antes el "consorcio" como tal, era contribuyente del impuesto de renta, mientras que a partir de la Ley 49 de 1990, dejaron de ser contribuyentes y por ende desapareció la obligación de presentar declaración "conjunta".
  (2015-07-16) [Mas Información]
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SOCIEDAD DE HECHO / ENTE ASIMILADO A SOCIEDAD LIMITADA / CONTRIBUYENTE DEL IMPORRENTA / DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR / COMPENSACION DE SALDO A FAVOR.
La actora ha venido ejerciendo el objeto previsto en su documento de constitución, como sociedad dé hecho, forma asociativa contemplada en la ley mercantil, sin restricción alguna, en cuanto a sus integrantes; pudiendo, por tanto participar en ella personas naturales o jurídicas, la cual, a su vez, la incorpora el ordenamiento fiscal como contribuyente, asimilándola, para estos efectos, a la sociedad de responsabilidad limitada.

En consecuencia, si así lo declaró la actora en su denuncio fiscal correspondiente al año gravable de 1993, mal puede la Administración desconocer la voluntad contractual adoptada en ejercicio de la libertad de asociación, cuando aquélla origina una forma asociativa reconocida por el ordenamiento jurídico de carácter mercantil, y para efectos fiscales se le reconoce como contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios.

De lo expuesto se colige que la actora es una sociedad de hecho, obligada, por tanto, a presentar su declaración de renta acorde con su naturaleza jurídica.
  (2015-07-16) [Mas Información]
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SISTEMA CONTABLE DE CAJA / EGRESO - Realización / SISTEMA DE CAUSACION.
RETENCION EN LA FUENTE
La norma demandada restringe el alcance de la ley que reglamenta, puesto que aquélla estipula que la retención en la fuente sobre salarios debe hacerse en el momento del pago, mientras que ésta señala que ha de hacerse en el momento del pago o abono en cuenta declara la nulidad del artículo 8o. del Decreto Reglamentario 400 de 1987.

En el sistema contable de caja, el egreso se realiza cuando se paga efectivamente en dinero o en especie, o cuando su exigibilidad termina por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago, en tanto que, en el sistema de causación el gasto se realiza cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago.

Se entiende entonces, que el momento del pago, depende del sistema contable utilizado por quien efectúa el pago
  (2015-07-16) [Mas Información]
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Sección Cuarta


RENTA GRAVABLE - Determinación / COMPARACION DE PATRIMONIOS / REQUERIMIENTO ESPECIAL.
En el evento de que dentro del proceso de determinación y discusión del impuesto el sistema de comparación patrimonial se hubiera desvirtuado, podría la Administración aplicar el sistema de depuración ordinario para determinar la renta con la única limitación de haberse planteado en el requerimiento especial, acto administrativo, que constituye el marco claro dentro del cual se estructura el proceso de determinación y discusión del impuesto, puesto, que debe tenerse en cuenta que a partir de la vigencia de la Ley 52 de 1977, prácticamente el requerimiento especial se convirtió en la piedra angular del proceso tributario.

En consecuencia tal planteamiento no implica la práctica de dos liquidaciones o la modificación doble de la liquidación privada.
  (2015-07-16) [Mas Información]
Consejo de Estado
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BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Incluye los ingresos extraordinarios que no provienen del objeto social principal / INGRESOS POR DIVIDENDOS - Son gravados con el ICA / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Medellín.
Es evidente, entonces, que la actora se constituyó para ejercer, entre otras actividades comerciales, la de inversión en sociedades (artículo 20 [5] del Código de Comercio). Por lo tanto, los dividendos obtenidos durante el año 1995, por $13.597.329.386, se encuentran gravados con el impuesto de industria y comercio, por tratarse de una actividad propia de su objeto social principal.

Cabe anotar, como lo ha precisado la Sala, que de la definición de actividad comercial, prevista en el artículo 35 de la Ley 14 de 1983, no se puede concluir que los ingresos originados en actividades no consagradas en el objeto social principal de una empresa no hacen parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio, pues el legislador no hizo distinción alguna entre los ingresos provenientes del cumplimiento del objeto social y los que no lo son.

Por el contrario, la base gravable se liquida teniendo en cuenta la totalidad de los ingresos brutos del año anterior, dentro de los que se encuentran los ordinarios como los extraordinarios, sin perjuicio de las exclusiones legales.
  (2015-07-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


DESCUENTOS POR PRONTO PAGO - Constituyen ingreso para quien los otorga dado que se conceden cuando se cumpla una condición
No están gravados con ICA porque no generan ingreso para el beneficiario del mismo.
Para efectos de la conformación de la base gravable del impuesto de industria y comercio, ha señalado la Sala que los descuentos condicionados o por pronto pago constituyen ingreso para quien los otorga, dado que no se conceden al momento de la venta, sino en el evento de que se cumpla una determinada condición.

Lo anterior significa que al causarse la venta los descuentos no pueden ser disminuidos del valor de la factura y ésta debe ser registrada contablemente por su totalidad. Sin embargo, para el beneficiario del descuento por pronto pago no existe ingreso porque tampoco hay pago del vendedor o proveedor, pues como lo sostuvo la Sala "cuando el comprador paga el valor del bien adquirido lo hace por la suma que resulte una vez efectuado el descuento.

Cosa distinta es que no se cumpla la condición en el período gravable respectivo, en cuyo caso el comprador habrá contabilizado y solicitado como costo el valor total de la factura de venta, por lo que en el período siguiente tendrá una recuperación parcial del costo, que deberá registrarse contablemente pero que fiscalmente no genera un "ingreso tributario" (...), ya que aún cuando se produzca el reintegro del valor del descuento condicionado por parte del vendedor, ese valor no tiene carácter remunerativo para el comprador, sino que equivale a la devolución de una suma que desde antes le pertenecía, y que por ende no es susceptible de incrementar su patrimonio."
  (2015-07-16) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


EJERCICIO PROFESIONAL DE ACTIVIDAD MERCANTIL - Solamente es predicable de las personas naturales conforme al artículo 10 del Código de Comercio.
Dentro de las actividades comerciales no sólo figuran las previstas en la Ley 14 de 1983, compilada en el Decreto 1333 de 1986, y la norma local que la acoge, sino las consagradas como tales en el Código de Comercio.

Por su parte, la normatividad mercantil además de que enunció en su artículo 20 los actos que se consideran comerciales, precisó en el artículo 24 que la referida enumeración es declarativa y previó en su artículo 21 los llamados actos mercantiles conexos o por relación que son todos los actos de los comerciantes que se relacionan con las actividades o empresas mercantiles, dada la estrecha relación con éstas y los que ejecuta cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales.

Ahora bien, el artículo 20 [5] del Código de Comercio califica como mercantiles, para todos los efectos legales, entre otros actos, la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales. De tiempo atrás, la Sección ha reiterado que "el ejercicio profesional de actividades mercantiles, como factor determinante para adquirir la calidad de comerciante, sólo es predicable en relación con las personas naturales de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Código de Comercio, quienes adquieren el status de comerciante por el ejercicio profesional de actos calificados como mercantiles.
  (2015-07-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


En materia del impuesto sobre la renta el concepto tributario que se aplica como guía para el contribuyente es el vigente cuando concluye el periodo gravable.
Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que la Administración de Impuestos de Medellín modificó la declaración de renta que Cementos El Cairo S.A. presentó por el año gravable de 1999.

Concretamente, se determinó si con base en el Concepto 47433 del 20 de mayo de 1999, que estaba vigente a la fecha de terminación del periodo fiscal de 1999, la demandante podía deducir pérdidas fiscales de años anteriores, a pesar de que con ello se produjeran nuevas pérdidas, o si, por el contrario, era aplicable el Concepto 020727 del 6 de marzo de 2000, que revocó el anterior y estaba vigente al momento de la presentación de la referida declaración, según el cual no se podían solicitar pérdidas superiores a las rentas o utilidades obtenidas.

Extracto:
“En los términos del recurso de apelación, el problema jurídico se contrae a establecer si la demandante podía hacer uso del beneficio consagrado en los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, a pesar de que durante el año gravable 1999 obtuvo una nueva pérdida líquida. Para el efecto, la DIAN alegó que se debe aplicar el Concepto 020727 del 6 de marzo de 2000 que revocó el Concepto 47433 del 20 de mayo de 1999, invocado por la sociedad, en el que se precisó que no se pueden solicitar pérdidas superiores a las rentas o utilidades obtenidas, por ser el concepto vigente al momento de la presentación de la declaración cuestionada.

Observa la Sala que el 1º de marzo de 2002 la sociedad actora corrigió la declaración de renta correspondiente al año gravable 1999, en la que solicitó, en el renglón DL, una deducción de pérdidas por $22.930.908.000, declaró una renta líquida de cero (-0-) y una pérdida líquida de $8.059.899.000. a Administración estimó que la sociedad demandante sólo podía solicitar como deducción las pérdidas fiscales hasta el límite de la renta líquida, tal como lo establecen los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario.
Rincon del Mar


  (2015-07-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se reitera que el servicio notarial está gravado con el impuesto de industria y comercio como análogo a los previstos en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.
Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que el Municipio de Medellín negó al Notario 25 del Círculo de Medellín (antes Notario 12 del mismo Círculo), la devolución del impuesto de industria y comercio que declaró y pagó por la actividad notarial que ejerció en esa jurisdicción durante los años gravables 2005 a 2010.

Extracto:
“En la sentencia del 13 de agosto de 1999 se consideró, con fundamento en la sentencia C-741 de 1998, que el servicio notarial estaba gravado con el impuesto de industria y comercio […] Si bien la anterior decisión fue proferida respecto de la normativa que rige el impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital, en sentencia de 5 de diciembre de 2003, la Sección decidió no anular la expresión “otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos”, código 325 del artículo 38 del Decreto 306 de 1996 del municipio de Pereira.

Para ello, reiteró la sentencia de 13 de agosto de 1999 y precisó lo siguiente: «[…], la Sala encuentra pertinente reiterar el criterio según el cual se ha considerado que los servicios notariales están gravados con el impuesto de industria y comercio, porque como se dijo antes, independientemente de la naturaleza del servicio y de quien lo presta, están gravadas con dicho impuesto todas las actividades de servicios, salvo que hayan sido expresamente excluidas por la ley o exoneradas por el Acuerdo Municipal[2] » (…)

(…) Siguiendo el mismo criterio, que de nuevo se reitera, la Sala ha precisado que es legal que los concejos municipales graven con ICA la actividad notarial, por cuanto corresponde a un servicio análogo a los previstos en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983. Así pues, la Sala reitera que el servicio notarial es función pública y servicio público, gravado con el impuesto de industria y comercio”.
Rincon del Mar


  (2015-07-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Traslados entre diferentes aportantes o fideicomitentes de un patrimonio autónomo o encargo fiduciario, así sean los aportantes o fideicomitentes iniciales.
Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al negar la nulidad de la frase “ello no significa que la exención cobije la cancelación de obligaciones o traslados entre los diferentes aportantes o fideicomitentes, así sean los iniciales” contenida en el penúltimo párrafo del Concepto 722241 del 19 de septiembre de 2011, mediante el cual la Directora de Gestión Jurídica (A) de la DIAN expuso su interpretación acerca de los traslados financieros exentos del gravamen a los movimientos financieros a que se refiere el numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario, reglamentado por el artículo 8 del Decreto 660 del 10 de marzo de 2011.

“Del contenido de las disposiciones antes transcritas [art. 879, numeral 14, del Estatuto Tributario y art. 8, numerales 4 y 5 del Decreto 660 de 2011] se infiere que se previeron dos condiciones para que los traslados de recursos financieros se encuentren cobijados por la exención del GMF:
  • i) que el titular de la cuenta corriente y/o de ahorros sea el mismo aportante del patrimonio autónomo o suscriptor del encargo fiduciario; y

  • ii) que se trate de cuentas corrientes o de ahorros y de patrimonios autónomos o encargos fiduciarios abiertos en la misma entidad financiera.
Iguales condiciones se establecen respecto de los traslados realizados entre patrimonios autónomos y encargos fiduciarios, es decir que estos se hayan abierto en la misma entidad financiera y que se trate del mismo aportante o suscriptor inicial, tal como lo precisa el numeral 5 del artículo 8 del Decreto 660 de 2011.
Rincon del Mar


  (2015-07-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no estaba facultado para reglamentar aspectos relacionados con el porcentaje y pago de incentivos.
Se declara la nulidad de los artículos 3º, 8º y 12 de la Resolución 5062 de 2011, expedida por el Director General de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque resulta contrario a la Constitución fijar incentivos económicos a favor de los funcionarios públicos por el desempeño de sus funciones.

Síntesis del caso:
Determinar la legalidad de los artículos 3º, 8º y 12 de la Resolución No. 005062 del 6 de mayo de 2011, esto es, si el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN tiene competencia para establecer los parámetros para el reconocimiento y pago del incentivo por desempeño grupal, al desempeño en fiscalización y cobranzas y por desempeño nacional en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales creados en el Decreto 1268 de 1999, atribuyendo en las normas acusadas al Comité del Programa de Promoción e Incentivos al Desempeño de la entidad, lo concerniente al porcentaje de asignación de dichos incentivos en función del cumplimiento de las metas de recaudo nacionales y la disponibilidad presupuestal, conforme a los criterios allí establecidos.

Al respecto es importante precisar que el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en calidad de Administrador del programa de promoción e incentivos al desempeño no puede utilizar los recursos del programa para el pago de estímulos económicos por desempeño laboral, previstos en el artículo 90 Decreto Ley 1072 de 1999, toda vez que como se ha manifestado anteriormente, este artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. En consecuencia no estaba facultado para reglamentar aspectos relacionados con el porcentaje y pago de tales incentivos, pues como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, los estímulos económicos resultan contrarios a la Constitución Política.
Rincon del Mar


  (2015-07-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El hecho de omitir la notificación al garante de las resoluciones sancionatorias fundamento del cobro coactivo impide perfeccionar el título ejecutivo en su contra.
Síntesis del caso:
La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza expidió unas pólizas para garantizar las solicitudes de devolución de saldos a favor en el IVA del segundo y tercer bimestre de 1999 presentadas por cierto contribuyente.

Con fundamento en el artículo 670 del E.T., la Administración Local de Impuestos de Cúcuta impuso sanción por fraude en la documentación aportada para la devolución, actos con base en los cuales libró mandamiento de pago contra Confianza por los valores en ellos liquidados.

La aseguradora formuló excepciones contra el mandamiento, las cuales fueron rechazadas, decisión que la DIAN confirmó al resolver el recurso de reposición que Confianza interpuso.

Se estudió la legalidad de los actos que negaron las excepciones contra el mandamiento de pago, concretamente para establecer si, en su condición de garante, Confianza debía o no ser notificada de los actos sancionatorios base del cobro coactivo.
Rincon del Mar


  (2015-06-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se anula el numeral 1.2.1 del artículo 28 del Acuerdo 013 de 2004, por el cual el Concejo Municipal de Yopal estableció como predios “urbanos edificados”, para efectos del impuesto predial unificado, los de área construida no inferior a un 10 % del total del lote.
Síntesis del caso:
En el numeral 1.2.1 del artículo 28 del Acuerdo 013 de 2004, Código de Rentas del Municipio de Yopal, el Concejo Municipal estableció que, para efectos de las tarifas diferenciales y progresivas del impuesto predial, a que se refiere el artículo 4 de la Ley 44 de 1990, se tendrían como predios “urbanos edificados”, los de área construida no inferior a un 10% del total del lote.

Se estudia la legalidad de ese numeral y, concretamente se determina qué se debe entender por predios “urbanos edificados”, para efectos de dicho impuesto.
Rincon del Mar


  (2015-06-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


En el evento en el que la entidad empleadora sea de orden nacional, la comunicación sobre el estado de embarazo de trabajadora, no requiere formalidades ni que se realice de manera directa ante el máximo superior jerárquico.
Síntesis del caso:
La actora mediante acción de tutela pretende le sean protegidos los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y al mínimo vital, así como, el derecho de los niños – Protección especial al naciturus - , presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con ocasión de la sentencia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual, a su vez fue interpuesta en contra del acto administrativo que acepto su renuncia “protocolaria”, pasando por alto su estado de embarazo.
Rincon del Mar


  (2015-06-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Tanto los usuarios regulados como los no regulados que adquieren energía de empresas reguladas o no reguladas son sujetos pasivos de la contribución de solidaridad del sector eléctrico.
  • La base gravable de la contribución del sector eléctrico corresponde al 20% del costo de prestación del servicio de energía, esto es, del valor de la energía consumida.
Síntesis del caso:
En virtud del contrato celebrado entre la Corporación Eléctrica de la Costa – Corelca e International Colombia Resources Corporation – Intercor para “el suministro de energía y potencia eléctrica a 110 kv (…) para el consumo en las instalaciones del complejo carbonífero del Cerrejón Zona Norte”, Corelca facturó a Intercor la contribución del sector eléctrico por los meses de mayo a agosto de 1997 por el 20% del servicio de energía eléctrica suministrado.

Intercor se opuso a la contribución aduciendo no ser sujeto pasivo de ella, al tratarse de un usuario no regulado que compra energía a una empresa generadora regulada. Además, alegó que, si en gracia de discusión, aceptara que sí lo es, tampoco se le podría exigir ese pago porque la base gravable de la contribución para los usuarios no regulados aún no ha sido definida.

Corelca negó la reclamación al concluir que Intercor sí es sujeto pasivo de la contribución, por ser un usuario no regulado que compra energía a una generadora de energía (art. 47 Ley 143 de 1994) y señaló que el pago le es exigible desde la vigencia de la Ley 223 de 1995, que fijó el porcentaje correspondiente. Intercor recurrió en reposición y apelación tales actos, pero Corelca los confirmó en reposición y declaró improcedente la apelación.
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  (2015-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Las amnistías tributarias no pueden crear situaciones de desigualdad entre los destinatarios del beneficio que se encuentren en la misma situación de hecho.
  • Un sistema tributario justo y equitativo no puede admitir el beneficio de quienes faltan a sus obligaciones tributarias, con el otorgamiento de un tratamiento preferencial, opuesto al gravamen que cobija a los contribuyentes cumplidores de las mismas obligaciones, estando en igual situación de hecho a la de los primeros, máxime cuando las situaciones consolidadas de los pagos operan individualmente en cada caso particular.
Síntesis del caso:
Mediante el Acuerdo 0013 de 2011, el Concejo Distrital de Barranquilla otorgó una exención de los impuestos predial unificado, contribución de valorización y delineación urbana para los predios ubicados en ciertas zonas de alto riesgo del Distrito, declaradas de calamidad pública, beneficio que extendió, con ocasión de la ola invernal ocurrida en el 2010, a la valorización autorizada por el Acuerdo 6 de 2004 y pendiente de pago al publicarse el Acuerdo 0013, así como al impuesto predial de la vigencia 2010, inclusive.

En el parágrafo 1 del artículo 6 el Acuerdo 0013 prohibió la devolución o compensación de tales tributos a quienes cumplieron con su pago. Se estudia la legalidad del parágrafo en mención.
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  (2015-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al rechazar de plano el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo que negó el decreto y práctica de pruebas.
  • La Sala debe proceder a analizar el cargo argumentado, en la medida en que aquel implica el goce efectivo de las garantías constitucionales al interior de los procedimiento administrativos sancionatorios…
Síntesis del caso:
La Sociedad SERFISCAL LTDA. interpuso acción de tutela para obtener la protección del derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado por el Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, debido a que durante el trámite del proceso administrativo sancionatorio,
  • i) emitió acto administrativo que negó el decreto y práctica de pruebas solicitadas en la diligencia de descargos y,

  • ii) rechazó de plano los recursos de reposición y apelación interpuestos contra del acto administrativo anteriormente mencionado.
Por los motivos expuestos y en la medida en que se evidenció la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y de los derechos invocados por la parte con la decisión de no conceder el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de que negó las pruebas solicitadas por la Sociedad aquí accionante se concederá el amparo”.
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  (2015-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Se negó una acción de controversias contractuales que pretendía la indemnización de perjuicios por cuenta del Banco Popular, ante el pago de unos cheques adulterados, toda vez que, el cuentacorrentista incurrió en culpa en la pérdida de los mismos.
  • “El caso que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala debe ser analizado desde la óptica contemplada en el artículo 733 del Código de Comercio, por cuanto, al margen de la culpa que hubiera podido tener la entidad demandante en la pérdida de los formularios de la chequera que fue entregada por el Banco Popular para el manejo de la cuenta corriente No. 06312919, lo cierto es que los documentos se extraviaron estando en manos de la cuentacorrentista, a quien, al parecer, le fueron sustraídos de manera irregular.
Síntesis del caso:
Ecosalud S.A. suscribió un contrato de cuenta corriente nacional con el Banco Popular S.A. y para lo cual adquirió un talonario –chequera- de cheques. Posteriormente, para el año 1997, Ecosalud advirtió que tres cheques habían sido pagados por el banco sin haberse confirmado por su girador.

De conformidad con lo expresado en el proceso, los tres cheques habían sido hurtados y las firmas falsificadas. Ecosalud presentó denuncia penal por los hechos en mención.

Era a la parte actora a la que le correspondía demostrar, o bien, que informó de manera oportuna al banco acerca de la pérdida de los cheques para evitar que éste procediera al pago o, de no haberlo hecho, que la falsificación de los mismos era notoria.
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  (2015-06-01) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El rechazo definitivo de la solicitud de devolución de saldos a favor solo procede una vez culmine el proceso de determinación y discusión del tributo, esto es, hasta que se defina en vía administrativa o judicial la procedencia o no del saldo a favor declarado.
  • En este caso, una vez determinado de manera definitiva el saldo a favor del contribuyente, no es necesario una nueva solicitud de devolución o compensación, como lo alega la DIAN, sino que basta con que el contribuyente presente la copia del acto o providencia respectiva.
Síntesis del caso:
Se estudia la legalidad de los actos administrativos por los que la DIAN rechazó definitivamente la solicitud de devolución del saldo a favor que Inmobiliaria Sanitas Ltda. liquidó en la declaración de renta del año gravable 2007, determinación que la DIAN adoptó antes de que decidiera el recurso de reconsideración que la inmobiliaria interpuso contra la liquidación oficial de revisión mediante la cual se le determinó un mayor impuesto de renta por el referido año gravable y se le sancionó por inexactitud.

De acuerdo con las premisas sentadas, para la Sala es claro que los actos administrativos demandados, por los que se rechazó de manera definitiva la solicitud de devolución del saldo a favor, presentada por la Inmobiliaria Sanitas, son nulos por cuanto fueron expedidos antes de que culminara el proceso de determinación y discusión del tributo, y no se encuentran en los presupuestos del artículo 857 del Estatuto Tributario […]”.
Rincon del Mar


  (2015-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


DECLARACION TRIBUTARIA - Si la administración la cuestiona la carga de la prueba se invierte para que el contribuyente demuestre la veracidad de los datos consignados en la declaración privada.
  • COSTOS - Para su procedencia deben estar soportados en facturas o documento equivalente.
En cuanto a la carga de la prueba, se debe señalar que de conformidad con el artículo 746 del Estatuto Tributario, se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, siempre y cuando sobre los mismos no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley lo exija. Esta norma consagra la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias.

A su vez, establece que las declaraciones pueden ser cuestionadas por la Administración con la solicitud de una comprobación especial o la que la ley exija, caso en el cual la carga de la prueba se invierte a cargo del contribuyente, a quién le corresponde demostrar la realidad de los datos registrados en la liquidación privada.

En este caso, la Administración cuestionó los costos declarados por el contribuyente; por tanto, le correspondía a éste demostrar la veracidad de los datos registrados. Así mismo, para la procedencia de los costos, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario establece una comprobación especial, que consiste en que esas erogaciones deben estar soportadas en la factura respectiva o en un documento equivalente.

A su vez, el artículo 618 del Estatuto Tributario establece la obligación, a cargo de los adquirentes de bienes corporales muebles o servicios, de exigir facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando el fisco las exija. Y, el artículo 616-2 precisa los casos en los cuales no se requiere la expedición de la factura, por lo que debe entenderse que en los casos no contemplados en esa norma, como el analizado, le corresponde al contribuyente aportar la factura respectiva.
  (2015-05-21) [Mas Información]
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Sección Cuarta


TESTIMONIOS PRACTICADOS EN DILIGENCIA DE REGISTRO - Se deben poner en conocimiento de la parte a quien puedan afectar para que ejerza el derecho de defensa y contradicción so pena de que no se puedan valorar probatoriamente.
En cuanto a los testimonios practicados en desarrollo de la diligencia de registro, se debe señalar que conforme con el artículo 750 del Estatuto Tributario, los hechos consignados en informaciones rendidas bajo juramento ante las oficinas de impuestos, se tendrán como testimonios, sujeto a los principios de publicidad y contradicción de la prueba.

En ese sentido, la prueba testimonial debe ser puesta en conocimiento de la parte que pueda verse afectada con la misma, a fin de que tenga la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y de contradicción.

En este caso se encuentra demostrado que la prueba testimonial no fue puesta en conocimiento del contribuyente, razón por la cual no puede ser valorada probatoriamente.
  (2015-05-21) [Mas Información]
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Sección Cuarta


DETERMINACION DE COSTOS ESTIMADOS Y PRESUNTOS - Dentro de los eventos legales en los que se permite su aplicación no se encuentra el incumplimiento de los requisitos formales para el reconocimiento de los costos o la falta de comprobación de éstos por los medios probatorios idóneos para el efecto.
  • DETERMINACION DE COSTOS ESTIMADOS Y PRESUNTOS - Eventos en los que procede.
Manifiesta el apelante que en el caso de que sean procedentes los ingresos glosados por la Administración, deben incluirse en la determinación del impuesto de renta del año gravable 2004 los costos asociados a esos ingresos.

Que en virtud del principio de equidad tributaria, se debe aplicar el artículo 82 del Estatuto Tributario, que consagra los casos en que procede la determinación de los costos presuntos […] 4.2. Con la mencionada norma la ley faculta a la Administración para determinar los costos presuntos o estimados, cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:
  • (i) Cuando existan indicios de que el costo informado en la declaración no es real,

  • (ii) Cuando no se conozca el costo de los activos enajenados;

  • (iii) o cuando no sea posible establecerlos mediante pruebas directas, que cita, en forma no taxativa, tales como las declaraciones de renta del propio contribuyente o de terceros, su contabilidad o los comprobantes internos y externos, es decir, los documentos que dan cuenta de la adquisición de los activos que se enajenan.
Ninguna de estas circunstancias ha ocurrido en el caso en examen, en el cual el contribuyente solicita el reconocimiento de los costos asociados a los ingresos adicionados, sin demostrar por qué no fueron declarados, así como tampoco adelantó una actividad probatoria que permitiera soportar esas erogaciones, evento en el cual no hay lugar a aplicar el costo presunto, habida cuenta de que el legislador, como se observa de la norma transcrita, no incluye el incumplimiento de requisitos formales o su no comprobación como un presupuesto que permita la aplicación del costo presunto.
  (2015-05-21) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


SANCION POR INEXACTITUD - La falta de prueba sobre la realidad y procedencia de las partidas declaradas no excluye su imposición. Reiteración jurisprudencial.
  • SANCION POR INEXACTITUD - Presupuestos
El artículo 647 del Estatuto Tributario sanciona el hecho de que en las declaraciones tributarias se omitan ingresos, se incluyan costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, que ocasionen un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor y, en general, la utilización de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o un mayor saldo a favor.

Teniendo en cuenta que el demandante no demostró que los costos cumplían con los requisitos exigidos por las normas tributarias para su procedencia, ni desvirtuó la existencia de los ingresos adicionados por la Administración, se debe mantener la sanción por inexactitud impuesta en los actos demandados.

Para la Sala es claro que no se presentó diferencia de criterios en relación con la interpretación del derecho aplicable porque, como se observó, las pretensiones del demandante se despacharon desfavorablemente, entre otras cosas, por la falta de prueba de los costos de ventas y los ingresos adicionados.

Además, los artículos 742, 750 y 779-1 del Estatuto Tributario establecen de manera clara la motivación que deben tener las decisiones de la Administración, las formalidades de la prueba testimonial y de la diligencia de registro, respectivamente, sin que admitan interpretaciones diferentes.
  (2015-05-21) [Mas Información]
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Sección Cuarta


NOTIFICACION POR CORREO - Se entenderá surtida para la administración, en la primera fecha de introducción al correo y para el contribuyente el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso.
  • BENEFICIO DE AUDITORIA - Firmeza anticipada de las declaraciones de renta. Presupuestos
El beneficio de auditoría es una figura especial para otorgar firmeza a las declaraciones tributarias que se configura por el cumplimiento de unos presupuestos de hecho que el legislador ha consagrado para su procedencia y que hace que la declaración se torne inmodificable tanto por la Administración como por los administrados.

De la norma antes transcrita se tiene que:
  • El beneficio se aplica a las declaraciones privadas de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios de los períodos gravables 2000 a 2003.

  • Se debe aumentar el impuesto neto de renta en dos veces la inflación causada del respectivo período gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior.

  • La declaración debe presentarse con pago y en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional.
La declaración quedará en firme si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su presentación, no se hubiere notificado emplazamiento para corregir. Frente a este último requisito, la Sala, en la sentencia antes anotada, reconoció que "si bien en las normas generales el emplazamiento para corregir sólo suspende el término de firmeza, la naturaleza que le da el legislador a esta actuación, en la Ley 633 de 2000, es la de frustrar el beneficio, si se notifica dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la presentación de la declaración (…)".

La notificación de las decisiones oficiales es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, pues, así, se dan a conocer éstas a los administrados para que puedan ejercer su derecho de defensa; a su vez, mientras los actos no se notifiquen, no producen efecto ni son oponibles a los destinatarios (artículo 48 del Código Contencioso Administrativo).
  (2015-05-20) [Mas Información]
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LIQUIDACION OFICIAL DE REVISION - Cuando analiza la respuesta al requerimiento especial no está vulnerando el principio de correspondencia.
  • PRINCIPIO DE CONGRUENCIA - Debe existir entre el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión.
De conformidad con el artículo 703 del Estatuto Tributario, antes de efectuar la liquidación oficial de revisión, la Administración Tributaria debe enviar al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con explicación de las razones en que se sustenta.

A su turno, el artículo 711 ibídem señala que la liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere.

De las normas en cita se puede concluir que antes de proferir la liquidación oficial de revisión, la Administración debe notificar al contribuyente un requerimiento especial con cada uno de los aspectos que propone modificar y con las explicaciones en que se fundamenta y que el acto de determinación se debe concretar únicamente a la información contenida en la declaración privada del contribuyente y a los hechos que fueron planteados en el requerimiento especial o en su ampliación.

De acuerdo con lo anterior no es cierto que se haya violado el derecho de defensa y el debido proceso o que hubiera falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación de revisión. Cosa diferente es que en la liquidación de revisión se analizaron los argumentos expuestos por la contribuyente en la respuesta al requerimiento especial, como correspondía, y se mantuvo la confirmación de la glosa propuesta por la División de Fiscalización; por lo tanto, el desconocimiento propuesto en el requerimiento especial no se modificó en la liquidación de revisión.
  (2015-05-20) [Mas Información]
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Sección Cuarta


PROFESION LIBERAL - No están obligados a llevar contabilidad. Tiene la obligación de expedir factura y de conservar la copia de la misma.
  • ANULACION DE FACTURAS - Cuando se trata de servicios no se puede devolver el mismo como consecuencia de la anulación. Requisitos de anulación.
Parte la Sala de advertir que la actora es una persona natural que ejerce una profesión liberal que, por lo tanto, no está obligada a llevar contabilidad. Por otra parte, el artículo 615 del Estatuto Tributario dispone que quienes ejerzan profesiones liberales, o presten servicios inherentes a éstas, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyente o no contribuyente de los impuestos administrados por la DIAN.

Expedida una factura respecto de una operación económica realizada, con el lleno de los requisitos legales, puede aseverarse que el vendedor o prestador del servicio cumplió con su obligación. Con posterioridad a tal hecho puede ocurrir que deban anularse algunas facturas ya expedidas porque:
  • i) se ha facturado un valor diferente del producto vendido;

  • ii) la identificación del comprador es equivocada; y por yerros en otros conceptos que afectan su validez.
Si bien es cierto, en la venta de productos cuando se anula una factura la mercancía vuelve al vendedor, cuando se trata de la prestación de un servicio no es posible que el servicio prestado regrese al prestador, así como tampoco es posible que el cliente se despoje o devuelva el servicio recibido ya que el servicio, una vez prestado, es imposible de recuperar.

Para la Sala, diferente a lo afirmado por la actora, existe respaldo probatorio para adicionar ingresos por concepto de facturas anuladas, que fueron recaudadas en la diligencia de registro y en la verificación realizada a la contribuyente los días 29 y 30 de junio y 15 de julio de 2005 a la dirección Calle 22 N° 15-53 Oficina 505 de Armenia, y como antes se anotó, las facturas no tienen la constancia de anulación ni se aportó la original y copia de las mismas.

Se resalta, además que la actora no aportó pruebas que desvirtuaran la adición determinada por la Administración y, que igual que el cargo anterior, se limitó a alegar la improcedencia de la adición de ingresos.
  (2015-05-20) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


LIMITACION DE LOS COSTOS A PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y COMISIONISTAS - Fiscalmente no puede exceder del 50 por ciento de los ingresos obtenidos por razón de su actividad. Eventos en los que no se aplica. Procede siempre que se prueben.
  • SISTEMA DE CAUSACION - Para el reconocimiento de costos debe aportarse las facturas con el cumplimiento de requisitos.
Del artículo 87 del E.T. se concluye que existe una limitación de orden legal para la procedencia de costos y deducciones imputables a la actividad de servicios relacionados con los profesionales independientes, en el sentido de que fiscalmente no pueden exceder del 50% de los ingresos obtenidos por razón de su actividad, esta limitación no se aplica si el contribuyente factura la totalidad de las operaciones y sus ingresos fueron sometidos a retención en la fuente, cuando ésta sea procedente.

Para la Sala, lo cierto es que, en todo caso, los costos que se reconocen son aquellos que, conforme con las normas que regulan su procedencia, son los que aparezcan probados, para, a partir de ese momento, determinar si debe aplicarse o no alguna limitación.

La DIAN manifestó que los costos se limitaron al valor establecido en el artículo 87 del Estatuto Tributario, esto es, al 50% de los ingresos obtenidos por la contribuyente como bacterióloga, por no adjuntar los documentos soportes. Agregó que por los cruces de información con terceros, relacionados con la actora, determinó el valor real de los mismos, estableciendo diferencias.

Según las disposiciones transcritas, quienes no están obligados a llevar contabilidad por el sistema de causación, como ocurre en el presente caso, sus costos se entenderán realizados cuando se paguen efectivamente y requerirán para su reconocimiento de las facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario, requisitos que no fueron acreditados por la actora.

Para la Sala, estas diferencias no fueron desvirtuadas por la demandante, a quien le correspondía, conforme con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, antes citado, pues, en efecto, no aportó las facturas o documentos equivalentes con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario.
  (2015-05-20) [Mas Información]
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Sección Cuarta


BENEFICIO POR ACTUALIZACION DE PATRIMONIO - Sólo procedía en relación con las declaraciones de renta.
  • BENEFICIO DE AUDITORIA - Objeto
    REQUERIMIENTO ESPECIAL - Notificación.
En firme las declaraciones privadas el contribuyente no podía ser objeto de investigaciones ni sanciones cambiarias, por infracciones derivadas de divisas que estuvieren en el exterior antes del primero de agosto del año 2002, siempre que a la fecha de entrada en vigencia la ley no se hubiere notificado pliego de cargos respecto de tales infracciones.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 705-1 del E.T., el término para notificar el requerimiento especial en ventas y retención en la fuente, a que se refieren los artículos 705 y 714 del E.T., son los mismos que correspondan a la declaración de renta, respecto de los períodos que coincidan con el correspondiente año gravable.

Por su parte, la declaración de ventas por el año gravable 2002, segundo período, fue presentada el 10 de mayo de 2002 y corregida el 22 de octubre del mismo año. Entonces, de acuerdo con el artículo 705-1 del E.T., la declaración quedaba en firme el 9 de mayo de 2005, pues, como se dijo, el término para notificar el requerimiento especial y para que quedaran en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente es de dos años, que empiezan a contarse a partir de la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable correspondiente, cuando se haya presentado oportunamente.

Si, por el contrario, la declaración es extemporánea, el término inicia a partir de la fecha de presentación de la liquidación privada inicial y si refleja un saldo a favor, se cuenta a partir de la presentación de la solicitud de compensación o devolución.

Adicionalmente, advierte la Sala, que el beneficio por actualización de patrimonio establecido en el artículo 80 de la Ley 788 de 2002 sólo se adquiría en relación con las declaraciones de renta. No era extensivo ni a las declaraciones por el impuesto sobre las ventas ni a las declaraciones presentadas por concepto de retención en la fuente, en razón de que dicho beneficio estaba circunscrito estrictamente al concepto de renta y "en relación con la posible renta por diferencia patrimonial, con la adición de ingresos correspondientes a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen".
  (2015-05-20) [Mas Información]
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RECLASIFICACION AL REGIMEN COMUN DEL IVA - La atribución no equivale a que el funcionario pueda adoptar una decisión arbitraria y desprovista de sujeción a regulación legal.
  • ACTUACION DE FISCALIZACION E INVESTIGACION DE LA DIAN - Debe adelantarse para efectos de la reclasificación al régimen común
En relación con el alcance y aplicación concreta de la facultad de reclasificación conferida por el artículo 508-1 del E.T., se observa que la Sala ya se ha pronunciado sobre el tema con fundamento en dicha normatividad y la que en general regula la formación y expedición de los actos administrativos, acogiendo además los criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que decidió sobre su constitucionalidad, posición jurídica contenida entre otras, en las sentencias de julio 14 de 2000, Expediente 9996, Actor: Alberto Daniel Múnera Cabas y de julio 28 de 2000, Expediente 10073, Actor: Roberto Uribe Ricaurte, M.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo, en las cuales precisó:
  • "....Como en su momento lo expresó la Corte Suprema de Justicia, ya en vigencia de la nueva Carta, al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 43 de la Ley 49 de 1990, incorporado como artículo 508-1 del Estatuto Tributario, la atribución otorgada no equivale a que el funcionario en ejercicio de ella, pueda adoptar una decisión arbitraria y desprovista de la sujeción a la regulación legal integral de la cual forma parte que tornaría el acto en simple expresión de una voluntad omnímoda y caprichosa del funcionario. (…).
Precisa entonces la Sala, que el hecho de que la norma fundamento del acto acusado, permita que el Administrador de Impuestos Nacionales proceda oficiosamente, ello no quiere decir que esa reclasificación pueda hacerse sin que se adelante una actuación de fiscalización e investigación por parte de la DIAN y sin que sea posible entender, como entiende la Entidad, que al variar el contexto normativo, tal soporte investigativo no se requiera.
  (2015-05-20) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El empaque de banano inmerso dentro del proceso de siembra, recolección y entrega de la fruta, realizado por su productor, no está gravado con ICA porque constituye una actividad agrícola primaria que no implica transformación alguna del producto.
  • Síntesis del caso:
La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que anuló el Acuerdo 025 del 30 de junio de 1995 y el artículo 43 del Acuerdo 43 de 1998, por los cuales el Concejo Municipal de Apartadó (Antioquia), en su orden, estableció el impuesto de industria y comercio para las empacadoras de banano y modificó la tarifa de dicho impuesto.

Para adoptar su decisión, la Sala consideró que la actividad de empacado de banano efectuada dentro del proceso de siembra, recolección y entrega de la fruta realizado por su productor, está exenta del ICA, conforme con la Ley 14 de 1983, que prohíbe gravar la producción primaria, entre ella la agrícola, de la que hace parte tal actividad.

La Sala precisó que dicha etapa es necesaria en la cadena productiva del banano y que no es de carácter industrial, sino primaria, dado que no varía ni altera las condiciones físicas y químicas de la fruta.
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  (2015-05-19) [Mas Información]
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Se precisan los sujetos pasivos del impuesto de transporte de pieles en el Departamento de Córdoba.
  • Síntesis del caso:
Frigorífico del Sinú S.A. Frigosinú S.A. pagó en el Departamento de Córdoba el impuesto de transporte de pieles previsto en el Estatuto de Rentas (art. 166 Ordenanza 21 de 2004 Asamblea Departamental), por los meses de diciembre de 2004, enero a diciembre de 2005 y enero a junio de 2006.

En junio de 2006 pidió la devolución de lo que pagó por el impuesto, con el argumento de que no realizó el hecho generador del mismo.

El Secretario de Hacienda departamental negó la solicitud al concluir que Frigosinú sí realizó el hecho generador del tributo, porque su objeto social comprendía, entre otros, la comercialización de la piel del ganado sacrificado, lo que conllevaba el transporte de la misma.

La Secretaría de Hacienda confirmó esa decisión al resolver el recurso de reconsideración que Frigosinú interpuso. Se estudió la legalidad de los actos que negaron la solicitud de devolución.
Rincon del Mar


  (2015-05-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta


El régimen de estabilidad tributaria que amparaba a una sociedad fusionada con otra beneficia a la absorbente o a la nueva sociedad que se forme solo a partir de la formalización del acuerdo de fusión.
  • Síntesis del caso:
El Banco Cafetero S.A. - Bancafé suscribió un contrato de estabilidad tributaria con la DIAN, por 10 años contados desde el 21 de diciembre de 2000. En el 2005 cedió sus activos, pasivos y contratos a Granbanco S.A., quien fue autorizado por la DIAN para aplicar dicho régimen de estabilidad.

El 16 de febrero de 2007, el Banco Davivienda S.A. adquirió el 99.062% de las acciones de Granbanco S.A. - Bancafé. La DIAN autorizó a Davivienda S.A. para aplicar el régimen de estabilidad tributaria que amparaba a Granbanco S.A. - Bancafé, desde el día en que se formalizó el acuerdo de fusión y hasta el 31 de diciembre de 2009.

Dicho acuerdo se formalizó mediate escritura pública del 29 de agosto de 2007 de la Notaría 71 del Círculo de Bogotá. El 24 de mayo de 2007 Davivienda presentó la declaración del impuesto al patrimonio por el año gravable 2007, en la que liquidó un impuesto a pagar de $13.095.014.000, que pagó en dos cuotas iguales el 25 de mayo de 2007 y el 31 de enero de 2008.

El 10 de junio de 2008 Davivienda solicitó la devolución de la segunda cuota del impuesto con el argumento de que se trataba de un pago de lo no debido, toda vez que no estaba obligada a declarar y pagar ese tributo porque durante el 2007 estaba cobijado por el régimen de estabilidad.

El 23 de julio de 2008, la DIAN ordenó la devolución de $2.242.297.000 y negó la devolución de $4.305.210.000, decisión que confirmó al resolver el recurso de reconsideración que Davivienda interpuso contra esa decisión.

La Sala estudió la legalidad de los actos que negaron parcialmente la devolución del pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio del año 2007, solicitada por el Banco Davivienda S.A.
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  (2015-05-19) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La administración es responsable de los accidentes que sufran las personas que presten servicios al contratista, durante la ejecución de obras públicas, por el riesgo que se crea para terceros y para quienes realizan la labor directamente por ser una actividad de carácter peligrosa.
  • Síntesis del caso:
Entre el Fondo Nacional de Caminos Vecinales y el municipio de El Dovio se celebró el convenio interadministrativo 11-0655-0-2000-, cuyo objeto era el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red terciaria a nivel nacional, a través de la generación de empleo temporal mediante el programa “Alianza”, dicho convenio tenía como propósito apoyar a las comunidades y hacer que éstas participaran en las obras, mediante la mano de obra no calificada y para tal cometido el municipio del El Dovio se comprometió a vincular al programa “Alianza” a las Juntas de Acción Comunal y/o a los comités viales, los cuales estaban integrados por miembros de la comunidad.

El alcalde del municipio contrató verbalmente a varias personas, entre las cuales se encontraba el señor José Gregorio Rodríguez Gallego, para que realizaran las labores descritas en el convenio; el 26 de marzo de 2001, en instantes en que el señor Rodríguez Gallego extraía una piedra de un barranco que estaba a un costado la carretera, un alud de tierra se le vino encima, como consecuencia del accidente le fue amputada parte de la pierna derecha y debido a la fractura conminuta que padeció en el fémur de su pierna izquierda, durante varios meses tuvo que utilizar material de osteosíntesis, lo cual, según la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, le causó una pérdida de su capacidad laboral del 53,03%.

En este orden, dado que en el marco de la actividad riesgosa a la que se hizo mención resultó lesionado el señor José Gregorio Rodríguez Gallego, es posible concluir la responsabilidad del municipio demandado, el cual tenía a su cargo la demostración de la existencia de una causa extraña, para eximirse de responsabilidad (fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero).
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  (2015-05-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los fallos dictados en ejercicio del control preventivo de validez tienen efectos de cosa juzgada erga omnes frente a la acción de nulidad que se formule contra los mismos actos, siempre que exista identidad de causa petendi.
  • Síntesis del caso:
Al proveer sobre la legalidad de los artículos 426 a 434 del Acuerdo 192 de 31 de diciembre de 1999 y 18 y 19 del Acuerdo 9 de 14 de febrero de 2000, por los cuales, en su orden, el Concejo Municipal de San José de Cúcuta estableció el impuesto sobre teléfonos urbanos y modificó los sujetos pasivos y la base gravable del tributo, la Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que dispuso estarse a lo resuelto en las sentencias de 24 de agosto de 2000 (Exp. 5400123310002000004400) y de 12 de diciembre de 2000 (Exp. 54001233100020000080800), mediante las cuales ese Tribunal, a instancia de la Gobernadora del departamento, declaró la validez de tales artículos.

Para adoptar su decisión la Sala concluyó que las referidas sentencias, dictadas en ejercicio del control de validez previsto en el art. 305 num. 10 de la Constitución Política, surten efectos de cosa juzgada frente a la acción de nulidad que se formuló contra las mismas normas, por cuanto se trata de igual causa petendi.
Rincon del Mar


  (2015-05-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los fallos dictados en ejercicio del control preventivo de validez tienen efectos de cosa juzgada erga omnes frente a la acción de nulidad que se formule contra los mismos actos, siempre que exista identidad de causa petendi.
  • Síntesis del caso:
Al proveer sobre la legalidad de los artículos 426 a 434 del Acuerdo 192 de 31 de diciembre de 1999 y 18 y 19 del Acuerdo 9 de 14 de febrero de 2000, por los cuales, en su orden, el Concejo Municipal de San José de Cúcuta estableció el impuesto sobre teléfonos urbanos y modificó los sujetos pasivos y la base gravable del tributo, la Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que dispuso estarse a lo resuelto en las sentencias de 24 de agosto de 2000 (Exp. 5400123310002000004400) y de 12 de diciembre de 2000 (Exp. 54001233100020000080800), mediante las cuales ese Tribunal, a instancia de la Gobernadora del departamento, declaró la validez de tales artículos.

Para adoptar su decisión la Sala concluyó que las referidas sentencias, dictadas en ejercicio del control de validez previsto en el art. 305 num. 10 de la Constitución Política, surten efectos de cosa juzgada frente a la acción de nulidad que se formuló contra las mismas normas, por cuanto se trata de igual causa petendi.
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  (2015-05-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta


FACULTAD DE REGISTRO - Impide que las pruebas sean alteradas, ocultadas o destruidas.
  • DILIGENCIA DE REGISTRO - Los perjuicios materiales que se deriven de ésta no son demandables a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
En desarrollo de estas facultades, la DIAN puede tomar las medidas necesarias para evitar que las pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilización y aseguramiento. Para el Tribunal la diligencia de registro es un acto previo de los cuales la Administración puede hacer uso para desarrollar sus facultades de investigación y fiscalización, pero no es un acto demandable según la jurisprudencia del Consejo de Estado, razón por la cual se inhibió para hacer un pronunciamiento de fondo en cuanto a la pretensión de nulidad.

Pues bien, la Sala comparte la decisión del Tribunal y reitera que el acto de registro de oficinas o de establecimientos de un contribuyente expedido por la DIAN, es un acto preparatorio o de trámite que no pone fin a la actuación administrativa y, por lo tanto, no es susceptible de enjuiciamiento.

La controversia que pueda suscitarse en torno a esta prueba, es dable plantearla en el proceso de determinación del impuesto o de imposición de la sanción, es decir, cuando ya se haya puesto fin a la actuación administrativa.

En efecto, los actos de trámite son aquellos de mero impulso de la actuación, que no deciden nada sobre el asunto debatido, pero que instrumentan la decisión final o definitiva, la preparan; son los que permiten llegar al fin del procedimiento, disponen los elementos de juicio para que la entidad pueda adoptar la decisión que resuelve la actuación administrativa con voluntad decisoria, que es la que está sujeta a los recursos y acciones de impugnación.
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  (2015-05-08) [Mas Información]
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Sección Cuarta


REQUERIMIENTO ESPECIAL - Si no se ha notificado y se profiere auto de archivo éste no es definitivo.
  • EJECUTORIEDAD Y FIRMEZA DE AUTO DE ARCHIVO - Se produce al no interponerse los recursos gubernativos
Sobre este tema la Sala en sentencia de 10 de octubre de 2007 precisó que cuando el auto de archivo expone razones de fondo por las cuales se consideran desvirtuadas las modificaciones propuestas en un requerimiento especial y concluye que no es procedente practicar liquidación de revisión, no cabe duda acerca del carácter de definitivo del citado auto.

Además, que aunque tal acto era objeto de los recursos previstos en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, el hecho de que la actora no los hubiera interpuesto, porque la decisión le fue favorable, tiene como efectos la ejecutoriedad y firmeza del acto.

También implica que la decisión allí adoptada hizo tránsito a cosa juzgada administrativa, pero de manera alguna, que tal omisión desvirtuara el carácter definitivo del auto de archivo. En el presente caso, en la investigación inicial que culminó con el auto de archivo no hubo requerimiento especial. Aunque se profirió un auto de verificación o cruce, en desarrollo del cual la DIAN visitó las instalaciones del actor, revisó los documentos contables que soportan las compras y gastos, así como los ingresos, de los cuales estableció que había una diferencia con la declaración, lo cierto es que el auto de archivo que se profirió con posterioridad a que el Instituto corrigiera su declaración, no puede considerarse como definitivo.
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  (2015-05-08) [Mas Información]
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Sección Cuarta


PRUEBAS ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA - El demandante puede aportar nuevas o mejores pruebas que las presentadas en sede administrativa.
  • PERIODO PROBATORIO EN LA JURISDICCION - Permite valorar las pruebas presentadas por el demandante.
Como lo ha precisado la Sala en otras oportunidades, considerar que el Juez administrativo sólo puede valorar las pruebas que tuvo en cuenta la Administración para expedir los actos acusados, desconoce no sólo el objeto de la Jurisdicción sino la naturaleza de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, es un requisito de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, la petición de pruebas que el demandante pretenda hacer valer (artículo 137 [5] del C.C.A.). Si las pruebas están en su poder, las debe acompañar con la demanda según lo establece el artículo 139 ibídem.

Es decir, las pruebas solicitadas en la demanda y que son decretadas por el Tribunal, son regular y oportunamente allegadas al proceso. En consecuencia, se deben valorar al momento de decidir (artículo 170 del Código Contencioso Administrativo).

Lo anterior, por cuanto en virtud de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, una de las posibilidades con las que cuenta el administrado para desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado, es con nuevas o mejores pruebas que las aportadas en sede administrativa.

Legalmente no existe ningún impedimento para que no se puedan valorar pruebas diferentes a las valoradas por la Administración, además, de que es carga de las partes, probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (artículo 177 C.P.C.).

En consecuencia, si por algún motivo, con ocasión de la investigación tributaria o de los recursos en la vía gubernativa el contribuyente no pudo demostrar la realidad de los costos solicitados, no hay razón para que no pueda presentar, ante la Jurisdicción, las pruebas que los soportan con el fin de que le sean aceptados.
  (2015-05-08) [Mas Información]
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CERTIFICADO DE CONTADOR PUBLICO - Debe expresar si la contabilidad se lleva conforme a prescripciones legales y si los libros se encuentran registrados y las cifras debidamente soportadas.
  • COSTOS Y DEDUCCIONES - El certificado de Contador puede servir como medio probatorio para demostrarlos.

  • PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL - No es aplicable para que el contribuyente se exima de la carga probatoria
Sin embargo, para la Sala este certificado no es suficiente para establecer la realidad de la operación pues conforme al artículo 777 del Estatuto Tributario, cuando se trata de presentar en la DIAN pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración para hacer las comprobaciones pertinentes.

La Sala ha precisado que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad; deben expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales; si los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio; si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos, y si reflejan la situación financiera del ente económico.

Deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse; no pueden versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dichos funcionarios dan cuenta, pues "en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones".

Tampoco es suficiente invocar el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal para que el demandante se exima de la carga probatoria que le corresponde. Además, no puede desconocerse que en virtud del artículo 776 ibídem, los comprobantes prevalecen sobre los asientos contables, por ello, si las cifras registradas en los asientos contables referentes a costos, como en este caso, exceden del valor de los comprobantes externos, los conceptos correspondientes se entenderán comprobados hasta concurrencia del valor de dichos comprobantes
  (2015-05-08) [Mas Información]
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REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL- Están sometidos al impuesto de renta sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa del 20 por ciento.
  • BENEFICIO NETO - Determinación
El Estatuto Tributario consagra un régimen especial del impuesto sobre la renta y complementarios para aquellas entidades, como el Instituto actor, que no tiene ánimo de lucro, y están descritas en el artículo 19.

Consiste en que se someten al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del 20% (artículo 356).

El beneficio neto se determina tomando la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, y restando el valor de los egresos de cualquier naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social, incluyendo las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo (art. 357 ibídem).
  (2015-05-08) [Mas Información]
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DONACION - Requisitos para que proceda como deducción.
  • DEDUCCION POR DONACION A FONDO DE EMPLEADOS - Para que proceda debe probarse la relación de causalidad, proporcionalidad y necesidad.
En efecto, en los egresos procedentes, según el artículo 4 del Decreto 124 de 1997 también se incluyen, los que se destinen indirectamente mediante donaciones efectuadas a otras instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen las actividades previstas en el literal b) ibídem.

Para que proceda esta deducción, se requiere que la entidad donataria efectivamente haya realizado dichas actividades y programas, lo que se demuestra con el certificado de contador público o revisor fiscal del donatario.

Ahora bien, como el fondo de empleados no tiene personería jurídica ni está probado que realiza las actividades a que se refiere la norma, no puede proceder el egreso por donación. Y si en gracia de discusión se considerara como un gasto del Instituto, la falta de elementos probatorios impide establecer que tuviera relación de causalidad con los ingresos para su procedencia, así como su necesidad y proporcionalidad, como lo señaló la DIAN, pues la simple afirmación del demandante no es suficiente para establecer el cumplimiento de estas condiciones.
  (2015-05-08) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)

MEDIOS PROBATORIOS EN MATERIA TRIBUTARIA- Lo son entre otros, la inspección tributaria, la contable y la facultad de registro.

Con el ejercicio de la facultad fiscalizadora la administración tributaria persigue probar, más allá de la certeza, la veracidad o la realidad de los hechos que justifican las declaraciones del contribuyente y el cumplimiento de los demás presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado.

El título VI del Estatuto Tributario regula el régimen probatorio en materia tributaria y, concretamente, los medios de prueba de los que puede hacer uso la administración para desvirtuar los hechos consignados en las declaraciones tributarias, siempre que frente a tales hechos no se haya solicitado una comprobación especial ni que la ley así lo exija (art. 746 del E.T.).

Cuando la autoridad tributaria ejerce la facultad fiscalizadora busca no sólo comprobar la certeza, la veracidad y la realidad de los hechos que contienen no sólo las declaraciones, sino examinar las respuestas del contribuyente a los requerimientos que efectúa la administración.

Esa función de fiscalización se hace con los medios de prueba que la legislación tributaria ha puesto a disposición de la administración, de modo que con tales medios de prueba logre el convencimiento sobre los aspectos que interesan en cada caso.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 688 del E.T., la competencia para desarrollar esa facultad fiscalizadora corresponde al jefe de la unidad de fiscalización, quien, para cumplir ese cometido, puede proferir los requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos, los emplazamientos para corregir y para declarar, y los demás actos previos a la aplicación de sanciones con respecto a las obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, anticipos y retenciones.

Al igual, a los funcionarios adscritos a esa unidad, previa delegación del jefe de fiscalización, les corresponde adelantar las vistas, investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y, en general, las actuaciones preparatorias a los actos de competencia del jefe de esa unidad (art. 688 del E.T.).
  (2015-05-06) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)

AUTO QUE DECRETA INSPECCION TRIBUTARIA - Contenido. Debe notificarse por correo o personalmente.

  • ACTA DE INSPECCION TRIBUTARIA - Contenido. Forma parte de la actuación administrativa originada en la inspección tributaria

  • INSPECCION TRIBUTARIA - No es una diligencia de tipo técnico contable sino un medio de prueba de verificación
El artículo 779 del E.T. califica la inspección tributaria como un medio de prueba, con el que la administración verifica directamente los hechos que interesan en el Proceso de fiscalización y determina su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron tales hechos.

En esa inspección, la administración puede decretar todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias a cada medio probatorio.

La diligencia de inspección tributaria se decretará con auto en el que se deben indicar los hechos materia de prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. Dicho auto, además, debe notificarse por correo o personalmente al interesado, pues la inspección tributaria sólo se inicia una vez el interesado se entere del objeto de la inspección.

De esa diligencia se levanta un acta que debe contener todos los hechos y pruebas en que se sustenta. Esto es, se debe levantar un acta en la que se consignen los hechos verificados por la autoridad tributaria en la inspección tributaria. Según el mismo artículo 779, cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación administrativa dicha acta formará parte de la misma.

La inspección tributaria, como ya se dijo, no es una diligencia de tipo técnico contable, sino un medio de prueba de verificación o de constatación de los hechos que interesan al proceso de fiscalización. Es evidente que el acta de terminación no requiere que se suscriba por un contador público y, por tanto, bastará que se firme por el funcionario que la practicó.
  (2015-05-06) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)

INSPECCION TRIBUTARIA - Diferencias con la inspección contable.

  • ACTA DE INSPECCION CONTABLE - Deben ser suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes. Refleja fielmente los datos de la contabilidad.

  • CONTADOR PUBLICO - Debe practicar y suscribir el acta de inspección contable.
El artículo 782 del E.T., a su turno, define la inspección contable como un medio de prueba que permite a la administración verificar la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravados y comprobar el cumplimiento de las obligaciones formales.

De esa diligencia también se levanta un acta que, a diferencia del acta de inspección tributaria, no sólo la suscriben los funcionarios visitadores, sino las partes intervinientes. Si los intervinientes se niegan a firmar el acta se dejará constancia y, en todo caso, eso no afecta el valor probatorio de la inspección.

Conforme con el artículo 782, se presume que los datos consignados en el acta fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, salvo que el contribuyente o responsable manifieste su inconformidad.

La Sala acoge las consideraciones que hizo el a quo sobre la diferencia entre la inspección tributaria y la inspección contable. Es cierto que las dos persiguen objetivos diferentes, pues, se repite, mientras que la primera es un medio de verificación de los hechos que interesan al proceso de fiscalización, la segunda es un medio probatorio esencialmente técnico para verificar la exactitud de los denuncios tributarios y el cumplimiento de las obligaciones formales a partir del análisis de la contabilidad del contribuyente específicamente. Y, en ese entendido, sólo el acta de terminación de la inspección contable debe suscribirse por un contador público.
  (2015-05-06) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)

ACTA DE REGISTRO - Basta que en la diligencia esté uno de los funcionarios comisionados.

  • FUNCIONARIOS COMISIONADOS - Basta que aparezca uno en el acta de registro.
El artículo 779-1 del E.T. consagra la facultad de registro como un medio de prueba que permite a la administración tributaria examinar las oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus archivos, siempre que, para el caso de las personas naturales, no coincida con su casa de habitación.

En esencia, es un medio probatorio para evitar que las pruebas sean alteradas, ocultadas o destruidas. Para evitar que eso ocurra, la administración puede adoptar cualquier tipo de medida e incluso puede pedir colaboración a la fuerza pública para que la diligencia de registro se cumpla en condiciones normales.

La competencia para ordenar la diligencia de registro es del Administrador de impuestos y aduanas o del Subdirector de fiscalización, sin que esa competencia pueda delegarse en otro funcionario.

En todo caso, el artículo 1º del Decreto 3050 de 1997 establece que también son competentes para ordenar el registro los Administradores especiales, los Administradores locales de impuestos nacionales, los Administradores locales de aduanas nacionales, los Administradores locales de impuestos y aduanas nacionales. Y, además, el Subdirector de Fiscalización, para el Control y Penalización Tributaria y el Subdirector de Fiscalización Aduanera, Represión y Penalización del Contrabando.

Según lo exige el artículo 779-1, el acto administrativo que ordena el registro deberá motivarse y, además, notificarse a la persona que se encuentre en el momento de que se practique la diligencia. Contra dicho acto no cabe ningún recurso, por tratarse de un acto de trámite que antecede a la decisión que adopte la administración.
  (2015-05-06) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD - No se aplica tratándose de sociedades anónimas o sus asimiladas.

  • RESPONSABILIDAD SOLIDARIA - El patrimonio de la sociedad garantiza el pago de los impuestos liquidados a su cargo.
Sobre el tema de la responsabilidad solidaria que tienen los socios, respecto de las deudas originadas en impuestos a cargo de la sociedad, esta Sección ha precisado, que la sociedad es, en principio, la que debe responder por los impuestos liquidados a su cargo.

El patrimonio de la sociedad, por regla general, garantiza el pago de los impuestos a cargo de la sociedad. Pero esa regla admite una excepción relacionada con la responsabilidad solidaria de los socios prevista en los artículos 793 y 794 del E.T.

Las normas vigentes para la fecha en que se profirieron los actos administrativos acusados determinan la responsabilidad solidaria de los socios frente a las obligaciones que, por concepto de impuestos, adquiera la sociedad.

El artículo 794 citado es claro en establecer que la responsabilidad solidaria de los socios frente a los impuestos no se aplica "a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas." En el sub lite está probado que, desde el año 1993, la sociedad actora se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima.

En ese orden, es evidente para la Sala que no se predica la solidaridad de los socios y, por ende, resultaba suficiente con que el requerimiento especial se notificara al liquidador de SAJATEX. Lo anterior basta para concluir que el argumento de la falta de vinculación no está llamado a prosperar.
  (2015-05-06) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)

SANCION POR INEXACTITUD - Procede cuando se declaran pasivos inexistentes.

  • PASIVOS - Cuando no se prueba su existencia procede la sanción por inexactitud
Es evidente para la Sala que la parte actora no logró probar que no era cierto que existieran los pasivos inexistentes a que aludió la DIAN. Como ya se dijo, no hubo actividad probatoria que desvirtuara tales pasivos y, por tanto, no hay pruebas para confrontar las conclusiones que tienen sobre este aspecto los actos acusados.

Ahora bien, la Sala respalda el cálculo de la sanción por inexactitud, pues se calculó con base en el saldo a pagar determinado en la resolución que decidió el recurso de reconsideración ($1.107'670.000) menos el valor declarado por el contribuyente ($10'186.000) y el resultado ($1.097'484.000) multiplicado por el 160%, que arroja un resultado de $1.755'974.000.

En ese contexto, se concluye que, de conformidad con el artículo 647 del E.T., era procedente la sanción por inexactitud impuesta por la DIAN, por haberse incluido en la declaración pasivos inexistentes. Por tanto, se impone mantener la sanción impuesta por la administración.
  (2015-05-06) [Mas Información]
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Radicación número: 08001-23-31-000-2007-00576-01(17415)

EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR - Es el paso previo a expedir la sanción por no declarar. Para la imposición de la sanción por no declarar, el acto previo establecido por la ley es el emplazamiento para declarar, sin que el legislador hubiera previsto que además de dicho acto, debiera formularse pliego de cargos.

  • SANCION POR NO DECLARAR - Es la consecuencia por no presentar la declaración. Acto previo a la liquidación de aforo.

  • LIQUIDACION DE AFORO - Procede después de expedir el emplazamiento.
De conformidad con las normas transcritas, el trámite que se adelanta contra los obligados a declarar, que omitan el cumplimiento del deber de presentar la correspondiente declaración tributaria, se inicia con el denominado emplazamiento para declarar, acto mediante el cual la Administración invita a los que previamente haya comprobado que están obligados, para que cumplan ese deber dentro del término de un (1) mes y les advierte de las consecuencias en caso de persistir en su omisión.

La consecuencia de no presentar la declaración respectiva, dentro del término que otorga el emplazamiento, es la imposición de la sanción por no declarar, prevista en el ordenamiento jurídico, que para el caso, está señalada en el artículo 345 del Acuerdo 041 de 1998.

Agotado el procedimiento previsto en los citados artículos 643, 715 y 716 del Estatuto Tributario, dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, la administración puede determinar mediante liquidación oficial de aforo la obligación tributaria de quien no haya declarado, según lo dispuesto en el artículo 717 íb.

En suma, el procedimiento de aforo comprende 3 etapas a saber: el emplazamiento por no declarar, la sanción por no declarar y la liquidación de aforo. El emplazamiento, si bien es un acto de trámite, su expedición previa es requisito de validez para el debido adelantamiento del proceso de aforo; así también debe ser previa la sanción por no declarar, a la determinación oficial del tributo.
  (2015-05-05) [Mas Información]
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Radicación número: 08001-23-31-000-2007-00576-01(17415)

EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO - Sólo procede cuando se presenta la declaración después del emplazamiento.

  • SANCION POR NO DECLARAR - Procede cuando no se ha presentado declaración.

  • EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR - Es el acto previo a la imposición de la sanción por no declarar.
Observa la Sala que acorde con lo señalado por el a quo, el artículo 642 del Estatuto Tributario sólo se aplica cuando el declarante presenta su declaración con ocasión del emplazamiento para declarar.

En el caso concreto, toda vez que la Compañía Panameña de Aviación COPA AIRLINES presentó las declaraciones de ICA sólo con ocasión a la interposición del recurso de reconsideración en contra de las resoluciones sancionatorias (determinando la correspondiente sanción por extemporaneidad) en tal instancia no era procedente la determinación de la sanción atendiendo al artículo 642 del Estatuto Tributario, sino la sanción por no declarar establecida en el artículo 643 ib, tal como lo efectuó la administración tributaria.

Como quedó anotado anteriormente, la ley sólo estableció como acto previo a la imposición de la sanción por no declarar el emplazamiento para declarar, sin que al efecto hubiera previsto que adicionalmente debía formularse pliego de cargos.
  (2015-05-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 08001-23-31-000-2007-00576-01(17415)

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL - No es necesario para que exista impuesto de industria y comercio.

  • BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CUANDO LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA EN VARIOS MUNICIPIOS - Se determina a través de los registros contables del contribuyente

  • CARGA DE LA PRUEBA - Le corresponde al contribuyente / CONTABILIDAD - Permite determinar el quantum de la base gravable del impuesto de industria y comercio en cada municipio
Los ingresos obtenidos por COPA AIRLINES, declarados como actividad de servicios durante los años gravables 2001 a 2004, tienen su origen en la totalidad de las ventas efectuadas por tiquetes de transporte aéreo de pasajeros; sin embargo, la venta de tiquetes aéreos no se realiza totalmente en la jurisdicción del Municipio de Soledad, razón por la cual la Administración tributaria se equivoca cuando pretende gravar la totalidad de los ingresos por ventas de tiquetes que se realizan en la ciudad de Barranquilla.

Observa la Sala que con la expedición de la Ley 14 de 1983 se operó un cambio fundamental en el impuesto de industria y comercio, toda vez que el gravamen no se hizo depender de la existencia de un establecimiento comercial, como era antes, si no de la realización de actividades industriales, comerciales o de servicio dentro del territorio de un municipio.

Trazó así la ley el marco legal del impuesto de industria y comercio pero omitió señalar normas con relación al lugar en donde debía entenderse realizado el ingreso por el contribuyente, especialmente cuando los sujetos pasivos desarrollan actividades en varios municipios y más aún en casos como el del sub-lite cuando la actora para realizar su actividad necesariamente utiliza el territorio de otros municipios, siendo imposible determinar si el ingreso se causa donde se vende el tiquete, el sitio de abordaje, el de destino de la nave y sí también se causa al sobrevolar el territorio de otros municipios, evento en el cual todos los municipios podían gravar proporcionalmente el ingreso.
  (2015-05-05) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 08001-23-31-000-2007-00576-01(17415)

FACULTAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA DE LA DIAN - No puede verse obstaculizada por la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias.

  • PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Aunque se hagan por fuera del término establecido no significa que la infracción tributaria no se haya cometido

  • SANCION REDUCIDA - Procede cuando se presentan las declaraciones aunque por fuera del término legalmente establecido
En relación con la responsabilidad probatoria en el proceso tributario, el artículo 746 del Estatuto Tributario señala que:
  • "Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial ni la ley la exija."
De acuerdo con lo anterior, le corresponde en principio a la Administración desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias utilizando las amplias facultades de fiscalización e investigación con las que cuenta para obtener las pruebas correspondientes.

Pero también puede solicitar al contribuyente la comprobación de los requisitos específicos que la ley exige para el reconocimiento de un descuento, exención, ingreso no gravado, costo, deducción, pasivos, etc. Como lo ha señalado la Corporación, la presunción de veracidad de las declaraciones tiene como condición que sobre lo hechos allí consignados no se exija una comprobación especial.

"Esta condición tiene por finalidad hacer efectivos la facultad y el deber de investigar y fiscalizar que tiene la Administración tributaria e impedir que el contribuyente escudado en la presunción de veracidad obstaculice la labor de inspección y se niegue a comprobar los hechos cuando así se requiera en ejercicio del control sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
  (2015-05-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00096-00(19673)

REGISTRO DE OFICINAS Y DEMAS LOCALES DEL CONTRIBUYENTE - Los actos que ordenan su decreto y práctica no son demandables por no ser actos definitivos sino de trámite.

  • FACULTAD DE REGISTRO - Finalidad. En su desarrollo la DIAN puede tomar las medidas para evitar que se alteren, se oculten o se destruyan las pruebas, mediante su inmovilización y aseguramiento.


  • ACTO ADMINISTRATIVO DE TRAMITE - Es de mero impulso de la actuación y no decide nada sobre el asunto debatido, pero instrumenta la decisión final o definitiva. No es impugnable ante la Jurisdicción. Si pone fin o impide continuar la actuación puede ser definitivo
Las resoluciones y oficios demandados se fundamentan en el artículo 779-1 del Estatuto Tributario, que reza:
  • FACULTAD DE REGISTRO. La Dirección de Impuestos Y Aduanas Nacionales podrá ordenar mediante Resolución motivada, el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, o de terceros depositario de sus documentos contables o sus archivos, siempre que no coincida con su casa de habitación, en el caso de personas naturales.

    En desarrollo de estas facultades, la DIAN puede tomar las medidas necesarias para evitar que las pruebas sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilización y aseguramiento.
Estudiados los asuntos de que tratan los actos acusados, se concluye que no son demandables, pues estos son actos de trámite, de aquellos de mero impulso de la actuación, que no deciden nada sobre el asunto debatido, pero que instrumentan la decisión final o definitiva, la preparan; son los que permiten llegar al fin del procedimiento, disponiendo los elementos de juicio para que la entidad pueda adoptar la decisión que resuelve la actuación administrativa con voluntad decisoria, que es la que está sujeta a los recursos y acciones de impugnación.

Si bien existen eventos en los cuales un acto de trámite encierra en si una decisión, y en este sentido adopta el carácter de definitivo, siendo, por tanto, demandable, este no es el caso de los actos administrativos que aquí se demandan, pues ni ponen fin a una actuación ni hacen imposible continuarla.
  (2015-05-05) [Mas Información]
Consejo de Estado
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Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00100-00(19600)

FACULTAD DE REGISTRO - Inspección. El acto que lo ordena es de trámite que no es susceptible de control jurisdiccional. Practica de una prueba.

  • ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Finalidad. La naturaleza del acto es el que determina el tipo de acción
La facultad de registro consiste en la potestad que tiene la DIAN para decretar la inspección de las oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus archivos, siempre que, para el caso de las personas naturales, no coincida con su casa de habitación.

El fin de este medio probatorio es evitar que las pruebas sean alteradas, ocultadas o destruidas. Conforme con el artículo 779-1, el acto administrativo que ordena el registro deberá motivarse y, además, notificarse a la persona que se encuentre en el momento de la diligencia.

Contra dicho acto no cabe ningún recurso, justamente, por tratarse de un acto de trámite que antecede a la decisión que adoptará la administración en el proceso de fiscalización. Luego, se trata de actos administrativos de trámite que sólo impulsan el procedimiento de fiscalización en la medida que decretaron pruebas que servirán para adoptar la decisión definitiva.

Pero, tales actos no le ponen fin a la actuación administrativa ni deciden de fondo el asunto, simplemente la impulsan. Por ende, son actos de puro trámite que no son susceptibles de los recursos de vía gubernativa ni de control jurisdiccional.

Sin perjuicio de la teoría de los motivos y finalidades, la naturaleza del acto administrativo es lo que define el tipo de acción que debe ejercerse. Si se trata de un acto administrativo de contenido particular y concreto, la acción apropiada será la de nulidad y restablecimiento del derecho.
  (2015-05-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2001-00197-01(13721)

FACULTAD DE REGISTRO - Inspección. El acto que lo ordena es de trámite que no es susceptible de control jurisdiccional. Practica de una prueba.

  • BIENES DE CAPITAL - El descuento tributario por la inversión en ellos es un incentivo para disminuir la carga impositiva de los costos del sector productivo nacional.

  • ACTIVOS FIJOS PRODUCTORES DE RENTA - Deben estar en condiciones de ser utilizados o incorporados al proceso productivo para solicitarse como descuento tributario.
El evento reglamentado por el artículo 3º transcrito hace relación al descuento por bienes construidos, esto es, aquellos medios o bienes productores de renta, que no hayan sido adquiridos o nacionalizados en condiciones de ser incorporados a la producción, sino los bienes directamente construidos por el contribuyente beneficiario del incentivo a la inversión, hipótesis en la cual el derecho al descuento se extiende al período gravable en el cual los bienes "estén en condiciones de utilización".

La Sala en sentencia de fecha marzo 13 de 2003, expediente No. 12829, con ponencia del Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié, estimó que está disposición atendía al propósito y finalidad del incentivo fiscal otorgado por el legislador, esto es, estimular fiscalmente la inversión en bienes de capital, para mejorar la productividad y competitividad de las empresas, mediante la disminución de la carga impositiva que recae sobre los costos del sector productivo nacional, siendo claro en consecuencia que para su concreción necesariamente los bienes de capital, activos fijos productores de renta, cuya adquisición, construcción o nacionalización de lugar al descuento, deben estar terminados y por tanto en condiciones de ser utilizados o incorporados al proceso productivo para generar renta, siendo en dicho período fiscal en el que es posible descontar el IVA pagado, constitutivo de sus costos.
  (2015-05-05) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2001-00197-01(13721)

ACTIVO FIJO CONSTRUIDO POR EL CONTRIBUYENTE - La ley no exige que su comprobación se haga mediante determinada prueba.

  • CONTABILIDAD COMO MEDIO PROBATORIO - Puede servir para demostrar la fecha en que se contabilizaron los bienes construidos por el contribuyente

  • LIBROS DE COMERCIO - Se presumen auténticos cuando están debidamente registrados y llevados en debida forma
Considera la Sala que el presupuesto de hecho consagrado en el artículo 3º del Decreto 2076 de 1992 para tener derecho al descuento que consiste en que el activo construido se encuentre en "condiciones de utilización", es un hecho que para su comprobación no exige la ley que se haga mediante una determinada prueba, pudiéndose acreditar el hecho con diferentes elementos probatorios que guarden conexión con el mismo, como es el caso de la contabilidad de la sociedad que llevada en debida forma refleja completamente la situación de la entidad, según lo dispuesto en el artículo 774 del Estatuto Tributario.

En el caso de autos, la firma del revisor fiscal en la declaración de renta de la sociedad visible a folio 46 del expediente, sin perjuicio de la facultad de fiscalización de la administración de impuestos, certifica, en los términos del artículo 581 del Estatuto Tributario, que los libros de contabilidad de contabilidad son llevados en debida forma y que reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.

Lo anterior, en concordancia con el artículo 50 del Código de Comercio, significa que la contabilidad se lleva en libros registrados y suministra una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante; además de conformidad con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma.

En el presente caso, la administración rechaza el acta de entrega por carecer de fecha cierta, sin embargo no realiza ninguna actividad investigativa ni de fiscalización en aras a verificar la fecha en que terminó la construcción del activo de la sociedad, lo cual hubiera podido realizar a través de una inspección a los libros de contabilidad de la compañía, en la medida en que se encuentran registrados con anterioridad y que en ellos, de acuerdo a las normas mencionadas anteriormente, se llevan en orden cronológico el asentamiento contable de los negocios de la empresa, los cuales si pueden dar la certeza de la fecha en que se registraron los costos constitutivos de ese activo, requisito que consagra igualmente el artículo 3º del Decreto 2076 de 1992 para la procedencia del descuento.
  (2015-05-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2001-00197-01(13721)

PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES - Implica que sólo por excepción y en casos muy específicos los datos declarados deben comprobarse.

  • FACULTAD DE INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DIAN - No se hace nugatoria la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias ya que puede desvirtuarse por los medios probatorios.
Retomando el tema de la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias, ha dicho la Sala que ella implica que sólo por excepción y en casos muy específicos los datos declarados deben comprobarse pues el hecho presumido se tiene por cierto aunque admita prueba en contrario.

La presunción de veracidad de los hechos denunciados por el contribuyente en la declaración deriva del sólo cumplimiento de requisitos formales que en la ley se exijan acerca de los factores declarados, a menos que la misma ley exija una comprobación especial, en cuyo caso la solicitud oficial así debe indicarlo.

La presunción de veracidad sin embargo no significa que se hagan nugatorias las facultades de investigación y fiscalización de que goza la administración para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, como quiera que tal presunción es susceptible de desvirtuarse a través de los diversos medios probatorios obtenidos por la administración a través de la investigación adelantada por ella.
  (2015-05-05) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2003-00316-01(15504)


DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE - También se beneficiaba del beneficio de auditoría de la Ley 633 de 2000.

DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - También se beneficiaba del beneficio de auditoría de la Ley 633 de 2000.

Tratándose del beneficio de auditoría establecido en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, antes de la adición prevista en la Ley 863 de 2003, esta Corporación ha considerado que para su procedencia el legislador señaló los siguientes requisitos:
  • 1. Se predica de la liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios para los períodos gravables 2000 a 2003.

  • 2. Se debe incrementar el impuesto neto de renta a dos veces la inflación causada del respectivo período gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior.

  • 3. La declaración ha de estar debidamente presentada, en forma oportuna y el pago debe realizarse en los plazos que para el efecto fije el Gobierno nacional.

  • 4. El transcurso del término de doce meses a partir de la fecha de la presentación de la declaración y que dentro de éste no notifique emplazamiento para corregir.
El inciso segundo preveía también, que para los contribuyentes que se sometían al beneficio, el término de firmeza también se aplicaba para sus declaraciones de retención en la fuente y del impuesto a las ventas, correspondientes a los períodos contenidos en el año gravable del impuesto sobre la renta sometido al beneficio.
  (2015-04-28) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2003-00316-01(15504)


AUTO QUE TIENE LA DECLARACION POR NO PRESENTADA - El notificarse después de los doce meses de presentada no hace perder el beneficio de auditoría.

BENEFICIO DE AUDITORIA - Se presenta aún si se profiere auto declarativo extemporáneo de tener la declaración como no presentada

Advierte la Sala que en el sub exámine, como la declaración privada fue presentada el 10 de mayo de 2001, el plazo para que se diera la firmeza del denuncio privado finalizaba el 10 de mayo de 2002, fecha para la cual la Administración debió notificar el emplazamiento para corregir, sin embargo, el primer acto que la Administración produjo lo fue el "Auto Declarativo" del 9 de octubre de 2002, dejando sin efectos el denuncio rentístico del actor, por ausencia de la firma de contador público, toda vez que quien firmó carecía de tal calidad.

Estima la Sala que para entonces había prescrito la facultad fiscalizadora y revisora de la Administración, dando lugar a la firmeza de la correspondiente liquidación privada. En efecto, la Administración dejó vencer el término de los doce meses sin que notificara emplazamiento para corregir, siendo evidente que hasta el día anterior a su vencimiento, el 9 de mayo de 2002, inició el proceso de fiscalización y revisión realizando una operación de registro en las instalaciones del contribuyente.

Es así como hasta 9 de octubre del mismo año, expidió el Auto Declarativo, dejando sin efecto legal el denuncio rentístico privado, fecha para la cual ya se había superado ampliamente el plazo de los doce meses, operando en consecuencia la firmeza de la declaración privada, pues ha sido criterio de la Sala que el denuncio tributario aún cuando adolezca de irregularidades para tenerse como no presentado, si transcurre el lapso previsto en la ley para que se consolide su firmeza sin ser cuestionado por el ente fiscal, se vuelve inmodificable.

En este orden de ideas, toda vez que la administración dejó transcurrir el lapso de los doce meses sin que hubiera cuestionado la declaración privada del actor, ésta adquirió firmeza, y en consecuencia, a partir del 10 de mayo de 2002, se tornó en inmodificable para la Administración como para el contribuyente.
  (2015-04-28) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 23001-23-31-000-2008-00227-01(18106)


PRESUNCION DE VERACIDAD - Lo son los hechos consignados en las declaraciones tributarias. Pruebas especiales de los hechos económicos.

FACULTAD DE FISCALIZACION E INVESTIGACION - Actividades que se despliegan.

Según el artículo 746 del Estatuto Tributario, se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial ni la ley la exija.

De acuerdo con lo anterior, le corresponde, en principio, a la Administración desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias utilizando las amplias facultades de fiscalización e investigación que la ley le atribuye para obtener las pruebas correspondientes.

Pero también puede solicitar al contribuyente la comprobación de los requisitos específicos que la ley exige para el reconocimiento de un descuento, exención, ingreso no gravado, costo, deducción, pasivos, etc. El artículo 684 del Estatuto Tributario es claro en señalar las actividades que puede desplegar la Administración Tributaria en el ejercicio de la facultad de fiscalización e investigación, a saber:
  • a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.
  • b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.
  • c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.
  • d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.
  • e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.
  • f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.
  (2015-04-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 23001-23-31-000-2008-00227-01(18106)


ACTAS DE VISITA - Medio de prueba. No puede asimilarse a una acta de inspección contable o a un acta de inspección tributaria.

DILIGENCIA DE VERIFICACION Y CRUCE DE INFORMACION - Su realización no vulneran el debido proceso del contribuyente

Los artículos 560 y 688 del Estatuto Tributario fijan en el jefe de la Unidad de Fiscalización de la Administración Tributaria la competencia para proferir los actos de trámite en los procesos de determinación de impuestos, y en los funcionarios de esa unidad la facultad de adelantar las actuaciones preparatorias.

También tienen facultades de fiscalización tributaria los jefes de las divisiones y dependencias, así como los profesionales de la misma entidad en quienes se deleguen tales funciones. Entre los actos de trámite que puede proferir la Administración Tributaria están los autos de verificación o cruce de información, cuya finalidad es la de obtener la información o las pruebas necesarias para corroborar la información declarada por el contribuyente.

Esta Sala ha sido enfática en señalar que las actas de visita expedidas en cumplimiento de los autos de verificación o cruce no son actos previos de formulación de cargos, sino medios de prueba que dan fe de los hechos verificados directamente por la Administración en desarrollo de las amplias facultades de fiscalización e investigación que le asisten, y de los hechos acontecidos en el transcurso de la diligencia.

Sin embargo, cuando se trata de simples cruces de información o autos de verificación, no resultan aplicables los artículos que fijan las formalidades para la inspección contable y para la inspección tributaria. Y, en consecuencia, tampoco puede asimilarse el "acta de visita", producto de los cruces de información o del auto de verificación, a un "acta de inspección contable" o a un "acta de inspección tributaria", por lo tanto, no sujeta a las formalidades de estas últimas
  (2015-04-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 23001-23-31-000-2008-00227-01(18106)


PROCEDENCIA DE COSTOS DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES - No es requisito que la factura tenga fecha cierta de expedición.

FECHA CIERTA DE EXPEDICION - Se exige para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, para los documentos equivalentes a la factura que expidan.

DOCUMENTO PRIVADO - Tiene fecha cierta o auténtica desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa.

Para efectos de la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del estatuto Tributario señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, y que cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que legalmente se establezcan.

De manera que cuando el contribuyente aporta la factura con el lleno de los requisitos legales, esa factura, como documento probatorio, no supedita a la administración tributaria o al juez a reconocer el costo, gasto o deducción.

Por el contrario, esa prueba le permite a la autoridad tributaria, o al juez, comprobar la veracidad de los hechos contenidos en la factura, tales como la existencia del proveedor y, por ende, la existencia de la transacción económica incorporada en el título y, para el efecto, hay absoluta libertad probatoria.

Lo que realmente establece el artículo 771-2 es que la factura, como documento, es un medio de prueba para la procedencia de los costos y deducciones. En consecuencia, es un documento ad probationem que se exige por ley como prueba necesaria, puesto que las facturas que cumplen los requisitos previstos en los artículos 617 y 618 E.T. son pruebas que, por ley, deben cumplir ciertas formalidades.
  (2015-04-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 7357


LIBROS DE CONTABILIDAD - Sanción por no exhibición.

FACULTAD DE FISCALIZACIÓN - Término para exhibición de libros de contabilidad

El término para exhibir libros de contabilidad debe ser respetado por la Administración, de manera que ésta, antes de vencerse, solicita la exhibición de los libros de contabilidad, incurre en pretermisión de dicho plazo y en consecuencia, en ese caso, por el contrario, la Administración ha respetado tal término y los ha solicitado con posterioridad a su vencimiento, como ocurrió en el presente caso, se estaría violando el derecho de defensa del contribuyente no puede afirmarse que se haya violado el derecho de defensa y que por ende la Administración haya perdido la facultad para solicitar su presentación, puesto que en este evento la ley no establece un término preclusivo para la Administración; por tanto el hecho de que ésta no se presente exactamente al día siguiente de vencerse el término sino pasados unos días, no genera violación alguna al derecho de defensa y tampoco del pretranscrito artículo 2° del Decreto 1354 de 1987.

En efecto, la solicitud debe efectuarse por escrito mediante auto, el cual se notifica en los términos que consagra el Artículo 565 del Estatuto Tributario (forma), la misma debe efectuarse en las oficinas o establecimientos del contribuyente obligado a llevar libros de contabilidad (lugar); y en cuanto al tiempo, si bien no señala un momento específico de la exhibición, al determinar el objeto de la misma, que no es otro diferente, a la verificar la exactitud de las declaraciones o para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, se colige, que la solicitud de exhibición de los libros de contabilidad puede efectuarla la Administración en cualquier momento (tiempo) dentro del proceso de investigación y determinación, y aun en la etapa de discusión del impuesto.

Por consiguiente, a juicio de la Sala, no resulta aplicable al sub lite, el Artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, que trata sobre "La solicitud y decreto de la inspección judicial" puesto que tal aspecto tiene su propia regulación en el procedimiento tributario; razón por la cual prevalece lo dispuesto al respecto en la norma especial.

De igual modo, el procedimiento tributario consagra un término de gracia a favor del contribuyente para presentar los libros de contabilidad, una vez conocida la solicitud respectiva, el cual, es de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en la cual se solicita por escrito su presentación, o de ocho días, cuando la solicitud se efectúa por correo.
  (2015-04-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Si al subsanar una omisión en el envío de información el obligado incurre en otra infracción, procede formular nuevo pliego de cargos y, con base en este, tramitar otro procedimiento sancionatorio.

Síntesis del caso:
Previo pliego de cargos, la DIAN impuso a Víctor Alonso Duque Gómez sanción por no enviar la información prevista en el art. 651 del Estatuto Tributario, decisión contra la cual el sancionado interpuso recurso de reconsideración.

Al resolver el recurso, la DIAN modificó la sanción, pero no aceptó la reducción de la misma al 20% que el afectado solicitó, con el argumento de que la información que aquél aportó con el medio de impugnación contenía errores.

Se estudió la legalidad de los actos sancionatorios.
Rincon del Mar


  (2015-04-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden los efectos del parágrafo 1 del art. 3 del Decreto 2701 de 2013, en cuanto incluyó la renta líquida por recuperación de deducciones en la base gravable del CREE.

Síntesis del caso:
El Ponente decretó la suspensión provisional de esa disposición porque concluyó que el Gobierno Nacional excedió la potestad reglamentaria al incluir en la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE elementos que la norma reglamentada (art. 22 de la Ley 1607 de 2012) no contempló para el efecto.

Al respecto señalo que la recuperación de deducciones está prevista en la ley como integrante de la base gravable del impuesto ordinario sobre la renta, de tal manera que no se puede incluir en la base gravable de otro impuesto, como el CREE, sin que la ley así lo establezca en forma expresa.
Rincon del Mar


  (2015-04-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden los efectos del numeral 6 del Concepto DIAN 100202208-357 del 28 de marzo de 2014, en cuanto señaló que la renta líquida por recuperación de deducciones está gravada con el CREE.

Síntesis del caso:
El Ponente decretó la suspensión provisional de dicho numeral al estimar que el mismo se fundó, entre otras disposiciones, en el parágrafo 1 del art. 3 del Decreto 2701 de 2013, el cual fue suspendido por su Despacho en auto del 24 de febrero de 2015 (Exp. 11001-03-27-000-2014-00012-00 Int. 20998), porque al expedirlo el Gobierno Nacional excedió la potestad reglamentaria.

Así, concluyó que el numeral 6 del Concepto debía correr la misma suerte de dicho parágrafo, no solo por fundamentarse en él, sino porque la interpretación que contiene es contraria a la ley.
Rincon del Mar


  (2015-04-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Por violación al debido proceso y ya que la licencia de importación no es el documento idóneo para demostrar si una mercancía es declarada o no, se anulan unas resoluciones expedidas por la DIAN, por medio de las cuales se ordenó el decomiso de una mercancía.

Síntesis del caso:
La sala revoca la sentencia apelada y en su lugar declara la nulidad de los actos acusados al considerar que la DIAN incurrió en violación al debido y proceso, así como también incurrió en un error al considerar que la licencia de importación era el documento idóneo para demostrar que una mercancía era declarada o no.
Rincon del Mar


  (2015-04-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La transferencia de dominio del bien sobre el que recae el impuesto de delineación urbana genera el traslado del gravamen al nuevo propietario.

Síntesis del caso:
El 2 de octubre de 2007 la Curaduría Urbana 3 de Bogotá expidió Licencia de Construcción para desarrollar un proyecto de vivienda urbana en un predio cuyo titular era Inversiones Cardovas S. en C. La Licencia se expidió a nombre de la propietaria con vigencia hasta el 6 de noviembre de 2009 y la declaración y pago del impuesto de delineación urbana por la expedición de la misma lo efectuó Ordóñez Mendieta y Cía S.A. - Ormeco S.A., licencia con base en la cual se adelantó la obra.

Inversiones Cardovas S. en C. vendió el predio a Ormeco S.A. con escritura pública del 17 de octubre de 2007 inscrita en el registro de instrumentos públicos. Previo requerimiento especial, la Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá modificó oficialmente el impuesto de delineación urbana e impuso sanción por inexactitud, decisión que Ormeco S.A. recurrió en reconsideración con el argumento de no ser el sujeto pasivo del mismo, porque al momento de la expedición de la licencia aún no era propietaria del inmueble respecto del cual se concedió.

Al resolver el recurso, la administración confirmó la liquidación oficial de revisión. Se estudió la legalidad de los actos de determinación oficial del tributo.
Rincon del Mar


  (2015-04-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El servicio de auditoría tendiente al análisis y liquidación de cuentas correspondientes a reclamaciones por los amparos que cubre el SOAT no está excluido del impuesto sobre las ventas porque no es un servicio vinculado con la seguridad social.

Síntesis del caso:
La DIAN emplazó al Grupo SIS Servicios Integrales de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito S.A. para que declarara el IVA del primer bimestre del 2006, respecto de los servicios de análisis y liquidación de cuentas relacionados con reclamaciones por los amparos que cubre el SOAT, que prestó a Seguros del Estado S.A. durante dicho periodo.

Al responder el emplazamiento, el Grupo SIS adujo que no estaba obligado a declarar, porque el servicio que presta está excluido del IVA por estar vinculado con la seguridad social.

La DIAN no aceptó tal argumento y sancionó al Grupo por no haber presentado la referida declaración, decisión que confirmó al resolver el recurso de reconsideración que el Grupo interpuso. La Sala estudió la legalidad de los actos sancionatorios.
Rincon del Mar


  (2015-04-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las impresiones de las declaraciones tributarias presentadas electrónicamente son prueba de la representación material de las mismas y, por ser auténticas, son idóneas y conducentes para inferir la existencia de títulos ejecutivos que se pueden cobrar coactivamente.

Síntesis del caso:
La DIAN libró mandamiento de pago contra Mazal Group S.A. con base en las declaraciones electrónicas de los impuestos sobre las ventas y al patrimonio que esa empresa presentó respecto de ciertos periodos gravables.

Entre otras excepciones, Mazal propuso la de falta de título ejecutivo, que fundó en el hecho de que la DIAN dictó el mandamiento con sustento en copias impresas de las declaraciones electrónicas, las cuales consideró sin fuerza ejecutiva por no ser los documentos originales necesarios para adelantar el cobro coactivo.

La DIAN rechazó las excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución. Se estudia la legalidad de tales actos.
Rincon del Mar


  (2015-04-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17253


REQUERIMIENTO ESPECIAL - Acto previo a la liquidación oficial de revisión. Contenido. Vinculación al contribuyente al procedimiento tributario.

La relación jurídica tributaria es un vínculo jurídico complejo que surge entre el Estado y quienes realizan los hechos generadores de tributos, y que comprende tanto la prestación de dar, constitutiva de la obligación sustancial originada al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y cuyo objeto es el pago del mismo para atender las cargas públicas; como las prestaciones de hacer y no hacer, referentes a las obligaciones formales para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria principal de pago, generalmente asociadas a los deberes que tienden a facilitar y determinar la obligación tributaria sustancial, y a facilitar la recaudación de los tributos. Dentro de este contexto, la autoridad fiscal ostenta la potestad fiscalizadora para realizar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.

Dicha potestad se materializa a través de las facultades de fiscalización establecidas en el artículo 684 del Estatuto Tributario. Tales facultades permiten a la Administración de Impuestos comenzar, por auto interno de apertura de investigación, las averiguaciones o indagaciones preliminares dirigidas a establecer si hay lugar a esa debida determinación a través de las liquidaciones oficiales que estableció el legislador, de acuerdo con el procedimiento regulado en el título IV del Estatuto Tributario (arts. 686 a 719-2).

Al amparo de esa regulación legal, la actuación para proferir liquidaciones oficiales de revisión, como la que aquí se demanda, presupone la formulación de un Requerimiento Especial como acto administrativo de trámite que contiene una propuesta de modificación de la declaración privada, concretamente orientada a adicionar impuestos, anticipos y retenciones e imponer la sanción correspondiente.
  (2015-04-16) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17253


REQUERIMIENTO ESPECIAL - Las actuaciones antes de éste no contienen una decisión de fondo que deba ser notificada al contribuyente.

Las diligencias y recaudo de pruebas previas al requerimiento, son propias de las facultades de fiscalización que, en ejercicio de la potestad tributaria, la Administración de Impuestos puede ejercer cuando lo considere pertinente, sin que la norma haya limitado su uso a alguna etapa especial del trámite, ya sea preliminar, ora posterior al requerimiento abierto.

En consecuencia, siendo que el auto que abre la investigación es simplemente una forma de controlar el inicio de las investigaciones preliminares al comenzar la actuación tributaria, su expedición es meramente facultativa y su falta de notificación no vicia de nulidad el procedimiento de determinación oficial del impuesto a través de la liquidación oficial de revisión, ni viola el derecho de defensa del investigado, comoquiera que no es el acto administrativo que inicia la actuación tributaria de determinación en su contra, ni contiene decisión alguna que lo afecte y que, en esa medida, deba notificársele de acuerdo con el artículo 565 del Estatuto Tributario.
  (2015-04-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17253


ACTA DE INSPECCION CONTABLE - La no firma de las partes intervinientes no afecta su valor probatorio. Formalidades.

  • CONTADOR PUBLICO - Debe intervenir en la diligencia de inspección contable. Función. Objeto

  • NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE - Lo hace cuando no la realiza un contador público. Valor probatorio
La legislación tributaria consagró la inspección contable como un medio de prueba autónomo que implica la constatación directa de los libros o documentos contables del contribuyente o de terceros obligados a llevar contabilidad, con el fin de verificar la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de obligaciones formales, así como de establecer la existencia de hechos gravados o no.

Dicho medio probatorio puede decretarse tanto en las investigaciones previas al inicio del proceso de determinación oficial del impuesto, derivando una actuación administrativa particular y concreta (Estatuto Tributario, art. 782, inc. 5); como posteriormente al requerimiento especial que marca dicho inicio (art. 710 ibídem).

Así, el artículo 782 del Estatuto Tributario facultó a la Administración para ordenar la práctica de la inspección y dispuso que de la misma debía extenderse un acta suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes, sin que la reticencia de éstas a firmarla afecte el valor probatorio de la diligencia, aunque de tal hecho debe dejarse constancia en el acta respectiva.

A su vez, el artículo 271 de la Ley 223 de 1995 previó que las inspecciones contables deben realizarse bajo la responsabilidad de un contador público, y que la diligencia sin tal requisito es nula.

En estricto sentido, dicha responsabilidad supone, de una parte, el direccionamiento u orientación de la diligencia por parte del profesional mencionado, como forma de garantizar que el medio probatorio cumpla su finalidad intrínseca, en cuanto implica análisis y verificaciones de tipo contable; y, de otro lado, el hecho de que el responsable asume la debida practica de la inspección conforme con los parámetros legales vigentes, así como el cuidado requerido para que su desarrollo no se vea afectado por ningún tipo de irregularidad.
  (2015-04-16) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17253


PRESUNCION DE INGRESOS POR OMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS - Aplicación.

  • ACTA DE INSPECCION CONTABLE - Valor probatorio.

  • COSTOS DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES - Procedencia. Pruebas.
El método aplicado está referido a la presunción de omisión de ingresos constitutivos de renta líquida gravable, regulada en el artículo 760 del Estatuto Tributario, frente a la comprobación de omisión de registro de compras destinadas a las operaciones gravadas, de acuerdo con el cálculo del respectivo margen de utilidad.

En este punto debe recordarse que, al tenor del mismo artículo 782 del Estatuto Tributario, los datos que aparecen en el acta se entienden fielmente tomados de los libros del contribuyente, y que ella - el acta -, como tal, forma parte de la actuación que en su contra origina la inspección, constituyendo una formalidad adicional que no suple el objeto específico de la prueba, cumplido en su integridad.

De igual forma, la norma mencionada dispuso que la falta de firma del acta porque alguna de las partes se niegue a suscribirla, no afecta el valor probatorio de la diligencia. Más allá de ello, es claro que el contribuyente atendió y participó en la diligencia de inspección entregando los documentos que le solicitaron los funcionarios comisionados (párrafo 2 de la pág. 1 del acta), conoció sus resultados cuando se le notificó el requerimiento especial dado que, se repite, el acta forma parte de la actuación iniciada, e inclusive aceptó parcialmente la adición de ingresos que propuso el requerimiento especial y en tal sentido corrigió la declaración de renta, el 15 de junio del 2004.

En consecuencia, los ingresos del cuarto bimestre del 2001 establecidos con base en el método de presunción y corroborados a través de la inspección contable que se practicó ($5.996.596.000), no merecen reparo alguno, como tampoco el margen de utilidad calculado a partir de los mismos, margen que, en todo caso, el contribuyente no desvirtuó; por el contrario, con base en dicho método adicionó ingresos en su declaración cuando presentó su respectiva corrección por la vigencia discutida.
  (2015-04-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17253


PRESUNCION DE VERACIDAD - Lo son los hechos consignados en las declaraciones tributarias. Pruebas especiales de los hechos económicos.

  • FACULTAD DE FISCALIZACION E INVESTIGACION - Actividades que se despliegan.
Según el artículo 746 del Estatuto Tributario, se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial ni la ley la exija.

De acuerdo con lo anterior, le corresponde, en principio, a la Administración desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias utilizando las amplias facultades de fiscalización e investigación que la ley le atribuye para obtener las pruebas correspondientes.

Pero también puede solicitar al contribuyente la comprobación de los requisitos específicos que la ley exige para el reconocimiento de un descuento, exención, ingreso no gravado, costo, deducción, pasivos, etc. El artículo 684 del Estatuto Tributario es claro en señalar las actividades que puede desplegar la Administración Tributaria en el ejercicio de la facultad de fiscalización e investigación, a saber:
  • a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.
  • b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.
  • c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.
  • d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.
  • e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.
  • f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.
  (2015-04-16) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17253


ACTAS DE VISITA - Medio de prueba. No puede asimilarse a una acta de inspección contable o a un acta de inspección tributaria.

  • DILIGENCIA DE VERIFICACION Y CRUCE DE INFORMACION - Su realización no vulneran el debido proceso del contribuyente
Los artículos 560 y 688 del Estatuto Tributario fijan en el jefe de la Unidad de Fiscalización de la Administración Tributaria la competencia para proferir los actos de trámite en los procesos de determinación de impuestos, y en los funcionarios de esa unidad la facultad de adelantar las actuaciones preparatorias.

También tienen facultades de fiscalización tributaria los jefes de las divisiones y dependencias, así como los profesionales de la misma entidad en quienes se deleguen tales funciones. Entre los actos de trámite que puede proferir la Administración Tributaria están los autos de verificación o cruce de información, cuya finalidad es la de obtener la información o las pruebas necesarias para corroborar la información declarada por el contribuyente.

  • Esta Sala ha sido enfática en señalar que las actas de visita expedidas en cumplimiento de los autos de verificación o cruce no son actos previos de formulación de cargos, sino medios de prueba que dan fe de los hechos verificados directamente por la Administración en desarrollo de las amplias facultades de fiscalización e investigación que le asisten, y de los hechos acontecidos en el transcurso de la diligencia.
Sin embargo, cuando se trata de simples cruces de información o autos de verificación, no resultan aplicables los artículos que fijan las formalidades para la inspección contable y para la inspección tributaria. Y, en consecuencia, tampoco puede asimilarse el "acta de visita", producto de los cruces de información o del auto de verificación, a un "acta de inspección contable" o a un "acta de inspección tributaria", por lo tanto, no sujeta a las formalidades de estas últimas.
  (2015-04-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17253


PROCEDENCIA DE COSTOS DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES - No es requisito que la factura tenga fecha cierta de expedición.

  • FECHA CIERTA DE EXPEDICION - Se exige para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, para los documentos equivalentes a la factura que expidan
  • DOCUMENTO PRIVADO - Tiene fecha cierta o auténtica desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa
Para efectos de la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del estatuto Tributario señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, y que cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que legalmente se establezcan.

De manera que cuando el contribuyente aporta la factura con el lleno de los requisitos legales, esa factura, como documento probatorio, no supedita a la administración tributaria o al juez a reconocer el costo, gasto o deducción.

Por el contrario, esa prueba le permite a la autoridad tributaria, o al juez, comprobar la veracidad de los hechos contenidos en la factura, tales como la existencia del proveedor y, por ende, la existencia de la transacción económica incorporada en el título y, para el efecto, hay absoluta libertad probatoria.

Lo que realmente establece el artículo 771-2 es que la factura, como documento, es un medio de prueba para la procedencia de los costos y deducciones. En consecuencia, es un documento ad probationem que se exige por ley como prueba necesaria, puesto que las facturas que cumplen los requisitos previstos en los artículos 617 y 618 E.T. son pruebas que, por ley, deben cumplir ciertas formalidades.
  (2015-04-16) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 16817


PROCESO DE CORRECCION ARITMETICA - No es la oportunidad para debatir aspectos de fondo / ERROR ARITMETICO - Causales. Requisitos.

  • ACTO DEFINITIVO - Lo es el que declara la improcedencia del beneficio de auditoria: no es acto de trámite
Para la Sala el contenido del acto demuestra a las claras que no es un simple auto de trámite pues no se limita a ordenar el archivo de un expediente, que por lo demás se abrió oficiosamente, sino que contiene una decisión unilateral definitiva de la administración como es la de declarar que no procede el beneficio de auditoría, determinación que sin duda crea una situación jurídica concreta como es la de excluir del beneficio a la sociedad, luego de haberla inducido a efectuar la corrección.

Expedido el auto, no se le notificó a la contribuyente como lo admite la Administración, fue una actuación oculta, como lo anota el demandante y por consiguiente no se le dio la oportunidad de controvertirlo en la vía administrativa.

Destaca la Sala de otro lado la conducta incoherente de la Administración en este proceso, pues aunque acepta que no se notificó el acto demandado, esgrime la excepción de inepta demanda con fundamento en la caducidad de la acción y la falta de agotamiento de la vía gubernativa, sin tener en cuenta que por su omisión, la contribuyente no conoció el acto y no se le dio la oportunidad de discutir su legalidad.

Olvida así que ante la justicia nadie puede aspirar a obtener beneficios derivados de su propia culpa - Nemo auditur turpitudiem allegans.
  (2015-04-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 16817


PROCESO DE CORRECCION ARITMETICA - No es la oportunidad para debatir aspectos de fondo / ERROR ARITMETICO - Causales. Requisitos.

Conforme con los hechos probados, precisa la Sala que, de conformidad con el artículo 697 del E.T., la liquidación de corrección aritmética tiene por finalidad corregir los errores aritméticos que presentan las declaraciones tributarias, que hayan originado un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a favor para compensar o devolver.

Por su parte, el artículo 698 ibídem faculta a la Administración para corregir los errores aritméticos de las declaraciones tributarias que se encuadren en los presupuestos del artículo 697. Adicionalmente, el artículo 701 del E.T. prevé que cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante no hubiere liquidado en la declaración las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado de manera incorrecta, la administración las liquidará, incrementadas en un 30%.

En numerosas oportunidades esta Corporación ha establecido que la liquidación de corrección aritmética tiene como única finalidad corregir los errores resultantes de operaciones matemáticas y, en general, confusiones de orden numérico, que no alteran de fondo los datos básicos de la declaración.

También se ha considerado que mediante el procedimiento de corrección aritmética no pueden debatirse aspectos de fondo, pues, el sólo hecho de que la Administración tuviere que hacer planteamientos en relación con el origen y naturaleza de los valores declarados, implica que el error no era sólo aritmético, sino que se trataba de un asunto de fondo que no puede ventilarse mediante una liquidación de corrección aritmética.

En efecto, si bien el numeral 3º del artículo 697 del E. T. señala que se presenta error aritmético cuando al efectuar cualquier operación aritmética resulte un valor equivocado que implique un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver, debe partirse del supuesto de que hay una operación aritmética mal calculada, en primer lugar, y que ésta arroja como resultado un menor valor a pagar o el mayor saldo a favor, en segundo.
  • Si no se dan ambas condiciones no se configura ninguna de las causales de error aritmético. Por lo tanto, la Administración debe establecer ambos presupuestos para proceder a corregir el yerro por medio de la liquidación de corrección aritmética.
  (2015-04-16) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 5483


CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA
PROYECTO DE CORRECCION FACULTAD PARA CORREGIR DECLARACIONES.

Conforme al artículo 8o. de la Ley 84 de 1988 (antes de ser modificado por la Ley 6a. de 1992), para corregir las declaraciones tributarias que no varíen el valor a pagar o que lo disminuyan o aumenten el saldo a favor, debe presentarse solicitud previa a la Administración, acompañada del respectivo proyecto de corrección con el fin de que se oficialice la mencionada corrección, que si es aceptada tácita o expresamente por la Administración, entra a reemplazar la liquidación presentada inicialmente y que goza en consecuencia de la presunción de veracidad que cobijaba a la primera.

En esas condiciones la facultad otorgada por el artículo 589 del E.T., debe interpretarse en concordancia con las demás normas de la legislación tributaria, particularmente las relativas al proceso de determinación oficial del tributo, tal como lo dispone el artículo 589 del E.T.
  (2015-04-15) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 5483


FACULTAD DE FISCALIZACION / ADMINISTRACION TRIBUTARIA / TERMINO PARA CORREGIR DECLARACIONES / FACULTAD PARA CORREGIR DECLARACIONES / CONTRIBUYENTE - Deberes.

Si bien la administración goza de amplias facultades de fiscalización de la declaración, que ejerce entre otras a través de las liquidaciones de corrección aritmética y de revisión, sólo la notificación del pliego de cargos o del requerimiento especial tienen la capacidad de limitar y precluir la facultad de los contribuyentes de corregir sus declaraciones tributarias, ya sea por errores mecanográficos o de transcripción, o aún en aspectos de fondo tales como la modificación de las bases gravables, su depuración, aplicación de tarifas y en general, la corrección de todos aquellos factores sobre los cuales no ha iniciado actuación la Administración Tributaria, sin perjuicio de las correcciones provocadas (por el requerimiento y la liquidación de revisión) en los términos de los artículos 709 y 713, máxime cuando nadie está obligado a permanecer en el error.
  (2015-04-15) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 4966


ERROR ARITMETICO - Requisitos
FACULTAD DE CORRECCION ARITMETICA
LIQUIDACION PRIVADA.

La facultad de corrección aritmética que consagran las normas tributarias, especialmente el artículo 698 del E.T. tiene como presupuesto fáctico la ocurrencia de un error aritmético que origine un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor.

También define la ley, ej art. 697, expresamente los eventos en los cuales se presenta error aritmético en las declaraciones tributarios. Del contexto de los artículos 697 y 698 del E.T. se colige que la noción de error aritmético en todos los casos está determinada por una equivocación en los resultados de los diferentes factores que intervienen en la depuración y determinación del impuesto, y que tiene que ver con las operaciones aritméticas o aplicación de tarifas que se utilizan en la liquidación privada del impuesto por parte del contribuyente, de ahí que determinar la existencia o no de un "error aritmético" en la correspondiente liquidación privada es una labor objetiva puesto que el mismo debe dimanar de la declaración misma y corresponder exactamente a una de las situaciones expresamente señaladas en la ley como constitutiva de error aritmético.
  (2015-04-15) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 4966


ERROR DE TRANSCRIPCION ERROR ARITMETICO - Inexistencia / COSTOS / DEDUCCIONES / LIQUIDACION PRIVADA.

Pero no puede pasarse por alto que la actora alegó y demostró con certificación contable que obra en los antecedentes administrativos, y también como anexo de la demanda contenciosa, la existencia de un error de transcripción en la Sección D, correspondiente a costos y deducciones en la cual omitió registrar el rubro concerniente a "otros costos y deducciones".

Los errores de transcripción mecanográficos consistentes en copiar incorrectamente una partida, como llevarla a un renglón diferente omitirla, repetirla, o en todo caso trastocar una partida en los renglones del formulario, de manera que aparentemente modifique el resultado, no puede considerarse como errores aritméticos por cuanto en esos casos no puede tenerse en cuenta en la operación aritmética correspondiente ya que la naturaleza del mismo no implica que se encuentre comprometido en operación aritmética alguna, en el error que alega la actora consistente en que omitió registrar en el formulario la totalidad de costos y deducciones totalizados en el renglón 25 por cuanto copió la información de un borrador en vez del proyecto definitivo, en un error que participa de esta naturaleza, por lo que desvirtúa el error aritmético que registra la declaración y que corrigió la administración con fundamento en la facultad de corrección que le da la ley.
  (2015-04-15) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 16041


ASEGURADORA - Su base gravable en el ICA son las primas retenidas.
FACULTAD DE FISCALIZACION - La administración debe utilizarla para desvirtuar lo declarado por el contribuyente.

El Municipio de Medellín no aceptó el "Coeficiente de Distribución de Primas" remitido por la Superintendencia Bancaria y tomó como base gravable las primas emitidas en ese municipio y en tal sentido modificó la liquidación privada.

Para la Sala la actuación de la administración municipal resulta contraria a derecho, dado que la autoridad fiscal toma como base impositiva "las primas emitidas", so pretexto de la ausencia de información contable acerca de las "primas retenidas", desconociendo que el artículo 42 de la Ley 14 de 1983, subrogado por el artículo 207 del Decreto 1333 de 1986, señaló taxativamente que la base gravable para la Aseguradoras está conformada por las "primas retenidas".

El Municipio determinó el impuesto, deduciendo de las "primas brutas emitidas en el Municipio de Medellín", las "primas brutas cedidas o reaseguros en la misma ciudad", con este procedimiento tuvo en cuenta una base gravable diferente a la prevista legalmente.

Si el Municipio tenía dudas sobre la correcta determinación del impuesto debió acudir a sus amplias facultades de fiscalización, en ejercicio de las cuales tenía que demostrar que lo reportado por la demandante en su declaración privada como primas retenidas, con base en la certificación de la Superintendencia Bancaria, no correspondía a la realidad. La administración no aportó al proceso prueba que desvirtúe la veracidad de la declaración.
  (2015-04-15) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 15109


REQUERIMIENTO ESPECIAL - No se requiere expedirlo para solicitarle al contribuyente información tributaria.

  • SANCION POR NO PRESENTAR INFORMACION TRIBUTARIA - Procede cuando se presentan informaciones diferentes a la solicitada
En el caso concreto, la Administración profirió los Requerimientos Ordinarios 170, 171 y 172, notificados el 23 de julio de 1998, en los cuales solicitó al actor que enviara la información detallada respecto de los ingresos, inventario de bienes muebles e inmuebles, movimientos de cuentas bancarias, CDT, inversiones, deudas, costos y deducciones y los ajustes por inflación realizados en relación con los períodos 1994 a 1996, información que discriminó en treinta aspectos.

El propósito de la información era que la misma fuera allegada a las investigaciones por concepto del impuesto de renta por los períodos gravables en mención. En las respuestas a los requerimientos, el actor aportó copias de las declaraciones de renta de los años 1994 a 1996.

Tales respuestas, evidentemente, no corresponden a la información solicitada por la DIAN, pues, no tiene sentido que si lo que pretende la Administración es tener elementos de juicio dentro de las investigaciones iniciadas contra el contribuyente por las declaraciones de renta de 1994 a 1996, baste con copia de las mismas para que tales elementos obren en la actuación administrativa, cuando es precisamente su veracidad lo que se está tratando de verificar.

Además, las copias de las declaraciones se encuentran en poder de la DIAN. Así pues, el contenido de la información suministrada no correspondía a lo solicitado por la Administración. De otra parte, los argumentos del demandante en el sentido de que la DIAN debió hacer una comprobación previa de las declaraciones entregadas y proferir requerimientos especiales, no tienen fundamento legal, pues, una cosa es el incumplimiento del deber legal de informar, y, otra, el proceso de determinación del tributo, en el cual sólo en caso de proferirse liquidación oficial de revisión, es necesario que la autoridad tributaria expida previamente el requerimiento especial (artículo 703 del Estatuto Tributario).
  (2015-04-15) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 15109


DEBER DE CONSERVAR INFORMACION TRIBUTARIA - Debe conservase las informaciones y pruebas para acreditar los datos declarados.

  • FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA DIAN - Puede solicitarle a los contribuyentes la información tributaria que requiera.
A su vez, puso en evidencia que no tenía la información solicitada, salvo lo que constaba en la declaración, con lo cual violó, además, el artículo 632 del Estatuto Tributario que ordena a los contribuyentes conservar la información y pruebas que permitan acreditar los ingresos, costos, deducciones, descuentos, exenciones y demás beneficios tributarios, las declaraciones tributarias presentadas, las consignaciones de retención en la fuente practicadas como agentes retenedores y la contabilidad con los comprobantes de orden interno y externo.

No sobra recordar que la Administración, en cumplimiento de sus amplias facultades de investigación para el debido control de los tributos, puede solicitar información a los contribuyentes, máxime en este caso, en el que la misma debía reposar en poder del actor, pues versaba sobre operaciones efectuadas y relacionadas con él.
  (2015-04-15) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 13575


PROCEDENCIA DE COSTOS DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES - No es requisito que la factura tenga fecha cierta de expedición.

  • FECHA CIERTA DE EXPEDICION - Se exige para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, para los documentos equivalentes a la factura que expidan
  • DOCUMENTO PRIVADO - Tiene fecha cierta o auténtica desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa
Para efectos de la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del estatuto Tributario señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, y que cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que legalmente se establezcan.

De manera que cuando el contribuyente aporta la factura con el lleno de los requisitos legales, esa factura, como documento probatorio, no supedita a la administración tributaria o al juez a reconocer el costo, gasto o deducción.

Por el contrario, esa prueba le permite a la autoridad tributaria, o al juez, comprobar la veracidad de los hechos contenidos en la factura, tales como la existencia del proveedor y, por ende, la existencia de la transacción económica incorporada en el título y, para el efecto, hay absoluta libertad probatoria.

Lo que realmente establece el artículo 771-2 es que la factura, como documento, es un medio de prueba para la procedencia de los costos y deducciones. En consecuencia, es un documento ad probationem que se exige por ley como prueba necesaria, puesto que las facturas que cumplen los requisitos previstos en los artículos 617 y 618 E.T. son pruebas que, por ley, deben cumplir ciertas formalidades.
  (2015-04-15) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 13575


ACTO QUE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DEL BENEFICIO DE AUDITORIA - Por ser un acto definitivo requiere ser notificado al contribuyente.

  • ACTO DEFINITIVO - Lo es el que declara la improcedencia del beneficio de auditoria: no es acto de trámite
Para la Sala el contenido del acto demuestra a las claras que no es un simple auto de trámite pues no se limita a ordenar el archivo de un expediente, que por lo demás se abrió oficiosamente, sino que contiene una decisión unilateral definitiva de la administración como es la de declarar que no procede el beneficio de auditoría, determinación que sin duda crea una situación jurídica concreta como es la de excluir del beneficio a la sociedad, luego de haberla inducido a efectuar la corrección.

Expedido el auto, no se le notificó a la contribuyente como lo admite la Administración, fue una actuación oculta, como lo anota el demandante y por consiguiente no se le dio la oportunidad de controvertirlo en la vía administrativa.

Destaca la Sala de otro lado la conducta incoherente de la Administración en este proceso, pues aunque acepta que no se notificó el acto demandado, esgrime la excepción de inepta demanda con fundamento en la caducidad de la acción y la falta de agotamiento de la vía gubernativa, sin tener en cuenta que por su omisión, la contribuyente no conoció el acto y no se le dio la oportunidad de discutir su legalidad.

Olvida así que ante la justicia nadie puede aspirar a obtener beneficios derivados de su propia culpa - Nemo auditur turpitudiem allegans.
  (2015-04-15) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación No (18664)


DEDUCCION POR INVERSION EN ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS - Para demostrar su procedencia se debe aportar la factura que cumpla los requisitos legales.

  • COSTOS Y DEDUCCIONES - No proceden si no se respaldan con factura, en caso de que ésta se deba expedir, no porque sean inexistentes, sino porque no se goza de la prerrogativa para solicitar su reconocimiento
En el sub examine, la DIAN desconoció la suma de $459.608.000, solicitada como deducción por inversión en activos fijos, por la compra de un taladro marca IDECO H-35 a la sociedad Eagle Transport Ltda., por cuanto no aportó la factura donde conste el valor de compra del bien y por que en la Factura Cambiaria de Transporte N° 0945 del 17 de marzo de 2004 que aportó la sociedad vendedora, figura como pago parcial por la venta del 50% del taladro, la suma de $100.000.000.

Para la Sala, el desconocimiento de la Administración se ajustó a derecho puesto que tratándose de una transacción realizada con una persona jurídica obligada a expedir factura, en su calidad de comerciante, debió exigirse por constituir el respaldo idóneo para la procedencia de las deducciones.

En ese contexto, para tener derecho a deducir, en la determinación del Impuesto sobre la renta, el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivamente realizadas en la adquisición de activos fijos reales productivos, los contribuyentes deben aportar, en caso de que la DIAN lo requiera, la factura respectiva con el cumplimiento de los requisitos antes anotados.

Como lo ha sostenido la Sala en ocasiones anteriores, si la deducción o el costo no están respaldados con una factura que reúna los requisitos previstos en la norma, en el caso en que ésta deba expedirse, el contribuyente no tiene derecho a la deducción solicitada, no porque se considere inexistente, sino porque no goza de la prerrogativa para solicitarla.
  (2015-04-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación No (18664)


FACTURA CON REQUISITOS LEGALES - Se requiere para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas.

  • FACTURA - Requisitos / FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE - Sus requisitos no son meras formalidades / DEDUCCIONES - Para demostrarlas existe tarifa legal porque se debe presentar la factura que las respalde
El artículo 771-2 del Estatuto Tributario dispone que para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de la factura con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario.

En ese contexto, la factura que fundamente un costo o una deducción, debe cumplir los siguientes requisitos: b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. e) Fecha de su expedición. f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. g) Valor total de la operación.

Por su parte, el artículo 618 del mismo estatuto, modificado por la Ley 488 de 1998, establece la obligación a cargo de los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando los funcionarios de la Administración Tributaria, debidamente comisionados para el efecto, así lo exijan.

De acuerdo con las disposiciones citadas y en relación con los requisitos de las facturas para la procedencia de deducciones, la Sala ha estimado que no es una mera formalidad. Lo anterior por cuanto esta exigencia tiene como finalidad, no sólo servir de fuente de información para el control del recaudo de los impuestos, sino para establecer, con certeza, la existencia y transparencia de las transacciones económicas que dan lugar a las deducciones.

De acuerdo con lo anterior, como lo ha considerado la Sala, la norma establece una tarifa legal probatoria, de manera que para la procedencia de las deducciones solicitadas por un contribuyente debe presentarse la factura que los respalde.
  (2015-04-14) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación No (18664)


COMPROBANTES DE CONTABILIDAD - Soportes y forma de llevarlos.

  • COMPROBANTES DE CONTABILIDAD - Soportan las partidas asentadas en los libros
Según el articulo 123 del Decreto 2649 de 1993, los hechos económicos deben documentarse mediante soportes, de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren; estos soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos, de tal manera que sea posible su verificación.

Por su parte, el artículo 124 del referido decreto dispone que las partidas asentadas en los libros de resumen y en aquél donde se asienten en orden cronológico las operaciones, deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad elaborados previamente. Dichos comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes, por cualquier medio y en idioma castellano.

Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente, con indicación del día de su preparación y de las personas que los hubieren elaborado y autorizado. En ellos se debe indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento.

La descripción de las cuentas y de las transacciones puede efectuarse por palabras, códigos o símbolos numéricos, caso en el cual deberá registrarse en el auxiliar respectivo el listado de códigos o símbolos utilizados según el concepto a que correspondan. Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por resúmenes periódicos, a lo sumo mensuales. Los comprobantes de contabilidad deben guardar la debida correspondencia con los asientos en los libros auxiliares y en aquel en que se registren en orden cronológico todas las operaciones.
  (2015-04-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: (15584)


IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Al ser un impuesto de período las nuevas normas se aplican a partir del período siguiente a la vigencia de la Ley.

  • PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD TRIBUTARIA - Es aplicable en materia tributaria sin diferenciar si las normas son favorables o no al contribuyente
  • PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD - No se aplican en materia tributaria
En primer lugar, debe advertirse que de conformidad con los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, las normas tributarias no se aplican con retroactividad, y tratándose de impuestos en los que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, sólo se aplican a partir del periodo que comience después de la vigencia de la ley.

El impuesto sobre la renta es un tributo de periodo, pues se causa teniendo en cuenta el resultado económico del contribuyente en el año calendario que comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre. Es decir, aquellas disposiciones que regulen el impuesto de renta, no pueden aplicarse sino a partir del periodo gravable que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley.

Como ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, no es posible la aplicación inmediata, ni la aplicación retroactiva de normas que afecten alguno de los elementos que estructuran impuesto de periodo, pues ello implicaría la vulneración de las normas constitucionales ya mencionadas, disposiciones que precisamente procuran que los hechos ya formalizados jurídicamente y los que se encuentran en curso al momento de expedición de una ley, no se vean afectados por los cambios, en aras de la seguridad jurídica y de que haya certeza de las regulaciones de la obligación tributaria, previamente a la causación del impuesto (Principio de legalidad).

Para el caso de los tributos de periodo, las normas deben regir con anterioridad a su iniciación. Los artículos 338 y 363 de la Carta Política proscriben de manera categórica la retroactividad de la ley, sin diferenciar si son o no favorables al contribuyente. La ley aplicable es la vigente al inicio del periodo.
  (2015-04-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: (15584)


DEDUCCION POR INTERESES - Antes de la reforma de 1998 sólo se aceptaban los efectivamente canceladas.

  • INTERESES CAUSADOS - No eran deducibles antes del período gravable 1998
  • INTERESES CAUSADOS - Son deducibles a partir de la Ley 488 de 1998
En consecuencia en el presente caso, debe aplicarse el artículo 117 del Estatuto Tributario, antes de la modificación de que fue objeto, porque además de lo ya expuesto, el artículo 3° de la Ley 488 de 1998 no es una norma "favorable" al contribuyente, pues bien puede suceder que para otros contribuyentes o incluso para el demandante en algunos eventos, tenga efectos más gravosos.

Estos argumentos no están llamados a prosperar. De otra parte, la actora considera que deben aceptarse los intereses causados y no pagados durante el año 1998, con fundamento en el artículo 104 del Estatuto Tributario y el artículo 100 del Decreto 2649 de 1993, pues en su criterio las deducciones de quienes llevan contabilidad de causación, se realizan en el periodo en que se causen, aunque no se hayan pagado todavía.

Al respecto, la Sala reitera su criterio sobre la deducibilidad de los intereses, de acuerdo con la legislación vigente antes de la Ley 488 de 1998 en el sentido que para los periodos gravables 1998 y anteriores sólo se aceptaban como deducibles los efectivamente cancelados, siempre que estén debidamente certificados por la entidad beneficiaria del pago, independientemente de su causación contable, aspecto que sólo entró a operar con la modificación introducida por dicha Ley al artículo 117 del Estatuto Tributario.
  (2015-04-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: (15584)


CAUSACION DE LAS DEDUCCIONES - Implica que el contribuyente que recibe el servicio las debe contabilizar en el mismo año .

  • DEDUCCION POR REPARACION DE VEHICULOS CON GARANTIA - Debe solicitarse en el año en que el tercero realiza y factura el trabajo de reparación
Al respecto debe señalarse que de conformidad con los artículos 104 y 105 del Estatuto Tributario, se entienden realizadas las deducciones para los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación en el año o período en que se causen y se entiende causada una deducción cuando nace la obligación de pagarla, aunque no se haya hecho efectivo el pago.

De acuerdo con el artículo 107 ib. son deducibles las expensas realizadas durante el año o periodo gravable. En el presente caso, la deducción no se causó en el año 1998 pues como lo reconoce expresamente la sociedad demandante, el concesionario Casa Británica realizó las reparaciones de los vehículos cobijados con garantía a cargo de SOFASA durante el año 1997 y así expidió la correspondiente factura, luego la actora también debió reconocer en dicho periodo la deducción, independientemente de que no se hubiese realizado el pago o de que adicionalmente deban cumplirse unos requisitos formales para la cancelación de la obligación, pues en todo caso el hecho económico se realizó en el periodo gravable 1997.
  (2015-04-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: (15584)


TIQUETES DE TRANSPORTE AEREO - Son documentos equivalentes a la factura para demostrar costos y deducciones.

  • FACTURA COMO SOPORTE DE DEDUCCIONES - No se requiere en el caso de los tiquetes o billetes de transporte aéreo.
  • DEDUCCION POR TIQUETES DE TRANSPORTE AEREO - Procede aunque no se tenga la factura por esos pagos
La sociedad demandante solicitó como deducción en su declaración de renta por pagos realizados a Avianca la suma de $52'757.925, de los cuales, la Administración rechazó $18'519.957 considerando que no tenían soporte y porque correspondían a personas diferentes. El Tribunal aceptó los soportes de las transacciones de caja menor, así como los demás soportes aportados por la demandante, quien explicó que se trataba de servicios prestados por terceros diferentes de AVIANCA, pero por error se asignaron a esta empresa.

Frente a estos argumentos, considera la Sala que en este caso no es aplicable el artículo 781 del Estatuto Tributario porque ésta no fue la norma que sustentó el rechazo de estas deducciones, además no hay evidencia de que el contribuyente haya omitido la presentación de sus libros y demás comprobantes de contabilidad.

En este caso el contribuyente debía acreditar la realidad de los gastos que no tenían como soporte la factura respectiva, lo cual se logra con las notas de cobro de AVIANCA que obran a folios 209 a 213 de los anexos aportados con la demanda, donde consta el cobro a SOFASA S.A. por concepto de tiquetes.

Cabe recordar que de conformidad con el numeral 7 del artículo 5° del Decreto 1165 de 1996, los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros son documentos equivalentes a la factura, por lo que este último documento no se requiere para la demostración de los costos y deducciones.
  (2015-04-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: (17840)


PROCESO EJECUTIVO DE COBRO COACTIVO EN MATERIA TRIBUTARIA - Presupone la existencia de un título ejecutivo.

  • FACTURA DE COBRO - Es título ejecutivo
Entendido un proceso como "La coordinada sucesión de actos jurídicos derivados del ejercicio de un acto procesal, y que tienen por objeto una decisión de índole jurisdiccional", es claro que, los actos administrativos deben proferirse respecto de las pretensiones invocadas sobre el mismo, y tener incidencia directa sobre ellas.

La apertura de un proceso ejecutivo de cobro coactivo en materia tributaria, implica necesariamente la preexistencia de un "Título Ejecutivo Cobrable", esto es, debidamente ejecutoriado, en los que conste a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, una obligación expresa, clara y actualmente exigible por no estar pendiente de ningún plazo o condición.

El artículo 828 E.T. discrimina taxativamente los documentos que prestan mérito ejecutivo para el cobro coactivo, y que sirven de soporte jurídico para que la Administración proceda iniciar el proceso mediante la emisión del correspondiente Mandamiento de Pago, en el que se ordena al deudor el pago de las obligaciones pendientes a favor de la entidad Estatal.

Entendido un proceso como "La coordinada sucesión de actos jurídicos derivados del ejercicio de un acto procesal, y que tienen por objeto una decisión de índole jurisdiccional", es claro que, los actos administrativos deben proferirse respecto de las pretensiones invocadas sobre el mismo, y tener incidencia directa sobre ellas.
  (2015-04-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: (14359)


PRUEBA POSTCONSTITUIDA - Se presenta cuando la fecha de autenticación es posterior al año gravable investigado.

  • FACTURA COMO DOCUMENTO SOPORTE - La fecha debe corresponder al año gravable investigado.
  • FECHA CIERTA DE FACTURA - Desde cuando ha sido registrado o presentado ante una autoridad.
En el sub examine se observa que las facturas expedidas por la sociedad Hernando Pulecio y Cía. S. en C. no fueron aportadas en el momento de la inspección contable como parte de la contabilidad del contribuyente como tampoco con ocasión del memorial de octubre 8 de 1997 con el que envía las fotocopias auténticas de los anexos de la declaración de renta y complementarios año 1995, oportunidad en la cual solo acompañó comprobantes de egresos sin sus correspondientes soportes de carácter externo.

Además se observa al igual que lo hizo la Administración, que las mencionadas facturas tienen como fecha de autenticación el 24 de marzo de 1998 cuando el periodo investigado es el año 1995, razón por la cual la fecha cierta tal como lo prevé el artículo 767 del E.T., corresponde a más de dos años después de realizadas las operaciones por lo cual bien pueden tenerse como prueba post-constituida, sin la fuerza suficiente para desvirtuar las glosas de la Administración.

De otra parte, el hecho que no se hubiera encontrado local o establecimiento de la sociedad Hernando Pulecio y Cía S. en C. y que se encuentre inactiva ante la Cámara de Comercio, resta credibilidad a la realidad de los costos declarados y para su aceptación no es suficiente el contrato toda vez que su fecha de autenticación es de 24-03-98 y el período discutido es 1995.
  (2015-04-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 54001-23-31-000-1994-08370-01(30850)
26/11/2015

ACCION DE REPARACION DIRECTA - Caducidad / ACCION DE REPARACION DIRECTA - Término dos años.

En el presente caso la pretensión resarcitoria se originó en los perjuicios causados por la prolongación injustificada de los tramites de nacionalización de la mercancía importada por el actor, lo cual ocurrió entre el 10 de diciembre de 1990 al 2 de febrero de 1993 fecha en que los bienes ingresados al país fueron finalmente entregados al demandante, siendo esta última la fecha a partir de la cual cesó el hecho generador del daño y por tanto, desde cuando debe empezar a contarse el término de caducidad de la acción de reparación directa, lo que significa que tenían hasta el día 3 de febrero de 1995 para presentarla y, como ello se hizo el 7 de abril de 1994 resulta evidente que el ejercicio de la acción ocurrió dentro del término previsto por la ley (Art. 136 del CCA).
Rincon del Mar


  (2015-04-08) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 54001-23-31-000-1994-08370-01(30850)
26/11/2015

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. - Por demora en trámite de nacionalización de mercancía importada

Se configuró por retardo de la tramitología de importación del vehículo. Si bien la demanda se dirigió contra el Ministerio Hacienda y Crédito Publico Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y así fue admitida la demanda, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Decreto 1071 de 1991, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está organizada como una unidad administrativa especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El carácter de adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conlleva que el objeto de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- deba cumplirse conforme a los lineamientos de política fiscal que indique el Ministro de Hacienda y Crédito Público y enmarcarse dentro del programa macroeconómico que se adopte por las autoridades competentes.

Sin embargo no puede perderse de vista que la DIAN es un órgano autónomo que puede comparecer al proceso a través de su representante, sin que resulte necesario citar al ente ministerial para que obre en su nombre, pues a pesar de ser un ente adscrito, cuenta con personería jurídica y patrimonio propio, derivando de allí su capacidad procesal y la posibilidad de responder por las obligaciones emanadas de los litigios adelantados en su contra, de manera que la responsabilidad que aquí será declarada y su consecuencial condena de perjuicios recaerá exclusivamente sobre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Rincon del Mar


  (2015-04-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Facultad de fiscalización de la DIAN puede hacerse efectiva en cualquier tiempo sin tener en cuenta la persona que alegue la calidad de tenedor o propietario de la mercancía.

Síntesis del caso:
La DIAN pretende mediante acción de tutela la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por la providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad de los actos administrativos proferidos por la entidad tutelante, con fundamento en la presunta ilegalidad de la aprehensión y el decomiso del camión modelo 1988, debido a que este no contaba con declaración de importación o declaración de despacho para consumo.
Rincon del Mar


  (2015-03-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se ordena a la DIAN la entrega de una mercancía decomisada, ya que la omisión, en la declaración de importación, del serial que tenían las baterías, no era el elemento fundamental que permitía identificar la mercancía.

Síntesis del caso:
La sala confirma la sentencia apelada, al considerar que la DIAN no debió decomisar la mercancía, ya que lo que permitía identificar plenamente las baterías era el número de la referencia de estas y no el serial que tenían impresas en un adhesivo.
Rincon del Mar


  (2015-03-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Por ser la denominación LEONISA S.A. una marca notoriamente conocida, la Superintendencia de Industria y Comercio no podía otorgar el registro de una marca similar.

Síntesis del caso:
La sala declara la nulidad de los actos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, al comprobarse que la denominación LEONISA S.A. es una marca notoriamente conocida en el marcado, y si se permitiere la coexistencia de la marca cuestionada podría llegarse a la dilución de la fuerza distintiva de los signos enfrentados, lo que conllevaría al deterioro del valor comercial y publicitario de los productos y servicios que ampara la marca LEONISA S.A.
Rincon del Mar


  (2015-03-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Por dilación injustificada en el trámite de nacionalización de vehículo, se condenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a pagar perjuicios materiales a su propietario.

Síntesis del caso:
Los días 9 y 26 de noviembre de 1990 a persona natural se le aprobó la importación de un vehículo Jeep y de una capota metálica, piezas procedentes de Venezuela, pero al efectuarse el aforo de la mercancía se varió la posición arancelaria, interpretando que se trataba de una sola pieza, aunque los manifiestos de licencias de importación eran separados y correspondían a dos partes diferentes.

Pese a que el importador solicitó la corrección del acto de aforo, la administración confirmó que era una sola pieza. Transcurrido todo el tiempo por tramitología errónea, la que fue recurrida por el perjudicado, el superior ordenó terminar la nacionalización y entrega del bien que se realizó en un total estado de deterioro, situación que llevó al afectado a demandar a la DIAN por los perjuicios materiales ocasionados, en ejercicio de la acción de reparación directa.
Rincon del Mar


  (2015-03-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es nulo el Acuerdo 017 de 2002, por el cual el Concejo de Sabanagrande (Atlántico) fijó los elementos del impuesto de alumbrado público en su jurisdicción territorial.

Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del Acuerdo 017 del 29 de agosto de 2002, del Concejo Municipal de Sabanagrande «Por el cual se organiza el servicio de alumbrado público, se definen sus elementos constitutivos, se autoriza al alcalde para entregar en concesión la operación, mantenimiento y expansión del sistema y cruce de cuentas».

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que negó la nulidad de dicho Acuerdo, para lo cual reiteró que los concejos municipales están facultados por el artículo 338 de la Constitución Política para definir los elementos de los tributos cuando la ley que autorizó su creación no lo hizo; en el caso del impuesto de alumbrado público, en virtud de los artículos 1, literal d, de la Ley 97 de 1913 y 1 de la Ley 84 de 1915.
Rincon del Mar


  (2015-03-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se reitera que el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no creó una contribución con destino al deporte ni autorizó a los municipios para crearla en su jurisdicción.

Síntesis del caso:
Mediante el Acuerdo 021 del 25 de junio de 2008, el Concejo de Yopal creó y fijó los elementos esenciales de la contribución pro-deporte municipal.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare que anuló ese Acuerdo tras concluir que el concejo se extralimitó en sus funciones al expedir tal normativa con fundamento en el artículo 75 de la Ley 181 de 1995, dado que este no creó ni autorizó a los municipios para crear una contribución especial o ‘sobretasa’ con destino al deporte.
Rincon del Mar


  (2015-03-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se reitera que el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no creó una contribución con destino al deporte ni autorizó a los municipios para crearla en su jurisdicción.

Síntesis del caso:
Mediante el Acuerdo 021 del 25 de junio de 2008, el Concejo de Yopal creó y fijó los elementos esenciales de la contribución pro-deporte municipal.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare que anuló ese Acuerdo tras concluir que el concejo se extralimitó en sus funciones al expedir tal normativa con fundamento en el artículo 75 de la Ley 181 de 1995, dado que este no creó ni autorizó a los municipios para crear una contribución especial o ‘sobretasa’ con destino al deporte.
Rincon del Mar


  (2015-03-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El servicio de fabricación de envases para embotellamiento de agua prestado por persona distinta del productor del agua tratada está excluido del IVA por ser intermedio en la producción de agua envasada.

Síntesis del caso:
AMCOR PET PACKAGING DE COLOMBIA presentó la declaración electrónica del IVA del segundo bimestre gravable del 2006 en la que liquidó ingresos brutos por operaciones excluidas provenientes de la prestación del servicio de fabricación de envases para embotellamiento de agua, en cuanto lo consideró intermedio en la producción de agua envasada.

La DIAN modificó esa declaración para adicionar tales ingresos al impuesto a cargo por operaciones gravadas tras estimar que, para prestar el servicio de fabricación de envases, AMCOR incorporó bienes gravados que ella misma fabricó, elaboró y procesó, con lo que incurrió en el hecho generador de IVA del literal c) del art. 421 del E.T. En consecuencia redujo a $0 los ingresos brutos por operaciones excluidas, incrementó el impuesto a cargo por operaciones gravadas, sancionó por inexactitud y determinó un saldo a pagar.

En sede del recurso de reconsideración, la DIAN levantó la sanción, redujo a $0 el saldo a pagar y determinó un saldo a favor.
Rincon del Mar


  (2015-03-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es dable predicar la autonomía fiscal de las entidades territoriales, con el fin de aplicar una norma tributaria local que contraría las disposiciones legales especiales.

Síntesis del caso:
Gases de Occidente S.A. E.S.P. declaró en Cali el ICA del año 2003, por haber desarrollado la actividad de fabricación de gas y/o distribución de combustibles gaseosos por tuberías. Para el efecto, aplicó la base gravable prevista en el art. 67 de la Ley 383 de 1997, esto es, el margen bruto de comercialización del combustible, del que excluyó los costos del gas.

El municipio modificó la declaración para aumentar la base gravable, determinar un mayor impuesto a pagar, rechazar retenciones y sancionar por inexactitud. Ello, en aplicación del art. 21 del Acuerdo 35 de 1985, del Concejo de Cali, según el cual el ICA se liquida sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, del que no se descuenta el costo de comercialización del gas.

Al estudiar la legalidad de los actos de determinación del ICA, la Sala concluyó que el municipio no podía invocar la autonomía tributaria de que gozan los entes territoriales para aplicar el referido Acuerdo, en contravía de las disposiciones legales especiales que, en el caso concreto, prevén reglas para determinar la base gravable del tributo para la actividad de distribución de gas combustible, bien que se realice como servicio público domiciliario o no.
Rincon del Mar


  (2015-03-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 7940
FACTURA - Autorización de numeración. Requisitos. Autorización para software.

NUMERACION UNICA NACIONAL EN FACTURACION - Autorización para software.

A simple vista se observar que en ningún evento y en parte alguna del artículo 617 del E.T., se exige la previa autorización administrativa de la numeración para la expedición de las facturas, y en particular, para las expedidas por computador o por medio de talonarios, tal como lo imponen los incisos 1º y 3º del artículo 2º del acto acusado, motivo por el cual deben suspenderse los efectos jurídicos de los mismos.

De otra parte se observa también la flagrante violación del artículo 617 del E.T. por parte del inciso 3º del artículo 2º ibidem, pues mientras en éste se exige que quienes utilicen el sistema de facturación por computador deben solicitar la autorización del software, salvo que se emplee papel de facturación con los requisitos preimpresos del artículo 617 del E.T., éste último.

En ningún caso, exige la autorización del software. De consiguiente, se hace imperioso que los efectos de dicho inciso sean suspendidos también del ámbito jurídico. Las anteriores razones son suficientes para suspender los efectos jurídicos del artículo 2º de la Resolución No. 3878 de 1996. Se observa que mientras el artículo 617 del E.T., dispone que uno de los requisitos de la factura es que lleve un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva, el artículo 5º acusado exige además que dicha numeración deber ser "única nacional" con lo cual se evidencia claramente que la expresión acusada excede flagrantemente el texto de la norma legal, razón por la cual deberá ser suspendida.

Así mismo, y en relación con el último inciso, se encuentra que también incluye requisitos no previstos en el artículo 617 del E.T., como lo son el número y fecha de la resolución de autorización, el señalamiento de que la Administración no se pronunció en forma oportuna, si es del caso, y el número de intervalos de numeración consecutiva autorizadas, exigencias éstas, que como se dejó dicho, no tienen cabida en el artículo 617 del E.T. de consiguiente se impone también la suspensión del último inciso del artículo 5º.
  (2015-03-24) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 7984

FACTURACION DE TIPOGRAFOS - Régimen simplificado / FACTURA - Expedición por litógrafos y tipógrafos.

TIPOGRAFOS - Expedición de factura.

Si bien es cierto que al comparar la norma suspendida con el artículo 616 - 2 del Estatuto Tributario se observa que mientras ésta establece que los responsables del régimen simplificado no están obligados a expedir factura, el Parágrafo 2º del artículo 10 del Decreto 1165 de 1996, suspendido dispone dicha obligación para los tipógrafos y litógrafos , consagrando una excepción adicional, también es cierto como lo afirma el recurrente que según el artículo 618 - 2 numeral del Estatuto Tributario las personas que elaboren facturas o documentos equivalentes deben cumplir con unos requisitos, entre ellos el de expedir factura por la prestación del servicio.

Lo anterior indica que la obligación de expedir factura para los tipógrafos y litógrafos surge de la ley y por ello, no resulta válido afirmar que la norma demandada está consagrando una obligación adicional y exceda por ello la ley reglamentada, si demás en ella se invoca el artículo 618 - 2 que la prescribe.
  (2015-03-24) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-37-000-2006-00945-01(16739)
    NUMERACION EN EL DOCUMENTO EQUIVALENTE - Requisito para que ser tenido como prueba.
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    FACTURA Y DOCUMENTO EQUIVALENTE - Cuando no existe la obligación de expedirlos el documento probatorio debe reunir los requisitos que señale el Gobierno Nacional. Eventos en los que no se deben expedir.
El artículo 771-2 del Estatuto Tributario dispuso que para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requieren facturas con los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, a saber:
  • b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
  • c) Apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios, cuando éste exija la discriminación del impuesto pagado, por tratarse de un responsable con derecho al correspondiente descuento.
  • d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
  • e) Fecha de su expedición.
  • f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
  • g) Valor total de la operación. Igualmente, la norma exige la observancia del artículo 618 ejusdem, que obliga a todos los adquirentes de bienes corporales muebles o servicios, a exigir factura o documento equivalente, y a exhibirlos cuando la Administración Tributaria se los exija.
El legislador también reguló la tarifa legal probatoria para el caso de los documentos equivalentes, previendo que éstos debían cumplir los requisitos de los literales b), d), e) y g) anteriormente transcritos.

Respecto del cumplimiento del requisito del literal d) (número correspondiente a un sistema de numeración consecutiva), advirtió que bastaba con que la factura o documento equivalente tuviera la respectiva numeración.

A su vez, el Decreto 3050 de 1997 (artículo 2) señaló que la factura o documento equivalente debía reunir, como mínimo, los requisitos contemplados en el artículo 771-2, sin perjuicio de la obligación para quien los expedía de hacerlo con el lleno de los requisitos de numeración consecutiva, preimpresión y autorización previa contemplados en las normas vigentes.
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Radicación número: 25000-23-37-000-2006-00945-01(16739)
    TARIFA LEGAL PROBATORIA PARA LA PROCEDENCIA DE COSTOS Y DEDUCCIONES - Es un presupuesto del derecho sustancial.
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    CONTRIBUYENTE - debe comprobar la titularidad de todos los conceptos de la declaración de renta.
La factura, sus documentos equivalentes y, cuando no existe la obligación legal de expedir ninguno de ellos, los documentos soporte expedidos por los adquirentes de bienes y servicios, son la tarifa legal probatoria para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables y, en esa medida, dejan de ser una simple formalidad para pasar a constituir el presupuesto de un derecho sustancial, en cuanto son fuente de información para el control de la actividad generadora de renta, para el cobro y recaudo de ciertos impuestos y para evitar o disminuir la evasión y el contrabando, en orden a efectivizar los principios constitucionales de solidaridad y prevalencia del interés general.

Es claro que la finalidad de la exigencia legal referida no es otra distinta a establecer con certeza la ocurrencia y transparencia de las transacciones económicas que generan los descuentos, costos, deducciones e impuestos descontables, pues, como lo señaló la Corte Constitucional, la que configura el derecho a solicitar aquéllos no es la simple transacción, sino el hecho de ésta se realice en el marco de la ley y bajo las formalidades que la misma prevé.

Y es que la simple realización de costos y deducciones no conlleva su reconocimiento fiscal, pues la obligación tributaria se origina en hechos económicos realizados por un determinado contribuyente, quien debe probar la titularidad de todos los conceptos que hacen parte de la depuración del impuesto, con las formalidades previstas en la ley.
  (2015-03-16) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-37-000-2006-00945-01(16739)
    PROCEDENCIA DE COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES - El adquirente de los bienes no puede conocer el régimen de impuesto a las ventas de quien expide la factura.
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    FACTURA - Es el comprobante externo y la prueba fiscal que soporta las operaciones realizadas por todos los contribuyentes.
De acuerdo con las normas contables, los asientos, comprobantes y libros reveladores de hechos económicos deben documentarse mediante soportes, de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren.

Estos - los soportes - pueden adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos y, en cualquier caso, debe dejarse constancia de los mismos, y conservarse archivados en orden cronológico para poderse verificar (Decreto 2649 de 1993, arts. 56, 123, 124 y 134).

Fiscalmente, el artículo 776 del Estatuto Tributario reconoció la importancia de los soportes al prever que los comprobantes externos prevalecen sobre los asientos de contabilidad y que sólo es dable considerar demostrados los costos y deducciones hasta concurrencia del valor de dichos comprobantes.

En materia de costos, como los rechazados por la Administración, el régimen probatorio especial que integra dicho Estatuto, consagrado en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, sujetó la procedencia de los mismos a la existencia de factura, documento equivalente o documento soporte, expedidos por los adquirentes de bienes y servicios, en los términos y condiciones explicados en la primera parte de esta considerativa.

Y es que, como lo precisó la Corte Constitucional, para efecto del cumplimiento de los requisitos del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, el adquirente de bienes y servicios no está en la posibilidad de conocer datos que sólo conciernen a quien le vende o le presta aquéllos, como los que corresponden a su régimen de impuesto a las ventas que impliquen la obligación de expedir la factura.

Sin embargo, la Sala reitera que el comprobante externo y la prueba fiscal que soporta las operaciones realizadas por todos los contribuyentes es la factura, tal como lo prevén los mencionados artículos 615 y 618 del Estatuto Tributario, siendo obligación del adquirente de bienes y servicios exigirla para la procedencia de los respectivos costos, deducciones e impuestos descontables.
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Radicación número: 66001-23-31-000-1998-0637-01(12214)
    SOCIEDAD ANONIMA - Su denominación debe estar seguida de la palabra Sociedad Anónima o la sigla S.A.
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    NOMBRE O RAZON SOCIAL - Se refiere a la designación e individualización de la misma.
La controversia se limita a establecer si la demandante incurrió en una irregularidad sancionable, al expedir el tiquete de máquina registradora con la denominación "Santana de los Caballeros", omitiendo la expresión "sociedad anónima" o en su defecto la sigla "S.A."

Cuando la norma hace referencia al "nombre o razón social" y nos encontramos ante una sociedad comercial, debemos remitirnos a las normas mercantiles, ante la ausencia de definición legal especial de carácter tributario. El nombre o razón social de la sociedad hace referencia a la designación e individualización de la misma, su función es la de identificar a la persona jurídica.

El Código de Comercio exige que el nombre de las sociedades mercantiles se indique en la escritura de constitución como se dispone para cada tipo de sociedad, a su vez, el artículo 373 señala que la sociedad anónima tendrá una denominación seguida de las palabras "sociedad anónima" o de las letras "S.A:"

Para efectos mercantiles, el anunciarse sin dicha especificación implica que los administradores responderán solidariamente de las operaciones sociales que se celebren. En materia tributaria tanto la razón o denominación social, como el NIT, constituyen un factor primordial que permite la diferenciación de las personas, pero para estos efectos la ausencia de la expresión "sociedad anónima" o la sigla "S.A." no impiden dicho objetivo.
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Radicación número: 66001-23-31-000-1998-0637-01(12214)
    SANCION DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO - Es improcedente cuando se origina en la falta de especificación de la clase de sociedad.
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    FACTURA - La omisión de la clase de sociedad en la razón social no amerita sanción de clausura.
En materia tributaria, cuando se exige que en la facturas se indique el nombre, la razón social y el NIT del vendedor o de quien presta el servicio, se debe entender en el contexto mencionado, esto es, de tal forma que se individualice al obligado a expedir factura, para lo cual tanto la razón o denominación social, como el NIT, constituyen un factor primordial que permite la diferenciación de las personas, pero para estos efectos la ausencia de la expresión "sociedad anónima" o la sigla "S.A." no impiden dicho objetivo.

Para el caso en examen, no era posible para la Administración Tributaria derivar de la ausencia de las expresiones "sociedad anónima" o "S.A.", una infracción sancionable a la sociedad actora. Si atendiéramos la interpretación administrativa, se podría llegar al absurdo de sancionar a personas naturales por colocar en las facturas la inicial de su segundo nombre o su segundo apellido o de omitirlos; cuando la expresión de su nombre y su NIT permiten su inequívoca identificación.

Por lo expuesto, la Administración de Impuestos y Aduanas de Pereira sancionó indebidamente a la sociedad actora, al imponer la clausura o cierre del establecimiento de comercio denominado "Punto Rojo Bolivar" de su propiedad, por lo que los actos administrativos serán anulados.
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Radicación número: 76001-23-31-000-2006-01968-01(17318)
    RELACION DE CAUSALIDAD - Concepto.
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    CONEXIDAD - Relación entre el gasto y la actividad generadora de renta.
El artículo 107 E.T establece que son deducibles las expensas realizadas durante el periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad y sean necesarias y proporcionadas, de acuerdo con cada actividad.

Pues bien, por relación de causalidad debe entenderse la conexidad que existe entre el gasto (causa), realizado en cualquier actividad generadora de renta por el contribuyente durante el año o periodo gravable, con la actividad generadora de renta.

La conexidad se mide por la injerencia (nexo) que tiene el gasto en la actividad productora de renta (efecto). Nótese que el artículo 107 E.T no exige que a instancia del gasto se genere un ingreso, lo que exige es que tenga relación de causa y efecto, pero no como gasto-ingreso, sino como gasto-actividad.

Por eso, la Sala considera que la injerencia que tiene el gasto puede probarse con el ingreso obtenido, pero esa no necesariamente es la única prueba de la injerencia, si por tal se entiende la acción de "Entremeterse, introducirse en una dependencia o negocio". Dicha injerencia puede probarse con cualquier otro medio de prueba que permita tener certeza en el efecto logrado.
  (2015-03-16) [Mas Información]
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Radicación número: 76001-23-31-000-2006-01968-01(17318)
    DEDUCCION - La presentación de la factura no da derecho per se a su reconocimiento.
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    FACTURA - Debe reunir los requisitos del Estatuto Tributario. Medio de control de la evasión. Prueba idónea para probar los costos y los gastos.
El artículo 771-2 E.T establece que la para la procedencia de los costos o deducciones se requerirán las facturas o documentos equivalentes que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 617 [literales b), c), d), e), f) y g)] y 618 E.T. El artículo 771-2 se demandó ante la Corte Constitucional, por cuanto el demandante interpretó que el artículo vulneraba el derecho de defensa.

La Corte Constitucional declaró exequible la norma en el entendido de que la factura es un mecanismo de control de la evasión tributaria y una prueba idónea, para demostrar la existencia de los costos y gastos. Por lo tanto, para la Corte, la factura se exige para que la DIAN compruebe, por una parte, la veracidad de las transacciones económicas y, por otra, que esas transacciones se hayan realizado con el cumplimiento de las formalidades legales.

La Corte también consideró que cuando el artículo 771-2 E.T. exige la presentación de la factura, esa medida podría implicar una restricción a la libertad probatoria. Que, sin embargo, esa restricción podría estar justificada constitucionalmente porque sirve como medio para verificar la veracidad y la realidad de las transacciones económicas de los contribuyentes.

De la sentencia citada, sin embargo, no se infiere que la Corte haya dicho que la autoridad tributaria y el juez, según el caso, debían valorar la factura por el sistema de la tarifa legal probatoria. Y lo anterior es así, puesto que, aunque se presente una factura con el lleno de los requisitos legales, ese documento, per se, no otorga el derecho a la deducción o al reconocimiento del impuesto descontable.

De manera que cuando el contribuyente aporta la factura con el lleno de los requisitos legales, esa factura, como documento probatorio, no supedita a la administración tributaria o al juez a reconocer el costo, gasto o deducción. Por el contrario, esa prueba le permite a la autoridad tributaria, o al juez, comprobar la veracidad de los hechos contenidos en la factura, tales como la existencia del proveedor y, por ende, la existencia de la transacción económica incorporada en el título y, para el efecto, hay absoluta libertad probatoria.
  (2015-03-16) [Mas Información]
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Radicación número: 76001-23-31-000-2006-01968-01(17318)
    INDICIO EN MATERIA TRIBUTARIA - Puede desvirtuarse si el contribuyente presenta posteriormente las pruebas de los hechos económicos que alega.
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    IVA DESCONTABLE - No procede cuando ese mayor valor se lleva al costo o al gasto.
Para la Sala, es indudable que el gasto en que incurrió la demandante tiene relación con la actividad productora de renta, en la medida de que la sociedad RTS Colombia Ltda. es una sociedad que ofrece servicios de asesoría administrativa, financiera y jurídica a las empresas que prestan servicios médicos en el área de la nefrología.

Tampoco cabe duda de que esa asesoría incide positivamente en la actividad productora de renta, pues, como acertadamente lo dijo la actora, permite la consecución de nuevos clientes y la disminución de costos en el desarrollo de la actividad de la compañía.

En efecto, en el cuaderno de antecedentes administrativos se encuentra el contrato de prestación de servicios que corrobora la injerencia positiva de la asesoría en la actividad productora de renta, pues RTS se comprometía a prestar soporte de mercadeo, soporte en el área clínica, asesoría en el área legal y asesoría en el área de recursos humanos.

Ese tipo de asesoría, sin duda, está relacionada con el objeto social de la entidad demandante. Aunque, se repite, el contrato no era la única prueba para demostrar la deducción reclamada, lo cierto es que corrobora la incidencia positiva en la actividad productora de renta.

Para la Sala, no incide en la aceptación de la deducción el hecho de que el contrato de asesoría no se hubiera aportado cuando lo pidió la DIAN, pues lo cierto es que si bien eso debe examinarse, en principio, como un indicio en contra del contribuyente, lo cierto es que ese indicio no se opone a que el contribuyente acredite después los costos y deducciones que pretende hacer valer, en los términos del artículo 781 E.T.
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Radicación número: 76001-23-31-000-2006-01968-01(17318)
    FACTURA - Documento que sustituye el certificado en caso de no expedirse la certificación.
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    RETENCION EN LA FUENTE - La carga de la prueba la tiene el contribuyente.
Lo primero que conviene precisar es que la retención en la fuente es un mecanismo anticipado de recaudo del impuesto, que recae sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente y cuya finalidad principal es garantizar que el recaudo se realice en el mismo periodo en que se causa.

Ahora bien, el artículo 374 E.T. prevé que el "impuesto retenido será acreditado a cada contribuyente en la liquidación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios del correspondiente año gravable, con base en el certificado que le haya expedido el retenedor." El artículo 381 E.T., por su parte, establece que cuando se trate de retenciones en la fuente diferentes a las originadas en la relación laboral, o legal y reglamentaria, el certificado de retenciones deberá describir:
  • El año gravable y la ciudad en que consignó la retención;
  • La identificación y la dirección del agente retenedor;
  • La identificación de la persona a la que se le practicó la retención;
  • El valor total y el concepto del pago sujeto a retención;
  • La cuantía y el concepto de la retención en la fuente, y
  • La firma del pagador o agente retenedor.
Según el parágrafo primero de ese artículo, las personas sometidas a retención en la fuente podrán sustituir el certificado de retención por el original o copia o fotocopia de la factura o documento equivalente, en los casos que el obligado no lo hubiera expedido, pero siempre que cumplan con los requisitos de esa misma norma.

Es decir, la factura o documento equivalente sustituye al certificado de retención siempre que cumpla tanto los requisitos de los artículos 617 y 618 como los del 381 E.T. Es necesario, entonces, que en la factura o documento equivalente aparezca identificado el año gravable y el lugar donde se consigna la retención; el monto total y el concepto del pago, y el valor y concepto de la retención practicada.

Todo eso para que exista certeza de que la retención se practicó en debida forma y para que pueda aceptarse como descuento del impuesto de renta. La carga de demostrar el monto de la retención corresponde al contribuyente que pretende que se le descuente en el impuesto de renta del año 2001. La demandante no puede aportar una serie de documentos contables para que la administración o el juez administrativo infieran, deduzcan, que se le practicaron las retenciones reclamadas.
  (2015-03-16) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 76001-23-31-000-2006-01968-01(17318)
    REQUERIMIENTO DE INFORMACION - Cualquier solicitud de información no se asimila a un requerimiento.
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    SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION - Improcedencia.
La DIAN pretendió que el oficio sin fecha ni número que se encuentra en el folio 86 del cuaderno de antecedentes se asimilara a un requerimiento ordinario de información. Sobre el particular, basta decir que esa simple manifestación de requerir información para que el contribuyente aporte "copia de las facturas o documentos soportes que certifiquen las retenciones en la fuente efectuadas" no es un requerimiento porque ni siquiera se otorgó plazo y, además, inexplicablemente, aparece una constancia de que se entregó el 24 de marzo de 2004 a "LABORATORIOS DEXTER S.A.", pero no a la sociedad actora.

En todo caso, de aceptarse que es un requerimiento formal de información, es cierto, como lo alegó la actora, que, de conformidad con el artículo 261 de la Ley 223 de la Ley 223 de 1995, el término mínimo que tienen los contribuyentes para atender los requerimientos de información que formula la administración tributaria es de 15 días.

Por tanto, en el requerimiento especial la DIAN no podía incluir la sanción por no enviar información porque no se había cumplido el término mínimo para aportarla. En efecto, el oficio mencionado se recibió el 24 de marzo de 2004 y el 30 de marzo del mismo año ya se formulaba requerimiento especial en el que se proponía la sanción por no enviar información.
  (2015-03-16) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01785-01(16446)
    COSTOS Y DEDUCCIONES - Se comprueban aportando la factura o documento equivalente.
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    FACTURA - Obligados a expedirla.
La Administración desconoció los costos con fundamento en el artículo 772-1 del Estatuto Tributario, que exige, para la procedencia de costos y deducciones, las facturas con el cumplimiento de los requisitos señalados en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario.

Esta disposición es concordante con el artículo 618 del Estatuto Tributario, el cual establece la obligación a cargo de los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando el fisco las exija.

Existe una tarifa legal para la comprobación de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, que implica que quien los pretenda hacer valer sólo podrá probarlos aportando la factura o el documento equivalente, sin que sea admisible otro medio de prueba.

De conformidad con el artículo 615 del Estatuto Tributario, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales, o presten servicios inherentes a estas o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera deben expedir factura, salvo que se encuentren dentro de las excepciones establecidas en el artículo 616-2 ib. o en los decretos reglamentarios correspondientes.
  (2015-03-13) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01785-01(16446)
    ACTO PREPARATORIO - Su introducción al correo en fecha anterior a la que se profirió no es causal de nulidad.
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    Resulta irrelevante para la validez de los actos administrativos, que este acto administrativo preparatorio, haya sido introducido al correo en una fecha anterior.
La sociedad demandante y ahora apelante, alega que hay nulidad de la liquidación oficial, porque la ampliación al requerimiento especial fue notificada el 29 de octubre de 2002, un día antes de la fecha en que se profirió, el 30 de octubre de 2002.

Por lo anterior, resulta irrelevante para la validez de los actos administrativos, que este acto administrativo preparatorio, haya sido introducido al correo en una fecha anterior.
  (2015-03-13) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2004-90723-01(16015)
    CONTRIBUYENTES NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD - Demostración de pasivos mediante documentos de fecha cierta.
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    CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD - Prueba de pasivos con registros contables y documentos idóneos.
PASIVOS - Solo disminuyen el patrimonio aquellos que estén vigentes en el último día del período gravable.

Para resolver, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 282 del Estatuto Tributario, los pasivos que permiten disminuir el patrimonio bruto del contribuyente son aquellos que estén a su cargo y estén vigentes en el último día del periodo gravable. Es decir, que las deudas por las que no deba responder o que se verifique que no estén en vigor al finalizar el año, no pueden aceptarse.

Para acreditar estas circunstancias, los artículos 283 -parágrafo - y 770 del Estatuto Tributario disponen que "los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán solicitar los pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. En los demás casos, los pasivos deben estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad.

En este caso, por tratarse de una sociedad comercial obligada a llevar contabilidad, sus deudas deben estar respaldadas, además de sus registros contables, por documentos idóneos que contengan la obligación correspondiente según el origen y la naturaleza del crédito. No se exige que los documentos sean de fecha cierta o auténtica, deben estar respaldados con los soportes internos o externos que justifiquen su registro contable y permitan establecer la clase de pasivo, su procedencia, su vigencia y existencia al final del periodo gravable.

Para la demostración de los pasivos, el legislador estableció una tarifa legal que exige la prueba documental, de tal suerte que si no existe o es incompleta, no puede ser apreciada y por tanto, la deuda se tendrá como no demostrada.
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Radicación número: 25000-23-27-000-2004-90723-01(16015)
    DESCANSO REMUNERADO - En compensación de vacaciones en dinero integran la base para el cálculo de aportes parafiscales.
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    SALARIO - Definición legal / VACACIONES Al compensarse en dinero integran la base de aportes parafiscales.
Esta Corporación ha señalado al respecto que de acuerdo con las normas laborales, entre ellas, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte (primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, etc.).

Y según el 128 ibídem, no son salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones (gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y similares).

Tampoco las prestaciones sociales, ni los beneficios o auxilios acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie.

En relación con las vacaciones esta Corporación señaló que "si bien se entiende que no es salario, porque no se trata de una retribución del servicio, sino de un descanso remunerado, (…) no por ello deben excluirse de la base de liquidación de los aportes al SENA, por cuanto a términos del artículo 17 de la Ley 21 de 1982, se entiende por nómina mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por conceptos de los diferentes elementos integrantes del salario o en los términos de la ley laboral, cualquiera que sea su denominación y además los verificados por descansos remunerados de ley y convencionales o contractuales".

Ahora bien, en cuanto a si las vacaciones compensadas en dinero a los trabajadores en misión de una Empresa de Servicios Temporales, constituyen base para liquidar los aportes.

En conclusión, la compensación monetaria de las vacaciones hace parte de la base para el cálculo de los aportes parafiscales y dado que sobre dicha suma no se acreditó su pago, es improcedente su deducción, por disposición expresa del artículo 108 del Estatuto Tributario. En consecuencia este cargo tampoco está llamado a prosperar y deberá confirmarse la sentencia impugnada.
  (2015-03-13) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2004-90723-01(16015)
    TARIFA LEGAL PROBATORIA - Implica que quien pretenda hacer valer un costo o deducción solo podrá probarlos aportando la factura o el documento equivalente.
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    FACTURA - Es responsabilidad del comprador exigirla.
Contrario a lo señalado por la parte actora, independientemente de las sanciones que deban imponerse al proveedor por el incumplimiento de este deber legal, es responsabilidad del comprador exigir la factura o documento equivalente correspondiente, incluyendo el que expide el mismo adquirente de los bienes o servicios cuando realiza operaciones con no obligados a facturar.

Existe una tarifa legal para la comprobación de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, que implica que quien los pretenda hacer valer sólo podrá probarlos aportando la factura o el documento equivalente, sin que sea admisible otro medio de prueba.

Toda vez que en el presente caso, no se aportó la factura o documento equivalente que soporte las deducciones por honorarios y comisiones canceladas a la señora Martha Elisa Monsalve Cuellar, no procede su aceptación y por tanto se confirmará en este aspecto la sentencia recurrida, ya que este cargo no está llamado a prosperar.
  (2015-03-13) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-90723-01(16015)
    CERTIFICACION DE CONTADOR Y REVISOR FISCAL - Requisitos para que se considere prueba suficiente.
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    SANCION POR INEXACTITUD - Debe levantarse ante la falta de prueba o el cumplimiento de deberes formales.
Para que las certificaciones de contador público o revisor fiscal se consideren pruebas suficientes, deben permitir llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.

Deben expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales; si los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio; si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos, y si reflejan la situación financiera del ente económico.

Para la Sala, estos requisitos no se encuentran en la certificación aportada, pues no permite demostrar los hechos que pretenden probarse, ni indica cuáles son los soportes que sustentan las afirmaciones que allí se hacen.
  (2015-03-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00994-01(17780)
    CAUSACION DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA -
    Es el momento cuando el distribuidor mayorista, importador o productor enajena el producto al distribuidor minorista o al consumidor final o cuando el distribuidor mayorista o productor lo retira para su autoconsumo.
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    HECHO GENERADOR DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA - Es el consumo del combustible.
La sobretasa a la gasolina motor y al ACPM fue autorizada a los municipios, distritos y departamentos por la Ley 488 de 1998 (artículo 117). En el Distrito Capital, para el periodo discutido, la sobretasa estaba prevista en el Decreto 352 de 2002, el cual estableció, de acuerdo con el artículo 118 de la Ley 488 de 1998, el hecho generador.

De acuerdo con las anteriores disposiciones, si bien la sobretasa a la gasolina tiene por hecho generador el consumo del combustible, la obligación tributaria surge o se causa no en el momento del consumo sino cuando el distribuidor mayorista, importador o productor enajena el producto al distribuidor minorista o al consumidor final; o cuando el distribuidor mayorista o productor lo retira para su autoconsumo.

El legislador previó ese momento de causación porque a partir de allí se sabe en qué lugar se va a consumir el combustible de acuerdo con el despacho que se haga de la gasolina y el destino que tenga. Por eso, es obligación del distribuidor minorista especificar al distribuidor mayorista el destino final del producto, porque es en esa jurisdicción donde se realizará el hecho generador.

En todo caso, el impuesto se causa antes de que tenga lugar el consumo de la gasolina, es decir, la obligación tributaria nace en el momento en que se enajena el combustible, enajenación que comprende el propósito de consumo en un determinado lugar. Por ello, no es necesario que se lleve a cabo el consumo final de la gasolina o el ACPM para que nazca la obligación de declarar y pagar el tributo.
  (2015-03-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00994-01(17780)
    FACTURA - Aunque ésta se expida a nombre de una estación de servicio y persona natural no significa que ese es el destino final para consumo.
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    DECLARACION - Se presenta en el lugar donde se va a consumir la gasolina.
De acuerdo con la factura que relacionó el Tribunal como ejemplo y las demás facturas que obran en los antecedentes, se evidencia que el destino del combustible era el municipio de Soacha, es decir, que el distribuidor minorista le informó al mayorista, la actora, que el destino era otro municipio diferente de Bogotá.

Lo anterior significa que en el momento de la causación, el distribuidor mayorista, responsable de la declaración y pago del tributo, debía cumplir su obligación en el municipio de Soacha y no en Bogotá. También se evidencia con las facturas, que la sobretasa se pagó en el momento de la causación, lo cual significa que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Decreto 352 de 2002, el distribuidor mayorista no vendió la gasolina y el ACPM a una estación de servicio directamente sino a un distribuidor minorista, que, como también lo probó la Administración, era el propietario de varias estaciones de servicios ubicadas tanto en Bogotá como en Soacha y, lo más importante, conforme a la norma señalada, fue quien informó que el destino final del combustible era el municipio de Soacha.

En consecuencia, el hecho de que la factura se expidiera a nombre de una estación de servicio y persona natural, con una dirección en la ciudad de Bogotá, no significaba que ese fuera el destino final para consumo, pues expresamente se señalaba como tal el municipio de Soacha y así se hicieron las ordenes de pedido y las guías de transporte de combustible.
  (2015-03-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2009-00066-01(18426)
    EXPEDICION DE COPIAS EN LA VIA GUBERNATIVA - No existe violación del debido proceso cuando es por culpa del contribuyente que las mismas no se reclaman.
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    El operador judicial tiene la obligación de basar sus decisiones en las pruebas legal y oportunamente recaudadas, para que un derecho sea reconocido o no conforme al acervo probatorio existente.
La Sala, previo al análisis de fondo, observa que el Juez de segunda instancia, al momento de resolver el recurso de apelación contra sentencias, puede estudiar y decidir las excepciones propuestas o no, por la demandada según al artículo 164 del Código Contencioso Administrativo.

Tales poderes se confieren aun a pesar de la existencia de la regla de la reformatio in pejus, por cuanto el operador judicial tiene la obligación de basar sus decisiones en las pruebas legal y oportunamente recaudadas, para que un derecho sea reconocido o no conforme al acervo probatorio existente.

Como se puede observar si bien es cierto que en principio la DIAN adujo la reserva de los documentos para no expedir copia del expediente, esta respuesta fue provisional por cuanto la sometió a consulta interna en la entidad, y una vez resuelta se pusieron a disposición del contribuyente. Además, los oficios de 17 de agosto, 23 de agosto y 19 de septiembre de 2007, se enviaron por correo certificado a la Diagonal 109 No 31-04 Interior 5 Apto 503, de los cuales el contribuyente anexó con la demanda los dos primeros, sin manifestar que el último oficio con que se le dejaron a disposición las copias en las oficinas de la DIAN no le hubiera llegado.

En consecuencia, aparece demostrado que la DIAN le autorizó la expedición de las copias, y que por tal motivo la parte demandante no estuvo imposibilitada para presentar objeciones al requerimiento especial. Por el contrario, fue la falta de diligencia del contribuyente en retirarlas, lo que sin justificación le llevó a dejar de responder el requerimiento especial, siendo en principio inexistente la violación al debido proceso, lo que llevaría en principio a revocar el fallo apelado y negar el primer cargo de nulidad.
  (2015-03-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2009-00066-01(18426)
    TESTIMONIO EN ASUNTOS TRIBUTARIOS - No es admisible cuando la norma dispone otro medio de prueba para demostrar los hechos.
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    PRESTACION DE SERVICIOS - La prueba es la factura no declaraciones extrajuicio.
El esfuerzo de la parte demandante de probar, mediante declaraciones extrajuicio y testimonios, el valor de los ingresos por honorarios, desconoce que la prueba testimonial en materia tributaria tiene una limitación en cuanto a su eficacia, porque según el artículo 752 del Estatuto Tributario esta " no es admisible para demostrar hechos que de acuerdo con normas generales o especiales no sean susceptible de probarse por dicho medio, ni para establecer situaciones que por su naturaleza suponen la existencia de documentos o registros escritos" (…).

Al respecto obsérvese, que según el artículo 615 del Estatuto Tributario, son deberes formales de los sujetos pasivos de obligaciones tributarias y en especial de quienes ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a ellas, el expedir la factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen.

Por tanto, no eran de recibo dichas declaraciones extrajuicio que, además de ser pruebas sumarias, fueron aportadas en el recurso de reconsideración y no como lo dispone para su validez el artículo 751 del mismo ordenamiento, es decir, que su recaudo debió producirse "antes de haber mediado requerimiento o practicado liquidación" para "quien los aduzca como prueba".
  (2015-03-13) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2009-00066-01(18426)
    HONORARIOS - Son ingresos gravados con el impuesto de renta.
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    CONDENA EN COSTAS - condena a favor de la parte vencedora. Puede pactarse que sean a favor del apoderado.
La Sala ha precisado que "la institución de la condena en costas es una figura del derecho procesal que busca sancionar al litigante o parte que resulta vencida, en un proceso o incidente o un recurso. Igualmente, en el concepto de costas se ha distinguido entre el reembolso de los gastos necesarios para la atención del proceso y el equivalente a los honorarios profesionales que la parte vencedora hubo se sufragar a un profesional del derecho en la modalidad de "agencias en derecho."

Por regla general las costas del proceso son una condena que se reconoce en favor de la parte vencedora. Sin embargo, el poderdante y su apoderado pueden modificar tal situación y acordar que las costas del proceso correspondan al mandatario, pacto lícito en cuanto no afecta la relación jurídica de las partes en contienda, los términos procesales y las resultas del proceso, y que no se encuentra expresamente prohibido por el legislador.

La suma pagada por el Departamento del Huila por costas del proceso fue de $86.822.604, que comprendían los gastos del proceso y agencias en derecho que fueron estimadas por el juzgado en la suma de $57.734.888. Así mismo, los gastos del proceso se destinaron a reembolsar los dineros sufragados por el apoderado para que llevara hasta su terminación el proceso laboral de fuero sindical, y no podrían ser considerados como un ingreso en materia del impuesto de renta, porque corresponden a la recuperación de gastos.

Sin embargo, respecto de las agencias en derecho, estos eran honorarios profesionales que en lugar de sufragar los estipendios pagados por el mandante a su apoderado, en este caso lo vinieron a remunerar directamente, por cuanto su poderdante le cedió tales agencias que constituyen un ingreso en cuanto al impuesto de renta.
  (2015-03-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2009-00066-01(18426)
    BUENA FE - No es criterio para no imponer la sanción por inexactitud.
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    SANCION POR INEXACTITUD - Procede cuando no se declaran ingresos.
En criterio de la Sala, según el artículo 647 del Estatuto Tributario se produce la sanción de inexactitud entre otros, cuando en las declaraciones tributarias haya omisión ingresos, y que de ello se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.

En este caso se demostró que el contribuyente omitió consignar en la declaración privada valores constitutivos de ingresos en materia del impuesto de renta por concepto de honorarios profesionales y agencias en derecho. Así mismo, no desvirtuó que estos no fueran ingresos en el impuesto de renta, como tampoco que parte de estos pertenecieran a un tercero a quien efectivamente le fueron entregados o pagados por el contribuyente, con lo cual, además de incumplir con el deber de asumir la carga de la prueba, se demostró que la conducta del contribuyente se adecuó al artículo 647 de Estatuto Tributario.

Adicionalmente, no es de recibo que el contribuyente hubiere obrado de buena fe, porque la causal aceptada por el legislador es la diferencia de criterios, que la parte demandante pretendió justificar con la aplicación de un concepto de la DIAN el cual no había sido expedido al momento de presentar la declaración, y bajo el soporte de definiciones e interpretaciones propias o personales, sobre ingresos en materia de renta, que desconocen la normativa vigente, se negará el cargo.
  (2015-03-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00638-01(16791)
    FACTURA DE VENTA - Requisitos. Su presentación es requisito para que proceda la deducción por costos.
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    IMPUESTOS DESCONTABLES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Para que proceda se requiere la factura.
Pues bien, para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, el artículo 771-2 del estatuto Tributario, señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario; estos requisitos son: Artículo 617. Requisitos de la factura de venta. Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: […] b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. c) Apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios, cuando éste exija la discriminación del impuesto pagado, por tratarse de un responsable con derecho al correspondiente descuento.d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. e) Fecha de su expedición. f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. g) Valor total de la operación.

El artículo 618 ibídem modificado por la Ley 488 de 1998 establece la obligación a cargo de los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando el fisco las exija. Para la Sala los requisitos contenidos en las normas mencionadas no pueden considerarse como unas meras formalidades.

Expedir y exigir la factura con los requisitos legales son deberes de colaboración con la administración para hacer efectivos los principios constitucionales de solidaridad y prevalencia del interés general. - En materia tributaria la libertad probatoria no es absoluta, pues, en ciertos eventos, el legislador puede exigir la presentación de documentos privados, como sucede con la factura para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta.
  (2015-03-12) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00638-01(16791)
    COSTOS - Tienen los mismos requisitos que para la deducción por impuestos. La norma no hace distinción.
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    REQUISITOS DE LA FACTURA - Si alguno falta hay lugar a rechazar los costos / FACTURA - Quien aparece en ella es el beneficiario del costo.
No debe perderse de vista que el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 383 de 1997 que fue expedida para fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, se refiere de manera general a los requisitos para la procedencia de los costos y deducciones en impuesto sobre la renta y de impuestos descontables en el impuesto a las ventas, sin hacer ninguna distinción.

En consecuencia, se repite, si se trata de probar costos es posible rechazarlos con fundamento en el incumplimiento al literal c) del artículo 617 del Estatuto Tributario, porque conforme con el artículo 771-2 citado es un requisito que en todo caso debe cumplirse para la procedencia de los mismos, por ser ésta la norma que regula expresa y especialmente el asunto.

Por lo anterior, a juicio de la Sala fue procedente el rechazo de los mencionados costos, porque las facturas en que se soportaron no cumplieron los requisitos legales para su aceptación como prueba de los mismos. De manera que si la ley exige que para la procedencia de los costos, las facturas que los soportan deben tener los apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios, para la Sala la persona que allí se designe es la titular de ese derecho y quien puede solicitar los costos en su declaración.

Cabe resaltar que, conforme con el artículo 776 del Estatuto Tributario, los comprobantes externos prevalecen sobre los asientos de contabilidad y sólo es dable considerar comprobados los costos y deducciones hasta concurrencia del valor de dichos comprobantes. Pero esos comprobantes deben darle ese derecho al contribuyente, mediante el cumplimiento de las exigencias legales.
  (2015-03-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00638-01(16791)
    SANCION POR NO INFORMAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA - Se gradúa según la capacidad económica del declarante. Procede aunque se corrija el error.
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    Pues bien, el artículo 650-2 del Estatuto Tributario establece que cuando el declarante no informe la actividad económica, se aplicará una sanción hasta de seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000, año 1999) que se graduará según la capacidad económica del declarante.
Según el artículo 647 del Estatuto Tributario constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, entre otras, la omisión de ingresos, así como la inclusión de costos, deducciones, pasivos, descuentos, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.

La Sala mantendrá la sanción por inexactitud, porque, como se advirtió en el cargo anterior al estudiar la procedencia de los costos, el demandante no probó la realización de los costos, lo cual significa que incluyó en su declaración costos inexistentes que dieron lugar a un menor impuesto a pagar, conducta que es sancionable en virtud de la citada norma.

Esta sanción será igualmente aplicable cuando se informe una actividad económica diferente a la que le corresponde o a la que le hubiere señalado la Administración una vez efectuadas las verificaciones previas del caso. Para la Sala, el análisis que efectuó al DIAN para imponer la sanción se adecuó al artículo señalado, pues estableció que el porcentaje de ventas al por mayor era muy superior al de ventas al detal, de manera que no podía considerarse como válida la actividad informada en la declaración de renta.

Aún cuando el error a que se refiere el artículo 650-2 del Estatuto Tributario sea susceptible de corregir de oficio o a petición de parte, conforme con la Ley 962 de 2005 y la Circular 118 de la DIAN, para la época de los hechos se consideraba como sancionable informar una actividad que no correspondiera y procedía la sanción, previa la verificación por parte de la Administración, como ocurrió en este caso.
  (2015-03-12) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00771-01(16653)
    REGISTRO - Es una facultad de la DIAN señalada en el Estatuto Tributario.
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    DILIGENCIA DE REGISTRO - La resolución que la ordena debe ser motivada.
El registro es una facultad que la Ley concede a la Administración de Impuestos cuyo procedimiento es autónomo y se encuentra en su totalidad contenido en el artículo 779-1 del Estatuto Tributario, ya transcrito.

Esta diligencia no requiere investigación previa como condición para su realización, antes bien, su resultado puede derivar en un requerimiento especial, éste sí con las glosas y explicaciones que la misma norma exige al determinar su contenido.

Entonces, cuando la citada norma otorga la facultad al ente tributario para "ordenar mediante resolución motivada", alude a que en ésta debe expresar el motivo que tenga para llevar a cabo el registro, no para modificar la declaración presentada, lo cual debe exponerse en el requerimiento especial con posterioridad a la investigación efectuada.

La premisa antedicha es corroborada por la sentencia de la Corte Constitucional C-505 de 1999 ya citada, cuando al respecto manifiesta: "De ahí pues, que la motivación del acto administrativo que autoriza la diligencia debe justificar suficientemente las razones que conducen a tomar la decisión del registro"; obviamente no las que respaldan las glosas.
  (2015-03-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00771-01(16653)
    SECUESTRO DE DOCUMENTOS - Medida necesaria dentro de la diligencia de registro para evitar ocultamiento o destrucción de los mismos.
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    AUTO DE VERIFICACION O CRUCE - Es un acto de trámite no susceptible de recursos.
La norma faculta expresamente a los funcionarios que lleven a cabo el registro para "Tomar las medidas necesarias" con el fin de evitar el ocultamiento o destrucción de las posibles pruebas "mediante su inmovilización o aseguramiento", sin existir legalmente un procedimiento puntual sobre la forma en que puedan ser aseguradas las mismas.

No obstante, el secuestro de documentos implica su aseguramiento y es una medida necesaria para evitar el ocultamiento o destrucción de los mismos.
  (2015-03-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00771-01(16653)
    DEDUCCIONES - Para que procedan deben cumplir los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario y deben estar soportadas en medios probatorios idóneos.
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    LIBROS DE CONTABILIDAD - Para que sirvan de prueba deben estar registrados. FACTURA - Es prueba para la procedencia de costos y deducciones.
Carece de valor probatorio dado el hecho que los libros de contabilidad fueron registrados con posterioridad a la ocurrencia del hecho económico (el 22 de diciembre de 1999) incumpliendo lo preceptuado por el artículo 28 numeral 7 del Código de Comercio y 126 del Decreto 2649 de 1993, posición avalada por Sentencia del Consejo de Estado de fecha 21 de junio de 1995, y, siendo requisito indispensable que las cifras certificadas por contador sean extraídas de dichos libros, además de estar debidamente soportadas, corren la misma suerte.

Aparte de lo anterior, es requisito sine qua non que las deducciones solicitadas den cumplimiento a las exigencias del artículo 107 del Estatuto Tributario, y que se encuentren debidamente soportadas en medios probatorios idóneos, como lo determina el artículo 743 ib.

En ese orden de ideas, el artículo 771-2 del mismo Estatuto Tributario, exige taxativamente para la procedencia de costos y deducciones en renta, que el adquirente de cualquier bien o servicio posea, y exhiba cuando sea requerido por la Administración de Impuestos, con los requisitos contemplados por los artículos 617 y 618 ib, la respectiva factura o documento equivalente.
  (2015-03-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00771-01(16653)
    CUENTAS DE COBRO - Para aceptarlas como soporte del gasto debe demostrase que el beneficiario del mismo pertenece al régimen simplificado del IVA.
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    VALES - No son soporte para deducir el gasto por almuerzos / PAGOS LABORALES - Requisitos de procedencia.
También se hizo hincapié en que para poder aceptar cuentas de cobro como soporte del gasto, es preciso demostrar que el beneficiario del mismo pertenece al régimen simplificado de IVA, así como que los vales no son soporte para hacer deducible el gasto por almuerzos, aparte de que dicho gasto carece de relación de causalidad.

Para la vigencia fiscal en estudio, constancia que por sí sola no presta mérito alguno, toda vez que para la procedencia de los pagos laborales es requisito sine qua non cumplir con el pago de todos los aportes obligatorios en calidad de patrono, de acuerdo con el artículo 664 del Estatuto Tributario, so pena del rechazo de la deducción por salarios y demás erogaciones laborales.
  (2015-03-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 23001-23-31-000-2008-00227-01(18106)
    FACULTAD DE FISCALIZACION E INVESTIGACION - Actividades que se despliegan.
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    PRESUNCION DE VERACIDAD - Lo son los hechos consignados en las declaraciones tributarias. Pruebas especiales de los hechos económicos.
Según el artículo 746 del Estatuto Tributario, se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial ni la ley la exija.

De acuerdo con lo anterior, le corresponde, en principio, a la Administración desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias utilizando las amplias facultades de fiscalización e investigación que la ley le atribuye para obtener las pruebas correspondientes. Pero también puede solicitar al contribuyente la comprobación de los requisitos específicos que la ley exige para el reconocimiento de un descuento, exención, ingreso no gravado, costo, deducción, pasivos, etc.

El artículo 684 del Estatuto Tributario es claro en señalar las actividades que puede desplegar la Administración Tributaria en el ejercicio de la facultad de fiscalización e investigación, a saber:
  • a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.

  • b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.

  • c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.
  • d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.

  • e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.

  • f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.
  (2015-03-11) [Mas Información]
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Radicación número: 23001-23-31-000-2008-00227-01(18106)
    ACTAS DE VISITA - Medio de prueba. No puede asimilarse a una acta de inspección contable o a un acta de inspección tributaria.
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    FACULTAD DE FISCALIZACION - La administración tiene amplias facultades para verificar los hechos económicos declarados.
Los artículos 560 y 688 del Estatuto Tributario fijan en el jefe de la Unidad de Fiscalización de la Administración Tributaria la competencia para proferir los actos de trámite en los procesos de determinación de impuestos, y en los funcionarios de esa unidad la facultad de adelantar las actuaciones preparatorias.

También tienen facultades de fiscalización tributaria los jefes de las divisiones y dependencias, así como los profesionales de la misma entidad en quienes se deleguen tales funciones. Entre los actos de trámite que puede proferir la Administración Tributaria están los autos de verificación o cruce de información, cuya finalidad es la de obtener la información o las pruebas necesarias para corroborar la información declarada por el contribuyente.

Esta Sala ha sido enfática en señalar que las actas de visita expedidas en cumplimiento de los autos de verificación o cruce no son actos previos de formulación de cargos, sino medios de prueba que dan fe de los hechos verificados directamente por la Administración en desarrollo de las amplias facultades de fiscalización e investigación que le asisten, y de los hechos acontecidos en el transcurso de la diligencia.

Sin embargo, cuando se trata de simples cruces de información o autos de verificación, no resultan aplicables los artículos que fijan las formalidades para la inspección contable y para la inspección tributaria. Y, en consecuencia, tampoco puede asimilarse el "acta de visita", producto de los cruces de información o del auto de verificación, a un "acta de inspección contable" o a un "acta de inspección tributaria", por lo tanto, no sujeta a las formalidades de estas últimas.
  (2015-03-11) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 23001-23-31-000-2008-00227-01(18106)
    PROCEDENCIA DE COSTOS DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES - No es requisito que la factura tenga fecha cierta de expedición.
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    FECHA CIERTA DE EXPEDICION - Se exige para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, para los documentos equivalentes a la factura que expidan.
Para efectos de la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del estatuto Tributario señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, y que cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que legalmente se establezcan.

De manera que cuando el contribuyente aporta la factura con el lleno de los requisitos legales, esa factura, como documento probatorio, no supedita a la administración tributaria o al juez a reconocer el costo, gasto o deducción. Por el contrario, esa prueba le permite a la autoridad tributaria, o al juez, comprobar la veracidad de los hechos contenidos en la factura, tales como la existencia del proveedor y, por ende, la existencia de la transacción económica incorporada en el título y, para el efecto, hay absoluta libertad probatoria.

Lo que realmente establece el artículo 771-2 es que la factura, como documento, es un medio de prueba para la procedencia de los costos y deducciones. En consecuencia, es un documento ad probationem que se exige por ley como prueba necesaria, puesto que las facturas que cumplen los requisitos previstos en los artículos 617 y 618 E.T. son pruebas que, por ley, deben cumplir ciertas formalidades. Cumplidas tales formalidades, las facturas son prueba de la cuantía que los contribuyentes declaran en el denuncio tributario como costos y deducciones.
  (2015-03-11) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2001-91516-01(14739)
    RAZON SOCIAL INCOMPLETA - Puede dar lugar a la sanción por facturación cuando puede dar lugar a dudas sobre su identidad.
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    FACTURA - No da lugar a sanción la ausencia de las expresiones Sociedad Anónima o S.A.
SANCION POR FACTURAR SIN REQUISITOS - Sólo constituye infracción cuando no sea posible la plena identificación del obligado a expedirla.

En el caso bajo análisis, consta en los actos acusados y demás antecedentes administrativos, que la sociedad Distribuidora Los Coches S.A., omitió incluir en las facturas las letras S.A., que hacen parte de su razón social, omisión que para la Administración, se traduce en el incumplimiento al requisito que hace referencia a la identificación del responsable vendedor, importador o de quien presta el servicio, porque allí se indican la razón social y el número de identificación tributaria NIT, y de acuerdo con la legislación comercial (art. 373 C. de Co.), "La sociedad anónima... tendrá una denominación seguida de las palabras "sociedad anónima" o de la letras "S..A.".

En relación con el requisito establecido en el literal b) del artículo 617, "Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio", esta Sala ha considerado que lo que se pretende es la individualización del obligado a expedir factura, por lo que su omisión o presencia incompleta sólo es sancionable cuando pueda dar lugar a dudas sobre su identidad.

Para el caso bajo examen, no era posible derivar de la ausencia de las expresiones "sociedad anónima" o "S.A.", una infracción sancionable, porque las facturas glosadas, cumplieron con la exigencia de indicar la razón social y el NIT del vendedor, tal como se reconoce en los actos acusados, factores que permiten su plena identificación e individualización, con lo cual se cumple el objetivo previsto por el legislador.

Otra cosa son los efectos que en materia tributaria, tiene la omisión de la razón social del vendedor, o su presentación incompleta, de forma que no permita la plena identificación del obligado a expedir factura, los que se traducen en el incumplimiento a una obligación formal, sancionable con el cierre del establecimiento comercial (art. 657 E.T.), o con la imposición de una multa equivalente al 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales (art. 652 ib.).
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2002-00958-01(16801)
    OMISION DE INGRESOS - No se presume por el hecho de no tenerse el original de las facturas anuladas.
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    FACTURA - Su anulación y expedición de otras no genera un nuevo ingreso.
Las operaciones factoring realizadas por la actora con IFI LEASING S.A., explican la expedición de las nuevas facturas para endosarlas a la entidad financiera. Esta operación no generó un nuevo ingreso para la sociedad. Lo que ocurre en estos casos es que se sustituye una cuenta por cobrar con un registro en caja o bancos.

En este caso, el ingreso se causó en 1995 y 1996, fecha de expedición de las facturas a ALFOMEGA S.A., comprador de bienes y servicios de la actora. De manera que la anulación de las facturas y las respectivas notas contables de reversión de los ingresos por las nuevas facturas que se endosaron a la entidad financiera, no disminuyeron los ingresos porque hubo un registro inicial del ingreso que luego se reversó.

Si la DIAN consideró que la conducta de la actora podía considerarse como fraudulenta como lo aduce nuevamente en la apelación, debió establecerla con claridad y aplicar las sanciones del caso, pero no afectar la depuración de la renta a sabiendas que no hubo disminución u omisión de ingresos.

El hecho de que la actora no tuviera el original de las facturas anuladas, no significa que hubiera omisión de ingresos, ni legalmente constituye una presunción o indicio en contra de la contribuyente. El manejo financiero que le dio la sociedad a la recuperación de su cartera es permitido y real; fue admitido por su cliente, quien aceptó los endosos de las facturas que no había cancelado, de manera que no puede considerarse como fraudulento, ni mucho menos perjudicial para la DIAN, que ni siquiera estableció en este caso, alguna irregularidad contable que mereciera ser sancionada.
  (2015-03-11) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2002-00958-01(16801)
    CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - Se les acepta la deducción de intereses causados antes de la Ley 488 de 1998.
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    DEDUCCION POR INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS - Se acepta la deducibilidad de los intereses causados y no solo los pagados.
La DIAN rechazó por concepto de intereses y demás gastos financieros $2.173.532.000 porque la actora no probó que tales intereses se hubieran pagado a los bancos conforme lo exigía el artículo 117 del Estatuto Tributario (antes de la modificación de la Ley 488 de 1998), según el cual los intereses que se paguen a entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria son deducibles en su totalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, siempre que estén certificados por la entidad beneficiaria del pago.

Aunque no es el tema de discusión, cabe precisar que sobre la interpretación de esta disposición antes de la Ley 488 de 1998, la Sala en sentencia de 12 de marzo de 2009, reiteró el criterio expuesto en sentencia de 18 de abril de 2002 que aceptaba la deducibilidad de los intereses causados y recogió la tesis de las sentencias de 22 de febrero de 2007, de 21 de noviembre de 2007 y 6 de marzo de 2008 en las que sólo se aceptó la deducción de los intereses pagados.

De manera que en los casos en que los contribuyentes estén obligados a llevar contabilidad se debe aceptar la deducción de intereses causados antes de la vigencia de la Ley 488.
  (2015-03-11) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00471-01(15884)
    COSTOS Y DEDUCCIONES - procedencia / FACTURA - Eventos en los que se exige / FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE - Características.
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    La factura o documento equivalente en materia impositiva constituye una valiosa fuente de información para el control de la actividad generadora de renta, para el cobro y recaudo de ciertos impuestos y, para evitar o al menos disminuir la evasión y el contrabando.
Para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del estatuto Tributario, señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario El artículo 618 ibídem modificado por la Ley 488 de 1998 establece la obligación a cargo de los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando el fisco las exija.

Expedir y exigir la factura con los requisitos legales son deberes de colaboración con la administración para hacer efectivos los principios constitucionales de solidaridad y prevalencia del interés general. En materia tributaria la libertad probatoria no es absoluta, pues, en ciertos eventos, el legislador puede exigir la presentación de documentos privados, como sucede con la factura para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta.

La finalidad de esta exigencia consiste en establecer con certeza la existencia y transparencia de las transacciones económicas que dan lugar a los descuentos por costos y deducciones, así como los impuestos descontables, y con ello acreditar su legalidad a fin de fortalecer la lucha contra la evasión.

Por lo anterior, trasciende del ámbito meramente formal y se constituye en presupuesto para la configuración de un derecho sustancial. Concluye la Corte que no es la simple transacción la que configura el derecho a registrar los costos, deducciones e impuestos descontables, sino el hecho de haberla realizado dentro del marco de la ley y bajo las formalidades por ella exigidas.
  (2015-03-11) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00471-01(15884)
    FACTURA - Se entiende expedida aunque no se haya hecho a nombre del comprador.
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    El hecho de que la factura no haya sido expedida a nombre de la demandante no significa que no se hubiera expedido factura, pues, la factura existe, fue expedida a uno de los contratantes, cumple los requisitos legales y demuestra la realidad de la operación.
El hecho de que la factura no haya sido expedida a nombre de la demandante no significa que no se hubiera expedido factura, pues, la factura existe, fue expedida a uno de los contratantes, cumple los requisitos legales y demuestra la realidad de la operación, por lo que junto con los demás elementos probatorios del proceso, se puede concluir que la actora tiene derecho a la deducción de $8.360.412 por concepto del servicio de instalación de la sala de ventas en el 40% que le correspondió.

La DIAN no podía exigir que la demandante solicitara de manera independiente la factura a su nombre para la procedencia de la deducción, pues en primer término sería un exceso de formalismo ya que la factura fue expedida por el valor total y a nombre de uno de los contratantes y, en segundo lugar, el deber para el comprador de exigir la factura lo introdujo la Ley 488 de 24 de diciembre de 1998, por lo que para la fecha de expedición de la factura (1 de abril de 1998) no estaba vigente la obligación.
  (2015-03-11) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00471-01(15884)
    RETENCION EN LA FUENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Se descuentan en el mismo año fiscal en que se practicaron.
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    En el impuesto de renta y de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto Tributario, la renta líquida gravable se determina de la suma de "todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable".
Los ingresos se entienden realizados cuando se recibe efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlo se extingue por cualquier otro modo legal (art. 27 ib.). Sin embargo, una de las excepciones a esta regla es la prevista en el literal a) de la misma disposición en el caso de los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación, para quienes la realización del ingreso está ligada a su causación; de ahí que "deben denunciar los ingresos causados en el año o período gravable […]".

Y, se entiende causado un ingreso, "cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro" (art. 28 ib.). Concordante con lo anterior, según el artículo 48 del Decreto 2649 de 1993, en la contabilidad de causación o por acumulación, los hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente.

De manera que si un contribuyente lleva contabilidad por causación, los ingresos sometidos a tributación corresponden a los causados en el año gravable. Las retenciones en la fuente son una medida para facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y complementarios y determinar los porcentajes "tomando en cuenta [entre otros] la cuantía de los pagos o abonos" (artículo 365 E.T.).

Y, de acuerdo con el artículo 366 ibídem, el ejecutivo también puede establecer retenciones en la fuente "sobre los pagos o abonos en cuenta […]". El artículo 14 del Decreto 1000 de 1997 establece que las retenciones deben descontarse en el mismo año fiscal en que fueron practicadas.

Cuando el sujeto pasivo de retenciones en la fuente, esté obligado a presentar declaraciones de renta y complementarios, deberá incluir las retenciones que le hubieren practicado por un ejercicio fiscal, dentro de la liquidación privada correspondiente al mismo período.
  (2015-03-11) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00471-01(15884)
    CORRECCION DE LA DECLARACION - Procede cuando el contribuyente deja de incluir retenciones del período de la respectiva declaración de renta.
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    SISTEMA DE CAUSACION - El derecho a deducir en un período las retenciones del impuesto están sujetas a que el ingreso que las genere se realice.
De manera que, como lo había señalado la Sala en un asunto similar, para quienes llevan contabilidad por el sistema de causación, el derecho a deducir en un período las retenciones del impuesto, se encuentra sujeto a que el ingreso que las genere se realice o cause en el mismo período, y correlativamente se cause el impuesto en la misma vigencia fiscal.

Por lo anterior, como la actora es comerciante obligada a llevar contabilidad por el sistema de causación, procede el rechazo de las retenciones en la suma de $37.010.668 que aunque hubieran sido efectuadas y certificadas por COMCEL en 1998 correspondieron a ingresos de 1997 y fue en esa vigencia fiscal que las debió solicitar.

Y si en esa vigencia dejó de incluir retenciones de ese período gravable, debió corregir la declaración de renta de 1997 con el fin de adicionarlas, dentro del término previsto en el artículo 589 ibídem, y no incluirlas en la declaración de renta de la siguiente vigencia fiscal.
  (2015-03-11) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00471-01(15884)
    SANCION POR INEXACTITUD - Procede cuando no existe diferencia de criterios.
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    Si en esa vigencia dejó de incluir retenciones de ese período gravable, debió corregir la declaración de renta de 1997 con el fin de adicionarlas, dentro del término previsto en el artículo 589 ibídem, y no incluirlas en la declaración de renta de la siguiente vigencia fiscal.
La DIAN impuso la sanción por inexactitud sólo en relación con las retenciones rechazadas, la cual se mantendrá, pues no hay diferencia de criterios, sino desconocimiento de las normas tributarias y contables que se citaron, pues la sociedad, sin fundamento legal alguno incluyó retenciones inexistentes en el período fiscal en el que las declaró, cuando las normas claramente indican que en las declaraciones de renta se incluyen las retenciones que se le practicaron por el ejercicio fiscal.
  (2015-03-11) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 3702
    FACTURA - Documento equivalente / SANCION POR NO EXPEDIR FACTURA - Improcedencia.
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    IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY - Alcance.
La Administración de Impuestos al imponer la sanción por no expedición de facturas, se basó exclusivamente en el artículo 617 del Estatuto Tributario, que determina los requisitos allí exigidos sólo para la factura y no para el documento equivalente, exigencias que sólo vinieron a concretarse para éste último mediante la Ley 49 de 1990 y sus Decretos Reglamentarios 422 y 836 de 1991, pero que en manera alguna pueden servir de fundamento a la sanción dado el carácter no retroactivo de la ley.

Por ello en el sub - lite no procede imponer una sanción cuando al verificar la cinta de la máquina registradora encuentra que carece de nombre, razón social y del número de identificación tributaria.
  (2015-03-10) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 05001-23-31-000-1996-1685-02(14231)
    FACTURA - La deben expedir los comerciantes, quienes ejercen profesiones liberales y quienes enajenan bienes producto de actividades agrícolas o ganaderas.
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    NOTARIAS - Tienen el deber de facturar por ser responsables del IVA en la prestación de servicios / OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS NOTARIAS - Las debe cumplir el Notario a través de su NIT.
El artículo 615 del E.T. ordena que todas las personas o entidades comerciantes, que ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, así como quienes enajenen bienes producto de actividades agrícolas o ganaderas, deben expedir factura o documento equivalente, con la excepción de aquellos casos en que la ley exime de esta obligación.

La obligación de facturar en el caso de las Notarías, se deriva del artículo 437 del Estatuto tributario, según el cual son responsables del impuesto sobre las ventas, quienes presten servicios.

A su vez el artículo 5º del Decreto Reglamentario 1250 de 1992 señala: " En el caso de la prestación de servicios notariales, son responsables del impuesto sobre las ventas, las notarías, las cuales cumplirán las diferentes obligaciones tributarias derivadas de tal calidad, con el número de identificación tributaria, Nit que corresponda al respectivo notario.

"Corresponde al Notario el cumplimiento de las obligaciones derivadas del impuesto sobre las ventas para la respectiva notaría".
  (2015-03-10) [Mas Información]
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Radicación número: 05001-23-31-000-1996-1685-02(14231)
    CIERRE DE ESTABLECIMIENTO - Se impone por el incumplimiento del deber de facturar.
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    SANCION POR NO FACTURAR - El Texto cerrado por evasión fue encontrado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-063 de 1994.
El texto "Cerrado por evasión" de los sellos oficiales, que hace parte de la sanción por no facturar, fue demandado ante la Corte Constitucional y fue declarado exequible mediante la sentencia C-063 del 17 de febrero de 1994, la cual consideró:

"..En este caso se trata de una sanción consistente en el anuncio "cerrado por evasión", expuesto en el domicilio de una persona a la que se le ha comprobado debidamente su fraude a la administración de impuestos. La persona objeto de una tal medida no ha hecho sino sufrir las naturales consecuencias de una conducta que le es imputable. Por eso, si el contribuyente es un comerciante por ejemplo, el menor volumen de sus ventas no proviene del anuncio que nos ocupa sino de la presunta conducta irregular.

La anterior providencia, que es cosa juzgada constitucional, encontró ajustada a la Carta el texto de los sellos colocados al imponer la sanción de clausura del establecimiento, sanción que, debe subrayarse, se impone por el incumplimiento del deber de facturar, sin que se requiera que la Administración verifique el cumplimiento de la obligación tributaria sustancial.
  (2015-03-10) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 05001-23-31-000-1996-1685-02(14231)
    CONSTANCIA DE LA NO EXPEDICION DE FACTURAS - Se refiere a un acta donde conste la infracción y las explicaciones de quien no facturó.
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    TRASLADO DE CARGOS A QUIEN NO FACTURA - Es de 10 días al infractor para que dé respuesta.
El incumplimiento del deber de facturar constituye una infracción en la que basta que la Administración pruebe la falta, pues esta omisión permite suponer una conducta indebida o negligente por parte del obligado, a quien le corresponderá demostrar que no existió mala fe en su conducta, o probar la imposibilidad material para su cumplimiento por fuerza mayor o caso fortuito.

Lo anterior no implica de ninguna manera, que se exima a la Administración de realizar alguna gestión para acreditar el incumplimiento; al contrario, la ley ha dispuesto un procedimiento detallado que debe cumplir el fisco para verificar la omisión en el deber de facturar con requisitos.

Por la gravedad de la sanción, es necesario que se cumpla con el procedimiento trascrito, es decir que se designen específicamente con ese fin, dos funcionarios que verifiquen el cumplimiento de la obligación de facturar, quienes levantarán un acta donde conste la infracción y las explicaciones de quien realizó la operación sin expedir factura.

Así mismo debe seguirse el procedimiento que consagra el artículo 657 del Estatuto Tributario antes de imponer la sanción, es decir, el traslado de cargos al infractor por el término de diez (10) días para responder.
  (2015-03-10) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 05001-23-31-000-1996-1685-02(14231)
    CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO - Puede no imponerse al no facturar a discreción de la DIAN conforme al artículo 657 del Estatuto Tributario.
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    SERVICIO PUBLICO DE NOTARIADO - Por su naturaleza la DIAN puede no decretar el cierre del establecimiento sino simplemente la imposición de los sellos.
El cumplimiento de la obligación de facturar requiere de la entrega del original de la factura al comprador, por lo que de acuerdo con el acta levantada el 30 de junio de 1995, la actora cometió la infracción y para constatarlo, la Administración atendió el procedimiento establecido en la Ley. Tal argumento es contradictorio con lo señalado en la declaración juramentada suscrita por la Notaria encargada, en donde manifestó que se expide factura por concepto de fotocopias.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que si bien dentro del decreto que fija las tarifas por servicios notariales no existe un servicio por valor de $150 a 30 de junio de 1995, según la declaración que sirvió de fundamento para sancionar no se trata de un servicio notarial, sino de la expedición de una copia simple de una escritura.

Este hecho está sometido al impuesto sobre las ventas conforme al artículo 420 del Estatuto Tributario por cuanto se trata de una operación que no está expresamente excluida. En el caso de la prestación de servicios notariales son responsables del impuesto sobre las ventas las notarías; las cuales cumplen las distintas obligaciones tributarias derivadas de tal calidad con el NIT que corresponda al respectivo notario. (D. 1250/92, art. 5º).

De acuerdo con el literal a) del artículo 657 del Estatuto Tributario, si el infractor presta un servicio público o cuando no existe un perjuicio grave, la Administración tiene la facultad de abstenerse de imponer la sanción de clausura, si se observa, por ejemplo, que resultarían también perjudicados terceros ajenos a los hechos sancionables o el daño causado no es de tal entidad que amerite la imposición de la sanción.
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Sección Cuarta

Radicación número: 05001-23-31-000-1999-03718-01(15166)
    SANCION DE CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO - Para su imposición se requiere un solo proceso administrativo.
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    PLIEGO DE CARGOS - Es el acto previo para la sanción por facturar sin requisitos.
No es de recibo la afirmación del apelante de que el auto de apertura de la investigación y el comisorio, constituyan un acto complejo con la resolución que impuso la sanción de cierre del establecimiento, pues tal como lo ha definido esta Corporación aquel se configura cuando es necesario que la decisión se cumpla en varias actuaciones jurídicas o que para su elaboración intervengan varias voluntades administrativas, esto es cuando la decisión requiera de autorización previa o aprobación posterior o esté sometida al concepto de otra autoridad.

Los actos mencionados forman parte de un solo proceso administrativo, mediante el cual se sanciona con cierre de establecimiento a una sociedad, por expedir facturas sin requisitos. Así las cosas, para la imposición de esa sanción que se realiza mediante resolución independiente, la ley tributaria (art. 638), solo prevé como requisito necesario previo la formulación de pliego de cargos, cuya inexistencia conlleva la nulidad de la resolución sanción, por violación del debido proceso y el derecho de defensa.
  (2015-03-10) [Mas Información]
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Radicación número: 05001-23-31-000-1999-03718-01(15166)
    DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE - Uno de ellos es el de expedir factura con requisitos legales.
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    CONSTANCIA DE EXPEDICION DE FACTURA SIN REQUISITOS - Procedimiento para su realización / SANCION POR FACTURAR SIN REQUISITOS - Requiere un traslado de cargos al infractor por 10 días.
Es del caso advertir que la Ley ha impuesto a los particulares la realización de una serie de deberes que faciliten la gestión del fisco y la verificación del pago de los tributos, como obligación constitucional de todos los ciudadanos. Entre estos deberes formales se encuentra el de expedir factura con el lleno de los requisitos previstos en la normatividad cuyo desconocimiento genera una infracción fiscal.

El incumplimiento del deber de facturar constituye una infracción que la Administración debe probar, pues esta omisión permite suponer una conducta indebida o negligente por parte del obligado. Ahora, la ley ha dispuesto en el artículo 653 del Estatuto Tributario, un procedimiento detallado que debe cumplir el fisco para verificar la omisión en el deber de facturar con requisitos.

Por la gravedad de la sanción, es necesario que se cumpla con el procedimiento trascrito, es decir que se designen específicamente con ese fin, dos funcionarios que verifiquen el cumplimiento de la obligación de facturar, y levanten un acta donde consten la infracción y las explicaciones de quien realizó la operación sin expedir factura.

Así mismo deben seguir el procedimiento que consagra el artículo 657 del Estatuto Tributario antes de imponer la sanción, es decir, el traslado de cargos al infractor por el término de diez días para dar respuesta. El cumplimiento de este trámite garantiza el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa del contribuyente, a la vez que permite sancionar conductas por incumplir los deberes que facilitan el adecuado control de la evasión tributaria.
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Radicación número: 05001-23-31-000-1999-03718-01(15166)
    PREFIJOS EN LA FACTURACION - Su no utilización da lugar a la sanción por facturar sin requisitos.
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    SANCION DE CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO - No procede cuando el contribuyente omite los prefijos de la facturación utiliza factores de diferente tamaño.
Al respecto cabe indicar que la autorización otorgada por la Administración tributaria para la numeración de las facturas, constituye un mecanismo técnico de control sobre la facturación que es independiente de los requisitos exigidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario como contenido de las facturas, la cual tiene como finalidad evitar la doble facturación y controlar la evasión.

Lo anterior permite afirmar que si se adicionan a la numeración cualquier tipo de prefijo, como en el presente caso U o M, y así se autoriza por las Oficinas de Impuestos, con el fin de evitar la doble facturación, y posteriormente se omite, con lo cual se dificulta el control de Administración, dicha conducta resulta sancionable.

Conforme lo anterior es claro que la omisión del prefijo autorizado por las oficinas de impuestos es necesario, toda vez que tal como lo indica el propio contribuyente, el mismo tenía como finalidad indicar a que establecimiento de comercio pertenecía la facturación, al no tenerlo se puede presentar doble facturación, así como dificultad para las oficinas de impuestos para ejercer los respectivos controles legales.
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Radicación número: 05001-23-31-000-2006-02219-01(17215)
    DEDUCCION DEL IMPUESTO DESCONTABLE - No procede per se la factura llene los requisitos legales.
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    FACTURA - Mecanismo de control de la evasión tributaria y una prueba idónea, para demostrar la existencia de los costos y gastos.
Para efectos tributarios, el artículo 771-2 del E.T. dispone que "Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario."

Esta norma fue demandada ante la Corte Constitucional, por cuanto el demandante interpretó que el artículo 771-2 vulneraba el derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de la Carta, pues limitaba a un solo medio de prueba la facultad probatoria del contribuyente al pretender controlar el cumplimiento de requisitos formales de las facturas de terceros a través del traslado de su control a los contribuyentes receptores, so pena del rechazo in limine de los costos.

La Corte Constitucional declaró exequible la norma, y en el fundamento de la decisión, explicó que la factura era un mecanismo de control de la evasión tributaria y una prueba idónea, para demostrar la existencia de los costos y gastos. Por lo tanto, para la Corte, la factura se exige para que la DIAN compruebe, por una parte, la veracidad de las transacciones económicas y, por otra, que esas transacciones se hayan realizado con el cumplimiento de las formalidades legales.
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Radicación número: 15001-23-31-000-2006-01375-02(17739)
    PERSONAS NO OBLIGADAS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE - Requisitos del documento soporte para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables.
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    CONTRIBUYENTE - debe comprobar la titularidad de todos los conceptos de la declaración de renta / FACTURA - Requisitos. Personas que deben expedirla.
La Sala sostuvo que: "… la simple realización de costos y deducciones no conlleva su reconocimiento fiscal, pues la obligación tributaria se origina en hechos económicos realizados por un determinado contribuyente, quien debe probar la titularidad de todos los conceptos que hacen parte de la depuración del impuesto, con las formalidades previstas en la ley".

Conforme a la norma transcrita, el legislador previó una exigencia para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, la exhibición de las facturas correspondientes, con el lleno de los requisitos legales.

Están obligados a expedir factura o documento equivalente, para efectos tributarios, los comerciantes, los que ejercen profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o los que enajenen bienes, producto de la actividad agrícola o ganadera, sean o no contribuyentes.

A su vez, el artículo 771 - 2, inciso 2, ib establece que los "documentos equivalentes" deben cumplir los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 ib, esto es, apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, número consecutivo, fecha de su expedición y valor total de la operación.
  (2015-03-10) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 15001-23-31-000-2006-01375-02(17739)
    DOCUMENTOS SOPORTE DE COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES - Requisitos.
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    CARGA DE LA PRUEBA - La tiene el contribuyente para demostrar los costos.
Se observa que la contribuyente aceptó que la relación presentada ante la Administración tenía la inconsistencia detectada pero pretendió justificarla con la impericia de la persona que digitó la información. Tal relación es un documento de carácter privado que, se supone, refleja la verdad de la información que contiene, que en el caso, es la relacionada con el monto de las compras realizadas por la empresa en el periodo en cuestión y, específicamente, la de los respectivos comprobantes de pago.

Relación que la empresa preparó, elaboró y aportó al proceso gubernativo con fundamento en la documentación que la misma tenía, por lo que, al tenor de los artículos 252 y 276 del Código de Procedimiento Civil, debe entenderse reconocida implícitamente su autenticidad y es plena prueba en su contra.

Ahora bien, si advirtió la equivocación debió corregirla, pues nadie mejor conocía la información para hacerlo, ya que se trata de sus proveedores de quienes debía tener el nombre y documento de identidad correctos, datos básicos para elaborar los correspondientes comprobantes de pago consolidados en la relación.
  (2015-03-10) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 15001-23-31-000-2006-01375-02(17739)
    SANCION POR LIBROS DE CONTABILIDAD - Procedencia. Supuestos.
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    El Estatuto Tributario, en el artículo 654, indica los casos en que se impone esta sanción, y en el 655 ib establece que equivale al 0.5% "del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición…".
Uno de los supuestos previstos en la norma como hechos irregulares en la contabilidad es: "f) cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, y el último día del mes anterior a aquél en el cual se solicita su exhibición, existan más de cuatro (4) meses de atraso".

En el sub examine, la Administración ordenó practicar inspección contable a la sociedad. El 12 de marzo de 2004, los funcionarios comisionados efectuaron la visita, en la que observaron que en los libros Mayor y Balances, Diario e Inventarios y Balances, "la sociedad tiene registrados sus movimientos contables hasta diciembre de 2002", según consta en el Acta correspondiente, que obra en el folio 122 y siguientes del expediente.

De lo anterior, se advierte que se configuró el hecho sancionable descrito en el literal f) citado, pues el atraso de los libros, entre los extremos señalados en la norma, es superior a cuatro meses, sin que exista justificación alguna, pues si bien la demandante ha sostenido que se debió a una orden impartida por la Fiscalía, esta afirmación no cuenta con soporte probatorio.
  (2015-03-10) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2002-00151-01(14136)
    SANCION DIARIA POR ENTREGA EXTEMPORANEA DE DOCUMENTOS - Se determina como la proporción entre el volumen recibido por la entidad frente al total recibido por las demás entidades.
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    DOCUMENTOS REFERENTES A TRIBUTOS ADUANEROS - No es ilegal que para determinar la sanción la DIAN tome esos datos para sancionar para ese tipo de impuesto.
Advierte la Sala que esta norma fue demandada ante la Corporación y en sentencia de fecha 4 de septiembre de 2003, expediente 13290, se denegó la pretensión de su nulidad, por cuanto se entendió que el factor de proporcionalidad a que ella se refiere permite graduar la sanción económica máxima, dando aplicación a la expresión "hasta de" contenida en los artículos 674 a 676 del Estatuto Tributario y en el caso específico de la sanción por extemporaneidad en la entrega de documentos e información.

Se consideró que dicho factor de proporcionalidad, permitía determinar el valor de la sanción económica diaria, por lo cual resultaba razonable tener como parámetro de tal definición el volumen de documentos recibidos por la entidad sancionada, respecto del total de documentos recibidos por todas las entidades recaudadoras. Si lo anterior no fuera así quedaría al arbitrio del funcionario administrativo, definir cuál sería la sanción económica diaria aplicable en cada caso.

Por lo demás, si bien es cierto que cuando el artículo 61 de la Resolución 0770 de 1995 dice que se toma el volumen de documentos recepcionados tanto por la sancionada como por el conjunto de entidades autorizadas para recaudar, no distingue entre impuestos nacionales o tributos aduaneros, considera la Sala que el hecho que la administración establezca estos datos tomando la información correspondiente a tributos aduaneros, para sancionar por extemporaneidad en la entrega de información de recaudos por este concepto, no puede considerarse como ilegal este proceder, pues está determinando un factor de proporcionalidad propio al tipo de impuesto por el cual está sancionando.
  (2015-03-09) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2002-00151-01(14136)
    PERJUICIO OCASIONADO A LA DIAN - No resulta aplicable para las sanciones aplicadas con base en el artículo 676 del Estatuto Tributario.
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    SANCION A ENTIDAD RECAUDADORA DE IMPUESTOS - No resulta aplicable el criterio del perjuicio sufrido por la DIAN.
Necesidad de probar el perjuicio sufrido por la Administración para imponer la sanción.
A juicio de la Sala y como lo ha considerado en reiteradas oportunidades, lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia C-160 de 1998, no es aplicable al caso concreto, la sanción impuesta en los actos acusados corresponde a la infracción contenida en el artículo 676 del Estatuto Tributario, que es la extemporaneidad en la entrega de la información por parte de las entidades autorizadas para recaudar impuestos en los términos y plazos prescritos, para el asunto concreto, en la Resolución 770 de 1995 y la sentencia de la Corte Constitucional se refiere a unos apartes específicos del artículo 651 del Estatuto Tributario, norma que contiene un supuesto de hecho sancionable diferente y por lo tanto no es aplicable al sub judice.
  (2015-03-09) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2002-90148-01(14531)
    PERIODO DE GRACIA PARA LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - No es aplicable cuando el banco lleva más de tres años en la actividad del recaudo de impuestos.
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    GRADUALIDAD DE LA SANCION POR INFORMACION EXTEMPORANEA - Su aplicación no puede basarse en la inexperiencia del Banco cuando la recaudación ya la venía haciendo desde antes.
En relación con el motivo de inconformidad de la parte actora, según el cual la Administración no ejerció la facultad que le permite graduar e imponer la sanción "hasta" un valor tope, como se desprende del artículo 676 del Estatuto Tributario, y que trae como consecuencia una reducción en el monto de la sanción, la fundamenta en que debió tenerse en cuenta los factores que pudieron incidir en la conducta de Davivienda, como es la inexperiencia en el ejercicio de las funciones de recaudo, así como el proceso de adecuación y acomodación en el que se encontraba.

Sobre el particular observa la Sala que los motivos que aduce la actora como fundamento de su pretensión no son de recibo pues la demandante desde antes de convertirse en Banco, ya tenía experiencia en el manejo del recaudo de información, pues desde cuando tenía el carácter de Corporación ya realizaba esta actividad.

De otro lado si bien el artículo 63 de la Resolución 770 de 1996 contempla un periodo de gracia para facilitar el proceso de ajuste y adecuación de las entidades recaudadoras cuando ingresan por primera vez al sistema de recepción, el mismo ya fue superado por la accionante para el periodo en discusión, pues tal como se afirma a lo largo del proceso, ya llevaba más de 3 años en dicha actividad.
  (2015-03-09) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00433-01(14509)
    DEUDAS TRIBUTARIAS CON POSTERIORIDAD AL ACUERDO DE PAGO - En caso de incumplimiento en su pago se deja sin efecto la finalidad de pago.
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    ACUERDO DE PAGO - Se deja sin vigencia y se niega su ampliación cuando el contribuyente no se encuentra al día en al pago de sus obligaciones.
Por haberse establecido que la actora no cumplió con el pago de sus obligaciones fiscales generadas con posterioridad al acuerdo de pago, por concepto de impuesto de renta 2000 y 2001, ventas 2001 y 2002 y retención en la fuente 2001 y 2002, cuya cuantía ascendía a $873.069.000, la Administración declaró sin vigencia el acuerdo de pago, en los términos de la Resolución 0013 de 18 de noviembre de 2002, e hizo exigible los saldos insolutos objeto de la facilidad de pago, que ascendían a $843.420.000 (impuestos y retenciones) y $6.447.000 (sanciones).

De otra parte, según lo expuesto en el oficio 025886 de 29 de octubre de 2002, por el cual la Administración dio respuesta a la solicitud de la actora, en virtud de lo previsto en la Orden Administrativa 005 de 23 de mayo de 2001, "será condición para autorizar la ampliación, que la facilidad se esté cumpliendo tanto en lo referente al pago de las cuotas establecidas, como de las obligaciones posteriores...". Es decir, que era imperativo para la Administración la aplicación de dicha disposición.

En conclusión, la Sala no encuentra configurada violación alguna de los principios de justicia y equidad (arts. 363 C.P. y 683 E.T.), cuando la Administración decide, en cumplimiento de un deber legal, dejar sin vigencia el acuerdo de pago y negar la solicitud de ampliación del plazo, pues la posibilidad que se le concede al deudor tributario, de solicitar la reestructuración de la obligación, ampliando el plazo, está condicionada a que se encuentre al día en el pago de sus obligaciones.

Es decir, que la solicitud de ampliación debe formularse antes de que se configure el incumplimiento. En consecuencia, es al contribuyente a quien corresponde prever tal situación, sin que pueda aducir su propia culpa para eludir tal responsabilidad.
  (2015-03-09) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00023-01(17040)
    SANCION POR ENTREGA EXTEMPORANEA DE INFORMACION - Corre a partir del día siguiente del vencimiento y hasta que se complete la entrega a un mismo día de recaudo.
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    SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION - Se calcula sobre la base de la información inoportuna por cada día de recaudo.
La Sala mediante sentencia del 24 de febrero de 2003, expediente 12972, modificó la interpretación que hasta esa fecha había dado al artículo 676 del Estatuto Tributario, en la que precisó que de conformidad con el artículo 676 del Estatuto Tributario, las entidades autorizadas para el recaudo de tributos, pueden ser sancionadas por el retraso en la entrega, ya sea de los documentos recibidos o de la información en medios magnéticos y agregó que para el cálculo de la sanción es determinante el número de días que transcurran a partir del siguiente a la fecha límite de entrega y hasta el día en que se complete la entrega de la información recaudada en un determinado día.

De acuerdo a la interpretación que en dicha providencia se efectuó, la sanción a cargo de las entidades recaudadoras por extemporaneidad en la entrega de información, se calcula sobre la base de la información inoportuna por cada día de recaudo.


Para el conteo de los días de extemporaneidad se toman como parámetros, la fecha fijada oficialmente para la entrega de la información, de acuerdo con la del día de recaudo y la fecha en la cual se completó la información de un determinado día.
  (2015-03-09) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00023-01(17040)
    FACTOR DE PROPORCIONALIDAD - Permite graduar la sanción económica máxima dando aplicación a la expresión "hasta de" del artículo 676 del Estatuto Tributario.
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    PROPORCIONALIDAD EN LA SANCION POR INFORMACION EXTEMPORANEA - Se ha decidido como razonable para determinar el valor de la sanción económica máxima.
Sobre el "factor de proporcionalidad", la Sala ha sostenido que éste permite graduar la sanción económica máxima, dando aplicación a la expresión "hasta de" contenida, en el artículo 676 del E.T., para el caso específico de la sanción por extemporaneidad en la entrega de documentos e información.

Además ha considerado que dicho factor permite determinar el valor de la sanción económica diaria, por lo cual resulta razonable tener como parámetros para obtener dicho factor, el volumen de los documentos recibidos por la entidad sancionada, respecto del total de documentos recibidos por todas las entidades recaudadoras.
  (2015-03-09) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2001-2081-01(13945)
    FACTURA - Su denominación puede ser factura cambiaria sin que esto genere sanción.
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    IDENTIFICACIÓN DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO - El hacerlo en forma incompleta no amerita la sanción por expedir factura sin requisitos.
De acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la sanción basta la comprobación de la irregularidad. Para este fin, cada uno de los requisitos debe interpretarse atendiendo su contexto y finalidad, pues no siempre son exigibles de manera general y según su tenor literal, como se demuestra con algunos ejemplos que se mencionan a continuación: El literal a) del artículo 617 exige como requisito que esté denominada expresamente como "factura de venta", sin embargo, el reglamento permite el cumplimiento de este requisito con las expresiones "factura cambiaria" o "factura cambiaria de transporte", cuando el obligado expida estos documentos que también cumplen funciones de título valor (D.R. 1165 de 1996 y D.R. 1001 de 1997).

En estos casos no podría sancionarse a quien expida facturas con la leyenda "factura cambiaria", porque de esta forma está cumpliendo con el requisito de identificación del documento establecida en el literal a) mencionado.

Así mismo, respecto del requisito establecido en el literal b) "Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio", esta Sala consideró que lo que se pretende es la individualización del obligado a expedir factura, por lo que su omisión o presencia incompleta es sancionable cuando pueda dar lugar a dudas sobre su identidad.

Los casos anteriores permiten concluir que los requisitos de las facturas deben interpretarse y exigirse atendiendo no sólo a su literalidad, sino también su finalidad y las circunstancias particulares en las que debe cumplirse con el deber de facturar.
  (2015-03-09) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2001-2081-01(13945)
    AGENTE RETENEDOR DEL IVA - Debe indicarse tal calidad en la factura conforme al literal i) del artículo 617 del Estatuto Tributario.
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    CASOS EN QUE NO SE PRACTICA RETENCION POR IVA - Se produce cuando la operación se lleva a cabo entre entidades estatales, grandes contribuyentes y entidades designadas como retenedores.
FACTURA EXPEDIDA POR AGENTE RETENEDOR DEL IVA - Debe indicar tal calidad para que los agentes retenedores se abstengan de practicarla.

Respecto del literal i) de la norma citada, el cual sustentó la sanción, se exige que en las facturas se indique "la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas". Este requisito consagrado en el artículo 40 de la Ley 223 de 1995, es concordante con la obligación de practicar retención en la fuente del impuesto sobre las ventas a cargo de entidades estatales, de los grandes contribuyentes y de quienes mediante resolución de la DIAN se designen como agentes de retención en el impuesto sobre las ventas, de conformidad con el artículo 437-2 del Estatuto Tributario (Arts. 8 y 9 de la Ley 223 de 1995).

Cuando las anteriores personas o entidades realizan pagos o abonos en cuenta deben retener a título de impuesto sobre las ventas el porcentaje señalado legalmente, con la salvedad consagrada en el parágrafo del artículo 437-2, que exceptúa del deber de practicar retención en aquellos eventos en los que la venta de bienes o prestación de servicios se realice entre los citados agentes retenedores (entidades estatales, grandes contribuyentes y designados por la DIAN como agentes de retención de IVA).

Es decir que en tales operaciones ninguna de las partes intervinientes está autorizada para actuar como agente retenedor del gravamen que sobre ellas se genere. Es aquí donde adquiere relevancia el requisito establecido en el literal i) del artículo 617 del Estatuto Tributario, pues el agente de retención del impuesto sobre las ventas que expida una factura por la venta o prestación de un servicio gravado debe advertir su condición, para que el adquirente que realice el pago o abono en cuenta, también agente de retención, se abstenga de practicarla, en cumplimiento del parágrafo del artículo 437-2 ya mencionado
  (2015-03-09) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2001-2081-01(13945)
    RESPONSABLE DEL REGIMEN COMUN - En caso de ser agente retenedor no necesariamente debe indicar ésta calidad en la factura que expida.
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    OPERACIÓN CON PERSONAS QUE NO SON AGENTES RETENEDORES DEL IVA - Quien vende o presta el servicio no tiene la obligación de indicar su calidad de agente retenedor en la factura.
Las entidades estatales, los grandes contribuyentes y quienes sean designados como agentes de retención de IVA por la DIAN, deben indicar esta calidad, para que no les practiquen retención en caso de transacciones entre los mismos agentes o para prever el cumplimiento de su deber de retener en caso de ser procedente.

Por ello este requisito no es exigible a los demás responsables del régimen común del impuesto, aún cuando también actúan como agentes de retención cuando adquieren bienes o servicios gravados de personas que pertenezcan al régimen simplificado, porque no tiene sentido, pues siempre les deben practicar retención del impuesto sobre las ventas cuando la transacción se encuentre gravada y sean los beneficiarios del pago o abono en cuenta proveniente de una entidad estatal, un gran contribuyente o un agente de retención expresamente designado.

También es irrelevante indicar la calidad de agente de retención del impuesto sobre las ventas tratándose de operaciones no gravadas o cuando se realicen con personas que no son agentes de retención de dicho impuesto, pues en estos eventos no hay lugar a practicar retención del IVA.

Como ya se indicó no tiene ningún efecto indicar la calidad de agente de retención del IVA en operaciones no gravadas, como es la exportación de bienes, o cuando se realizan transacciones con personas que al realizar el pago o abono en cuenta no tienen la calidad de agentes de retención de este impuesto, como ocurre con extranjeros no domiciliados o residentes en el país. Es una obligación accesoria que desaparece al no existir la obligación principal de retener, como está demostrado en el presente caso.
  (2015-03-09) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 7286
    TRANSFORMACION DE BIEN PRIMARIO - Impuesto de Industria y Comercio.
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    PRODUCCION PRIMARIA - Actividad no sujeta / ACTIVIDAD INDUSTRIAL - Imposición de gravamen .
Conforme al artículo 39 de la Ley 14 de 1983, les está prohibido a los municipios imponer gravámenes a la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, así como gravar la primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trata de producción agropecuaria, con excepción de las fábricas de productos alimenticios y toda industria en donde haya cualquier tipo de transformación, por mínimo o elemental que este sea.

No caben en la noción de transformación, las actividades consistentes en los procesos de selección, limpieza, empaque y conservación, que aun cuando conlleven la utilización de insumos no varíen la naturaleza del producto primario agrícola.

Reiteradamente se ha precisado que el proceso productivo primario culmina con la venta del producto y por ello la venta o comercialización de productos en estado natural o primario, sin ningún tipo de transformación, hecha por el productor de los mismos, no puede ser gravada con el impuesto de industria y comercio.

No determina la ley la forma en que debe efectuarse la producción primaria como tal, ni impone límites en consideración a la infraestructura o tecnología utilizada; pero previene sí, que cuando se trate de fábricas de productos alimenticios o de una industria donde haya un proceso de transformación del producto primario llevado a cabo, bien sea a través de medios artesanales, rudimentarios o elementales, no se estará cobijado por la prohibición.

Lo anterior, en atención a que de conformidad con la naturaleza del impuesto, la transformación de cualquier clase de materiales o bienes constituye actividad industrial, de acuerdo con lo definido en el artículo 34 de la Ley 14 de 1983.
  (2015-03-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 7286
    PROHIBICION TRIBUTARIA - Producción primaria agrícola / LEY DE FOMENTO PANELERO - Alcance.
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    El impuesto de industria y comercio no recae sobre artículos, sino sobre la realización de actividades y que la no sujeción no es en cuanto a las personas, sino en consideración a la actividad, que debe ser agropecuaria, con exclusión expresa de las industrias en las que haya cualquier tipo de transformación.
Establecido entonces, que las prohibiciones cubren la producción primaria agrícola, sin proceso de transformación y que no pueden aplicarse a los trapiches paneleros en los cuales hay un proceso de elaboración y procesamiento en el cual las materias primarias se transforman en productos nuevos, es evidente que el acto acusado visto a la luz de las normas reguladoras del impuesto de industria y comercio, a las que se advierte, de manera primordial debía sujetarse, no merece tacha de ilegalidad.

De donde se concluye que no era necesaria la expedición de la Ley 40 de 1990, para que el municipio incluyera las actividades que se analizan, como sujetas al impuesto a través del acuerdo demandado, en atención a que dicha ley "por la cual se dictan normas para la protección y desarrollo de la producción de panela y se establece la cuota de fomento panelero", no tuvo incidencia en las normas legales relativas al impuesto de industria y comercio pues además de no hacer referencia alguna sobre ellas, dentro de su objeto no se cuenta el de adicionarlas, modificarlas o derogarlas, por lo que la citada Ley 40 no modificaba la situación legal del impuesto.

En efecto, la actividad de procesamiento de la caña de azúcar para la producción de panela constituye un elemental proceso industrial, para transformar la caña de azúcar en productos para consumo humano; pero este proceso no constituye prolongación de la actividad primaria agrícola y en consecuencia, no puede beneficiarse de la prohibición establecida. Se colige entonces que los establecimientos fabriles dedicados a la transformación o elaboración de productos agrícolas son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio.
  (2015-03-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    COSA JUZGADA EN DEMANDAS CONTRA RESOLUCIONES DE SANCION POR MEDIOS MAGNETICOS - No se presentan cuando los apartes demandados en cada proceso son diferentes.
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    Se presenta cosa juzgada cuando entre el proceso de nulidad que se tramita y el ya juzgado exista identidad de objeto e identidad de causa.
La identidad de objeto exige que la petición en los dos procesos sea la misma, y la identidad de causa implica que los fundamentos jurídicos de la pretensión sean idénticos.

Para la Sala, contrario a lo señalado por la señora Procuradora, no se presenta cosa juzgada, porque no se cumplen las condiciones que la originan, toda vez que en el proceso 13290 citado por el Ministerio Público, no se demandó la nulidad total o parcial del artículo 3° de la Resolución 9483 del 17 de noviembre de 2000 que ahora se acusa, sino el artículo 61 de la Resolución 0770 de 1995 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el artículo 43 (parcial) de la Resolución 478 de 2000 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Ahora bien, los fundamentos jurídicos de las pretensiones en aquel proceso no son los mismos que ahora expone el demandante en este caso, pues mientras en el proceso ya resuelto se invocaba la vulneración a los artículos 29 de la Constitución Política; 676 del Estatuto Tributario; y 1608 del Código Civil, ahora se señalan como normas quebrantadas los artículos 674 y 675 del Estatuto Tributario.

Teniendo en cuenta que las pretensiones y sus fundamentos, en el proceso juzgado y en el actual son diferentes, no hay identidad ni en su objeto ni en la causa y por tanto, tampoco existe cosa juzgada que impida a la Sala pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda.
  (2015-03-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 14031
    SANCION POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACION REMITIDA - Conforme a jurisprudencia reiterada se debe calcular el monto de la sanción proporcionalmente mediante regla de tres.
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    RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN IMPOSICION DE SANCIONES TRIBUTARIA - Deben atenderse y no fijar en todos los casos el tope máximo de la sanción.
La Sala ha considerado que cuando una norma, al establecer el monto de la sanción tributaria, utiliza la expresión "hasta", significa que la multa puede imponerse teniendo en cuenta un margen de flexibilidad que permite a la Administración graduar la sanción, sin que dé lugar a entender que el porcentaje o valor que se consagra, deba ser considerado como valor fijo, sino como un tope máximo.

Siguiendo este criterio, la Sala estableció algunos parámetros con el fin de hacer efectiva la gradualidad de la sanción por inconsistencias en la información remitida, contemplada en el artículo 675 del Estatuto Tributario. En la Sentencia del 12 de septiembre de 2002, Exp. 12615, que se reitera en esta ocasión, se indicó lo siguiente:"
  • ...Considera la Sala, que para este evento, basta aplicar una regla de tres simple, para determinar un monto proporcional de la sanción, pues si el tope máximo en este caso es de $7.700 (Año 2004 $18.000. D.R. 3804 de 2003), está suma se aplicará cuando los errores alcancen el 3% de documentos errados frente al total de documentos por tipo y la suma se rebajará en la medida en que el porcentaje de error también sea menor.
Conforme con lo expuesto, la Administración debe graduar la sanción y si es el caso incluso imponer el tope máximo, explicando las razones para ello, pero no es posible en forma general determinar que en todos los casos se aplicará la sanción máxima
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Sección Cuarta

Radicación número: 14031
    SANCIONES TRIBUTARIAS - Principios de razonabilidad y proporcionalidad.
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    FACTOR DE GRADUALIDAD EN SANCION POR ERRORES DE VERIFICACION - Está incluido en el artículo 674 del E. T. y por ello no es procedente incluirlo en la resolución que reglamentó su cálculo.
Sin embargo el texto del artículo 674 del Estatuto Tributario contiene unos criterios de gradualidad de la sanción que limitan la discrecionalidad del funcionario, como quiera que se imponen en el primer evento "por cada declaración, recibo o documento recepcionado con errores de verificación, cuando el nombre, la razón social o el número de identificación tributaria, no coincidan con los que aparecen en el documento de identificación del declarante, contribuyente, agente retenedor o responsable.

"Tratándose del artículo 674 del Estatuto Tributario se fijan unos lineamientos de razonabilidad muy precisos y que atienden los criterios de justicia contemplados en el artículo 683 del Estatuto Tributario, de tal forma que no permiten introducir razonamientos adicionales que tiendan a valorar otras circunstancias particulares diferentes a las señaladas en la norma.

Incluir razonamientos adicionales para graduar el valor base de la sanción, lograría lo que se pretende evitar: Que cada funcionario estableciera según su propia opinión los criterios de gravedad de los errores, no basado en el comportamiento que se quiere castigar, sino en otros aspectos subjetivos e ilimitados.

Esta circunstancia generaría un tratamiento desigual para las entidades autorizadas para recaudar dependiendo del funcionario que individualmente considerado revise cada caso. La Sala mantiene el criterio que la expresión "hasta" conlleva implícitamente un criterio de gradualidad, y en este caso, revisado el contexto general del artículo 674 del Estatuto Tributario, se observa que la norma lo desarrolla a cabalidad, de tal forma que no es posible adicionar criterios en procura de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las
  (2015-03-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2000-1159-01(12817)
    PRESCRIPCION DE LA ACCION SANCIONATORIA - En materia tributaria no se aplica el artículo 38 del C.C.A.
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    TERMINO PARA IMPONER SANCIONES TRIBUTARIAS - Tratándose de sanciones mediante resolución independiente es de dos años.
PLIEGO DE CARGOS PARA SANCIONAR - Debe proferirse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que ocurrió la irregularidad.

Al respecto observa la Sala, que contrario a lo estimado por el Tribunal, no es aplicable el articulo 38 del Código Contencioso Administrativo, puesto que debe observarse el principio de la prevalencia de los procedimientos especiales sobre el procedimiento general contemplado en el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo.

De conformidad con el citado artículo 638 del Estatuto Tributario, el término para imponer las sanciones (por resolución independiente) es de dos años. La entidad oficial deberá formular el pliego de cargos, previo a la imposición de la sanción, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que "ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad para el caso de las infracciones continuadas" y vencido el término de respuesta al pliego de cargos, dispone de un plazo de 6 meses para proferir la sanción correspondiente, como en otras oportunidades lo ha indicado la Sala.
  (2015-03-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2000-1159-01(12817)
    FACTOR DE GRADUACION EN SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN ENTREGA DE INFORMACION - Al no indicarse claramente en la demanda imposibilita acceder a su reconocimiento.
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    DIAS DE EXTEMPORANEIDAD EN SANCION POR INFORMACION EXTEMPORANEA - Se contabiliza a razón de un día por cada paquete o cinta.
Ahora, en esta instancia, se pide obtener y aplicar el factor de graduación, pero sin siquiera determinar y cuantificar los datos precisos que a su juicio deberían ser tenidos en cuenta para el período de 1996, limitándose al enunciado genérico:

"( No. documentos banco período, total documentos bancos y factor de graduación -500 o 1.000, según el caso) que corresponda a cada año...", lo que imposibilita a la Sala establecer cual sería el factor de graduación aplicable al demandante para el año discutido.

Finalmente, acerca del punto relacionado con la forma de contabilizar la extemporaneidad en la entrega de la información, la Sala no ha variado su criterio, que corresponde al expuesto en diversas oportunidades en las que con apoyo en las normas que rigen la materia, articulo 676 del E.T. en concordancia con la resolución 770 de l995, ha sido constante en precisar que los días extemporáneos se contabilizan a razón de un día por cada uno de los paquetes y cintas, contrario a como lo plantea el Banco actor, de tomar la totalidad de la información en relación con todos los documentos y cintas correspondientes a un mismo día de recaudo.
  (2015-03-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    No están gravados con ICA los ingresos recibidos por los bancos por corrección monetaria, por créditos en UPAC que otorgó cuando operó como corporación de ahorro y vivienda.
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    Así lo concluyó la Sala al modificar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que anuló, solo frente a la sanción por inexactitud impuesta, los actos administrativos del municipio de Medellín que liquidaron oficialmente el impuesto de industria y comercio a cargo del Banco Davivienda S.A. por el año 1999.
La Sala anuló parcialmente dichos actos, pero en cuanto adicionaron la base gravable del impuesto con los ingresos por corrección monetaria que el banco percibió por los créditos en UPAC que otorgó cuando operaba como corporación de ahorro y vivienda.

La Sala señaló que tales ingresos no hacen parte de la base gravable del tributo respecto de los bancos, dado que la Ley 14 de 1983 (art. 42), normativa que el municipio de Medellín acogió en el Acuerdo 50 de 1997, por el que expidió el estatuto del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, no los incluye en ella.

Al respecto la Sala señaló que en 1999 Davivienda ya no era una corporación de ahorro y vivienda sino un banco y que, según el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, desde su conversión a banco solo podía efectuar las operaciones autorizadas a los mismos.
  (2015-02-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    Para liquidar el impuesto de avisos y tableros no se puede fragmentar la base gravable del mismo, que es la totalidad del impuesto de industria y comercio declarado en el periodo.
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    Casa Editorial El Tiempo S.A. demandó la nulidad de los actos del Distrito Capital que modificaron las declaraciones del impuesto de industria y comercio que presentó por ciertos bimestres del 2006, en el sentido de imponerle un mayor tributo de avisos y tableros y sancionarla por inexactitud.
La Sala confirmó en forma parcial la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló parcialmente esos actos, para lo cual, entre otras consideraciones, precisó que no procedía deducir de la base del gravamen de avisos y tableros los ingresos que la actora recibió por la actividad denominada “metro cuadrado”, toda vez que la Ley 14 de 1983 (art. 37) y el Decreto 352 de 2002 (art. 59) no admiten la posibilidad de fraccionar o segmentar dicha base, dado que ordenan tomar como tal la totalidad del impuesto de industria y comercio declarado en el periodo, al que se aplica una tarifa fija del 15%.

Extracto: “3.2.2.- En sentir de la Sala, la naturaleza complementaria del impuesto de avisos y tableros se predica respecto de i) la forma en que se calcula, pues constituye un porcentaje del total del impuesto de industria y comercio, y de ii) la relación de depend