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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    Sanción por devolución y/o compensación improcedente.
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    En cuanto a la “falta de ejecutoria de la resolución sanción”, la Sala parte de reiterar que la DIAN está facultada para iniciar el proceso administrativo sancionatorio por devolución y/o compensación improcedente de saldos a favor de que trata el artículo 670 del Estatuto Tributario, aun cuando esté en discusión la liquidación oficial de revisión.
El artículo 670 del Estatuto Tributario obliga al contribuyente a reintegrar las sumas indebidamente devueltas y/o compensadas, y a pagar los intereses moratorios correspondientes incrementados en un 50%.

La Sala ha precisado que el monto a reintegrar y la base para la liquidación de los intereses de mora son factores que no pueden equipararse. El monto a reintegrar corresponde al monto que se devolvió o compensó de manera improcedente, pero los intereses de mora se liquidan sobre el mayor impuesto determinado. En otras palabras, corresponde al monto que se devolvió o compensó de manera improcedente, menos la sanción por inexactitud.

Lo anterior por cuanto el artículo 634 del mismo estatuto establece que los intereses de mora se causan por el no pago oportuno de impuestos, anticipos y retenciones. Por lo tanto, es improcedente que los intereses de mora se liquiden sobre las sanciones. Por eso, la Sala ha dicho que, en estricto sentido, la sanción por devolución improcedente corresponde al incremento del 50% de los intereses moratorios correspondientes que se liquiden sobre el mayor impuesto a pagar.
  (2014-12-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    De conformidad con el artículo 266 del Decreto 2685 de 1999, el trámite de una exportación se inicia con la presentación y aceptación, a través del sistema informático aduanero, de la solicitud de autorización de embarque, en la forma y con los procedimientos previstos legalmente..
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    Una vez se autoriza, se embarca la mercancía y el transportador certifica el embarque, la solicitud de autorización de embarque se convierte en declaración de exportación.
De acuerdo con el artículo 234 de la Resolución 4240 del 2000, previa obtención de los vistos buenos y las autorizaciones necesarias, la solicitud mencionada se presenta ante la autoridad aduanera, “incorporando la información al sistema informático aduanero o diligenciando y entregando a la administración aduanera donde se encuentre la mercancía, el formulario de declaración de exportación.”

La autorización de embarque se entiende otorgada cuando, a través del sistema informático aduanero y previa verificación de que la solicitud debe ser aceptada, la Aduana asigna el número y fecha correspondientes y autoriza al declarante la impresión del documento. En caso contrario, la autoridad aduanera a través del mismo medio, debe comunicar al declarante las causales que motivan su no aceptación.

Con base en el artículo 269 del Decreto 2685 de 1999, la solicitud de autorización de embarque debe contener como mínimo la siguiente información: modalidad de la exportación, subpartida arancelaria, descripción de la mercancía, cantidad, peso, valor FOB en dólares, país de destino, consolidación, cuando haya lugar a ello, clase de embarque, información relativa a datos del embarque y los sistemas especiales de importación – exportación, cuando haya lugar a ello.
  (2014-12-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    Sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros.
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    EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados, por la Administración de Impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión.
“El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 642.

De conformidad con esta disposición, una vez la autoridad tributaria cuente con elementos que le permitan establecer que se ha configurado la obligación tributaria, emplazará a quien haya incumplido el deber formal de declarar, para que lo haga en el término de un mes, so pena de sanción si persiste en la omisión.

Esta disposición hace parte del procedimiento para expedir la liquidación de aforo de que tratan los artículos 715 a 719 del Estatuto Tributario a los que remite el artículo 103 del Decreto 807 de 1993, al señalar:

Art. 103. Cuando los contribuyentes no hayan cumplido con la obligación de presentar las declaraciones, la Dirección Distrital de Impuestos, podrá determinar los tributos, mediante la expedición de una liquidación de aforo, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 715, 716, 717, 718 y 719 del Estatuto Tributario en concordancia con lo consagrado en los artículos 60 y 62.

Las mencionadas normas del Estatuto Tributario Nacional establecen el trámite especial que debe adelantar la Administración, quien cuenta con amplias facultades de investigación para establecer la obligación tributaria, en caso de que los obligados omitan el deber de declarar, para luego de agotar el trámite legal, determinar los tributos mediante liquidación de aforo, procedimiento que se inicia con el emplazamiento para declarar.
  (2014-12-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    Artículo 651 del Estatuto Tributario, Sanción por no enviar información.
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    La Sala determina si la sanción impuesta al actor desconoce los principios de “necesidad de la información”, “de inmediatez y de la eficacia tributaria”, si la conducta del contribuyente causó daño a la administración y si debe darse prevalencia al derecho sustancial sobre el formal.
El ordenamiento tributario establece, en los artículos 622 y siguientes, obligaciones de información a cargo de todos aquellos que encuadren en los presupuestos legales, quienes serán los obligados a suministrar la respectiva información tributaria, entre estas obligaciones, la de suministrar la información solicitada por el Director General de la DIAN con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, de que trata el artículo 631 ib.

Otras son las personas a quienes la Administración directamente les solicita información o pruebas mediante requerimientos ordinarios en los que le indica al requerido la información o pruebas que necesita y su finalidad, así como el plazo o término que particularmente le concede para que la allegue.

El plazo entendido como la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, en otras palabras, es el término cierto señalado para ejecutar determinada acción, por lo que, mientras no llegue el día señalado no expira el plazo y, por ende, no se entenderá la obligación incumplida, por el contrario, si el plazo o término vence sin que el obligado ejecute la acción correspondiente y no lo hace en ningún tiempo, se entenderá que la obligación no fue cumplida.

Entonces, el plazo que se fije, sea en acto general o de contenido particular, es el parámetro para determinar la ocurrencia de este hecho sancionable, pues mientras no llegue la fecha límite fijada para suministrar la información requerida no se configurará la conducta irregular sancionable, que se concreta en “no suministrar la información requerida en el plazo fijado para ello”, por esta razón, se entiende que se trata de una infracción instantánea.
  (2014-12-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    (ICA) Consejo de Estado Ratifica Diferencia en Cambio no esta sujeta a industria y comercio.
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    Si el ajuste por diferencia en cambio constituye una de las modalidades que el Estatuto Tributario consagraba como ajuste integral por inflación, las partidas reflejadas en el estado de resultados como un ingreso, provenientes de la aplicación de dicho sistema, no pueden estar gravadas con el impuesto de industria y comercio.”
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital de Bogotá, a la Sala le corresponde decidir si es nula la Liquidación Oficial de Revisión No. 174 DDI 007447 del 17 de marzo de 2009, con la que la Secretaría de Hacienda de Bogotá modificó la declaración del impuesto de industria y comercio presentada por Hewlett Packard Colombia Ltda. por el segundo bimestre del año 2006.

De manera concreta, debe decidir si el ingreso generado por el ajuste por diferencia en cambio forma parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio y si era procedente la sanción por inexactitud.

La Sala anticipa que confirmará la sentencia apelada en consideración a que, como reiteradamente lo ha señalado, la diferencia en cambio es una modalidad del sistema de ajustes integrales por inflación y, por consiguiente, el ingreso generado por ese concepto no forma parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
  (2014-12-22) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    (ICA) Descuentos comerciales ‘pie de factura’ no hacen parte de la base gravable del ICA, dado que ni fiscal ni contablemente constituyen un ingreso.
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    Los «ingresos brutos» para integrar la base gravable del impuesto de industria y comercio, deben reunir indispensablemente la condición de «ingreso» que, como se explicó, son solo aquellos que generan incrementos al patrimonio, es decir, lo constituye el valor efectivamente percibido en la venta de bienes o servicios, sin tener en cuenta los ingresos expresamente excluidos.
Se estudió la legalidad de los actos por los que el Municipio de Santiago de Cali modificó la declaración del ICA que por el año gravable 2003 presentó Colombina S.A., en el sentido de adicionar a la base gravable los descuentos 'a pie de factura' que la empresa efectuó a sus clientes.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que anuló tales actos y declaró en firme la declaración privada del impuesto, porque consideró que los citados descuentos no hacen parte de la base gravable del ICA, toda vez que no constituyen ingresos para el vendedor ni se pueden clasificar dentro de los ingresos brutos sobre los que se liquida el tributo, en la medida en que no representan un flujo de entrada de recursos ni incrementos al patrimonio de quien los concede.

Precisó que la actora soportó probatoriamente la realidad de los descuentos comerciales en discusión con el certificado del revisor fiscal que aportó, el cual cumple los requisitos que para ello señala la jurisprudencia de la Sala, a lo que agregó que, en materia fiscal no es válido exigir para las facturas los requisitos que el Código de Comercio establece para los títulos valores, dado que la normativa tributaria prima para el efecto, de modo que los requisitos son los que prevé el art. 617 del E.T.
  (2014-12-22) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    Corresponde examinar la validez de la notificación del requerimiento especial por publicación en aviso, frente a la circunstancia que motivó la devolución del correo enviado para realizar dicha diligencia, cual fue la realización de la misma durante un día domingo, en el que la sede social se encontraba cerrada.
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    Se establecerá la oportunidad de las liquidaciones oficiales de revisión demandadas, considerando el momento en que se expidieron los autos que las aclararon y si el mismo es posterior al vencimiento del término establecido en el artículo 710 del ET.
Las actuaciones de la Administracion enviadas por correo, que por cualquier razon sean devueltas, seran notificadas mediante aviso en un periodico de amplia circulacion nacional o de circulacion regional de lugar que corresponda a la ultima direccion informada en el RUT; la notificacion se entendera surtida para efectos de los terminos de la Administracion, en la primera fecha de introduccion al correo, pero para el contribuyente, el termino para responder o impugnar se contara desde el dia habil siguiente, a la publicacion del aviso o de la correccion de la notificacion.

En este orden de ideas, queda claro que la practica de la notificacion por correo supone exclusivamente dos condiciones, una subjetiva relacionada con el destinatario del correo, y otra objetiva, referida al lugar de destino del mismo:
  • La efectiva entrega de la copia del acto a notificar a su destinatario.
  • La realizacion de dicha entrega en la ultima direccion informada por el contribuyente.
La "entrega" de la copia del acto a notificar en la direccion informada por el contribuyente es, pues, el elemento determinante de la notificacion por correo.
  (2014-12-19) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    Impuesto de Industria y Comercio. La edición de periódicos, revistas y relacionados, es una actividad de servicios.
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    En el caso concreto, no es objeto de discusión que la demandante instaló vallas publicitarias anunciando su actividad económica, esto es, que realizó el hecho generador del impuesto de avisos y tableros.
En sentir de la Sala, la naturaleza complementaria del impuesto de avisos y tableros se predica respecto de
  • i) la forma en que se calcula, pues constituye un porcentaje del total del impuesto de industria y comercio, y de

  • ii) la relación de dependencia que existe entre ambos, ya que el primero sólo se configura cuando lo que se publica es una actividad gravada con el ICA17. De manera que constituyen gravámenes distintos, pero estrechamente relacionados.
En ese sentido, la causación del impuesto de industria y comercio no implica, per se, que se genere la obligación tributaria por avisos y tableros. No obstante, una vez determinada la realización del hecho generador de este último18, hay lugar a su cobro, en las condiciones del artículo 59 del Decreto 352 de 2002, que señala:
  • ARTÍCULO 59. BASE GRAVABLE Y TARIFA DEL IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS. Se liquidará como complemento del impuesto de industria y comercio, tomando como base el impuesto a cargo total de industria y comercio a la cual se aplicará una tarifa fija del 15%.”
Repárese que la norma es clara en definir la forma en que debe calcularse el tributo, y no hace distinción alguna frente a la base gravable (el ICA para el mismo período), es decir, que no admite la posibilidad de fraccionarla19 a efectos de establecer la obligación a cargo.
  (2014-12-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    Se determina si la DIAN podía imponer sanción frente a la liquidación oficial de corrección, pues, en su criterio, en materia de precios de transferencia tal liquidación no puede ser revocada por la DIAN.
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    El artículo 260-8 del Estatuto Tributario11 dispuso que los contribuyentes allí indicados deben presentar anualmente una declaración informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas.
Asimismo, define si la actora incurrió en la infracción sancionable. Lo anterior, porque alega que no era viable la imposición de la sanción del 1% del total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior, ni el incremento del 30% de ésta, dado que la sanción por corrección que la DIAN aceptó en la liquidación oficial de corrección, correspondiente al 2% de la sanción por extemporaneidad, era la que correspondía, conforme con el artículo 260-10 literal B numeral 3 del Estatuto Tributario.

Pues bien, los artículos 260-1 y siguientes del Estatuto Tributario regulan el régimen de precios de transferencia que se aplica sólo a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior.

El régimen obliga a que los contribuyentes del citado impuesto determinen los ingresos, costos y deducciones, teniendo en cuenta para tales negociaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes, para que prevalezcan los precios de mercado y no los fijados por las partes artificialmente en razón de la vinculación que poseen, con el ánimo de reducir su carga tributaria.

Por su parte, el artículo 260-1 inciso 2° del Estatuto Tributario facultó a la DIAN para que, en desarrollo de las facultades de verificación y control, determinara los ingresos ordinarios y extraordinarios, al igual que los costos y deducciones de las operaciones que los contribuyentes del impuesto de renta realicen con vinculados económicos o partes relacionadas, “mediante la determinación del precio o margen de utilidad a partir de precios y márgenes de utilidad en operaciones comparables con o entre partes no vinculadas económicamente, en Colombia o en el exterior”. Y, el inciso 6° precisó que los precios de transferencia solo producen efectos en la determinación del impuesto sobre la renta.
  (2014-12-19) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    La presentación de la información con errores, ocasiona un daño al Estado, con mayor razón se debe aceptar que no presentarla perjudica la Administración, no le permite cumplir con sus funciones de Fiscalización, ocasiona un daño al Estado, que se debe sancionar conforme con lo establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario.
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      El artículo 651 del E.T. no distingue el tipo de errores que tipifican infracción administrativa; por lo tanto, si las inconsistencias formales no permiten acceder a la información solicitada, es válido que se sancionen si con ello se obstaculiza la labor de fiscalización de la autoridad tributaria. En este sentido, si se reconoce que
    Corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Administracion de Impuestos de Cartagena impuso a la actora sancion por no enviar la informacion en medios magneticos correspondiente al ano gravable 2003, en los terminos del articulo 651 del Estatuto Tributario.

    El argumento del recurso de apelacion se reduce a manifestar que la DIAN no demostro que el actuar de la demandante causara perjuicio, con fundamento en cierta sentencia de esta Seccion. Sobre la informacion de que se trata, la Sala observa:

    El articulo 651 del Estatuto Tributario tipifica la sancion a imponer a los contribuyentes obligados a suministrar informacion tributaria y a aquellos a los que la Administracion les ha solicitado informaciones o pruebas, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:
    • Cuando no suministren la informacion, y/o pruebas, dentro del plazo en que deben hacerlo.
    • Cuando entreguen la informacion con errores.
    • Cuando suministren informacion distinta a la que se les pide.
    La cuantificación de la sanción se rige por los siguientes parámetros:
    • 1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

    • 2. Hasta del 0.5% de los ingresos netos cuando no sea posible establecer la base para tasarla, o la información no tuviere cuantía. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o a la última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.
      (2014-12-15) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    En el caso de devoluciones con garantía, el acto que determina la responsabilidad del garante y la exigibilidad de la obligación a su cargo es la resolución que declara la improcedencia de la devolución y ordena el reintegro.
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    Al no haberse notificado a la demandante, en calidad de garante de la Compañía Palmatex Ltda, la resolución que le impuso a esa compañía la sanción por devolución improcedente, no le era exigible a la empresa garante, pues estaba demostrado que el título ejecutivo no se conformó en debida forma.
La Sala ha precisado que el artículo 860 del E.T., vigente para la época de los hechos en discusión, preveía que cuando el contribuyente presentaba con la solicitud de la devolución una garantía a favor de la Nación, por un valor equivalente al monto objeto de devolución, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los cinco días siguientes.

Que si dentro del término de vigencia de la garantía, que era de seis meses, la Administración practicaba requerimiento especial o notificaba el pliego de cargos para imponer la sanción por devolución improcedente, el garante respondía solidariamente por las obligaciones garantizadas y por la sanción por devolución improcedente establecida en el artículo 670 del E.T., con los intereses correspondientes. Estas obligaciones se harían efectivas una vez quedara en firme la liquidación oficial o la sanción.

Ahora bien, el artículo 828, numeral 4, del E.T., establece que prestan mérito ejecutivo las garantías y cauciones otorgadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto administrativo que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.
  (2014-12-15) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    Uno de los presupuestos de procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es el agotamiento de la vía gubernativa, previsto en el artículo 135 del C.C.A.
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    El término para interponer el recurso de reconsideración consagrado legalmente en el artículo 720 del E.T., se empieza a contar desde la notificación del acto.
Problemas jurídicos.
  • A la Sala le corresponde resolver si el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución sancionatoria fue presentado dentro de la oportunidad legal.

  • Agotamiento de la vía gubernativa.

  • Del término para interponer el recuso de reconsideración.
En materia tributaria, el agotamiento de la vía gubernativa requiere de la interposición del recurso de reconsideración, regulado de manera especial por el artículo 720 del E.T.

El término para interponer el recuso de reconsideración.
El artículo 720 del E.T. establece que contra las resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas, entre otros actos, procede el recurso de reconsideración, que debe interponerse dentro de los dos meses siguientes a la notificación del acto.

Por su parte, el artículo 722 del E.T., relativo a los requisitos que debe cumplir el recurso de reconsideración, establece que debe ser interpuesto dentro de la oportunidad legal prevista, so pena de ser inadmitido de acuerdo a lo estipulado en el artículo 726 ibídem.
  (2014-12-15) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    EXENCION DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS POR DESEMBOLSOS O PAGOS A TERCEROS - Requisitos cuando el desembolso del crédito se hace directamente al deudor.
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    Finalidad. La exención está sujeta a que el deudor destine el crédito a la adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos.
EXENCION DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS POR DESEMBOLSOS O PAGOS A TERCEROS - No procede cuando el deudor del crédito se dedique a la comercialización de automóviles, inmuebles y activos fijos financiados con el respectivo crédito.

Con la reforma establecida por el artículo 6° de la Ley 1430 de 2010, se modificó el numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario […] En lo que respecta a los desembolsos de los créditos que son objeto de la exención, el inciso primero de la norma señalada contempla dos situaciones a saber:
  • i) cuando el desembolso se realiza directamente al deudor y,
  • ii) cuando el desembolso se realiza a un tercero.
En el primer caso, la procedencia de la exención exige que el desembolso se realice mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida; que lo otorgue un establecimiento de crédito, una cooperativa con actividad financiera o una cooperativa de ahorro y crédito y, que dicha entidad esté vigilada por la Superintendencia Financiera o por la de Economía Solidaria.

En el segundo caso, esto es, cuando el desembolso se haga a un tercero, además de lo anterior, se requiere que el deudor del crédito lo destine a la adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos y, por tanto, el elemento relevante de la exención está dado en función de la destinación que del mismo haga el deudor que, se reitera, no es otra diferente a la adquisición de los bienes referidos, lo que no admite la destinación del crédito a otras actividades diferentes, en razón de la naturaleza restrictiva de las exenciones.
  (2014-12-09) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - Creación. Causación. Hecho generador.
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    El gravamen a los movimientos financieros fue creado por la Ley 633 de 2000 y se causa desde el primero de enero del año 2001, a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman.
El hecho generador de este gravamen lo constituye “…la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia. (…)”.

La Sala observa que, como regla general, el gravamen a los movimientos financieros se causa por la disposición de recursos que se haga sobre las cuentas señaladas en el párrafo anterior y, como excepción a la misma, el artículo 879 del Estatuto Tributario, implementado por la mencionada Ley 633 de 2000, determinó dentro de las exenciones del tributo “(…) 11.

Los desembolsos de crédito mediante abono en la cuenta o mediante expedición de cheques, que realicen los establecimientos de crédito” (…)”. Desde el momento de su creación, el gravamen a los movimientos financieros ha sido objeto de múltiples reformas, todas ellas tendientes a ampliar el espectro de operaciones que, por implicar una disposición de recursos, entran a constituir el hecho generador del tributo.

Tal es el caso de la Ley 788 de 2002 que incorporó otros hechos generadores del tributo, sin que modificara el citado numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario. En efecto, el artículo 45 de la mencionada ley, incluyó como hechos generadores del gravamen el traslado o cesión a cualquier título de los recursos o derechos sobre carteras colectivas entre los copropietarios de los mismos, la disposición de recursos a través de contratos o convenios de recaudo suscritos por las entidades financieras con sus clientes en los que no exista disposición de recursos de cuentas corrientes, de ahorro o de depósito, los débitos que se hagan a cuentas contables y de otro género, para la realización de pagos y transferencias a terceros, diferentes a las corrientes, de ahorro y de depósito.
  (2014-12-09) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION - No se tienen en cuenta para determinar el impuesto de industria y comercio.
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    INGRESOS POR AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - No forman parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia apelada en consideración a que, como reiteradamente lo ha señalado, la diferencia en cambio es una modalidad del sistema de ajustes integrales por inflación y, por consiguiente, el ingreso generado por ese concepto no forma parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.

La Sala considera:
El artículo 42 del Decreto 352 del 2002 «Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital», establece que la base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por los ingresos netos obtenidos durante el período, incluidos los rendimientos financieros, las comisiones y, en general, los que no estén expresamente excluidos.

De igual forma, la norma en cuestión establece que «Para la determinación del impuesto de industria y comercio no se aplicarán los ajustes integrales por inflación». En idéntico sentido, el artículo 330 del E.T., derogado por el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006, establecía que los ajustes integrales por inflación no se tenían en cuenta para la determinar la base gravable del impuesto de industria y comercio […]
  (2014-12-09) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    COMPENSACION DE DEUDAS JUDICIALES DE LA NACION CON OBLIGACIONES FISCALES DEL BENEFICIARIO DE LA CONDENA.
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    Procede, de oficio, aunque esté en discusión la legalidad de los actos que fallaron las excepciones y ordenaron seguir adelante con la ejecución de las obligaciones fiscales objeto de compensación, pues, para la viabilidad de esta figura solo se requiere que se trate de obligaciones exigibles.
La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 29 de la Ley 344 de 1996, en la sentencia C-428 del 4 de septiembre de 1997 […] La Corte Constitucional encontró exequible el artículo demandado al considerar que el legislador autorizó el cruce de información que permitirá a la Administración, antes de efectuar el pago ordenado en la sentencia judicial, conocer si el beneficiario tiene obligaciones con la DIAN pendientes de pago y, precisa que lo adeudado por la Nación podrá compensarse con la deuda del administrado, siempre y cuando, la obligación de éste conste en un título ejecutivo y se haya iniciado el correspondiente cobro administrativo coactivo.

Revisada la actuación, la Sala encuentra que se adelantó el trámite establecido en las normas citadas […] De lo anterior, la Sala concluye que se cumplen los presupuestos legales para que opere la compensación de las obligaciones debidas, de una parte, por la Nación, contenida en sentencia judicial y, de otra, por el demandante, contenida en liquidación oficial ejecutoriada.

La Sala destaca que aunque el artículo 49 de la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 2126 de 1997, son las normas aplicables al caso y están citadas en el acto que ordenó la compensación aquí cuestionado, el demandante no planteó argumento alguno tendiente a desvirtuar su aplicación, lo que sería suficiente para negar las pretensiones del demandante.
  (2014-12-02) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR – Se encuentra facultada para el cobro coactivo de multas por ella impuestas.
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    Creación y funciones sancionatorias de la superintendencia.
El señor Ministro de Trabajo, por solicitud del Superintendente de Subsidio Familiar, consulta a la Sala sobre la prerrogativa de cobro coactivo prevista en el artículo 98 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, en relación con las multas que impone esa Superintendencia como autoridad de inspección, control y vigilancia.

De conformidad con los antecedentes y preguntas formuladas en la consulta, la Sala estima que el problema jurídico a resolver puede plantearse en los siguientes términos:
  • ¿Está facultada la Superintendencia del Subsidio Familiar para adelantar el cobro coactivo de las multas impuestas en ejercicio de sus facultades legales de inspección, control y vigilancia, considerando que el producto de tales multas debe girarse a favor del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo que es administrado por las Cajas de Compensación Familiar, entidades que a su vez son vigiladas por esa superintendencia?.
  (2014-11-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    ABANDONO LEGAL DE LA MERCANCIA - Mecanismos de defensa administrativos y judiciales procedentes contra el acto administrativo que declara el abandono legal de la mercancía.
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    El parágrafo del artículo 115 del Decreto 2685 de 1999, indica que es el interesado quien puede rescatar la mercancía, dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca el abandono, es decir que el propietario de la misma también está legitimado para adelantar dicho procedimiento.
Contra el acto administrativo que declara en abandono la mercancía puede presentarse el recurso de reconsideración, y agotada la vía gubernativa, el importador puede ejercer la acciones contenciosas de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, sin perjuicio del otro mecanismo administrativo dispuesto en la misma legislación aduanera denominado como rescate de la mercancía, que contiene una sanción de carácter pecuniario por la inactividad del importador en obtener oportunamente el levante de la mercancía.

El rescate consiste en adelantar dentro del mes siguiente a la declaración de abandono la declaración de legalización, el pago de los tributos aduaneros y un 15% del valor en aduana de la mercancía, así como el pago de los gastos de almacenamiento que se hayan causado (artículo 231 del Decreto 2685 de 1999).

Si el importador no adelanta el trámite de rescate, por disposición del artículo 526 del Decreto 2685 de 1999 la mercancía pasa a ser de propiedad de la Nación, quien dispone de ella para venderla, donarla, asignarla o destruirla, según el valor comercial, la calidad y las condiciones de la misma…
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Sección Cuarta

    SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - No es requisito de procedibilidad que deba agotarse para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio del derecho público subjetivo de acción.
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    EL DERECHO A QUE SE RESTABLEZCA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO A UN PUNTO DE NO PERDIDA.
El Tribunal Administrativo de Casanare sostuvo que la sociedad contratista “… no requirió al Invías para que le restableciera el equilibrio económico del contrato y, en su entender, tal requerimiento constituye “… una exigencia previa para acudir a la jurisdicción administrativa…” (ibídem), conforme a lo previsto por el ordinal 1º del artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

A juicio de la Sala, la norma aludida por el Tribunal de primera instancia no establece un requisito de procedibilidad que deba agotarse para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como lo sugiere el a quo.

En efecto, cuando la norma prevé que, para la realización de los fines de que trata el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, los contratistas tendrán derecho a que, “… previa solicitud …”, la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no les sean imputables, está indicando que el restablecimiento del equilibrio económico del contrato procede a solicitud de parte y no de oficio,
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Sección Cuarta

    SERVICIO NOTARIAL - Está gravado con el impuesto de industria y comercio, pues como servicio, corresponde a una actividad análoga a las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.
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    La Sala, en esta oportunidad, reitera que el servicio notarial, tal como se precisó anteriormente, es función pública y servicio público, gravado con el impuesto de industria y comercio, pues en calidad de servicio, corresponde a una actividad análoga a las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.
En la sentencia del 13 de agosto de 1999 (Expediente 9306), que ahora se reitera, se consideró, con fundamento en la sentencia C-741 de 1998, anteriormente transcrita, que el servicio notarial estaba gravado con el impuesto de industria y comercio […] La Sala, en esa oportunidad, decidió no anular los actos administrativos mediante los cuales el Distrito Capital había formulado liquidación de aforo a un notario por no presentar la declaración del impuesto de industria y comercio en esa jurisdicción territorial.

En esa oportunidad, el Consejo de Estado tuvo en cuenta la definición genérica de servicios prevista en el numeral 4 del artículo 154 del Decreto 1421 de 1993. En la sentencia del 5 de diciembre de 2003, que tuvo en cuenta el a quo para resolver la demanda que ahora se analiza, la Sala reiteró la sentencia del 13 de agosto de 1999. Valga precisar que en esta sentencia, la Sala decidió no anular la expresión “otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos”, código 325, contenida en el artículo 38 del Decreto 306 de 1996 del municipio de Pereira.

En el mismo sentido se decidió en la sentencia del 27 de mayo de 2010 (Expediente 17324), en la que la Sala analizó la demanda de nulidad que interpuso la también demandante en este proceso, pero contra apartes del artículo 51 del Acuerdo 044 del 2001, expedido por el Concejo Municipal de Tuluá, Valle, que fijó la tarifa del impuesto de industria y comercio para el servicio de notarías.
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    EXENCION DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS POR DESEMBOLSOS O PAGOS A TERCEROS - Requisitos cuando el desembolso del crédito se hace directamente al deudor.
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    Finalidad. La exención está sujeta a que el deudor destine el crédito a la adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos.
EXENCION DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS POR DESEMBOLSOS O PAGOS A TERCEROS - No procede cuando el deudor del crédito se dedique a la comercialización de automóviles, inmuebles y activos fijos financiados con el respectivo crédito.

Con la reforma establecida por el artículo 6° de la Ley 1430 de 2010, se modificó el numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario […] En lo que respecta a los desembolsos de los créditos que son objeto de la exención, el inciso primero de la norma señalada contempla dos situaciones a saber:
  • i) cuando el desembolso se realiza directamente al deudor y,
  • ii) cuando el desembolso se realiza a un tercero.
En el primer caso, la procedencia de la exención exige que el desembolso se realice mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida; que lo otorgue un establecimiento de crédito, una cooperativa con actividad financiera o una cooperativa de ahorro y crédito y, que dicha entidad esté vigilada por la Superintendencia Financiera o por la de Economía Solidaria.

En el segundo caso, esto es, cuando el desembolso se haga a un tercero, además de lo anterior, se requiere que el deudor del crédito lo destine a la adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos y, por tanto, el elemento relevante de la exención está dado en función de la destinación que del mismo haga el deudor que, se reitera, no es otra diferente a la adquisición de los bienes referidos, lo que no admite la destinación del crédito a otras actividades diferentes, en razón de la naturaleza restrictiva de las exenciones.
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - Creación. Causación. Hecho generador.
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    El gravamen a los movimientos financieros fue creado por la Ley 633 de 2000 y se causa desde el primero de enero del año 2001, a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman.
El hecho generador de este gravamen lo constituye “…la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia. (…)”.

La Sala observa que, como regla general, el gravamen a los movimientos financieros se causa por la disposición de recursos que se haga sobre las cuentas señaladas en el párrafo anterior y, como excepción a la misma, el artículo 879 del Estatuto Tributario, implementado por la mencionada Ley 633 de 2000, determinó dentro de las exenciones del tributo “(…) 11.

Los desembolsos de crédito mediante abono en la cuenta o mediante expedición de cheques, que realicen los establecimientos de crédito” (…)”. Desde el momento de su creación, el gravamen a los movimientos financieros ha sido objeto de múltiples reformas, todas ellas tendientes a ampliar el espectro de operaciones que, por implicar una disposición de recursos, entran a constituir el hecho generador del tributo.

Tal es el caso de la Ley 788 de 2002 que incorporó otros hechos generadores del tributo, sin que modificara el citado numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario. En efecto, el artículo 45 de la mencionada ley, incluyó como hechos generadores del gravamen el traslado o cesión a cualquier título de los recursos o derechos sobre carteras colectivas entre los copropietarios de los mismos, la disposición de recursos a través de contratos o convenios de recaudo suscritos por las entidades financieras con sus clientes en los que no exista disposición de recursos de cuentas corrientes, de ahorro o de depósito, los débitos que se hagan a cuentas contables y de otro género, para la realización de pagos y transferencias a terceros, diferentes a las corrientes, de ahorro y de depósito.
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION - No se tienen en cuenta para determinar el impuesto de industria y comercio.
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    INGRESOS POR AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - No forman parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia apelada en consideración a que, como reiteradamente lo ha señalado, la diferencia en cambio es una modalidad del sistema de ajustes integrales por inflación y, por consiguiente, el ingreso generado por ese concepto no forma parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.

La Sala considera:
El artículo 42 del Decreto 352 del 2002 «Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital», establece que la base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por los ingresos netos obtenidos durante el período, incluidos los rendimientos financieros, las comisiones y, en general, los que no estén expresamente excluidos.

De igual forma, la norma en cuestión establece que «Para la determinación del impuesto de industria y comercio no se aplicarán los ajustes integrales por inflación». En idéntico sentido, el artículo 330 del E.T., derogado por el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006, establecía que los ajustes integrales por inflación no se tenían en cuenta para la determinar la base gravable del impuesto de industria y comercio […]
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    La presentación de la información con errores, ocasiona un daño al Estado, con mayor razón se debe aceptar que no presentarla perjudica la Administración, no le permite cumplir con sus funciones de Fiscalización, ocasiona un daño al Estado, que se debe sancionar conforme con lo establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario.
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      El artículo 651 del E.T. no distingue el tipo de errores que tipifican infracción administrativa; por lo tanto, si las inconsistencias formales no permiten acceder a la información solicitada, es válido que se sancionen si con ello se obstaculiza la labor de fiscalización de la autoridad tributaria. En este sentido, si se reconoce que
    Corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Administracion de Impuestos de Cartagena impuso a la actora sancion por no enviar la informacion en medios magneticos correspondiente al ano gravable 2003, en los terminos del articulo 651 del Estatuto Tributario.

    El argumento del recurso de apelacion se reduce a manifestar que la DIAN no demostro que el actuar de la demandante causara perjuicio, con fundamento en cierta sentencia de esta Seccion. Sobre la informacion de que se trata, la Sala observa:

    El articulo 651 del Estatuto Tributario tipifica la sancion a imponer a los contribuyentes obligados a suministrar informacion tributaria y a aquellos a los que la Administracion les ha solicitado informaciones o pruebas, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:
    • Cuando no suministren la informacion, y/o pruebas, dentro del plazo en que deben hacerlo.
    • Cuando entreguen la informacion con errores.
    • Cuando suministren informacion distinta a la que se les pide.
    La cuantificación de la sanción se rige por los siguientes parámetros:
    • 1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

    • 2. Hasta del 0.5% de los ingresos netos cuando no sea posible establecer la base para tasarla, o la información no tuviere cuantía. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o a la última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.
      (2014-11-27) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    De conformidad con el artículo 266 del Decreto 2685 de 1999, el trámite de una exportación se inicia con la presentación y aceptación, a través del sistema informático aduanero, de la solicitud de autorización de embarque, en la forma y con los procedimientos previstos legalmente..
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    Una vez se autoriza, se embarca la mercancía y el transportador certifica el embarque, la solicitud de autorización de embarque se convierte en declaración de exportación.
De acuerdo con el artículo 234 de la Resolución 4240 del 2000, previa obtención de los vistos buenos y las autorizaciones necesarias, la solicitud mencionada se presenta ante la autoridad aduanera, “incorporando la información al sistema informático aduanero o diligenciando y entregando a la administración aduanera donde se encuentre la mercancía, el formulario de declaración de exportación.”

La autorización de embarque se entiende otorgada cuando, a través del sistema informático aduanero y previa verificación de que la solicitud debe ser aceptada, la Aduana asigna el número y fecha correspondientes y autoriza al declarante la impresión del documento. En caso contrario, la autoridad aduanera a través del mismo medio, debe comunicar al declarante las causales que motivan su no aceptación.

Con base en el artículo 269 del Decreto 2685 de 1999, la solicitud de autorización de embarque debe contener como mínimo la siguiente información: modalidad de la exportación, subpartida arancelaria, descripción de la mercancía, cantidad, peso, valor FOB en dólares, país de destino, consolidación, cuando haya lugar a ello, clase de embarque, información relativa a datos del embarque y los sistemas especiales de importación – exportación, cuando haya lugar a ello.
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    Sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros.
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    EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados, por la Administración de Impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión.
“El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 642.

De conformidad con esta disposición, una vez la autoridad tributaria cuente con elementos que le permitan establecer que se ha configurado la obligación tributaria, emplazará a quien haya incumplido el deber formal de declarar, para que lo haga en el término de un mes, so pena de sanción si persiste en la omisión.

Esta disposición hace parte del procedimiento para expedir la liquidación de aforo de que tratan los artículos 715 a 719 del Estatuto Tributario a los que remite el artículo 103 del Decreto 807 de 1993, al señalar:

Art. 103. Cuando los contribuyentes no hayan cumplido con la obligación de presentar las declaraciones, la Dirección Distrital de Impuestos, podrá determinar los tributos, mediante la expedición de una liquidación de aforo, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 715, 716, 717, 718 y 719 del Estatuto Tributario en concordancia con lo consagrado en los artículos 60 y 62.

Las mencionadas normas del Estatuto Tributario Nacional establecen el trámite especial que debe adelantar la Administración, quien cuenta con amplias facultades de investigación para establecer la obligación tributaria, en caso de que los obligados omitan el deber de declarar, para luego de agotar el trámite legal, determinar los tributos mediante liquidación de aforo, procedimiento que se inicia con el emplazamiento para declarar.
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    Artículo 651 del Estatuto Tributario, Sanción por no enviar información.
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    La Sala determina si la sanción impuesta al actor desconoce los principios de “necesidad de la información”, “de inmediatez y de la eficacia tributaria”, si la conducta del contribuyente causó daño a la administración y si debe darse prevalencia al derecho sustancial sobre el formal.
El ordenamiento tributario establece, en los artículos 622 y siguientes, obligaciones de información a cargo de todos aquellos que encuadren en los presupuestos legales, quienes serán los obligados a suministrar la respectiva información tributaria, entre estas obligaciones, la de suministrar la información solicitada por el Director General de la DIAN con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, de que trata el artículo 631 ib.

Otras son las personas a quienes la Administración directamente les solicita información o pruebas mediante requerimientos ordinarios en los que le indica al requerido la información o pruebas que necesita y su finalidad, así como el plazo o término que particularmente le concede para que la allegue.

El plazo entendido como la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, en otras palabras, es el término cierto señalado para ejecutar determinada acción, por lo que, mientras no llegue el día señalado no expira el plazo y, por ende, no se entenderá la obligación incumplida, por el contrario, si el plazo o término vence sin que el obligado ejecute la acción correspondiente y no lo hace en ningún tiempo, se entenderá que la obligación no fue cumplida.

Entonces, el plazo que se fije, sea en acto general o de contenido particular, es el parámetro para determinar la ocurrencia de este hecho sancionable, pues mientras no llegue la fecha límite fijada para suministrar la información requerida no se configurará la conducta irregular sancionable, que se concreta en “no suministrar la información requerida en el plazo fijado para ello”, por esta razón, se entiende que se trata de una infracción instantánea.
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    Sanción por no declarar y liquidación de aforo por el impuesto predial.
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    La notificación de las decisiones oficiales es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, pues de esta manera se dan a conocer a los administrados. Además, mientras los actos de la Administración no se notifiquen, no producen efectos y tampoco son oponibles a los destinatarios (artículos 44 y 48 del Código Contencioso Administrativo).
Para la notificación de los actos de la administración tributaria distrital, el artículo 6º del Decreto 807 de 1993 dispone que serán aplicables los artículos 565, 566, 569 y 570 del Estatuto Tributario Nacional.

actos como la liquidación de aforo pueden notificarse por correo, para lo cual debe entregarse al contribuyente copia del acto en la dirección que éste registre en el RUT. También pueden notificarse personalmente, para lo cual, previo aviso de citación, el contribuyente comparece a las oficinas de la Administración y allí recibe copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión (artículo 44 del Código Contencioso Administrativo).

Así, pues, las notificaciones personal y por correo son diferentes, pues la notificación personal significa que el contribuyente conoce directamente el acto en la entidad que lo expidió, para lo cual, previamente es citado para que comparezca a las oficinas de la Administración. Por su parte, la notificación por correo se cumple con la entrega del acto en la dirección que corresponda, sea la informada en el RUT o la dirección procesal22. Sin embargo, la notificación por correo no requiere que el acto que se envía por correo sea entregado personalmente al contribuyente, Así lo precisó la Sala.

Las consecuencias de los procedimientos internos entre un contribuyente y el encargado de la correspondencia del edificio donde están las oficinas de éste, no pueden ser atribuibles a la Administración, pues ésta cumple la función de notificar por correo los actos si los entrega en la dirección del edificio que informó el contribuyente, independientemente de que por razones administrativas el correo no sea entregado en la oficina de éste, sino en la oficina de correspondencia o en la portería del edificio.
  (2014-11-27) [Mas Información]
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    REINTEGRO DE DESCUENTO TRIBUTARIO - Puede generar impuesto sobre la renta gravable e impuesto neto de renta a cargo aunque se declare una renta líquida gravable de cero (0). Periodo fiscal de 1995.
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    SOLICITUD DE CORRECCION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Su rechazo solo procede por motivos de forma, no de fondo, porque los vicios de fondo son objeto de un proceso de revisión.
Mediante Resolución 2 de 1996, la DIAN rechazó el proyecto de corrección, porque si la renta líquida gravable era cero (0) no existía razón para que la demandante liquidara un impuesto a cargo por $111.728.000, e impuso sanción por corrección improcedente por $35.918.200 […] En el recurso de reconsideración, la actora explicó y probó, mediante certificado de revisor fiscal, que el impuesto sobre la renta gravable liquidado en el proyecto de corrección ($111.728.000) corresponde al reintegro del IVA generado por la adquisición de bienes de capital, que fue descontado en la declaración de renta del año 1993 ($124.142.000), menos la depreciación y los ajustes por inflación respectivos ($12.414.000) […]

No obstante que en el recurso de reconsideración la demandante justificó el motivo que llevó a que liquidara un impuesto sobre la renta gravable por $111.728.000, por Resolución 42 de 1997, la DIAN confirmó la resolución que negó la solicitud de corrección. De lo anterior, la Sala concluye que aun cuando, en principio, podía pensarse que existe un error aritmético pues al liquidar una renta líquida gravable de cero (0), el impuesto sobre la renta gravable también debía ser cero (0), existen razones jurídicas que justifican la liquidación del impuesto sobre la renta gravable de $111.728.000 y del impuesto neto de renta de $66.204.000.

En efecto, el artículo 258-1 del Estatuto Tributario, antes de ser derogado por el artículo 154 de la Ley 788 de 2002, permitía a las personas jurídicas y asimiladas descontar del impuesto sobre la renta a cargo, el IVA pagado en la adquisición o nacionalización de bienes de capital, en la declaración de renta y complementarios del año en que se efectuó la adquisición o nacionalización.

Sin embargo, si los bienes se enajenaban antes de que transcurriera el tiempo de vida útil señalado por el reglamento, los contribuyentes debían adicionar al impuesto neto de renta del año gravable de enajenación, la parte del valor del impuesto sobre las ventas descontado,
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    CORRECCION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O AUMENTEN EL SALDO A FAVOR - Requisitos.
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    SOLICITUD DE CORRECCION DE DECLARACIONES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O AUMENTEN EL SALDO A FAVOR - Su rechazo solo procede por motivos de forma, no de fondo, porque los vicios de fondo son objeto de un proceso de revisión.
El artículo 589 del Estatuto Tributario dispone […] Conforme con la norma transcrita, para disminuir el saldo a pagar o aumentar el saldo a favor liquidado en la declaración privada, el contribuyente debe solicitar la corrección de la declaración a la DIAN, dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar.

La DIAN debe practicar liquidación de corrección dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud en debida forma, y si no lo hace, el proyecto de corrección sustituye la declaración inicial. Sin embargo, la DIAN conserva la facultad de revisión y el término para proferir la liquidación de revisión inicia en la fecha de la corrección o dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, según el caso.

Si la corrección no es procedente, se genera para el contribuyente una sanción del 20% del pretendido menor saldo a pagar o mayor saldo a favor, la cual se aplica en el acto que niega la corrección. La sanción se reduce a la mitad si el contribuyente la acepta y paga con ocasión del recurso de reconsideración.

La Sala ha precisado que las solicitudes de corrección solo pueden negarse por motivos de forma, no por razones de fondo como son “las relacionadas con el derecho al reconocimiento de costos, deducciones, descuentos, exenciones-excepciones, retenciones en la fuente, o pruebas requeridas para su demostración, pues tales asuntos son materia de un proceso de revisión”.

Los requisitos formales son los siguientes:
  • - Presentar una solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente.
  • - Que la petición se realice dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del término para declarar o de la fecha de presentación de la declaración de corrección, según el caso, y
  • - Adjuntar proyecto de corrección.
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    SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR – Se encuentra facultada para el cobro coactivo de multas por ella impuestas.
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    Creación y funciones sancionatorias de la superintendencia.
El señor Ministro de Trabajo, por solicitud del Superintendente de Subsidio Familiar, consulta a la Sala sobre la prerrogativa de cobro coactivo prevista en el artículo 98 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, en relación con las multas que impone esa Superintendencia como autoridad de inspección, control y vigilancia.

De conformidad con los antecedentes y preguntas formuladas en la consulta, la Sala estima que el problema jurídico a resolver puede plantearse en los siguientes términos:
  • ¿Está facultada la Superintendencia del Subsidio Familiar para adelantar el cobro coactivo de las multas impuestas en ejercicio de sus facultades legales de inspección, control y vigilancia, considerando que el producto de tales multas debe girarse a favor del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo que es administrado por las Cajas de Compensación Familiar, entidades que a su vez son vigiladas por esa superintendencia?.
  (2014-11-20) [Mas Información]
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    SERVICIO NOTARIAL - Está gravado con el impuesto de industria y comercio, pues como servicio, corresponde a una actividad análoga a las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.
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    La Sala, en esta oportunidad, reitera que el servicio notarial, tal como se precisó anteriormente, es función pública y servicio público, gravado con el impuesto de industria y comercio, pues en calidad de servicio, corresponde a una actividad análoga a las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.
En la sentencia del 13 de agosto de 1999 (Expediente 9306), que ahora se reitera, se consideró, con fundamento en la sentencia C-741 de 1998, anteriormente transcrita, que el servicio notarial estaba gravado con el impuesto de industria y comercio […] La Sala, en esa oportunidad, decidió no anular los actos administrativos mediante los cuales el Distrito Capital había formulado liquidación de aforo a un notario por no presentar la declaración del impuesto de industria y comercio en esa jurisdicción territorial.

En esa oportunidad, el Consejo de Estado tuvo en cuenta la definición genérica de servicios prevista en el numeral 4 del artículo 154 del Decreto 1421 de 1993. En la sentencia del 5 de diciembre de 2003, que tuvo en cuenta el a quo para resolver la demanda que ahora se analiza, la Sala reiteró la sentencia del 13 de agosto de 1999. Valga precisar que en esta sentencia, la Sala decidió no anular la expresión “otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos”, código 325, contenida en el artículo 38 del Decreto 306 de 1996 del municipio de Pereira.

En el mismo sentido se decidió en la sentencia del 27 de mayo de 2010 (Expediente 17324), en la que la Sala analizó la demanda de nulidad que interpuso la también demandante en este proceso, pero contra apartes del artículo 51 del Acuerdo 044 del 2001, expedido por el Concejo Municipal de Tuluá, Valle, que fijó la tarifa del impuesto de industria y comercio para el servicio de notarías.
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    EXENCION DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS POR DESEMBOLSOS O PAGOS A TERCEROS - Requisitos cuando el desembolso del crédito se hace directamente al deudor.
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    Finalidad. La exención está sujeta a que el deudor destine el crédito a la adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos.
EXENCION DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS POR DESEMBOLSOS O PAGOS A TERCEROS - No procede cuando el deudor del crédito se dedique a la comercialización de automóviles, inmuebles y activos fijos financiados con el respectivo crédito.

Con la reforma establecida por el artículo 6° de la Ley 1430 de 2010, se modificó el numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario […] En lo que respecta a los desembolsos de los créditos que son objeto de la exención, el inciso primero de la norma señalada contempla dos situaciones a saber:
  • i) cuando el desembolso se realiza directamente al deudor y,
  • ii) cuando el desembolso se realiza a un tercero.
En el primer caso, la procedencia de la exención exige que el desembolso se realice mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida; que lo otorgue un establecimiento de crédito, una cooperativa con actividad financiera o una cooperativa de ahorro y crédito y, que dicha entidad esté vigilada por la Superintendencia Financiera o por la de Economía Solidaria.

En el segundo caso, esto es, cuando el desembolso se haga a un tercero, además de lo anterior, se requiere que el deudor del crédito lo destine a la adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos y, por tanto, el elemento relevante de la exención está dado en función de la destinación que del mismo haga el deudor que, se reitera, no es otra diferente a la adquisición de los bienes referidos, lo que no admite la destinación del crédito a otras actividades diferentes, en razón de la naturaleza restrictiva de las exenciones.
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Sección Cuarta

    GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - Creación. Causación. Hecho generador.
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    El gravamen a los movimientos financieros fue creado por la Ley 633 de 2000 y se causa desde el primero de enero del año 2001, a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman.
El hecho generador de este gravamen lo constituye “…la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia. (…)”.

La Sala observa que, como regla general, el gravamen a los movimientos financieros se causa por la disposición de recursos que se haga sobre las cuentas señaladas en el párrafo anterior y, como excepción a la misma, el artículo 879 del Estatuto Tributario, implementado por la mencionada Ley 633 de 2000, determinó dentro de las exenciones del tributo “(…) 11.

Los desembolsos de crédito mediante abono en la cuenta o mediante expedición de cheques, que realicen los establecimientos de crédito” (…)”. Desde el momento de su creación, el gravamen a los movimientos financieros ha sido objeto de múltiples reformas, todas ellas tendientes a ampliar el espectro de operaciones que, por implicar una disposición de recursos, entran a constituir el hecho generador del tributo.

Tal es el caso de la Ley 788 de 2002 que incorporó otros hechos generadores del tributo, sin que modificara el citado numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario. En efecto, el artículo 45 de la mencionada ley, incluyó como hechos generadores del gravamen el traslado o cesión a cualquier título de los recursos o derechos sobre carteras colectivas entre los copropietarios de los mismos, la disposición de recursos a través de contratos o convenios de recaudo suscritos por las entidades financieras con sus clientes en los que no exista disposición de recursos de cuentas corrientes, de ahorro o de depósito, los débitos que se hagan a cuentas contables y de otro género, para la realización de pagos y transferencias a terceros, diferentes a las corrientes, de ahorro y de depósito.
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Sección Cuarta

    Artículo 651 del Estatuto Tributario, Sanción por no enviar información.
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    La Sala determina si la sanción impuesta al actor desconoce los principios de “necesidad de la información”, “de inmediatez y de la eficacia tributaria”, si la conducta del contribuyente causó daño a la administración y si debe darse prevalencia al derecho sustancial sobre el formal.
El ordenamiento tributario establece, en los artículos 622 y siguientes, obligaciones de información a cargo de todos aquellos que encuadren en los presupuestos legales, quienes serán los obligados a suministrar la respectiva información tributaria, entre estas obligaciones, la de suministrar la información solicitada por el Director General de la DIAN con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, de que trata el artículo 631 ib.

Otras son las personas a quienes la Administración directamente les solicita información o pruebas mediante requerimientos ordinarios en los que le indica al requerido la información o pruebas que necesita y su finalidad, así como el plazo o término que particularmente le concede para que la allegue.

El plazo entendido como la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, en otras palabras, es el término cierto señalado para ejecutar determinada acción, por lo que, mientras no llegue el día señalado no expira el plazo y, por ende, no se entenderá la obligación incumplida, por el contrario, si el plazo o término vence sin que el obligado ejecute la acción correspondiente y no lo hace en ningún tiempo, se entenderá que la obligación no fue cumplida.

Entonces, el plazo que se fije, sea en acto general o de contenido particular, es el parámetro para determinar la ocurrencia de este hecho sancionable, pues mientras no llegue la fecha límite fijada para suministrar la información requerida no se configurará la conducta irregular sancionable, que se concreta en “no suministrar la información requerida en el plazo fijado para ello”, por esta razón, se entiende que se trata de una infracción instantánea.
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    Sanción por no declarar y liquidación de aforo por el impuesto predial.
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    La notificación de las decisiones oficiales es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, pues de esta manera se dan a conocer a los administrados. Además, mientras los actos de la Administración no se notifiquen, no producen efectos y tampoco son oponibles a los destinatarios (artículos 44 y 48 del Código Contencioso Administrativo).
Para la notificación de los actos de la administración tributaria distrital, el artículo 6º del Decreto 807 de 1993 dispone que serán aplicables los artículos 565, 566, 569 y 570 del Estatuto Tributario Nacional.

actos como la liquidación de aforo pueden notificarse por correo, para lo cual debe entregarse al contribuyente copia del acto en la dirección que éste registre en el RUT. También pueden notificarse personalmente, para lo cual, previo aviso de citación, el contribuyente comparece a las oficinas de la Administración y allí recibe copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión (artículo 44 del Código Contencioso Administrativo).

Así, pues, las notificaciones personal y por correo son diferentes, pues la notificación personal significa que el contribuyente conoce directamente el acto en la entidad que lo expidió, para lo cual, previamente es citado para que comparezca a las oficinas de la Administración. Por su parte, la notificación por correo se cumple con la entrega del acto en la dirección que corresponda, sea la informada en el RUT o la dirección procesal22. Sin embargo, la notificación por correo no requiere que el acto que se envía por correo sea entregado personalmente al contribuyente, Así lo precisó la Sala.

Las consecuencias de los procedimientos internos entre un contribuyente y el encargado de la correspondencia del edificio donde están las oficinas de éste, no pueden ser atribuibles a la Administración, pues ésta cumple la función de notificar por correo los actos si los entrega en la dirección del edificio que informó el contribuyente, independientemente de que por razones administrativas el correo no sea entregado en la oficina de éste, sino en la oficina de correspondencia o en la portería del edificio.
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    CORRECCION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O AUMENTEN EL SALDO A FAVOR - Requisitos.
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    SOLICITUD DE CORRECCION DE DECLARACIONES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O AUMENTEN EL SALDO A FAVOR - Su rechazo solo procede por motivos de forma, no de fondo, porque los vicios de fondo son objeto de un proceso de revisión.
El artículo 589 del Estatuto Tributario dispone […] Conforme con la norma transcrita, para disminuir el saldo a pagar o aumentar el saldo a favor liquidado en la declaración privada, el contribuyente debe solicitar la corrección de la declaración a la DIAN, dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar.

La DIAN debe practicar liquidación de corrección dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud en debida forma, y si no lo hace, el proyecto de corrección sustituye la declaración inicial. Sin embargo, la DIAN conserva la facultad de revisión y el término para proferir la liquidación de revisión inicia en la fecha de la corrección o dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, según el caso.

Si la corrección no es procedente, se genera para el contribuyente una sanción del 20% del pretendido menor saldo a pagar o mayor saldo a favor, la cual se aplica en el acto que niega la corrección. La sanción se reduce a la mitad si el contribuyente la acepta y paga con ocasión del recurso de reconsideración.

La Sala ha precisado que las solicitudes de corrección solo pueden negarse por motivos de forma, no por razones de fondo como son “las relacionadas con el derecho al reconocimiento de costos, deducciones, descuentos, exenciones-excepciones, retenciones en la fuente, o pruebas requeridas para su demostración, pues tales asuntos son materia de un proceso de revisión”.

Los requisitos formales son los siguientes:
  • - Presentar una solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente.
  • - Que la petición se realice dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del término para declarar o de la fecha de presentación de la declaración de corrección, según el caso, y
  • - Adjuntar proyecto de corrección.
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    REINTEGRO DE DESCUENTO TRIBUTARIO - Puede generar impuesto sobre la renta gravable e impuesto neto de renta a cargo aunque se declare una renta líquida gravable de cero (0). Periodo fiscal de 1995.
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    SOLICITUD DE CORRECCION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Su rechazo solo procede por motivos de forma, no de fondo, porque los vicios de fondo son objeto de un proceso de revisión.
Mediante Resolución 2 de 1996, la DIAN rechazó el proyecto de corrección, porque si la renta líquida gravable era cero (0) no existía razón para que la demandante liquidara un impuesto a cargo por $111.728.000, e impuso sanción por corrección improcedente por $35.918.200 […] En el recurso de reconsideración, la actora explicó y probó, mediante certificado de revisor fiscal, que el impuesto sobre la renta gravable liquidado en el proyecto de corrección ($111.728.000) corresponde al reintegro del IVA generado por la adquisición de bienes de capital, que fue descontado en la declaración de renta del año 1993 ($124.142.000), menos la depreciación y los ajustes por inflación respectivos ($12.414.000) […]

No obstante que en el recurso de reconsideración la demandante justificó el motivo que llevó a que liquidara un impuesto sobre la renta gravable por $111.728.000, por Resolución 42 de 1997, la DIAN confirmó la resolución que negó la solicitud de corrección. De lo anterior, la Sala concluye que aun cuando, en principio, podía pensarse que existe un error aritmético pues al liquidar una renta líquida gravable de cero (0), el impuesto sobre la renta gravable también debía ser cero (0), existen razones jurídicas que justifican la liquidación del impuesto sobre la renta gravable de $111.728.000 y del impuesto neto de renta de $66.204.000.

En efecto, el artículo 258-1 del Estatuto Tributario, antes de ser derogado por el artículo 154 de la Ley 788 de 2002, permitía a las personas jurídicas y asimiladas descontar del impuesto sobre la renta a cargo, el IVA pagado en la adquisición o nacionalización de bienes de capital, en la declaración de renta y complementarios del año en que se efectuó la adquisición o nacionalización.

Sin embargo, si los bienes se enajenaban antes de que transcurriera el tiempo de vida útil señalado por el reglamento, los contribuyentes debían adicionar al impuesto neto de renta del año gravable de enajenación, la parte del valor del impuesto sobre las ventas descontado,
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    COMPENSACION DE DEUDAS JUDICIALES DE LA NACION CON OBLIGACIONES FISCALES DEL BENEFICIARIO DE LA CONDENA.
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    Procede, de oficio, aunque esté en discusión la legalidad de los actos que fallaron las excepciones y ordenaron seguir adelante con la ejecución de las obligaciones fiscales objeto de compensación, pues, para la viabilidad de esta figura solo se requiere que se trate de obligaciones exigibles.
La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 29 de la Ley 344 de 1996, en la sentencia C-428 del 4 de septiembre de 1997 […] La Corte Constitucional encontró exequible el artículo demandado al considerar que el legislador autorizó el cruce de información que permitirá a la Administración, antes de efectuar el pago ordenado en la sentencia judicial, conocer si el beneficiario tiene obligaciones con la DIAN pendientes de pago y, precisa que lo adeudado por la Nación podrá compensarse con la deuda del administrado, siempre y cuando, la obligación de éste conste en un título ejecutivo y se haya iniciado el correspondiente cobro administrativo coactivo.

Revisada la actuación, la Sala encuentra que se adelantó el trámite establecido en las normas citadas […] De lo anterior, la Sala concluye que se cumplen los presupuestos legales para que opere la compensación de las obligaciones debidas, de una parte, por la Nación, contenida en sentencia judicial y, de otra, por el demandante, contenida en liquidación oficial ejecutoriada.

La Sala destaca que aunque el artículo 49 de la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 2126 de 1997, son las normas aplicables al caso y están citadas en el acto que ordenó la compensación aquí cuestionado, el demandante no planteó argumento alguno tendiente a desvirtuar su aplicación, lo que sería suficiente para negar las pretensiones del demandante.
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    Sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros.
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    EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados, por la Administración de Impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión.
“El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 642.

De conformidad con esta disposición, una vez la autoridad tributaria cuente con elementos que le permitan establecer que se ha configurado la obligación tributaria, emplazará a quien haya incumplido el deber formal de declarar, para que lo haga en el término de un mes, so pena de sanción si persiste en la omisión.

Esta disposición hace parte del procedimiento para expedir la liquidación de aforo de que tratan los artículos 715 a 719 del Estatuto Tributario a los que remite el artículo 103 del Decreto 807 de 1993, al señalar:

Art. 103. Cuando los contribuyentes no hayan cumplido con la obligación de presentar las declaraciones, la Dirección Distrital de Impuestos, podrá determinar los tributos, mediante la expedición de una liquidación de aforo, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 715, 716, 717, 718 y 719 del Estatuto Tributario en concordancia con lo consagrado en los artículos 60 y 62.

Las mencionadas normas del Estatuto Tributario Nacional establecen el trámite especial que debe adelantar la Administración, quien cuenta con amplias facultades de investigación para establecer la obligación tributaria, en caso de que los obligados omitan el deber de declarar, para luego de agotar el trámite legal, determinar los tributos mediante liquidación de aforo, procedimiento que se inicia con el emplazamiento para declarar.
  (2014-11-18) [Mas Información]
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    De conformidad con el artículo 266 del Decreto 2685 de 1999, el trámite de una exportación se inicia con la presentación y aceptación, a través del sistema informático aduanero, de la solicitud de autorización de embarque, en la forma y con los procedimientos previstos legalmente..
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    Una vez se autoriza, se embarca la mercancía y el transportador certifica el embarque, la solicitud de autorización de embarque se convierte en declaración de exportación.
De acuerdo con el artículo 234 de la Resolución 4240 del 2000, previa obtención de los vistos buenos y las autorizaciones necesarias, la solicitud mencionada se presenta ante la autoridad aduanera, “incorporando la información al sistema informático aduanero o diligenciando y entregando a la administración aduanera donde se encuentre la mercancía, el formulario de declaración de exportación.”

La autorización de embarque se entiende otorgada cuando, a través del sistema informático aduanero y previa verificación de que la solicitud debe ser aceptada, la Aduana asigna el número y fecha correspondientes y autoriza al declarante la impresión del documento. En caso contrario, la autoridad aduanera a través del mismo medio, debe comunicar al declarante las causales que motivan su no aceptación.

Con base en el artículo 269 del Decreto 2685 de 1999, la solicitud de autorización de embarque debe contener como mínimo la siguiente información: modalidad de la exportación, subpartida arancelaria, descripción de la mercancía, cantidad, peso, valor FOB en dólares, país de destino, consolidación, cuando haya lugar a ello, clase de embarque, información relativa a datos del embarque y los sistemas especiales de importación – exportación, cuando haya lugar a ello.
  (2014-11-18) [Mas Información]
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    La presentación de la información con errores, ocasiona un daño al Estado, con mayor razón se debe aceptar que no presentarla perjudica la Administración, no le permite cumplir con sus funciones de Fiscalización, ocasiona un daño al Estado, que se debe sancionar conforme con lo establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario.
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      El artículo 651 del E.T. no distingue el tipo de errores que tipifican infracción administrativa; por lo tanto, si las inconsistencias formales no permiten acceder a la información solicitada, es válido que se sancionen si con ello se obstaculiza la labor de fiscalización de la autoridad tributaria. En este sentido, si se reconoce que
    Corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Administracion de Impuestos de Cartagena impuso a la actora sancion por no enviar la informacion en medios magneticos correspondiente al ano gravable 2003, en los terminos del articulo 651 del Estatuto Tributario.

    El argumento del recurso de apelacion se reduce a manifestar que la DIAN no demostro que el actuar de la demandante causara perjuicio, con fundamento en cierta sentencia de esta Seccion. Sobre la informacion de que se trata, la Sala observa:

    El articulo 651 del Estatuto Tributario tipifica la sancion a imponer a los contribuyentes obligados a suministrar informacion tributaria y a aquellos a los que la Administracion les ha solicitado informaciones o pruebas, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:
    • Cuando no suministren la informacion, y/o pruebas, dentro del plazo en que deben hacerlo.
    • Cuando entreguen la informacion con errores.
    • Cuando suministren informacion distinta a la que se les pide.
    La cuantificación de la sanción se rige por los siguientes parámetros:
    • 1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

    • 2. Hasta del 0.5% de los ingresos netos cuando no sea posible establecer la base para tasarla, o la información no tuviere cuantía. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o a la última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.
      (2014-11-18) [Mas Información]
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    AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION - No se tienen en cuenta para determinar el impuesto de industria y comercio.
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    INGRESOS POR AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - No forman parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia apelada en consideración a que, como reiteradamente lo ha señalado, la diferencia en cambio es una modalidad del sistema de ajustes integrales por inflación y, por consiguiente, el ingreso generado por ese concepto no forma parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.

La Sala considera:
El artículo 42 del Decreto 352 del 2002 «Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital», establece que la base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por los ingresos netos obtenidos durante el período, incluidos los rendimientos financieros, las comisiones y, en general, los que no estén expresamente excluidos.

De igual forma, la norma en cuestión establece que «Para la determinación del impuesto de industria y comercio no se aplicarán los ajustes integrales por inflación». En idéntico sentido, el artículo 330 del E.T., derogado por el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006, establecía que los ajustes integrales por inflación no se tenían en cuenta para la determinar la base gravable del impuesto de industria y comercio […]
  (2014-11-18) [Mas Información]
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    GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - Creación. Causación. Hecho generador.
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    El gravamen a los movimientos financieros fue creado por la Ley 633 de 2000 y se causa desde el primero de enero del año 2001, a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman.
El hecho generador de este gravamen lo constituye “…la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia. (…)”.

La Sala observa que, como regla general, el gravamen a los movimientos financieros se causa por la disposición de recursos que se haga sobre las cuentas señaladas en el párrafo anterior y, como excepción a la misma, el artículo 879 del Estatuto Tributario, implementado por la mencionada Ley 633 de 2000, determinó dentro de las exenciones del tributo “(…) 11.

Los desembolsos de crédito mediante abono en la cuenta o mediante expedición de cheques, que realicen los establecimientos de crédito” (…)”. Desde el momento de su creación, el gravamen a los movimientos financieros ha sido objeto de múltiples reformas, todas ellas tendientes a ampliar el espectro de operaciones que, por implicar una disposición de recursos, entran a constituir el hecho generador del tributo.

Tal es el caso de la Ley 788 de 2002 que incorporó otros hechos generadores del tributo, sin que modificara el citado numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario. En efecto, el artículo 45 de la mencionada ley, incluyó como hechos generadores del gravamen el traslado o cesión a cualquier título de los recursos o derechos sobre carteras colectivas entre los copropietarios de los mismos, la disposición de recursos a través de contratos o convenios de recaudo suscritos por las entidades financieras con sus clientes en los que no exista disposición de recursos de cuentas corrientes, de ahorro o de depósito, los débitos que se hagan a cuentas contables y de otro género, para la realización de pagos y transferencias a terceros, diferentes a las corrientes, de ahorro y de depósito.
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    EXENCION DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS POR DESEMBOLSOS O PAGOS A TERCEROS - Requisitos cuando el desembolso del crédito se hace directamente al deudor.
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    Finalidad. La exención está sujeta a que el deudor destine el crédito a la adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos.
EXENCION DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS POR DESEMBOLSOS O PAGOS A TERCEROS - No procede cuando el deudor del crédito se dedique a la comercialización de automóviles, inmuebles y activos fijos financiados con el respectivo crédito.

Con la reforma establecida por el artículo 6° de la Ley 1430 de 2010, se modificó el numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario […] En lo que respecta a los desembolsos de los créditos que son objeto de la exención, el inciso primero de la norma señalada contempla dos situaciones a saber:
  • i) cuando el desembolso se realiza directamente al deudor y,
  • ii) cuando el desembolso se realiza a un tercero.
En el primer caso, la procedencia de la exención exige que el desembolso se realice mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida; que lo otorgue un establecimiento de crédito, una cooperativa con actividad financiera o una cooperativa de ahorro y crédito y, que dicha entidad esté vigilada por la Superintendencia Financiera o por la de Economía Solidaria.

En el segundo caso, esto es, cuando el desembolso se haga a un tercero, además de lo anterior, se requiere que el deudor del crédito lo destine a la adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos y, por tanto, el elemento relevante de la exención está dado en función de la destinación que del mismo haga el deudor que, se reitera, no es otra diferente a la adquisición de los bienes referidos, lo que no admite la destinación del crédito a otras actividades diferentes, en razón de la naturaleza restrictiva de las exenciones.
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    SERVICIO NOTARIAL - Está gravado con el impuesto de industria y comercio, pues como servicio, corresponde a una actividad análoga a las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.
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    La Sala, en esta oportunidad, reitera que el servicio notarial, tal como se precisó anteriormente, es función pública y servicio público, gravado con el impuesto de industria y comercio, pues en calidad de servicio, corresponde a una actividad análoga a las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.
En la sentencia del 13 de agosto de 1999 (Expediente 9306), que ahora se reitera, se consideró, con fundamento en la sentencia C-741 de 1998, anteriormente transcrita, que el servicio notarial estaba gravado con el impuesto de industria y comercio […] La Sala, en esa oportunidad, decidió no anular los actos administrativos mediante los cuales el Distrito Capital había formulado liquidación de aforo a un notario por no presentar la declaración del impuesto de industria y comercio en esa jurisdicción territorial.

En esa oportunidad, el Consejo de Estado tuvo en cuenta la definición genérica de servicios prevista en el numeral 4 del artículo 154 del Decreto 1421 de 1993. En la sentencia del 5 de diciembre de 2003, que tuvo en cuenta el a quo para resolver la demanda que ahora se analiza, la Sala reiteró la sentencia del 13 de agosto de 1999. Valga precisar que en esta sentencia, la Sala decidió no anular la expresión “otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos”, código 325, contenida en el artículo 38 del Decreto 306 de 1996 del municipio de Pereira.

En el mismo sentido se decidió en la sentencia del 27 de mayo de 2010 (Expediente 17324), en la que la Sala analizó la demanda de nulidad que interpuso la también demandante en este proceso, pero contra apartes del artículo 51 del Acuerdo 044 del 2001, expedido por el Concejo Municipal de Tuluá, Valle, que fijó la tarifa del impuesto de industria y comercio para el servicio de notarías.
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    SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - No es requisito de procedibilidad que deba agotarse para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio del derecho público subjetivo de acción.
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    EL DERECHO A QUE SE RESTABLEZCA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO A UN PUNTO DE NO PERDIDA.
El Tribunal Administrativo de Casanare sostuvo que la sociedad contratista “… no requirió al Invías para que le restableciera el equilibrio económico del contrato y, en su entender, tal requerimiento constituye “… una exigencia previa para acudir a la jurisdicción administrativa…” (ibídem), conforme a lo previsto por el ordinal 1º del artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

A juicio de la Sala, la norma aludida por el Tribunal de primera instancia no establece un requisito de procedibilidad que deba agotarse para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como lo sugiere el a quo.

En efecto, cuando la norma prevé que, para la realización de los fines de que trata el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, los contratistas tendrán derecho a que, “… previa solicitud …”, la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no les sean imputables, está indicando que el restablecimiento del equilibrio económico del contrato procede a solicitud de parte y no de oficio,
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    SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR – Se encuentra facultada para el cobro coactivo de multas por ella impuestas.
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    Creación y funciones sancionatorias de la superintendencia.
El señor Ministro de Trabajo, por solicitud del Superintendente de Subsidio Familiar, consulta a la Sala sobre la prerrogativa de cobro coactivo prevista en el artículo 98 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, en relación con las multas que impone esa Superintendencia como autoridad de inspección, control y vigilancia.

De conformidad con los antecedentes y preguntas formuladas en la consulta, la Sala estima que el problema jurídico a resolver puede plantearse en los siguientes términos:
  • ¿Está facultada la Superintendencia del Subsidio Familiar para adelantar el cobro coactivo de las multas impuestas en ejercicio de sus facultades legales de inspección, control y vigilancia, considerando que el producto de tales multas debe girarse a favor del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo que es administrado por las Cajas de Compensación Familiar, entidades que a su vez son vigiladas por esa superintendencia?.
  (2014-11-18) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    ABANDONO LEGAL DE LA MERCANCIA - Mecanismos de defensa administrativos y judiciales procedentes contra el acto administrativo que declara el abandono legal de la mercancía.
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    El parágrafo del artículo 115 del Decreto 2685 de 1999, indica que es el interesado quien puede rescatar la mercancía, dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca el abandono, es decir que el propietario de la misma también está legitimado para adelantar dicho procedimiento.
Contra el acto administrativo que declara en abandono la mercancía puede presentarse el recurso de reconsideración, y agotada la vía gubernativa, el importador puede ejercer la acciones contenciosas de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, sin perjuicio del otro mecanismo administrativo dispuesto en la misma legislación aduanera denominado como rescate de la mercancía, que contiene una sanción de carácter pecuniario por la inactividad del importador en obtener oportunamente el levante de la mercancía.

El rescate consiste en adelantar dentro del mes siguiente a la declaración de abandono la declaración de legalización, el pago de los tributos aduaneros y un 15% del valor en aduana de la mercancía, así como el pago de los gastos de almacenamiento que se hayan causado (artículo 231 del Decreto 2685 de 1999).

Si el importador no adelanta el trámite de rescate, por disposición del artículo 526 del Decreto 2685 de 1999 la mercancía pasa a ser de propiedad de la Nación, quien dispone de ella para venderla, donarla, asignarla o destruirla, según el valor comercial, la calidad y las condiciones de la misma…
  (2014-11-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Primera

    Principio de favorabilidad no opera en materia cambiaria.
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    La sala revoca la sentencia apelada y en su lugar declara la nulidad de los actos acusados, al mantener la posición de la Sala respecto que en materia cambiaria no opera el principio de favorabilidad, sino que se deben aplicar las normas vigentes al momento de la infracción.
Extracto:
El plazo de 15 días preceptuado en la norma transcrita fue modificado por la DCIN 83 de 22 de junio de 2007, en el sentido de señalar que el mismo se elimina. De ahí, que el a quo infiera su aplicación en virtud del principio de favorabilidad, por cuanto ello implica que la conducta omisiva endilgada a CAMPOLLO S.A., no revestía ya la calidad de infracción para la fecha en que se formuló el pliego de cargos, esto es, el 26 de junio de 2007.

No obstante, la Sala considera que no le asiste razón al quo en su apreciación, por cuanto en obedecimiento del principio de legalidad, lo que se ha de verificar a efectos de definir la materialización de la conducta infractora es su tipificación legal vigente en la fecha de su ocurrencia, es decir, el que la infracción se hubiere realizado conforme a lo dispuesto en las normas previamente existentes a la misma. Así las cosas, nótese que para la época en que la empresa demandante debía completar la información de las declaraciones de cambio en cuestión, se hallaba vigente la DCIN 83 de 21 de noviembre de 2003 que estipulaba la obligación de hacerlo dentro de los 15 días posteriores a la autorización del levante de la mercancía.

De este modo, no cabe duda de que la norma aplicable frente a la omisión en que incurrió la Empresa era la señalada por la Administración, al ser aquella la que definía para la época de ocurrencia de los hechos, la conducta constitutiva de infracción. Ahora, el que al momento de formularse el pliego de cargos, dicha norma hubiere sido modificada en lo referente al plazo de información de los datos faltantes en la declaración de cambio, no implica que deba aplicarse al caso, en alusión a un principio de favorabilidad que no procede en materia cambiaria, según lo ha puntualizado la jurisprudencia de esta sección.
  (2014-11-12) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Primera

    El número anotado en una calcomanía autoadhesiva, y susceptible de ser removido, no constituye un serial como elemento descriptivo de la mercancía.
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    La sala revoca la sentencia apelada y en su lugar declara la nulidad de los actos acusados, al considerar que el serial como elemento diferenciador de la mercancía debe estar inscrito en ella desde la fábrica; razón por la cual la DIAN no podía considerar que un autoadhesivo que contenía un número consecutivo y adherido a las baterías constituía un serial.
Extracto:
La mercancía declarada correspondía a baterías para motocicleta o acumuladores eléctricos para los que, de acuerdo con la parte actora, no se requería un serial, entendido como un número distintivo inserto en el producto mismo. De la prueba aportada por la actora es constatable que el serial calificado como sustancial por parte de la DIAN para describir la mercancía, comporta realmente un número alusivo al control de garantía del producto.

Ahora, el que en el certificado del proveedor se anuncie que dicho mecanismo consiste en etiquetas con “números seriales” no significa que ellos se conciban como aquellos seriales que se incrustan en el producto desde la fábrica, para efectos de su identificación o individualización, según entienden equívocamente la DIAN y el a quo.

De este modo, es del caso puntualizar que no todo número referente a una mercancía cumple la función esencial de diferenciarla de las demás para los propósitos de la singularización exigida por la normativa aduanera, pues para ello existen, según el tipo de mercancía, otros elementos distintivos tales como la marca y la referencia, los cuales pueden llegar a contar, incluso, con una mayor función individualizadora frente a los seriales que en el presente caso reclama la Administración.

Contrario a lo anterior, en el sub lite, el fabricante de las baterías importadas ha plasmado en ellas una referencia, y desde luego, una marca, como elementos de identificación de los productos sin que al efecto se acostumbre imprimir otro número a manera de serial, tal como se verifica en la certificación del proveedor arriba referenciada.
  (2014-11-12) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    La Sala reitera que el ingreso generado por el ajuste por diferencia en cambio no forma parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
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    Así lo señaló la Sala al confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló los actos administrativos por los que el Distrito Capital modificó la liquidación privada del impuesto de industria y comercio que Hewlett Packard Colombia Ltda. presentó por el segundo bimestre del año 2006.
Al respecto la Sala reiteró que al tenor de los artículos 42 del Decreto 352 de 2002 y 330 del E.T. (derogado por la Ley 1111 de 2006), los ajustes integrales por inflación no hacían parte de la base gravable del ICA, de tal manera que, al ser la diferencia en cambio una modalidad de esos ajustes, según se desprende del art. 335 del E.T., las partidas reflejadas como ingreso en el estado de resultados, por la aplicación del dicho sistema de ajustes, no están gravadas con ICA.

Extracto: “El artículo 42 del Decreto 352 del 2002 «Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital», establece que la base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por los ingresos netos obtenidos durante el período, incluidos los rendimientos financieros, las comisiones y, en general, los que no estén expresamente excluidos.

De igual forma, la norma en cuestión establece que «Para la determinación del impuesto de industria y comercio no se aplicarán los ajustes integrales por inflación». En idéntico sentido, el artículo 330 del E.T., derogado por el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006, establecía que los ajustes integrales por inflación no se tenían en cuenta para la determinar la base gravable del impuesto de industria y comercio […]

La diferencia en cambio es un ajuste que refleja la oscilación a la que se encuentra sometida una moneda frente a otra divisa, bien sea por devaluación o revaluación. Contablemente, según lo estipulado en el artículo 102 del Decreto 2649 de 1993, «se debe reconocer como un ingreso o un gasto financiero según corresponda, salvo cuando se deba contabilizar en el activo».
  (2014-11-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    La Sala reitera que la solicitud de corrección de las declaraciones tributarias solo se puede negar por razones de forma, no de fondo.
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    La corrección solicitada era procedente porque cumplía los requisitos formales que para el efecto preveía el art. 589 del E.T., antes de su modificación por el art. 8 de la Ley 383 de 1997, de tal manera que la DIAN no podía rechazarla con el argumento de que el proyecto de corrección contenía errores aritméticos, o supuestamente formales
Síntesis del caso: Se estudió la legalidad de los actos por los que la DIAN negó la corrección de la declaración de renta del año 1995, que solicitó Industria de Ejes y Transmisiones S.A., y la sancionó por corrección improcedente.

La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que negó la nulidad de dichos actos y, en su lugar, los anuló y declaró que el proyecto de corrección sustituyó el denuncio de renta que la actora presentó por el referido año.

Lo anterior, por cuanto la Sala concluyó que la corrección solicitada era procedente porque cumplía los requisitos formales que para el efecto preveía el art. 589 del E.T., antes de su modificación por el art. 8 de la Ley 383 de 1997, de tal manera que la DIAN no podía rechazarla con el argumento de que el proyecto de corrección contenía errores aritméticos, o supuestamente formales, dado que art. 258-1 del E.T. y el formulario diseñado para la declaración de renta del 1995 justificaban el cálculo del tributo efectuado por la actora.
  (2014-11-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    Las cuentas de cobro de la contribución de valorización por beneficio local que expide el IDU no son actos administrativos y, por ende, no son demandables ante la Jurisdicción, dado que no determinan la obligación tributaria ni crean, modifican ni extinguen una situación jurídica particular.
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    Al respecto señaló que el acto de asignación de la contribución es el que establece el tributo, mientras que las cuentas de cobro solo buscan hacer efectivo su pago.
Síntesis del caso: Así lo concluyó la Sala al confirmar el auto de 12 de diciembre de 2012, por el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil promovió, entre otros, contra unas cuentas de cobro de la contribución de valorización por beneficio local, expedidas por el IDU.

La Sala precisó que dichas cuentas no son actos administrativos susceptibles de demanda ante esta Jurisdicción, dado que no determinan la obligación tributaria a cargo de la Aeronáutica ni contienen una manifestación de voluntad de la administración.

Al respecto señaló que el acto de asignación de la contribución es el que establece el tributo, mientras que las cuentas de cobro solo buscan hacer efectivo su pago. En ese sentido dijo que si bien la Sección ha señalado que los documentos liquidatorios, facturas o cuentas de cobro en los que se fijan tributos son verdaderos actos administrativos, siempre que contengan una declaración de voluntad de la administración, en ejercicio de la función administrativa y que produzca efectos jurídicos definitivos frente a un asunto particular, las cuentas de cobro objeto de demanda no encajan en ese precedente, dada la existencia de otros actos administrativos previos en los que se determinó el tributo.
  (2014-11-12) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    En el Distrito Capital, la no sujeción al ICA se circunscribe a la realización de determinadas actividades y no al sujeto que las desarrolla, de modo que las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a declarar ICA por las actividades comerciales que ejecuten.
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Síntesis del caso: Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que el Distrito Capital sancionó a la Fundación Teatro Libre de Bogotá por no declarar el impuesto de industria y comercio de ciertos periodos gravables.

La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la nulidad de tales actos y, en su lugar, los anuló parcialmente, en cuanto incluyeron en la base de la sanción las sumas que la Fundación recibió por el alquiler de las salas de los teatros, equipos, vestuarios y, en general, de su infraestructura, por corresponder al desarrollo de actividades culturales no sujetas al gravamen.

La Sala mantuvo la legalidad de tales actos en la medida en que incluyeron en la referida base los ingresos que la actora recibió por los talleres de arte dramático que dictó en los periodos en discusión, porque esa actividad está gravada con ICA en el Distrito Capital, pese a la naturaleza de la Fundación de asociación sin ánimo de lucro.
  (2014-11-12) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    La Sala reitera que cuando se trata de la actividad comercial de venta de bienes el impuesto de industria y comercio se causa en el lugar en donde concurren los elementos del contrato de compraventa.
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    La actividad de comercialización de electrodomésticos, que se encuentra gravada con ICA, se materializa con el perfeccionamiento de los contratos de compraventa, esto es, con el acuerdo entre las partes sobre la cosa y el precio.
Síntesis del caso: La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló los actos del Distrito Capital que determinaron el impuesto de industria y comercio de los bimestres 5 y 6 del año gravable 2006, a cargo de LG Electronics Colombia Ltda.

La Sala consideró que la actividad de comercialización de electrodomésticos, efectuada por LG y que se encuentra gravada con ICA, se materializa con el perfeccionamiento de los contratos de compraventa, esto es, con el acuerdo entre las partes sobre la cosa y el precio, que en el caso se ejecutó en Cota y no el Distrito, de modo que fue en la jurisdicción del municipio donde se configuró la obligación y, por ende, donde se debía pagar el tributo.

Al respecto la Sala precisó que la negociación de los productos de LG en la capital no generaba el ejercicio de actividad comercial en Bogotá, toda vez que el perfeccionamiento del contrato de compraventa tenía lugar en Cota.
  (2014-11-12) [Mas Información]
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Corte Constitucional
    Derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad religiosa.
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    PROBLEMA JURÍDICO
    En la presente ocasión, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si existe vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad religiosa de la Iglesia Cristiana Ministerios El Dios Altísimo, representada legalmente por Mario Ríos Jiménez, al no ser exonerada del pago del impuesto a la sobretasa ambienta por la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, a pesar de no ser la entidad encargada de crear o conceder exenciones, teniendo en cuenta además, que en la actualidad la iglesia Católica sí se encuentra exenta del mencionado pago.

    Para el efecto, se reiterará la jurisprudencia sobre la laicidad del Estado y la igualdad de las distintas iglesias y confesiones religiosas ante la ley.

    Posteriormente, analizará si en el presente caso la Corporación Autónoma accionada, con su actuación, ha desconocido el principio de igualdad consagrado en el artículo 19 Superior.
  (2014-11-11) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION - No se tienen en cuenta para determinar el impuesto de industria y comercio.
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    INGRESOS POR AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - No forman parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia apelada en consideración a que, como reiteradamente lo ha señalado, la diferencia en cambio es una modalidad del sistema de ajustes integrales por inflación y, por consiguiente, el ingreso generado por ese concepto no forma parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.

La Sala considera:
El artículo 42 del Decreto 352 del 2002 «Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital», establece que la base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por los ingresos netos obtenidos durante el período, incluidos los rendimientos financieros, las comisiones y, en general, los que no estén expresamente excluidos.

De igual forma, la norma en cuestión establece que «Para la determinación del impuesto de industria y comercio no se aplicarán los ajustes integrales por inflación». En idéntico sentido, el artículo 330 del E.T., derogado por el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006, establecía que los ajustes integrales por inflación no se tenían en cuenta para la determinar la base gravable del impuesto de industria y comercio […]
  (2014-11-09) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación: 11001-03-27-000-2014-00003-00 (20731)
    Consejo de estado confirma: No es procedente exigir la presentación del oficio ante la DIAN cada año gravable para conservar el beneficio de progresividad en renta de la ley 1429 de 2010.
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    No es posible que en uso de las facultades reglamentarias se exija a los contribuyentes el cumplimiento de una obligación formal adicional como lo es el hecho de que cada año deba acreditarse el derecho a obtener el beneficio, cuando la ley así no lo dispone.
Extracto:
Como se expuso en el aparte precedente, la Ley 1429 de 2010 contempla un beneficio temporal para las pequeñas empresas, por el término de cinco años.

En ese sentido, acreditados los requisitos y condiciones por los contribuyentes, éstos adquieren el derecho a disfrutar del beneficio por esos cinco años, salvo que se incumpla con las obligaciones legales en materia mercantil, laboral y tributaria, se pierda la calidad de pequeña empresa, o se trate de una pequeña empresa en la que el objeto social, la nómina, el establecimiento de comercio, el domicilio, los intangibles o los activos que conforman su unidad de explotación económica, sean los mismos de una empresa disuelta, liquidada escindida o inactiva con posterioridad a la vigencia de la Ley 1429, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, 4, 8 y 48 ibídem, antes analizados.

Luego, sólo si se deja de ser pequeña empresa, se incumplen las obligaciones legales dichas, o se está en el supuesto del artículo 48 de la Ley 1429, se pierde el beneficio de progresividad.
  (2014-11-07) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 19170
    SANCION POR DEVOLUCION O COMPENSACION IMPROCEDENTE DEL IVA PAGADO EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - Requisitos.
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    El plazo de 2 años para imponerla se cuenta desde la notificación de la resolución de devolución o compensación y no de la notificación de la liquidación oficial de revisión
Se estudió la legalidad de los actos por los que la DIAN sancionó a Constructora Herpa Ltda. por compensación improcedente del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de materiales para la construcción de vivienda de interés social.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que anuló dichos actos, tras concluir que la resolución sancionatoria se notificó por fuera del término de dos años, contados a partir de la notificación de la resolución que ordena la devolución o la compensación, que para expedir y notificar la sanción prevé el artículo 14 del Decreto 1288 de 1996.

La Sala precisó que cuando se trata de esta sanción el referido artículo establece que el plazo de 2 años para imponerla se cuenta desde la notificación de la resolución de devolución o compensación y no de la notificación de la liquidación oficial de revisión, como lo prevé el art. 670 del Estatuto Tributario.
  (2014-10-15) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 19170
    RESOLUCION SANCION - Se debe notificar por correo o personalmente.
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    NOTIFICACION POR CORREO - Antes de la inexequibilidad del artículo 566 del Estatuto Tributario se entendía surtida en la fecha de introducción al correo.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - No se cumple con la simple introducción al correo de la copia del acto administrativo a notificar / PRESUNCION DE NOTIFICACION POR CORREO - Por ser de carácter legal, admitía prueba en contrario, aún en vigencia del artículo 566 del Estatuto Tributario que la preveía / NOTIFICACION POR CORREO - Para practicarla legalmente se requiere que efectivamente el acto administrativo sea enviado y recibido en la dirección informada por el contribuyente.

Dentro del proceso está demostrado que la DIAN profirió la Resolución Sanción No. 070642001000037 el 30 de julio de 2001, tal como consta en los folios 26 a 35 del expediente. También está probado que dicho acto fue notificado por correo al contribuyente el 31 de julio de ese año, de acuerdo con la certificación expedida por Adpostal que obra en los folios 66 y 67. 3.2.

Para la DIAN, el acto fue proferido y notificado dentro del término de los dos años de que trata el artículo 14 del Decreto 1288 de 1996, toda vez que la fecha de introducción al correo fue el 30 de julio de 2001, teniendo en cuenta que el 28 era sábado. Por su parte, la sociedad demandante alega que la resolución sanción es extemporánea y, por tanto, nula, porque su notificación se efectuó por fuera de ese término.

Al respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 565 del Estatuto Tributario prevé que las resoluciones en las que se impongan sanciones deben notificarse por correo o personalmente. Si se opta por la notificación por correo, como ocurrió en el caso que se estudia, la Administración Tributaria está en la obligación de enviar una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 566 ibídem.

Es preciso aclarar que para la fecha de expedición de la Resolución Sanción -30 de julio de 2001-, la expresión contenida en el artículo 566 del Estatuto Tributario, conforme al cual se disponía que la notificación por correo se entendía surtida en la fecha de introducción al correo de la copia del acto, había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-096 del 31 de enero de 2001, esto es, antes de proferirse y notificarse la mencionada resolución.

Sostener, entonces, como lo hace la DIAN, que el acto se entiende notificado en la fecha de introducción al correo, resulta inconstitucional ya que los actos no pueden entenderse conocidos por el administrado “antes de que tal conocimiento fuere posible, por cuanto el principio de publicidad persigue que, efectivamente, y sin restricción alguna, los actos jurídicos que exteriorizan la función pública administrativa sean conocidos por los administrados y la simple introducción de la copia al correo no es un medio idóneo para darle cumplimiento a tal exigencia”.
  (2014-10-15) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Expediente No 19053
    DEBER DE INFORMAR EL CESE DE ACTIVIDADES GRAVADAS CON ICA.
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    En el Distrito Capital, su incumplimiento no exime de la obligación de declarar, aunque no se siga realizando el hecho generador del tributo, caso el que se debe declarar el impuesto a cargo en cero.
La obligación tributaria sustancial, que consiste básicamente en la entrega de una suma de dinero al sujeto activo del gravamen, apareja en muchos casos una serie de deberes formales, que, por lo general, comportan una obligación de hacer o no hacer, cuyo fin es asegurar el pago del tributo, facilitando la labor de la administración tributaria, mediante el acceso “…a la información sobre la existencia del hecho generador, su responsable y magnitud”.

De esa finalidad se deriva la importancia que tienen estos deberes dentro de la relación jurídico-tributaria como herramientas eficaces para mejorar el recaudo y la administración de los tributos. Por eso, su incumplimiento produce consecuencias jurídicas adversas que el administrado está en la obligación de soportar, en virtud del deber constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado que le asiste.

El deber formal de declarar surge naturalmente por la causación del impuesto que se declara. Sin embargo, el legislador, las asambleas departamentales y los concejos municipales, en principio, pueden establecer otros supuestos en los que pese a no causarse el tributo, se está en la obligación de presentar declaración.

En el caso del Distrito Capital, la normativa local adoptó un mecanismo de registro para la identificación de los sujetos pasivos y otros elementos del impuesto de Industria y Comercio, entre ellos, la matrícula o inscripción como contribuyente. La eficacia y eficiencia del sistema de registro sólo se garantizan en la medida en que la información que contenga sea fidedigna y actual.

Eso explica que cualquier variación en las actividades registradas, incluso su finalización, deban ser comunicadas a la autoridad tributaria. De allí que, el incumplimiento del deber formal de informar el cese de actividades gravadas con el impuesto de Industria y Comercio, no exonere de la obligación de continuar presentando declaraciones tributarias, aun cuando no se siga realizando el hecho generador, evento en el cual, deberá declararse el impuesto a cargo en cero.
  (2014-10-15) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Expediente No 19053
    SANCION POR NO DECLARAR EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO CAPITAL.
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    La aplicación del principio de legalidad se traduce en la prohibición de variar los métodos que el Acuerdo Distrital 027 de 2001 establece para imponerla.
En el Distrito Capital, la cuantificación de la sanción por no declarar la señalan los artículos 4 y 9 del Acuerdo 27 de 2001 […] De la norma citada se verifican los tres métodos que puede emplear la administración tributaria para cuantificar la sanción por no declarar, a los que se hizo referencia antes:
  • a) un porcentaje del 0.1% sobre los ingresos brutos obtenidos en Bogotá,
  • b) el mismo porcentaje, pero respecto de la última declaración del impuesto presentada, y
  • c) la inexistencia de impuesto a cargo, caso en el cual, se exige una suma fija expresada en salarios mínimos diarios vigentes.
El último de los supuestos a que se refiere la norma puede aplicarse cuando se incumple el deber de informar el cese de actividades gravadas con el impuesto de Industria y Comercio, a pesar de que cesaron las mismas […] Para el Distrito de Bogotá, la imposición a la demandante de la sanción por no declarar el impuesto de Industria y Comercio se justificaba por la realización de actividades de comercio en los períodos gravables liquidados oficialmente y para ello insiste en que la Funeraria Caminos de Paz Ltda. no logró demostrar “que no realizó estas actividades en la jurisdicción del Distrito Capital”.

Tal argumento no es relevante para decidir el recurso, si se repara en que aun en el evento de que la sanción derivara de la omisión de declarar la actividad gravada, lo cierto es que la forma en que fue liquidada, sea cual fuere el supuesto que diera origen a la misma, no responde a las pautas que para tales efectos estableció el Acuerdo 27 de 2001 y en esa medida, atenta contra el principio de legalidad del sistema tributario sancionatorio […] Esa es la conclusión que se impone, si se tiene en cuenta que los métodos de determinación de la sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio en el Distrito, establecidos en el artículo 9-3 ib., son taxativos, y que por virtud del carácter restrictivo propio del sistema sancionatorio tributario, la Administración no podía apartarse de dicha norma y fijar la sanción valiéndose de elementos a los que aquella no se refirió [..]
  (2014-10-15) [Mas Información]
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Expediente No 18638
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    AGENTES DE RETENCION - PERSONAS NATURALES - Son agentes de retención cuando sean comerciantes y su patrimonio e ingresos superen los topes fijados para cada vigencia fiscal y, a título de renta, cuando efectúen pagos por salarios originados en una relación laboral o legal y reglamentaria sin importar si cumplen con el requisito de ingresos o patrimonio.
      PERSONAS JURIDICAS - Todas son agentes de retención y como tal están obligadas a presentar la declaración de retención en la fuente todos los meses, aún en aquellos en que no realicen operaciones sujetas a la misma, pues el legislador no previó que esa calidad solo se tenga cuando se realicen operaciones.
    El artículo 375 del Estatuto Tributario dispone que están obligados a efectuar la retención en la fuente o percepción del tributo, los agentes de retención que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal efectuar dicha retención.

    En cuanto a las obligaciones que tienen los agentes de retención, los artículos 375, 376, 377, 378, 381 y 382 ibídem, señalan que deben:
    • a) Practicar las retenciones en la fuente a que haya lugar, cada vez que realice un pago o abono en cuenta sujeto a retención.
    • b) Presentar la declaración mensual de retención.
    • c) Realizar el pago de las retenciones practicadas en las entidades autorizadas para el recaudo y en los plazos establecidos por el gobierno nacional.
    • d) Expedir a los sujetos pasivos, los certificados en los que consten las retenciones practicadas.
    • e) Llevar registros contables en los que consten las retenciones practicadas, así como los montos consignados a la Administración Tributaria.
    Advierte la actora que la entidad demandada violó el artículo 368 del Estatuto Tributario, porque considera que el legislador no distinguió entre personas naturales y jurídicas como obligadas a retener. De manera general los agentes de retención están definidos en el artículo 368 del Estatuto Tributario, que inicialmente refería al impuesto sobre la renta y complementarios, pero con la modificación introducida por la Ley 488 de 1998, se extendió a los demás impuestos, IVA, timbre y GMF; el artículo señala quienes son agentes de retención […]

    Respecto de las personas naturales que tienen la calidad de agentes de retención, dice el artículo 368-2 del estatuto tributario:

    “Art. 368-2. Personas naturales que son agentes de retención. Las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieren un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 UVT* también deberán practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos a los cuales se refieren los artículos 392, 395 y401, a las tarifas y según las disposiciones vigentes sobre cada uno de ellos”.
      (2014-10-15) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Expediente No 1799
    LEVANTE DE MERCANCIAS – Función de control de la DIAN.
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    PRECIOS INFERIORES Y SUPERIORES – Controversia de valor.
Las normas transcritas imponen que el levante de mercancías, esté sometido a unas etapas procedimentales y al cumplimiento de una serie de requisitos sustanciales. En el sub lite el actor no cumplió con la normatividad aduanera, cuando autoriza y otorga el levante de mercancías con base en precios inferiores y superiores a los referidos por la DIAN y/o los existentes en bancos de datos de la entidad, para lo cual debió tener presente que en materia aduanera existe la figura denominada controversia de valor, que no es otra cosa, que a falta de acuerdo entre el importador y la administración en los precios presentados y los indicados, debe generarse debate sobre el precio, conducta con la cual impidió que la DIAN ejerciera su función de control.

Los elementos probatorios demostraron que el actor no dio aplicación a las normas sustantivas y procedimentales que en materia aduanera rigen el levante de mercancías, actuar con el cual afectó la base tributaria aduanera, al aceptar los valores presentados por el importador sin observancia o acatamiento de los establecidos por la DIAN.
  (2014-10-15) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Expediente No 1799
    PRECIO DE REFERENCIA / PRECIO OFICIAL.
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    LEVANTE DE MERCANCIA - Concepto
    Es un acto por medio del cual las autoridades aduaneras autorizan a los interesados disponer de la mercancía por cuanto su ingreso al país está conforme con la legislación aduanera, significado que se infiere del artículo 1º del Decreto 2685 de 1999 que para autorizar el levante de las mercancías, se requiere cumplir los requisitos y procedimientos exigidos por las normas aduaneras.
  • PRECIO DE REFERENCIA - Concepto
Es el precio establecido mediante circular por el Director de Aduanas, tomado con carácter indicativo para controlar durante el proceso de inspección el valor declarado, para mercancías idénticas o similares. Este precio podrá ser tomado como base de evaluación en el control posterior, siempre y cuando no existan elementos de juicio, para la valoración de las mercancías una vez se hayan agotado rigurosamente los métodos del artículo 1 al 5 del Acuerdo del Valor del GATT.
  • PRECIO OFICIAL – Concepto
Es el precio o valor fijado por el Director de Aduanas Nacionales, mediante resolución, para efectos de fijar la base gravable de obligatorio cumplimiento. Cuando el Director de Aduanas haya fijado precios oficiales para algunas mercancías, estos serán de obligatorio cumplimiento, y únicamente a efectos de percibir los tributos aduaneros, por lo tanto, la base gravable de la mercancía deberá determinarse de acuerdo con ellos. No podrán gravarse precios mínimos oficiales ni valores diferentes a aquellos oficiales fijados en termino CIF
  (2014-10-15) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 11001-03-06-000-2013-00438-00(2175)
    SOLICITUD DE CONSULTA SOBRE IMPUESTO SOCIAL A LAS ARMAS DE FUEGO A LAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS –
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    En síntesis, la función consultiva no puede activarse allí donde el objeto de la consulta concierne a lo que sustancialmente se debe decidir en un proceso judicial en curso, el cual exige observar los márgenes de autonomía propios de la autoridad judicial competente.
El Ministerio de Defensa Nacional elevó a esta Sala una serie de interrogantes relacionados con los impuestos sociales al porte de armas, municiones y explosivos, tributos establecidos en el artículo 224 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 48 de la ley 1438 de 2011. El artículo 237 de la Constitución Política le asigna al Consejo de Estado la función de actuar como cuerpo consultivo del Gobierno “en asuntos de administración”.

Esta función es desarrollada en el artículo 112 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según la cual es atribución de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, “absolver las consultas jurídicas generales o particulares que le formule el Gobierno Nacional, a través de sus Ministros y Directores de Departamento Administrativo”.

La función consultiva constituye una herramienta constitucional de colaboración interinstitucional, orientada a que el Gobierno Nacional pueda contar con un criterio jurídico objetivo e independiente para el mejor cumplimiento de las tareas administrativas a su cargo.

En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil, con base en el ordenamiento vigente, conceptúa jurídicamente sobre asuntos o materias administrativas que el Gobierno debe resolver dentro de su autonomía para la buena marcha de la Administración. Con todo, la Sala considera que no es procedente pronunciarse cuando la consulta tenga como objeto asuntos que versen sobre la misma materia o una sustancialmente conexa a los que se estén debatiendo en un proceso judicial vigente.
  (2014-10-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2011-00325-01(19885)
    SANCION POR DEVOLUCION Y O COMPENSACION IMPROCEDENTE - El plazo para imponerla es el previsto en el artículo 670 del Estatuto Tributario y no el del artículo 638 del mismo ordenamiento.
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    SANCION POR DEVOLUCION Y O COMPENSACION IMPROCEDENTE - El plazo de dos años para imponerla es preclusivo e incluye el término de un mes para responder el pliego de cargos
[…] cabe precisar que el término para sancionar previsto en el artículo 670 del Estatuto Tributario (norma especial para la sanción por devolución improcedente) es preclusivo, pues la norma señala que la “sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión”. Como se desprende de la norma y lo ha reiterado la Sala, para la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente la ley contempla un procedimiento autónomo e independiente del que corresponde a la determinación del impuesto.

Teniendo en cuenta dicha premisa, mientras que dentro del término para notificar la liquidación oficial de revisión puede ser suspendido, por ejemplo, cuando se practique inspección tributaria de oficio, el plazo para imponer la sanción por devolución o compensación improcedente es único e improrrogable: dos años contados a partir de la notificación de la liquidación oficial de revisión, como lo prevé el artículo 670 del Estatuto Tributario.

Frente a la aplicación del artículo 638 del Estatuto Tributario que reclama la actora, la Sala reitera que tratándose de la sanción por improcedencia de las devoluciones, no es aplicable el término para proferir el pliego de cargos a que refiere el artículo 638 del Estatuto Tributario, por la existencia de un plazo especial previsto en artículo 670 ib, que señala lo siguiente:
  • “Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión (...) Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del pliego de cargos por el término de un mes para responder”.
Así pues, la norma transcrita señala un plazo de dos años para imponer la sanción, lapso dentro del cual debe incluirse el término de un mes para responder el pliego de cargos, el cual debe ser notificado previamente al contribuyente.
  (2014-10-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2011-00325-01(19885)
    SANCION POR DEVOLUCION IMPROCEDENTE - La anulación parcial de los actos modificatorios del saldo a favor y la fijación de un nuevo saldo implica el reintegro de la diferencia entre lo devuelto según la liquidación privada y el nuevo saldo determinado como consecuencia de la nulidad.
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    SANCION POR DEVOLUCION IMPROCEDENTE - Procede cuando se confirma la liquidación oficial de revisión o cuando ésta se anula parcialmente.
El artículo 670 del Estatuto Tributario señala:
[…] De la norma transcrita se advierte que el contribuyente a quien se le haya devuelto una suma en exceso por concepto de saldo a favor, está sujeto a la sanción por devolución y/o compensación improcedente que consiste en:
  • 1. El reintegro de las sumas devueltas o compensadas en exceso.
  • 2. El pago de los intereses moratorios que correspondan, esto es, los causados sobre los impuestos debidos.
  • 3. El pago de la sanción propiamente dicha, es decir, el incremento de los intereses de mora en un cincuenta por ciento (50%).
Para la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente la ley contempla un procedimiento autónomo e independiente del aplicable para la determinación oficial del impuesto. No obstante, la existencia del proceso sancionatorio depende del proceso liquidatorio, ya que para imponer la sanción es requisito sine qua non la notificación previa de la liquidación oficial de revisión que modifica o rechaza el saldo a favor devuelto o compensado.

Sobre este punto, la Sala ha precisado que si la liquidación oficial de revisión sometida a control jurisdiccional es declarada nula, desaparece el supuesto de hecho que sirve de fundamento a la sanción por devolución y/o compensación improcedente y, en consecuencia, también procede la nulidad de la sanción. Ello, no significa que los dos procesos, el de determinación y el sancionatorio, se confundan, sino que se parte del reconocimiento de los efectos que el primero tiene en el segundo, pues, aunque dichos procesos son diferentes y autónomos, se reconoce el efecto que el proceso de determinación del impuesto tiene sobre el sancionatorio y la correspondencia que debe existir entre ambas decisiones.

Así, la anulación definitiva de los actos de determinación oficial implica que el contribuyente tenía derecho a la devolución del saldo a favor declarado, por lo que desaparecería el supuesto de hecho de la sanción. Por su parte, la confirmación o la anulación parcial de la liquidación de revisión significa que el contribuyente utilizó dineros que pertenecían a la Administración y que debe reintegrarlos, por lo cual procede la sanción del artículo 670 del Estatuto Tributario.
  (2014-10-07) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2011-00325-01(19885)
    SANCION POR DEVOLUCION Y O COMPENSACION IMPROCEDENTE - Corresponde al incremento del 50 por ciento del valor de los intereses de mora liquidados sobre el mayor impuesto a cargo desde la fecha en que se ordenó la devolución del saldo a favor hasta que se efectúe el reintegro. Conceptos que comprende.
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    SANCION POR INEXACTITUD - Hace parte del valor a reintegrar del saldo a favor devuelto o compensado improcedentemente, pero no de la base para liquidar los respectivos intereses moratorios, pues éstos no se causan sobre sanciones
El a quo declaró la nulidad parcial de los actos demandados porque en la base de liquidación de la sanción por devolución improcedente se incluyó el monto de la sanción por inexactitud, lo que conlleva imponer sanción sobre sanción.

La Sala, mediante sentencia del 10 de febrero de 2011, precisó que como el artículo 634 del E.T. sólo prevé la liquidación y pago de intereses moratorios en el pago de impuestos, anticipos y retenciones a cargo del contribuyente, no es pertinente que se liquiden intereses de mora sobre la sanción por inexactitud, pues no lo previó así el artículo 670 ib.

Asimismo, indicó que lo anterior no quiere decir que deba detraerse de la “suma a reintegrar,” a que hace alusión el artículo 670 del E.T, el valor de la sanción por inexactitud, porque cuando se confirma judicialmente el monto que en derecho correspondía devolver como saldo a favor de una suma ya devuelta, la compensación que se hace en la liquidación oficial, de la sanción por inexactitud con el saldo a favor es teórica y, por tanto, subsiste la obligación de pagarla.

Situación diferente se presenta cuando en el proceso de determinación se levanta la sanción por inexactitud, por cuanto en dicho evento no hay lugar a exigir este concepto como suma a reintegrar. En el mismo orden de ideas, también ha dicho la Sala que la sanción por devolución improcedente, en estricto sentido, corresponde al incremento del 50% de los intereses moratorios que corresponda liquidar y que los intereses que corresponden son los que legalmente se deben liquidar sobre el mayor impuesto liquidado […]

En consecuencia, el contribuyente debe reintegrar la diferencia del total del saldo a favor determinado en su declaración y devuelto por la Administración y el fijado de manera definitiva, suma dentro de la cual se incluye la sanción por inexactitud.
  (2014-10-07) [Mas Información]
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Radicación número: 44001-23-31-000-2008-00094-01(19251)
    IMPUESTO AL PATRIMONIO - Sujetos pasivos. Salvo las personas y entidades expresamente excluidas, son las personas naturales y jurídicas y las sociedades de hecho que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y cuyo patrimonio líquido supere los topes fijados por la ley.
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    CONTRIBUYENTE DECLARANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Es una característica determinante para ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio.
Son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, salvo las personas y entidades expresamente excluidas, las personas jurídicas y naturales -hoy también sociedades de hecho con la reforma de la Ley 1111 de 2006-, que sean contribuyentes declarantes del impuesto de renta, siempre y cuando su patrimonio líquido supere los topes establecidos por ley.

Como puede verse, la condición de contribuyente declarante del impuesto de renta, es una característica determinante para ser catalogado como sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, por lo que se hace necesario establecer, como primera medida, quiénes gozan de tal calidad.

De acuerdo con el Estatuto Tributario, los contribuyentes del impuesto de renta se clasifican en contribuyentes declarantes y contribuyentes no declarantes. A su vez, los contribuyentes declarantes pueden pertenecer al régimen ordinario o, al régimen tributario especial contenido en el título VI del libro primero ibídem.

Son contribuyentes declarantes del régimen especial, los indicados en el artículo 19 del Estatuto Tributario, entre los que se encuentran las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social principal y sus recursos estén destinados a actividades de salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo social, enfocadas al interés general, siempre y cuando sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social.

Son contribuyentes declarantes del régimen ordinario, tal como lo disponen los artículos 6 a 10 del Estatuto Tributario, las personas naturales y sucesiones ilíquidas, nacionales y extranjeras, residentes y no residentes, que no que no se encuentren en los supuestos establecidos en los artículos 592, 593 594-1 y 594-3. Así mismo, son contribuyentes declarantes de dicho régimen, las personas jurídicas mencionadas en los artículos 12 a 20 del Estatuto Tributario.

Por su parte, son contribuyentes no declarantes, las personas naturales, sucesiones ilíquidas y las personas jurídicas extranjeras que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 592 del Estatuto Tributario. Igualmente, pertenecen a dicha categoría los asalariados y trabajadores independientes que se encuentren en los supuestos establecidos en los artículos 593, 594, 594-1 y 594-3 ibídem.
  (2014-10-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 44001-23-31-000-2008-00094-01(19251)
    CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR - Según las actividades que desarrollen pueden ser contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta del régimen ordinario y no contribuyentes declarantes del mismo impuesto.
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    CONTRIBUYENTE DECLARANTE DEL IMPUESTO DE RENTA - Es una calidad dada por la ley que se adquiere cuando surge la obligación de pagar el impuesto, esto es, cuando ocurre el hecho generador

    IMPUESTO AL PATRIMONIO - La obligación de pagarlo surge por el hecho de ser contribuyente declarante del impuesto de renta, siempre q
La síntesis del asunto es la siguiente:
La Caja de Compensación Familiar de La Guajira - Comfamiliar demandó los actos de la DIAN que determinaron el impuesto al patrimonio a su cargo, por el año gravable 2005. El Tribunal Administrativo de La Guajira anuló dichos actos porque concluyó que Comfamiliar no era sujeto pasivo de ese gravamen por el 2005, por pertenecer al régimen tributario especial.

La Sala confirmó dicha decisión, en cuanto anuló los actos acusados, pero la modificó para aclarar que la caja no estaba obligada a presentar declaración del impuesto al patrimonio por ese año, pero no por pertenecer al régimen tributario especial, sino por no ser contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, circunstancia determinante para ser catalogado como sujeto pasivo del gravamen al patrimonio.
  (2014-10-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Boletin No 151
    Las sociedades de intermediación aduanera tienen la obligación legal de identificar en debida forma al importador para el cual trabajan.
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    También es claro para la Sala que la sociedad de intermediación aduanera demandante omitió el estricto cumplimiento de los deberes que como auxiliar de la función pública aduanera le impone la normativa que regula la materia, en particular el referido a la exactitud y veracidad de la información contenida en las declaraciones de importación que presentó ante la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales y que se relaciona con la identificación y existencia del importador, tal como antes se examinó.
Síntesis del caso:
La sala confirma la sentencia apelada, al considerar que la DIAN sancionó en debida forma a la sociedad actora, pues como consta en el expediente esta no hizo las gestiones pertinentes para identificar en debida forma al importador, obligación legal de la entidad declarante, con miras a evitar prácticas relacionadas con el lavado de activos, el contrabando, la evasión y cualquier otra conducta irregular.

En el presente asunto al examinar el expediente administrativo encuentra la Sala que, contrario a lo que sostiene la parte actora, ésta no dio cumplimiento estricto a lo reglado en la Circular 170 de 2002, pues aunque diligenció el formato de identificación del cliente a que ella se refiere, pasó por alto importantes señales de alerta que pudieron advertir a la autoridad aduanera sobre la existencia real y legal del importador a cuyo nombre actuó Aduanas Ovic S. en C. S.I.A., y que seguramente hubieran impedido la tramitación de las declaraciones de importación presentadas ante la DIAN.

En efecto, como lo precisó el a quo, las operaciones de importación a que se refiere este asunto fueron realizadas (a) por una persona jurídica sin gran trayectoria comercial creada en fecha no muy lejana a dichas operaciones y (b) por valores superiores frente al capital con el cual fue constituida la empresa.
  (2014-10-02) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Boletin No 151
    El plazo de 2 años para sancionar por devolución o compensación improcedente del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de materiales de construcción se cuenta desde la notificación de la resolución de devolución o compensación y no a partir de la notificación de la liquidación oficial de revisión.
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    Tienen derecho a la devolución del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de materiales de construcción para vivienda de interés social, las entidades cuyos planes estén debidamente aprobados por el Inurbe o por su delegado
Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala tras confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que anuló los actos por los que la DIAN sancionó a Constructora Herpa Ltda. por compensación improcedente del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de materiales para la construcción de vivienda de interés social, toda vez que la resolución sancionatoria se notificó por fuera del término de dos años previsto para el efecto por el art. 14 del Decreto 1288 de 1996.

Las sanciones por devolución o compensación improcedente deben imponerse “dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión”. Sin embargo, tratándose de devolución del impuesto sobre las ventas en materiales de construcción, el Decreto 1288 de 1996, reglamentario del artículo 850 del Estatuto Tributario, en el artículo 14 previó que el término de dos años para imponer ese tipo de sanciones se contaría “a partir de la fecha en que se haya notificado la respectiva resolución de devolución o compensación”.
  (2014-10-02) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Boletin No 151
    La Sala reitera que las cajas de compensación familiar son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio siempre que ostenten la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y cumplan los topes fijados en la ley para el efecto.
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    La diferenciación entre actividades gravadas y no gravadas adquiere importancia únicamente al momento de liquidar el impuesto sobre la renta, pero nada tiene que ver en la determinación de la obligación de pagar el impuesto al patrimonio.
Las Cajas de Compensación Familiar son contribuyentes declarantes del impuesto de renta y complementarios del régimen ordinario, conforme lo dispone el artículo 19-2 del Estatuto Tributario, “con respecto a los ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio, diferentes a las relacionadas con salud, educación, recreación y desarrollo social”.

Pero, si no realizan las actividades descritas en dicho artículo, sino que se dedican únicamente a desarrollar actividades relacionadas con la seguridad social, tienen la calidad de no contribuyentes declarantes, conforme lo dispone el artículo 598 del Estatuto Tributario. Ahora, si concurre en un período gravable el desarrollo de actividades gravadas y no gravadas, las Cajas de Compensación Familiar no pierden la condición de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, pues ésta se adquiere cuando surge la obligación de pagar el impuesto, esto es, cuando ocurre el hecho generador, lo que quiere decir que la calidad de contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios está dada por la ley.

La obligación de pagar el impuesto al patrimonio surge, como se explicó, por el hecho de ser declarante contribuyente del impuesto sobre la renta. En ese orden de ideas, las Cajas de Compensación Familiar, si ostentan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de renta son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, siempre y cuando posean riqueza al 1º de enero de cada año gravable, cuyo valor sea superior, para el año 2005, a $3.183.000.000, según lo prevén los artículos 292, 293 y 295 del Estatuto Tributario y el Decreto 4344 de 2004.
  (2014-10-02) [Mas Información]
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Boletin No 151
    La obligación de pagar el impuesto al patrimonio surge por el hecho de ser contribuyente declarante del impuesto sobre la renta, siempre que se cumplan los topes fijados en la ley para el efecto.
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    La Caja de Compensación Familiar de La Guajira no estaba obligada a presentar declaración del impuesto al patrimonio por ese año, pero no por pertenecer al régimen tributario especial, sino por no ser contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, circunstancia determinante para ser catalogado como sujeto pasivo del gravamen al patrimonio.
Síntesis del caso:
La Caja de Compensación Familiar de La Guajira – Comfamiliar demandó los actos de la DIAN que determinaron el impuesto al patrimonio a su cargo, por el año gravable 2005. El Tribunal Administrativo de La Guajira anuló dichos actos porque concluyó que Comfamiliar no era sujeto pasivo de ese gravamen por el 2005, por pertenecer al régimen tributario especial.

La Sala confirmó dicha decisión, en cuanto anuló los actos acusados, pero la modificó para aclarar que la caja no estaba obligada a presentar declaración del impuesto al patrimonio por ese año, pero no por pertenecer al régimen tributario especial, sino por no ser contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, circunstancia determinante para ser catalogado como sujeto pasivo del gravamen al patrimonio.
  (2014-10-02) [Mas Información]
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Boletin No 151
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    Las personas naturales son agentes de retención cuando sean comerciantes y su patrimonio e ingresos superen los topes fijados para cada vigencia fiscal y, a título de renta, lo son las que efectúen pagos por salarios originados en una relación laboral o legal y reglamentaria sin importar si cumplen con el requisito de ingresos o patrimonio.
      El artículo 375 del Estatuto Tributario dispone que están obligados a efectuar la retención en la fuente o percepción del tributo, los agentes de retención que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal efectuar dicha retención.
    De manera general los agentes de retención están definidos en el artículo 368 del Estatuto Tributario, que inicialmente refería al impuesto sobre la renta y complementarios, pero con la modificación introducida por la Ley 488 de 1998, se extendió a los demás impuestos, IVA, timbre y GMF; respecto de las personas naturales que tienen la calidad de agentes de retención, dice el artículo 368-2 del estatuto tributario:
    • “Art. 368-2. Personas naturales que son agentes de retención. Las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieren un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 UVT también deberán practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos a los cuales se refieren los artículos 392, 395 y 401, a las tarifas y según las disposiciones vigentes sobre cada uno de ellos”.
    Como se puede ver, la norma indica que las personas naturales comerciantes, y con los patrimonios e ingresos superiores a 30.000 UVT, serán “también” agentes de retención para los conceptos señalados en los artículos 392, 395 y 401 del Estatuto Tributario.

    La razón para que se utilice la palabra “también”, es porque los artículos aludidos refieren que los únicos que debían hacer retención a titulo de renta por honorarios, comisiones, servicios y arrendamiento (artículo 392), o por rendimientos financieros (artículo 395), o por otros ingresos tributarios (artículo 401), eran las personas jurídicas y las sociedades de hecho.

    De esta forma, las personas naturales sólo son agentes de retención cuando sean comerciantes y su patrimonio o ingresos superen los topes señalados para cada año. Observa la Sala que el artículo 368 aludido, dispuso en forma general que son agentes de retención las personas naturales o jurídicas, que en razón de las funciones que desarrollan deban practicar retención en la fuente.
      (2014-10-02) [Mas Información]
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Boletin No 151
    Todas las personas jurídicas son agentes de retención y como tal están obligadas a presentar la declaración de retención en la fuente todos los meses, aún en aquellos en que no realicen operaciones sujetas a la misma, pues el legislador no previó que esa calidad solo se tenga cuando se realicen operaciones.
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    La Sala precisa, de acuerdo con lo expuesto, que no es posible asimilar los obligados a efectuar la retención en la fuente, con los que pueden llegar a estarlo, o los que lo están de manera ocasional como serían las personas naturales; ni menos afirmar que se es agente de retención únicamente en el momento en que se realicen operaciones, pues de ser así, el legislador lo hubiera considerado.
Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al negar la solicitud de nulidad de los Oficios 032526 del 2 de mayo de 2007 y 061672 del 25 de junio de 2008, en los que la DIAN señaló que se debe entender que los agentes de retención en la fuente, que no realicen actos sujetos a retención en forma habitual y que, por ende, pueden actualizar el RUT para cancelar esa responsabilidad, son las personas naturales y no las jurídicas.

La Sala precisó que los citados oficios se ajustan a la ley, en cuanto ratifican la obligación que tienen los agentes retenedores, personas jurídicas, de presentar la declaración de retención en la fuente todos los meses, aún en aquellos en que no realicen operaciones sujetas a la misma, en razón de que tales personas son las que habitualmente realizan actos sujetos a retención.
  (2014-10-02) [Mas Información]
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Boletin No 151
    Del impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos y mezclas generado en el periodo se descuentan las operaciones de reenvío.
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    La Sala precisó que si en la declaración privada se incluyen reenvíos, se debe restar del impuesto generado en el periodo el impuesto que pertenece a una entidad territorial distinta de aquella en que se declaró y pagó el impuesto inicialmente.
Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos por los que el Departamento del Atlántico modificó las declaraciones del impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos que Cervecería Leona S.A (hoy Bavaria S.A.) presentó por los meses de marzo a junio de 2005.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó la nulidad de esos actos, tras concluir que el departamento rechazó el descuento de reenvíos, porque la actora no presentó las tornaguías legalizadas, como lo exige el art. 14 del Decreto 2141 de 1996 para que los renvíos se puedan descontar.

La Sala precisó que si en la declaración privada se incluyen reenvíos, se debe restar del impuesto generado en el periodo el impuesto que pertenece a una entidad territorial distinta de aquella en que se declaró y pagó el impuesto inicialmente, para lo cual la norma en mención exige que los reenvíos consten en la contabilidad, que el impuesto al consumo se haya declarado y pagado en la entidad territorial en la que se solicita el descuento y que los reenvíos consten en tornaguías legalizadas en la entidad de destino.

Agregó que los cambios de destino de mercancías no inciden en la liquidación, toda vez que la Ley 223 de 1995 ni el Decreto 2141 de 1996 prevén que para determinar el tributo se deban restar tales cambios, al punto de que ese concepto no se incluyó en el formulario MHCP-D.A.F.-38, en el que se presenta la declaración.
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Boletin No 151
    La Sala reitera que la causación y el recaudo del impuesto de industria y comercio es anual.
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    El artículo 33 de la Ley 14 de 1983 dispone que el impuesto de industria y comercio debe liquidarse sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año anterior. Significa que el periodo de causación del impuesto de industria y comercio y su recaudo deberá ser anual y no bimestral
Síntesis del caso:
En auto de 13 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Risaralda suspendió provisionalmente un aparte del art. 3 del Decreto 1122 del 13 de diciembre de 2011, del Alcalde de Pereira, que estableció los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos administrados por el municipio en la vigencia de 2012.

Al resolver el recurso de apelación que el municipio interpuso contra esa decisión, la Sala la modificó, en el sentido de decretar la suspensión provisional de otras expresiones de dicho artículo, en cuanto aludían a la causación y el pago bimestral del impuesto de industria y comercio, por ser violatorias del art. 33 de la Ley 14 de 1983, que prevé que ese tributo se liquida anualmente.
  (2014-10-02) [Mas Información]
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Boletin No 151
    Las entidades territoriales no están facultadas para conceder amnistías tributarias.
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    Las entidades territoriales pueden establecer beneficios tributarios respecto de impuestos territoriales, pero no amnistías tributarias.
Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima que anuló el Acuerdo 013 del 30 de julio de 2010, por el cual el Concejo Municipal de Ibagué dispuso la condonación o remisión del 90% de los intereses de mora generados por el incumplimiento de obligaciones tributarias causadas y debidas al municipio a 31 de diciembre de 2009.

Al respecto la Sala señaló que, en virtud del artículo 294 de la Carta Política, las entidades territoriales pueden establecer beneficios tributarios respecto de impuestos territoriales, pero no amnistías tributarias, cuya regulación está vedada, incluso, al mismo Congreso de la República, si no se cumplen ciertas condiciones mínimas.

En cuanto a los efectos del fallo que anula el acto que concede una amnistía tributaria, precisó que es el mismo previsto para la anulación de actos que imponen obligaciones tributarias, esto es, que afecta situaciones jurídicas no consolidadas.
  (2014-10-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00808-01(16522)
    REGISTROS CONTABLES - Requisitos.
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  • CONTABILIDAD - Hacen parte integral de la misma los soportes contables. Valor probatorio.
El Decreto 2649 de 1993, especifica los principios contables generalmente aceptados, así como también el conjunto de conceptos y reglas que se deben observar al registrar los datos contables de un ente económico.

Es así que los registros en los libros y los soportes deben guardar la debida correspondencia, habida cuenta que la contabilidad constituye un todo indivisible e integral.

Dentro del proceso de determinación es tal la importancia de la contabilidad, que es el punto de referencia para que la Administración Tributaria pueda establecer las circunstancias frente al desarrollo de la actividad mercantil del comerciante, en esa medida, si el comerciante esta obligado a llevarla de manera completa y fidedigna, resulta entendible que si los registros en ella contenidos no prueban su actividad, no se le asigna valor probatorio en caso de verificación tributaria.
  (2014-09-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00808-01(16522)
    REGIMEN COMUN - Los contribuyentes responsables deben discriminar el impuesto sobre las ventas.
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  • DEDUCCION DE IMPUESTOS DESCONTABLES - No procede cuando no se discrimina el impuesto sobre las ventas.
El artículo 618 del Estatuto Tributario determina como requisito adicional para los responsables que pertenezcan al régimen común, la discriminación del correspondiente impuesto sobre las ventas.

Lo anterior permite concluir que no le asiste razón al demandante en el sentido, de que por haberse revocado el acto que impuso sanción por no informar, no había lugar al rechazo de los impuestos descontables, pues al tenor del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, para su procedencia deberá aportarse la factura o el documento equivalente, requisito que la sociedad no cumplió, por lo que no procede su aceptación.

Es de precisar que el proceso en el cual se determinó sancionar a la sociedad demandante por no enviar información, es totalmente independiente del que en este momento se controvierte.
  (2014-09-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00808-01(16522)
    INFORMACION EXOGENA - Concepto / CONTABILIDAD - Carece de valor probatorio cuando no reúnen los requisitos de ley.
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  • CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO - Requisitos. Valor probatorio.
La información exógena es el conjunto de datos que las personas Naturales y Jurídicas deben presentar a la DIAN según lo establezca el Director General, sobre las operaciones con sus clientes, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos.

Estas diferencias en los valores reportados en la información exógena, la carencia de idoneidad de la contabilidad, son suficientes para considerar como lo hizo la Administración y lo decidió el a-quo, que no es posible proporcionarle valor probatorio a los documentos adjuntados a la respuesta al requerimiento especial así como al memorial del recurso de reconsideración, pues estos no constituyen el medio de prueba idóneo y eficaz para la demostración de los hechos materia del proceso.

El contribuyente presentó ante las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales una certificación de contador público, para acreditar sus costos, gastos y los impuestos descontables. Esta constancia constituye prueba contable de acuerdo con el artículo 777 del Estatuto Tributario.

Para que las certificaciones de contador público o revisor fiscal se consideren pruebas suficientes, deben permitir llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
  (2014-09-30) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00808-01(16522)
    INFORMACION EXOGENA - Concepto / CONTABILIDAD - Carece de valor probatorio cuando no reúnen los requisitos de ley.
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  • CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO - Requisitos. Valor probatorio.
La información exógena es el conjunto de datos que las personas Naturales y Jurídicas deben presentar a la DIAN según lo establezca el Director General, sobre las operaciones con sus clientes, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos.

Estas diferencias en los valores reportados en la información exógena, la carencia de idoneidad de la contabilidad, son suficientes para considerar como lo hizo la Administración y lo decidió el a-quo, que no es posible proporcionarle valor probatorio a los documentos adjuntados a la respuesta al requerimiento especial así como al memorial del recurso de reconsideración, pues estos no constituyen el medio de prueba idóneo y eficaz para la demostración de los hechos materia del proceso.

El contribuyente presentó ante las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales una certificación de contador público, para acreditar sus costos, gastos y los impuestos descontables. Esta constancia constituye prueba contable de acuerdo con el artículo 777 del Estatuto Tributario.

Para que las certificaciones de contador público o revisor fiscal se consideren pruebas suficientes, deben permitir llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
  (2014-09-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00808-01(16522)
    RENTA PRESUNTIVA POR CONSIGNACION EN CUENTAS BANCARIAS Y DE AHORRO - Aplicación. Presupuestos. Admite prueba en contrario .
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  • CUENTAS BANCARIAS - Son las que están a nombre del contribuyente y en las que consigna sus propios ingresos / CONTABILIDAD - Cuando no refleja la realidad de las operaciones mercantiles la Administración puede hacer uso de otros medios probatorios.
De los términos del artículo 755 del Estatuto Tributario se infiere que dentro de los presupuestos para que aplique la presunción legal allí prevista, está referida a la existencia de indicios graves de los cuales pueda deducirse que los valores consignados en cuentas propias, cuentas de terceros o en cuentas no registradas en la contabilidad, corresponden a ingresos derivados de operaciones realizadas por el contribuyente, esto es, a ingresos propios.

Las cuentas bancarias a que se refiere la Administración de Impuestos son aquellas que figuran a nombre del contribuyente y utilizadas para consignar sus propios ingresos pero que no corresponden a las registradas en la contabilidad, estando obligado.
  (2014-09-30) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00808-01(16522)
    PRESUNCION DE INGRESOS - La prueba que los desvirtúa debe ser aportada por el contribuyente no por la Administración.
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  • La carga de la prueba recae sobre quien impugna el acto administrativo dictado por la Administración Tributaria, cualquiera sea su contenido.
En el presente caso, el demandante señaló que el funcionario de la DIAN omitió la realización de una labor importantísima al interior de la investigación, la conciliación bancaria que le permitía establecer con precisión los ingresos mensuales y en especial de las cuentas objeto de la presunción bancaria.

La anterior afirmación no es acertada, en tanto que la prueba para demostrar lo contrario debe ser aportada por el investigado y no solicitada por él al ente fiscal; en el proceso tributario se ha establecido, que la carga de la prueba recae sobre quien impugna el acto administrativo dictado por la Administración Tributaria, cualquiera sea su contenido.

El demandado debía probar en las instancias procesales los hechos constitutivos, esto es, el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación se pide. El demandante se limita a negar los hechos, sin aportar otros.
  (2014-09-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-02080-01(16889)
    LIMITACION DE LOS COSTOS A PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y COMISIONISTAS - Sólo se reconoce por costos y deducciones hasta el 50 por ciento de los ingresos obtenidos por razón de su actividad.
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  • CONTRATOS DE CONSTRUCCION - El límite de deducción por costos es del 90 por ciento.
LIMITACION DE COSTOS - No procede cuando el contribuyente factura la totalidad de las operaciones y sus ingresos fueron sometidos a retención en la fuente.

Como se observa, el artículo 87 del Estatuto Tributario consagra una limitación de orden legal a los costos y deducciones imputables a la actividad de servicios inherentes a los profesionales independientes, personas naturales, en el sentido de que fiscalmente sólo se les reconoce por concepto de costos y deducciones hasta el 50% de los ingresos obtenidos por razón de su actividad.

Si se trata de contratos de construcción de bienes inmuebles y obras civiles ejecutados por arquitectos o ingenieros contratistas, el límite anterior será del noventa por ciento (90%), pero deberán llevar libros de contabilidad registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales.

Estas limitaciones no se aplican si el contribuyente factura la totalidad de las operaciones y sus ingresos fueron sometidos a retención en la fuente, cuando ésta sea procedente. Sólo los costos que se reconocen son aquellos que, conforme con las normas que regulan su procedencia, son los que aparezcan probados, para, a partir de ese momento, determinar si debe aplicarse o no alguna limitación.
  (2014-09-25) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-02080-01(16889)
    REQUISITOS DE FACTURACION - Le corresponde al contribuyente solicitar el pleno cumplimiento de los requisitos de la facturación cuando pretendiera hacer valer costos o deducciones.
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  • INSCRIPCION EN EL RUT - Esta obligación sólo se estableció con la Ley 633 de 2000.
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA - Para que procedan los costos, deducciones e impuestos descontables éste debe cumplir los requisitos de la factura.

Conforme con el artículo 2 del Decreto 1001 de 1997, no están obligados a expedir factura en sus operaciones, entre otros, los responsables del régimen simplificado. Entonces, en virtud del inciso tercero del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca.

Estos requisitos fueron establecidos por el artículo 3 del Decreto 3050 de 1997. advierte la Sala que la razón de la DIAN para rechazar los costos solicitados no fue que el demandante hubiere omitido exigir la inscripción en el RUT a sus proveedores de bienes y servicios. Lo que la Administración advirtió fue que al contribuyente le correspondía solicitar el pleno cumplimiento de los requisitos de la facturación cuando pretendiera hacer valer costos o deducciones.

Es decir, se refirió a los requisitos que debía contener la factura o documento equivalente, conforme con el artículo 771-2, como expresamente lo señala la resolución del recurso en la hoja 14. No es cierto que la DIAN haya requerido como obligación del contribuyente exigir al proveedor su inscripción en el RUT para la procedencia de costos y gastos de pagos por operaciones gravadas con el IVA.

Esta obligación surgió sólo a partir del año gravable 2003 y no era procedente exigirla para 1999, como en efecto no lo fue. Al contribuyente le correspondía solicitar el pleno cumplimiento de los requisitos de la facturación cuando pretendiera hacer valer costos o deducciones.
  (2014-09-25) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2004-02080-01(16889)
    SANCION POR INEXACTUTUD - Procedencia.
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  • No hay lugar a la sanción cuando el menor valor a pagar se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante.
Conforme con el artículo 647 del Estatuto Tributario constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, entre otras, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, pasivos, descuentos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.

Sin embargo, no hay lugar a la sanción cuando el menor valor a pagar se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

Para la Sala la imposición de la sanción no está falsamente motivada, pues está demostrado que el actor sí incluyó en su declaración costos inexistentes y datos desfigurados de los cuales derivó un menor saldo a pagar.
  (2014-09-25) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00173-01(16663)
    RECURSO DE RECONSIDERACION - El acto que lo resuelve debe guardar congruencia con el requerimiento especial y con la liquidación oficial.
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  • HECHOS NUEVOS - No pueden ser incluidos en el acto que resuelve el recurso de reconsideración.
Esta disposición no es ajena en materia tributaria. Si la Administración no resuelve sobre los motivos de inconformidad del recurso sí incurriría en la violación al derecho de defensa y al debido proceso. De manera que, interpuesto el recurso de reconsideración con la expresión concreta de los motivos de inconformidad (artículo 722 literal a del Estatuto Tributario), le corresponde a la DIAN decidir sobre cada uno de ellos, así tal decisión incluya cuestiones que no fueron planteadas con anterioridad.

En todo caso, debe precisarse que en la resolución que decide el recurso gubernativo no pueden incluirse puntos nuevos o glosas diferentes a las determinadas en la liquidación oficial, en congruencia con el requerimiento especial.

En efecto, cuando el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo se refiere a "cuestiones" que no se hayan planteado antes, debe entenderse como argumentos o motivos de la decisión. No a puntos nuevos, pues la decisión del recurso no es la oportunidad para que la Administración incluya aquellas glosas que no fueron planteadas en el acto definitivo.
  (2014-09-25) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00173-01(16663)
    RECURSO DE RECONSIDERACION - El acto que lo resuelve debe guardar congruencia con el requerimiento especial y con la liquidación oficial.
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  • HECHOS NUEVOS - No pueden ser incluidos en el acto que resuelve el recurso de reconsideración.
Esta disposición no es ajena en materia tributaria. Si la Administración no resuelve sobre los motivos de inconformidad del recurso sí incurriría en la violación al derecho de defensa y al debido proceso. De manera que, interpuesto el recurso de reconsideración con la expresión concreta de los motivos de inconformidad (artículo 722 literal a del Estatuto Tributario), le corresponde a la DIAN decidir sobre cada uno de ellos, así tal decisión incluya cuestiones que no fueron planteadas con anterioridad.

En todo caso, debe precisarse que en la resolución que decide el recurso gubernativo no pueden incluirse puntos nuevos o glosas diferentes a las determinadas en la liquidación oficial, en congruencia con el requerimiento especial.

En efecto, cuando el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo se refiere a "cuestiones" que no se hayan planteado antes, debe entenderse como argumentos o motivos de la decisión. No a puntos nuevos, pues la decisión del recurso no es la oportunidad para que la Administración incluya aquellas glosas que no fueron planteadas en el acto definitivo.
  (2014-09-25) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00173-01(16663)
    DOCUMENTOS ALLEGADOS EN OTRO IDIOMA - No son prueba si no se hace la correspondiente traducción por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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  • PRUEBA PERICIAL - Se valora de acuerdo con la sana crítica.
La valoración del dictamen pericial no está sometida a una tarifa legal, ni tiene valor de plena prueba. El artículo 241 del Código de Procedimiento Civil señala que "al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso".

Es decir, si el juez no encuentra que la prueba está bien fundamentada, tiene la facultad de separarse de ella. La prueba pericial se valora de acuerdo con la sana crítica. En virtud de este principio el juez tiene la facultad de analizar el dictamen, no sólo por sus conclusiones, sino por los elementos que tuvo en cuenta para emitirlo. De manera que si alguno de esos elementos no otorga la certeza suficiente para soportar el dictamen, simplemente, el dictamen pierde su valor, sin que esto signifique que se confunda la prueba pericial con otro medio probatorio, como en este caso, la prueba documental.

En efecto, conforme al artículo 260 del Código de Procedimiento Civil "para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un interprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente".
  (2014-09-25) [Mas Información]
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Sentencia 18760
3 de abril de 2014
    Mandatario debe practicar todas las retenciones a que haya lugar, según la calidad del mandante.
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  • Así lo señaló la Sala al negar la nulidad del inciso 1 del art. 29 del Decreto 3050 de 1997, en cuanto estableció la obligación para el mandatario de practicar, al momento del pago o abono en cuenta, las retenciones a que haya lugar, teniendo en cuenta la calidad del mandante.
Para el efecto concluyó que el Gobierno está facultado por el art. 368 del E.T. para fijar los agentes de retención cuando el pago o abono en cuenta se realice por “cuenta de terceros”, como ocurre con los mandatarios, para lo cual deben tener en cuenta no su propia calidad, sino la de la persona en cuyo beneficio actúan, pues frente al mandante no actúan en nombre propio.

Así, la Sala precisó que la norma acusada reconoce que el mandatario siempre representa al mandante y que por ello hace pagos o abonos en cuenta a nombre y por cuenta de otro, de modo que el hecho de que aquél contrate a nombre propio no modifica la esencia de la retención ni la calidad de agente de retención que ostenta el mandante.
  (2014-09-22) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 15001-23-31-000-16576-01- 9149 (9149)
    LIQUIDACION PRIVADA - Firmeza / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Tunja.
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  • TERMlNO PARA CONTESTAR REQUERIMIENTO - Solicitud de Pruebas / INVESTIGACION TRIBUTARIA - Terminación.
El artículo 53 del Acuerdo 045 de 1990 prevé que dentro del término para contestar el requerimiento el contribuyente puede pedir pruebas y el artículo 54 del citado Acuerdo prescribe que con posterioridad al requerimiento, se puede ordenar la práctica de visitas, de oficio o a solicitud de parte, todo lo cual confirma que la investigación, además de los cruces de información y del requerimiento, incluye las visitas.

Sin embargo, y por cuanto en el subjudice no se ordenó la práctica de ninguna visita y el contribuyente no solicitó en la respuesta al requerimiento prueba alguna, resulta obligado concluir que la investigación tributaria, en la presente oportunidad, finalizó con la respuesta al requerimiento.

En otras palabras, con la liquidación oficial de revisión concluye el procedimiento administrativo de determinación del tributo, y como resultado que es, no puede hacer parte del trámite previo que el mismo involucra.

De otra parte, una cosa es que la liquidación oficial ponga fin al procedimiento administrativo de determinación del tributo, y otra, bien distinta, que ponga fin a la investigación, la cual hace parte necesariamente de dicho procedimiento.
  (2014-09-22) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
    PROCESO DE DETERMINACION - La contabilidad es fundamental para establecer las circunstancias de la actividad mercantil del contribuyente.
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  • CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA - No lo es cuando la contabilidad no llena los requisitos de las normas contables.
    Dentro del proceso de determinación es tal la importancia de la contabilidad, que es el punto de referencia para que la Administración Tributaria pueda establecer las circunstancias frente al desarrollo de la actividad mercantil del comerciante.
El Decreto 2649 de 1993, especifica los principios contables generalmente aceptados, así como también el conjunto de conceptos y reglas que se deben observar al registrar los datos contables de un ente económico.

Es así que los registros en los libros y los soportes deben guardar la debida correspondencia, habida cuenta que la contabilidad constituye un todo indivisible e integral.

Dentro del proceso de determinación es tal la importancia de la contabilidad, que es el punto de referencia para que la Administración Tributaria pueda establecer las circunstancias frente al desarrollo de la actividad mercantil del comerciante, en esa medida, si el comerciante esta obligado a llevarla de manera completa y fidedigna, resulta entendible que si los registros en ella contenidos no prueban su actividad, no se le asigna valor probatorio en caso de verificación tributaria.
  (2014-09-22) [Mas Información]
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Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
    RENTA PRESUNTIVA POR CONSIGNACIONES EN CUENTAS BANCARIAS Y DE AHORRO - Procede cuando existen indicios graves.
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  • CUENTAS BANCARIAS - Para efectos de la presunción de ingresos por consignaciones son las que figuran a nombre del contribuyente.
De los términos de la norma se infiere que dentro de los presupuestos para que aplique la presunción legal allí prevista, está la referida a la existencia de indicios graves de los cuales pueda deducirse que los valores consignados en cuentas propias, cuentas de terceros o en cuentas no registradas en la contabilidad, corresponden a ingresos derivados de operaciones realizadas por el contribuyente, esto es, a ingresos propios.

Las cuentas bancarias a que se refiere la Administración de Impuestos son aquellas que figuran a nombre del contribuyente y utilizadas para consignar sus propios ingresos pero que no corresponden a las registradas en la contabilidad, estando obligado.
  (2014-09-22) [Mas Información]
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Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
    RENTA PRESUNTIVA POR CONSIGNACIONES EN CUENTAS BANCARIAS Y DE AHORRO - La carga de la prueba para desvirtuarla la tiene el contribuyente.
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  • ADICION DE INGRESOS - El contribuyente tiene la carga de la prueba para desvirtuarlos / IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD - Es indicio grave en contra del contribuyente.
El artículo 755-3 del Estatuto Tributario dispone que la carga de la prueba la tiene el contribuyente, con el fin de desvirtuar los indicios graves establecidos por la Administración Tributaria en su contra.

En el presente caso, el demandante señaló que el funcionario de la DIAN omitió la realización de una labor importantísima al interior de la investigación como era la conciliación bancaria que le permitía establecer con precisión los ingresos mensuales y en especial las cuentas objeto de la presunción bancaria.

La anterior afirmación no es acertada, en tanto que la prueba para demostrar lo contrario debe ser aportada por el investigado y no solicitada por él al ente fiscal toda vez que en el proceso tributario se ha establecido que la carga de la prueba recae sobre quien impugna el acto administrativo dictado por la Administración Tributaria, cualquiera sea su contenido.

El demandado debía probar en las instancias procesales los hechos que desvirtuaran la adición de ingresos, esto es, el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación se pide. El demandante se limita a negar los hechos, sin aportar otros. La anterior situación, aunada a las irregularidades en la contabilidad, constituye un indicio grave en contra del contribuyente.
  (2014-09-22) [Mas Información]
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Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
    DETERMINACION DEL IMPUESTO - La administración pude corregir los errores de transcripción sin que sean causales de nulidad.
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  • El cuando la Administración Tributaria detecta un yerro dentro de las etapas de determinación o discusión puede corregirlo, sin que se enmarque dentro de las causales de nulidad del artículo 730 del Estatuto Tributario.
En cuanto que los valores indicados en el requerimiento especial y el valor final propuesto en la liquidación oficial presentan inconsistencias, no le asiste razón al demandante, pues los valores son los correctos, y se obtuvieron como resultado del análisis de las cuentas bancarias activas que no se encontraron registradas en la contabilidad, simplemente hubo un error de trascripción, que fue subsanado en la Liquidación Oficial de Revisión, cuando señala el valor correcto en la suma de $ 722.746.939.

Este hecho no constituye irregularidad para declarar la nulidad de la actuación, pues cuando la Administración Tributaria detecta un yerro dentro de las etapas de determinación o discusión puede corregirlo, sin que se enmarque dentro de las causales de nulidad del artículo 730 del Estatuto Tributario.
  (2014-09-22) [Mas Información]
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Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
    CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA - La tiene el contribuyente.
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  • DEBIDO PROCESO - Es aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.
El artículo 29 de la Constitución Política consagra que el debido proceso es aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Dentro de las garantías de la norma superior se consagra el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, esto es, la posibilidad de solicitar o allegar documentos con el fin de esclarecer la conducta que se le está imputando.

En materia tributaria, el contribuyente que alegue a su favor un hecho, le corresponde la carga de la prueba de lo que quiere demostrar
  (2014-09-22) [Mas Información]
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Radicación número: 76001-23-31-000-1998-1691-01(11816)
    TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA - El corregirlo antes de la sanción no exime de la misma.
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  • SANCION DE CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO - Es procedente cuando el documento equivalente a factura no cumple requisitos-
Sobre el argumento aducido por la parte actora, de que a la fecha de la visita en la que los funcionarios observaron el incumplimiento del numeral 1º antes transcrito, la sociedad se encontraba en período de transición y adecuación de sellos teniendo en cuenta que hasta el 31 de marzo anterior el establecimiento de comercio era de propiedad de otra sociedad, estima la Sala que no por el hecho de haberse corregido el sello de la máquina registradora con anterioridad a la imposición de la sanción, la eximía de la misma.

No es en el momento de la imposición de la sanción la oportunidad de verificar el cumplimiento de los mencionados requisitos, pues el artículo 657 del Estatuto Tributario establece un proceso previo del cual se desprende que basta simplemente la constatación del hecho sancionable para imponer la sanción "previo traslado de cargos a la persona o entidad infractora, quien tendrá un términos de diez (10) días para responder" y no prevé esta disposición como eximente de la sanción, el hecho de subsanar las irregularidades que fundamentan su aplicación.
  (2014-09-22) [Mas Información]
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Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
    DOCUMENTOS DE FECHA CIERTA - Requieren de autenticación en materia tributaria cuando la contabilidad no es prueba fehaciente.
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  • VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS EN MATERIA TRIBUTARIA - Lo son cuando la contabilidad es fehaciente.
Al respecto el artículo 742 del Estatuto Tributario dice que "La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos" y el artículo 743 del mismo Estatuto establece que la idoneidad de los medios de prueba estriba, en la exigencia que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse y, a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento que pueda atribuirles, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo cual concuerda con lo expresado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, la Administración o el interesado podrán recolectar o aportar los medios de prueba a su alcance o de los terceros con los que efectuó las transacciones que consideren conducentes para llevar al convencimiento de la existencia o no de dicha obligación, correspondiéndole al funcionario competente estimar el valor probatorio correspondiente.
  (2014-09-22) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    El no pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el periodo de suspensión efectiva del servicio quebranta la igualdad de trato en las relaciones jurídicas de la administración.
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  • Dado el principio de favorabilidad que consigna el artículo 53 de la Carta Política en cuanto situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, sea reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho el reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión, cuando la investigación termine con fallo absolutorio.
Se solicita que se declare la nulidad del acto administrativo complejo integrado por:
  • 1) El de fecha 31 de julio de 2008, concepto técnico, suscrito por las delegadas departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil.
  • 2) El de fecha 18 de diciembre de 2008, firmado por el Secretario técnico de la comisión de conciliación y defensa judicial de la Registraduría.
  • 3) El ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo al no contestar de fondo, de manera clara, precisa, concisa los derechos de petición realizado mediante los cuales le negaron al demandante el pago de los salarios por el lapso que estuvo suspendido del cargo por orden judicial, por denuncia interpuesta por la Registraduría nacional del Estado Civil.
Nótese que aquí la persona que se cree lesionada en un derecho amparado por una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
  (2014-09-19) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    La práctica de la inspección tributaria no exige el desplazamiento de los funcionarios comisionados para el efecto a la sede del contribuyente.
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  • Independientemente de la oportunidad en que así se solicite, el incumplimiento de ese deber genera la imposición de la sanción por no enviar información.
No obstante, indicó que tal conducta es subsanable, una vez notificado el requerimiento especial o la liquidación oficial de revisión, etapas en las que la actora tampoco aportó la información sobre el denuncio en discusión.

La Sala precisó que para la constatación directa de los hechos en la inspección tributaria no se requiere el desplazamiento de los funcionarios comisionados a la sede del contribuyente, porque la verificación de la existencia de hechos gravados se puede efectuar con otros medios de prueba. Sin embargo, indicó que, en contra de lo que se alegó, en el caso se demostró que la inspección sí se practicó y que la contribuyente no estuvo presente en ella, pese a que el auto que la decretó se le notificó en la dirección reportada en el RUT.

Así, concluyó que la notificación del requerimiento especial y de la liquidación oficial de revisión fue oportuna, porque el plazo para notificar el requerimiento se suspendió por 3 meses a partir de la notificación del auto que decretó la inspección.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    La conducta que genera la sanción por no enviar información es subsanable bien sea, una vez notificado el requerimiento especial o la liquidación oficial de revisión.
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  • La conducta sancionable consistente en no enviar información es subsanable, bien sea una vez notificado el requerimiento especial o la liquidación oficial de revisión.
No solo el requerimiento previo, sino también el que se hace en el curso de la inspección tributaria, es el que establece la ley para conminar a los contribuyentes a que presenten la información y pruebas requeridas. De manera que, independientemente de la oportunidad en la que la DIAN haya pedido la información, el incumplimiento de ese deber legal implica la imposición de la sanción por no enviar información.

De manera que, una vez comprobado que la demandante no cumplió la solicitud hecha en la inspección tributaria, se configuró, se reitera, el hecho sancionable previsto en el artículo 651 del E.T. consistente en no suministrar las pruebas requeridas por la Administración y, por consiguiente, era procedente desconocer los costos y deducciones registrados en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por la demandante por el año gravable 2005.

Es pertinente llamar la atención en que el artículo 651 ibídem establece que la conducta sancionable consistente en no enviar información es subsanable, bien sea una vez notificado el requerimiento especial o la liquidación oficial de revisión. Así, es más que reprochable que la demandante no haya suministrado la información requerida en ninguna de esas oportunidades”.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Boletin No 150
    Las entidades territoriales no están facultadas para conceder beneficios o tratamientos tributarios preferenciales sobre impuestos de carácter nacional, como el de vehículos automotores, pues esa atribución le corresponde exclusivamente al legislador.
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  • La asamblea no estaba facultada para establecer dicho beneficio, dado que el art. 294 de la Constitución Política permite a las entidades territoriales conceder exenciones y tratamientos preferenciales sobre impuestos de su propiedad, mas no frente a tributos de titularidad de la Nación.
La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas que negó la nulidad del parágrafo primero del artículo 5° de la Ordenanza 586 de 2007, en el que la Asamblea del departamento creó una exención del 20% sobre el impuesto de vehículos automotores para los adquiridos en esa jurisdicción que se registraran en la Unidad Departamental de Tránsito y del 50% para los adquiridos fuera del Departamento.

En su lugar, la Sala anuló el parágrafo en mención porque concluyó que la asamblea no estaba facultada para establecer dicho beneficio, dado que el art. 294 de la Constitución Política permite a las entidades territoriales conceder exenciones y tratamientos preferenciales sobre impuestos de su propiedad, mas no frente a tributos de titularidad de la Nación, como el de vehículos automotores.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Boletin No 150
    El término que prevé el art. 638 del E.T. para proferir pliego de cargos no se aplica a la sanción por devolución improcedente, porque ésta se rige por el término especial que contempla el art. 670 ib.
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  • La Sala precisó que el plazo para imponer la sanción por devolución improcedente es el que prevé el art. 670 del E.T., que es especial para el caso, y no el del art. 638 de la misma normativa y reiteró que sanción por inexactitud no hace parte de la base para liquidar los intereses moratorios generados por la devolución y/o compensación improcedente
Así lo concluyó la Sala tras confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló parcialmente los actos por los que la DIAN sancionó a Petrobras International Braspetro BV Sucursal Colombia por devolución improcedente del saldo a favor liquidado en la declaración de IVA del 6° bimestre de 2005, decisión que modificó frente a la suma a reintegrar y la base para liquidar los intereses moratorios, con fundamento en el fallo de esta Sección que, en el proceso de determinación del tributo, fijó el saldo a favor definitivo por el periodo en discusión.

La Sala precisó que el plazo para imponer la sanción por devolución improcedente es el que prevé el art. 670 del E.T., que es especial para el caso, y no el del art. 638 de la misma normativa y reiteró que sanción por inexactitud no hace parte de la base para liquidar los intereses moratorios generados por la devolución y/o compensación improcedente, porque, por expresa disposición legal (art. 634 E.T.), ellos no se causan sobre sanciones.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Boletin No 150
    Aunque la modificación de la base de la sanción por devolución improcedente, por auto aclaratorio del pliego de cargos, para incluir en ella la sanción por inexactitud, no atiende a la corrección de un error aritmético, tal circunstancia, por sí sola no genera la nulidad del acto sancionatorio.
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  • La sanción por inexactitud no hace parte de la base para liquidar los intereses moratorios generados por la devolución y/o compensación improcedente, porque, por expresa disposición legal (art. 634 E.T.), ellos no se causan sobre sanciones.

Se estudió la legalidad de los actos por los que la DIAN sancionó a la Compañía Colombiana de Cerámica S.A. por compensación improcedente del saldo a favor liquidado en la declaración de renta del 2002.

La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló dichos actos y, en su lugar, los anuló parcialmente y fijó la suma a reintegrar, teniendo en cuenta el fallo de esta Corporación que negó la nulidad de los actos que determinaron el tributo por el año en discusión, para lo cual precisó que la sanción por inexactitud no hace parte de la base para liquidar los intereses moratorios generados por la devolución y/o compensación improcedente, porque, por expresa disposición legal (art. 634 E.T.), ellos no se causan sobre sanciones.

Señaló que si bien la modificación de la base de liquidación de la sanción por devolución improcedente, por auto aclaratorio del pliego de cargos, para incluir en ella la sanción por inexactitud, no corresponde a la corrección de un error aritmético, esa circunstancia no daba lugar a anular el acto sancionatorio porque no se desconoció el procedimiento aplicable para su expedición, en la medida en que el auto aclaratorio hace parte del pliego de cargos y se refiere a los mismos hechos, además de que ambos antecedieron a la sanción y se notificaron a la demandante en debida forma, es decir que ésta tuvo la oportunidad de responderlos, de modo que no se le violó el debido proceso.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Boletin No 150
    Las sociedades en liquidación son contribuyentes de impuestos y les atañe el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales derivadas de esa calidad hasta que culmine el proceso liquidatorio.
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  • Las sociedades en liquidación son contribuyentes de impuestos y que les atañe el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales derivadas de esa calidad hasta que culmine el proceso liquidatorio con la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de la liquidación.

Se estudió la legalidad de los actos que determinaron el impuesto sobre las ventas a cargo de la Fábrica de Pizzas Domino’s S.A., por el segundo bimestre de 2003. La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que anuló parcialmente dichos actos y, en su lugar, se inhibió para proveer sobre su legalidad, al concluir que, para la fecha en que se instauró la demanda, e incluso cuando se inició la actuación administrativa que culminó con los actos acusados, la sociedad actora ya no existía, porque había sido liquidada.

Así, la Sala precisó que las sociedades en liquidación son contribuyentes de impuestos y que les atañe el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales derivadas de esa calidad hasta que culmine el proceso liquidatorio con la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de la liquidación, luego de lo cual desaparecen del mundo jurídico y pierden la capacidad para ser partes procesales, como aquí ocurrió.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Boletin No 150
    En la importación de helicópteros y aerodinos de servicio público y fumigación, por el sistema de leasing, la causación del impuesto sobre las ventas se posterga solo si los bienes están amparados en un régimen de importación temporal.
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  • La actora suscribió un contrato de arrendamiento no cumplió el régimen temporal de importación ni modificó la modalidad, sino que optó por culminar la importación por el sistema ordinario, sin que, en todo caso, hiciera uso del leasing ni ejerciera la opción de compra que, según dicha norma, constituye el hecho generador del IVA.

Se confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la nulidad de los actos administrativos por los que la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá formuló liquidación oficial de corrección por omisión en el pago del impuesto sobre las ventas en la declaración de importación, tipo legalización, presentada por Helicol S.A.S. respecto de un helicóptero.

La Sala adoptó su decisión tras concluir que Helicol incumplió la modalidad de importación temporal a corto plazo para reexportación en el mismo estado bajo la cual introdujo la aeronave al país y que si bien pretendió subsanar la situación de ilegalidad en que ella se encontraba, legalizándola bajo importación ordinaria, pagó la sanción reducida pero no el IVA.

Señaló que al caso no le era aplicable el art. 1° del Decreto 2816 de 1991, porque aunque la actora suscribió un contrato de arrendamiento no cumplió el régimen temporal de importación ni modificó la modalidad, sino que optó por culminar la importación por el sistema ordinario, sin que, en todo caso, hiciera uso del leasing ni ejerciera la opción de compra que, según dicha norma, constituye el hecho generador del IVA.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Boletin No 150
    La autonomía de los órganos de administración de una copropiedad para distribuir tareas entre su personal es un asunto interno que no afecta la eficacia de la actividad administrativa tributaria.
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  • El hecho de que las oficinas de éste se ubiquen en una propiedad horizontal no implican el deber para la administración de entregarle allí las notificaciones de las actuaciones tributarias, como lo pretendía la demandante, con el argumento de que el portero del edificio no estaba facultado por la copropiedad para recibir notificaciones.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda que negó la nulidad de los actos por los que la DIAN sancionó a C.I. de las Américas S.A.S. por no enviar información relativa a la declaración individual de precios de transferencia del 2008.

Lo anterior, al concluir que dichos actos se ajustaron a derecho, dado que la notificación del requerimiento ordinario de información se hizo en debida forma, con entrega de copia del mismo en la portería del edificio donde funciona la sede de la contribuyente, pese a lo cual ésta no lo respondió.

Al respecto señaló que el Estatuto Tributario ni el Decreto 229 de 1995, vigente cuando se hizo el requerimiento, exigían que su notificación se efectuara con entrega directa y personal al destinatario, de modo que el hecho de que las oficinas de éste se ubiquen en una propiedad horizontal no implican el deber para la administración de entregarle allí las notificaciones de las actuaciones tributarias, como lo pretendía la demandante, con el argumento de que el portero del edificio no estaba facultado por la copropiedad para recibir notificaciones.

En ese sentido, la Sala indicó que la asignación de funciones al personal de una propiedad horizontal, por sus órganos administrativos, es un asunto interno que no afecta la eficacia de la actividad de la administración de impuestos ni deja sin efecto las normas que la rigen, como las que regulan las notificaciones, cuya interpretación debe garantizar el derecho de defensa de los contribuyentes, pero sin hacer imposible el trámite de la actuación.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Boletin No 150
    En el Distrito Capital, el incumplimiento del deber de informar el cese de actividades gravadas con el ICA no exime de la obligación de declarar, aunque no se siga realizando el hecho generador del tributo, caso en el que se debe declarar el impuesto a cargo en cero.
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  • La demandante estaba obligada a declarar el ICA por los referidos periodos, porque no cumplió el deber de informar el cese de actividades gravadas en el Distrito Capital, como lo exige el art. 36 del Decreto Distrital 807 de 1993

Se estudió la legalidad de los actos por los que la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital sancionó a la Funeraria Caminos de Paz Ltda. por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de los bimestres 2° a 6° del 2002 y de los seis bimestres de los años 2003 a 2005.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló parcialmente dichos actos, en cuanto a la sanción por los años 2003 a 2005, pero mantuvo la de los bimestres del 2002. Así, previa conclusión de que la demandante estaba obligada a declarar el ICA por los referidos periodos, porque no cumplió el deber de informar el cese de actividades gravadas en el Distrito Capital, como lo exige el art. 36 del Decreto Distrital 807 de 1993, la Sala confirmó la decisión del tribunal, porque consideró que la base de la sanción desconoció el art. 4 del Acuerdo Distrital 27 de 2001, según el cual las sanciones se deben liquidar con base en los ingresos obtenidos en el Distrito y no con los obtenidos en otros municipios y por otros impuestos, como en efecto ocurrió; así como el art. 9 ib., que establece los métodos a emplear para cuantificar la sanción por no declarar.

Precisó que, tratándose de regímenes sancionatorios tributarios, la aplicación del principio de legalidad debe ser rigurosa, de modo que la administración no podía variar los métodos establecidos por dicho Acuerdo para la imposición de la referida sanción.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Boletin No 150
    En materia sancionatoria tributaria, la aplicación del principio de legalidad debe ser estricta, al punto de que la administración no puede variar los métodos establecidos legalmente para la imposición de las sanciones.
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  • La demandante estaba obligada a declarar el ICA por los referidos periodos, porque no cumplió el deber de informar el cese de actividades gravadas en el Distrito Capital, como lo exige el art. 36 del Decreto Distrital 807 de 1993

as autoridades que hacen parte de la rama ejecutiva, no están facultadas para aplicar multas o sanciones distintas a las consagradas en las leyes, ordenanzas y acuerdos.

La tasación de la multa puede efectuarse:
  • a) sobre un porcentaje previamente definido por la norma sancionatoria tomando como referente el total del impuesto a cargo,
  • b) cuando no es posible determinar con precisión el valor del impuesto, la normativa tributaria establece una serie de presunciones que permiten liquidar la sanción bajo una media de aproximación, y
  • c) si se comprueba que la obligación de declarar obedecía a una razón distinta a la causación del gravamen, y que el impuesto a cargo era equivalente a cero, se acude generalmente a una suma fija.
Estas pautas, en virtud del principio de legalidad que rige en materia tributaria y con mayor rigor en aspectos sancionatorios, sólo pueden ser establecidas por el legislador y excepcionalmente por los órganos que a nivel territorial, tienen competencia para establecer normas de carácter tributario, cuando aquel así lo autorice de manera explícita.

Es claro entonces, que las autoridades que hacen parte de la rama ejecutiva, no están facultadas para aplicar multas o sanciones distintas a las consagradas en las leyes, ordenanzas y acuerdos […] 4.5.- No puede perderse de vista que el respeto a las normas que establecen las conductas sancionables, las sanciones a imponer y la forma de definirlas, constituye un elemento transversal del Estado Social de Derecho, y en materia tributaria, particularmente, éste “permite armonizar la necesidad pública de pronta y completa recaudación de los tributos, con los derechos de defensa, contradicción, (…) etc [de los contribuyentes]”.

Por eso, tratándose de regímenes sancionatorios tributarios, la aplicación del principio de legalidad demanda un ejercicio riguroso que, en este caso, se traduce en la prohibición de variar los mecanismos preestablecidos por el Acuerdo Distrital 027 de 2001, para la imposición de la sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio”.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    EXPEDICIÓN IRREGULAR COMO CAUSAL DE NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
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  • La expedición irregular o el vicio de forma del acto administrativo se configura cuando la decisión de la administración viola las normas de orden adjetivo que establecen el procedimiento para su formación o la manera como éste debe presentarse.
Sin embargo, cuando el acto es expedido con vicios en el trámite, debe verificarse si éstos tienen la vocación de incidir en el sentido de la decisión, de tal manera que si la irregularidad en el proceso logra afectarla por ser sustancial o trascendente, el acto administrativo será anulable, en el caso contrario, es decir, cuando el defecto es intrascendente, no hay lugar a su anulación.

De acuerdo con lo anterior, la Sala establecerá si, en el presente caso, los actos administrativos demandados se expidieron con sujeción a las formalidades de rigor. El Título VIII del Estatuto Tributario contiene la normativa que regula el procedimiento administrativo de cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones de competencia de la UAE DIAN. Así, el proceso administrativo de cobro coactivo inicia con la expedición del mandamiento de pago para hacer efectivos los títulos ejecutivos.

De acuerdo con el artículo 828 del Estatuto Tributario, son títulos ejecutivos las declaraciones privadas del impuesto y sus correcciones; las liquidaciones oficiales ejecutoriadas; los demás actos administrativos ejecutoriados en los que se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional; las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para garantizar el pago de obligaciones tributarias y, las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses administrados por la UAE DIAN.
  (2014-09-16) [Mas Información]
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Sección Cuarta

RADICADO: 250002327000-2009-00220-01 (19288)
    Rechazo de la deducción por inversión en activos fijos reales productivos.
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  • En criterio de esta Sala, cuando el legislador especificó que la deducción sólo recaía en la adquisición de “activos fijos reales productivos”, sí hizo una distinción, pues, excluyó del beneficio aquellos activos que no son fijos, o no son reales o no son productivos15.
Problema jurídico
Debe la Sala determinar si la parte demandante tiene derecho al reconocimiento de las deducciones registradas en la declaración de renta y complementarios por el año gravable 2004, por concepto de:
  • (i) inversión en activos fijos reales productivos;
  • (ii) por “provisión para recuperación de cartera” y
  • (iii) por cheques de gerencia no reclamados oportunamente que superaron los 180 días, y por pérdidas operativas, para lo cual, se debe establecer si el contribuyente cumplió y demostró el cumplimiento de los requisitos especiales señalados en la norma tributaria aplicable al caso concreto.
Adicionalmente, se debe comprobar si es procedente la sanción por inexactitud impuesta en los actos administrativos demandados o si se configuró la diferencia de criterio entre la Administración y el contribuyente como causal excluyente de esta sanción.
  (2014-09-16) [Mas Información]
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    DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Firmeza.
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  • INSPECCION TRIBUTARIA - Suspende el término para notificar el requerimiento especial.
El artículo 714 del Estatuto Tributario prevé que las declaraciones quedan en firme dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar; dentro de los dos siguientes a la presentación cuando ésta es extemporánea; o dos años después de la solicitud de devolución o compensación respectiva, cuando la declaración refleje un saldo a favor del contribuyente o responsable, siempre que en ninguno de tales eventos se haya notificado requerimiento especial.

A su vez, el artículo 705 ibídem señala que el requerimiento especial debe notificarse a más tardar dentro de los dos años siguientes a cada uno de los supuestos anteriormente señalados. Y el artículo 706 ejusdem, modificado por la Ley 223 de 1995, norma vigente al momento de la presentación de la declaración inicial, previó la suspensión de dicho término, entre otros eventos, "cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete".

El artículo 779 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 223 de 1995, define la inspección tributaria como un medio de prueba por el cual se constatan directamente los hechos que interesan al proceso; que debe decretarse por auto notificado por correo o personalmente; y que se debe iniciar "una vez notificado el auto que la ordena". La constatación directa que tiene por objeto la inspección no implica que los funcionarios comisionados para practicarla se desplacen a las oficinas del contribuyente, pues tal verificación puede realizarse a través de cruces de información, documentos, requerimientos, órdenes de inspección contable, etc, con el cumplimiento de los respectivos requisitos legales.
  (2014-09-15) [Mas Información]
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Radicación número: 66001-23-31-000-2004-01102-02(16604)
    REQUERIMIENTO ESPECIAL - Se suspende a partir de la fecha de notificación del auto que decreta de oficio la inspección.
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  • INSPECCION TRIBUTARIA - Requiere que los funcionarios realicen al menos una prueba real para suspender el término de notificación del requerimiento especial.
La Sala ha precisado que, dada la claridad del artículo 706 del Estatuto Tributario, el término de notificación del requerimiento especial se suspende a partir de la fecha de notificación del auto que decreta de oficio la inspección, por un lapso fijo de tres meses, no prorrogable pero tampoco sujeto a disminución.

Así mismo, señaló que la expresión "se practique inspección tributaria" del artículo 706 ibídem, implica que ésta efectivamente se realice, al punto de no admitir distinciones que la propia norma no hace, ni interpretaciones extensivas del concepto de inspección. Por tanto, la suspensión se condiciona a la existencia real de la inspección tributaria, de modo que, mientras los comisionados o inspectores no inicien las actividades propias de su encargo, acordes con el artículo 779 ejusdem, no puede entenderse realizada la diligencia ni suspendido el término de notificación del requerimiento especial.

En consecuencia, de acuerdo con la interpretación armónica de los artículos 706 y 779 ejusdem, para que la inspección oficiosa suspenda por tres meses el término de notificación del requerimiento especial, debe practicarse por lo menos dentro del plazo durante el cual opera la suspensión de términos, que corre a partir de la notificación del auto que decreta la diligencia.
  (2014-09-15) [Mas Información]
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Radicación número: 66001-23-31-000-2004-01102-02(16604)
    NOTIFICACION POR CORREO - Evento en los que procede.
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  • DIRECCION INCORRECTA - No existe notificación.
La notificación de los actos administrativos, como medio a través del cual el administrado conoce las decisiones que lo afectan, y puede oponerse a las mismas, es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso. Así, mientras los actos no se notifiquen, no producen efecto ni son oponibles a los destinatarios (artículo 48 del Código Contencioso Administrativo).

Conforme con el artículo 565 del Estatuto Tributario entre las actuaciones de la Administración que deben notificarse por correo o personalmente se encuentran los requerimientos. Y, según el artículo 566, en concordancia con el 563 ibídem, la notificación por correo se practica mediante entrega de una copia del acto correspondiente, a la dirección informada por el contribuyente a la Administración en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o a través del formato oficial de cambio de dirección.

A su vez, el artículo 568 ejusdem señala que las actuaciones administrativas notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, se notifican mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional, y que el término para que el contribuyente responda o impugne se cuenta desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación.

En cuanto a la notificación por aviso, la Sala ha considerado que aquélla procede cuando no se ha podido realizar la notificación por correo, como lo ordena el artículo 566 del Estatuto Tributario. También ha indicado que cuando el acto se envía a una dirección incorrecta, previamente a la publicación del aviso la Administración debe realizar todas las diligencias posibles para ubicar al contribuyente. Lo anterior, porque la notificación por aviso es excepcional, dado que no existe garantía suficiente de que a través de ella se logre el conocimiento efectivo de los actos administrativos.
  (2014-09-15) [Mas Información]
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Radicación número: 66001-23-31-000-2004-01102-02(16604)
    NOTIFICACION POR AVISO - Debe hacerse a través de un diario de amplia circulación.
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  • PORTAFOLIO - Diario de amplia circulación.
Es un diario de amplia circulación nacional, que circula de lunes a domingo, incluida su edición de "fin de semana"; que los sábados y domingos está disponible en puntos de venta y calle, y que incluye todos los temas de interés nacional, en especial los relativos a economía y negocios. Además, está dirigido a todo tipo de lectores, no obstante su especialidad .

En el citado oficio también se dice que la cobertura del periódico a nivel nacional la corroboran los estudios de lecturabilidad en el país, que toman como muestra las principales ciudades, y según los cuales "Portafolio" es un diario de gran reconocimiento, credibilidad y prestigio en el mercado, con amplia experiencia en la publicación de avisos y edictos judiciales.

Así pues, para el año 2002 aunque Portafolio no era un diario, sí era un periódico de amplia circulación nacional. Y, comoquiera que conforme con el artículo 568 del Estatuto Tributario, la publicación del aviso debe hacerse en un periódico de amplia circulación nacional, como lo es "Portafolio", la publicación se hizo en debida forma el 23 de agosto de 2002.
  (2014-09-15) [Mas Información]
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Radicación número: 66001-23-31-000-2004-01102-02(16604)
    PRUEBA DE PASIVOS - Lo son los documentos con fecha cierta o los documentos idóneos.
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  • DOCUMENTOS CON FECHA CIERTA - Son prueba de los pasivos cuando el contribuyente está obligado a llevar contabilidad.
    DOCUMENTOS IDONEOS - Para que sirvan de prueba de los pasivos deben cumplir con las formalidades señaladas en la contabilidad / RECIBOS DE CAJA - No son pruebas idóneas de los pasivos.
De otra parte, procedía el rechazo de pasivos declarados en el renglón OI "otros pasivos" dado que estos carecen de respaldo probatorio, pues, los documentos que el actor allegó en virtud del requerimiento ordinario de información de 23 de noviembre de 2001, no son pruebas idóneas para tal efecto, de acuerdo con el artículo 770 del Estatuto Tributario, según el cual, los contribuyentes que no están obligados a llevar libros de contabilidad, sólo pueden solicitar pasivos debidamente respaldados por documentos de fecha cierta.

Y, en los demás casos, los pasivos deben estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad. Lo anterior, porque aun cuando en los libros auxiliares se mostró el movimiento de los pasivos, no existen soportes de las operaciones que los originaron, a pesar de que en su calidad de comerciante, el actor tenía el deber de llevar la contabilidad con arreglo a la ley (artículo 19 No. 4 del Código de Comercio), al igual que sus comprobantes internos y externos, las informaciones y las pruebas específicas que daban lugar a acreditar los pasivos.

De otra parte, los recibos de caja aportados para demostrar los préstamos que constituyen el pasivo solicitado por la actora (fls. 372 a 400, c. 6), no son pruebas idóneas, porque esos documentos no reflejan las operaciones de crédito celebradas con los terceros ni indican el origen o extinción de las mismas. A su vez, conforme con el acta final de inspección tributaria, cuyos resultados no fueron controvertidos por el actor, la DIAN verificó que el contribuyente no probó los pasivos del renglón OI "Otros pasivos" y que los documentos asegurados en la diligencia de registro tampoco respaldaban aquéllos.

Resulta claro que la falta de prueba de los pasivos por parte del contribuyente accionante, implicó que se le practicara liquidación de revisión por el sistema de comparación patrimonial, y que se le impusiera la correspondiente sanción por inexactitud.
  (2014-09-15) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00660-01(16880)
    PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA - Oportunidad.
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  • PRUEBA DOCUMENTAL - No hay lugar a su decreto cuando sólo prueba la posición de la DIAN no los hechos objeto de demanda.
La procedencia de las pruebas en segunda instancia está supeditada al cumplimiento del requisito de oportunidad previsto en el artículo 212 y a que se presente alguno de los supuestos previstos en el artículo 214. Esto es, en cada, caso la parte interesada deberá no sólo presentar la solicitud oportunamente, sino demostrar que la solicitud de pruebas se ubica en cualquiera de los supuestos previstos en el ordenamiento procesal administrativo.

En el caso particular, se cumple con el requisito de oportunidad, pues las pruebas fueron pedidas, unas con la sustentación del recurso de apelación y otras en el término de ejecutoria del auto admisorio de dicho recurso. Empero, como acertadamente se concluyó en al auto recurrido, las pruebas pedidas no tienen por objeto demostrar los hechos en que se fundó la demanda, sino incorporar una resolución en la que la DIAN habría decidido un asunto similar al que motivó la presentación de la acción.

Al igual, la parte actora pretende que la DIAN informe sobre la forma en que decide casos similares al propuesto en la demanda. Es decir, no se cumplen las condiciones del artículo 214. En este proceso (según lo expuesto en los hechos y en el concepto de violación de la demanda), se debe determinar si es procedente la inclusión como deducción del impuesto sobre las ventas, las retenciones de IVA practicadas a extranjeros no domiciliados en el país, en los casos en que el declarante no aporta factura o cualquier otro documento equivalente.
  (2014-09-10) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-01368-01(17117)
    DOCUMENTO NO APORTADO EN PRIMERA INSTANCIA - Debe demostrarse las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito para aportarse en la segunda instancia.
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  • PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA - Proceden entre otros cuando los documentos no pudieron aducirse en primera instancia.
En segunda instancia, cuando lo recurrido es la sentencia, las partes pueden solicitar el decreto de pruebas dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso (artículo 212 [4] del C.C.A.). Sin embargo, su decreto es procedente sólo en los siguientes eventos (artículo 214 ibídem):

Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria; Se precisa que la prueba documental solicitada por la parte actora busca desvirtuar la debida notificación de la Resolución 7966 de 17 de septiembre de 2002, mediante la cual el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) liquidó la contribución por valorización correspondiente al predio La Monte Perla, propiedad de la demandante.

Al respecto, la certificación no puede ser aceptada como prueba, pues, si bien el actor asegura que no tuvo conocimiento del recibo de citación, no se acreditaron las circunstancias bajo las cuales dicho desconocimiento obedeció a fuerza mayor o caso fortuito u obra de la parte contraria.
  (2014-09-10) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
    DOCUMENTOS DE FECHA CIERTA - Requieren de autenticación en materia tributaria cuando la contabilidad no es prueba fehaciente.
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  • AUTENTICACION DE DOCUMENTOS - Procede en materia tributaria cuando la contabilidad no es fehaciente.
    Según la norma, para que un documento privado, tenga valor probatorio, debe presentarse previamente ante notario público o ante otra autoridad administrativa, y sólo será legítimo a partir de la fecha en que conste dicha presentación.
Al respecto el artículo 742 del Estatuto Tributario dice que "La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos" y el artículo 743 del mismo Estatuto establece que la idoneidad de los medios de prueba estriba, en la exigencia que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse y, a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento que pueda atribuirles, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo cual concuerda con lo expresado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, la Administración o el interesado podrán recolectar o aportar los medios de prueba a su alcance o de los terceros con los que efectuó las transacciones que consideren conducentes para llevar al convencimiento de la existencia o no de dicha obligación, correspondiéndole al funcionario competente estimar el valor probatorio correspondiente.

Señala el demandante que en su decisión, la Administración no aplicó lo dispuesto por el Decreto 2150 de 1995, mediante el cual se prohíbe a las autoridades administrativas exigir autenticación en los documentos. El Decreto citado suprime y reforma normas, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Entre las supresiones se encuentra la prohibición para exigir los documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente. Lo anterior significa, que no es posible con base en el Decreto 2150 de 1995 exigir documentos autenticados, pero no se puede dejar de lado lo dispuesto por el artículo 767 del Estatuto Tributario .
  (2014-09-09) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
    RENTA PRESUNTIVA POR CONSIGNACIONES EN CUENTAS BANCARIAS Y DE AHORRO - Procede cuando existen indicios graves.
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  • CUENTAS BANCARIAS - Para efectos de la presunción de ingresos por consignaciones son las que figuran a nombre del contribuyente.
De los términos de la norma se infiere que dentro de los presupuestos para que aplique la presunción legal allí prevista, está la referida a la existencia de indicios graves de los cuales pueda deducirse que los valores consignados en cuentas propias, cuentas de terceros o en cuentas no registradas en la contabilidad, corresponden a ingresos derivados de operaciones realizadas por el contribuyente, esto es, a ingresos propios.

Las cuentas bancarias a que se refiere la Administración de Impuestos son aquellas que figuran a nombre del contribuyente y utilizadas para consignar sus propios ingresos pero que no corresponden a las registradas en la contabilidad, estando obligado. En la investigación administrativa se constató que la contabilidad no reflejaba en forma fehaciente la realidad de las operaciones mercantiles de la sociedad demandante, toda vez que existían ingresos no incluidos en ella, hecho que obligó a la Administración a apartarse de la contabilidad y continuar la investigación utilizando otros medios probatorios a través de los cuales se determinaron ingresos no contabilizados, ni declarados.

En consecuencia, se configuran los supuestos fácticos que señala el artículo 755-3 del Estatuto Tributario para que opere la presunción, toda vez que está demostrado y, no han sido desvirtuados los indicios graves establecidos para considerar que los valores consignados en las cuentas bancarias a nombre de la demandante corresponden a operaciones generadoras de ingreso, pues coinciden los números de cuenta y razón social reportados por las entidades financieras, lo que originó la adición de ingresos gravados. Esta presunción admite prueba en contrario y la demandante en la instancia jurisdiccional no aporta pruebas que desnaturalicen o dejen sin sustento el acervo probatorio recopilado por el ente fiscal para la aplicación de la presunción.
  (2014-09-09) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
    PROCESO DE DETERMINACION - La contabilidad es fundamental para establecer las circunstancias de la actividad mercantil del contribuyente.
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  • CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA - No lo es cuando la contabilidad no llena los requisitos de las normas contables.
El Decreto 2649 de 1993, especifica los principios contables generalmente aceptados, así como también el conjunto de conceptos y reglas que se deben observar al registrar los datos contables de un ente económico. Es así que los registros en los libros y los soportes deben guardar la debida correspondencia, habida cuenta que la contabilidad constituye un todo indivisible e integral.

Dentro del proceso de determinación es tal la importancia de la contabilidad, que es el punto de referencia para que la Administración Tributaria pueda establecer las circunstancias frente al desarrollo de la actividad mercantil del comerciante, en esa medida, si el comerciante esta obligado a llevarla de manera completa y fidedigna, resulta entendible que si los registros en ella contenidos no prueban su actividad, no se le asigna valor probatorio en caso de verificación tributaria.

En estos términos no puede aplicarse lo determinado por el artículo 772 del Estatuto Tributario en cuanto a la capacidad probatoria de la contabilidad a favor del investigado, al quedar demostrado el incumplimiento de las normas contables y de los artículos 773 y 774 ibídem. La simple lectura de las normas permite establecer la existencia de condicionamientos para que la contabilidad del demandante constituya prueba a su favor y, entre ellos que sea llevada en debida forma, lo cual implica que la falta de atención y cumplimiento de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional hace que la misma, no tenga valor probatorio alguno.

En consecuencia, el valor probatorio de la contabilidad, depende de que esta sea llevada en la forma ordenada por la Ley, que cumpla los requisitos consagrados en el Decreto 2649 de 1993 y en el Estatuto Tributario, sin cuya observancia no puede considerarse valida para justificar los hechos que por este medio probatorio procura probar.
  (2014-09-09) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-02080-01(16889)
    LIMITACION DE LOS COSTOS A PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y COMISIONISTAS - Sólo se reconoce por costos y deducciones hasta el 50 por ciento de los ingresos obtenidos por razón de su actividad.
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  • CONTRATOS DE CONSTRUCCION - El límite de deducción por costos es del 90 por ciento.
LIMITACION DE COSTOS - No procede cuando el contribuyente factura la totalidad de las operaciones y sus ingresos fueron sometidos a retención en la fuente.

Como se observa, el artículo 87 del Estatuto Tributario consagra una limitación de orden legal a los costos y deducciones imputables a la actividad de servicios inherentes a los profesionales independientes, personas naturales, en el sentido de que fiscalmente sólo se les reconoce por concepto de costos y deducciones hasta el 50% de los ingresos obtenidos por razón de su actividad.

Si se trata de contratos de construcción de bienes inmuebles y obras civiles ejecutados por arquitectos o ingenieros contratistas, el límite anterior será del noventa por ciento (90%), pero deberán llevar libros de contabilidad registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales.

Estas limitaciones no se aplican si el contribuyente factura la totalidad de las operaciones y sus ingresos fueron sometidos a retención en la fuente, cuando ésta sea procedente. Sólo los costos que se reconocen son aquellos que, conforme con las normas que regulan su procedencia, son los que aparezcan probados, para, a partir de ese momento, determinar si debe aplicarse o no alguna limitación.
  (2014-09-08) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-02080-01(16889)
    REQUISITOS DE FACTURACION - Le corresponde al contribuyente solicitar el pleno cumplimiento de los requisitos de la facturación cuando pretendiera hacer valer costos o deducciones.
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  • INSCRIPCION EN EL RUT - Esta obligación sólo se estableció con la Ley 633 de 2000.
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA - Para que procedan los costos, deducciones e impuestos descontables éste debe cumplir los requisitos de la factura.

Conforme con el artículo 2 del Decreto 1001 de 1997, no están obligados a expedir factura en sus operaciones, entre otros, los responsables del régimen simplificado. Entonces, en virtud del inciso tercero del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca.

Estos requisitos fueron establecidos por el artículo 3 del Decreto 3050 de 1997. advierte la Sala que la razón de la DIAN para rechazar los costos solicitados no fue que el demandante hubiere omitido exigir la inscripción en el RUT a sus proveedores de bienes y servicios. Lo que la Administración advirtió fue que al contribuyente le correspondía solicitar el pleno cumplimiento de los requisitos de la facturación cuando pretendiera hacer valer costos o deducciones.

Es decir, se refirió a los requisitos que debía contener la factura o documento equivalente, conforme con el artículo 771-2, como expresamente lo señala la resolución del recurso en la hoja 14. No es cierto que la DIAN haya requerido como obligación del contribuyente exigir al proveedor su inscripción en el RUT para la procedencia de costos y gastos de pagos por operaciones gravadas con el IVA.

Esta obligación surgió sólo a partir del año gravable 2003 y no era procedente exigirla para 1999, como en efecto no lo fue. Al contribuyente le correspondía solicitar el pleno cumplimiento de los requisitos de la facturación cuando pretendiera hacer valer costos o deducciones.
  (2014-09-08) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-02080-01(16889)
    SANCION POR INEXACTUTUD - Procedencia.
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  • No hay lugar a la sanción cuando el menor valor a pagar se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante.
Conforme con el artículo 647 del Estatuto Tributario constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, entre otras, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, pasivos, descuentos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.

Sin embargo, no hay lugar a la sanción cuando el menor valor a pagar se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

Para la Sala la imposición de la sanción no está falsamente motivada, pues está demostrado que el actor sí incluyó en su declaración costos inexistentes y datos desfigurados de los cuales derivó un menor saldo a pagar.
  (2014-09-08) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00173-01(16663)
    RECURSO DE RECONSIDERACION - El acto que lo resuelve debe guardar congruencia con el requerimiento especial y con la liquidación oficial.
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  • HECHOS NUEVOS - No pueden ser incluidos en el acto que resuelve el recurso de reconsideración.
Esta disposición no es ajena en materia tributaria. Si la Administración no resuelve sobre los motivos de inconformidad del recurso sí incurriría en la violación al derecho de defensa y al debido proceso. De manera que, interpuesto el recurso de reconsideración con la expresión concreta de los motivos de inconformidad (artículo 722 literal a del Estatuto Tributario), le corresponde a la DIAN decidir sobre cada uno de ellos, así tal decisión incluya cuestiones que no fueron planteadas con anterioridad.

En todo caso, debe precisarse que en la resolución que decide el recurso gubernativo no pueden incluirse puntos nuevos o glosas diferentes a las determinadas en la liquidación oficial, en congruencia con el requerimiento especial.

En efecto, cuando el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo se refiere a "cuestiones" que no se hayan planteado antes, debe entenderse como argumentos o motivos de la decisión. No a puntos nuevos, pues la decisión del recurso no es la oportunidad para que la Administración incluya aquellas glosas que no fueron planteadas en el acto definitivo.
  (2014-09-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00173-01(16663)
    RECURSO DE RECONSIDERACION - El acto que lo resuelve debe guardar congruencia con el requerimiento especial y con la liquidación oficial.
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  • HECHOS NUEVOS - No pueden ser incluidos en el acto que resuelve el recurso de reconsideración.
Esta disposición no es ajena en materia tributaria. Si la Administración no resuelve sobre los motivos de inconformidad del recurso sí incurriría en la violación al derecho de defensa y al debido proceso. De manera que, interpuesto el recurso de reconsideración con la expresión concreta de los motivos de inconformidad (artículo 722 literal a del Estatuto Tributario), le corresponde a la DIAN decidir sobre cada uno de ellos, así tal decisión incluya cuestiones que no fueron planteadas con anterioridad.

En todo caso, debe precisarse que en la resolución que decide el recurso gubernativo no pueden incluirse puntos nuevos o glosas diferentes a las determinadas en la liquidación oficial, en congruencia con el requerimiento especial.

En efecto, cuando el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo se refiere a "cuestiones" que no se hayan planteado antes, debe entenderse como argumentos o motivos de la decisión. No a puntos nuevos, pues la decisión del recurso no es la oportunidad para que la Administración incluya aquellas glosas que no fueron planteadas en el acto definitivo.
  (2014-09-08) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00173-01(16663)
    DOCUMENTOS ALLEGADOS EN OTRO IDIOMA - No son prueba si no se hace la correspondiente traducción por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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  • PRUEBA PERICIAL - Se valora de acuerdo con la sana crítica.
La valoración del dictamen pericial no está sometida a una tarifa legal, ni tiene valor de plena prueba. El artículo 241 del Código de Procedimiento Civil señala que "al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso".

Es decir, si el juez no encuentra que la prueba está bien fundamentada, tiene la facultad de separarse de ella. La prueba pericial se valora de acuerdo con la sana crítica. En virtud de este principio el juez tiene la facultad de analizar el dictamen, no sólo por sus conclusiones, sino por los elementos que tuvo en cuenta para emitirlo. De manera que si alguno de esos elementos no otorga la certeza suficiente para soportar el dictamen, simplemente, el dictamen pierde su valor, sin que esto signifique que se confunda la prueba pericial con otro medio probatorio, como en este caso, la prueba documental.

En efecto, conforme al artículo 260 del Código de Procedimiento Civil "para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un interprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente".
  (2014-09-08) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01659-01(16443)
    DECLARACION TRIBUTARIA ELECTRONICA - Las impresiones se reputan auténticas y son prueba de su representación material.
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  • LIQUIDACION PRIVADA COMO TITULO EJECUTIVO - Está conformado por la información que reposa en la base de datos.
La Sala observa que el proceso de cobro coactivo se fundamentó en las declaraciones tributarias presentadas por el demandante a través del Sistema de Declaración y Pago Electrónico de la DIAN. Las impresiones de tales documentos electrónicos, en tanto no se pruebe lo contrario, se reputan auténticas y son prueba de la representación material de las declaraciones tributarias electrónicas transmitidas a través del sistema informático de la DIAN y, por lo tanto, son idóneas y conducentes para demostrar la existencia de los títulos ejecutivos.

Si bien es cierto que para iniciar procesos de ejecución se debe contar con el original o una copia especialmente habilitada del título ejecutivo, en el caso de las liquidaciones privadas electrónicas, el título ejecutivo original está conformado por la información que reposa en la base de datos del sistema a través del cual se envió la información y no por la sola razón de que esté representado en forma de mensaje de datos, tal documento deja de tener efecto jurídico, validez o fuerza obligatoria, conforme lo dispone el artículo 5 de la Ley 527 de 1999.

El demandante no cuestionó la existencia del título porque haya dudado de su confiabilidad sino porque se allegaron al proceso representaciones materiales de las declaraciones que él presentó. La Sala considera que conforme con tal argumento, jamás se podrían ejecutar las declaraciones privadas electrónicas, porque resulta imposible allegar al proceso el original del documento electrónico, ni siquiera, una copia del mismo.
  (2014-09-05) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01659-01(16443)
    FUNCIONARIO DELEGADO PARA COBRO COACTIVO - Es competente incluso para suscribir el mandamiento de pago.
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  • COMPETENCIA FUNCIONARIO PARA EL COBRO COACTIVO - La tienen los funcionarios del área de cobranzas delegados para ello.
De conformidad con el artículo 824 del Estatuto Tributario, la competencia funcional para obtener el cobro de las deudas a favor del fisco nacional, está en cabeza de los funcionarios del área de cobranzas a quienes se les deleguen las funciones para ello.

De acuerdo con la resolución, se tiene que, si a un funcionario se le faculta para adelantar el proceso de cobro coactivo, como es el caso de la doctora Claudia Elizabeth Zamudio Puerto, dicha delegación incluye la de proferir todos los actos administrativos a que haya lugar para culminarlo con éxito, incluso el mandamiento de pago, como expresamente lo contempla el artículo 826 ibídem. Por consiguiente la funcionaria sí contaba con expresa facultad legal para adelantar el proceso de cobro y, por ende, suscribir el mandamiento de pago.
  (2014-09-05) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-02055-01(16516)
    REQUERIMIENTO ESPECIAL - Suspensión del término para notificarlo.
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  • Cuando se notifica emplazamiento para corregir, la suspensión opera durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento.
El artículo 706 ibídem, sustituido por la Ley 223 de 1995 [251], previó la suspensión del término para la notificación en dos eventos:
  • cuando se practica inspección tributaria y
  • cuando se notifica emplazamiento para corregir.
En este último caso, la suspensión opera durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento.
  (2014-09-05) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-02055-01(16516)
    DEDUCCIONES - factor de depuración de la renta líquida. DEDUCCION POR SALARIOS - Procede cuando se demuestra el pago de los aportes parafiscales
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  • DEDUCCION POR SALARIOS - Procede cuando se demuestra el pago de los aportes parafiscales / APORTES PARAFISCALES - Corresponden a los que está obligado a pagar el patrono
A la luz del artículo 26 del Estatuto Tributario, las deducciones son factor de depuración de la renta líquida gravable, en cuanto se restan de éstas para obtener el valor de la renta bruta que, a su vez, resulta de descontar a los ingresos netos, los costos realizados e imputables a los mismos.

Estos ingresos resultan de restar del total de ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el periodo gravable, que sean susceptibles de incrementar el patrimonio neto al momento de percibirse, y que no se hayan exceptuado expresamente, las devoluciones, rebajas y descuentos. Como gastos autorizados legalmente y generados de manera forzosa en la actividad productora de renta, las deducciones se causan cuando nace la obligación de pagarlas, aunque no se haya efectivizado el pago; y se entienden realizadas cuando se pagan efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termina por cualquier otro modo equivalente al pago, excepto en el caso de las deducciones de los contribuyentes que llevan su contabilidad por el sistema de causación, las cuales se entienden realizadas en el año en que se causan (arts. 104 y 105 ibídem).

Para el reconocimiento fiscal de las deducciones, el legislador tributario previó presupuestos esenciales, así como requisitos de fondo y de forma relacionados con la prueba de aquéllas que autoriza, pues en materia tributaria la libertad probatoria no es absoluta. Los primeros - presupuestos sustanciales - se encuentran establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, según el cual "son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de la actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad".

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en la ley.
  (2014-09-05) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2004-02055-01(16516)
    DEDUCCIONES - factor de depuración de la renta líquida. DEDUCCION POR SALARIOS - Procede cuando se demuestra el pago de los aportes parafiscales
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  • DEDUCCION POR SALARIOS - Procede cuando se demuestra el pago de los aportes parafiscales / APORTES PARAFISCALES - Corresponden a los que está obligado a pagar el patrono
A la luz del artículo 26 del Estatuto Tributario, las deducciones son factor de depuración de la renta líquida gravable, en cuanto se restan de éstas para obtener el valor de la renta bruta que, a su vez, resulta de descontar a los ingresos netos, los costos realizados e imputables a los mismos.

Estos ingresos resultan de restar del total de ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el periodo gravable, que sean susceptibles de incrementar el patrimonio neto al momento de percibirse, y que no se hayan exceptuado expresamente, las devoluciones, rebajas y descuentos. Como gastos autorizados legalmente y generados de manera forzosa en la actividad productora de renta, las deducciones se causan cuando nace la obligación de pagarlas, aunque no se haya efectivizado el pago; y se entienden realizadas cuando se pagan efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termina por cualquier otro modo equivalente al pago, excepto en el caso de las deducciones de los contribuyentes que llevan su contabilidad por el sistema de causación, las cuales se entienden realizadas en el año en que se causan (arts. 104 y 105 ibídem).

Para el reconocimiento fiscal de las deducciones, el legislador tributario previó presupuestos esenciales, así como requisitos de fondo y de forma relacionados con la prueba de aquéllas que autoriza, pues en materia tributaria la libertad probatoria no es absoluta. Los primeros - presupuestos sustanciales - se encuentran establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, según el cual "son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de la actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad".

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en la ley.
  (2014-09-05) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2004-02055-01(16516)
    DEDUCCION POR IMPUESTOS DESCONTABLES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Debe aportarse la factura.
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  • COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES - Para que proceda la deducción deben aportarse la factura o el documento equivalente.
El artículo 771-2 ibídem dispuso que para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requieren facturas con los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario; y que tratándose de documentos equivalentes deben cumplirse los requisitos de los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, a saber:
  • b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio
  • c) Apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios, cuando éste exija la discriminación del impuesto pagado, por tratarse de un responsable con derecho al correspondiente descuento.
  • d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
  • e) Fecha de su expedición.
  • f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
  • g) Valor total de la operación.
A su vez, el Decreto 3050 de 1997 señaló que la factura o documento equivalente debe reunir como mínimo los requisitos contemplados en el artículo 771-2 del E. T., sin perjuicio de la obligación para quien los expide, de hacerlo con el lleno de los requisitos de numeración consecutiva, preimpresión y autorización previa contemplados en las normas vigentes. Igualmente, el mismo artículo 771-2 previó que ante la inexistencia de obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, debe cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca.
  (2014-09-05) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-02055-01(16516)
    DEDUCCION DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - Presupuestos de la deducción.
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  • INTERESES SOBRE PRESTAMOS - Para que proceda como deducción debe demostrarse que el títular del crédito es el contribuyente y que es para vivienda.
Esta deducción se encuentra consagrada en el artículo 119 del Estatuto Tributario, conforme con el cual "aunque no guarden relación con la actividad productora de renta son deducibles los intereses que se paguen sobre préstamos para adquisición de vivienda del contribuyente, siempre que el préstamo esté garantizado con hipoteca si el acreedor no está sometido a la vigilancia del Estado…"

Al tenor de la norma, son presupuestos de la deducción:
  • la titularidad del crédito en la persona del declarante;
  • la garantía del mismo con hipoteca debidamente constituida, cuando el acreedor no está sometido a la vigilancia del Estado; y
  • la finalidad exclusiva del préstamo a la adquisición de vivienda, entendida ésta en su acepción gramatical, como el lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas.
Las pruebas mencionadas dejan en claro, de una parte, que la actora no es quien aparece como titular del crédito respecto del cual se reclama la deducción in examine, sin que aquélla hubiera aportado documentación idónea para desvirtuar tal hecho; y, de otro lado, que ese préstamo no afecta el inmueble en el que vive la contribuyente, sino la oficina en la que desarrolla su actividad comercial, según lo ratificado en la demanda y el recurso de apelación.
  (2014-09-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2004-02055-01(16516)
    GANANCIA OCASIONAL - Ingresos que la generan / COMPRAVENTA - No constituye ganancia ocasional cuando no hay enajenación.
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  • ACTIVOS FIJOS - Sólo generan ganancia ocasional cuando se poseen durante dos o más años y se enajena.
Los ingresos declarables en renta, se obtienen por el solo ejercicio o desarrollo de la actividad empresarial. Las ganancias ocasionales, por su propia naturaleza, corresponden a los ingresos generados por hechos aleatorios, potencialmente productoras de rentas eventuales o ingresos extraordinarios.

Así, los artículos 299 a 304 del Estatuto Tributario establecieron como ingresos constitutivos de ganancia ocasional:
  • la utilidad en la enajenación de activos poseídos dos años o más,
  • las utilidades obtenidas en exceso al capital aportado en la liquidación de sociedades con existencia superior a dos años, y
  • las ganancias provenientes de herencias, legados y donaciones, así como las derivadas de loterías, premios, rifas, apuestas y similares.
Es claro entonces que la escritura protocoliza un negocio de compra por parte de la demandante, en representación de su hijo menor, en consecuencia, los ingresos provenientes de dicho negocio no constituyen ganancia ocasional para el demandante. Lo anterior, porque respecto de activos fijos el ordenamiento tributario (art. 300) reconoce como ganancia ocasional el ingreso que se obtiene por la enajenación de los que se poseen durante dos años o más, circunstancia que no se configura en el presente caso, como quiera que, se repite, la demandante no enajenó sino que compró un inmueble, operación que no conlleva la generación del ingreso constitutivo de ganancia ocasional para aquélla.
  (2014-09-05) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00823-01(16585)
    PRUEBAS ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSA - Pueden aportarse una vez vencido el término de fijación en lista.
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  • DOCUMENTOS APORTADOS CON LA DEMANDA - Si no son tachados de falsos procede su aceptación en primera instancia.
No obstante, dicha providencia no alude a término probatorio alguno, sino que versa sobre la obligatoriedad de probar los intereses únicamente con los certificados bancarios, documentos que si bien no se allegaron en la vía gubernativa, efectivamente fueron aportados con ocasión de la demanda inicial.

Luego, habiéndose ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante Auto del 23 de abril de 2004 en cumplimiento del Código Contencioso Administrativo artículo 209, abrir el proceso a pruebas por el término de treinta (30) días, y tener como pruebas los documentos allegados con la demanda sin haberse tachado de falsos, se ajusta a derecho en cuanto a la oportunidad de aportarlos el procedimiento empleado por el actor, de donde debe permanecer la aceptación efectuada en primera instancia.
  (2014-09-04) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00823-01(16585)
    INTERESES MORATORIOS - Son deducibles en renta en virtud del artículo 117 del Estatuto Tributario.
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  • DEDUCCION DE INTERESES MORATORIOS - Proceden siempre estén debidamente demostrados que no excedan el limite del artículo 117 del Estatuto Tributario.
En lo que hace a los intereses cancelados a LEASING COLOMBIA, sobre los que la DIAN acota que se trata de intereses moratorios no deducibles por considerarse sancionatorios, vemos, al someter a estudio de nuevo el artículo 117 del Estatuto Tributario, que no se excluyen del beneficio los aludidos rendimientos, posición avalada por el Consejo de Estado en Sentencia del 19 de julio de 2001. C.P. Dra María Inés Ortiz Barbosa; exp. 11901, cuando expresa:
  • "(….) De otra parte el artículo 117 en su texto inicial, norma aplicable al caso sub examine, no hace distinción respecto a la clase de intereses que son deducibles, por lo cual, no puede interpretarse en el sentido de que solo son los intereses ordinarios.
La condición que establece la norma es que no excedan la tasa más alta autorizada para los establecimientos bancarios durante el respectivo año gravable, ratificada hoy por la Superintendencia Bancaria, y antes de la ley 488 de 1998 por el Superintendente Bancario, límite que no se discute.

Así las cosas, con la actuación demandada se le negó al contribuyente el derecho consagrado en el artículo 117 del Estatuto Tributario, y por ello la Sala revocará la Sentencia apelada en lo referente al rechazo de la deducción por concepto de intereses moratorios". Acogiendo la tesis expuesta, se encuentra que no riñe con las disposiciones legales ni con la jurisprudencia vigente la aceptación de intereses moratorios, siempre que se encuentren debidamente demostrados, de donde es procedente el cargo formulado por el actor.
  (2014-09-04) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00823-01(16585)
    DEPRECIACION ACELERADA - No pueden tener origen en una provisión y luego reclasificarla.
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  • MAQUINARIA INACTIVA - No da derecho a deducción por no ser productora de renta.
Ahora, mal puede solicitar y más aún contabilizar una partida correspondiente a la "Depreciación Acelerada" que solo puede ser tratada como deducible o en calidad de "Costo Operacional", y menos reclasificarla, como lo pretende la sociedad, no sólo de provisión a depreciación (dos conceptos opuestos diametralmente) sino de deducción a costo, de gasto no operacional a operacional y, como si fuera poco, hacerlo recaer primero en una maquinaria inactiva, lo que desde luego le resta la calidad de productora de renta, condición sine qua non para ser depreciable, y luego transferir el concepto al de maquinaria activa.

Es entonces claro el transcrito artículo del C.P.C, cuando ordena que para todos los procesos, solo es viable arrimar medios probatorios "antes de que se dicte sentencia de primera instancia", principio que tiene respecto de la Apelación de Sentencias en la jurisdicción Contencioso Administrativa como única excepción, los cuatro (4) eventos consagrados expresamente por el artículo 214 del C.C.A. sin embargo, es evidente que en el asunto que nos ocupa, no se está frente a ninguno de los casos taxativamente señalados para el decreto e incorporación de pruebas en la segunda instancia del proceso contencioso; dicha razón es suficiente para no tener en cuenta los documentos aportados en la enunciada oportunidad por el demandante, además porque resultaría violatorio del artículo 29 de la Constitución Política, dado que frente a las mencionadas pruebas no tuvo oportunidad de pronunciarse el a quo, ni ejercer el derecho de defensa que por ley le corresponde la entidad demandada, por lo que no procede el citado cargo.
  (2014-09-04) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01659-01(16443)
    DECLARACION TRIBUTARIA - Su presentación electrónica ante la DIAN está autorizada en el Estatuto Tributario.
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  • TITULO EJECUTIVO - Son las declaraciones tributarias sin importar por cuál medio se presentaron.
El artículo 579-2 fue reglamentado por el Decreto 408 del 14 de marzo de 2001, en el que se precisaron aspectos relacionados con la presentación de las declaraciones, el procedimiento de asignación de firmas electrónicas y claves, así como los efectos jurídicos de los documentos electrónicos.

En su articulado se establece que las declaraciones tributarias, así como el pago de los impuestos y retenciones en la fuente que se presentaran electrónicamente, debía hacerse a través del "Sistema Declaración y Pago Electrónico de la DIAN", y que para todos los efectos jurídicos, los documentos electrónicos que se presenten por este medio remplazan los documentos físicos en papel.

Conforme con lo expuesto, la Sala concluye que las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes o responsables, bien sea en medio físico a través de los formatos destinados para el caso o, a través del Sistema de Declaración y Pago Electrónico, para todos los efectos jurídicos y probatorios tienen la misma validez y constituyen títulos ejecutivos idóneos que pueden ser cobrados coactivamente por la Administración.

Además, cuando se trata de probar la existencia de un documento electrónico, no es necesario que éste se materialice, pero, si se materializa, el documento físico que se aporta, constituye prueba de la existencia del documento electrónico.
  (2014-09-04) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 146
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  • El pago tardío de la transferencia del sector eléctrico genera intereses de mora que se liquidan como lo prevé el art. 3 de la Ley 1066 de 2006, que remite al art. 635 del E.T., por cuanto dicha ley unificó la tasa para liquidar los intereses moratorios por las deudas tributarias, incluidas las derivadas de las contribuciones parafiscales, como la transferencia en mención.
Síntesis del caso:
B.P. Exploration Company Colombia Ltd. demandó los actos de Corporinoquía que la declararon deudora de la transferencia del sector eléctrico causada en la operación de los centros de producción y facilidades de Cusiana y Cupiagua entre noviembre de 2007 y agosto de 2008.

El Tribunal Administrativo de Casanare negó las pretensiones de la demanda, decisión que la actora apeló, luego de lo cual desistió parcialmente de las pretensiones para limitarlas a la procedencia de los intereses moratorios.

La Sala confirmó la sentencia apelada, en cuanto señaló que para liquidarlos no se aplica el art. 4 del Decreto 1933 de 1994, sino el art. 3 de la Ley 1066 de 2006, que remite al art. 635 del E.T. Lo anterior, en razón de que, a partir de la vigencia de esta ley, se unificó la tasa para liquidar los intereses de mora por todas las deudas tributarias, incluidas las derivadas de las contribuciones parafiscales, como la referida transferencia.
  (2014-09-03) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

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  • La pretensión de reliquidación del tributo no es ajena al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de determinación, de modo que al proponerla dentro del mismo no se incurre en indebida acumulación de pretensiones.
Síntesis del caso:
En audiencia inicial, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró no probadas las excepciones previas propuestas por la DIAN respecto de la demanda que la sociedad U.C.I. del Caribe S.A. promovió contra los actos administrativos que le modificaron la declaración de renta del 2007.

Al resolver la apelación que la DIAN formuló contra dicha decisión, la Sala la confirmó, porque consideró que no se configuró la indebida acumulación de pretensiones alegada, toda vez que la reliquidación del impuesto que se solicita no es ajena al proceso en el que se controvierte la legalidad de los actos de determinación del tributo.
  (2014-09-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 146
    En esta sección destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado en las últimas semanas.
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  • Para declarantes y no declarantes, el plazo de conservación de documentos debe ser equivalente al término de firmeza de la declaración de renta, que es la regla general, pero contabilizado a partir de momentos diferentes.
Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al estudiar la legalidad de la Resolución 1612 de 2005, por la que el municipio de Santiago de Cali estableció los obligados, las especificaciones técnicas y los plazos para presentar información en medios magnéticos por los años gravables 2001 a 2004.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que anuló los arts. 1 a 3 de ese acto, en cuanto aludían a los periodos gravables del 2001 y 2002, al considerar que transgredían los arts. 632 del E.T. y 46 de la Ley 962 de 2005, dado que en el 2005 la administración no podía pedir información de dichos periodos gravables, pues ello excedía el término de conservación de los mismos que es de 2 años, contados a partir del 1º de enero del año siguiente a la elaboración de los documentos, o de la presentación de la declaración, según el caso.

Al respecto señaló que la interpretación armónica de las disposiciones citadas impone afirmar que el plazo de conservación de documentos para declarantes y no declarantes debe equivaler al término de firmeza de la declaración de renta, que es la regla general, pero contabilizado a partir de momentos diferentes, así: Para contribuyentes hasta que quede en firme la declaración de renta y, para no contribuyentes, contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo.
  (2014-09-03) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 147
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  • Son nulos los párrafos 5 y 6 del art. 2 del Decreto 0951 de 2002, en los que el Gobernador de Cundinamarca reglamentó el destino de los recursos recaudados por la Estampilla Pro-hospitales Universitarios, la forma de distribuirlos y los requisitos para tener derecho a ellos, sin estar facultado para el efecto.
Síntesis del caso:
La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló los mencionados párrafos al concluir que el Gobernador excedió la facultad que le concedió la Ordenanza 29 de 2001, para reglamentar la liquidación y el recaudo de la Estampilla Pro-hospitales Universitarios.

Al respecto la Sala señaló que la distribución del impuesto no hace parte de las etapas de liquidación o recaudo del mismo, de modo que la entidad competente para establecer el destino, los criterios para distribuir los recursos de la estampilla y los requisitos para que los hospitales universitarios tengan derecho a ellos es la asamblea departamental, que ostenta facultad impositiva, y no el gobernador, que no la tiene.
  (2014-09-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 147
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  • La ejecutoria del acto que declara sin vigencia la facilidad de pago concedida convierte en título ejecutivo las garantías ofrecidas por los contribuyentes o por terceros para respaldar obligaciones tributarias.
Síntesis del caso:
Tras declarar sin vigencia la facilidad de pago concedida a Gómez Vallejo Hermanos y Cía. Ltda. respecto de sumas adeudadas por determinados impuestos, la DIAN libró mandamiento de pago contra Juan Manuel Gómez Vallejo por esas obligaciones, en calidad de garante, quien formuló excepciones que se negaron mediante los actos demandados.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la nulidad de tales actos, al concluir que no se configuró la excepción de falta de título ejecutivo alegada. Lo anterior porque la ejecutoria del acto que declaró sin vigencia la referida facilidad, de la que el actor aceptó ser garante, convirtió en título ejecutivo la garantía que ofreció para respaldar las obligaciones tributarias mencionadas, sin que para el efecto se requiriera la expedición de un acto previo al mandamiento de pago que aceptara la garantía y la condición de garante de un deudor de obligaciones tributarias, en la medida que el ofrecimiento de la garantía es suficiente para que el otorgante adquiera esa calidad.
  (2014-09-03) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Boletin No 147
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  • El hecho de no vincular al concesionario de la operación y administración del impuesto de alumbrado público al proceso de nulidad y restablecimiento contra los actos que negaron las excepciones formuladas dentro de un procedimiento de cobro coactivo de dicho impuesto no generó nulidad en la sentencia dictada en la acción judicial, dado que la administración, liquidación, discusión y cobro del tributo compete a los municipios.
Síntesis del caso:
Se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión que el Municipio de Coveñas formuló contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre que anuló los actos que negaron las excepciones propuestas por la sociedad Oleoducto de Colombia S.A. Ocensa contra el mandamiento de pago que se le libró por el impuesto de alumbrado público de ciertos periodos.

La Sala concluyó que no se configuró la nulidad generada en la sentencia que se alegó como causal de revisión, porque no se requería vincular al proceso, como litisconsorte necesario, a la concesionaria de la operación y administración del servicio, responsable de los trámites administrativos adelantados para el cobro del tributo.
  (2014-09-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 147
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  • En materia aduanera, la consecuencia de interponer el recurso de reconsideración sin el cumplimiento de los requisitos legales es el rechazo del recurso y no su inadmisión.
Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del acto administrativo de la DIAN que negó a LINDE COLOMBIA S.A. una solicitud de liquidación oficial de corrección respecto de una declaración de importación.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa y se inhibió para pronunciarse de fondo al concluir que el recurso de reconsideración que se interpuso contra dicho acto no cumplió los requisitos legales, toda vez que quien lo formuló no representaba a la actora.

Al respecto la Sala precisó que como la normativa aduanera no prevé la consecuencia de interponer el recurso sin tales requisitos, es aplicable el Decreto 01 de 1984, según el cual su incumplimiento genera el rechazo del recurso y no la inadmisión.

La Sala señaló que no es viable aplicar el Estatuto Tributario al trámite de corrección de la declaración de importación porque el mismo se rige por el Estatuto Aduanero, a la par que la remisión que el art. 561 de este último hace a las normas tributarias, en relación con los aspectos no regulados especialmente, sólo opera en relación con la devolución o compensación y pagos en exceso de tributos aduaneros, que no era el caso en discusión.
  (2014-09-03) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 147
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  • Se suspende provisionalmente el numeral (iii) de la Circular 019 de 2012, aclarada por la Circular 032 de 2012, en la que la Superintendencia Financiera imparte instrucciones al Banco de la República y a las entidades crediticias acerca del procedimiento a seguir para el cumplimiento de órdenes de embargo sobre recursos inembargables.
Síntesis del caso:
La Sala suspendió provisionalmente los efectos del numeral (iii) de la Circular 019 de 10 de mayo de 2012, aclarada por la Circular 032 de 6 de agosto del mismo año, en la que al instruir al Banco de la República y a los establecimientos de crédito acerca del procedimiento a seguir para cumplir órdenes de embargo sobre recursos inembargables la Superintendencia Financiera indica que se deben abstener de constituir el respectivo depósito judicial hasta que los organismos de control se pronuncien sobre las solicitudes preventivas o de advertencia que emitan respecto de tales órdenes. Lo anterior porque consideró que el aparte suspendido viola el numeral 11 del art. 681 del C. de P. C., según el cual el embargo se consuma con el recibo de la comunicación de la medida.
  (2014-09-03) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Boletin No 147
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  • La Sala precisa la jurisprudencia sobre el impuesto predial para señalar que no sólo grava los inmuebles de los particulares, sino también los bienes fiscales y los de uso público explotados económicamente por particulares, en razón de que se trata de un gravamen real que recae sobre los bienes raíces sin consideración a la calidad del sujeto pasivo.
Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos de la DIAN que le negaron a la Universidad de Córdoba la devolución de las sumas que pagó por impuesto predial durante los años 2004 a 2008.

La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba que anuló dichos actos y ordenó la devolución y, en su lugar, negó la nulidad tras concluir que la universidad estaba obligada a pagar el predial respecto de los bienes fiscales de su propiedad, en cuanto ejerce el derecho de dominio sobre ellos y porque el Estatuto Tributario Municipal no establecía una exención del pago del tributo.

La Sala precisó que el predial no sólo recae sobre los inmuebles de carácter privado, sino también sobre los bienes fiscales y los de uso público explotados por particulares, pues su finalidad es gravar la propiedad raíz o los bienes inmuebles sobre los que se ejerce derecho de dominio -que hoy abarca la posesión, tenencia o usufructo-, lo que significa que, para determinar si un bien está gravado, se debe tener en cuenta su explotación, uso y goce y no la naturaleza jurídica del sujeto que ostente la calidad de propietario, poseedor, tenedor o usufructuario del mismo.

En ese sentido señaló que actualmente el sujeto pasivo del impuesto predial no se define en razón a la naturaleza de la entidad pública, como lo sostuvo la Sala entre 1994 y el 2011, fundada en una interpretación estricta del art. 61 de la Ley 55 de 1985, sino en atención a la naturaleza de los bienes que posee o administra (públicos o fiscales).
  (2014-09-03) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Boletin No 146
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  • Los municipios pueden establecer beneficios por pronto pago de la sobretasa ambiental, siempre que no se afecten los mínimos que por ley deben transferir a las autoridades ambientales competentes.
Síntesis del caso:
La Sala anuló el parágrafo del art. 1 del Acuerdo 002 de 2010, en el que el Concejo Municipal de Ibagué estableció un descuento por pronto pago de la sobretasa ambiental.

Para el efecto, consideró que si bien los municipios pueden conceder tal beneficio, deben ejercer esa facultad de acuerdo con la ley, de modo que no se afecte la tarifa mínima de la sobretasa que están obligados a recaudar, prevista en el art. 44 de la Ley 99 de 1993, situación que se desconoció en el referido Acuerdo, pues, para el periodo gravable del 2010, la tarifa se afectó con ocasión de los descuentos que el mismo estableció.
  (2014-09-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    RECHAZO SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA.
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  • Al no solicitar la modificación de las cifras declaradas por concepto del cálculo de pago de regalías, ni de los demás valores contenidos en la declaración de precios de transferencia, se tiene que el error formal cuya corrección se solicita no afecta la determinación del impuesto de renta realizada con fundamento en los datos consignados en esa declaración.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Procede la Sala a pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos que negaron la solicitud de corrección de la declaración de precios de transferencia del año 2008, presentada por la sociedad Ericsson Colombia S.A.

1. NATURALEZA DE LOS ACTOS DEMANDADOS
  • 1.1. Previo a decidir sobre el asunto de fondo, se debe analizar la excepción de “inepta demanda” presentada por la parte demandada, en la que sostiene que los actos acusados no son objeto de control de legalidad en tanto no crean, modifican o extinguen una situación jurídica.

  • 1.2. Para resolver la excepción, es necesario precisar que de conformidad con los artículos 50 y 135 del Código Contencioso Administrativo, son actos demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aquéllos que exteriorizan la manifestación de voluntad unilateral de la Administración para crear, modificar o extinguir una situación jurídica.

  • 1.3. En ese sentido, sólo los actos definitivos que por sí mismos generan efectos jurídicos, son pasibles de control de legalidad, junto con las decisiones que los modifican o confirman, las cuales conforman la voluntad administrativa respecto de un asunto particular.

  • 1.4. En el sub examine, la Sala observa que el actor solicitó la nulidad del Oficio No. 100211230-004389 del 24 de diciembre de 2010, que negó la solicitud de corrección de la declaración de precios de transferencia del año 2008, y del Oficio No. 100-211-230-00044 del 4 de febrero de 2011, que declaró improcedentes los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación interpuestos contra el precitado acto administrativo.
  (2014-08-29) [Mas Información]
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    La imposición de las sanciones previstas en los artículos 651 y 675 del E.T. no está sujeta a la demostración del daño que las faltas administrativas allí descritas causan a los intereses públicos, dado que ellas presuponen el riesgo real o potencial de que la omisión en el envío de información o la comisión de errores en su envío ocasionen ese daño.
    • No enviar la información tributaria requerida por la DIAN o enviar información inconsistente son conductas tipificadas como infracción en los artículos 651 y 675 del Estatuto Tributario, respectivamente.
  • Síntesis del caso:
  • Se estudió la legalidad de los actos por los que la DIAN sancionó al Banco BBVA Colombia S.A. por incumplir sus obligaciones como entidad autorizada para recaudar impuestos.

    La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló parcialmente dichos actos y redujo la sanción porque consideró que aunque hubo errores en la calidad de la información reportada en medios magnéticos, la sanción no se tasó en forma proporcional al número de documentos con inconsistencias.

    Agregó que para imponer las sanciones de los arts. 651 y 675 del E.T. la DIAN no está obligada a demostrar el daño que las conductas allí descritas causan a los intereses públicos, dado que las mismas presuponen el riesgo real o potencial de que la omisión en el envío de información o la comisión de errores en su envío ocasionen ese daño. Es decir, que basta que se cometa el error para que se tipifique la infracción.

    Señaló que las entidades recaudadoras deben implementar los controles para garantizar la calidad del proceso de sistematización de la información durante todo el convenio y en cumplimiento de las normas que regulan la función de recaudo, pues el hecho de que la DIAN no haya advertido la existencia de errores al recibir el medio magnético de prueba no las releva de esa obligación, así como que tampoco se puede entender subsanada la falta si se corrigen los yerros antes de la imposición de la sanción, dado que no hay norma que así lo prevea.
      (2014-08-19) [Mas Información]
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Sección Cuarta

    La anulación del acto que establece un tributo impide analizar la legalidad de la sanción derivada de la falta de pago del mismo.
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  • Huelga concluir, entonces, que al ser ilegal el hecho generador del tributo cuya omisión genera la sanción por no declararlo, la sanción establecida para estos efectos también deviene en ilegal”.
  • Síntesis del caso:
  • La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que anuló el numeral 2 del artículo 281 del Estatuto Tributario de ese departamento (Decreto Ordenanzal 000823 de 2003), que establecía la sanción por no declarar el impuesto de Estampilla Prohospital Universitario CARI E.S.E. Lo anterior porque concluyó que la anulación de la Ordenanza 00018 de 2006, en la parte que establecía el tributo, impedía efectuar el control de legalidad de la sanción por no declararlo.

  • Extracto:
  • “En el presente proceso las partes alegaron, únicamente, que la sanción prevista en numeral 2 del artículo 281 del Decreto Ordenanzal 823 de 2003 violaba los principios de proporcionalidad y de razonabilidad. No se alegó nada respecto a la legalidad de la Ordenanza 000018 de 2006.

    No obstante, no es del caso hacer un examen sobre la proporcionalidad de la sanción, en tanto que como consecuencia de la nulidad de la Ordenanza 000018 de 2006, no es posible determinar si la medida sancionatoria establecida en la norma demandada guardaba proporcionalidad y razonabilidad con la infracción tributaria por no declarar, pues a la fecha ya no existe un referente normativo que regule el tributo a efectos de hacer la respectiva comparación y el análisis pertinente.

    Huelga concluir, entonces, que al ser ilegal el hecho generador del tributo cuya omisión genera la sanción por no declararlo, la sanción establecida para estos efectos también deviene en ilegal”.
      (2014-08-19) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

      Los derechos fiduciarios representan la participación del fideicomitente en el patrimonio autónomo y su registro contable no implica que aquél haya percibido algún ingreso asociado al fideicomiso.
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    • ”Los derechos fiduciarios son bienes intangibles que forman parte del patrimonio del contribuyente y el hecho de que figuren en la contabilidad no significa que el fideicomitente haya percibido algún ingreso asociado al fideicomiso”.
  • Síntesis del caso:
  • El Tribunal Administrativo de Antioquia negó la nulidad de los actos del Municipio de Medellín que modificaron la declaración de ICA que Villas de Santa Teresa S.A. presentó por el año 2002, porque la actora no aportó al proceso las normas de carácter local que invocó como violadas.

    La Sala revocó esa decisión y, en su lugar, anuló los actos, salvo en la sanción por no informar, para lo cual señaló que aunque el hecho de no aportar con la demanda dichas normas puede dar lugar a inadmitirla, tal falencia no fue advertida por el juez de primera instancia, quien tampoco ejerció sus facultades probatorias con el fin de que las normas se allegaran al proceso en orden a evitar fallos inicuos, como el que profirió.

    Así las cosas, previa remisión de dichas normas por el Municipio, a quien le ordenó enviarlas, la Sala estudió los cargos de la demanda y concluyó que la adición de ingresos por ventas de ciertos inmuebles no procedía porque la actora demostró que tales ingresos pertenecían a patrimonios autónomos, además de que no se probó que obtuvo utilidades por su participación como beneficiaria en esos patrimonios.

    La Sala precisó que había lugar a mantener la sanción por no informar porque la notificación por correo del requerimiento ordinario de información fue válida, aunque el acto no haya sido recibido directamente por el representante legal de la sociedad actora, toda vez que el hecho de que quien recibe el correo se encuentre en la dirección indicada por el destinatario del mismo hace presumir un vínculo entre ellos.
      (2014-08-19) [Mas Información]
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      La Sala reitera que la notificación por correo enviada a la dirección correcta del contribuyente es válida aunque el representante legal de la destinataria no reciba directamente el acto notificado, pues el hecho de que quien recibe el correo se encuentre en la dirección indicada por el destinatario del mismo hace presumir un vínculo entre ellos.
      • En las sociedades comerciales, es usual que el representante legal delegue en otras personas la función de recibir la correspondencia.
      la notificación por correo es válida aunque el representante legal de la sociedad destinataria no reciba directamente el acto, ya que se presume la vinculación entre la persona que recibe el correo y el destinatario si aquella se encuentra en la dirección indicada por el interesado.

      Además, en las sociedades comerciales, es usual que el representante legal delegue en otras personas la función de recibir la correspondencia. No obstante, el interesado puede valerse de los medios de prueba previstos en la ley para desvirtuar la presunción.

      Cabe anotar que la actora no discutió la validez de la dirección en que se practicó la notificación. Se limitó a sostener que Victoria Marín, quien recibió el requerimiento ordinario, no tenía la calidad de representante legal de la sociedad, pero no demostró la ausencia de vínculo entre el receptor y la compañía.

      Toda vez que la demandante no desvirtuó la validez de la notificación por correo del requerimiento ordinario, se mantendrá la sanción por no informar impuesta en los actos demandados, dado que, a pesar de que la actora conoció el requerimiento ordinario de información, no suministró la información solicitada, motivo por el cual procede la sanción por no informar impuesta por la demandante con fundamento en el artículo 179 del Acuerdo 57 de 2003”.
        (2014-08-19) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

      El impuesto de registro por la venta de inmuebles está directamente asociado a la actividad inmobiliaria y constituye una erogación indispensable para desarrollar tal objeto social.
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    • El pago del impuesto de registro por la venta de inmuebles está asociado clara y directamente a la actividad inmobiliaria que desarrolla la actora, comoquiera que constituye una erogación indispensable para ejercer su objeto social de compraventa de inmuebles propios o ajenos.
    Se estudió la legalidad de los actos por los que la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta que Inmobiliaria Sanitas Ltda. presentó por el 2007, en el sentido de desconocer, como deducible, el impuesto de registro que pagó por la venta de un inmueble a una compañía de leasing e imponer sanción por inexactitud.

    La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló dichos actos y liquidó el tributo a cargo de la inmobiliaria, para lo cual señaló que no procedía llevar como costo en la enajenación de activos fijos el impuesto de registro pagado, dado que se demostró que, para el año 2007, el inmueble que la actora vendió no constituía para ella un activo fijo sino movible.

    No obstante, aceptó que procedía llevar ese impuesto como costo de venta, deducible, en los términos del art. 107 del E.T., por estar asociado a la actividad inmobiliaria desarrollada por la demandante y tratarse de una erogación indispensable para ejercer su objeto social.
      (2014-08-19) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

      Se reitera que el término de firmeza de las declaraciones tributarias que reporten pérdidas fiscales es el previsto en el art. 147 del E.T. y no el del art. 689-1 ib., aunque se cumplan los requisitos que éste último establece para tener derecho al beneficio de auditoría.
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    • La Sala observa que el mencionado artículo 689-1 del Estatuto Tributario trajo una previsión especial para las declaraciones que arrojen una pérdida fiscal, según la cual, la autoridad fiscal “…podrá ejercer las facultades de fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia de la misma (…)”, aunque haya transcurrido el término señalado en la norma para que ocurra la firmeza de la declaración objeto del beneficio.
    Se estudió la legalidad de los actos de la DIAN que modificaron la declaración de renta del año 2005, presentada por Cóndor S.A. Cía. de Seguros Generales, en el sentido de rechazar una pérdida fiscal e imponer sanción por disminución de pérdidas.

    La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la nulidad de dichos actos, tras concluir que cuando se expidió el requerimiento especial el denuncio rentístico no estaba en firme porque no habían vencido los 5 años que el art. 147 del E.T. establece como término de firmeza de las declaraciones tributarias que reporten pérdidas fiscales.

    Al respecto la Sala precisó que dicho término se aplica a todas las declaraciones que reporten pérdidas, sin perjuicio de que las mismas acrediten los requisitos, que el art. 689-1 ib. prevé, para tener derecho al beneficio de auditoría.
      (2014-08-19) [Mas Información]
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      PRESCRIPCION ORDINARIA EN TRIBUTOS ADUANEROS – Efectividad de la póliza de seguro.
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    • No es de recibo la tesis según la cual, los dos (2) años de que trata el artículo 1081 del C. de Co., debían contabilizarse desde el primer incumplimiento so pena de la prescripción, por cuanto, el objeto de la cobertura de la misma es precisamente la debida finalización del régimen y el pago oportuno de todas y cada una de las cuotas de los tributos aduaneros.
    De este modo, el artículo 147 del Estatuto Aduanero es claro en señalar que en la importación temporal a largo plazo la constitución de la póliza tiene como objeto garantizar la finalización del régimen y el cumplimiento oportuno del pago de los tributos aduaneros, de forma tal que la inobservancia de la obligación así garantizada puede ocurrir en cualquier momento durante el mencionado régimen hasta su terminación, que para el caso, se verificó por parte de la DIAN, al final del mismo cuando se cumplió el quinto año de permanencia de la mercancía en el país.

    Ahora, con respecto al término de prescripción de la garantía, previsto en el artículo 1081 del C. de Co., en reiterada jurisprudencia de esta Sección se ha sentado la posición consistente en que en materia de efectividad de pólizas de seguro que amparan regímenes de importación temporal, dicho término ha de comenzar su conteo, bien a partir del incumplimiento de una cualquiera de las cuotas o de la última, según el caso, pues la póliza se constituye con el fin de amparar el cumplimiento del régimen en su integralidad; advirtiendo que la materialización del siniestro, entendido como el incumplimiento, que puede acaecer en cualquier momento durante el período del régimen de que se trate, corre por cuenta del asegurador, en concordancia con la vigencia de la garantía.
      (2014-08-15) [Mas Información]
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      TALONARIOS O FORMULARIOS DE APUESTAS - Su entrega o suministro por parte de los concesionarios de juegos de suerte y azar a los colocadores o vendedores de apuestas no está excluida del impuesto sobre las ventas porque se trata de una venta.
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    • TALONARIOS O FORMULARIOS DE APUESTAS - Su entrega o suministro por los concesionarios de juegos de suerte y azar a los colocadores o vendedores de apuestas es una actividad distinta e independiente de la explotación del juego de chance
    La síntesis del caso es la siguiente:
    Se estudió la legalidad de los actos por los que la DIAN sancionó a Suchance S.A. por no declarar el IVA del cuarto bimestre del 2002.

    El Tribunal Administrativo del Huila anuló dichos actos y declaró que la demandante no estaba obligada a pagar el IVA porque el suministro de los talonarios oficiales de apuestas por parte de los concesionarios a los colocadores no estaba gravado con ese impuesto.

    La Sala modificó dicha decisión para anular parcialmente los actos acusados, solo respecto del monto de la sanción, porque se liquidó sobre todos los ingresos brutos del periodo en discusión y no sobre los ingresos gravados, según lo prevé el num. 2 del art. 643 del E.T.

    La Sala concluyó que, contrario a lo que sostuvo el tribunal, el suministro de los referidos talonarios sí causa el IVA, porque se trata de una venta, en los términos del num. 1 del art. 421 del E.T., que no está excluida de dicho gravamen.
      (2014-08-15) [Mas Información]
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      MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - Hasta el año gravable 2002 su explotación estaba excluida del impuesto sobre las ventas.
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    • IVA EN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - Hecho generador. Causación. Base gravable. Por lo tanto, se tiene que hasta el año gravable 2002, la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar estaba excluida del pago del impuesto sobre las ventas.
    La explotación del monopolio de suerte y azar fue consagrada por el artículo 336 de la Constitución Política como arbitrio rentístico, y mediante la Ley 643 2001, por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, se le asignó a los departamentos, al Distrito Capital y a los municipios la titularidad de las rentas del monopolio, salvo los recursos destinados a la investigación en áreas de la salud que pertenecen a la Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la ley.

    El artículo 49 de la Ley 643 de 2001 prohibió a los departamentos, distritos y municipios gravar el monopolio de juegos de suerte y azar con impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o parafiscales, distintos a los consagrados en la ley, y dispuso que la explotación del comentado monopolio no causaba el impuesto sobre las ventas, al establecer: “La explotación directa o a través de terceros de los juegos de suerte y azar de que trata la presente ley no constituye hecho generador del Impuesto sobre las Ventas IVA”.

    Sin embargo, sobre la exclusión del pago del impuesto sobre las ventas por la explotación del monopolio, el artículo 62 de la Ley 863 de 2003, por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas, suprimió este beneficio tributario.

    A partir de la Ley 863, se fijó como hecho generador del impuesto la circulación, venta y operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías; el momento de causación, la realización de la apuesta, expedición del documento, formulario, boleta o instrumento que dé el derecho a participar en el juego, siendo responsable el operador del juego y, la base gravable, determinada por el valor de la apuesta, del documento, formulario, boleta, billete o instrumento que da derecho a participar en el juego, salvo para los juegos localizados en que se establece otra fórmula para calcular la base gravable.
      (2014-08-15) [Mas Información]
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      NTERESES MORATORIOS POR DEUDAS TRIBUTARIAS - La Ley 1066 de 2006 unificó la tasa para liquidarlos, incluidas las deudas derivadas de las contribuciones parafiscales, como la transferencia del sector eléctrico.
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    • “los contribuyentes o responsables de las tasas, contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales que no las cancelen oportunamente deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario”.
    La síntesis del caso es la siguiente:
    B.P. Exploration Company Colombia Ltd. demandó los actos de Corporinoquía que la declararon deudora de la transferencia del sector eléctrico causada en la operación de los centros de producción y facilidades de Cusiana y Cupiagua por los meses de noviembre de 2007 a agosto de 2008.

    El Tribunal Administrativo del Casanare negó las pretensiones de la demanda, decisión que la actora apeló, luego de lo cual desistió parcialmente de las pretensiones para limitarlas a la procedencia de los intereses moratorios.

    La Sala confirmó la sentencia apelada, en cuanto señaló que los intereses se liquidaron correctamente, dado que para el efecto no se aplica el artículo 4 del Decreto 1933 de 1994, como lo aducía la actora, sino el artículo 3 de la Ley 1066 de 2006, que remite al artículo 635 del E.T. Lo anterior, en razón de que, a partir de la vigencia de esta ley, el legislador unificó la tasa a la que se deben liquidar los intereses de mora por todas las deudas tributarias, incluidas las derivadas de las contribuciones parafiscales, como la transferencia al sector eléctrico.
      (2014-08-15) [Mas Información]
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      Andi pide ampliar la base de empresas que pagan impuestos en la próxima tributaria.
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    • En conclusión, la parte actora no cumplió con la carga procesal de probar que por la naturaleza o duración del negocio el término de amortización de la inversión en discusión debía ser inferior a los cinco (5) años señalados en el artículo 143 del Estatuto Tributario, motivo por el cual, le asiste razón al Tribunal al no darle prosperidad a este cargo de ilegalidad.
    • Problema jurídico
    Debe la Sala determinar:
    • i) Si la parte demandante tiene derecho a la deducción por amortización de inversiones conforme con el término señalado en la Resolución No. 3600 de 1988, por medio de la cual se adopta el Plan Único de Cuentas para el Sistema Financiero, o si por el contrario, conforme con el artículo 143 del Estatuto Tributario, debía comprobar que por la naturaleza o duración del negocio el término de amortización de las inversiones en discusión debía ser inferior a cinco (5) años.

    • ii) Si los hechos que generaron la pérdida de activos por siniestros ocurrieron por fuerza mayor, conforme lo prevé el artículo 148 del Estatuto Tributario.
    Por su parte la Administración enfatiza que, en cualquier caso, para aceptar la deducción fiscal de las inversiones en plazos inferiores a los cinco (5) años señalados en el artículo 143 del Estatuto Tributario, es imperativo demostrar que esos plazos menores de amortización se deben a la naturaleza, duración o término del negocio o actividad que origina la inversión.

    Para la Administración, los hechos tales como fraudes, faltantes de caja, pérdida de efectivo y canje pérdida por cartera de crédito son previsibles dentro de la actividad bancaria, así como resistibles, al contratarse un seguro que los cubra, es decir, no se configura la fuerza mayor.

    CONCLUSIÓN
    Teniendo en cuenta que en el sub–exámine la parte demandante no cumplió con la carga procesal de probar que (i) por la naturaleza o duración del negocio el término de amortización de las inversiones en discusión debía ser inferior a los cinco (5) años señalados en el artículo 143 del Estatuto Tributario y (ii) que los hechos que generaron la pérdida de activos por siniestros efectivo y canje, y por siniestros por pérdida de cartera de crédito, ocurrieron por fuerza mayor, conforme lo prevé el artículo 148 ibídem, se impone confirmar la sentencia apelada.
      (2014-08-15) [Mas Información]
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      SALDO A FAVOR EN DECLARACIONES DE RENTA E IVA - Su devolución o compensación no constituye reconocimiento definitivo.
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    • PROCESO DE DETERMINACION OFICIAL - Aunque es autónomo e independiente del proceso sancionatorio, sus resultados inciden en éste, porque determinan la procedencia o no de la sanción impuesta.
    SANCION POR IMPUTACION IMPROCEDENTE - Carece de fundamento ante la anulación de los actos de determinación oficial, porque ello implica que el contribuyente tenía derecho a imputar en la declaración del periodo siguiente el saldo a favor que liquidó.

    La síntesis del caso es la siguiente:
    Accenture Ltda. demandó los actos por los que la DIAN la sancionó por imputación improcedente, porque en la declaración de renta del año 2001 imputó el saldo a favor que liquidó en la declaración del año 2000, denuncio que la entidad modificó mediante liquidación oficial de revisión.

    La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la nulidad de los actos acusados y, en su lugar, los anuló y declaró que la demandante no estaba obligada a pagar la referida sanción.

    Lo anterior, porque en sentencia de 15 de marzo de 2012 (Exp. 16660), la Sección anuló los actos de determinación oficial del impuesto de renta del año 2000 y declaró en firme la liquidación privada que la contribuyente presentó por ese año, razón por la que la sanción por imputación improcedente quedaba sin fundamento.

    Al respecto, la Sala precisó que, si bien el proceso de determinación oficial y el sancionatorio son autónomos e independientes, los resultados del primero inciden en el segundo, pues, finalmente, determinan la procedencia o no de la sanción impuesta.
      (2014-08-15) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

      Cuál es el término fijado por el legislador para conservar la documentación que soporta la información comercial, financiera y tributaria..
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    • Para resolver el problema jurídico se analizará el contenido y alcance de la previsión del artículo 632 del Estatuto Tributario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 962 de 2005, para efectos de establecer cuál es el término fijado por el legislador para conservar la documentación que soporta la información comercial, financiera y tributaria.
    En ese orden de ideas, una interpretación armónica de los artículos 632 del Estatuto Tributario y 46 de la Ley 962 de 2005 impone afirmar que el plazo de conservación de documentos para declarantes y no declarantes debe ser equivalente al término de firmeza de la declaración de renta, que es la regla general, pero contabilizado a partir de momentos diferentes, a saber:
    • 3.4.1.- Para los contribuyentes el deber de conservación de los documentos, informaciones y pruebas es de dos años, hasta que quede en firme la declaración de renta.

    • 3.4.2.- Para los no contribuyentes el deber de conservación de los documentos, informaciones y pruebas es de dos años, contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo.

    • 3.5.- Agréguese que el artículo 28 de la Ley 962 de 20052 no es aplicable para el caso que se estudia, ya que éste se refiere exclusivamente a la obligación de los comerciantes de conservar los libros y papeles de comercio, por su calidad de comerciante, que difiere de la obligación de conservación de documentos, pruebas e informaciones de todas las personas o entidades contribuyentes o no contribuyentes.
    (...)
    De acuerdo con lo anterior, la Resolución No. 1612 de 2005, expedida por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Santiago de Cali, sí vulnera lo dispuesto en el artículo 632 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 46 de la Ley 962 de 2005, ya que la Administración Tributaria no tiene la facultad de solicitar información, documentos y pruebas que excedan el término de conservación de dos años, contados a partir del 1º de enero del año siguiente a la elaboración de los documentos, o de la presentación de la declaración, según el caso.
      (2014-08-15) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

      Plazo para efectuar corrección voluntaria de las declaraciones tributarias. Firmeza de la declaración.
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    • El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, manifestó que seguramente se necesitará una reforma tributaria, pero es necesario que esta conduzca a una mayor equidad en el pago de impuestos.
    • Problema jurídico
    En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sección determinar cuál es el plazo máximo en el que el contribuyente puede presentar la solicitud de corrección de una declaración, de que trata el artículo 589 del Estatuto Tributario.

    Para resolver el problema jurídico planteado se hace necesario estudiar el procedimiento de solicitud de corrección de la declaración para disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor y las normas que regulan la firmeza de la declaración privada.

    Se entiende que las declaraciones privadas adquieren firmeza, para citar algunos, en los siguientes eventos:
    • a) Por regla general, cuando no se haya notificado requerimiento especial dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar.
    • b) Tratándose de declaración extemporánea, cuando no se haya notificado requerimiento especial dentro de los dos años siguientes a la fecha de presentación de la declaración.
    • c) En relación con las declaraciones tributarias que presenten saldo a favor, cuando no se haya notificado requerimiento especial dentro de los dos años siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación.
    • d) Si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó.
    El término de firmeza de la declaración privada prima sobre los plazos de corrección concedidos en los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario, en virtud del principio de seguridad jurídica. Así pues, al ocurrir la firmeza de la declaración, ésta se vuelve indiscutible por la Administración Tributaria y por el contribuyente.
      (2014-08-15) [Mas Información]
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      Procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
      Liquidación de la contribución especial a las Cajas de Compensación Familiar por parte de las Cooperativas de Trabajo Asociado.
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    • Para efectos de la liquidación de los aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales, se debía tomar como base la compensación establecida en el compromiso contractual asociativo, en el que se acordó el monto de la compensación a percibir por cada asociado, que es el que constituye la base para calcular las contribuciones a la Caja de Compensación.
    • Problema jurídico
    En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sección determinar la legalidad de los actos administrativos demandados, en tanto realizaron un ajuste a la liquidación de aportes al subsidio familiar efectuada por Estratégicos C.T.A. en los años 2004 y 2005, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Decreto 468 de 1990 y 1º del Decreto 2996 de 2004.

    Para resolver el problema jurídico, se estudiarán las normas aplicables a las Cooperativas de Trabajo Asociado en materia de liquidación de aportes al subsidio familiar.
    • Liquidación de aportes a las Cajas de Compensación Familiar por parte de las Cooperativas de Trabajo Asociado.
    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 79 de 1988, las cooperativas son empresas asociativas, sin ánimo de lucro, en la cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa. Las cooperativas son creadas con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.

    Dentro del género de cooperativas se encuentran las Cooperativas de Trabajo Asociado, que son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios, según definición del artículo 70 de la Ley 79 de 1988.

    En dichas cooperativas, en que los aportantes de capital son al mismo tiempo los trabajadores y gestores de la empresa, “el régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación, será establecido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el acuerdo cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación laboral aplicable a los trabajadores dependientes.”
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      La resolución que desató el recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión, es nula por haber sido expedida extemporáneamente, esto es, una vez vencido el término de un (1) año que la ley le otorga a la Administración para resolverlo, por lo que ésta debió declarar la ocurrencia del silencio administrativo positivo.
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    • Para el caso del municipio de Santiago de Cali, el artículo 139 del Decreto municipal 523 de 1999, adoptó la previsión traída por el artículo 732 del Estatuto Tributario, al señalar: “La Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro Municipal o quien haga sus veces tendrá un año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma”.
    • CONSIDERACIONES DE LA SALA
    La Sala decide el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del 12 de abril de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la ocurrencia del silencio administrativo positivo respecto del recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión.

    Para tal efecto, la Sala encuentra probados los siguientes hechos relevantes:
    • El 3 de marzo de 2006, la sociedad Distribuidora Colombina Ltda. interpuso oportunamente el recurso de reconsideracion2 contra la Liquidacion Oficial de Revision 1694 del 30 de diciembre de 2005.

    • No obra en el expediente el documento que demuestre la expedicion y notificacion de auto inadmisorio o admisorio del recurso referido, por lo que conforme con los articulos 726 del Estatuto Tributario3 y 134 del Decreto Municipal 523 de 1999, se entiende que fue presentado en debida forma y, por lo tanto, admitido en la fecha de su presentacion.

    • Mediante la Resolucion 0596 del 12 de abril de 20074, la Administracion resolvio el recurso de reconsideracion antes mencionado.

    • Para notificar personalmente al contribuyente el acto senalado en el parrafo anterior, la Administracion cito al contribuyente mediante el oficio recibido en las oficinas de la actora el 16 de abril del 20075.

    • La Administración notificó la resolución que resolvió el recurso de reconsideración mediante edicto fijado el 3 de mayo de 2007 y desfijado el 16 de mayo siguiente.
    De los hechos expuestos, la Sala evidencia que si bien la Administración siguió el trámite previsto en el inciso segundo del artículo 565 del Estatuto Tributario y en el artículo 11 del Decreto Municipal 523 de 1999 para notificar la providencia que resolvió el recurso de reconsideración, lo cierto es que en el momento en que expidió dicho acto y, más aún, cuando lo notificó, ya había perdido la competencia para fallarlo, como se explica a continuación.
      (2014-08-15) [Mas Información]
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      IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
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    • El impuesto de industria y comercio no constituye un referente idóneo para establecer el nacimiento de la obligación tributaria porque existen otros factores por medio de los cuales el municipio puede determinar la utilización, uso, recepción y el gasto del servicio de alumbrado público, entre otros, el consumo de energía eléctrica.
    • PROBLEMA JURÍDICO.
    La sentencia de primera instancia despachó desfavorablemente los argumentos que sustentaban la demanda, y como dicha decisión no fue impugnada por la parte demandante, la Sala no emitirá pronunciamiento alguno.

    En cuanto a la declaratoria de nulidad de los numerales 1.2.2., 1.3. y 1.4. del artículo 1º y de los artículos 2, 3, 4 y 6 del Acuerdo No. 17 de 2006 realizada en la citada providencia, se encuentra que la misma se sustenta en los argumentos del tercero interviniente que aluden a la indebida determinación de los elementos de la obligación tributaria por atender a la calidad de contribuyente del impuesto de industria y comercio.

    Sin embargo, la Sala advierte que la solicitud de nulidad por la situación planteada solo fue alegada por el interviniente respecto de las expresiones referidas al impuesto de industria y comercio contenidas en los numerales 1.2.2., 1.3., 1.4.2. del artículo 1, y de los artículos 3, y 6 del Acuerdo 17 de 2006.

    Con fundamento en lo anterior, la Sala analizará el cargo de nulidad y el recurso de apelación únicamente respecto de las normas alegadas como violadas por el interviniente, para establecer la procedencia de la determinación de los elementos esenciales del impuesto de alumbrado público, teniendo en consideración la calidad de contribuyente del impuesto de industria y comercio.
      (2014-08-15) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

      Acción de nulidad – impuesto de circulación y tránsito.
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    • El artículo 138 de la Ley 488 de 1998, dispone el nuevo impuesto sobre vehículos sustituyó tres impuestos: el de timbre nacional sobre vehículos automotores, el impuesto de circulación y tránsito y el impuesto unificado de vehículos para el Distrito Capital.
    • CONSIDERACIONES DE LA SALA
    En los términos del recurso de apelación interpuesto por el departamento de Caldas, la Sala precisa si son nulos los artículos 26 a 28 del Acuerdo 704 de 20088. Igualmente, conforme con la solicitud del Ministerio Público, determina si se confirma el fallo recurrido en cuanto negó la nulidad del artículo 66 ibídem o si, eventualmente, debe la Sala inhibirse para fallar de fondo sobre la nulidad de dicha norma.

    El actor pidió la nulidad de los artículos 27 y 28 del Acuerdo 704 de 2008, que regulan la base gravable y la tarifa del impuesto de circulación y tránsito o rodamiento, normas, que en su orden, prevén lo siguiente:
    • “ARTÍCULO 27. BASE GRAVABLE. La base gravable para el cobro del Impuesto de Circulación y Tránsito o Rodamiento está constituida por la capacidad de pasajeros y/o de carga de cada vehículo.
    El demandante considera que los artículos 27 y 28 del Acuerdo 704 de 2008, que regulan la base gravable y la tarifa del impuesto de circulación y tránsito o rodamiento, son ilegales porque desconocen los artículos 140, 142 y 143 de la Ley 488 de 1998, que, en su orden, consagran el hecho generador, el sujeto pasivo y la base gravable del impuesto sobre vehículos automotores.

    El Municipio alega que las disposiciones del acuerdo demandado que regulan el impuesto de circulación y tránsito o rodamiento se expidieron con fundamento en el Decreto Extraordinario 760 de 31 de diciembre de 1991, por el cual el Alcalde expidió el Código de Rentas de Manizales, que, a su vez, se dictó en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 5 de 1991.
      (2014-08-15) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-00921-01(15723)
      PASIVO - Para aceptarse un valor superior al declarado se requiere corrección de declaración.
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    • DIFERENCIA PATRIMONIAL - No es justificable con un pasivo que el contribuyente no declaró.
    La Sala observa en los antecedentes administrativos que obra certificado para efectos tributarios expedido por la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena, que certifica que a 31 de diciembre de 1997, el actor tenía un pasivo por la suma de $76.959.479.27.

    No obstante, al revisar el denuncio tributario del año gravable de 1997, radicado el 12 de junio de 1998, se advierte que en el renglón 16 préstamos por pagar al sector financiero consignó tan sólo $74.405.000, de tal manera que si pretendía incluir la diferencia de $2.554.479, debió acudir a los mecanismos de corrección voluntaria previstos en los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario.

    Por tanto, es inadmisible justificar el incremento patrimonial con el valor de una deuda que el contribuyente no declaró en la liquidación privada y que ahora pretende corregir para aumentarla pues equivaldría a modificarla por fuera de la oportunidad legal, (art. 588 E.T.). En consecuencia se rechaza el cargo.
      (2014-08-04) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-00921-01(15723)
      CONTRIBUYENTE NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - Solo pueden solicitar pasivos respaldados en documento de fecha cierta.
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    • DOCUMENTO DE FECHA CIERTA - Sirve para demostrar pasivos en contribuyentes no obligados a llevar contabilidad
      DOCUMENTO PRIVADO - Requisitos para que se tenga como de fecha cierta
    Al respecto la Sala advierte que la normatividad tributaria es estricta en cuanto a los documentos que permiten a un contribuyente demostrar la existencia de pasivos a 31 de diciembre de un determinado año gravable. Es así como el artículo 770 establece que los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán solicitar pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta, en los demás casos, se debe contar con documentos idóneos.

    Y un documento privado cualquiera que sea su naturaleza, tiene fecha cierta o auténtica, desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa, siempre que lleve la constancia y fecha de tal registro o presentación [art. 767 E.T.] De tal forma que el legislador estableció una tarifa legal probatoria en donde las reglas para su valoración se rigen por el respectivo imperativo legal que debe ser atendido por quien lo pretende hacer valer, en este caso estrictamente documental, de tal suerte que si no existe o es incompleta en principio no permite al fallador cualquier otro tipo de apreciación y por ende se tendrá como no demostrado el pasivo.
      (2014-08-04) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-00921-01(15723)
      REVALORIZACION PATRIMONIAL - No hace parte del valor patrimonial de los aportes.
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    • COSTO FISCAL DE LOS ACTIVOS - Determinación
      APORTES - La capitalización por revalorizacion del patrimonio no hace parte de su costo fiscal / AUMENTO PATRIMONIAL - No se justifica cuando el valor corregido se aparta del valor declarado
    Visto todo lo anterior, la Sala advierte que el mismo contribuyente reconoció que era errado llevar la revalorización patrimonial o capitalización de la sociedad Dimensional de Distribuciones Ltda como valor patrimonial de los aportes, dado que se apartaba de los parámetros legales que determinan que el costo fiscal se establece por el precio de adquisición o costo declarado en el año anterior más ajustes por inflación si se está obligado o el ajuste opcional [arts. 69, 272 y 868 del E.T.].

    Por ello, dentro del término para recurrir el acto de liquidación optó por corregir el denuncio rentístico de 1997 y disminuir el valor consignado como aportes a la suma de $156.192.000, que es precisamente lo pretendido en el recurso de apelación en estudio. Para la Sala las dos vías utilizadas por el contribuyente para explicar el aumento patrimonial gravado resultan infructuosas, toda vez que de una parte la capitalización o revalorización del patrimonio social obtenido por Dimensional de Distribuciones Ltda no tiene influencia en el valor por el cual deben declararse patrimonialmente los aportes, puesto que la norma hace referencia a su costo fiscal, que fue precisamente el cambio legislativo introducido por la Ley 223 de 1995 (art.108), de ahí que el valor de las acciones (que no se cotizan en bolsa) ya no resulta de dividir el patrimonio neto de la sociedad por el número de acciones en circulación o de propiedad de los socios o accionistas [art. 274 derogado por el precepto citado].

    Y de otro lado, bajar el valor patrimonial de tales aportes a $156.192.000 en la corrección de la declaración con posterioridad a la liquidación de revisión, de acuerdo al valor registrado en la declaración de 1996 más lo adquirido en 1997 y el ajuste opcional que aplicó, tampoco constituye un motivo que explique el aumento patrimonial, como quiera que dicha cifra se aparta de lo consignado en la liquidación privada ($255.915.000) objeto de modificación oficial.
      (2014-08-04) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-00921-01(15723)
      SISTEMA ORDINARIO DE DEPURACION - No puede proponerse como subsidiario en caso de desvirtuarse la comparación patrimonial.
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    • COMPARACION PATRIMONIAL - En caso de desvirtuarse no puede proponerse el sistema ordinario de depuración
      PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA - Se vulnera cuando la DIAN plantea dos sistemas de determinación oficial
    Ahora bien, frente a la depuración por sistema ordinario como mecanismo subsidiario en caso de desvirtuarse la comparación patrimonial, la Sala en fallo reciente en atención a que tal proceder viola el debido proceso y el derecho de defensa, y desconoce lo normado en el artículo 702 del Estatuto Tributario que preceptúa que la Administración de Impuestos sólo puede modificar por una sola vez la liquidación privada, como lo alegó el actor en primera instancia, señaló que utilizar esta forma mixta de determinación oficial, además de no estar permitido en ninguna norma tributaria, va en contra de los principios de seguridad jurídica y certeza tributaria que debe acompañar el actuar administrativo y que permite que el contribuyente ejerza plena eficazmente su derecho de defensa.

    El Requerimiento Especial puede proponer como sistema principal de determinación de la renta el de comparación patrimonial y en subsidio el ordinario. Igual facultad existe para la ampliación de Requerimiento Especial, independientemente de que se haya formulado cualquiera de los sistemas en el inicial, es decir, puede plantear una opción o ambas, si a ello hubiere lugar.

    En todo caso, cuando se practique la Liquidación de Revisión sólo debe contener una determinación del impuesto, como lo prevé el artículo 702 ibidem, por lo tanto no se puede aceptar que una vez acogido un sistema de depuración, la Administración plantee otro de manera subsidiaria en la misma liquidación de revisión."
      (2014-08-04) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-00921-01(15723)
      SISTEMA ORDINARIO DE DEPURACION - No puede proponerse como subsidiario en caso de desvirtuarse la comparación patrimonial.
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    • COMPARACION PATRIMONIAL - En caso de desvirtuarse no puede proponerse el sistema ordinario de depuración
      PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA - Se vulnera cuando la DIAN plantea dos sistemas de determinación oficial
    Ahora bien, frente a la depuración por sistema ordinario como mecanismo subsidiario en caso de desvirtuarse la comparación patrimonial, la Sala en fallo reciente en atención a que tal proceder viola el debido proceso y el derecho de defensa, y desconoce lo normado en el artículo 702 del Estatuto Tributario que preceptúa que la Administración de Impuestos sólo puede modificar por una sola vez la liquidación privada, como lo alegó el actor en primera instancia, señaló que utilizar esta forma mixta de determinación oficial, además de no estar permitido en ninguna norma tributaria, va en contra de los principios de seguridad jurídica y certeza tributaria que debe acompañar el actuar administrativo y que permite que el contribuyente ejerza plena eficazmente su derecho de defensa.

    El Requerimiento Especial puede proponer como sistema principal de determinación de la renta el de comparación patrimonial y en subsidio el ordinario. Igual facultad existe para la ampliación de Requerimiento Especial, independientemente de que se haya formulado cualquiera de los sistemas en el inicial, es decir, puede plantear una opción o ambas, si a ello hubiere lugar.

    En todo caso, cuando se practique la Liquidación de Revisión sólo debe contener una determinación del impuesto, como lo prevé el artículo 702 ibidem, por lo tanto no se puede aceptar que una vez acogido un sistema de depuración, la Administración plantee otro de manera subsidiaria en la misma liquidación de revisión."
      (2014-08-04) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Sentencia 18971
    30/04/2014
      Para declarantes y no declarantes, plazo conservación documentos debe ser término de firmeza de renta.
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    • Para declarantes y no declarantes, plazo conservación documentos debe ser término de firmeza de renta, que es la regla general, pero contabilizado a partir de momentos diferentes.
    Síntesis del caso:
    Así lo concluyó la Sala al estudiar la legalidad de la Resolución 1612 de 2005, por la que el municipio de Santiago de Cali estableció los obligados, las especificaciones técnicas y los plazos para presentar información en medios magnéticos por los años gravables 2001 a 2004. La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que anuló los arts. 1 a 3 de ese acto, en cuanto aludían a los periodos gravables del 2001 y 2002, al considerar que transgredían los arts. 632 del E.T. y 46 de la Ley 962 de 2005, dado que en el 2005 la administración no podía pedir información de dichos periodos gravables, pues ello excedía el término de conservación de los mismos que es de 2 años, contados a partir del 1º de enero del año siguiente a la elaboración de los documentos, o de la presentación de la declaración, según el caso.

    Al respecto señaló que la interpretación armónica de las disposiciones citadas impone afirmar que el plazo de conservación de documentos para declarantes y no declarantes debe equivaler al término de firmeza de la declaración de renta, que es la regla general, pero contabilizado a partir de momentos diferentes, así:
    • Para contribuyentes hasta que quede en firme la declaración de renta y, para no contribuyentes, contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo.
      (2014-07-30) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 23001-23-31-000-2000-2934-01(13027)
      PROCESO DE DETERMINACION OFICIAL DEL IMPUESTO - Se inicia con la presentación de la declaración tributaria.
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    • TERMINO DE FIRMEZA DE LA LIQUIDACION PRIVADA - Comienza a correr desde la fecha de presentación de la declaración.
    NORMA PROCEDIMENTAL APLICABLE PARA FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN - Es el procedimiento vigente en el momento de la presentación de la declaración tributaria / LEY PROCESAL EN EL TIEMPO - En cuanto a términos que ya hubieren empezado a correr, se aplica la ley vigente al momento de su iniciación.

    En materia tributaria, la actuación fiscal tendiente a la determinación del gravamen a través de la revisión, empieza no en el momento en que la Administración inicia su actividad fiscalizadora, sino con la presentación de la declaración tributaria y es a partir de esa fecha desde la cual comienza a correr el término de firmeza de la liquidación privada, por lo tanto el procedimiento que lo gobierna es el vigente para ese momento, de conformidad con lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que establece:
    • "Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación".
      (2014-07-29) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 23001-23-31-000-2000-2934-01(13027)
      TERMINO DE FIRMEZA DE LA LIQUIDACION PRIVADA - No es aplicable el artículo 135 de la Ley 223 de 1995 cuando dicho término ya hubiere empezado a correr.
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    • TERMINO DE FIRMEZA ANTES DE LA LEY 223 DE 1995 - Era de dos años contados a partir del vencimiento del término para declarar siempre que no se haya notificado requerimiento especial / LIQUIDACION DE REVISIÓN - Debe ser notificada dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento
    En efecto, de acuerdo a lo anterior, el término de firmeza no puede regirse por lo dispuesto en el mencionado artículo 135 de la Ley 223 de 1995, pues cuando entró en vigencia esta disposición, ya el término había empezado a correr con anterioridad, siendo aplicable, como se dijo el artículo 710 del Estatuto Tributario antes de su modificación, norma que no consagraba el término perentorio de los tres años para notificar la liquidación oficial contados a partir de la fecha de presentación de la declaración privada.

    En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 714 del Estatuto Tributario, la declaración tributaria quedará en firme si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. La declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedará en firme si dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial.

    También quedará en firme la declaración tributaria, si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó. Concordante con lo anterior, el artículo 710 del Estatuto Tributario, antes de la mencionada reforma, disponía que la Administración deberá notificar la liquidación de revisión, cuando haya mérito para ello, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según el caso.
      (2014-07-29) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 23001-23-31-000-2000-2934-01(13027)
      CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE - Debe presentarse para su reconocimiento y en caso de no haber sido expedidos, se acepta el original, copia o fotocopia de la factura o documento respectivo.
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    • DOCUMENTO SUSTITUTIVO DEL CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE - Es el original, copia o fotocopia de la factura.
    De acuerdo a los artículos 373, 374 y 381, es claro para la Sala, que es indispensable presentar los certificados de retención en la fuente expedidos por el agente retenedor para efectos del reconocimiento de las retenciones en la fuente, y en el caso de que estos no hubieran sido expedidos, pueden sustituirse con el original, copia, o fotocopia de la factura o documento en donde conste el pago y además aparezcan identificados los conceptos que la misma disposición señala.

    Lo anterior significa que el certificado de retención en la fuente si bien es la prueba especial para el reconocimiento de las retenciones, no es la prueba única para tal efecto; pues el legislador ha previsto su sustitución con otros documentos, pero respecto de los cuales, se cumplan ciertos requisitos mínimos, como la constancia del pago y la identificación de conceptos tales como el año gravable, el nombre o razón social y Nit del retenedor, su dirección, el nombre o razón social y Nit de la persona a quien se le practicó la retención, el monto total y concepto del pago sujeto a retención, la cuantía de la retención, entre otros requisitos.
      (2014-07-29) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 23001-23-31-000-2000-2934-01(13027)
      RETENCION EN LA FUENTE DESCONTADA EN LA DECLARACIÓN - Su valor debe corresponder al certificado o al que aparezca en las facturas o documentos que lo sustituyan.
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    • CUANTIA DEL CERTIFICADO DE RETENCION - En caso de ser diferente al valor contabilizado, el contribuyente debe explicar y demostrar en qué partidas o por qué conceptos se originó la diferencia.
    De acuerdo con los artículos 373, 374 y 381, Para la Sala es claro que el valor de las retenciones en las fuentes denunciadas en la respectiva declaración debe corresponder al valor que aparece certificado, sin perjuicio que los certificados puedan ser sustituidos por las facturas o documentos como se dijo anteriormente; luego las diferencias que puedan presentarse en los valores registrados en la contabilidad del retenido, deben estar plenamente justificadas y evidenciar que existe algún error en la certificación expedida por el retenedor de forma tal que quede desvirtuada la certeza que en principio arroja este documento, circunstancias que no demuestra el actor a través de la prueba contable, pues en ella simplemente se parte de sus propios registros contables, para afirmar que uno es el valor contabilizado y otro el certificado, pero sin demostrar ni explicar concretamente en que partidas o porque conceptos y en que fechas se originaron tales diferencias.

    En efecto, No se desconoce la idoneidad de la prueba contable que pregona los artículos 774 y 777 del Estatuto Tributario, y que se deriva del cumplimiento de formalidades tales como el registro de los libros, pero lo cierto, es que en el caso bajo examen, esta prueba resulta ineficaz frente a los hechos que pretendían probarse, pues con ella no se esta demostrando el error en que, según lo sugiere la parte actora, ha incurrido el certificado del agente retenedor, de forma tal que lleve al convencimiento pleno que justifique el reconocimiento de un valor superior al que aparece plenamente probado por parte de la Administración y de que tratan los actos acusados.

    En relación con este punto observa la Sala que el mayor valor determinado del impuesto se debió en esencia al rechazo parcial de las retenciones practicadas a la actora en el año gravable discutido y así las cosas, dado que el desconocimiento de la suma mencionada en el punto anterior no se debió a su inexistencia o falsedad sino a la falta de comprobación, considera la Sala que no procede la sanción por inexactitud, que exige para su imposición, en los términos del artículo 647 del Estatuto Tributario que se incluyan retenciones inexistentes y en general la utilización en las declaraciones tributarias de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados.
      (2014-07-29) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2001-02107-01(13899)
      IMPUESTO DE TIMBRE EN DOCUMENTOS Y ACTUACIONES - Su pago como requisito para ser tenidas en cuenta fue declarado inexequible mediante sentencia C-1714 de 2000.
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    • SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD - Rigen hacia el futuro cuando la sentencia no dispone algo distinto.
    Respecto de la necesidad de pagar el impuesto de timbre para que documento pueda ser tenido como prueba, el artículo 540 del Estatuto Tributario establecía:
    • "Ningún documento o actuación sujeto al impuesto de timbre podrá ser admitido por funcionarios oficiales ni tenido como prueba mientras no se pague el impuesto, las sanciones y los intereses de acuerdo con el artículo 535."
    Esta disposición fue declarada inexequible por ser violatorio del debido proceso y particularmente del derecho de defensa mediante sentencia C-1714 de diciembre 12 de 2000, M. P. Dr. Jairo Charry Rivas.

    Tal como lo dispone el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, los efectos de los fallos de la Corte Constitucional, cuando la sentencia no dispone algo distinto, rigen hacia el futuro, lo cual permite concluir que la decisión no afecta situaciones que se encontraban consolidadas, con anterioridad a la fecha de la Sentencia.

    Así mismo las sentencias proferidas por la Corte Constitucional tienen efectos erga omnes, es decir, de obligatorio cumplimiento y oponibles a todos. Estos atributos de los fallos, impiden que una vez proferidos, se apliquen normas declaradas inconstitucionales aun a situaciones ocurridas con anterioridad, si éstas no estaban consolidadas, esto es, cuando la actuación administrativa está en discusión ya sea en la vía gubernativa o en la judicial o no ha precluído la oportunidad para su impugnación.
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    Radicación número: 25000-23-27-000-2001-02107-01(13899)
      CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO COMO PRUEBA - No procede el rechazo por no pago de impuesto de timbre previsto en el artículo 540 del E.T. declarado inexequible.
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    • COSTOS DE VENTA - No pueden ser rechazados como consecuencia de una norma que no estaba vigente al momento de expedirse el acto de la DIAN / IMPUESTO DE TIMBRE - Inexequibilidad hace improcedente rechazar documentos como medios de prueba.
    En el presente caso, cuando se produjo el pronunciamiento de la Corte Constitucional que declaró inexequible el artículo 540 del Estatuto Tributario, la actuación Administrativa se encontraba en discusión en la vía gubernativa, pues no se había decidido el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de Revisión No. 300642000000027 de Abril 25 de 2000.

    Así las cosas, antes de proferirse la Resolución No. 900001 de mayo 25 de 2001, había desaparecido del campo jurídico el pago del impuesto de timbre de los documentos, como requisito para que pudieran hacerse valer como prueba y pudieran ser apreciados por la DIAN como tal, es decir, desapareció el fundamento esgrimido en la liquidación oficial por las Oficinas de Impuestos, para negar el valor probatorio de los contratos de arrendamiento con los cuales la contribuyente pretendió acreditar los costos de venta.

    En consecuencia, el proceder de la Administración que mantuvo el rechazo de los costos, con fundamento en una norma que había sido declarada inexequible, es inaceptable pues la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 540 del Estatuto Tributario, tiene efectos erga omnes y por ende estaba en la obligación de valorar los contratos de arrendamiento aportados por la sociedad contribuyente para acreditar los costos y no continuar con la negativa a apreciarlos al amparo de una norma, que como se indicó, ya no estaba vigente.
      (2014-07-29) [Mas Información]
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    Radicación número: 25000-23-27-000-2001-02107-01(13899)
      PRUEBA SUPLETORIA DE LOS PASIVOS - Implica que se pruebe que las cantidades y su rendimiento fueron declarados por el beneficiario.
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    • DECLARACIONES DE TERCEROS - Son apenas testimonios que deben ser valorados en conjunto con otras pruebas / CERTIFICADO DE CONTADOR O REVISOR FISCAL - No obsta para que la DIAN haga las certificaciones que considere necesarias.
    Según consta en el informe final de visita de inspección tributaria, el préstamo fue recibido de Mauricio Abella Zuluaga, como consta en el recibo de caja, pero está registrado a nombre de Olga Zuluaga, personas que luego de la verificación respectiva, no aparecen como declarantes del impuesto sobre la renta, cuando para el período gravable de 1996, estaban obligadas a declarar las personas naturales que hubieren obtenido ingresos superiores a $11.500.000 y un patrimonio de $88.800.000.

    Es decir que mientras la contribuyente solicita como deducción unos pagos por concepto de intereses, los beneficiarios no los declaran. (fls 661 a 671). Este comprobante de caja no acredita la existencia de la obligación pues para ello se requiere el soporte respectivo que acredite el pasivo, esto es de acuerdo con el artículo 770 del Estatuto Tributario, que esté respaldado por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad.

    Conforme al artículo 771 del Estatuto Tributario el incumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo 770, acarrea el desconocimiento de los pasivos, a menos que se pruebe que las cantidades respectivas y sus rendimientos, fueron oportunamente declarados por el beneficiario, situación que tal como quedó indicado en el informe de visita, tampoco se probó.

    No sobra precisar que si bien el artículo 770 del Estatuto Tributario, da la posibilidad de probar los pasivos con la declaración de terceros, las mismas son apenas testimonios que deben ser valorados en conjunto con otras pruebas, además en el evento en que los mismos no cumplan con el deber de declararlos, es una circunstancia que no puede perjudicar al contribuyente.
      (2014-07-29) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2001-02107-01(13899)
      DEDUCCION POR INTERESES PAGADOS - Rechazo al no aparecer el pagaré soporte y no haber sido declarado por su beneficiario.
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    • INGRESOS POR INTERESES - Al no aparecer declarados por su beneficiario no es procedente la declaración para el deudor / INTERESES MORATORIOS - Requisitos para su deducción.
    La Administración desconoce la suma de $16.800.000 de intereses pagados a la sociedad ASMAR LTDA originados en la compra de maquinaria y equipo, por las mismas razones de los puntos anteriores y además porque consideró desproporcionada la deducción, ya que por una factura de $41.237.113 en el año 1996, se cancelaron intereses equivalentes al 44.13% y no se aportó el pagaré que se menciona como soporte de la factura.

    En la certificación la contadora de la sociedad, indica que en los libros de contabilidad aparece a 31 de diciembre de un pasivo con Asmar y Cia Ltda. por la suma de $40.000.000. Igualmente consta que por intereses a esa firma se cancelaron intereses sobre los préstamos y sobre la mora en el pago de obligaciones por valor de $16.800.000.

    En la factura mencionada, que obra a folio 620 del cuaderno de antecedentes, hay una nota que dice que está respaldada con el pagaré No. 3200728, sin embargo, este documento no fue aportado al proceso. En el informe final de visita de inspección tributaria se anota respecto de los intereses cancelados a Asmar y Cia Ltda. que al consultar los sistemas de información de la DIAN, este contribuyente, no declaró valor alguno por el mismo concepto, en su declaración de 1996. (fl. 662 c.a.).

    El análisis de los documentos citados, permite concluir a la Sala que la actora en este caso, tampoco aportó los documentos externos que permitieran demostrar la existencia de la obligación, a lo cual se agrega que al realizar la DIAN el cruce de información no aparecen reportados esos ingresos por parte del beneficiario del pago, lo cual es un motivo adicional que impide establecer la realidad de éstos pagos.
      (2014-07-29) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-0086-01(15093)
      PASIVO - No se acepta un valor superior al declarado.
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    • CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA - Es la oportunidad para aumentar el valor de los pasivos declarados / DECLARACION TRIBUTARIA - Se aceptan como pasivos solamente los incluídos en aquella.
    Al respecto, observa la Sala que el contribuyente declaró en el renglón 16 "Prestamos por pagar al sector financiero" de su declaración de renta del año 1997, la suma de $7'169.000., valor que fue aceptado por la Administración con base en la certificación aportada por el Banco Davivienda. Sin embargo, no es posible que ante la jurisdicción se pretendan correcciones que pudo realizar el contribuyente en su oportunidad legal y atendiendo los procedimientos establecidos en el artículo 588 del Estatuto Tributario.

    Como ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, si el contribuyente pretendía incluir la diferencia debió acudir a los mecanismos de corrección voluntaria previstos en el Estatuto Tributario. "Por tanto, es inadmisible justificar el incremento patrimonial con el valor de una deuda que el contribuyente no declaró en la liquidación privada y que ahora pretende corregir para aumentarla pues equivaldría a modificarla por fuera de la oportunidad legal."

    Con ello, no se vulneran los artículos 283 y 770 del Estatuto Tributario, como alega el demandante, pues estas normas se refieren a la aceptación de los pasivos solicitados por el contribuyente en su declaración tributaria y en este caso, sólo fue declarada la suma de $7'169.000, que fue reconocida por la Administración, pero no hay lugar a reconocer valores solicitados inoportunamente y por fuera de los procedimientos legales.
      (2014-07-29) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-0086-01(15093)
      CONTRIBUYENTE NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - Sus pasivos deben estar respaldados en documentos de fecha cierta.
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    • DOCUMENTO DE FECHA CIERTA - Es la prueba de los pasivos para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad / DOCUMENTO PRESENTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - No se acepta cuando no cumple los requisitos del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo.
    El artículo 770 del Estatuto Tributario establece que los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán solicitar pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. En los demás casos, se debe contar con documentos idóneos.

    • Y un documento privado cualquiera que sea su naturaleza, tiene fecha cierta o auténtica, desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa, siempre que lleve la constancia y fecha de tal registro o presentación, según el art. 767 ib.
    Así, se estableció un instrumento probatorio que debe ser atendido, de tal suerte que si el documento exigido no existe o es incompleto no es posible demostrar el pasivo. En este caso, el contribuyente no lleva libros de contabilidad, por lo que la prueba de las deudas debía realizarse con documentos de fecha cierta. Se pretende acreditar el pasivo con el cheque girado a la sociedad Industrias Nhitan Ltda el cual fue aportado en segunda instancia, pero no se tiene como prueba conforme a lo decidido en Auto del 24 de agosto de 2005, dado que no reunía los requisitos establecidos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo.

    En conclusión, la obligación del contribuyente con la sociedad no existía a 31 de diciembre de 1997 pues ya había sido cancelada. El actor no comprobó con un documento de fecha cierta aportado en la oportunidad legal la existencia del pasivo en la suma de $15.500.000 a 31 de diciembre de 1997. Por lo anterior no prospera el cargo y debe mantenerse el rechazo planteado en los actos acusados.
      (2014-07-29) [Mas Información]
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    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-0086-01(15093)
      COMPARACION PATRIMONIAL - Objeto.
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    • AJUSTES POR VALORIZACIONES - Se deben realizar al patrimonio para efectos de la comparación patrimonial.
    Al respecto debe señalarse que la renta gravable especial determinada por comparación patrimonial, de que tratan los artículos 236 a 239 del Estatuto Tributario, es un sistema que facilita el control de los ingresos y en consecuencia de la evasión, pues parte del supuesto de que todo incremento del patrimonio líquido, proviene de rentas que han sido capitalizadas.

    Si un contribuyente incrementó su patrimonio, en cuantía superior a las rentas declaradas, se presume que omitió denunciar la diferencia, salvo que justifique el mayor valor patrimonial. Las presunciones constituyen un recurso de la Administración tributaria para establecer hechos cuya prueba puede ser allegada con mayor facilidad por el contribuyente, toda vez que la obtención de la respectiva información resultaría demasiado costosa y difícil para el fisco.

    Su establecimiento está respaldado constitucionalmente en el principio de eficiencia, que exige al Estado controlar la evasión tributaria, de tal forma que se recaude lo que a cada ciudadano le corresponda en virtud de la ley, para que sea efectivo el principio de equidad. Si la Administración encuentra un incremento patrimonial injustificado, acude a este sistema especial de determinación de la renta, teniendo en cuenta los datos declarados.

    De conformidad con el inciso segundo del artículo 237 del Estatuto Tributario, previamente a la determinación de la renta por el sistema especial, en relación con el patrimonio deben realizarse los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales.
      (2014-07-29) [Mas Información]
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    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-0086-01(15093)
      SANCION POR INEXACTITUD - Deber levantarse ante falta de prueba o el cumplimiento de deberes formales.
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    • DIFERENCIA DE CRITERIOS - Descarta la sanción por inexactitud.
    La Sala, al igual que resolvió en una situación fáctica similar a la que ahora se juzga, considera que debe levantarse la sanción por inexactitud, pues la falta de prueba o del cumplimiento de requisitos formales para acceder a ciertos derechos o beneficios de orden fiscal (costos, deducciones, pasivos etc.) no implican que el rubro sea inexistente o que provenga de operaciones simuladas o que se hubiese utilizado en la declaración datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados según voces del artículo 647 del Estatuto Tributario.

    En el presente caso, adicionalmente a las falencias probatorias, se observa una diferencia de criterios respecto a la forma en que debía declararse los aportes, así como la concepción legal de pasivos para quienes no llevan libros de contabilidad, por lo cual la sanción por inexactitud será levantada.
      (2014-07-29) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Sentencia 18971
      Para declarantes y no declarantes, plazo conservación documentos debe ser término de firmeza de renta, que es la regla general, pero contabilizado a partir de momentos diferentes.
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    • DIFERENCIA DE CRITERIOS - Descarta la sanción por inexactitud.
    Síntesis del caso:
    Así lo concluyó la Sala al estudiar la legalidad de la Resolución 1612 de 2005, por la que el municipio de Santiago de Cali estableció los obligados, las especificaciones técnicas y los plazos para presentar información en medios magnéticos por los años gravables 2001 a 2004.

    La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que anuló los arts. 1 a 3 de ese acto, en cuanto aludían a los periodos gravables del 2001 y 2002, al considerar que transgredían los arts. 632 del E.T. y 46 de la Ley 962 de 2005, dado que en el 2005 la administración no podía pedir información de dichos periodos gravables, pues ello excedía el término de conservación de los mismos que es de 2 años, contados a partir del 1º de enero del año siguiente a la elaboración de los documentos, o de la presentación de la declaración, según el caso.

    Al respecto señaló que la interpretación armónica de las disposiciones citadas impone afirmar que el plazo de conservación de documentos para declarantes y no declarantes debe equivaler al término de firmeza de la declaración de renta, que es la regla general, pero contabilizado a partir de momentos diferentes, así: Para contribuyentes hasta que quede en firme la declaración de renta y, para no contribuyentes, contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo.
      (2014-07-29) [Mas Información]
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    Radicación número: 4381
      ACTA DE INSPECCION TRIBUTARIA - Naturaleza / PRUEBA PERICIAL - Valor probatorio
    • Las aseveraciones de la Administración de adicionar ingresos a la base gravable podían controvertirse por la contribuyente
    Porque el acta de visita administrativa de inspección no tiene el carácter de prueba pericial irrefutable no solo porque la práctica de la misma no se sujeta a los principios y formalidades de ésta, sino porque a los funcionarios que en ellas intervienen no se les exige que ostenten la condición de contadores públicos, de suerte que la respectiva acta permite presumir la coincidencia con los datos consignados en los libros de contabilidad.

    No puede pretenderse entonces que sea prueba absoluta e incontrovertible porque es precisamente la misma Ley la que permite al contribuyente formular los descargos en ella contenidos y especialmente porque el principio de publicidad y contradicción de la prueba así lo exige.
      (2014-07-25) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 4381
      ERROR CONTABLE - Corrección
    • CONTABILIDAD - Los errores deben corregirse con un nuevo asiento contable
    Si bien es cierto que de acuerdo con la ley cualquier error u omisión en la contabilidad debe salvarse con un nuevo asiento en la fecha en que el error se advierte, la actora no cumplió con tal exigencia toda vez que sí incurrió en error al elaborar el asiento de una factura para lo cual elaboró un anota crédito para anular la factura respectiva era en esta oportunidad en la que supuestamente no solo evidenció el error sino que produjo el comprobante de diario, en la que ha debido efectuar el correspondiente asiento de corrección y no esperarse para hacer la reversión contable en un período gravable distinto a aquel en que detectó el error.

    Ese hecho permite deducir que para el período sub - lite la sociedad tenía dos registros distintos por operaciones de ventas a la misma sociedad, ambos por distinto valor.
      (2014-07-25) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 4381
      PRUEBA DOCUMENTAL - Ineficiencia
    • DOCUMENTO AUTENTICO - Lo son las copias / COPIA - Valor probatorio
    El contribuyente para probar las aseveraciones hechas acompaña una fotocopia de fotocopia autenticada por Notario, de las facturas cuestionadas que no constituyen prueba suficiente de los hechos alegados,
    • en primer lugar porque ellas solo reflejan el valor de unas ventas gravadas a determinadas tarifas pero no desvirtúan los hechos glosados relacionados con la no inclusión total en la declaración de los impuestos que legalmente liquidó o debió liquidar la sociedad y

    • en segundo lugar porque de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil "las copias tendrán el mismo valor del original cuando sean autenticadas por Notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada, "y las aportadas con ocasión de la demanda corresponde a fotocopia autenticada de otra fotocopia sin autenticación.
      (2014-07-25) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00367-01(14978)
      TERMINO PARA DEVOLVER SALDOS A FAVOR - Es de 30 días siguientes a la fecha de la solicitud oportuna
    • SUSPENSION DEL TERMINO PARA DEVOLVER - Procede hasta por 90 días para que la DIAN adelante la investigación.
    REQUERIMIENTO ESPECIAL - Al no notificarse dentro del término para devolver, el reintegro se debe hacer por el monto solicitado.
    El Tribunal anuló la liquidación de revisión por considerar que el requerimiento especial había sido proferido por fuera del término legal [artículos 855 y 857-1 E.T.]. Sin embargo, a juicio de la Sala, incurrió en el error de confundir el término para efectuar la devolución de un saldo a favor, con el término para notificar el requerimiento especial y la firmeza de la declaración.

    En efecto, la DIAN debe devolver (previa las compensaciones a que haya lugar) los saldos a favor originados en los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la solicitud oportuna de devolución [artículo 855 del Estatuto Tributario].

    Pero, si existen indicios de inexactitud en la declaración que genera el saldo a favor, se puede suspender hasta por 90 días, para que la División de Fiscalización adelante la correspondiente investigación [artículo 857-1 E.T.]. Si culminada la investigación, la DIAN profiere requerimiento especial, sólo se devuelve el saldo sobre lo que se plantee en el mismo y si no se profiere requerimiento especial, se debe devolver el saldo solicitado
      (2014-07-25) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00367-01(14978)
      DEDUCCION POR SALARIOS - Para su aceptación debe estarse a paz y salvo por aportes parafiscales
    • INDEMNIZACION POR SALARIO - No son salario / PAGO POR INDEMNIZACION - Está integrado por el daño emergente y el lucro cesante.
    Según el Estatuto Tributario [108] para aceptar la deducción por salarios, los contribuyentes obligados a pagar subsidio familiar y a hacer aportes al SENA, al ISS, y al ICBF, deben estar a paz y salvo por tales conceptos por el respectivo año gravable.

    Conforme a las normas laborales, entre ellas, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte (primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, etc.).

    Y según el 128 ibídem, no son salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones (gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y similares).
      (2014-07-25) [Mas Información]
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    Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00367-01(14978)
      DEDUCCION POR GASTOS EN EL EXTERIOR - Requisitos
    • INGRESOS POR FUENTE NACIONAL - Son deducibles los gastos al exterior que tengan relación de causalidad con aquellos
    Según el Estatuto Tributario [120], cuando existan deudas por concepto de deducciones que deban ser pagadas en moneda extranjera, los saldos pendientes de pago en el último día del período gravable se ajustan (pérdidas y ganancias y la cuenta por pagar) al tipo oficial de cambio.

    El día que el contribuyente pague la deuda debe hacer el correspondiente ajuste, por la diferencia entre el valor en pesos colombianos efectivamente pagado y el valor de la deducción a que los pagos se refieren.

    De otra parte, el Estatuto reconoce como deducibles los gastos hechos en el exterior, siempre que tengan relación de causalidad con rentas de fuente dentro del país, que se haya efectuado la retención en la fuente (art. 121), no excedan el 15% de la renta líquida del contribuyente (art. 122), se cumplan las regulaciones del régimen cambiario (art. 123) y se trate de pagos efectuados a la casa matriz
      (2014-07-25) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00367-01(14978)
      DEDUCCION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION - Se acepta al determinarse la fecha, beneficiario y realidad del pago
    • GERENTE DE SOCIEDAD - Los pagos a su nombre pero respecto de la sociedad son deducibles.
    En la liquidación de revisión se rechazó la partida porque el documento que contenía el contrato de suministro celebrado con Simet Co., y las cuentas de cobro carecían de la fecha de la operación, por lo que no reunía los requisitos del artículo 22 del Decreto 836 de 1991 (nombre o razón social del vendedor, el NIT, la descripción específica o genérica de los bienes o servicios, la fecha de la operación y su valor).

    Los documentos aportados por la sociedad fueron:
    • el contrato de suministro de alimentación (almuerzos y comidas) para los trabajadores de la empresa firmado el 1 de enero de 1995 entre el representante de la sociedad y Carmen Palma Barrios,
    • los comprobantes de egreso con beneficiario Simet Co.,
    • las copias de los cheques girados a esa sociedad y
    • las cuentas de cobro por concepto del suministro de almuerzos y comidas a Laboratorios Rymco.
    Con estos documentos se determinar la fecha de la operación, la realidad de los pagos, su concepto, el beneficiario, con nombre y NIT y el valor. Por tanto, se cumplen los requisitos del artículo aludido.

    El hecho de que el contrato haya sido firmado por Carmen Palma, sin invocar su calidad de gerente de Simet Co., no altera el beneficiario de los pagos, pues desde que se constituyó esa sociedad, se designó como gerente a la mencionada señora, quien además, suscribió, a nombre de la sociedad, las cuentas de cobro en que se sustenta la deducción.
      (2014-07-25) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00367-01(14978)
      PASIVOS - Requisitos para su aceptación en contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad.
    • DOCUMENTO DE FECHA CIERTA - Sirve para demostrar pasivos en los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad.
    Según las normas tributarias [283 y 770 E.T.] los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán solicitar los pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta, mientras que para los contribuyente que estén obligados a llevar contabilidad, los pasivos deben estar respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad, so pena de su desconocimiento, a menos que se pruebe que las cantidades respectivas y sus rendimientos, fueron oportunamente declarados por el beneficiario (771 ibídem).

    En el presente caso, la demandante es comerciante (Código de Comercio [20 y 100]) y se encontraba obligada a llevar contabilidad, en consecuencia, para el reconocimiento de los intereses no procedía exigir que el pasivo constara en documento de fecha cierta, pues, estas obligaciones debían estar respaldadas por documentos idóneos en los que se precisara la obligación según el origen y naturaleza del crédito y además, se registrara en su contabilidad, de acuerdo con las exigencias legales.

    La DIAN practicó inspección contable a la sociedad y no cuestionó la realidad de los pagos por falta de documentos idóneos, de soportes que los respaldaran o, de su falta de registro en la contabilidad de acuerdo con las normas legales.
      (2014-07-25) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 08001-23-31-000-1998-00367-01(14978)
      SANCION A REVISOR FISCAL - Es nula ante la falta de sustento.
    • LIQUIDACION DE REVISION - No es el medio para imponer sanción a revisor fiscal
    La DIAN impuso sanción al revisor fiscal, consistente en la pérdida de la facultad para firmar declaraciones tributarias y certificar estados financieros con destino a la DIAN y, aunque en la liquidación de revisión no explica el motivo de la sanción ni menciona las normas que la fundamentan, en el requerimiento especial, se citan los artículos 660, 661 y 661-1 del Estatuto Tributario.

    No obstante la falta de sustento de la sanción es suficiente para declarar su nulidad, la Sala observa que los artículos mencionados, prevén un procedimiento especial para su imposición, que no fue cumplido por la DIAN, como la notificación de un requerimiento al revisor para que responda los cargos y solicite pruebas.

    Además, la sanción se impone mediante resolución, contra la cual procede apelación y no en la liquidación de revisión, razón por la cual, la DIAN no podía sancionar al revisor fiscal en el acto liquidatorio de la sociedad y por ello se anulará.
      (2014-07-25) [Mas Información]
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    Radicación número: 08001-23-31-000-1999-02608-01(14229)
      SANCION POR GASTOS NO EXPLICADOS - Procede por no explicar o por no ser suficiente la notificación
    • Requisito del pliego de cargos.
    De acuerdo con el artículo 663 del Estatuto Tributario, cuando el total de las compras, costos y gastos del contribuyente excedan de la suma de los ingresos declarados y los pasivos adquiridos en el respectivo año gravable, corresponde al contribuyente explicar dicha diferencia, y en caso de no hacerlo se hace acreedor a una sanción pecuniaria equivalente al 100% de la diferencia no explicada.

    La conducta sancionada por el artículo en mención no sólo se tipifica cuando el contribuyente se abstiene de dar las explicaciones requeridas por la autoridad fiscal, sino "cuando las razones que se exponen para justificar la diferencia no son lo suficientemente explícitas, de modo que se entienda justificado el exceso de los gastos respecto de los ingresos y pasivos adquiridos".

    La sanción por gastos no explicados corresponde al 100% de la diferencia entre las compras, costos y gastos del contribuyente, que excedan los ingresos declarados y los pasivos adquiridos en el año. Para fijar la relación sólo debe tenerse en cuenta como factor declarado el correspondiente a "ingresos", pues, conforme al artículo 663 del Estatuto Tributario, los demás factores son "los pasivos adquiridos en el año", y en general, los costos y gastos efectuados por el contribuyente.
      (2014-07-25) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 08001-23-31-000-1999-02608-01(14229)
      SANCION POR GASTOS NO EXPLICADOS - Debe tomar pasivos adquiridos en la misma vigencia fiscal so pena de nulidad.
    • DOCUMENTOS DE FECHA CIERTA - Tarifa legal de la prueba: letras con presentación ante notario.
    PRINCIPIO DE NECESIDAD DE LA PRUEBA - Letras con presentación ante notario; sanción por gastos no explicados.
    Al respecto, la Sala reitera que la fórmula empleada por la Administración para establecer la diferencia objeto de explicación, incluye un concepto que no contempla el artículo 663 del Estatuto Tributario, esto es, el pasivo declarado en 1994, puesto que toma ese valor y lo resta del denunciado en 1995, con lo cual obtiene una diferencia que disminuye los ingresos efectivamente declarados. Tal procedimiento, en consecuencia, contraría el artículo 663 del Estatuto Tributario, dado que para establecer la diferencia objeto de sanción la norma ordena tomar los ingresos declarados y los pasivos adquiridos en el mismo año, y es la suma de estos dos conceptos la que se compara con el valor que resulte denunciado por compras, costos y gastos, en la misma vigencia fiscal.

    En el caso sub júdice no existe discusión acerca de que el actor es un contribuyente no obligado a llevar contabilidad. Por lo tanto, le es aplicable el artículo 770 del Estatuto Tributario, que prevé que tales contribuyentes "sólo podrán solicitar pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta". Es importante precisar que la norma en mención constituye un ejemplo de tarifa legal de prueba en materia tributaria, pues, conforme a su texto, sólo procede el reconocimiento de pasivos de un contribuyente no obligado a llevar contabilidad, si están respaldados en documentos de fecha cierta, motivo por el cual no es admisible probar la existencia de deudas con otro medio de prueba.

    Pues bien, consta en el expediente que el actor suscribió, en calidad de aceptante, una letra de cambio a la orden de Isaac Acuña Perea, por $30.000.000 y otra a la orden de Parménides Toloza Fernández, por $15.354.736. Consta también que ambos títulos valores fueron presentados personalmente por el demandante, ante el Notario Único de Pedraza (Magdalena), el 4 de diciembre de 1995, por lo que conforme al artículo 767 del Estatuto Tributario, esta es la fecha cierta de tales documentos.
      (2014-07-25) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 11001-03-27-000-2005-00051-01(15698)
      DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA - El alcance del contrato celebrado con extranjeros sin residencia ni domicilio en el país
    • CONTRATO CON EXTRANJEROS SIN RESIDENCIA O DOMICILIO EN EL PAIS - Su exigencia como factura para los impuestos descontables.
    De la confrontación de la disposición acusada con la normatividad superior invocada, a juicio de la Sala no surge prima facie el quebrantamiento aducido, pues el artículo 485 del Estatuto Tributario al hacer referencia a los impuestos que son descontables, indica que es descontable el impuesto sobre las ventas que conste en la respectiva factura o documentos equivalentes y el reglamento acusado establece que el contrato celebrado con extranjeros sin residencia ni domicilio en el país, es un documento equivalente a la factura; entonces, para determinar si el contrato al que alude la norma acusada, tiene el alcance de una factura para los efectos contemplados en el artículo 485 del Estatuto Tributario, debe la Sección efectuar un estudio que involucre el análisis de las normas que tratan la materia, preceptivas que deben necesariamente estudiarse en forma sistemática y coordinada, dentro del contexto del tema en debate, análisis que es propio de efectuarse en la decisión de fondo que dirima la controversia y no en esta etapa inicial del proceso.
      (2014-07-25) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 23001-23-31-000-2000-2934-01(13027)
      PROCESO DE DETERMINACION OFICIAL DEL IMPUESTO - Se inicia con la presentación de la declaración tributaria
    • TERMINO DE FIRMEZA DE LA LIQUIDACION PRIVADA - Comienza a correr desde la fecha de presentación de la declaración.
    En materia tributaria, la actuación fiscal tendiente a la determinación del gravamen a través de la revisión, empieza no en el momento en que la Administración inicia su actividad fiscalizadora, sino con la presentación de la declaración tributaria y es a partir de esa fecha desde la cual comienza a correr el término de firmeza de la liquidación privada, por lo tanto el procedimiento que lo gobierna es el vigente para ese momento, de conformidad con lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que establece:
    • "Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación".
    Es claro para la Sala, que en el presente caso, cuando la sociedad actora presentó su declaración tributaria, el día 5 de junio de 1995, la norma que se encontraba vigente era el artículo 710 del Estatuto Tributario, antes de la reforma introducida por el artículo 135 de la Ley 223 de 1995, pues esta Ley fue publicada el 22 de diciembre de 1995 en el Diario Oficial N° 42160, es decir posteriormente, por lo que sus disposiciones en cuanto a los términos que ya hubieren iniciado a correr no eran aplicables.
      (2014-07-25) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 5288
      DOCUMENTO EXTERNO / LIBROS DE CONTABILIDAD - Valor probatorio / DOCUMENTO FUENTE / ASIENTO CONTABLE
    • Evidentemente para que los libros sean "prueba suficiente" en materia fiscal es requisito que reflejen completamente la situación del contribuyente y que los asientos estén respaldados por comprobantes internos y externos.
    El contexto del art. 1o, del Decreto 1495 de 1978 permite determinar que el comprobante externo de contabilidad, soporte del asiento, comprobante a lo expuesto por la administración puede ser elaborado por el contribuyentes para registrar operaciones con terceros. Este comprobante es independiente y diferente del documento fuente, en el cual puede intervenir el propio contribuyente (deudor de un crédito, factura o tiquete de venta, recibo de caja), el contribuyente y el otro sujeto de la relación contractual activo pasivo (escrituras de compra, contrato de arriendo, contrato de suministro, etc.) e incluso puede corresponder a documentos suscritos por terceros (compra-venta de factoring de créditos, o de toda clase de derechos y obligaciones, así como la negociación de títulos valores por terceros, etc.).

    Entonces mal puede argumentarse que en todos los casos, para el debido asiento contable sea indispensable la existencia física o documento externo, porque desde ese punto de vista al que suscribe un título valor como girador, otorgante, endosante, etc., que para efectos de la titularidad del documento y ejercicio del derecho en él incorporado debe entregar, no estaría en posibilidad de asentar la operación por ausencia física del documento.
      (2014-07-24) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 5288
      SANCION POR LIBROS - Improcedencia / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA
    • Como del acervo probatorio se concluye que la actora no incurrió en ninguno de los hechos de los arts. 34 del Decreto 2821 y 56 del Decreto 3803 de 1982 que establecen irregularidades de la contabilidad, únicas normas frente a las cuales debía analizarse la supuesta conducta infractora, en virtud del principio de legalidad que exige la preexistencia de una norma que contemple el hecho infractor con anterioridad a su comisión.
    Así mismo en la cuantificación de la sanción, debieron aplicarse los montos establecidos en el art. 67 del Decreto 3803 de 1982, vigente cuando se cometió el hecho, y no la determinada en el art. 64 del Decreto 2503 de 1987 que invocó la Administración entre los fundamentos legales del acto acusado, desconociendo el principio de legalidad de la pena.

    Luego la sanción por libros impuesta con base en normas que no existían cuando se cometió el hecho calificado como irregular, incurrió adicionalmente en violación de la Ley.
      (2014-07-24) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 5294
      LIBRO DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS.
    • FACTURA - obligatoriedad / DOCUMENTO EQUIVALENTE / LIBRO DE REGISTRO DE OPERACIONES DIARIAS / EXCEPCIONES PARA NO FACTURAR
    "Prevé el Estatuto Tributario en el artículo 616 de manera taxativa las excepciones a expedir factura, sin que en tal enumeración exista alguna que permita a quienes prestan el servicio de juegos electrónicos sustraerse en tal obligación, a no ser que reúnan todos los requisitos exigidos en dicho artículo, y siempre que, conforme con lo señalado en el inciso 1º. , diariamente elaboren el comprobante interno en virtud del cual se registran global o individualmente las operaciones diarias, que hará, por disposición legal, las veces de documento equivalente a la factura, el cual puede sustituirse únicamente por el libro de registro de operaciones diarias por cada establecimiento en el que se identifique al contribuyente, esté numerado y se anoten cronológica y diariamente, en forma global o discriminada, las operaciones efectuadas.

    En este orden de ideas, cuando el artículo 21 inciso 2º. Del Decreto 836 de 1991 otorga, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de expedir factura, una opción a quienes prestan el servicio de juegos electrónicos, cuando la práctica comercial les dificulte expedir una factura por cada operación, para elaborar un documento diario (factura diaria), en el cual registre las operaciones diarias de cada establecimiento o sitio, no vulnera las normas superiores invocadas en la demanda sobre la obligación de expedir facturas".
      (2014-07-24) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 08001-23-31-000-1996-1676-01(12315)
      PERSONERIA ADJETIVA DEL DEMANDANTE - Se tiene cuando el poder se refiere a todos los actos relacionados con una declaración tributaria
    • PODER DEFICIENTE - No configura causal de entidad procesal de acuerdo al artículo 140 del C.P.C. / SENTENCIA INHIBITORIA - No amerita cuando el poder no es otorgado en debida forma
    Respecto a la solicitud de fallo inhibitorio efectuada por la parte demandada, según la cual existe ilegitimidad en la personería adjetiva, por cuanto el poder otorgado tan solo se circunscribe a autorizar que se demande la Liquidación Oficial de Revisión No. 0044, del 26 de mayo de 1995, mas no la Resolución No. 54 del 20 de junio de 1996, Observa la Sala que a folio 1 del expediente figura el poder otorgado a la apoderada judicial de la demandante en el cual está plenamente identificado el asunto para el cual se otorga, referente a la actuación administrativa "correspondiente a declaración de Renta y Complementarios de Personas Naturales del año gravable de 1993"", señalamiento que para la Sala es suficiente para entender que se trata de la demanda de los actos proferidos por las Autoridades Tributarias, acorde con los presupuestos establecidos en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil.

    Aún en el evento de que el poder no fuere otorgado en debida forma, tal omisión tampoco tiene la entidad suficiente para acarrear un fallo inhibitorio, pues el artículo 140 del C.P.C. al enlistar las causales de nulidad de los procesos, prescribió en su numeral 7º que la indebida representación de las partes, sólo se configura tratándose de apoderados judiciales, "por carencia total de poder para el respectivo proceso", lo cual en la presente oportunidad no sucede.
      (2014-07-24) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 08001-23-31-000-1996-1676-01(12315)
      PROCESO DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS - Es independiente del proceso de verificación de los saldos a favor / ACTO DEFINITIVO - No lo es un auto de archivo en la etapa de investigación y fiscalización
    • Por su propia índole y porque las normas que los regulan así lo expresan, los actos expedidos por la Unidad de Fiscalización son previos, preparatorios o de trámite.
    Así se desprende del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, en conexión con el 49 ib., toda vez que no "deciden directa o indirectamente el fondo del asunto". En el presente caso, el auto de archivo No. 01423 proferido por la División de Fiscalización de la Administración Local de Barranquilla, no decidió directa o indirectamente el fondo de la cuestión, no pudo tener aptitud para hacer imposible la continuación del trámite por otra unidad de la misma DIAN; por lo demás el mismo estaba referido al programa "PRE-DEVOLUCIONES", el cual es distinto al de determinación oficial del impuesto.

    Reiteradamente la Sala ha señalado que son distintos el proceso de determinación del impuesto y el de verificación de los saldos a favor, que debe hacerse previamente a la devolución de los mismos. En consecuencia reitera la Sala que el aludido auto de archivo en este proceso no es un acto definitivo, puesto que éste se profirió en el programa específico de "PRE-DEVOLUCIONES" en la etapa de investigación o fiscalización, con ocasión de la devolución solicitada y sólo en relación con la misma, sin que en ningún momento se hubiere proferido requerimiento especial por el concepto de devoluciones, máxime cuando la devolución no constituye un derecho definitivo a favor del contribuyente.

    Estima la Sala que los actos acusados se profirieron dentro del término legalmente establecido, otorgándole al contribuyente la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, razón por la cual al proferirse el auto de archivo en relación con el programa de "PRE-DEVOLUCIONES", no se vulneró ningún derecho al contribuyente ni se aplicó un procedimiento diferente al legal.
      (2014-07-24) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 08001-23-31-000-1996-1676-01(12315)
      DOCUMENTO PARA LA PROCEDENCIA DE COSTOS Y DEDUCCIONES - Debe contener nombre o razón social, NIT, descripción del bien, fecha, valor de la operación e IVA
    • COSTOS SOPORTADOS EN FACTURA SIN REQUISITOS PRE IMPRESOS - El no tener pre impresos la razón social y el NIT no es causal de rechazo de los costos
    IMPUESTO DESCONTABLE - No puede ser rechazado por no tener la factura algunos requisitos pre impresos / FACTURA EXPEDIDA SIN REQUISITOS PRE IMPRESOS - No puede trasladarse la sanción aplicable al vendedor a quien actúa como adquirente de bienes o servicios.

    De acuerdo con el decreto 836 de 1991 artículo 22, el documento que sirve de soporte para la procedencia del descuento, que en el sub judice es la factura, debe contener el nombre o razón social del vendedor, el NIT, la descripción específica o genérica de los bienes o servicios, la fecha de la operación y su valor, al igual que el monto del impuesto sobre las ventas de los bienes o servicios adquiridos.

    La Sala no comparte el rechazo de los costos facturados por parte de la Administración, pues ésta decisión no se fundamenta en la omisión de los requisitos que expresamente dispuso el Gobierno para la procedencia de los descuentos, sino, por el contrario, en la falta de un requisito no previsto por el reglamento, y por lo mismo, no obligatorio para efectos de tener derecho al descuento, cual es la impresión a través de medios litográficos, tipográficos o similares, de la razón social y Nit del vendedor.

    Es evidente que las facturas que dieron lugar al rechazo de los impuestos descontables no tenían el preimpreso de los datos ya indicados, pero es cierto también que el artículo 22 del Decreto 836 de 1991, en ninguna parte condiciona la procedencia de los impuestos descontables, costos y deducciones a la indicación en la factura de venta del preimpreso de la razón social y Nit del vendedor y del número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva, lo que significa que las facturas exhibidas a la Administración cumplían los requisitos señalados en el reglamento para la procedencia de los impuestos descontables.

    Una es la sanción para el vendedor que no cumple de manera precisa los requisitos que la ley ordena para la expedición de las facturas (artículo 652 del Estatuto Tributario) y otra, la sanción para el adquirente de bienes y servicios y no puede trasladársele a éste último la deficiencia o el error del vendedor, pues ello implicaría establecer trabas para el comercio al obligar a todo comprador a revisar si los datos en mención están o no preimpresos.
      (2014-07-24) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 8090
      SOCIO CAPITALISTA / SOCIO INDUSTRIAL / OBLIGACION DE DAR / OBLIGACION DE HACER .
    • APORTE DE INDUSTRIA - Modalidades / APORTE DE INDUSTRIA CON ESTIMACION / APORTE DE INDUSTRIA SIN ESTIMACION / SOCIEDAD LIMITADA
    A diferencia del socio capitalista que lleva al fondo social bien sea dinero o cualquier determinado apreciable en dinero, asumiendo en el contrato social para con el ente jurídico una obligación de dar, el socio industrial por el contrario, adquiere una obligación de hacer, la cual cumple de manera sucesiva en la medida en que desarrolla su fuerza laboral para la sociedad o facilita para la misma sus conocimientos intelectuales, tecnológicos, comerciales, etc. de manera permanente o esporádica, según lo pactado en los estatutos sociales.

    De acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio al aporte de industria puede adoptar dos modalidades:
    • 1. El estimado en un valor determinado, el cual se considera efectuado de manera sucesiva en la medida en que el socio presta o facilita a la sociedad la prestación acordada, para al final del ejercicio autorizar, con cargo al estado de ganancias y pérdidas el valor que corresponda al aporte efectivamente realizado, modalidad esta ejecutable en las sociedades por acciones -artículo 139 C. de Cio.-

    • 2. El aporte de industria sin estimación de su valor cuya característica es la de no estar destinado a la liberación de acciones, cuotas o partes de capital, sino que el cumplimiento de la obligación de hacer tiene como contraprestación la de participar en las utilidades en el porcentaje pactado, y a falta de estipulación sobre el particular, a una participación equivalente a la del mayor aporte de capital (C. de Cio. artículo 150 parágrafo).
      (2014-07-17) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 8090
      DOCUMENTO PARA PROCEDENCIA DE COSTOS - Requisitos / FACTURA PARA PROCEDENCIA DE COSTOS.
    • DEDUCCION POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO - Improcedencia.
    Se estima que la pretensión de la actora ahora apelante encaminada a obtener el reconocimiento fiscal de los gastos discutidos (por conceptos de compras de artículos de aseo y otros) con base en los comprobantes de egreso elaborados por la misma, no es de recibo, como quiera que en tal evento, el documento soporte de la operación (compras) está constituido por las correspondientes facturas de compra, las cuales como aparece probado en el proceso carecen de los requisitos exigidos en el artículo 22 del Decreto 836 de 1991, por lo que mal puede pretenderse con fundamento en los comprobantes de egresos sin el debido soporte, el reconocimiento fiscal de gastos.

    Con relación a la sanción por inexactitud deberá ser levantada, por dos razones:
    • La primera, porque evidentemente no hubo denuncio de gastos inexistentes, ni siquiera falta de comprobación de los mismos, pues el problema de rechazo del gasto estaba referido a una diferencia de criterio entre la Administración y el contribuyente acerca de la procedencia del pago de honorarios a los socios de la compañía, circunstancia que a la luz del artículo 647 del Estatuto tributario no configura inexactitud.

    • La segunda porque la Administración con relación a los gastos menores ($100.000) no estableció que fueran inexistentes, sino que los soportes respectivos (facturas) carecían de requisitos, lo cual no conduce a una inexactitud sancionable, sino al desconocimiento de la deducción o costo.
      (2014-07-17) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 7158
      DOCUMENTO INTERNO - Comprobante de contabilidad/DOCUMENTO EXTERNO - Comprobante de contabilidad
    • Son de orden externo los documentos que se producen para registrar operaciones con terceros, como las facturas de ventas, los recibos de caja, los comprobantes de pago, los comprobantes de devoluciones, etc. y deben contener la fecha de expedición, número de serie, detalle, valor y forma de pago, cuando fuere pertinente
    Conforme al artículo 1º del Decreto 1495 de 1978 "los documentos que justifican los comprobantes de contabilidad y respaldan las partidas asentadas en los libros, son de orden interno y externo" y define estos últimos así:
    • "Son de orden externo los documentos que se producen para registrar operaciones con terceros, como las facturas de ventas, los recibos de caja, los comprobantes de pago, los comprobantes de devoluciones, etc. y deben contener la fecha de expedición, número de serie, detalle, valor y forma de pago, cuando fuere pertinente...".
    Atendiendo a esta definición de "soporte externo" puede afirmarse, que las "órdenes de pago" o "comprobantes de egreso" constituyen una clase de soporte externo, en la medida en que cumplan los requisitos exigidos por la ley, y demuestren la vinculación con el tercero o beneficiario del pago, es decir, que contengan el recibo, con la identificación y firma del beneficiario del pago o de la persona autorizada para recibirlo, ello de conformidad con el artículo 11 del Decreto 80 de 1984 modificatorio de los incisos 5º y 6º del precitado Decreto 1495.
      (2014-07-17) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 7158
      EXPENSA NECESARIA - Requisitos para su deducibilidad.
    • DEDUCCION POR TIQUETE AEREO INTERNACIONAL - Improcedencia / DEDUCCIONES - Requisitos
    Es claro y determinante el texto del artículo 107 del Estatuto Tributario, al establecer que para que las expensas sean deducibles se requiere que el gasto sea "necesario", o sea, el normal para producir o facilitar la generación de la renta por parte de la actividad generadora de la misma, y lo acostumbrado en la correspondiente actividad empresarial, vale decir, proporcional de acuerdo a la actividad, y que exista una "relación de causalidad" la cual está referida al vínculo que debe existir entre la actividad productora de renta y el motivo de las expensas.

    Así pues, la circunstancia de que los gastos por concepto de "tiquetes aéreos internacionales" de las personas que detalla el acta de inspección contable y el dictamen pericial se encontraban oportuna y debidamente contabilizados, demuestran la realidad del gasto, no cuestionada por la administración; pero, en manera alguna, la relación de causalidad que originó el rechazo de tales erogaciones, y que constituye requisito esencial para su admisibilidad como deducción.

    Por ello se encuentra válida la objeción que ha formulado la Nación, pues la simple afirmación del demandante, en el sentido de que tales gastos "obedecen a gastos en beneficio de la sociedad" no demuestra la relación de causalidad entre el gasto y la actividad generadora de la renta, por el contrario, demuestra que se trata de un gasto posiblemente "conveniente" pero no necesario, razón por la cual y atendiendo al hecho de que no se demostró en forma clara e inequívoca la relación de causalidad de tales gatos, fue correcto el proceder de la administración al glosarlos.
      (2014-07-17) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 7158
      DEDUCCION POR SALARIOS - Aportes parafiscales.
    • PAGO NO SALARIAL - Requisitos / BONIFICACION - Naturaleza.
    El artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, exige el cumplimiento de dos condiciones simultáneas que excluyen los pagos recibidos por el trabajador, de la estimación como salario, esto es,
    • a) que sean ocasionales y
    • b) que se paguen por mera liberalidad.
    Ello significa que, para que un pago, como es el caso de una "bonificación" no constituya salario, no es suficiente el ánimo liberal con que se otorgue, sino que también se requiere la condición de "ocasional" (no habitual). El término "habitual" es conforme al diccionario de la lengua y al sentido natural y obvio del vocablo lo "que hace, padece o posee con continuación y por hábito", esto es, "por la repetición de actos de la misma especie".

    Entonces, desde que el pago de una de esas prestaciones se haga regularmente y en forma habitual, ya constituye retribución del servicio, y por ende, factor de salario. Puesto que en el caso debatido, se encuentra demostrado que las bonificaciones glosadas corresponden a pagos efectuados por la actora en forma regular y habitual, no cabe duda, que ellas constituyen retribución del servicio y por lo tanto, factor de salario, pues no basta la mera liberalidad o gratuidad del patrono, sino que es indispensable que tales prestaciones, tengan el carácter de "ocasional" o no habitual, circunstancia que no se cumple, motivo por el cual, son factor salarial, y por ende, la actora sobre ellas estaba obligada a efectuar los aportes parafiscales.
      (2014-07-17) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 7158
      MEDIOS PROBATORIOS - Presunción tributaria.
    • ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Deberes / SOCIEDAD SUBORDINADA - Prueba de calidad / SOCIEDAD CON DOMICILIO EN EL EXTERIOR.
    El artículo 742 del Estatuto Tributario se refiere a los medios de pruebas señalados en el Estatuto Tributario, en el Código de Procedimiento Civil y en el artículo 743 se refiere a la idoneidad de los mismos. Si bien es cierto que entre los medios de prueba la ley tributaria establece las presunciones, éstas no son otras que las reguladas por los artículos 755 - 1, 755 - 2, 755 - 3, 756, 757, 758, 759, 760, 762 y 763 del Estatuto Tributario, y entre ellos no existe absolutamente ninguna que permita presumir la calidad de subordinada o subsidiaria de una sociedad colombiana con personas jurídicas domiciliadas en el exterior para efectos de dar aplicación al artículo 124 del Estatuto Tributario, este hecho no puede presumirlo la administración, sino que en aplicación de tal artículo debe estar probado plenamente en el expediente.

    Además, los artículos 746 y 745 del Estatuto Tributario conceden certeza a los hechos consignados en las declaraciones, las correcciones y respuestas a los requerimientos, a condición de que sobre los mismos no se haya exigido comprobación especial.
      (2014-07-17) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 4842
      SISTEMA DE CAUSACION / COSTOS - Causación / CONTRATO DE COMPRAVENTA - Causación.
    • La transacción con el proveedor se perfecciona en la fecha en que para las partes convienen en cosa y precio (art. 1857 C.C.) que coincide, como parte el impuesto sobre las ventas, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente (art. 429 E.T.).
    Tanto los ingresos que obtenga una empresa, como los costos y gastos en que ésta incurra deben contabilizarse sobre la base de su causación.

    En el sub-lite la demandante efectuó compra de pieles a su proveedor el 31 de diciembre de 1987, en consecuencia era en este período y no en el gravable de 1988 que ha debido registrarse tal erogación, por cuanto fue en aquel y no en este cuando surgió el hecho jurídico: la obligación de la cancelación.

    La transacción con el proveedor se perfecciona en la fecha en que para las partes convienen en cosa y precio (art. 1857 C.C.) que coincide, como parte el impuesto sobre las ventas, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente (art. 429 E.T.).
      (2014-07-17) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 4842
      INTERESES MORATORIOS / EXPENSA NECESARIA.
    • DEDUCCION EN IMPORRENTA - Improcedencia.
    La deducción de impuestos no corresponde al grupo de egresos calificados como "expensas necesarias para el negocio" sino a las que permite expresamente el legislador en consideración a principios de técnica fiscal, como el evitar impuesto sobre impuestos, evitar el traslado económico del impuesto y otros.

    Con el mismo criterio deben clasificarse los intereses pagados en razón de la demora en la cancelación de los impuestos: no forman parte de las expensas necesarias para producir la renta. Independientemente de la situación financiera y de los inconvenientes de orden económico que tenga la empresa, la mora en la cancelación de la obligación tributario, tiene el carácter de sanción por incumplimiento de la ley y no de una expensa y por ello no se ha considerado como deducible.
      (2014-07-17) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 4842
      LIBROS DE CONTABILIDAD - Irregularidades.
    • ASIENTO CONTABLE - Correspondencia / FACTURA - Requisitos
    En la inspección practicada a los libros de comercio dio la sociedad se detectaron dos irregularidades de tipo contable, respecto de la adquisición de materia prima.
    • Primero no estar respaldada por soportes de orden externo, como quiera que el utilizado fue elaborado en forma Minerva por la misma empresa, y sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 616, 617, 619 y 755 del varias veces mencionado Estatuto y

    • Segundo, que en aquel documento se registró como proveedor a uno distinto a quien se le hicieron los pagos ; de donde resulta que subsiste la falta de correspondencia que debe existir entre el asiento contable y el comprobante que le sirve de apoyo, según lo prevé el art. 59 del Código de Comercio.
      (2014-07-17) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 4842
      DEDUCCION POR DEUDAS PERDIDAS - Requisitos
    • MERCANCIAS - Faltante
    Para que la erogación por cuentas incobrables sea procedente se requiere que el solicitante satisfaga los presupuestos establecidos en el art. 80 del D. 187/85, entre los cuales está, que se demuestre la realidad de la deuda, se justifique su descargos, se haya tenido en cuenta al computar la renta declarada en años anteriores, o que se trate de créditos que hayan producido rentas denunciadas en tales años.

    Pero en el sub-lite se trató de un saldo a cargo de proveedores por anticipos sin que se hubiere despachado la mercancía comprada que, si bien guarda relación con la actividad productora de renta, no concuerda con el origen de las que la ley permite mediante castigo total o mediante provisiones que son aquellas originadas en venta de mercancía a crédito. Tal es el sentido de la expresión "operaciones productoras de renta" utilizada por la ley.
      (2014-07-17) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 4842
      PASIVO - Comprobación / DOCUMENTO DE FECHA CIERTA
    • CONTABILIDAD - Valor Probatorio / DOCUMENTO EXTERNO
    Con fundamento en el art. 283 del E.T. en principio se ha exigido la prueba del pasivo mediante documento de fecha cierta, con el debido pago del impuesto de timbre, para el reconocimiento de las deudas a cargo del contribuyente por cuando éste no está obligado a llevar libros de contabilidad.

    Pero cuando se trate de comerciantes no se exige la comprobación de la autenticidad y fecha cierta de los documentos privados que forman parte de la contabilidad, como comprobantes externos pues en tal evento prevalecen las normas sobre valor probatorio de la contabilidad.

    Pero esa no fue la situación presentada en el sub-lite ya que en ninguna de las etapas se ha presentado soporte externo alguno que contenga la fecha de expedición, número de serie, detalle, valor y forma de pago si fuere pertinente (art. 1o D.1495/78).
      (2014-07-17) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 5958
      DESCUENTO TRIBUTARIO POR RENUNCIA A CORREGIR.
    • DEROGATORIA TACITA - Inexistencia.
    El artículo 37 del Decreto 2503 de 1987, era norma procesal que regulaba exclusivamente la corrección de las declaraciones tributarias, mientras que el artículo 24 de la Ley 52 de 1977, era disposición de carácter sustantivo por la que, también exclusivamente, se otorgaba el derecho al descuento en cuestión, de suerte que no podía darse la hipótesis de las disposiciones "inconciliables" de que habla el inciso 3o. del artículo 71 del Código Civil ni, por ende, la derogación tácita alegada erróneamente por la Administración, postulados que, en el caso, resultan perfectamente aplicables.

    No sobra repetir, que el artículo 37 del Decreto 2503 de 1987 no reguló "totalmente" la materia de las correcciones, según lo pretendía la Administración, como sí lo hizo la Ley 84 de 1988 (en su artículo 8o.) hasta cuya promulgación rigió ininterrumpidamente el artículo 24 de la Ley 52 de 1977.
      (2014-07-11) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 5958
      DEDUCCION POR HONORARIOS - Improcedencia
    • DEDUCCIONES - Requisitos
    Por lo que se desprende de la naturaleza, fines y efectos de la erogación de honorarios por servicios de contabilidad y administración, lo cuestionable no era propiamente la "realidad" del gasto, que se tiene por probada en la sentencia, sino la carencia absoluta del presupuesto de la "necesidad" o correlativamente, del de la "relación de causalidad", pues, por simple definición, a un gasto innecesario no cabría atribuir otra incidencia económica que la de una acentuada reducción de la rentabilidad de un ejercicio impositivo dado.

    Dichos presupuestos, consagrados expresamente por el artículo 107 del Estatuto Tributario, no fueron objeto de análisis en la sentencia, ni la parte actora se ocupó de acreditarlos con prueba idónea, así como no desvirtuó el hecho alegado y demostrado por la contraparte, de que se poseyera una infraestructura suficiente, en su propio sistema orgánico y funcional, para atender con eficiencia las labores y actividades de orden contable y administrativo, sin requerir los onerosos servicios de un tercero, además, no especializado en el área.
      (2014-07-11) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 5958
      DEDUCCION POR IMPUESTO DE VEHICULOS - Improcedencia.
    • DEDUCCIONES - Requisitos
    Respecto al "convenio" relativo a que los impuestos y seguros de los vehículos dados en arrendamiento, fueran de cargo de la arrendataria y no de la arrendadora, que era la propietaria, no pudiendo tenerse el pago de tales impuestos y seguros como obligación de la primera, menos cuando los comprobantes de pago se expidieron a la segunda, aparte de que, en materia de impuestos, el supuesto convenio no lo era oponible a la Administración, en virtud de lo dispuesto por el artículo 553 del Estatuto Tributario, citado por la misma demanda.

    En conclusión, no se consideran cumplidos, en materia de los impuestos y seguros solicitados como deducción, los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
      (2014-07-11) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 5958
      PRUEBA SUPLETIVA EN RETENCION.
    • Se concluye, que no desvirtuadas las conclusiones del experticio en cuanto a los comprobantes internos y externos de contabilización de las retenciones en la fuente se deben reconocer éstas.
    La "prueba especial" en materia de retenciones en la fuente, no tiene implicaciones de prueba única, sino que se refiere al medio demostrativo idóneo de la efectividad o materialidad de dicha retención, como los "certificados" o subsidiariamente "el original, copia o fotocopia auténtica de la factura documento donde conste que se pagó, siempre y cuando en él aparezcan identificados los conceptos antes señalados" a que se refiere el artículo 381 del Estatuto Tributario.

    Por supuesto, la contabilidad es un medio probatorio hábil al efecto, estando en forma, esto es que, entre otros requisitos, satisfaga el de los soportes internos y externos de las operaciones registradas entendiéndose por estos últimos, de conformidad con el inciso 4o. del art. 1o. del Decreto de 1495 de 1978 "los documentos que se producen para registrar operaciones realizadas por terceros, como las facturas de ventas, los recibos de caja, los comprobantes de egreso, los comprobantes de devoluciones, etc..."

    De haberse dado algún "error grave" lo habría sido en la objeción misma, pues los peritos afirmaron claramente haber practicado el "muestreo" en cuestión, con base en listados de computador, sino específicamente sobre "facturas y recibos de caja" que eran documentos supletorios de los certificados de retención, de conformidad con el parágrafo 1o. del citado art. 381 del Estatuto Tributario, debiendo tenerse el "error" aducido, en cuanto hacia relación a las retenciones en la fuente del período, como absolutamente infundado; sobre los restantes aspectos de la objeción referentes a la supuesta deducibilidad de los honorarios por servicio de contabilidad y administración y los impuestos y seguros de vehículos.
      (2014-07-11) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación: 25000-23-27-0002002-90836-01(15762)
      DOCUMENTO - Definición
      MENSAJE DE DATOS - Tiene efectos jurídicos y fuerza obligatoria.
    • Debido a los avances de la tecnología, la noción de documento no corresponde solamente al escrito, pues, también son documentos, las grabaciones magnetofónicas, las cintas cinematográficas y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo (artículo 251 del Código de Procedimiento Civil).
    También constituye documento la información contenida en los computadores en la que consten los datos exigidos por la ley para los certificados de retención en la fuente, puesto que tal información representa y acredita hechos. Lo anterior, porque es documento toda cosa capaz de representar un hecho cualquiera o una manifestación del pensamiento.

    Además, la representación del hecho debe emanar o surgir del objeto, no de la mente del intérprete, siendo indiferente la materia de la cual esté hecho el documento, pues, puede ser papel, arcilla, cintas magnéticas y, en general, de "cualquier material que permita representar". Así pues, existe un documento cuando está contenido en un soporte informático, pues ese es el material donde se encuentra la declaración o la representación.

    El documento electrónico se encuentra contenido, almacenado o archivado en un soporte o máquina informática; su contenido puede ser declarativo o representativo y para ser visualizado se requiere la utilización de otros objetos, como las pantallas o el papel. La equivalencia de los documentos electrónicos con los documentos escritos la corrobora el artículo 2 de la Ley 527 de 1999, pues, los mensajes de datos son documentos que se definen como toda información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.

    A su vez, el artículo 5 de la Ley 527 de 1999 dispone que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. Y, el artículo 6 ibídem señala que cuando una norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que este contiene es accesible para su posterior consulta.
      (2014-06-26) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación: 25000-23-27-0002002-90836-01(15762)
      CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTOS DISTINTOS A LOS LABORALES - Se entiende cumplida la obligación de expedirlos cuando la información está en el computador y se encuentra a disposición de los sujetos retenidos.
    • FIRMA DIGITAL - No se exige cuando se almacena oportunamente los datos de las certificaciones y están a disposición de los sujetos retenidos
      PRUEBA DE EXPEDICION - El agente retenedor debe probar que expidió oportunamente los certificados.
    Para que se entienda satisfecha la obligación de expedir oportunamente los certificados de retención en la fuente por conceptos distintos a los laborales, el agente retenedor debe tener almacenada la información en los computadores o en medios magnéticos y a disposición de los sujetos de retención oportunamente, lo que significa que el último día del plazo para expedir tales certificados, la información no sólo debe estar almacenada, sino lista para ser entregada a los interesados, independientemente de que los mismos pidan o no la impresión de los certificados.

    Si los sujetos de retención solicitan tardíamente la entrega de los certificados, la expedición de los mismos es oportuna, siempre que la información se encuentre oportunamente almacenada y a disposición de los interesados, pues, la obligación de expedir oportunamente los certificados de retención en la fuente por conceptos distintos a los laborales, no implica la de entregar los certificados.

    Ello, porque los retenedores sólo están obligados por ley a expedir los certificados en mención (artículos 379, 381 y 667 del Estatuto Tributario), por lo que la entrega de los documentos sólo procede cuando los sujetos de retención lo solicitan. Cabe anotar que al cumplirse la obligación de expedir los certificados con el almacenamiento oportuno de los datos de las certificaciones y la oportuna puesta a disposición de los mismos a los sujetos retenidos, no es del caso exigir al actor el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 527 de 1999, relativos a la firma digital y a la entidad certificadora (artículo 30 ibídem).
      (2014-06-26) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación: 25000-23-27-0002002-90836-01(15762)
      SANCION POR NO EXPEDIR CERTIFICADOS DE RETENCION POR CONCEPTOS DISTINTOS A LOS LABORALES.
    • Gradualidad de la sanción cuando el agente retenedor tiene oportunamente lista y a disposición del sujeto retenido la información de los certificados.
    En este asunto, no era procedente imponer la máxima sanción permitida por la ley, pues, el incumplimiento del actor no fue total, dado que la sanción no podía imponerse por el solo hecho de que no constaran por escrito los certificados de retención, como erróneamente lo consideró la Administración.

    Ello, porque según se precisó, la obligación de expedir oportunamente los certificados también se entiende cumplida cuando el agente retenedor tiene oportunamente lista y a disposición del sujeto retenido, la información de los certificados.

    Además, aunque en el caso en estudio el actor no probó que tenía toda la información de los certificados lista y almacenada en el computador y a disposición de los sujetos retenidos, sí probó el cumplimiento parcial de la obligación de expedir tales documentos, lo que, además de disminuir la base de las sanciones, corrobora la improcedencia de la máxima multa posible.

    No se puede sancionar con el mismo rigor al agente retenedor que por desidia o negligencia no expide ningún certificado de retención en la fuente, y, por lo mismo, omite el cumplimiento de obligación legal a su cargo, que al agente de retención que expide parcialmente los certificados a los sujetos retenidos, como le sucedió al actor.
      (2014-06-26) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 76001-23-31-000-2001-00224-01(14451)
      FACTURA - Al contener los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario y estar dentro de los rangos de la numeración autorizada no procede sanción.
    • AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURAS - Al no alterarse el consecutivo con la utilización de sufijos o prefijos no procede la sanción de cierre.
    Para la Sala los antecedentes anotados indican que la actora se acogió a las disposiciones tributarias y que su intención fue cumplir con las obligaciones relativas a la facturación autorizada, es así, que las facturas que originaron la sanción impuesta, tenían autorización oficial para su expedición, estaban dentro de los rangos autorizados y cumplen los requisitos previstos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Es decir que se sujetó a los controles técnicos adoptados por la DIAN. Por ello, no puede argumentarse válidamente, "una presunta intención de no cumplir con los sistemas técnicos de control", como lo afirma la Administración.

    De otra parte, no está demostrado que la numeración de las facturas expedidas por computador, no sea consecutiva, lo cual indica que la adición del prefijo 1001 y del sufijo 01 no afecta la numeración autorizada, como mecanismo de control. Es decir, que al sancionarse por tal hecho, se estaría desconociendo el sentido de la ley, cual es sancionar las conductas que restan efectividad a los mecanismos de control de la evasión siendo evidente que en el caso analizado los hechos sancionados no dan lugar a hablar de "evasión".

    En conclusión, no se evidencia renuencia del contribuyente a cumplir con sus obligaciones referidas al tema de la facturación, y menos aún a evadir los mecanismos técnicos de control adoptados en los términos de la Resoluciones 3878 y 5709 de 1996, teniendo en cuenta que está demostrado que solicitó la respectiva autorización; facturó dentro de los rangos autorizados; cumplió con la obligación de facturar; y las facturas expedidas cumplen los requisitos legales. Tampoco se evidencia ningún perjuicio para la Administración, derivado del hecho de imprimir en algunas facturas un prefijo y sufijo no autorizado, habida consideración que no se afectó la función de control de la entidad fiscal.
      (2014-06-19) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 8597
      SANCION POR EXPEDIR FACTURAS SIN REQUISITOS.
    • Cuando no existe norma expresa que prohiba numerar doblemente las facturas, es apenas lógico que atendiendo la obligación de no llevar doble contabilidad, el que se requiera establecer cuál es el verdadero número de cada uno de éstos documentos, para determinar si el mismo cumplió con la obligación de hallarse previamente impreso, infringe la prohibición.
    Las facturas elaboradas por productos QUAKER S.A., presentan dos numeraciones una en la parte superior, la cual se halla previamente denominada como "FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA No,", y otra que no tiene denominación alguna y se encuentra ubicada en la parte inferior izquierda del documento.

    Es de advertir que el primero de los referidos números, el denominado como "Factura Cambiaria de Compraventa No.", es el arrojado por el computador y con base en el cual se efectúan los registros contables; y que el segundo corresponde al preimpreso. Hecha la anterior precisión, llama la atención de la Sala el hecho de que la sociedad arguya que el número de la factura es el preimpreso y no aquel que aparece claramente como "Factura Cambiaria de Compraventa".

    Para la Sala no parece lógico que la sociedad utilice una doble numeración en su facturación, que no es otra cosa que una doble facturación, toda vez que una misma operación posee dos registros distintos otorgados por la propia sociedad actora, quien para efectos de su contabilidad les asigna una numeración diferente a la dada para presentar ante el ente administrativo. De suerte que su contabilidad resulta acomodada formalmente a los requisitos legales, a pesar no ser eficaz para los fines de la norma en cuestión.
      (2014-06-18) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 76001-23-31-000-2001-00224-01(14451)
      AUTORIZACION PARA NUMERACION DE FACTURAS - Es un mecanismo técnico de control que es independiente de los requisitos de la factura.
    • FACTURACION - Si al modificar la numeración se dificulta el control de la DIAN procede el cierre del establecimiento.
    La autorización otorgada por la Administración tributaria para la numeración de las facturas, constituye un mecanismo técnico de control sobre la facturación que es independiente de los requisitos exigidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario como contenido de las facturas, autorización que tiene como finalidad evitar la doble facturación y controlar la evasión, tal como lo confirma el artículo 1 de la Resolución 3878 de 28 de junio de 1996.

    Significa que si se adicionan factores que modifican la numeración de las facturas, con lo cual se dificulte o se impida el control de Administración, se altera la numeración autorizada, conducta que sanciona el artículo 684-2, con el cierre o clausura del establecimiento de comercio, aplicando para ello el procedimiento previsto en el artículo 657 del mismo ordenamiento.

    Es decir, que la decisión de imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento, por infracción a los mecanismos de control, es facultativa y no imperativa para la Administración, lo cual permite afirmar que, para la correcta aplicación de la ley, debe existir una evaluación previa de la conducta del infractor, dada la gravedad y efectos que conlleva la aplicación de dicha sanción , pues "...se aplicará clausurando por tres (3) días el sitio o sede respectiva, del contribuyente, responsable o agente retenedor, mediante la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda "cerrado por evasión" (lit .f) inc.2 art. 657).

    Por ello, tal como lo precisó la Sala en oportunidad anterior, cuando se trata del incumplimiento a los mecanismos de control, la decisión administrativa debe ser razonada, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, pues no siempre se dan los presupuestos para la imposición de la sanción de cierre del establecimiento de comercio, sanción que por su incidencia en el buen nombre del contribuyente, sólo debe proceder frente a los evasores. Se hace entonces necesario ponderar la gravedad de la falta y del perjuicio causado con la omisión, para determinar si es pertinente la sanción
      (2014-06-18) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00005-00(17174)
      DOCTRINA TRIBUTARIA - Es competencia de la DIAN sentar y unificarla.
    • Respecto a si un Concepto DIAN es materia de control jurisdiccional por parte del Consejo de Estado, es bien sabido que lo es cuando se trata de un acto administrativo que produce efectos jurídicos, como lo estipula el artículo 84 del C.C.A, mientras que no se sujeta a la jurisdicción cuando solo manifieste una opinión que no afecte la esfera de tal naturaleza.
    Los artículos 5 y 18 del Decreto Ley 1071 de 1999 mediante el cual se organiza la U.A.E. DIAN, fija como competencia de dicha entidad interpretar las leyes y actuar como unidad doctrinaria y estadística en materia tributaria, aduanera y de control de cambios.

    Por otra parte, el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1265 de 1999, establece las funciones de la Oficina Jurídica de la DIAN. Luego, es claro que radica en cabeza de la DIAN la competencia legal de sentar y unificar doctrina en relación con las normas tributarias, para lo cual cuenta con la facultad de actuar como autoridad nacional única en la materia y de absolver las consultas que se formulen sobre el tema.

    Es indudable que el Concepto acusado, al tratar el tema de la deducibilidad de las Reservas Técnicas por parte de las EPS y consignar su interpretación, lleva a producir efectos jurídicos sobre los administrados obligados a realizar la reserva aludida, lo que le otorga carácter de acto administrativo sujeto al control de legalidad por esta jurisdicción.
      (2014-06-17) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00005-00(17174)
      EPS - Ingresos. UNIDADES DE PAGO POR CAPACITACION - Objeto . No pueden ser gravadas con ningún tributo.
    • Los ingresos de las EPS provienen de dos fuentes perfectamente diferenciadas por la ley.
    Los primeros están conformados por las UPC que reconoce a las EPS el Sistema General de Seguridad Social en Salud por cada afiliado, que por constituir dineros de los afiliados, no pueden hacer parte de los ingresos propios de las EPS, y los segundos, que por orden legal deben ser manejados en cuentas independientes a las UPC, los conforman las demás rentas de la entidad, incluidos los copagos, cuotas moderadoras, ingresos por medicina prepagada, publicidad y otras actividades que son ingresos propios y de libre disposición por parte de las EPS.

    Ahora, a los recursos de la UPC la ley les otorga carácter Parafiscal, por cuanto su objetivo es financiar la ejecución del POS. Por esto no es dable que sobre estos recursos recaiga tributo alguno. No sucede lo mismo con las demás rentas catalogadas como propias de las EPS, que no pertenecen a la Seguridad Social, las cuales pueden afectarse con cualquier gravamen y ser utilizadas para los fines que la EPS estime convenientes.

    Las Unidades de Pago por Capitación corresponden al Sistema de Seguridad Social en Salud establecido por la Ley 100 de 1993, se giran a las EPS pero con destinación específica para cada uno de los afiliados al sistema de donde no constituyen rentas propias de las EPS y por su naturaleza parafiscal no pueden ser gravadas con ningún tributo.

    Sin embargo, también queda claro que aparte de las UPC, las Entidades Prestadoras de Salud perciben ingresos por otros conceptos (prepagada, copagos, cuotas moderadoras etc) que no pertenecen por Ley al Sistema General de Seguridad Social ni tienen ningún tipo de restricción legal para su manejo, por lo tanto, tratándose de ingresos ordinarios, sobre éstos puede recaer cualquier gravamen.
      (2014-06-17) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00094-01(17634)
      DOBLE BENEFICIO TRIBUTARIO - No existe cuando el Iva implícito pagado se registra en la declaración de renta como costo o deducción.
    • GRAVAMEN PAGADO - Su registro como costo o deducción hace que el contribuyente recupere parte del gravamen cancelado.
    La jurisprudencia de la Sala ha precisado en anteriores oportunidades, que no se presenta doble beneficio tributario cuando se lleva el IVA implícito como costo en renta, pues con ello sólo se recupera el 35% del valor del IVA pagado. En este caso, la sociedad actora compensó parte del IVA implícito que pagó cuando lo llevó como costo en la declaración de renta, pero esa fórmula no le permitió recuperar el 100% del impuesto, como lo sostiene la demandada, pues el beneficio tributario se concretó en el menor valor del impuesto de renta que tuvo que pagar al detraer como costo el IVA implícito en cuestión.

    Así las cosas le asiste razón a la recurrente, por cuanto al llevar como costo el IVA implícito pagado por valor de $446.772.595 obtuvo un beneficio equivalente al 35% de tal suma, es decir, $156.370.408; lo que significa que quedó pendiente por parte de la Administración el reconocimiento del 65% restante, equivalente a $290.402.187, el cual queda en cabeza de la demandada sin sustento jurídico, pues, se reitera, este último valor es el remanente de lo pagado indebidamente por la demandante, luego de haber sido utilizado el 35% como costo en la declaración de renta del año gravable 2002.

    Tratándose de la devolución de un impuesto pagado, el beneficio tributario no debe analizarse según el efecto que la partida haya tenido sobre la base gravable del impuesto sobre la renta, sino teniendo en cuenta el efecto que sobre este impuesto tal partida haya causado.
      (2014-06-16) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00094-01(17634)
      SOLICITUD DE DEVOLUCION - Su presentación es requisito para que proceda el reconocimiento de intereses.
    • INTERESES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE - Reconocimiento. Requisitos.
    TASAS DE INTERES CERTIFICADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - Incluyen la pérdida del poder adquisitivo del dinero.

    De los artículos 863 del Estatuto Tributario y 557 del Estatuto Aduanero se concluye que sólo se causan intereses cuando se presenta solicitud de devolución, y el saldo a favor esté en discusión, circunstancias que se encuentran demostradas dentro del expediente, por lo tanto hay lugar a reconocer los intereses causados, en los términos previstos en los artículos precedentes.

    En relación con la petición de indexación prevista en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, la Sala advierte que no hay lugar a su reconocimiento porque las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera, que sirven de base para determinar los intereses moratorios en el ámbito fiscal, incluyen, entre otros aspectos, la pérdida del poder adquisitivo del dinero como consecuencia del paso del tiempo.
      (2014-06-16) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 13001-23-31-000-1993-9477-01(12637)
      DIVISION DE FISCALIZACION DE LA DIAN - Es la encargada de instruir el proceso y de proferir requerimiento especial, pliegos y traslados de cargos y emplazamientos para corregir.
    • REQUERIMIENTO ESPECIAL - Es una actuación previa obligatoria con miras a expedir la liquidación de revisión.
    Dentro del proceso gubernativo de determinación oficial del impuesto vía liquidación de revisión, encaminado a verificar la exactitud de las declaraciones, se distinguen dos etapas a saber:

    La primera de ellas, con la cual se inicia la actuación administrativa, parte de la declaración privada presentada por el contribuyente y se encuentra a cargo de la División de Fiscalización, unidad que instruye el proceso de determinación, para lo cual tiene amplias facultades dentro de las que se cuentan, entre otras, la de adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de obligaciones tributarias, citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios, exigirles la presentación de documentos que registren sus operaciones, cuando estén obligados a llevar libros de contabilidad registrados, ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos y en general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda que conduzca a una correcta determinación. (Artículo 684 del Estatuto Tributario).

    En desarrollo de las anteriores facultades, corresponde al jefe de la unidad de fiscalización, en los términos del artículo 688 del Estatuto Tributario, expedir los requerimientos especiales, pliegos y traslados de cargos, emplazamientos para corregir y demás actos de trámite en los procesos de determinación del impuesto, así como todos los actos previos a la imposición de las sanciones a que haya lugar.

    Igualmente corresponde a los funcionaros de esta unidad, previa autorización o comisión del jefe de fiscalización, adelantar las visitas, investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y en general, las actuaciones preparatorias a los actos de competencia del jefe de dicha unidad.
      (2014-06-13) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 13001-23-31-000-1993-9477-01(12637)
      RECURSO DE RECONSIDERACIÓN - Abre la etapa de discusión del impuesto y su resolución agota la vía gubernativa bien mediante silencio administrativo o por acto expreso de carácter particular.
    • DIVISION JURIDICA DE LA DIAN - Es la competente para conocer y decidir sobre los recursos.
    Con la interposición del recurso de reconsideración se abre la etapa de discusión del impuesto en la vía gubernativa, que se inicia con la admisión del citado recurso, para verificar el cumplimiento de requisitos formales y culmina según el caso, con el silencio administrativo positivo si la Administración no se pronuncia dentro del término legal, o con el acto administrativo, de competencia de la División Jurídica, que resuelve los cargos en él propuestos, y que tiene el alcance de agotar la vía gubernativa.

    Tal como se encuentra estructurado el proceso de determinación que culmina, por regla general, con un acto administrativo de carácter particular y concreto modificatorio de la declaración privada, tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial y la resolución que modifica o revoca dicha liquidación, tienen por sustento la misma investigación realizada en la oportunidad correspondiente, de tal suerte que, "deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto éstos sean compatibles con aquellos", como lo establece el artículo 742 del Estatuto Tributario.
      (2014-06-13) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 13001-23-31-000-1993-9477-01(12637)
      GARANTIA DE IMPARCIALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA - Impide que la funcionaria que adelantó el proceso de fiscalización sea la misma que decide el recurso.
    • RECUSACION DE FUNCIONARIA DE LA DIAN - Es procedente al existir causal de impedimento por haber conocido el proceso en instancia anterior.
    DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE - Se vulnera cuando la decisión del recurso es proferida por la misma funcionario que adelantó la etapa de fiscalización.

    La decisión de primera instancia se fundó en el hecho de que la funcionaria que adelantó la etapa inicial de fiscalización, si bien se encontraba facultada para ello, por esta misma razón no lo estaba para adelantar la etapa de discusión y resolver el recurso de reconsideración, toda vez que debió declarase impedida para asegurar la imparcialidad para decidir el asunto que estaba conociendo, so pena de vulnerar los derechos de defensa y debido proceso del contribuyente.

    En materia de impedimentos en las actuaciones administrativas, el artículo 30 del C.C.A., "garantía de Imparcialidad", establece que a los funcionarios que deban realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, se les aplicarán las causales de recusación previstas en el Código de Procedimiento Civil y las específicamente previstas en dicha norma, todas ellas alegables en cualquier tiempo.

    Así, por remisión del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Civil, en lo que atañe a las causales de recusación, debe aplicarse el artículo 150 de dicho ordenamiento, y en particular su numeral segundo que erige como causal "haber conocido del proceso en instancia anterior".
      (2014-06-13) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 73001-23-31-000-2004-00674-01(16038)
      ACTOS QUE PRESTAN MERITO EJECUTIVO - Son entre otras las liquidaciones privadas de impuestos y sus correcciones.
    • DECLARACION TRIBUTARIA PRESENTADA POR N O OBLIGADO - Opera por mandato de la Ley sin que requiera acto que así lo declare.
    El artículo 828 del Estatuto Tributario enlista los actos que prestan mérito ejecutivo y en el numeral 1 enuncia las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su pago.

    Ahora bien, respecto de las declaraciones tributarias presentadas por los no obligados a declarar, el artículo 594-2 del Estatuto Tributario dispone que estas declaraciones no producen efecto legal alguno, lo que indica que tal circunstancia opera "ope legis", es decir, por mandato de la ley, sin que se requiera de acto administrativo que así lo declare, pues solamente basta que se cumpla el presupuesto establecido en la norma, esto es, que la declaración se presente por un no obligado a declarar.

    En consecuencia, cuando se trate de determinar qué declaración es la que constituye título ejecutivo cobrable, la Administración deberá tener en cuenta que se trate de la última declaración debidamente presentada por el obligado a declarar la obligación sustancial, es decir por el sujeto en cuya cabeza se origina el presupuesto o presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto.

    Aunque la falta de efecto legal de la declaración privada presentada por un contribuyente no obligado a declarar opera por ministerio de la ley; cuando el contribuyente promueva su declaración, a través de un derecho de petición, la Administración tiene el deber de pronunciarse sobre el particular.
      (2014-06-13) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 73001-23-31-000-2004-00674-01(16038)
      DIVISION DE FISCALIZACION DE LA DIAN - Es la competente para resolver sobre la petición de declarar sin efecto se presenta al no decidir la DIAN sobre la obligatoriedad o no de declarar del contribuyente.
    • DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE - Se desconoce cuando la DIAN no se pronuncia sobre el contenido de la declaración.
    De las consideraciones transcritas infiere la Sala la falta y falsa motivación de los actos administrativos demandados si se tiene en cuenta que desconocieron todo el precedente de hecho y de derecho que se le puso de presente al área de cobranzas sin hacer referencia alguna al mismo.

    Por otra parte, pese a admitir que quien era competente para resolver la petición de la demandante era la División de Fiscalización, desconoció la División de Cobranzas que dicha área nunca abordó el análisis de fondo de la situación puesta de presente por la demandante incurriendo en una falta de motivación.

    Desconoció, además, que la misma División de Fiscalización calificó la respuesta que esa misma dependencia profirió a la petición que formuló la demandante como un simple oficio y no como un acto administrativo cuando de manera equivocada afirmó, que con oficio No. 84.09.66-0439, la División Jurídica manifestó que la Resolución No. 0906-1200300008 de junio de 2003 no era objeto de recurso de reconsideración por no ser un acto administrativo, cuando esta resolución expresamente lo concedió.

    En síntesis, confundió las respuestas que la Administración había proferido sobre el particular incurriendo en falsa motivación. Por lo tanto, considera la Sala que no puede la Administración aprovecharse de su propia torpeza para sustentar falazmente el cobro de un título ejecutivo cuya exigibilidad a la fecha no está clara y por lo tanto, confirmará la sentencia del a quo
      (2014-06-13) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 5362
      DIVIDENDO NO GRAVADO / UTILIDADES RETENIDAS / PRUEBA CONTABLE.
    • RENTA PRESUNTIVA / SOCIEDAD EXTRANJERA / CONTRIBUYENTE NO DECLARANTE.
    Encontrándose debidamente establecido por medio de pruebas contables, como son las certificaciones expedidas por los Revisores Fiscales, de que los valores correspondientes a los dividendos declarados por la actora en el año de 1988 provienen de utilidades retenidas hasta diciembre 31 de 1985 que figuran en las declaraciones tributarlas de las sociedades de donde provienen, hace que se desvirtúe la actuación de la Administración Tributaria al pretender gravar los mencionados dividendos con la tarifa del 30% toda vez que la contribuyente ha demostrado tener derecho al beneficio fiscal consagrado en el artículo lo. del Decreto 2539 de 1987.

    En cuanto a la petición de devolución de la suma liquidada y pagada a título de renta presuntiva, se estima que si bien los dividendos sobre los cuales se efectuó Retención en la Fuente fueron recibidos por una persona jurídica extranjera sin domicilio en el país, en este caso concreto no es aplicable el numeral 2o. del art. 592 del E. T., el cual señala qué personas o contribuyentes no están obligados a declarar, debido a que en el renglón 14 de la declaración de renta aparecen otros ingresos distintos a los dividendos declarados sometidos a retención.

    Luego encontrándose obligada fiscalmente la sociedad actora a presentar declaración de renta en el año gravable 1988 por denunciar ingresos distintos a los sujetos a retención en la fuente, se estima que si consideraba que había incurrido en error al aplicar indebidamente la renta presuntiva debió haber corregido el pretendido yerro en la forma y en la oportunidad prevista en las normas vigentes.

    Merece destacarse el hecho de que la Ley Fiscal estableció la renta presuntiva para todos los contribuyentes del impuesto de renta con excepción de las entidades sin ánimo de lucro y el Idema (art. 36 Ley 9a. de 1983) sin que tal excepción cobije a las personas jurídicas extranjeras como la sociedad contribuyente que auspicia su no obligación sin fundamento legal.
      (2014-06-12) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 3991
      DIVIDENDO - Forma de incluirlo en la renta presuntiva.
    • Ciertamente la obtención de dichos rendimientos de capital no requiere costo o deducción directamente imputables a los mismos pues a lo sumo tendrían el carácter de tal las comisiones pagadas a algún agente.
    Cuando la renta del contribuyente se determine en forma presuntiva bien sobre los ingresos netos del contribuyente, bien sobre su patrimonio, al mayor valor así determinado debe agregarse el monto de los dividendos que le sean pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles al contribuyente; este mecanismo se explica porque previamente del patrimonio se excluyen las acciones y de los ingresos los dividendos, con lo cual el sistema de presunción de renta queda depurado de la influencia de la inversión en acciones, o lo que es igual se somete al sistema de ingreso real.

    El descuento Tributario que por concepto de dividendos prevén los Artículos 90 a 92 del Decreto 2053 de 1974, tiene por objeto evitar la cascada tributaria sobre una misma renta, en razón del gravamen directo que recae en cabeza de la sociedad que genera las utilidades y el que recae sobre los socios al ser distribuidas aquellas.

    Por ello el beneficio fiscal consiste en el otorgamiento de un crédito para el pago de dicho impuesto con el fin de que los ingresos por dividendos sólo tributen a una tasa del 5 en cabeza del beneficiario. Pero si las utilidades que se distribuyen a título de dividendo no han pagado impuesto en cabeza de la sociedad que los genera, o no constituyen ingreso tributario sujeto al tributo en cabeza de quien los recibe no se presenta el fenómeno de la cascada tributaria que se quiso evitar con el descuento tributario.
      (2014-06-12) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 3991
      PRUEBA CONTABLE - El certificado contable no es plena prueba de u hecho económico.
    • CERTIFICADO CONTABLE - Sólo dan fe de los registros contables del contribuyente.
    Las certificaciones que emiten los contadores públicos y los revisores fiscales sólo dan fe de los registros contables del contribuyente, sin que sea dable admitir que una opinión o calificación dada por el contador de que estos gastos (los del Artículo 4o. del Decreto 353 de 1984) son comunes, puede enervar la facultad calificadora de la Administración de las condiciones de proporcionalidad y causalidad exigidas en la Ley. Por ello no se puede aceptar el certificado de contador publico como plena prueba de un hecho económico; no contable y menos de su calificación para efectos tributarios que en principio corresponde al funcionario de impuestos.
    • IMPUESTO SOBRE LA RENTA / ANTICIPO
    De acuerdo con el Artículo 807 del Estatuto Tributario, el valor base para el cálculo del anticipo es el monto del Impuesto de Renta y Complementarios que debe pagar el contribuyente por dicha vigencia, sin incluir sanciones ni otros rubros no señalados en la Ley. Tampoco podía la Administración adoptar el promedio con el del año anterior, porque este beneficio sólo opera cuando el contribuyente expresamente se acoge a el en su liquidación privada.
      (2014-06-12) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2009-00041-01(18263)
      SANCION POR NO DECLARAR.- ICA
    • SANCION POR NO DECLARAR - No es un acto que necesita de motivación / NULIDAD DEL ACTO - No lo es la falta de claridad de las cifras para liquidar la sanción por no declarar
    Respecto de la ausencia de explicación sumaria, la falta de motivación es predicable de actos administrativos en los que se modifican las cifras declaradas por los contribuyentes y que requieren un fundamento sobre las razones que ocasionaron dichos cambios, procedimiento que no es aplicable al evento tratado, toda vez que por tratarse de una sanción por no declarar, únicamente se requiere obtener una base y aplicar a ésta la tarifa ordenada por la ley, ya que los fundamentos están dados por la misma norma que la establece.

    Es claro que, por haber incumplido la obligación de declarar, a la fundación no se le modificó oficialmente cifra alguna, sino que, basada la administración en valores suministrados por el revisor fiscal de la misma actora, obtuvo la base para imponer la sanción que se discute. Por tanto, la falta de claridad respecto de las cifras tomadas como base para sancionar, o de la explicación de la diferencia en las cifras, no constituye causal de nulidad del acto demandado, además de haberse incluido como argumento, fuera de la oportunidad legal.
      (2014-06-09) [Mas Información]
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    Radicación número: 25000-23-27-000-2009-00041-01(18263)
      HECHO GENERADOR DEL ICA - Esta determinado por la actividad que desarrolle el sujeto pasivo.
    • IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Actividades no sujetas.
    Lo que genera la obligación de declarar y pagar ICA no es la naturaleza jurídica de la entidad que realice las actividades gravadas, sino la actividad que desarrolle dentro del territorio donde se considera sujeto pasivo del impuesto. De tal forma, independiente de que se trate de una persona natural, jurídica, sociedad de hecho o entidad sin ánimo de lucro, lo que determina la sujeción al gravamen es que se lleve a cabo cualquier actividad que pueda ser calificada como industrial, comercial o de servicios.

    Tampoco se exige, como lo afirma la actora, que la actividad se ejerza de manera profesional, vale decir, de forma exclusiva, habitual o continua, por cuanto el mismo artículo advierte que la actividad que le genere la obligación puede cumplirse de manera concomitante con otras gravadas y "de forma permanente u ocasional", lo que excluye la habitualidad como requisito para ser responsable del tributo.

    Se evidencian varias situaciones perfectamente diferenciables, las que no admiten otra interpretación que aquella que de su texto se desprende, así: Excluye de la sujeción taxativamente en calidad de actividades, la educación pública, las actividades de beneficencia y las culturales y/o deportivas. Hasta ahí hace referencia únicamente a cada actividad individualmente considerada, sin que esto sea obstáculo para que las entidades que las desarrollen puedan llevar a cabo otras actividades de naturaleza diferente a ellas, que, por no estar expresamente relacionadas en la citada norma, no son beneficiarias de la exclusión, caso en el cual estarán obligadas a declarar y pagar el tributo.
      (2014-06-09) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2009-00041-01(18263)
      ACTIVIDAD DE BENEFICIENCIA - No están gravadas con el impuesto de industria y comercio.
    • VENTA DE ACTIVOS FIJOS - Está excluida de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
    Para las "entidades" que relaciona el aludido literal, es decir para sindicatos, asociaciones de profesionales o gremiales sin ánimo de lucro y partidos políticos, no se gravan los servicios propios de su actividad, pero sí cualquier otra que legalmente sea gravada y que desarrollen aparte de ellas.

    Mal podría extender ese mismo beneficio a las actividades que son excluidas individualmente por la norma, ya que una cosa es desarrollar una actividad, que le corresponde hacerlo a una entidad, y otra ser una actividad misma, la cual se declara no sujeta de forma taxativa. Por tanto, contrario a lo afirmado por la demandante, si la actora no tiene la calidad de las cuatro entidades excluidas por ley del tributo, no queda fuera de la obligación respecto de ninguna de las actividades que se incluyen en el artículo 32 del Decreto 352 como gravadas.

    Es claro entonces, que el objeto social principal de la fundación lo constituyen las actividades de beneficencia, sin embargo, ejecuta actividades comerciales y de servicios que le proporcionan ingresos dentro del Distrito Capital de Bogotá, sumas que, en principio, no gozan del beneficio analizado, por tanto, respecto de éstas, la entidad se encuentra en la obligación de declarar y tributar por ICA.
      (2014-06-09) [Mas Información]
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    Radicación número: 25000-23-27-000-2009-00041-01(18263)
      DIVIDENDOS - Cuando se generan como consecuencia de la distribución ordinaria a los accionistas no están gravados con el impuesto de industria y comercio.
    • DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS - No hace parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio. No es una actividad mercantil.
    Por lo que hace a lo percibido por Dividendos, si bien el numeral 5° del artículo 20 del Código de Comercio, incluye como actividades mercantiles "La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones", la percepción de dividendos por parte de la Fundación Social no encaja en ninguna de ellas, toda vez que dicha entidad no ha constituído ni administrado sociedad comercial alguna, y tampoco tiene como objeto social principal la venta de acciones o cuotas de interés social, ya que si bien esporádicamente adquiere acciones o las recibe en calidad de donación, no es para enajenarlas en el giro ordinario de sus negocios, sino para que permanezcan en su patrimonio con el fin de obtener ingresos destinados al desarrollo de su actividad benéfica.

    Mal podría entonces, aseverarse que la fundación recibió ingresos por alguna de las actividades enumeradas en el numeral 5° del artículo 20 del Código de Comercio, ya que los dividendos se generan pasivamente al poseer las acciones, sin necesidad de ejecutar ninguna actividad comercial, industrial o de servicios, y son el producto de la distribución ordinaria que hacen las sociedades anónimas en favor de sus accionistas de la utilidad neta realizada en el año gravable, en aplicación del artículo 30 del Estatuto Tributario, utilidad sobre la que ya la sociedad ha pagado el correspondiente impuesto, por lo que gravar de nuevo el resultado de dicha distribución, constituiría además, un doble gravamen.

    De lo anterior se colige que los dividendos percibidos no pueden integrar la base para imponer la sanción por no declarar, pues no devienen del ejercicio de ninguna actividad gravada sino de las acciones que le pertenecen, cuyo objeto es formar parte del activo fijo, además porque la actividad principal de la sociedad no se relaciona con la obtención de dichos ingresos.
      (2014-06-09) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 11001-03-27-000-2003-00065-01(14075)
      PERDIDAS EN SOCIEDADES POR ACCIONES - Se enjugan con la reserva legal si no se constituyen reservas especiales para ello.
    • CAPITAL SOCIAL - El Código de Comercio limita los eventos específicos en que es posible disminuirlo.
    El problema que se plantea es si es procedente enjugar las pérdidas de la sociedad con el capital pagado y autorizado como pretende la demandante, operación que fue rechazada por la Superintendencia de Valores en los actos que se impugnan. De acuerdo con el artículo 456 del Código de Comercio cuando resultan pérdidas y no se constituyeron reservas para enjugarlas, se afectará la reserva legal y si ésta resulta insuficiente para cancelar el déficit se deberán aplicar las utilidades de los ejercicios siguientes.

    Contrario a lo señalado por la parte demandante, esta norma contiene una prescripción obligatoria de las reglas a seguir para absorber las pérdidas que se generan, pues de la redacción de la disposición no es posible concluir que se trata de una facultad o potestad. Por el contrario, su texto señala un procedimiento específico a seguir cuando se presentan pérdidas.

    Así mismo, al verificar otros artículos del Código de Comercio la Sala observa que existe una especial protección tanto del patrimonio como del capital social, como se observa en el artículo 145 ib., el cual exige autorización para la disminución del capital, limitada a los eventos específicos señalados en dicha norma, dentro de los cuales no se encuentra la posibilidad de utilizarlo para enjugar pérdidas.
      (2014-06-06) [Mas Información]
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    Radicación número: 11001-03-27-000-2003-00065-01(14075)
      CAPITAL SUSCRITO - Es la parte del capital autorizado que el socio se compromete a pagar.
    • CAPITAL PAGADO - Es la parte del capital suscrito que ha ingresado al haber social.
    En las sociedades por acciones se diferencian los conceptos de capital autorizado, suscrito y pagado.

    El capital autorizado es una cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad. Dicho monto es fijado por los asociados libremente, con fundamento en las necesidades económicas de la empresa que se propongan desarrollar.

    El capital suscrito es la parte del autorizado que los socios se comprometen a pagar. Este rubro corresponde a los aportes que los socios entregan a la compañía y que pueden ser pagados al contado o a plazos. Finalmente, el capital pagado, está constituido por la parte del suscrito que ha ingresado al haber social, esto es, la suma que ha sido efectivamente cancelada por los asociados.
      (2014-06-06) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 11001-03-27-000-2003-00065-01(14075)
      REDUCCION DEL CAPITAL SUSCRITO - Se prevé como medida para enjugar pérdidas y únicamente con el fin de restablecer el patrimonio.
    • DISOLUCION DE SOCIEDADES - Para enervarla se permite enjugar pérdidas con el capital suscrito y pagado.
    Si bien el artículo 459 del Código de Comercio admite la reducción del capital suscrito, como medida para enjugar pérdidas, lo prevé como medida excepcional y únicamente con el fin de restablecer el patrimonio al presentarse la causal de disolución prevista en el numeral 2° del artículo 457 ib.

    La operación de enjugar pérdidas con capital no puede considerarse como un movimiento contable que no afecta a terceros, pues como lo señaló la Superintendencia de Valores, los estados financieros de la sociedad mostrarían una situación que modificaría las decisiones de los inversionistas.

    Por lo anterior, la Sala considera que está conforme a derecho la actuación de la Superintendencia de Valores al ordenar la reversión de la operación de enjugar pérdidas con capital suscrito y pagado por parte de la sociedad ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA S.A., porque dicho procedimiento sólo se permite en la ley mercantil para enervar la causal de disolución prevista en el numeral 2° del artículo 457 del Código de Comercio.
      (2014-06-06) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 11001-03-27-000-2003-00065-01(14075)
      REDUCCION DE CAPITAL SUSCRITO - Medida excepcional que procede únicamente para restablecer capital en caso de disolución.
    • DISOLUCION DE SOCIEDAD - Reducción del capital suscrito.
    Si bien el artículo 459 del Código de Comercio admite la reducción del capital suscrito, como medida para enjugar pérdidas, lo prevé como medida excepcional y únicamente con el fin de restablecer el patrimonio al presentarse la causal de disolución prevista en el numeral 2° del artículo 457 ib. La operación de enjugar pérdidas con capital no puede considerarse como un movimiento contable que no afecta a terceros, pues como lo señaló la Superintendencia de Valores, los estados financieros de la sociedad mostrarían una situación que modificaría las decisiones de los inversionistas.

    Por lo anterior, la Sala considera que está conforme a derecho la actuación de la Superintendencia de Valores al ordenar la reversión de la operación de enjugar pérdidas con capital suscrito y pagado por parte de la sociedad ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA S.A., porque dicho procedimiento sólo se permite en la ley mercantil para enervar la causal de disolución prevista en el numeral 2° del artículo 457 del Código de Comercio.

    La actuación de la entidad demandada tiene fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 40 de la Ley 222 de 1995. Esta limitación se justifica y no constituye una medida desproporcionada, pues como lo señala la entidad demandada, pretende proteger el orden público, en el presente caso permitiendo que la información disponible en el mercado de valores sea trasparente y refleje la realidad, de tal forma que los comportamientos individuales no afecten a terceros, como podría ocurrir cuando los estados financieros no reflejan las pérdidas realizadas en ejercicios anteriores, lo que afecta el valor bursátil de las acciones de la compañía.
      (2014-06-06) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00100-01(17552)
      IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - La ley expresamente señala cuales actividades no deben gravarse.
    • ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. El elemento determinante es el objeto o finalidad desarrollada, que no obedezca a una aspiración lucrativa. En consecuencia, los posibles excedentes o utilidades obtenidos no pueden ser distribuidos entre esos miembros, sino que, por el contrario, deben destinarse al objetivo que aglutina a los asociados.
    La Sala observa que el legislador precisó cuales actividades no deben gravarse con el impuesto de industria y comercio, que son, únicamente, las mencionadas expresa y taxativamente en la Ley 14 de 1983, artículo 39, en concordancia con el artículo 39 literal c) del Decreto 352 de 2002.

    Las entidades sin ánimo de lucro son verdaderas personas jurídicas, que pueden estar constituidas bajo las modalidades de corporación, fundación o asociación, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, y susceptibles de ser representadas tanto judicial como extrajudicialmente; pero, a diferencia de las sociedades comerciales, "no persiguen la repartición de las ganancias entre los asociados sino que las reinvierten en pro de la actividad o fin perseguido".

    El elemento fundamental de las asociaciones sin ánimo de lucro es su misma finalidad, razón por la cual es necesario, para determinar el ánimo de lucro, tener en cuenta:
    • 1. La obtención de ganancias no está relacionada con la distribución de éstas, las ganancias tienen fines propios.
    • 2. No existe distribución de utilidades entre sus miembros
    • 3. Los aportes de los miembros nunca se rembolsan, al retiro del miembro, ni a la liquidación de la sociedad, evento en el cual el excedente, si lo hubiere, se traslada a otra entidad con finalidades similares.
      (2014-06-06) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00100-01(17552)
      RENDIMIENTOS FINANCIEROS A FAVOR DE FUNDACIONES - No son actividades comerciales sujetas al impuesto de industria y comercio.
    • ANIMO DE LUCRO - Su ausencia no impide a la fundación realizar negocios o actividades encaminadas a conservar o aumentar bienes.
    Las fundaciones tienen su razón de ser en la consecución de una finalidad social de interés general, impuesta por voluntad externa de quien destina para tal efecto un patrimonio determinado durante su existencia. De otra parte, se entiende que hay ánimo de lucro cuando una entidad recibe rentas que generen utilidades distribuibles entre los socios, o ganancias que se reparten entre éstos cuando la misma se disuelva.

    Contrario sensu, a las personas jurídicas que no tienen como finalidad primordial que esa utilidad o ganancia sea repartida entre sus miembros, se les califica como "sin ánimo de lucro," lo que implica que si obtuvieron utilidades, éstas se invertirán en el desarrollo de su finalidad; es decir, en la promoción y desenvolvimiento de su actividad. Observa la Sala que, contrario a lo estimado por la apelante, no puede asimilarse el tratamiento tributario de una fundación sin ánimo de lucro, la cual se rige por el derecho civil, a una sociedad que ejerce con ánimo de lucro, regida por las normas comerciales.

    La ausencia de ánimo de lucro no impide a la fundación la realización de negocios o actividades encaminadas a conservar o aumentar sus bienes, ya que este es precisamente el medio o instrumento para desarrollar con eficacia las actividades encaminadas a cumplir su objeto social.
      (2014-06-06) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00100-01(17552)
      INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS - Están excluidos de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
    • FUNDACIONES - El arrendamiento de bienes muebles no siempre es una actividad comercial.
    En cuanto al arrendamiento de bienes inmuebles, precisó que, de conformidad con el numeral 2º del artículo 20 del C.Co., sólo constituye actividad comercial "La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos;" sin que en el sub examine la parte demandada haya demostrado que la Fundación actora haya arrendado los bienes (construcciones y edificaciones) para subarrendarlos, lo cual impide configurar tal actividad como comercial.

    En cuanto a los ingresos obtenidos por venta de activos fijos, observa la Sala que a partir del Decreto 1421 de 1993 y los decretos distritales compilatorios, la base gravable del mencionado tributo en el Distrito Capital está representada por los ingresos netos obtenidos por el ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios, con exclusión de los ingresos por actividades no sujetas, exentas, y por algunos ingresos que, a manera de exclusiones, quiso conservar el legislador extraordinario, en relación con los previstos desde antes por la Ley 14 de 1983.
      (2014-06-06) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00788-01(16966)
      DISMINUCION DEL INVENTARIO INICIAL - Se permite a los contribuyentes que lleven el sistema de juego de inventarios.
    • FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA - Se puede disminuir el inventario inicial siempre que se lleve el sistema de juego de inventarios.
    INVENTARIOS PERMANENTES - Los faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida se manejan a través de una provisión.

    Para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas:
    • "juego de inventarios",
    • "inventarios permanentes o continuos", o
    • "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.
    Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico..." En el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable.

    Lo que responde a la siguiente fórmula matemática: inventario inicial + compras - inventario final. Mientras que en el sistema de "inventarios permanentes o continuos" el costo se contabiliza en tarjetas u hojas especiales, diseñadas para llevar el control permanente de las mercancías, las que hacen parte integrante de la contabilidad, donde se registran las unidades compradas, vendidas, o consumidas, el costo de lo vendido y de lo comprado; al final del ejercicio se hace constar en el libro de inventarios, el costo de las existencias.
      (2014-06-05) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00788-01(16966)
      ACTIVOS MOVIBLES - Son expensa necesaria cuando tengan que ser retirados por vencimiento o destrucción o no puedan ser comercializados.
    • DESTRUCCION DE INVENTARIOS - Procede cuando se demuestran los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
    "Tratándose de activos movibles que tengan que ser retirados por vencimiento o destrucción y que no puedan ser comercializados de ninguna manera, ni consumidos, ni usados, podría llegar a admitirse su valor como "expensa necesaria" deducible, siempre y cuando se demuestre, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad; y además, que el contribuyente, demuestre que tal deducción no ha sido reconocida por otros medios, como por ejemplo, el caso de los contribuyentes que llevan el sistema de juego de inventarios, donde tal disminución puede ser tratada como costo (art. 64 E. T.)".
      (2014-06-05) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00788-01(16966)
      AFILIACION A AGREMIACIONES - Requisitos para que proceda como expensa necesaria.
    • EXPENSAS NECESARIAS - Son gastos forzosos en la actividad productora. Pueden ser permanentes o esporádicos.
    RELACION DE CAUSALIDAD - Se da entre el gastos o costo y el objeto social
    PROPORCIONALIDAD - Requisito para que una expensa sea necesaria.
    Tributariamente las expensas necesarias corresponden a los gastos que se generan de manera forzosa en la actividad productora de renta, de manera que sin tales gastos no se puede obtener la renta. Son indispensables aunque no sean permanentes sino esporádicos.

    Como lo exige la norma, lo esencial es que el gasto sea "normalmente acostumbrado en cada actividad", lo que excluye que se trate de gastos simplemente suntuarios, innecesarios o superfluos, o meramente útiles o convenientes. La Sala ha reiterado que la relación de causalidad significa que los gastos, erogaciones o simplemente salida de recursos del contribuyente, deben guardar una relación causal, de origen - efecto, con la actividad u ocupación que le genera la renta al contribuyente.

    Esa relación, vínculo o correspondencia debe establecerse entre la expensa (costo o gasto) y la actividad que desarrolla el objeto social (principal o secundario) pero que en todo caso le produce la renta, de manera que sin aquella no es posible obtenerla y que en términos de otras áreas del derecho se conoce como nexo causal o relación causa - efecto.

    Y, en cuanto a la proporcionalidad, ésta atiende a la magnitud que aquellas representen dentro del total de la renta bruta (utilidad bruta) la cual, debe medirse y analizarse en cada caso, de conformidad con la actividad económica que se lleve a cabo, conforme con la costumbre comercial para ese sector, de manera que el rigor normativo cede ante los gastos reiterados, uniformes y comunes que se realicen, sin perjuicio de la causalidad y necesidad que también deben concurrir.
      (2014-06-05) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00788-01(16966)
      PAGOS A CLUBES SOCIALES, SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES, LIBROS Y PERIODICOS, FIESTA DE FIN DE AÑO - No son deducibles porque no tienen relación de causalidad con el objeto social.
    • La Sala ha considerado que para su aceptación corresponde a los contribuyentes probar que las sumas solicitadas como deducción, no sólo correspondieron a los conceptos señalados, sino que fueron proporcionales y que fueron pagadas a los beneficiarios y se contabilizaron y respaldaron debidamente con los soportes correspondientes.
    Como lo ha considerado reiteradamente, aunque los gastos que realizan los contribuyentes para bienestar, comodidad y actualidad de sus empleados, pueda servir como motivación o incentivo, así como los correspondientes al mantenimiento de buenas relaciones públicas y comerciales o gastos de viajes de altos directivos, lo cierto es que, los bienes y servicios adquiridos con tales pagos carecen de relación de causalidad con la actividad productora de renta y no son necesarios para el desarrollo del objeto social, como en este caso, la industria farmacéutica.

    Otros gastos tales como participación de los empleados en eventos deportivos, envío de anchetas a los empleados, avisos de fallecimientos, compra de flores para evento día de la tierra, compra de camisetas para torneos deportivos de los empleados, obsequios para los empleados como bolsos para dama y fiesta de fin de año, entre otros, son gastos que no tienen ninguna relación de causalidad con la actividad farmacéutica de la actora, ni son necesarios para el desarrollo de la misma, aunque hubieran resultado motivante para el recurso humano porque les brindó momentos de esparcimiento y diversión.
      (2014-06-05) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00788-01(16966)
      BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO - Es deducible por ser un pago laboral.
    • MEDICINA PREPAGADA - No es deducible por tratarse de trabajadores que fueron retirados de la empresa.
      SALARIOS - Son deducible cuando se acredita el pago de los aportes parafiscales
    Pues bien, se ha considerado que "el servicio de medicina prepagada se estima como una forma de remuneración para los trabajadores, que son parte fundamental en la consecución de los ingresos de la empresa, la cual debe velar por sus condiciones de salud que son necesarias para que la empresa consiga su objeto social enderezado a generar renta. En otras palabras este tipo de gastos guarda estrecha relación con la actividad generadora de renta de la empresa y resultan necesarios para este propósito"

    También ha dicho que "el carácter laboral del gasto, permite igualmente afirmar que existe un nexo causal frente a la actividad productora de renta, puesto que la fuerza laboral constituye, sin duda, un elemento indispensable en la producción de la renta, y por la misma razón, resulta necesario el gasto, para la obtención efectiva del ingreso, en cuanto incide de manera directa en la productividad de la empresa" .

    Sin embargo, en este caso los pagos efectuados por la actora no tienen ese carácter, porque los planes de medicina prepagada que solicitó como deducción correspondieron a trabajadores que fueron retirados de la empresa, los cuales no hicieron parte del recurso humano a través del cual la sociedad realizó su objeto social, es decir no fueron necesarios para la obtención de la renta.

    El artículo 108 del Estatuto Tributario dispone que los salarios son deducibles siempre que se acredite el pago de los aportes parafiscales; es decir, se requiere que el contribuyente haya pagado los aportes al subsidio familiar, SENA, ISS y al I.C.B.F. como requisito ineludible para su deducibilidad. Para ese efecto, el contribuyente debe estar a paz y salvo por tales conceptos en el respectivo año gravable.
      (2014-06-05) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00788-01(16966)
      BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO - Es deducible por ser un pago laboral.
    • MEDICINA PREPAGADA - No es deducible por tratarse de trabajadores que fueron retirados de la empresa.
      SALARIOS - Son deducible cuando se acredita el pago de los aportes parafiscales
    Pues bien, se ha considerado que "el servicio de medicina prepagada se estima como una forma de remuneración para los trabajadores, que son parte fundamental en la consecución de los ingresos de la empresa, la cual debe velar por sus condiciones de salud que son necesarias para que la empresa consiga su objeto social enderezado a generar renta. En otras palabras este tipo de gastos guarda estrecha relación con la actividad generadora de renta de la empresa y resultan necesarios para este propósito"

    También ha dicho que "el carácter laboral del gasto, permite igualmente afirmar que existe un nexo causal frente a la actividad productora de renta, puesto que la fuerza laboral constituye, sin duda, un elemento indispensable en la producción de la renta, y por la misma razón, resulta necesario el gasto, para la obtención efectiva del ingreso, en cuanto incide de manera directa en la productividad de la empresa" .

    Sin embargo, en este caso los pagos efectuados por la actora no tienen ese carácter, porque los planes de medicina prepagada que solicitó como deducción correspondieron a trabajadores que fueron retirados de la empresa, los cuales no hicieron parte del recurso humano a través del cual la sociedad realizó su objeto social, es decir no fueron necesarios para la obtención de la renta.

    El artículo 108 del Estatuto Tributario dispone que los salarios son deducibles siempre que se acredite el pago de los aportes parafiscales; es decir, se requiere que el contribuyente haya pagado los aportes al subsidio familiar, SENA, ISS y al I.C.B.F. como requisito ineludible para su deducibilidad. Para ese efecto, el contribuyente debe estar a paz y salvo por tales conceptos en el respectivo año gravable.
      (2014-06-05) [Mas Información]
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    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00788-01(16966)
      RECHAZO DE DEDUCCIONES - La falta de soportes, la falta de registro de contabilidad y la falta de prueba de la naturaleza del gasto dan lugar a la sanción por inexactitud.
    • Conforme al artículo 647 del Estatuto Tributario, constituye inexactitud sancionable la omisión de ingresos, inclusión de costos, deducciones o descuentos inexistentes y, en general, la utilización en la declaración de renta de datos o factores equivocados, incompletos o desfigurados de los cuales se derive un menor impuesto para el contribuyente.
    En el presente caso, el rechazo de las deducciones obedecieron a varias causas, bien por falta de soportes o por falta de registro en la contabilidad o porque no se probó la naturaleza del gasto ni si cumplían los requisitos para considerarse como expensas necesarias. Estas circunstancias, significaron la inclusión en la declaración de renta de deducciones inexistentes y factores equivocados que derivaron un menor impuesto a pagar. En consecuencia, teniendo en cuenta que hubo partidas que se aceptaron, la sanción se reliquidará.

    No procede el levantamiento de la sanción porque los rechazos no obedecieron a una diferencia de criterios en torno a la interpretación del derecho aplicable, pues el artículo 107 del Estatuto Tributario es claro en señalar los requisitos para que un gasto se tenga como expensa necesaria, y no puede calificarse como diferencia de criterios en la interpretación de esta norma, la apreciación particular de cada uno de los hechos que originaron las partidas o gastos rechazados para atribuirles la naturaleza de las deducciones procedente. En consecuencia, sobre los conceptos rechazados se mantiene la sanción, pues se trató de una conducta sancionable con inexactitud.
      (2014-06-05) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2004-00582-01(16320)
      DISMINUCION DEL INVENTARIO FINAL - Procede la disminución más no la deducción por pérdidas originadas por destrucción de las mercancías.
    • SISTEMA DE INVENTARIOS PERMANENTES - Quienes llevan este sistema no pueden disminuir el inventario de las existencias de mercancía de fácil destrucción o pérdida.
    Mediante sentencia del 27 de octubre de 2005, la Sala, al decidir la legalidad del concepto jurídico 71050 de 31 de octubre de 2002 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuya tesis jurídica precisó que "No son deducibles las pérdidas de las mercancías que conforman el activo movible cuando se utiliza el Sistema de Inventarios Permanentes o Continuos", analizó los mismos cargos de inconformidad que se aducen en el presente proceso.

    En consecuencia, teniendo en cuenta que según el artículo 14 del Decreto 2650 de 1993 (estatuto contable), una forma de contabilizar las pérdidas es la de crear la "provisión" respectiva, el contribuyente puede registrar en su contabilidad la disminución del valor de sus inventarios, producida por la destrucción o pérdida de los mismos, tal como se precisa en el concepto acusado. Sin embargo, en consideración a que las provisiones de naturaleza contable, no son deducibles para efectos de determinar el impuesto sobre la renta, por no estar expresamente establecidas en las normas tributarias, no pueden sustraerse de la base gravable.

    Así lo confirma la disposición prevista en el parágrafo 1° del artículo 65 del Estatuto Tributario, que reza: "El valor del inventario detallado de las existencias al final del ejercicio, antes de descontar cualquier provisión para su protección, debe coincidir con el total registrado en los libros de contabilidad y en la declaración de renta".

    Al respecto dispone el Decreto Reglamentario 326 de 1995, artículo 4: "...el valor del inventario detallado de las existencias al final del ejercicio, antes de descontar las provisiones para su protección y otras de naturaleza contable, que no son deducibles de acuerdo con las normas generales, debe coincidir con el valor total registrado en los libros de contabilidad y en la respectiva declaración de renta".
      (2014-06-04) [Mas Información]
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    Radicación número: 25000-23-27-000-2004-00582-01(16320)
      SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE - Permite deducir las disminuciones de mercancías de fácil destrucción o pérdida.
    • PERDIDA DE INVENTARIOS - No es una expensa necesaria.
    La Sala, advierte que este tema fue objeto de una regulación posterior. En efecto, conforme con el artículo 2 de la Ley 111 de 2006, vigente a partir del el año gravable 2007, cuando el costo de las mercancías vendidas se determine por el sistema de inventario permanente se permite deducir "las disminuciones ocurridas en mercancías de fácil destrucción o pérdida, siempre que se demuestre el hecho que dio lugar a la pérdida o destrucción, hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del inventario inicial más las compras" En el mismo sentido, y en apoyo de la legalidad de los actos acusados, conviene advertir que la parte actora pretendió de forma inapropiada acogerse al artículo 107 del E.T. tal como lo propuso en la demanda.

    De hecho, el acto acusado, integrado por ambas resoluciones demandadas, invocó y aplicó el artículo 107 del E.T. en el sentido de decir que no se configuraban ninguna de las situaciones ahí prescritas, menos cuando el contribuyente utilizó el renglón 49 de la declaración de renta para fijar un valor de $1.176.250.000 por concepto de pérdida de inventarios.

    La parte actora no demostró que la situación de la deducción que liquidó en la declaración del año 1999, renglón 49, otras deducciones, corresponde a las situaciones reguladas en la norma. Por lo mismo, el acto acusado no violó esa regla y por esta razón también deberá confirmarse la sentencia apelada.
      (2014-06-04) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 76001-23-31-000 2004 03056 01(16476)
      COSTO O DEDUCCION DE LAS MERCANCIAS DESTRUIDAS - Antecedentes jurisprudenciales. Procede cuando cumplen los requisitos de las expensas necesarias.
    • VIATICOS Y TRASLADOS DE TRABAJADORES - Diferencias
      GASTOS POR TRASLADO DE IDA - Es deducible por ser un gasto a cargo del empleador y que tiene relación con la actividad productora de renta. Requisitos para que proceda.
    • GASTOS DE TRASLADO DE REGRESO - No son deducibles por no reunir los requisitos de las expensas necesarias.
    • REUBICACION DE TRABAJADORES - Son deducibles por tener relación con la actividad productora de renta.
    • CUOTAS PARA ASOCIACIONES Y A CLUBES SOCIALES - No son deducibles por no tener relación de causalidad con la actividad productora de renta.
    Aunque la sentencia decidió sobre la procedencia del costo de ventas, las razones expuestas permiten considerar que cuando se solicita por medio de deducción no debe rechazarse si se demuestran los elementos de las expensas necesarias previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, norma común para costos y deducciones.

    Ahora bien, de acuerdo con el criterio expuesto es claro que si bien se puede admitir el valor de los activos movibles que fueron retirados por vencimiento o destrucción como "expensa necesaria" deducible, se debe demostrar, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad.

    La anterior posición jurídica fue reiterada en la sentencia de 19 de julio de 2007 para reconocer, como deducción solicitada por la actora, la destrucción de inventarios, específicamente medicamentos, soportadas con actas de baja, suscritas por funcionarios competentes y avaladas por el revisor fiscal de la sociedad.
      (2014-05-27) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-01358-01(15094)
      DECLARACION CON SALDO A FAVOR - A partir de la solicitud de devolución se cuentan dos años para notificar el requerimiento especial
    • EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR - Su notificación suspende el término para notificar el requerimiento especial.
    El artículo 705 del Estatuto Tributario prevé que el requerimiento especial debe notificarse dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y si la declaración fue extemporánea, los dos años se cuentan desde la fecha de presentación de la misma.

    También señala que cuando la declaración presenta un saldo a favor, el requerimiento debe notificarse a más tardar, dos años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución.

    Y, el artículo 706 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 223 de 1995 [251], norma vigente al momento de la presentación de la declaración privada (8 de mayo de 1998), dispone que el término para notificar el requerimiento se suspende, entre otros eventos, "durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir".
      (2014-05-26) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-01358-01(15094)
      PRESUNCION EN LA NOTIFICACION POR CORREO - Se podía desvirtuar si el acto no se recibía o se recibía en día distinto a la introducción al correo.
    • EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR - Al notificarse extemporáneamente no suspende el término para notificar el requerimiento.
    Para el 5 de mayo de 2000, fecha en que la demandada introdujo al correo copia del emplazamiento para corregir, estaba vigente el texto íntegro del artículo 566 del Estatuto Tributario, conforme al cual la notificación postal se entendía surtida en la fecha de introducción al correo de la copia del acto.

    La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión "se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo". Aunque las sentencias sobre exequibilidad tienen efectos hacia el futuro (artículo 45 de la Ley 270 de 1996), la Sala había precisado que la notificación por correo, llevaba implícita una presunción juris tantum que se fundamentaba en el envío de la copia del acto administrativo a la dirección informada por el contribuyente, y la introducción de tal copia al correo.

    La presunción se podía desvirtuar si se probaba que no se recibió el acto administrativo, o se recibió en día distinto al que se introdujo al correo.
      (2014-05-26) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00234-01(18371)
      DECLARACION TRIBUTARIA - Corrección. Oportunidad. Clases. Corrección voluntaria. Corrección provocada
      CORRECCION PROVOCADA - Se puede dar por el requerimiento especial o por la liquidación oficial
    • "El error en esta información desfigura la posibilidad de realizar un adecuado, preciso y equitativo recaudo de las cargas tributarias, dificultando el accionar estatal e implicando un incumplimiento de los deberes de los particulares descritos en la Constitución Política y la ley.
    Cuando estos datos son imprecisos o erróneos, concede la ley la posibilidad al declarante de "corregirlos". Sin embargo, esta corrección, debe contener los requerimientos que exigen la ley y sus decretos reglamentarios para su procedencia.

    Una de tales condiciones tiene que ver con la oportunidad de presentación de la corrección. Como lo ha señalado esta Corporación, tal oportunidad es doble:
    • 1- Cuando se trata de una corrección de las denominadas "voluntarias", es decir, cuando surge por decisión unilateral y espontánea del obligado a declarar; y

    • 2- Cuando se trata de una corrección "provocada", esto es, de aquellas que surgen como respuesta a una actuación de la administración de impuestos y que generalmente involucra algún beneficio relacionado con la disminución de la sanción aplicada en dicha actuación.
    Nos encontramos a su vez, en este último evento, con dos casos: la corrección provocada por el requerimiento especial, a que hace referencia el artículo 709 del Estatuto Tributario y la corrección provocada por la liquidación oficial acorde con el artículo 713 ib.
      (2014-05-26) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00234-01(18371)
      CORRECCION PROVOCADA POR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL - Requisitos. Una de las condiciones para su procedencia es que los valores modificados correspondan a los glosados por la administración.
    • CORRECCION PROVOCADA - No es la oportunidad para incluir aspectos no debatidos por la administración / CORRECCION VOLUNTARIA - Oportunidad.
    La corrección sólo procede cuando está expresamente autorizada por la ley, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en las normas respectivas. La segunda, y ya en relación con la particular corrección provocada como respuesta al requerimiento especial, es que los requisitos de su procedencia involucran:
    • - Que sea en respuesta al requerimiento especial, su ampliación o al pliego de cargos, según el caso;

    • - Que, en el caso del requerimiento o su ampliación, haya aceptación total o parcial de las glosas propuestas por la administración;

    • - Que el contribuyente, corrija su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción reducida; y por último,

    • - Que se adjunte a la respuesta al requerimiento, copia de la corrección junto con la prueba de pago de los valores correspondientes.
    De este listado de requisitos se desprende que una de las condiciones para la procedencia de la corrección es que los valores modificados correspondan a aquellos glosados por la administración ("los mayores valores aceptados"). Esto excluye per se la inclusión de valores no mencionados por la administración, menos cuando son completamente novedosos dentro del proceso de determinación del impuesto a cargo que inició con la liquidación privada y su declaración.
      (2014-05-26) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 73001-23-31-000-1999-2308-01(11657)
      CONFESION COMO MEDIO PROBATORIO TRIBUTARIO - Debe provenir directamente del contribuyente y recae sobre hechos que causen perjuicio al mismo.
    • TESTIMONIO EN MATERIA TRIBUTARIA - Debe provenir de terceros sean o no contribuyentes.
    La confesión como medio de prueba está consagrada en el artículo 747 del Estatuto Tributario, Como se observa, la confesión en materia fiscal proviene directamente del contribuyente legalmente capaz y solo tiene tal carácter cuando versa sobre hechos que sean físicamente posibles y conlleven un perjuicio para el mismo contribuyente.

    Luego se entiende que los hechos objeto de confesión son propios y no ajenos, y que su incidencia tiene relación directa con la determinación de obligaciones y deberes inherentes al mismo contribuyente confeso, es decir que provienen de quien es parte en el proceso.

    De acuerdo con los términos del art. 750 ib., se define el testimonio como la declaración proveniente de terceros que sirve como medio de prueba para la determinación de obligaciones y deberes inherentes a un contribuyente distinto del declarante; ya sea a través de las declaraciones tributarias del tercero, de sus manifestaciones verbales, o en escritos dirigidos a la administración, dependiendo de que exista o no requerimiento previo por parte del ente fiscal.
      (2014-05-26) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 76001-23-24-000-1999-2103-01(12586)
      DEBER DE ATENDER REQUERIMIENTOS E INFORMACIONES.
    • DEBERES TRIBUTARIOS INSTRUMENTALES - Permiten al Estado verificar el pago del tributo.
    No se comparte este fundamento, porque debe diferenciarse el incumplimiento de la obligación tributaria sustancial con el de los demás deberes accesorios que permiten verificar su cumplimiento. La obligación tributaria principal o sustancial tiene por objeto obtener el pago del impuesto (E.T., art. 1°).

    Para que el Estado establezca si se ha cumplido con esta obligación, la Ley fija otros deberes instrumentales a cargo de contribuyentes o no contribuyentes, los cuales son accesorios a la obligación tributaria sustancial. De acuerdo a lo anterior, la obligación tributaria sustancial se constituye en una obligación de dar, mientras que los deberes accesorios consisten regularmente en obligaciones de hacer o no hacer, que permiten al Estado verificar el correcto cumplimiento del pago del tributo.

    Dentro de esos deberes tributarios, se encuentra la obligación consagrada en el artículo 686 del Estatuto Tributario, para contribuyentes o no contribuyentes, de atender los requerimientos de informaciones o pruebas que haga la administración fiscal, cuando se requieran para verificar su situación fiscal o la de terceros.
      (2014-05-22) [Mas Información]
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    Radicación número: 76001-23-24-000-1999-2103-01(12586)
      DEBER DE INFORMAR EN MEDIOS MAGNETICOS - No es excusa el argumento que la DIAN no modificó el impuesto que investigaba.
    • INFORMACION EN MEDIOS MAGNETICOS - Su no presentación amerita la sanción del artículo 651 del E.T.
    Frente al deber de informar, no puede deducirse, de acuerdo con las normas transcritas, que su omisión se excusa porque la administración no modificó el impuesto que investigaba, al contrario, el artículo 686 señala expresamente que su cumplimiento debe verificarse sin perjuicio de las demás obligaciones tributarias.

    La Sala concluye que en el presente caso la consecuencia de no aportar la información solicitada por la Administración mediante el Requerimiento Ordinario No. 02486-48 del 12 de mayo de 1998 es la imposición de la sanción. Adicionalmente, contrario a lo indicado por el Tribunal, la información solicitada sí resultaba necesaria para la determinación del impuesto de Renta del año gravable 1995, como quiera que el requerimiento especial planteaba su modificación con fundamento en la renta presunta de que trata el artículo 755-3.

    Por ello, no puede justificarse el incumplimiento del contribuyente de un deber legal accesorio, bajo el amparo de las deficiencias de la Administración en el proceso de determinación de la obligación principal. Con mayor razón en éste caso, en el que el punto de controversia es precisamente la omisión al deber de informar.
      (2014-05-22) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 76001-23-24-000-1999-2103-01(12586)
      CORRECCION A LA DECLARACION CON POSTERIORIDAD AL REQUERIMIENTO - No implica que la DIAN tenga que iniciar otro proceso de determinación de impuestos.
    • CORRECCION A LA DECLARACION CON POSTERIORIDAD AL REQUERIMIENTO - Requiere de la aceptación expresa de la DIAN.
    Debe entenderse que la declaración fue presentada con el fin de atender el requerimiento especial, aceptando parcialmente los hechos planteados en éste, conforme al artículo 709 ibídem, como quiera que se reconocen los mayores ingresos determinados por la administración tributaria, pero no se acepta la determinación de la renta con base en el artículo 755-3 ibídem.

    Cuando los declarantes realizan correcciones a las declaraciones con posterioridad al pliego de cargos, al requerimiento especial o a su ampliación, con fundamento en el artículo 709 del Estatuto Tributario, no generan para la administración la obligación de iniciar otro proceso de determinación de impuestos sobre ésta última liquidación, pues se entiende que la modificación al denuncio se realizó con ocasión del proceso administrativo en curso y así debe ser tenida en cuenta.

    Cuando medien actos oficiales tendientes a la modificación de la liquidación del impuesto (Vgr. Requerimiento especial o Liquidación Oficial), las declaraciones de corrección que se presenten sólo tendrán efectos vinculantes, en la medida que se acepten expresamente por el fisco o posteriormente ante la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud de los artículos 709 y 713 del Estatuto Tributario. Si ello no ocurre, el Requerimiento o la Liquidación oficial mantendrán sus efectos y el proceso de determinación del impuesto continuará o terminará, según el caso.
      (2014-05-22) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
      PROCESO DE DETERMINACION - La contabilidad es fundamental para establecer las circunstancias de la actividad mercantil del contribuyente.
    • CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA - No lo es cuando la contabilidad no llena los requisitos de las normas contables.
    El Decreto 2649 de 1993, especifica los principios contables generalmente aceptados, así como también el conjunto de conceptos y reglas que se deben observar al registrar los datos contables de un ente económico. Es así que los registros en los libros y los soportes deben guardar la debida correspondencia, habida cuenta que la contabilidad constituye un todo indivisible e integral.

    Dentro del proceso de determinación es tal la importancia de la contabilidad, que es el punto de referencia para que la Administración Tributaria pueda establecer las circunstancias frente al desarrollo de la actividad mercantil del comerciante, en esa medida, si el comerciante esta obligado a llevarla de manera completa y fidedigna, resulta entendible que si los registros en ella contenidos no prueban su actividad, no se le asigna valor probatorio en caso de verificación tributaria.

    Observa la Sala que la contabilidad de la sociedad Cable Unión de Occidente S.A. no refleja la situación fiscal y económica del negocio, razón suficiente para no tenerla como prueba idónea para desvirtuar las modificaciones realizadas por la Administración Tributaria. En estos términos no puede aplicarse lo determinado por el artículo 772 del Estatuto Tributario en cuanto a la capacidad probatoria de la contabilidad a favor del investigado, al quedar demostrado el incumplimiento de las normas contables y de los artículos 773 y 774 ibídem.
      (2014-05-22) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
      RENTA PRESUNTIVA POR CONSIGNACIONES EN CUENTAS BANCARIAS Y DE AHORRO - Procede cuando existen indicios graves.
    • PRESUNCION POR CONSIGNACIONES BANCARIAS - Procede cuando se prueba que existían ingresos no incluidos. Admite prueba en contrario.
    De los términos de la norma se infiere que dentro de los presupuestos para que aplique la presunción legal allí prevista, está la referida a la existencia de indicios graves de los cuales pueda deducirse que los valores consignados en cuentas propias, cuentas de terceros o en cuentas no registradas en la contabilidad, corresponden a ingresos derivados de operaciones realizadas por el contribuyente, esto es, a ingresos propios.

    Las cuentas bancarias a que se refiere la Administración de Impuestos son aquellas que figuran a nombre del contribuyente y utilizadas para consignar sus propios ingresos pero que no corresponden a las registradas en la contabilidad, estando obligado.
      (2014-05-22) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
      DETERMINACION DEL IMPUESTO - La administración pude corregir los errores de transcripción sin que sean causales de nulidad.
    • CAUSALES DE NULIDAD - No lo es un error de transcripción
    En cuando la Administración Tributaria detecta un yerro dentro de las etapas de determinación o discusión puede corregirlo, sin que se enmarque dentro de las causales de nulidad del artículo 730 del Estatuto Tributario. en cuanto que los valores indicados en el requerimiento especial y el valor final propuesto en la liquidación oficial presentan inconsistencias, no le asiste razón al demandante, pues los valores son los correctos, y se obtuvieron como resultado del análisis de las cuentas bancarias activas que no se encontraron registradas en la contabilidad, simplemente hubo un error de trascripción, que fue subsanado en la Liquidación Oficial de Revisión, cuando señala el valor correcto en la suma de $ 722.746.939. Este hecho no constituye irregularidad para declarar la nulidad de la actuación, pues cuando la Administración Tributaria detecta un yerro dentro de las etapas de determinación o discusión puede corregirlo, sin que se enmarque dentro de las causales de nulidad del artículo 730 del Estatuto Tributario.
      (2014-05-22) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
      CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA - La tiene el contribuyente.
    • DEBIDO PROCESO - Es aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.
    El artículo 29 de la Constitución Política consagra que el debido proceso es aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Dentro de las garantías de la norma superior se consagra el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, esto es, la posibilidad de solicitar o allegar documentos con el fin de esclarecer la conducta que se le está imputando.

    En materia tributaria, el contribuyente que alegue a su favor un hecho, le corresponde la carga de la prueba de lo que quiere demostrar; por lo que al contribuyente., le correspondía confrontar los valores registrados en la contabilidad, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que la entidad bancaria suministró a la Administración Tributaria por medio de los extractos bancarios.

    De lo anterior, puede concluirse que no se vulneró el debido proceso del contribuyente, toda vez que se valoró la petición frente a las pruebas solicitadas pero no se accedió a ellas por las razones atrás esbozadas, con lo cual no se afectó su derecho de defensa y de contradicción.
      (2014-05-22) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00798-01(16622)
      AUTENTICACION DE DOCUMENTOS - Procede en materia tributaria cuando la contabilidad no es fehaciente.
    • DOCUMENTOS DE FECHA CIERTA - Requieren de autenticación en materia tributaria cuando la contabilidad no es prueba fehaciente.
    Al respecto el artículo 742 del Estatuto Tributario dice que "La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos" y el artículo 743 del mismo Estatuto establece que la idoneidad de los medios de prueba estriba, en la exigencia que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse y, a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento que pueda atribuirles, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo cual concuerda con lo expresado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

    Así las cosas, la Administración o el interesado podrán recolectar o aportar los medios de prueba a su alcance o de los terceros con los que efectuó las transacciones que consideren conducentes para llevar al convencimiento de la existencia o no de dicha obligación, correspondiéndole al funcionario competente estimar el valor probatorio correspondiente.

    Señala el demandante que en su decisión, la Administración no aplicó lo dispuesto por el Decreto 2150 de 1995, mediante el cual se prohíbe a las autoridades administrativas exigir autenticación en los documentos. El Decreto citado suprime y reforma normas, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Entre las supresiones se encuentra la prohibición para exigir los documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente.
      (2014-05-22) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 73001-23-31-000-2001-02158-01(17608)
      DECISION DEL RECURSO DE APELACION - Debe notificarse personalmente por ser un acto que pone fin al proceso.
    • FALTA DE NOTIFICACION - No es causal de nulidad del acto administrativo.
      PUBLICIDAD - No es requisito de validez del acto administrativo
    De lo anterior se advierte que el ente demandado reconoce que la decisión del recurso de apelación no fue notificada personalmente, a pesar de que a ello había lugar de conformidad con el artículo 44 del C.C.A. en atención a que le dio a la solicitud de la parte actora el trámite de un derecho de petición y que, igualmente, a la luz del procedimiento tributario, la decisión debió haber sido notificada personalmente o por correo, como lo dispone el artículo 565 E.T.

    Además, se observa que el Municipio no indica la forma en que procedió a poner en conocimiento de las demandantes el acto que puso fin a la actuación que, en el caso, es la Resolución 023 de 2001 que decidió el recurso de apelación, ni obra constancia de que esa diligencia se hubiera realizado por otro medio, como la "publicación" que el a quo tuvo en cuenta para iniciar el conteo del término de caducidad de la acción interpuesta cuando no aparece la prueba de ello en el expediente.

    En esa medida, la falta de notificación del acto en debida y legal forma es un hecho reconocido por el ente municipal y que tenía la obligación constitucional y legal de cumplir en aras de proteger los derechos al debido proceso y de defensa de la actora. Además, carece de soporte legal la excusa aducida por el Municipio sobre el hecho de que no estaba obligada a la notificación personal porque "se trataba de un recurso de apelación decidido por el Alcalde Municipal", cuando es evidente que la decisión resuelve una situación particular y concreta.
      (2014-05-21) [Mas Información]
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    Radicación número: 73001-23-31-000-2001-02158-01(17608)
      PROCESO DE COBRO COACTIVO - Finalidad.
    • TITULO EJECUTIVO - Lo son las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.
      EMBARGO Y SECUESTRO - Medidas cautelares dentro del proceso de cobro coactivo
    Como lo ha indicado la Sala, el proceso de cobro coactivo tiene como fin "hacer efectivos los actos administrativos en donde conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, es decir, que preste mérito ejecutivo. El título ejecutivo debe reunir las condiciones exigidas en el artículo 68 del C. C.A., por lo tanto, señalará con precisión a los titulares de la relación jurídica, el contenido y objeto de la relación jurídica y el monto de las obligaciones exigibles.

    Con base en el título ejecutivo en el que se identifique plenamente al obligado y, previa su debida notificación, la Administración debe dictar el mandamiento de pago.". En el procedimiento administrativo de cobro de las obligaciones fiscales previsto en el Estatuto Tributario, prestan mérito ejecutivo las liquidaciones oficiales ejecutoriadas Ahora bien, con el objeto de asegurar el pago de las sumas adeudadas contenidas en los títulos ejecutivos, dentro del trámite de cobro, se otorga la facultad de decretar como medidas preventivas el embargo y el secuestro de los bienes del deudor de manera previa o simultánea con el mandamiento de pago.

    Como se advierte, es indispensable para decretar el embargo tener conocimiento no sólo de que el afectado con la medida es deudor sino, además, del monto de su obligación, ambas condiciones se desprenden de la existencia de un título ejecutivo.
      (2014-05-21) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 73001-23-31-000-2001-02158-01(17608)
      INTERESES CORRIENTES EN DEVOLUCION DEL SALDO A FAVOR - Procedencia. Término para reconocerlos.
    • "Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria de la providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor".
    En cuanto a los intereses corrientes reclamados por la parte actora, se advierte que son procedentes a la luz de lo dispuesto en el artículo 863 E.T. que dispone: "Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria de la providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor".

    Acorde con lo anterior, la parte actora solicitó la devolución y esta fue parcialmente negada mediante Resolución 125 del 9 de noviembre de 2000, notificada el 13 de diciembre del 2000. Por consiguiente, los intereses corrientes que se deben reconocer respecto del valor cuya devolución fue negada, es decir, $514'889.177, son los causados entre la fecha de notificación de la Resolución 125, antes precisada, y la fecha de ejecutoria de esta providencia que ordena su devolución.
      (2014-05-21) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación Número: 76000-23-31-000-1998-0785-01(11814)
      NOTIFICACION POR EDICTO - Es ineficaz cuando no se agotan mecanismos para notificar personalmente.
    • RESOLUCION QUE DECIDE RECURSO DE RECONSIDERACION - Debe proferirse y notificarse dentro del término de un año.
    Al estar acreditado que en el caso al contribuyente no le fue entregado el mencionado aviso de citación para notificación personal, pues Adpostal lo entregó a una persona diferente, es claro que la diligencia de citación no se surtió en debida forma y en consecuencia fue ineficaz, por lo que en oposición a lo expresado por la entidad demandada, en tales condiciones no fue válida la notificación por edicto a la cual acudió la Administración sin agotar otros mecanismos para practicar la notificación personal.

    Por lo tanto, la notificación de la Resolución Nº 083 de julio 29 de 1996 se surtió por conducta concluyente el 10 de febrero de 1998 cuando el contribuyente presentó ante la Administración la solicitud de renotificación o restitución de términos (fl. 13 c.a.) de la citada resolución, motivo que permite concluir que la decisión del recurso gubernativo fue extemporánea (art. 732 del E.T.), toda vez que para dicha época ya se había producido la firmeza de la declaración privada por haber operado el silencio administrativo positivo consagrado en el artículo 734 del Estatuto Tributario,
      (2014-05-21) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2005-00919-01(16882)
      RECURSO DE RECONSIDERACION - Requisitos.
    • El artículo 720 del Estatuto Tributario prevé que contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos proferidos por la DIAN, procede el recurso de reconsideración, el cual se interpondrá dentro de los dos meses siguientes a la notificación del respectivo acto.
    Observa la Sala que entre los presupuestos procesales de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra el relacionado con el agotamiento de la vía gubernativa mediante "acto expreso" o presunto por silencio negativo, consagrado en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, tal y como fue subrogado por el artículo 22 del Decreto 2304 de 1989.

    De acuerdo con el artículo 63 ib, la vía gubernativa se entiende agotada cuando contra los actos administrativos no procede ningún recurso y cuando los interpuestos se hayan decidido. Por su parte, el artículo 720 del Estatuto Tributario prevé que contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos proferidos por la DIAN, procede el recurso de reconsideración, el cual se interpondrá dentro de los dos meses siguientes a la notificación del respectivo acto.
      (2014-05-20) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2005-00919-01(16882)
      RATIFICACION ACTUACION DE AGENTE OFICIOSO - Debe hacerse dentro de los dos meses contados a partir de la notificación del auto admisorio del recurso. Debe presentarse ante la misma entidad donde se surtió el acto.
    • Con fundamento en el artículo 228 de la Constitución Política y en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental no es posible desconocer la obligatoriedad de los términos procesales señalados en la ley.
    Al señalar el artículo 722 del Estatuto Tributario que la actuación del agente oficioso se deberá ratificar dentro de los dos meses contados a partir de la notificación del auto admisorio del recurso, se debe entender que dicha ratificación se debe efectuar ante la entidad donde se surtió el acto. No es posible pretender ratificar una actuación ante entidad estatal o notarial ajena al procedimiento administrativo.

    Si bien es cierto que el artículo 228 ib consagra la prevalencia del derecho sustancial en la administración de justicia, la misma norma determina la existencia de un orden jurídico procesal que debe cumplirse, respetando el debido proceso y el derecho de defensa que le asiste a todas las personas.

    El artículo 29 de la Constitución Política señala que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, para el efecto se deben seguir las "formas propias de cada juicio", razón por la cual no puede entenderse que los términos procesales y los procedimientos administrativos contemplados en la ley, sean una cuestión meramente formal, ya que como atañen a la efectividad de los derechos fundamentales sustanciales, son protegidos igualmente en la Constitución Política, al consagrar el mismo artículo 228 que "los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado".
      (2014-05-20) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación numero: 11001-03-27-000-2008-00019-00(17190)
      FALSA MOTIVACION - Causal de nulidad del acto administrativo. Inexistencia.
    • El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo establece como una de las causales para que proceda la nulidad de los actos administrativos, la falsa motivación.
    La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica y ella debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable. La falsa motivación se configura cuando para fundamentar el acto se dan razones engañosas, simuladas, contrarias a la realidad.

    Sobre esta causal de anulación, la Sala ha precisado que es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo; es decir, que las razones de la Administración al decidir, sean contradictorias a las circunstancias.

    Conforme con lo anteriormente expuesto, encuentra la Sala que las Resoluciones No. 14470 del 28 de noviembre de 2007 y la No. 00677 del 22 de enero de 2008, demandadas, no incurren en falsa motivación, pues en ellas se especificaron las razones de hecho y de derecho que tuvo en cuenta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para no dar aplicación al artículo 31 del Decreto 4051 de 2007, sin que acudiera a razones simuladas, engañosas o contrarias a la realidad, sino que por el contrario, se sustentó en las normas aplicables al caso.
      (2014-05-15) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación numero: 11001-03-27-000-2008-00019-00(17190)
      ZONA FRANCA - Procedimiento para su declaratoria
    • La Sala estima que esa solicitud era improcedente ya que no es la DIAN, sino directamente el interesado, quien debe presentar ante la Comisión Intersectorial de Zonas Francas el Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca.
    La Comisión Intersectorial de Zonas Francas está integrada por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado, quien la presidirá, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado, el Ministro del ramo que regule, controle o vigile la actividad sobre la que se pretende obtener la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente o su delegado, el Director del Departamento Nacional de Planeación, el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Presidente de Proexport y el Ministro Consejero de la Presidencia de la República y fue creada para cumplir las siguientes funciones La Sala estima que esa solicitud era improcedente ya que no es la DIAN, sino directamente el interesado, quien debe presentar ante la Comisión Intersectorial de Zonas Francas el Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca, la solicitud de declaratoria de zona franca para que dicho organismo lo analice, estudie, evalúe y emita concepto sobre la viabilidad de la zona franca y apruebe o niegue el plan, con el fin de presentar dicha decisión a la DIAN para que esta entidad se pronuncie.
      (2014-05-15) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00707-01(16097)
      SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO - Requisitos en materia tributaria.
    • Pues bien, según el artículo 41 del Código Contencioso Administrativo "solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva", por lo que se trata de una figura jurídica de carácter excepcional en cuanto a su aplicación.
    En materia tributaria, el artículo 734 del Estatuto Tributario consagra el silencio administrativo positivo en relación con recursos así:
    "Si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso la Administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará".

    Por su parte el artículo 732 señala que la Administración de Impuestos tiene un año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma. De acuerdo con lo anterior, la Sala tiene precisado que para que se configure el silencio administrativo positivo en materia tributaria, la ley condiciona la decisión favorable al cumplimiento de dos hechos:
    • 1) Que el recurso se interponga en debida forma, esto es con el lleno de los requisitos consagrados por el artículo 722 del Estatuto Tributario para que proceda el fallo de fondo; y
    • 2) Que transcurra el término de un (1) año sin que la decisión de la Administración se haya manifestado produciendo efectos legales.
    Ahora bien, la Sala precisa que los recursos, cuya extemporaneidad en su decisión causa el silencio administrativo positivo conforme al artículo 734 del Estatuto Tributario, son el recurso de reconsideración a que se refiere el artículo 720 ibídem, que procede contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que imponen sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos en relación con los impuestos administrados por la DIAN y; el de reposición que se establezca en normas especiales dentro del ordenamiento tributario, pero que no tenga previsto un término para resolverse, el cual seguiría la regla general de un año del artículo 732 ibídem, so pena del silencio administrativo positivo.
      (2014-05-15) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 4697
      LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA - Objeto.
    • "Lejos de atenerse a un rigorismo formal, castigó la conducta de los contribuyentes que siendo exactos en la consignación numérica de los hechos imponibles, no tengan la debida diligencia al anotar los resultados de las operaciones matemáticas, apliquen tarifas diferentes y perjudiquen de esta manera los intereses del Estado".
    CONCEPTO DE LA DIAN - Aplicación / LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA.
    Si bien los conceptos que con base en la facultad de interpretación profiere la Dirección de Impuestos Nacionales son de obligatorio cumplimiento para sus funcionarios, estos son simples conceptos que no pueden desde luego modificar la ley; por otra parte, en el presente caso el concepto que se menciona no tiene el alcance que pretende darle el contribuyente, toda vez que la parte pertinente que se transcribe se refiere a la obligación de pagar el anticipo para efectos de recurrir contra la liquidación de corrección aritmética, no a la facultad de corrección del mismo, la cual está consagrada en la ley, y ésta no considera el pago o no de la liquidación privada del año siguiente como requisito.

    LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA - Objeto
    La liquidación de corrección aritmética no está condicionada en cuanto a su validez a requerimiento previo alguno, y la consagración de esta figura por el legislador, así como la imposición de la sanción correspondiente
      (2014-05-14) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 05001-23-31-000-1999-03718-01(15166)
      AUTORIZACION DE FACTURACION - Constituye un mecanismo técnico de control sobre la facturación.
    • FACTURA - La omisión de cualquier prefijo autorizado genera una conducta sancionable.
    Al respecto cabe indicar que la autorización otorgada por la Administración tributaria para la numeración de las facturas, constituye un mecanismo técnico de control sobre la facturación que es independiente de los requisitos exigidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario como contenido de las facturas, la cual tiene como finalidad evitar la doble facturación y controlar la evasión.

    Lo anterior permite afirmar que si se adicionan a la numeración cualquier tipo de prefijo, como en el presente caso U o M, y así se autoriza por las Oficinas de Impuestos, con el fin de evitar la doble facturación, y posteriormente se omite, con lo cual se dificulta el control de Administración, dicha conducta resulta sancionable. Conforme lo anterior es claro que la omisión del prefijo autorizado por las oficinas de impuestos es necesario, toda vez que tal como lo indica el propio contribuyente, el mismo tenía como finalidad indicar a que establecimiento de comercio pertenecía la facturación, al no tenerlo se puede presentar doble facturación, así como dificultad para las oficinas de impuestos para ejercer los respectivos controles legales.

    En este orden de ideas, para la Sala es claro que la Administración nó comprobó los supuestos de hecho en que fundamentó la sanción, y que la omisión del prefijo autorizado y el uso de facturas de diferente tamaño con la misma enumeración, si bien son irregularidades sancionables, debieron ser objeto de sanción por FACTURAR SIN LOS REQUISITOS LEGALES conforme al artículo 652 del Estatuto Tributario y nó con CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO, la cual como lo reconoce la jurisprudencia, está reservada para los casos que se adviertan actuaciones fraudulentas, debidamente comprobadas.
      (2014-05-14) [Mas Información]
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    Radicación numero: 11001-03-27-000-2008-00019-00(17190)
      ZONAS FRANCAS - Definición. Actividades que se desarrollan. Requisitos para su declaratoria.
    • ZONA FRANCA PERMANENTE Y LA ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL - Son áreas geográficas en las que se ubican los usuarios industriales y/o comerciales y/o de servicios.
    Con la nueva legislación expedida en materia de zonas francas, se establece que son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior.

    Actualmente no se les exige que su actividad esté encaminada exclusivamente a las exportaciones, como ocurría en el pasado cuando debido al desarrollo de esa actividad especifica gozaban de exención en materia del impuesto sobre la renta. La importancia de la declaratoria de una zona franca radica en que a quienes se les autorice como tales, tendrán tratamiento y beneficios especiales:

    Tarifa impuesto sobre la renta: A partir del 1º de enero de 2007, la tarifa de impuesto sobre la renta para los usuarios industriales de bienes y servicios de zonas francas, es del 15%, Para usuarios comerciales se mantiene la tarifa general.

    Deducción especial: Tienen derecho a la deducción del 40% de la inversión en activos fijos reales productivos, (40% para los años 2007 a 2009, 30% para el año gravable 2010, y a partir del año gravable 2011 desaparece la deducción). Pérdidas: Tienen derecho a la compensación de pérdidas surgidas de la utilización de dicha deducción por inversión en activos fijos reales productivos, así como de las pérdidas fiscales de la operación, sin límite porcentual ni temporal. (...)
      (2014-05-14) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 76001-23-24-000-1999-2103-01(12586)
      DEBER DE ATENDER REQUERIMIENTOS E INFORMACIONES.
    • OBLIGACION TRIBUTARIA SUSTANCIAL - Objeto
      DEBERES TRIBUTARIOS INSTRUMENTALES - Permiten al Estado verificar el pago del tributo.
    La obligación tributaria principal o sustancial tiene por objeto obtener el pago del impuesto (E.T., art. 1°). Para que el Estado establezca si se ha cumplido con esta obligación, la Ley fija otros deberes instrumentales a cargo de contribuyentes o no contribuyentes, los cuales son accesorios a la obligación tributaria sustancial.

    De acuerdo a lo anterior, la obligación tributaria sustancial se constituye en una obligación de dar, mientras que los deberes accesorios consisten regularmente en obligaciones de hacer o no hacer, que permiten al Estado verificar el correcto cumplimiento del pago del tributo.

    Dentro de esos deberes tributarios, se encuentra la obligación consagrada en el artículo 686 del Estatuto Tributario, para contribuyentes o no contribuyentes, de atender los requerimientos de informaciones o pruebas que haga la administración fiscal, cuando se requieran para verificar su situación fiscal o la de terceros.
      (2014-04-29) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 76001-23-24-000-1999-2103-01(12586)
      DEBER DE INFORMAR EN MEDIOS MAGNETICOS - No es excusa el argumento que la DIAN no modificó el impuesto que investigaba.
    • INFORMACION EN MEDIOS MAGNETICOS - Su no presentación amerita la sanción del artículo 651 del E.T.
    Frente al deber de informar, no puede deducirse, de acuerdo con las normas transcritas, que su omisión se excusa porque la administración no modificó el impuesto que investigaba, al contrario, el artículo 686 señala expresamente que su cumplimiento debe verificarse sin perjuicio de las demás obligaciones tributarias.

    La Sala concluye que en el presente caso la consecuencia de no aportar la información solicitada por la Administración mediante el Requerimiento Ordinario No. 02486-48 del 12 de mayo de 1998 es la imposición de la sanción.

    Adicionalmente, contrario a lo indicado por el Tribunal, la información solicitada sí resultaba necesaria para la determinación del impuesto de Renta del año gravable 1995, como quiera que el requerimiento especial planteaba su modificación con fundamento en la renta presunta de que trata el artículo 755-3. Por ello, no puede justificarse el incumplimiento del contribuyente de un deber legal accesorio, bajo el amparo de las deficiencias de la Administración en el proceso de determinación de la obligación principal. Con mayor razón en éste caso, en el que el punto de controversia es precisamente la omisión al deber de informar.
      (2014-04-29) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 76001-23-24-000-1999-2103-01(12586)
      CORRECCION A LA DECLARACION CON POSTERIORIDAD AL REQUERIMIENTO - No implica que la DIAN tenga que iniciar otro proceso de determinación de impuestos.
    • CORRECCION A LA DECLARACION CON POSTERIORIDAD AL REQUERIMIENTO - Requiere de la aceptación expresa de la DIAN.
    Debe entenderse que la declaración fue presentada con el fin de atender el requerimiento especial, aceptando parcialmente los hechos planteados en éste, conforme al artículo 709 ibídem, como quiera que se reconocen los mayores ingresos determinados por la administración tributaria, pero no se acepta la determinación de la renta con base en el artículo 755-3 ibídem.

    Cuando los declarantes realizan correcciones a las declaraciones con posterioridad al pliego de cargos, al requerimiento especial o a su ampliación, con fundamento en el artículo 709 del Estatuto Tributario, no generan para la administración la obligación de iniciar otro proceso de determinación de impuestos sobre ésta última liquidación, pues se entiende que la modificación al denuncio se realizó con ocasión del proceso administrativo en curso y así debe ser tenida en cuenta.

    Cuando medien actos oficiales tendientes a la modificación de la liquidación del impuesto (Vgr. Requerimiento especial o Liquidación Oficial), las declaraciones de corrección que se presenten sólo tendrán efectos vinculantes, en la medida que se acepten expresamente por el fisco o posteriormente ante la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud de los artículos 709 y 713 del Estatuto Tributario. Si ello no ocurre, el Requerimiento o la Liquidación oficial mantendrán sus efectos y el proceso de determinación del impuesto continuará o terminará, según el caso.
      (2014-04-29) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2001-00224-01(13420)
      PERJUICIO GRAVE PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Al no existir, el obligado puede exonerarse de la clausura del establecimiento y aplicársele la prevista en el artículo 652 del E.T.
    • SANCION POR NO FACTURAR CUANDO NO EXISTE PERJUICIO - Se aplica la prevista en el artículo 652 del E.T.
      CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO - Al originarse en la omisión de facturar dependerá de la gravedad de la falta y del perjuicio causado
    En los casos en que se realice una operación y no se entregue el original de la factura, se comete una infracción sancionable por la Administración Tributaria. Esta sanción por no facturar, puede consistir en la clausura por tres (3) días del sitio o sede del obligado, mediante la imposición de sellos oficiales que contienen la leyenda "Cerrado por evasión." (inc. 2° del art. 657 del E.T.).

    Al precisar la norma que quienes estando obligados a expedir facturas no lo hagan, "podrán" ser sancionados con la clausura o cierre del establecimiento deja abierta la posibilidad de que las autoridades tributarias de acuerdo a la gravedad de los hechos debidamente probados, determinen si hay lugar al cierre del establecimiento o si la infracción cometida amerita una sanción pecuniaria, conforme a los artículos 657 y 658 del Estatuto Tributario.

    El literal a) del artículo 657 ib, prevé que a juicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no exista un perjuicio grave, la entidad podrá abstenerse de decretar la clausura, aplicando la sanción prevista en el artículo 652 del E.T. En consecuencia la decisión administrativa debe ser razonada, teniendo en cuenta la gravedad de la sanción y que conforme a las normas citadas no siempre que se dan los presupuestos para su imposición hay lugar al cierre del establecimiento de comercio, dando lugar a la ponderación de la gravedad de la falta y del perjuicio causado con la omisión.
      (2014-04-29) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2001-00224-01(13420)
      CONSTANCIA DE LA NO EXPEDICIÓN DE FACTURAS - Debe ser suscrita por dos funcionarios y levantarse un acta donde conste la infracción.
    • TRASLADO DE CARGOS A QUIEN NO FACTURA - Debe hacerse por un término de 10 días para responder
      DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE - Se garantiza con el traslado de cargos antes de imponer la sanción por no facturar
    La Ley ha impuesto a los particulares la realización de una serie de deberes que faciliten la gestión del fisco y la verificación del pago de los tributos, como obligación constitucional de todos los ciudadanos. Entre estos deberes formales se encuentra el de expedir factura con el lleno de los requisitos previstos en la normatividad cuyo desconocimiento genera una infracción fiscal.

    El incumplimiento del deber de facturar constituye una infracción que la Administración debe probar, pues esta omisión permite suponer una conducta indebida o negligente por parte del obligado. La ley ha dispuesto un procedimiento detallado que debe cumplir el fisco para verificar la omisión en el deber de facturar con requisitos. Por la gravedad de la sanción, es necesario que se cumpla con el procedimiento trascrito, es decir que se designen específicamente con ese fin, dos funcionarios que verifiquen el cumplimiento de la obligación de facturar, y levanten un acta donde consten la infracción y las explicaciones de quien realizó la operación sin expedir factura.

    Así mismo deben seguir el procedimiento que consagra el artículo 657 del Estatuto Tributario antes de imponer la sanción, es decir, el traslado de cargos al infractor por el término de diez (10) días para responder. El cumplimiento de este trámite por parte del fisco, garantiza el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa, a la vez que permite sancionar conductas por incumplir los deberes que facilitan el adecuado control de la evasión tributaria.
      (2014-04-29) [Mas Información]
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    Radicación número: 25000-23-27-000-2001-00224-01(13420)
      CONSTANCIA DE LA NO EXPEDICION DE FACTURAS - Debe ser eficaz en el entendido que no quede duda sobre su legalidad.
    • DECLARACION JURAMENTADA SOBRE NO EXPEDICION DE FACTURAS - Al no identificarse a la persona, el contribuyente queda sin posibilidad de conocer las pruebas en su contra.
    Para la Sala si bien es cierto que el legislador respecto a la sanción discutida tiene por prueba suficiente el acta de constatación suscrita por dos funcionarios designados expresamente para el efecto, tal constatación debe ser eficaz, en el entendido que no quede duda de la legalidad de la prueba practicada.

    En el caso en estudio, se consignó dentro del acta de verificación como fundamento de la sanción, una declaración juramentada donde se constata el incumplimiento del deber de facturar y una denuncia por no facturar junto con un documento cuyo valor no se encuentra registrado en las facturas del día correspondiente, pero ni en el acta aludida ni en el pliego de cargos se hace referencia a la persona a quien se le tomó dicha declaración juramentada ni su identificación, ni se menciona el tipo de documento a que se refiere la denuncia presentada ni la persona que la interpuso, quedando de esta forma el contribuyente sin la posibilidad de conocer las pruebas aducidas en su contra, limitando de esta forma la posibilidad de ejercer eficazmente su derecho a la defensa, teniendo en cuenta que desde las explicaciones consignadas en el acta, el contribuyente ha negado la irregularidad.
      (2014-04-29) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2001-00224-01(13420)
      SANCION DE CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO - No procede cuando existen deficiencias probatorias en su imposición.
    • PERJUICIO GRAVE PARA LA ADMINISTRACIÓN - No existe cuando el IVA no facturado es irrisorio.
    Si bien el artículo 653 del Estatuto Tributario para efectos de la imposición de la sanción da por suficiente la verificación efectuada por los funcionados encargados para tal fin, quienes suscriben un acta dando fe de la constatación de la infracción, no puede traducirse tal potestad en la convalidación de procedimientos aplicados por la autoridad, que desconozcan los principios sobre los que se asientan las actuaciones administrativas (artículo 29 C.P.) o las relaciones entre el Estado y los particulares (artículo 83 C.P.).

    Con ocasión al Pliego de Cargos, al derecho de petición presentado y al recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución sancionatoria, el apoderado general de la actora insiste en la deficiencia probatoria para la imposición de la sanción y en la solicitud de abstenerse de decretar la clausura, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 657 del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta que no existe un perjuicio grave para la Administración si se tiene en cuenta que el posible IVA omitido es de $900.

    La sanción de clausura del establecimiento de comercio es una de las más graves del ordenamiento tributario colombiano, de acuerdo con la ley, ésta reservada para los casos en que se adviertan actuaciones fraudulentas, debidamente comprobadas, dando el más estricto cumplimiento al debido proceso.
      (2014-04-29) [Mas Información]
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    Radicación número: 25000-23-27-000-2005-90788-01(16761)
      DEDUCCION DE SALARIOS - Requiere que los empleadores demuestren estar a paz y salvo con el pago de los aportes parafiscales.
    • PAGO NO SALARIAL - No hace parte de la base para determinar los aportes parafiscales.
    El artículo 108 del Estatuto Tributario consagra como requisito para la deducción de salarios, que los empleadores demuestren que están a paz y salvo por aportes al SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar y los aportes obligatorios previstos en la Ley 100 de 1993. De acuerdo con esta disposición, le corresponde al contribuyente acreditar esta circunstancia.

    En el presente caso, la parte actora considera que los pagos realizados a sus trabajadores por concepto de bonificaciones no hacen parte de la base para realizar aportes parafiscales, porque no constituyen salario. De conformidad con los artículos 17 de la Ley 21 de 1982, 1° de la Ley 89 de 1988 y 18 de la Ley 100 de 1993, la base de liquidación de los aportes parafiscales son los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la ley laboral.

    De acuerdo con lo anterior, los pagos provenientes de la relación laboral que no constituyen salario en los términos expuestos, no hacen parte de la base para determinar los aportes parafiscales y por tanto para ellos no es aplicable la limitación contenida en el artículo 108 del Estatuto Tributario, para que sean deducibles de la renta del contribuyente.
    • PAGO NO SALARIAL - Concepto.
    Estas erogaciones son aquellas pagadas al trabajador de manera ocasional y por mera liberalidad del empleador; las que se dirigen al desempeño de las funciones del empleado, sin incrementar su patrimonio; las prestaciones sociales, y aquellos beneficios extralegales o pagos en especie en los que se haya pactado expresamente que no constituyen salario.
      (2014-04-29) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2005-90788-01(16761)
      BONIFICACION SALARIAL - Es salario al pagarse anualmente como retribución del servicio prestado.
    • PAGO NO SALARIAL - Le corresponde al contribuyente la carga de la prueba para demostrarlo
      APORTES PARAFISCALES OBLIGATORIOS - Debe estarse a paz y salvo para que proceda la deducción por salarios
    En el presente caso, en los contratos laborales se estipuló que la consecución de unos logros en ejecución del contrato de trabajo, permitiría al trabajador acceder a una bonificación una vez al año.

    De acuerdo con lo anterior se trata de un pago que retribuye de manera directa el servicio prestado por el trabajador, por lo que no tiene una naturaleza distinta a la de salario. Para que se considere ocasional es necesario que el pago se realice de manera accidental o contingente, y en este caso se realiza anualmente, es decir, es habitual pues es una erogación que se repite sucesivamente cuando se cumplen los resultados.

    No constituye una mera liberalidad porque al estar pactado en el contrato es ley para las partes y cumplidas las condiciones se convierte en obligatorio para el empleador e incluso puede ser reclamado judicialmente por el trabajador.
      (2014-04-29) [Mas Información]
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    Radicación número: 25000-23-27-000-2005-90788-01(16761)
      DEDUCCION POR SALARIOS - Requiere cumplir los requisitos generales de las deducciones y el pago de parafiscales.
    • PAGO POR SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS - Los efectuados a favor de los trabajadores constituyen pagos indirectos
      APORTES PARAFISCALES - Procede respecto de los pagos laborales indirectos y debe acreditarse su pago.
    Sea lo primero advertir que existen diferentes maneras de remunerar el servicio prestado por los trabajadores, bien sea en dinero o en especie; a través de pagos directos o indirectos, con una remuneración ordinaria o extraordinaria; fija o variable.

    Todos ellos constituyen pagos laborales, deducibles de la renta del contribuyente en la medida que reúnan los requisitos generales para la deducción, esto es, que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta, que sean necesarias y proporcionadas.que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta, que sean necesarias y proporcionadas.

    Adicionalmente, el artículo 108 del Estatuto Tributario exige acreditar que el empleador está a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales. Los pagos que realice el contribuyente a favor de terceros, para la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados a sus empleados y la familia de éstos últimos, constituyen pagos indirectos para el trabajador de conformidad con el artículo 5° del Decreto Reglamentario 3750 de 1986.
      (2014-04-29) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2005-90788-01(16761)
      PAGOS POR SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS - Los efectuados a favor de los trabadores son prestaciones sociales.
    • PAGO NO SALARIAL - Son los pagos por servicios médicos y medicamentos a favor de los trabajadores / APORTES PARAFISCALES - No requieren acreditarse en el caso de las prestaciones sociales.
    Las prestaciones sociales son el mecanismo de seguridad social establecido por el legislador para cubrir los riesgos que afectan el desempleo, la salud y la vida del trabajador y como ha considerado la Corte Suprema de Justicia,
    • "cualquier otro régimen, legal o convencional, orientado a amparar esta contingencias, constituirá igualmente una prestación social, en la misma forma que lo son las sumas de dinero o los beneficios que se reconocen por razón del accidente de trabajo, la enfermedad profesional o común, la maternidad, los gastos de entierro, el auxilio de cesantía, las pensiones de jubilación o vejez, las pensiones de viudez, orfandad o invalidez, garantías todas que no obstante su distinta finalidad específica se agrupan dentro del género de las "prestaciones sociales", porque están dirigidas a cubrir riesgos laborales."
    De acuerdo con lo anterior, los pagos hechos por la demandante por servicios médicos y drogas para los trabajadores corresponden a prestaciones sociales, porque no son retributivos de los servicios prestados, sino que pretenden cubrir, de manera adicional a la cobertura del sistema de seguridad social en salud, las contingencias por salud del trabajador.
      (2014-04-29) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2005-90788-01(16761)
      PRESUNCION DE VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Le corresponde a la DIAN desvirtuarla utilizando sus facultades de fiscalización e investigación.
    • GASTO POR CONTRIBUCIONES AFILIACIONES Y LIBROS - Le corresponde al contribuyente demostrar que son necesarios para la producción de la renta
      CARGA DE LA PRUEBA - Se desplaza al contribuyente cuando la DIAN rechaza una deducción
    En relación con la responsabilidad probatoria en el proceso tributario, el artículo 746 del Estatuto Tributario señala que: "Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial ni la ley la exija.
    • " De acuerdo con lo anterior, le corresponde en principio a la Administración desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias utilizando las amplias facultades de fiscalización e investigación con las que cuenta para obtener las pruebas correspondientes.
    Pero también puede solicitar al contribuyente la comprobación de los requisitos específicos que la ley exige para el reconocimiento de un descuento, exención, ingreso no gravado, costo, deducción, pasivos, etc. Como lo ha señalado la Corporación, la presunción de veracidad de las declaraciones tiene como condición que sobre lo hechos allí consignados no se exija una comprobación especial.
      (2014-04-29) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2005-90788-01(16761)
      DEDUCCION POR IMPUESTOS PAGADOS - Requiere que los pagos tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta pero no necesidad y proporcionalidad.
    • DEDUCCION POR CONTRIBUCIONES - Requiere analizarse en cada caso si cumple los requisitos generales del artículo 107 del Estatuto Tributario.
    De acuerdo con el artículo 115 del Estatuto Tributario, es procedente la deducción de los impuestos que de manera expresa se señalan en la norma, siempre que se trate de aquellos efectivamente pagados durante el respectivo año gravable y que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente, pero sin que se requieran los presupuestos de necesidad y proporcionalidad a que alude el artículo 107 ib. para las deducciones generales, pues su desembolso no depende de un criterio comercial, ni pueden compararse con los gastos normalmente acostumbrados en cada actividad, ya que se pagan en cumplimiento de una obligación legal que no depende de tales condicionamientos.

    Debe aclararse que, tratándose de la deducción por contribuciones, es necesario estudiar la naturaleza jurídica del tributo conforme con la normatividad que la regula, para verificar en cada caso si se cumplen los requisitos generales de deducibilidad consagrados en el artículo 107 del Estatuto Tributario, esto es, que se trate de erogaciones necesarias, proporcionales y que guarden relación de causalidad con la actividad productora de renta.
      (2014-04-29) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2005-90788-01(16761)
      SISTEMA DE JUEGO DE INVENTARIOS - Permite la disminución del inventario final por faltantes de mercancía.
    • MERCANCIA DESTRUIDA - Su deducción no es permitida invocando el artículo 64 del Estatuto Tributario.
    El artículo 64 del Estatuto Tributario permite a los contribuyentes que adopten el sistema de juego de inventarios, la disminución del inventario final por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras." Y, si se demuestra la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse sumas mayores.

    Así, lo que la citada disposición autoriza es la disminución del "inventario final", que es uno de los factores de determinación del costo de los activos movibles, en el sistema de juego de inventarios, y no la deducción por pérdidas en la enajenación de activos movibles, que puedan originarse por la destrucción de las mercancías. Tal disposición está en concordancia con el inciso final del artículo 148 del Estatuto Tributario que de manera expresa prohíbe la deducibilidad de las pérdidas en bienes del activo movible que se han reflejado en el juego de inventarios.

    En el caso de los contribuyentes que utilizan el sistema de inventarios permanentes, las pérdidas, roturas, destrucción u obsolescencia de bienes del activo movible, deben contabilizarlas creando una provisión que registre la pérdida de valor del inventario, de conformidad con el artículo 52 del Decreto 2649 de 1993.

    Esta provisión no es deducible de la renta porque para efectos fiscales sólo se permiten las deducciones expresamente permitidas en las normas tributarias y porque así lo dispone el parágrafo del artículo 65 del Estatuto Tributario.
      (2014-04-29) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2005-90788-01(16761)
      APORTES PARAFISCALES - Al no pagarse y por tanto no ser deducibles los salarios amerita sanción por inexactitud.
    • SANCION POR INEXACTITUD - No procede levantarla cuando no se cumplen los requisitos legales de las deducciones.
    Si el contribuyente no cancela los aportes parafiscales exigidos como requisito de la deducción de los pagos laborales, procede su desconocimiento y que se considere que se incluyeron gastos inexistentes, lo cual da lugar a la sanción por inexactitud.

    La misma situación se presenta cuando se deducen erogaciones que no reúnen los requisitos exigidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario para su procedencia, toda vez que el artículo 647 del Estatuto Tributario dispone que hay lugar a la sanción por inexactitud cuando se incluyen deducciones inexistentes y, en general, cuando se utilicen en la declaración tributaria datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar.
      (2014-04-29) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2005-90788-01(16761)
      LIBROS DE CONTABILIDAD - Son obligatorios el libro diario y el mayor y balances.
    • BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE RENTA - Si el libro diario no permite determinarla procede la sanción por libros de contabilidad.
    La Sala recuerda que los comerciantes deben llevar contabilidad regular de sus negocios, para lo cual deberán utilizarse los libros señalados por el legislador. La ley no ha fijado de manera expresa cuáles son los libros obligatorios, sin embargo, de lo previsto en el artículo 125 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y en los artículos 49 y siguientes del Código de Comercio, para que la contabilidad sea comprensible, útil y las operaciones sean registradas en estricto orden cronológico, bien sea de manera individual o por resúmenes globales no superiores a un mes, se ha entendido que se requiere la utilización de los llamados libro diario y mayor y balances.

    En el libro diario se registran todos los movimientos débito y crédito de las cuentas, las operaciones resultantes de los hechos económicos ocurridos en un periodo no superior a un mes. Los asientos que se hacen en este libro se basan en la información contenida en los comprobantes de contabilidad.

    Si como ocurre en el presente caso, el libro diario no permite verificar los factores necesarios para determinar las bases gravables, porque no se registran los comprobantes de diario identificados, se incurre en la irregularidad sancionable prevista en el literal e) del artículo 654 del Estatuto Tributario.
      (2014-04-29) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2005-90788-01(16761)
      SANCION POR DEVOLUCION IMPROCEDENTE - Debe disminuirse cuando la liquidación oficial que modifica el saldo a favor se anula parcialmente.
    • BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE RENTA - Si el libro diario no permite determinarla procede la sanción por libros de contabilidad.
    El artículo 670 del Estatuto Tributario dispone que si se devuelve un saldo a favor y la administración tributaria, mediante liquidación oficial, rechaza o modifica dicho saldo, el contribuyente deberá reintegrar las sumas devueltas o compensadas en exceso, junto con sus intereses incrementados en un 50%.

    Si la liquidación oficial que modificó el saldo a favor se sometió a control jurisdiccional y fue declarada parcialmente nula, la sanción por devolución improcedente debe disminuirse en proporción al valor indebidamente reintegrado.

    Ello no significa que el proceso de determinación del impuesto y el de imposición de la sanción por devolución improcedente se confundan, sino que se parte del reconocimiento de los efectos que uno tiene en el otro.
      (2014-04-29) [Mas Información]
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    Radicación: 66001-23-31-000-2002-01000-01(14684)
      DEBER DE LOS CONTRIBUYENTES - Uno de ellos es llevar y conservar su contabilidad debidamente.
    • INSPECCION CONTABLE - Finalidad
      LIBROS DE CONTABILIDAD - Término para su exhibición
      CONTABILIDAD - Es un medio de prueba a favor del contribuyente.
    El artículo 782 del Estatuto Tributario establece la inspección contable como un medio probatorio dirigido a verificar la exactitud de las declaraciones tributarias, establecer la existencia de hechos gravados y verificar el cumplimiento de las obligaciones formales, mediante el examen físico a los libros de contabilidad del contribuyente o de un tercero, obligados a llevar contabilidad.

    Dentro de las facultades que goza la DIAN en la realización de esta diligencia y en ejercicio del poder fiscalizador (artículo 684 [e] del Estatuto Tributario), puede ordenar la exhibición de los libros contables y demás documentos de carácter privado del contribuyente, quien cuenta con cinco días hábiles para ponerlos a disposición, si la notificación del auto que la ordene se notifica personalmente, u ocho días, si la notificación se realiza por correo (artículo 2 Decreto 1354 de 1987).

    En materia tributaria la contabilidad para los contribuyentes es un medio de prueba a su favor (artículo 772 del Estatuto Tributario) y para la Administración es la fuente de información y el punto de referencia, por excelencia, para la correcta determinación de los tributos (artículos 15 Constitución Política y 684 y 775 del Estatuto Tributario), razón por la cual, constituye también un deber de los contribuyentes llevarla conforme a la ley, conservarla y ponerla a disposición de las autoridades tributarias cuando la requieran.
      (2014-04-28) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación: 66001-23-31-000-2002-01000-01(14684)
      ACTA DE INSPECCION CONTABLE - Es soporte válido para imponer la sanción por libros de contabilidad.
    • SANCION POR LIBROS DE CONTABILIDAD - Debe fundamentarse en el acta de inspección contable.
    Aunque la inspección contable y la tributaria persiguen la misma finalidad (artículo 779 del Estatuto Tributario), se diferencian en cuanto al objeto sobre el cual recae la prueba. La inspección contable recae exclusivamente en la información contable del contribuyente o de un tercero, mientras que la inspección tributaria puede recaer sobre cualquier otro elemento o factor que conduzca a la certeza.

    Por ello, en la inspección tributaria se pueden acudir o decretar otros tipos de pruebas, como testimonios, cruces de información, etc. Es un medio probatorio amplio, en cuanto permite el recaudo de otros elementos de juicio, incluidos los contables y por ello también se deben exhibir los libros si así lo exige la Administración.

    De manera que si la inspección contable tiene por finalidad verificar el cumplimiento de los deberes formales y recae exclusivamente en la información contable de los contribuyentes o terceros obligados a llevar contabilidad, de su práctica se puede derivar la actuación administrativa tendiente a imponer una sanción por irregularidades en la contabilidad y el acta que de ella se extienda, es un soporte probatorio válido para motivar la sanción, si en ella consta el hecho irregular censurado y no ha sido desvirtuada por el administrado.
      (2014-04-28) [Mas Información]
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    Radicación: 66001-23-31-000-2002-01000-01(14684)
      SANCION POR LIBROS DE CONTABILIDAD - No debe imponerse cuando falta imprimir los libros.
    • RESPONSABILIDAD OBJETIVA EN SANCION POR LIBROS - Permite analizarse en cada caso las circunstancias que rodean los hechos
      LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - No hay lugar a imponerse sanción cuando falta imprimir la información.
    No obstante es evidente que al momento en que se realizó la visita, el Libro de Inventarios y Balances no tenía los registros correspondientes a 1999, para la Sala, fue en exceso formalista la Administración proponer la sanción y finalmente imponerla, cuando previamente al pliego de cargos la sociedad demostró que los registros del mencionado libro no se encontraban atrasados y que faltaba imprimir los de 1999, explicación que justificaba el supuesto atraso encontrado por la DIAN.

    La razón de ser de la sanción por irregularidades en la contabilidad se traduce en la necesidad de que los contribuyentes y terceros obligados a llevarla, cumplan con todos los requisitos legales en su diligenciamiento, de manera que se permita conocer en cualquier momento la real situación económica y financiera de la persona y sea eficaz para la correcta determinación de los impuestos.

    Por ello, tributariamente se castiga no llevar contabilidad, no registrar los libros, no exhibirlos cuando se requieran, llevar doble contabilidad, no diligenciarlos de manera que se puedan establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones y cuando se encuentren atrasados, pues de presentarse alguno de estos hechos, la fuente contable no es idónea y eficaz para una correcta determinación tributaria.
      (2014-04-28) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Referencia 25000-23-27-000-1999-0864-01(12975)
      NOTIFICACION DE ACTOS DE LA DIAN - Se debe hacer a la última dirección informada por el contribuyente.
    • DEBER DE INFORMAR CAMBIO DE DIRECCIÓN - Debe efectuarse dentro de los tres meses siguientes a su ocurrencia

      NOTIFICACION A LA ANTIGUA DIRECCIÓN - Es válida cuando el contribuyente no ha informado el cambio de dirección
    De acuerdo con el artículo 563 del Estatuto Tributario, la regla general es que los actos de la administración tributaria se notifiquen a la última dirección informada por el contribuyente, la cual corresponde a la indicada en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, o en el formato oficial de cambio de dirección.

    Los declarantes, conforme al inciso segundo del artículo 612 ibídem, tienen el deber de informar los cambios de dirección dentro del término de tres (3) meses contados a partir de su ocurrencia. Aunque no está prevista expresamente una sanción en caso de incumplimiento de este deber, la consecuencia para quien no informe oportunamente el cambio será que la Administración Tributaria notifique válidamente sus actos a la última dirección conocida.

    Adicionalmente la norma trascrita también dispone que la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada.
      (2014-04-25) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Referencia 25000-23-27-000-1999-0864-01(12975)
      NOTIFICACION DEVUELTA POR CORREO - Conlleva intentar ubicar al contribuyente conforme al artículo 563 del Estatuto Tributario antes de notificarlo en periódico de amplia circulación.
    • NOTIFICACION EN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN - Su realización procede una vez intentada la notificación a la nueva dirección informada por el contribuyente.
    Sin perjuicio de las prerrogativas a favor del ente estatal, el artículo 563 del Estatuto Tributario procura el adecuado conocimiento de los actos administrativos. De esta disposición se colige que no sería lógico que se privilegie a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones sustanciales o formales, frente a los que sí lo hacen.

    El inciso segundo del artículo 563 le permite a la Administración ubicar por otros medios a quien no ha informado dirección alguna (verificación directa, guías telefónicas, directorios, información comercial o bancaria, etc.). Con mayor razón en virtud del principio de equidad, se deduce de la misma norma, que a quien cumple con el deber legal de informar la nueva dirección, deben notificársele los actos correspondientes a esta última, antes de hacer la publicación en un diario de amplia circulación.

    Esta forma de notificación es excepcional y restringida únicamente a los eventos previstos en ella y presume que la notificación por correo fue adecuada, es decir enviada a la dirección informada por el contribuyente, agotados los recursos señalados en el artículo 563 E.T. Lo excepcional de la notificación por aviso en un periódico, se explica en el hecho real, que no es garantía suficiente de que a través de ella se logre el conocimiento efectivo de los actos administrativos.
      (2014-04-25) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2000-01300-01(13153)
      LIQUIDACION DE REVISIÓN - Debe contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos contemplados en el requerimiento o en su ampliación.
    • CORRECCION A DECLARACION TRIBUTARIA - En la liquidación oficial debe tenerse en cuenta la última corrección presentada por el contribuyente.
    DEBER DE INFORMAR A LA DIAN SOBRE ULTIMA DECLARACION DE CORRECCION - Con esto el funcionario que conozca del expediente la debe tener en cuenta e incorporarla al expediente.

    De conformidad con el artículo 711 del Estatuto Tributario, la Liquidación de Revisión debe contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o su ampliación.

    En caso que el contribuyente haya corregido su declaración inicial, la Administración deberá tener en cuenta en la liquidación oficial, la última corrección presentada, de conformidad con el artículo 588 del Estatuto Tributario, norma que en su inciso segúndo dispone:
    • "Toda declaración que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, presente con posterioridad a la declaración inicial, será considerada como una corrección a la declaración inicial o a la última corrección presentada, según el caso."
    Con este fin, el contribuyente que es objeto de un proceso de determinación oficial del impuesto está obligado por el artículo 692 ibídem a informarle a la administración la existencia de la última declaración de corrección, para que el funcionario que conozca del expediente la tenga en cuenta y la incorpore al proceso.
      (2014-04-25) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2000-01300-01(13153)
      CORRECCION A LA DECLARACIÓN - Solamente la última es la que debe tenerse en cuenta por la DIAN al proferir el requerimiento y la liquidación de revisión.
    • LIQUIDACION DE REVISIÓN - La DIAN al proferirla no debe tener en cuenta una corrección anterior a la última efectuada por el contribuyente.
    En el presente caso, la última corrección de la sociedad CELLSTAR DE COLOMBIA LTDA, a la declaración inicial del 6° bimestre de 1995, es la de fecha 24 de septiembre de 1998, la cual fue presentada con ocasión de la respuesta al requerimiento especial.

    Por tanto la Administración, en la Liquidación Oficial, debió tenerla en cuenta, como en efecto hizo, al proferir la ampliación al requerimiento especial con base en ella. No podía la Administración en la ampliación al requerimiento ni en la Liquidación Oficial basarse en la declaración presentada el 20 de abril de 1998, como lo pretende el demandante, porque éste denuncio fue modificado por la última corrección presentada el 24 de septiembre de 1998.

    Por lo anterior, resulta irrelevante si el procedimiento seguido por la sociedad al presentar la corrección del 20 de abril de 1998 fue o no el adecuado, pues en todo caso, la Administración debió tener en cuenta la última declaración presentada por el 6° bimestre de 1995 del IVA, de fecha 24 de septiembre de 1998.
      (2014-04-25) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 66001-23-31-000-2000-0155-01(12854)
      SANCION POR FACTURACIÓN - Procede cuando no se entrega el original de la factura al comprador.
    • CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO - Al colocar el aviso "cerrado por evasión" se castiga a la persona que ha incurrido en una conducta prohibida.
    En los casos en que se realice una operación y no se entregue el original de la factura, se comete una infracción sancionable por la Administración Tributaria. Esta sanción por no facturar, consiste en la clausura por tres (3) días del sitio o sede del obligado, mediante la imposición de sellos oficiales que contienen la leyenda "Cerrado por evasión." (inc. 2° del art. 657 del E.T.).

    El texto "Cerrado por evasión" de los sellos oficiales, que hace parte de la sanción por no facturar, fue demandado ante la Corte Constitucional y fue declarado exequible mediante la sentencia C-063 del 17 de febrero de 1994, la cual consideró: "Como dice el adagio popular, "las personas cosechan lo que siembran."

    En este caso se trata de una sanción consistente en el anuncio "cerrado por evasión", expuesto en el domicilio de una persona a la que se le ha comprobado debidamente su fraude a la administración de impuestos.
      (2014-04-25) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 66001-23-31-000-2000-0155-01(12854)
      CONSTANCIA DE LA NO EXPEDICION DE FACTURAS - Implica levantar una acta por parte de los funcionarios de la DIAN donde se pruebe la no expedición.
    • DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE - Se garantiza al levantar el acta previa para poder imponer sanción por no facturar.
    Por la gravedad de la sanción, es necesario que se cumpla con el procedimiento transcrito, es decir que se designen específicamente con ese fin, dos funcionarios que verifiquen el cumplimiento de la obligación de facturar, quienes levantarán un acta donde conste la infracción y las explicaciones de quien realizó la operación sin expedir factura.

    Así mismo deben seguirse el procedimiento que consagra el artículo 657 del Estatuto Tributario antes de imponer la sanción, es decir, el traslado de cargos al infractor por el término de diez (10) días para responder.

    El cumplimiento de este trámite por parte del fisco, garantiza el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa, a la vez que permite sancionar conductas por incumplir los deberes que facilitan el adecuado control de la evasión tributaria.
      (2014-04-25) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 05001-23-31-000-1996-1685-02(14231)
      FACTURA - La deben expedir los comerciantes, quienes ejercen profesiones liberales y quienes enajenan bienes producto de actividades agrícolas o ganaderas.
    • NOTARIAS - Tienen el deber de facturar por ser responsables del IVA en la prestación de servicios
    El artículo 615 del E.T. ordena que todas las personas o entidades comerciantes, que ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, así como quienes enajenen bienes producto de actividades agrícolas o ganaderas, deben expedir factura o documento equivalente, con la excepción de aquellos casos en que la ley exime de esta obligación.

    La obligación de facturar en el caso de las Notarías, se deriva del artículo 437 del Estatuto tributario, según el cual son responsables del impuesto sobre las ventas, quienes presten servicios.

    A su vez el artículo 5º del Decreto Reglamentario 1250 de 1992 señala:
    • " En el caso de la prestación de servicios notariales, son responsables del impuesto sobre las ventas, las notarías, las cuales cumplirán las diferentes obligaciones tributarias derivadas de tal calidad, con el número de identificación tributaria, Nit que corresponda al respectivo notario. "Corresponde al Notario el cumplimiento de las obligaciones derivadas del impuesto sobre las ventas para la respectiva notaría".
      (2014-04-24) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 05001-23-31-000-1996-1685-02(14231)
      CIERRE DE ESTABLECIMIENTO - Se impone por el incumplimiento del deber de facturar.
    • SANCION POR NO FACTURAR - El Texto cerrado por evasión fue encontrado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-063 de 1994.
    El texto "Cerrado por evasión" de los sellos oficiales, que hace parte de la sanción por no facturar, fue demandado ante la Corte Constitucional y fue declarado exequible mediante la sentencia C-063 del 17 de febrero de 1994, la cual consideró:
    • "..En este caso se trata de una sanción consistente en el anuncio "cerrado por evasión", expuesto en el domicilio de una persona a la que se le ha comprobado debidamente su fraude a la administración de impuestos. La persona objeto de una tal medida no ha hecho sino sufrir las naturales consecuencias de una conducta que le es imputable.
    Por eso, si el contribuyente es un comerciante por ejemplo, el menor volumen de sus ventas no proviene del anuncio que nos ocupa sino de la presunta conducta irregular.

    La anterior providencia, que es cosa juzgada constitucional, encontró ajustada a la Carta el texto de los sellos colocados al imponer la sanción de clausura del establecimiento, sanción que, debe subrayarse, se impone por el incumplimiento del deber de facturar, sin que se requiera que la Administración verifique el cumplimiento de la obligación tributaria sustancial.
      (2014-04-24) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 05001-23-31-000-1996-1685-02(14231)
      CONSTANCIA DE LA NO EXPEDICION DE FACTURAS - Se refiere a un acta donde conste la infracción y las explicaciones de quien no facturó

      TRASLADO DE CARGOS A QUIEN NO FACTURA - Es de 10 días al infractor para que dé respuesta

    • DEBER DE EXPEDIR FACTURA - Su incumplimiento genera una infracción que supone una conducta indebida o negligente
    El incumplimiento del deber de facturar constituye una infracción en la que basta que la Administración pruebe la falta, pues esta omisión permite suponer una conducta indebida o negligente por parte del obligado, a quien le corresponderá demostrar que no existió mala fe en su conducta, o probar la imposibilidad material para su cumplimiento por fuerza mayor o caso fortuito.

    Lo anterior no implica de ninguna manera, que se exima a la Administración de realizar alguna gestión para acreditar el incumplimiento; al contrario, la ley ha dispuesto un procedimiento detallado que debe cumplir el fisco para verificar la omisión en el deber de facturar con requisitos.

    • Por la gravedad de la sanción, es necesario que se cumpla con el procedimiento trascrito, es decir que se designen específicamente con ese fin, dos funcionarios que verifiquen el cumplimiento de la obligación de facturar, quienes levantarán un acta donde conste la infracción y las explicaciones de quien realizó la operación sin expedir factura.
    Así mismo debe seguirse el procedimiento que consagra el artículo 657 del Estatuto Tributario antes de imponer la sanción, es decir, el traslado de cargos al infractor por el término de diez (10) días para responder.
      (2014-04-24) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 05001-23-31-000-1996-1685-02(14231)
      CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO - Puede no imponerse al no facturar a discreción de la DIAN conforme al artículo 657 del Estatuto Tributario.
    • FACTURA - Debe entregarse el original al comprador.
    El cumplimiento de la obligación de facturar requiere de la entrega del original de la factura al comprador, por lo que de acuerdo con el acta levantada el 30 de junio de 1995, la actora cometió la infracción y para constatarlo, la Administración atendió el procedimiento establecido en la Ley.

    Tal argumento es contradictorio con lo señalado en la declaración juramentada suscrita por la Notaria encargada, en donde manifestó que se expide factura por concepto de fotocopias.

    Adicionalmente se debe tener en cuenta que si bien dentro del decreto que fija las tarifas por servicios notariales no existe un servicio por valor de $150 a 30 de junio de 1995, según la declaración que sirvió de fundamento para sancionar no se trata de un servicio notarial, sino de la expedición de una copia simple de una escritura. Este hecho está sometido al impuesto sobre las ventas conforme al artículo 420 del Estatuto Tributario por cuanto se trata de una operación que no está expresamente excluida.
      (2014-04-24) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 18001-23-31-000-2000-00025-01(15109)
      SANCION POR NO PRESENTAR INFORMACION TRIBUTARIA - Procede cuando se presentan informaciones diferentes a la solicitada.
    • REQUERIMIENTO ESPECIAL - No se requiere expedirlo para solicitarle al contribuyente información tributaria

      DERECHO AL DEBIDO PROCESO - No se vulnera cuando la sanción por no informar se impone previo pliego de cargos
    En el caso concreto, la Administración profirió los Requerimientos Ordinarios 170, 171 y 172, notificados el 23 de julio de 1998, en los cuales solicitó al actor que enviara la información detallada respecto de los ingresos, inventario de bienes muebles e inmuebles, movimientos de cuentas bancarias, CDT, inversiones, deudas, costos y deducciones y los ajustes por inflación realizados en relación con los períodos 1994 a 1996, información que discriminó en treinta aspectos.

    El propósito de la información era que la misma fuera allegada a las investigaciones por concepto del impuesto de renta por los períodos gravables en mención. En las respuestas a los requerimientos, el actor aportó copias de las declaraciones de renta de los años 1994 a 1996. Tales respuestas, evidentemente, no corresponden a la información solicitada por la DIAN, pues, no tiene sentido que si lo que pretende la Administración es tener elementos de juicio dentro de las investigaciones iniciadas contra el contribuyente por las declaraciones de renta de 1994 a 1996, baste con copia de las mismas para que tales elementos obren en la actuación administrativa, cuando es precisamente su veracidad lo que se está tratando de verificar.

    Además, las copias de las declaraciones se encuentran en poder de la DIAN. Así pues, el contenido de la información suministrada no correspondía a lo solicitado por la Administración.
      (2014-04-24) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 18001-23-31-000-2000-00025-01(15109)
      DEBER DE CONSERVAR INFORMACION TRIBUTARIA - Debe conservase las informaciones y pruebas para acreditar los datos declarados.
    • FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA DIAN - Puede solicitarle a los contribuyentes la información tributaria que requiera.
    A su vez, puso en evidencia que no tenía la información solicitada, salvo lo que constaba en la declaración, con lo cual violó, además, el artículo 632 del Estatuto Tributario que ordena a los contribuyentes conservar la información y pruebas que permitan acreditar los ingresos, costos, deducciones, descuentos, exenciones y demás beneficios tributarios, las declaraciones tributarias presentadas, las consignaciones de retención en la fuente practicadas como agentes retenedores y la contabilidad con los comprobantes de orden interno y externo.

    No sobra recordar que la Administración, en cumplimiento de sus amplias facultades de investigación para el debido control de los tributos, puede solicitar información a los contribuyentes, máxime en este caso, en el que la misma debía reposar en poder del actor, pues versaba sobre operaciones efectuadas y relacionadas con él.
      (2014-04-24) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 18001-23-31-000-2000-00025-01(15109)
      SANCION POR NO PRESENTAR INFORMACION TRIBUTRARIA - Procede cuando la información tributaria suministrada no corresponde con la exigida.
    • SANCION TRIBUTARIA CONFISCATORIA - No se configura cuando en su tasación se aplica la tarifa prevista.
    Por último, la sanción no fue confiscatoria puesto que se impuso con base en los parámetros de la Resolución 2004 de 31 de octubre de 1997 que establece que si la información exigida es suministrada por el sujeto obligado, pero el contenido no corresponde con lo solicitado, la sanción a aplicar será del cuatro por ciento (4%) sobre el monto de la información a reportar.

    Adicionalmente, el actor no controvirtió la gradualidad de las sanciones, en la vía gubernativa ni en la demanda, razón por la cual, tal aspecto no puede ser objeto de estudio en esta oportunidad. En consecuencia, como está demostrado que el actor no aportó las pruebas y documentos requeridos por la DIAN, conducta sancionada en el artículo 651 del Estatuto Tributario, los actos acusados se ajustaron a derecho, motivo por el cual habrá de confirmarse la sentencia apelada.
      (2014-04-24) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-01350-01(14624)
      DIRECCION PARA NOTIFICACIONES - Dirección procesal informada en respuesta a requerimiento: ante devolución del correo procede por aviso.
    • RECURSO DE RECONSIDERACION - Extemporaneidad ante notificación por aviso en dirección procesal de la liquidación de revisión.
    En cumplimiento de la disposición antes transcrita, la Administración notificó a la dirección procesal informada por la actora en la respuesta al requerimiento especial, tal como consta en el mismo acto administrativo. Según constancia de Adpostal, la liquidación de revisión fue devuelta por el correo, por la causal "no reside". En consecuencia, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 568 del Estatuto Tributario, según el cual, "Las actuaciones de la Administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional...", se procedió a notificar dicha liquidación mediante aviso publicado el 19 de noviembre de 2001 en el diario La República.

    Se concluye entonces que la notificación de la liquidación oficial se ajustó a las normas legales que rigen el procedimiento aplicable y en consecuencia, el término de dos meses previsto para la interposición del recurso de reconsideración, contra la liquidación de revisión (art. 720 E.T.), vencía el 20 de enero de 2002, pues según el mismo artículo 568, en tal evento,"... para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso..." .

    Así las cosas, el recurso de reconsideración presentado por la actora el 27 de marzo de 2002 resulta extemporáneo, razón por la cual los autos 300662002000018 de 11 de abril de 2002 y 300662002000001 de 5 de mayo del mismo año, en virtud de lo cuales se inadmitió y confirmó la inadmisión del recurso interpuesto, por encontrarlo extemporáneo, se ajustan a derecho.
      (2014-04-03) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-01350-01(14624)
      CAMBIO DE DIRECCION - Vigencia de la antigua por tres meses: validez de notificación por aviso.
    • TERMINO PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACION OFICIAL DE REVISION - Seis meses siguientes al vencimiento del plazo para dar respuesta al requerimiento.
    De igual forma, es oportuna la liquidación oficial de revisión, pues según el artículo 568ib "...la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración, en la primera fecha de introducción al correo...", esto es el 12 de octubre de 2001, fecha de su notificación por correo, teniendo en cuenta que el término para dar respuesta al requerimiento especial venció el 2 de julio de 2001, y los seis meses previstos para la expedición de la liquidación vencían el 2 de enero de 2002.

    Ahora bien, el hecho de que la actora hubiera registrado un cambio de dirección a través del formato oficial RUT, el 6 de septiembre de 2001, como en efecto consta en el proceso, en el cual se registra como dirección la Carrera 9 A N° 99-07 Pisos 14 y 15 Bogotá, no desvirtúa la legalidad de la notificación de la liquidación de revisión efectuada por la Administración, por las siguientes razones: Conforme el artículo 563 el Estatuto Tributario, "...la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada." Es decir que si el cambio de dirección se registró el 6 de septiembre de 2001, la dirección antigua, es decir la que aparece registrada en la declaración de renta del año 1998, a la cual se notificó la liquidación de revisión, era válida para la fecha en que ésta fue notificada, esto es el 12 de octubre de 2001.

    Según el artículo 567 ib. "Cuando la liquidación de impuesto se hubiere enviado a una dirección distinta de la registrada o de la posteriormente informada por el contribuyente habrá lugar a corregir el error en cualquier tiempo enviándola a la dirección correcta". En el caso bajo análisis la liquidación oficial de revisión se notificó a la dirección procesal informada por la actora con la respuesta al requerimiento especial, esto es a la dirección correcta, a la cual debía notificarse dicho acto, por mandato expreso del artículo 564 ib.
      (2014-04-03) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-01343-01(17597)
      REQUERIMIENTO ESPECIAL - Deben notificarse personalmente o por correo.
    • NOTIFICACION POR CORREO - Lugar dónde debe enviarse / NOTIFICACION POR AVISO - Procede cuando no se puede notificar por correo
    La notificación de los actos administrativos de carácter particular, como medio a través del cual el administrado conoce las decisiones que lo afectan, y puede oponerse a las mismas, es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso. Así, mientras esos actos no se notifiquen, no producen efecto ni son oponibles a los destinatarios (artículo 48 del Código Contencioso Administrativo).

    Conforme con el artículo 565 del Estatuto Tributario, entre los actos de la Administración que deben notificarse por correo o personalmente se encuentran los requerimientos. Y según el artículo 566, en concordancia con el 563 ibídem, (vigentes para la fecha de notificación del requerimiento especial) la notificación por correo se practica mediante entrega de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente a la Administración en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o a través del formato oficial de cambio de dirección.

    A su vez, el artículo 568 ib señala que los actos administrativos notificados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, se notificarán mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional, y que el término para que el contribuyente responda o impugne se cuenta desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación. La falta de coordinación de la administración del edificio en la entrega de la correspondencia es un asunto ajeno a la Administración Tributaria, toda vez que ésta entendió que el acto fue debidamente notificado al no ser devuelto el correo por parte de Adpostal.
      (2014-04-03) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-01343-01(17597)
      CALCULO DE PROPORCIONALIDAD - Procedencia.
    • Es procedente el cálculo de proporcionalidad efectuado, toda vez que existen operaciones excluidas, y no fue posible identificar la imputación del IVA descontable a las operaciones gravadas
    La demandada desde un comienzo alegó que el contribuyente no presentó prueba de la imputación que los bienes importados tenían sobre las ventas gravadas y menos aun la imputación del IVA descontable a las operaciones gravadas, exentas y excluidas, tal como lo determinan los artículos 488 y 490 del Estatuto Tributario y el artículo 4 del Decreto 1165 de 1996, razón por la cual es procedente el cálculo de proporcionalidad efectuado, toda vez que existen operaciones excluidas, y no fue posible identificar la imputación del IVA descontable a las operaciones gravadas exclusivamente, como lo indica la actora.

    Toda vez que la sociedad demandante no demostró que contabilizó de forma clara y precisa los impuestos que son imputables a sus operaciones exentas y excluidas, conforme lo exige el artículo 4º del Decreto 1165 de 1996, la administración procedió legalmente a aplicar el artículo 490 del Estatuto Tributario para determinar qué porcentaje del impuesto sobre las ventas, causado en compras de bienes y/o servicios gravados, es objeto de descuento imputable a las operaciones gravadas y qué porcentaje a operaciones excluidas. No prospera el cargo.
      (2014-04-03) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-01343-01(17597)
      RESOLUCION QUE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACION - Es nula cuando se omiten las bases gravables.
    • CAUSALES DE NULIDAD DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSOS - Lo es la omisión de bases gravables / OMISION DE BASES GRAVABLES - Improcedencia como causal de nulidad.
    Observa la Sala que no incurrió el acto administrativo en la causal de nulidad prevista en el numeral 4º del artículo 730 del Estatuto Tributario, toda vez que la Resolución No. 900.005 del 31 de mayo de 2006, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Liquidación Oficial de Revisión No. 900003 del 16 de mayo de 2005, contiene un análisis de los motivos de inconformidad planteados por la sociedad actora y reitera la procedencia de la aplicación del artículo 490 del Estatuto Tributario, explicaciones que a juicio de la Sala constituyen suficiente motivación del acto de determinación del tributo.
      (2014-04-03) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-01343-01(17597)
      PROCESO DE DETERMINACION DE IMPUESTOS - Tiene la competencia de adelantarlo el Jefe de la Unidad de Fiscalización de la Administración Tributaria.
    • DEBER DE COLABORACION - Lo debe prestar el contribuyente cuando lo administración lo requiera / PRUEBAS EN EL PROCESO DE DETERMINACION DEL TRIBUTO - El contribuyente puede aportarlas en cualquier diligencia que adelante la Administración.
    Observa la Sala que, de conformidad con lo prescrito en los artículos 560 y 688 del Estatuto Tributario, es al jefe de la Unidad de Fiscalización de la Administración Tributaria a quien corresponde proferir los actos de trámite en los procesos de determinación de impuestos, y a los funcionarios de esa Unidad adelantar las actuaciones preparatorias respecto de los actos de competencia de dicha unidad. También tienen facultades de fiscalización tributaria los jefes de las divisiones y dependencias, así como los profesionales de la misma entidad en quienes se deleguen tales funciones.

    En ejercicio de esas facultades se comisionó a funcionarios de la misma Administración para efectuar visita de inspección, en la cual se revisaron los libros auxiliares y documentos soportes correspondientes a la aludida vigencia fiscal. La DIAN, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, puede efectuar las diligencias que considere necesarias para la correcta determinación del impuesto, lo cual puede incluir inspecciones tributarias o contables, o el simple requerimiento o exhibición de los libros, comprobantes y documentos de contabilidad [artículo 684 del Estatuto Tributario].

    En cualquiera de los casos, corresponde al contribuyente prestar toda su colaboración, pues así no sólo se logra una determinación del impuesto conforme a su realidad económica, sino que se garantiza su derecho de defensa y contradicción en relación con las partidas cuestionadas, porque puede presentar todas las pruebas que acrediten la realidad de los hechos que soportan su declaración.
      (2014-04-03) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00183-01(17203)
      COMITE DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO - Debía pronunciarse sobre los egresos y destinación del beneficio neto en el año 1997.
    • CALIFICACION DE EGRESOS Y BENEFICIO NETO - La efectuada por el Comité de Entidades sin Animo de Lucro fue derogada por la Ley 488 de 1998
    El artículo 154 de la Ley 488 de 1998 derogó el literal b) del artículo 363 del E.T. que establecía como función del Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro calificar la procedencia de los egresos realizados en el período gravable y la destinación del beneficio neto o excedente para las entidades del régimen tributario especial. Además, el artículo 83 de la Ley en mención, incorporó al artículo 363 E.T. un parágrafo según el cual "Las entidades del régimen tributario especial no requieren de la calificación del comité para gozar de los beneficios consagrados en este título. (…)".

    Esta Corporación ha precisado que la Ley 488 entró a regir el 1° de enero de 1999, por lo que es aplicable para las declaraciones que se presentaran respecto del período fiscal 1998, entonces, tal derogatoria no afectó la regulación sustancial ni procedimental que regía respecto de los períodos anteriores, en este caso el de 1997, para el cual aún estaba vigente la norma y era requisito indispensable la mencionada calificación.

    Por consiguiente, no obstante que se eliminó la función de calificar la procedencia de los egresos y la destinación del beneficio neto o excedente, el Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro era competente para pronunciarse sobre la solicitud de la Asociación actora, toda vez que se trataba del año gravable 1997 y fue presentada el 15 de diciembre de 1998 por lo que al momento de entrar en vigencia la nueva ley estaba pendiente de decisión.
      (2014-04-03) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00183-01(17203)
      INTERES GENERAL - Requisito para pertenecer al régimen tributario especial. No existe cuando el beneficio es para los asociados.
    • OBJETO SOCIAL DE ENTIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Debe ser de interés general
    Según el artículo 19 numeral 1° del E.T., son contribuyentes del régimen tributario especial las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud, educación formal, cultura, deporte aficionado, investigación científica o tecnológica, ecología y protección ambiental, o a programas de desarrollo social, siempre y cuando ellas sean de interés general.

    La decisión cuestionada por la actora se fundamentó en que, examinados los documentos allegados con la solicitud, las actividades desarrolladas por la Asociación en cumplimiento de su objeto, no se encaminan al mejoramiento del conglomerado social, pues se circunscriben al bienestar de los asociados, razón por la cual sus programas no representan un beneficio colectivo, sino particular. En efecto, el Comité tuvo en cuenta que según los estatutos de la Asociación y los actos de distribución de utilidades del año 1997, las actividades que esta desarrolla se canalizan a recaudar y distribuir equitativamente los derechos patrimoniales derivados de la comunicación o ejecución pública o del fonograma o de sus reproducciones, que corresponden a los artistas, intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas titulares de tales derechos que estén afiliados a la entidad.

    Por lo anterior se concluye en los actos demandados, que las actividades o programas de la Asociación no propenden el desarrollo de todo el conglomerado social y en tales condiciones no puede acceder al régimen establecido en el artículo 19 del E.T. Esta Corporación en reiteradas oportunidades en que ha analizado casos similares al que ahora se plantea, ha considerado que lo decidido por la entidad demandada excede los límites de su competencia, toda vez que dentro de sus funciones no le está atribuida la de pronunciarse en el sentido de no emitir la calificación, pues con ello se desconocen tanto el literal b) del artículo 363 del Estatuto Tributario como el artículo 11 del Decreto 124 de 1997.
      (2014-04-03) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 05001-23-31-000-1996-1685-02(14231)
      FACTURA - La deben expedir los comerciantes, quienes ejercen profesiones liberales y quienes enajenan bienes producto de actividades agrícolas o ganaderas
    • NOTARIAS - Tienen el deber de facturar por ser responsables del IVA en la prestación de servicios
    El artículo 615 del E.T. ordena que todas las personas o entidades comerciantes, que ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, así como quienes enajenen bienes producto de actividades agrícolas o ganaderas, deben expedir factura o documento equivalente, con la excepción de aquellos casos en que la ley exime de esta obligación. La obligación de facturar en el caso de las Notarías, se deriva del artículo 437 del Estatuto tributario, según el cual son responsables del impuesto sobre las ventas, quienes presten servicios.

    A su vez el artículo 5º del Decreto Reglamentario 1250 de 1992 señala: " En el caso de la prestación de servicios notariales, son responsables del impuesto sobre las ventas, las notarías, las cuales cumplirán las diferentes obligaciones tributarias derivadas de tal calidad, con el número de identificación tributaria, Nit que corresponda al respectivo notario. "Corresponde al Notario el cumplimiento de las obligaciones derivadas del impuesto sobre las ventas para la respectiva notaría".
      (2014-04-03) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 05001-23-31-000-1996-1685-02(14231)
      CIERRE DE ESTABLECIMIENTO - Se impone por el incumplimiento del deber de facturar.
    • El texto "Cerrado por evasión" de los sellos oficiales, que hace parte de la sanción por no facturar, fue demandado ante la Corte Constitucional y fue declarado exequible mediante la sentencia C-063 del 17 de febrero de 1994, la cual consideró:
    "..En este caso se trata de una sanción consistente en el anuncio "cerrado por evasión", expuesto en el domicilio de una persona a la que se le ha comprobado debidamente su fraude a la administración de impuestos. La persona objeto de una tal medida no ha hecho sino sufrir las naturales consecuencias de una conducta que le es imputable.

    Por eso, si el contribuyente es un comerciante por ejemplo, el menor volumen de sus ventas no proviene del anuncio que nos ocupa sino de la presunta conducta irregular. La anterior providencia, que es cosa juzgada constitucional, encontró ajustada a la Carta el texto de los sellos colocados al imponer la sanción de clausura del establecimiento, sanción que, debe subrayarse, se impone por el incumplimiento del deber de facturar, sin que se requiera que la Administración verifique el cumplimiento de la obligación tributaria sustancial.
      (2014-04-03) [Mas Información]
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    Radicación número: 05001-23-31-000-1996-1685-02(14231)
      CONSTANCIA DE LA NO EXPEDICION DE FACTURAS - Se refiere a un acta donde conste la infracción y las explicaciones de quien no facturó.
    • DEBER DE EXPEDIR FACTURA - Su incumplimiento genera una infracción que supone una conducta indebida o negligente.
      TRASLADO DE CARGOS A QUIEN NO FACTURA - Es de 10 días al infractor para que dé respuesta
    El incumplimiento del deber de facturar constituye una infracción en la que basta que la Administración pruebe la falta, pues esta omisión permite suponer una conducta indebida o negligente por parte del obligado, a quien le corresponderá demostrar que no existió mala fe en su conducta, o probar la imposibilidad material para su cumplimiento por fuerza mayor o caso fortuito.

    Lo anterior no implica de ninguna manera, que se exima a la Administración de realizar alguna gestión para acreditar el incumplimiento; al contrario, la ley ha dispuesto un procedimiento detallado que debe cumplir el fisco para verificar la omisión en el deber de facturar con requisitos. Por la gravedad de la sanción, es necesario que se cumpla con el procedimiento trascrito, es decir que se designen específicamente con ese fin, dos funcionarios que verifiquen el cumplimiento de la obligación de facturar, quienes levantarán un acta donde conste la infracción y las explicaciones de quien realizó la operación sin expedir factura.

    Así mismo debe seguirse el procedimiento que consagra el artículo 657 del Estatuto Tributario antes de imponer la sanción, es decir, el traslado de cargos al infractor por el término de diez (10) días para responder.
      (2014-04-03) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 05001-23-31-000-1996-1685-02(14231)
      FACTURA - Debe entregarse el original al comprador.
    • SERVICIO PUBLICO DE NOTARIADO - Por su naturaleza la DIAN puede no decretar el cierre del establecimiento sino simplemente la imposición de los sellos.
    El cumplimiento de la obligación de facturar requiere de la entrega del original de la factura al comprador, por lo que de acuerdo con el acta levantada el 30 de junio de 1995, la actora cometió la infracción y para constatarlo, la Administración atendió el procedimiento establecido en la Ley. Tal argumento es contradictorio con lo señalado en la declaración juramentada suscrita por la Notaria encargada, en donde manifestó que se expide factura por concepto de fotocopias.

    Adicionalmente se debe tener en cuenta que si bien dentro del decreto que fija las tarifas por servicios notariales no existe un servicio por valor de $150 a 30 de junio de 1995, según la declaración que sirvió de fundamento para sancionar no se trata de un servicio notarial, sino de la expedición de una copia simple de una escritura. Este hecho está sometido al impuesto sobre las ventas conforme al artículo 420 del Estatuto Tributario por cuanto se trata de una operación que no está expresamente excluida.

    En el caso de la prestación de servicios notariales son responsables del impuesto sobre las ventas las notarías; las cuales cumplen las distintas obligaciones tributarias derivadas de tal calidad con el NIT que corresponda al respectivo notario. (D. 1250/92, art. 5º). De acuerdo con el literal a) del artículo 657 del Estatuto Tributario, si el infractor presta un servicio público o cuando no existe un perjuicio grave, la Administración tiene la facultad de abstenerse de imponer la sanción de clausura, si se observa, por ejemplo, que resultarían también perjudicados terceros ajenos a los hechos sancionables o el daño causado no es de tal entidad que amerite la imposición de la sanción.
      (2014-04-03) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación: 250002327000200900219 01 [19416]
      “Los ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no causadas, sólo se gravan en el año o período gravable en que se causen”.
    • En otras palabras, el ingreso recibido por anticipado será gravado en el periodo en que la contraprestación se extinga, es decir, se entregue el bien, se preste el servicio o se verifique la circunstancia que permita exigir el respectivo cobro.
    Contablemente, el ingreso recibido por anticipado se registra en una cuenta del pasivo diferido que se amortiza a medida que se presta el servicio o se cumple la contraprestación debida, momento en que debe disminuirse el pasivo y reconocerse el ingreso efectivo que, para efectos fiscales, se entiende como ingreso realizado.

    En el presente caso, Sanofi Pasteur Francia envió cuenta de cobro a Sanofi Pasteur S.A., por concepto del “Proyecto HAF 76 Sero-epidemiology Hepatitis A study in Colombia”, con fecha 15 de diciembre de 200512, contabilizado en ese periodo como un pasivo.

    Con la solicitud de corrección para aumentar el saldo a favor, del 8 de agosto de 2008, la contribuyente explicó que excluyó del renglón 46 de la declaración del 2006 $62.862.000, valor correspondiente a ingresos del 2005, que “fue amortizado contablemente en el año 2006”13.

    Lo dicho permite a la Sala concluir que la cuenta de cobro mencionada dio origen a un ingreso recibido por anticipado, pues si bien, en el 2005 recibió el pago, hecho no discutido, en ese periodo no prestó el servicio, constituyéndose así un pasivo diferido que, como lo acepta la misma actora, amortizó en el 2006, periodo en el que disminuyó la cuenta del pasivo y reconoció el ingreso. En consecuencia, la suma en discusión se entiende causada en el 2006, razón por la que hace parte de los ingresos de la declaración de renta de esta anualidad.
      (2014-04-02) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-000-3301(14270)
      SANCION POR INFORMACION EXTEMPORANEA - Debe estar enmarcada dentro de los criterios de proporcionalidad y razonabiliad .
    • DAÑO OCASIONADO A LA DIAN - La sanción por errores en la información tributaria debe ser proporcional a aquel.
      ERROR EN LA INFORMACION SUMINISTRADA A LA DIAN - La sanción sólo procede en la medida que cause daño a la DIAN
    El literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario prevé que serán sancionados con multa quienes no suministren información dentro del plazo para ello, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado. Al estudiar la exequibilidad del artículo 651 del Estatuto Tributario, la Corte Constitucional precisó que las sanciones que puede imponer la Administración, deben estar enmarcadas en criterios de proporcionalidad y razonabilidad que legitimen su poder sancionador.

    Así, no todo error cometido en la información que se remite a la autoridad tributaria, puede generar las sanciones consagradas en el artículo 651, pues, la entidad está obligada a demostrar que el mismo lesiona sus intereses o los de un tercero. En conclusión, no todo error en la información suministrada puede dar lugar a las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Por tanto, las sanciones que imponga la Administración por el incumplimiento de este deber, deben ser proporcionales al daño que se genere.

    Si no existió daño, no puede haber sanción. En consecuencia, declaró la exequibilidad de la norma en mención bajo la condición de que el error o la información que no fue suministrada, haya producido daño y la sanción sea proporcionada al mismo. Así, si la omisión de informar o los errores informados no generan daño a la Administración o a terceros, no procede la imposición de la sanción. A su vez, el Consejo de Estado ha sostenido que en la sanción por no informar, el daño o perjuicio al fisco se configura en la medida en que las conductas que dan lugar a la infracción afectan la función de la DIAN, encaminada a efectuar los cruces de información necesarios para el control de los tributos .
      (2014-04-02) [Mas Información]
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    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2002-000-3301(14270)
      INFORMACION TRIBUTARIA - Al corregirse la declaración renunciando a los beneficios, aquella carece de utilidad.
    • CORRECION DE DECLARACION TRIBUTARIA - Al renunciar a costos y devoluciones, pierde utilidad la información tributaria sobre éstos
      DAÑO OCASIONADO A LA DIAN - No se presenta cuando al corregirse la declaración se renuncia a costos, deducciones e ingresos no gravados.
    Como quiera que la demandante, en lugar de entregar la información, resolvió corregir la declaración para renunciar a todos los costos y deducciones declarados en la corrección de 28 de abril de 1999, y a los ingresos no constitutivos de renta y los costos imputables a éstos, registrados en esa misma declaración, la Sala observa que finalmente carecía de utilidad la información que ésta dejó de suministrar. Lo anterior, porque el propósito de la DIAN era fiscalizar la declaración de corrección en los aspectos que fueron objeto de renuncia por el contribuyente.

    Es claro que fue la parte actora quien asumió el costo de no entregar los soportes solicitados, sino que prefirió asumir el impuesto en su totalidad junto con las sanciones. Fue así como en dos ocasiones, modificó la declaración para aumentar el impuesto. Al respecto, la Sala reitera su criterio en el sentido de que la información solicitada no puede versar sobre hechos inútiles o inoficiosos, como sería, en este caso, la que se solicitó para fiscalizar una declaración sobre puntos concretos que el contribuyente aceptó al renunciar a los mismos.

    A su vez, la actora no ocasionó perjuicio alguno a la Administración, pues, por el contrario, con su decisión de renunciar en su declaración de 1997 a los costos y gastos, y los ingresos no constitutivos y los costos imputables a los mismos, declaró y pagó un mayor impuesto, junto con sanciones e intereses. Si se considera que el daño se generó porque la falta de información impidió el ejercicio de las facultades de fiscalización de la DIAN respecto de la declaración de renta de 1997, se observa que esa entidad profirió requerimiento especial el 12 de diciembre de 2000, respecto de dicha declaración, y que el proceso terminó por mutuo acuerdo, mediante acta de 12 de junio de 2001. En consecuencia, mal podría considerarse que se impidió a la demandada ejercer sus funciones de fiscalización y control y la correcta determinación de los tributos.
      (2014-04-02) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 0800-12-33-1000-2000-0559-01(13135)
    LIBROS DE COMERCIO - No han sido definidos por ninguna ley ya que la facultad otorgada al Gobierno para su reglamentación no ha sido ejercida.
    • El Código de Comercio señala como una de las obligaciones de todo comerciante el de "Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad" (art. 19 ordinal 2°).
    Luego para dicho estatuto mercantil, toda persona natural o jurídica que sea comerciante, esto es "las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles" (art. 10 inciso 1°) tiene como uno de sus deberes registrar entre otros los libros para los cuales la ley exige esa formalidad.

    Por su parte el artículo 49 del mismo Estatuto, prescribe: "Para los efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entenderán por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos" de donde se tiene que los libros de comercio son aquellos que la ley defina como tales, ley que hasta el momento no ha sido expedida, puesto que ni el Código de Comercio ni otras normas de la misma naturaleza han señalado expresamente cuáles son aquellos, ya que la facultad otorgada al Gobierno Nacional para expedir la reglamentación sobre libros, comprobantes y soportes prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 222 de 1995 no ha sido ejercida por parte del Ejecutivo hasta el momento.
      (2014-03-31) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 0800-12-33-1000-2000-0559-01(13135)
    LIBROS OBLIGATORIOS DE CONTABILIDAD - De las normas mercantiles y tributarias se deduce que lo son el de Inventarios y Balances, el Diario y el Mayor y Balances.
    • LIBRO DIARIO - Es un libro principal y obligatorio a que se refieren los artículos 53 del Código de Comercio y 33 del Decreto 2821 de 1974
      LIBROS DE CONTABILIDAD - Son una especie de Libros de Comercio y deben ser inscritos en el registro mercantil.
    De la sentencia del 13 de septiembre de 1996 Exp. 7849 se deduce que a pesar de no existir en el ordenamiento jurídico norma legal que indique cuáles son los libros obligatorios de contabilidad, de las diferentes disposiciones que hacen referencia a los libros de contabilidad en el Código de Comercio y en otras disposiciones de carácter tributario, se puede advertir que son obligatorios entre otros los Libros Inventario y Balances, los Libros Diario y Mayor y Balances, enfatizando que el libro Diario tiene el carácter de principal y obligatorio a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio; respecto a los Libros de Registro de Accionistas y de Actas de Asambleas, de Socios y de Junta Directiva han sido considerados por la jurisprudencia como una de las especies de los llamados de libros de comercio.

    De las normas transcritas y los comentarios jurisprudenciales se concluye que es obligación de todo comerciante inscribir en el registro mercantil, los libros de contabilidad, como una de las especies de los libros de comercio, y que se encuentran señalados a lo largo de las disposiciones legales del Código de Comercio,; asimismo dentro de los libros de contabilidad principales y obligatorios se encuentra el Libro Diario cuya fuente normativa son los artículos 53 del Código de Comercio y 33 del Decreto Extraordinario 2821 de 1974, éste último regulatorio de la contabilidad para efectos fiscales.
      (2014-03-31) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 0800-12-33-1000-2000-0559-01(13135)
    OPERACIONES REGISTRADAS EN LIBROS CON POSTERIORIDAD - No da lugar a la sanción por libros de contabilidad de que trata el literal b) del artículo 654 del E.T.
    • REGISTRO DE LIBROS DE CONTABILIDAD - Su inexistencia y no la contabilización de operaciones anteriores a la inscripción es lo que origina la sanción.
      REGISITRO PREVIO DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD - Será exigible siempre que exista ley especial que así lo consagre situación que no se contempla en el Estatuto Tributario.
    La situación fáctica desplegada por la actora no encaja dentro del supuesto consagrado en el literal b) del art. 654 del E.T., ya que tal como lo ha advertido la Sala, "es evidente que existe diferencia entre la conducta establecida legalmente como infractora, y la tomada como tal por la administración, como quiera que jurídicamente lo sancionable no es el registro de asientos contables respecto de operaciones anteriores a la fecha de registro del respectivo libro, sino la ausencia de registro de dicho libro por tanto la actuación administrativa que asimiló el hecho de no registrar los libros de contabilidad antes de la contabilización en ellos, al hecho de no tenerlos registrados, extendiendo de esta manera la conducta sancionable a situaciones no previstas en la norma sancionatoria, resulta violatoria de la norma que fue tomada como fundamento del acto acusado por la Administración Tributaria, esto es, el literal b) del artículo 654 del Estatuto Tributario.

    Si bien es cierto el artículo 126 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 señala que: " Cuando la ley así lo exija, para que puedan servir de prueba los libros deben haberse registrado previamente a su diligenciamiento, ante las autoridades o entidades competentes en el lugar de su domicilio principal", el alcance de tal precepto normativo debe interpretarse como una exigencia legal para las situaciones expresamente señaladas por alguna norma de carácter especial, cuando se intente presentar como prueba los libros de contabilidad llevados en debida forma, por tanto el registro previo será exigible siempre que exista ley especial que así lo consagre, situación que no contempla norma alguna del Estatuto Tributario, ni siquiera el artículo 774 ib que trata de los requisitos para que la contabilidad constituya prueba.
      (2014-03-31) [Mas Información]
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    Radicación número: 0800-12-33-1000-2000-0559-01(13135)
    SANCION POR LIBROS DE CONTABILIDAD - No procede cuando la inscripción en el registro mercantil es posterior a los registros contables.
    • VALOR PROBATORIO DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD - Tendrá importancia el registro extemporáneo de los mismos cuando exista ley especial que así lo indique.
    En tales condiciones, la inscripción posterior a los registros contables realizados en los libros principales de contabilidad y en este caso en el Libro Diario, no puede ser objeto de sanción por la irregularidad del literal b) del artículo 654 del Estatuto Tributario, ya que si bien es cierto con ello no se cumple a cabalidad los deberes impuestos a los comerciantes por las normas mercantiles, sus efectos desfavorables serán de índole probatoria cuando así lo indique una norma legal.

    Pretender como lo hizo la Administración asimilar el hecho comentado a la falta de registro de los libros de contabilidad, viola no sólo el citado artículo 654 del Estatuto Tributario sino que desconoce el Principio de Prohibición de la Analogía en materia sancionatoria, según el cual debe rechazarse la interpretación que aplique criterios extensivos a situaciones no reguladas por la norma sancionadora tomada por el ente administrativo como fundamento de su actuación, permitiendo a éste la facultad de crear tipos infraccionales o correctivos equivalentes, vulnerando asimismo la reserva de ley que en materia sancionatoria tiene el órgano legislativo.
      (2014-03-31) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00089-01(17667)
    IMPUESTO DESCONTABLE – Oportunidad para solicitarlo. Presupuestos legales.
    • CONTABILIZACION DEL IMPUESTO DESCONTABLE - Este término es diferente para solicitar el impuesto descontable.
    En cuanto a la oportunidad para solicitar los impuestos descontables, se observa que el Estatuto Tributario permite descontar el impuesto facturado al responsable "por la adquisición de bienes corporales muebles y servicios, hasta el límite que resulte de aplicar el valor de la operación que conste en las respectivas facturas o documentos equivalentes", pero para hacer efectivo este derecho debe cumplirse el requisito de oportunidad a que se refiere el artículo 496 del Estatuto Tributario.

    Es presupuesto legal para la procedencia del impuesto descontable la contabilización oportuna y la solicitud en la declaración del período en el cual se haya efectuado el asiento correspondiente. De acuerdo con lo anterior, se advierte que una es la oportunidad para contabilizar los impuestos descontables, y otra la indicada para solicitarlos o declararlos.
    • En relación con la primera, es claro que el responsable está obligado a llevarlos a la cuenta corriente del bimestre de su causación, o a la de uno cualquiera de los dos bimestres inmediatamente siguientes.
    • En cuanto a la segunda, según la norma transcrita, debe hacerse la solicitud en la declaración que corresponda al período en el que se haya contabilizado.
      (2014-03-26) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 76001-23-31-000-2008-01212-01(18656)
    ENTIDADES TERRITORIALES – No pueden gravar con el impuesto de industria y comercio a las entidades o instituciones públicas y privadas que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
    • Conforme con el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, están gravadas con el impuesto de industria y comercio, todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, como establecimientos de comercio o sin ellos.
    El sistema nacional de salud existente para la época de la expedición de la Ley 14 de 1983, fue cambiado por el "Sistema de Salud" que trajo la Ley 10 de 1990 al decir que "forman parte [del sistema], tanto el conjunto de entidades públicas y privadas del sector salud, como también en lo pertinente, las entidades de otros sectores que inciden en los factores de riesgo para la salud [...]" (artículo 4). A su vez, el artículo 5° de la Ley 10 de 1990 señaló que hacen parte del sector salud el subsector privado, conformado por todas las entidades o personas privadas que presten servicios de salud y, entre otros, las entidades o instituciones de seguridad social y cajas de compensación familiar en lo pertinente a la prestación de servicios de salud, las fundaciones o instituciones de utilidad común, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, y personas privadas naturales o jurídicas.

    Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se reorganizó nuevamente el sector salud, bajo el nombre de "Sistema de Seguridad Social en Salud" en el cual, conforme a su artículo 156, concurren en su conformación, entre otros organismos, el Gobierno Nacional, el Fosyga, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que son "entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del sistema general de seguridad social en salud, dentro de las promotoras de salud o fuera de ellas [...]".

    De la normativa referenciada, se concluye que a los municipios y al Distrito Capital les está prohibido gravar con el impuesto de industria y comercio a los "hospitales adscritos y vinculados al sistema nacional de salud", expresión que comprende y debe entenderse, como aquellas entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud, de naturaleza pública y privada, que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud
      (2014-03-26) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 76001-23-31-000-2008-01212-01(18656)
    PLAN OBLIGATORIO DE SALUD Y PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD – Los ingresos que generan estas actividades no están sujetos al impuesto de industria y comercio. Son servicios.
    • CONTABILIDAD SEPARADA - Las IPS no están obligadas a llevarla.
    Tanto los ingresos recibidos por la prestación de los servicios prestados del Plan Obligatorio de Salud, introducidos por la Ley 100 de 1993, como los obtenidos por la prestación de servicios complementarios al mismo, y que también hacen parte del servicio público de salud, no están sujetos al Impuesto de Industria y Comercio por su naturaleza de "servicios" y por no entrar en la clasificación de actividades industriales y comerciales.

    Además, tampoco resulta de recibo que la parte demandada haya gravado los ingresos percibidos por servicios de salud, con el argumento de que la parte actora no llevó contabilidad separada de sus ingresos, pues esta obligación sólo se predica de la Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (EPS).

    NOTA DE RELATORIA: Sobre la no sujeción de los ingresos generados por el POS y el plan complementario de salud al impuesto de industria y comercio, se reitera sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta de 24 de mayo de 2012, rad. 17914, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
      (2014-03-26) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 11001-03-27-000-1999-015-00(9531)
    REVISOR FISCAL - Limitación de sus funciones.
    • Si bien, de acuerdo a la anterior enumeración de las funciones del revisor fiscal, se evidencian unas amplias atribuciones en la verificación del desarrollo del objeto social de la persona en la cual se desempeña, dicho funcionario carece por completo de facultades administrativas o de representación de la entidad misma, por lo tanto su gestión integral no puede comprender aspectos ajenos a las funciones propias de su cargo ni mucho menos a su profesión de contador público.
    En el caso sometido a consideración, no se puede exigir la certificación por parte del revisor fiscal de la evaluación del plan de trabajo y resultados alcanzados en frente a la problemática del año 2000, pues las labores que debe certificar, no se reducen a la labor propia de un contador público, como revisor fiscal, sino que abarcan un campo del conocimiento que no es propio de él.

    En la medida en que el Anexo N° 1 de la Circular 01 de 1999 de la Superintendencia de Valores, que se debe diligenciar "para medir el rigor, la formalidad y los resultados del plan desarrollado" exigen la firma por parte del revisor fiscal, desborda las previsiones legales para el debido ejercicio de la contaduría y las funciones asignadas al revisor fiscal, a juicio de la Sala debe ser retirada del ordenamiento jurídico el aparte demandado del numeral 2º de la mencionada Circular y así se declarará.
      (2014-03-26) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 11001-03-27-000-1999-015-00(9531)
    CONTADURÍA PUBLICA - Cobertura de su ejercicio profesional.
    • La obligación por parte del revisor fiscal de "opinar y pronunciarse" respecto del cumplimiento de lo ordenado por la Circular Externa número 009 de 1997 haciendo énfasis en el plan de trabajo para solucionar el problema en los sistemas de información y destacando lo concerniente al grado de avance alcanzado a diciembre 31 de 1998 por la sociedad respecto de la adecuación de los sistemas de información al año 2000, son exigencias que abarcan aspectos técnicos de informática, que no son propios de la labor del revisor fiscal y por lo tanto deben anularse.
    En efecto, la Superintendencia de Valores no puede exigir que un profesional de la contaduría opine sobre un plan de trabajo que ha sido discutido y aprobado por la junta directiva del ente societario en el cual se desempeña como tal, cuando en la Circular 009 de 1997, se le impone el deber de verificar su cumplimiento y no de emitir juicios de valor sobre el mismo, toda vez que respecto de ellos no tiene el grado de conocimiento propio al de la técnica informática, que se predica de otros profesionales.

    Teniendo en cuenta que todo el inciso está referido a la exigencia antes analizada, la Sala considera que debe anularse en su totalidad. En relación con el segundo inciso del numeral demandado y cuya totalidad acusa el actor, encuentra la Sala que en efecto debe anularse, por considerar al igual que en los puntos anteriores, que se le está exigiendo a los revisores fiscales una labor que no es propia de su campo de profesión, pues los conocimientos en la informática, no corresponden a los que se prevén para el ejercicio de la contaduría y por lo tanto están en la imposibilidad legal y física de emitir algún pronunciamiento o juicio de valor sobre los resultados alcanzados por la sociedad en sus sistemas de información para conjurar la problemática del año 2000.
      (2014-03-26) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)
    AUTO QUE DECRETA INSPECCION TRIBUTARIA – Contenido. Debe notificarse por correo o personalmente.
    • La inspección tributaria, como ya se dijo, no es una diligencia de tipo técnico contable, sino un medio de prueba de verificación o de constatación de los hechos que interesan al proceso de fiscalización. Es evidente que el acta de terminación no requiere que se suscriba por un contador público y, por tanto, bastará que se firme por el funcionario que la practicó
    El artículo 779 del E.T. califica la inspección tributaria como un medio de prueba, con el que la administración verifica directamente los hechos que interesan en el Proceso de fiscalización y determina su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron tales hechos.

    En esa inspección, la administración puede decretar todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias a cada medio probatorio. La diligencia de inspección tributaria se decretará con auto en el que se deben indicar los hechos materia de prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. Dicho auto, además, debe notificarse por correo o personalmente al interesado, pues la inspección tributaria sólo se inicia una vez el interesado se entere del objeto de la inspección.

    De esa diligencia se levanta un acta que debe contener todos los hechos y pruebas en que se sustenta. Esto es, se debe levantar un acta en la que se consignen los hechos verificados por la autoridad tributaria en la inspección tributaria. Según el mismo artículo 779, cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación administrativa dicha acta formará parte de la misma.
      (2014-03-19) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)
    CONTADOR PUBLICO – Debe practicar y suscribir el acta de inspección contable.
    • INSPECCION TRIBUTARIA - Diferencias con la inspección contable.
    El artículo 782 del E.T., a su turno, define la inspección contable como un medio de prueba que permite a la administración verificar la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravados y comprobar el cumplimiento de las obligaciones formales. De esa diligencia también se levanta un acta que, a diferencia del acta de inspección tributaria, no sólo la suscriben los funcionarios visitadores, sino las partes intervinientes.

    Si los intervinientes se niegan a firmar el acta se dejará constancia y, en todo caso, eso no afecta el valor probatorio de la inspección. Conforme con el artículo 782, se presume que los datos consignados en el acta fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, salvo que el contribuyente o responsable manifieste su inconformidad. La Sala acoge las consideraciones que hizo el a quo sobre la diferencia entre la inspección tributaria y la inspección contable.

    Es cierto que las dos persiguen objetivos diferentes, pues, se repite, mientras que la primera es un medio de verificación de los hechos que interesan al proceso de fiscalización, la segunda es un medio probatorio esencialmente técnico para verificar la exactitud de los denuncios tributarios y el cumplimiento de las obligaciones formales a partir del análisis de la contabilidad del contribuyente específicamente. Y, en ese entendido, sólo el acta de terminación de la inspección contable debe suscribirse por un contador público.
      (2014-03-19) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)
    ACTA DE REGISTRO – Basta que en la diligencia esté uno de los funcionarios comisionados.
    FUNCIONARIOS COMISIONADOS – Basta que aparezca uno en el acta de registro.

    • Según lo exige el artículo 779-1, el acto administrativo que ordena el registro deberá motivarse y, además, notificarse a la persona que se encuentre en el momento de que se practique la diligencia. Contra dicho acto no cabe ningún recurso, por tratarse de un acto de trámite que antecede a la decisión que adopte la administración.
    El artículo 779-1 del E.T. consagra la facultad de registro como un medio de prueba que permite a la administración tributaria examinar las oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus archivos, siempre que, para el caso de las personas naturales, no coincida con su casa de habitación.

    En esencia, es un medio probatorio para evitar que las pruebas sean alteradas, ocultadas o destruidas. Para evitar que eso ocurra, la administración puede adoptar cualquier tipo de medida e incluso puede pedir colaboración a la fuerza pública para que la diligencia de registro se cumpla en condiciones normales. La competencia para ordenar la diligencia de registro es del Administrador de impuestos y aduanas o del Subdirector de fiscalización, sin que esa competencia pueda delegarse en otro funcionario.

    En todo caso, el artículo 1º del Decreto 3050 de 1997 establece que también son competentes para ordenar el registro los Administradores especiales, los Administradores locales de impuestos nacionales, los Administradores locales de aduanas nacionales, los Administradores locales de impuestos y aduanas nacionales. Y, además, el Subdirector de Fiscalización, para el Control y Penalización Tributaria y el Subdirector de Fiscalización Aduanera, Represión y Penalización del Contrabando.
      (2014-03-19) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)
    RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD – No se aplica tratándose de sociedades anónimas o sus asimiladas.
    • Sobre el tema de la responsabilidad solidaria que tienen los socios, respecto de las deudas originadas en impuestos a cargo de la sociedad, esta Sección ha precisado, que la sociedad es, en principio, la que debe responder por los impuestos liquidados a su cargo.
    El patrimonio de la sociedad, por regla general, garantiza el pago de los impuestos a cargo de la sociedad. Pero esa regla admite una excepción relacionada con la responsabilidad solidaria de los socios prevista en los artículos 793 y 794 del E.T. Las normas vigentes para la fecha en que se profirieron los actos administrativos acusados determinan la responsabilidad solidaria de los socios frente a las obligaciones que, por concepto de impuestos, adquiera la sociedad.

    El artículo 794 citado es claro en establecer que la responsabilidad solidaria de los socios frente a los impuestos no se aplica "a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas." En el sub lite está probado que, desde el año 1993, la sociedad actora se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima. En ese orden, es evidente para la Sala que no se predica la solidaridad de los socios y, por ende, resultaba suficiente con que el requerimiento especial se notificara al liquidador de SAJATEX. Lo anterior basta para concluir que el argumento de la falta de vinculación no está llamado a prosperar.
      (2014-03-19) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)
    SANCION POR INEXACTITUD – Procede cuando se declaran pasivos inexistentes.
    • PASIVOS - Cuando no se prueba su existencia procede la sanción por inexactitud.
    Es evidente para la Sala que la parte actora no logró probar que no era cierto que existieran los pasivos inexistentes a que aludió la DIAN. Como ya se dijo, no hubo actividad probatoria que desvirtuara tales pasivos y, por tanto, no hay pruebas para confrontar las conclusiones que tienen sobre este aspecto los actos acusados.

    Ahora bien, la Sala respalda el cálculo de la sanción por inexactitud, pues se calculó con base en el saldo a pagar determinado en la resolución que decidió el recurso de reconsideración ($1.107'670.000) menos el valor declarado por el contribuyente ($10'186.000) y el resultado ($1.097'484.000) multiplicado por el 160%, que arroja un resultado de $1.755'974.000.

    En ese contexto, se concluye que, de conformidad con el artículo 647 del E.T., era procedente la sanción por inexactitud impuesta por la DIAN, por haberse incluido en la declaración pasivos inexistentes. Por tanto, se impone mantener la sanción impuesta por la administración.
      (2014-03-19) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00438-01(15053)
    LUGAR DE EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD - Para el Distrito Capital debe efectuarse en las oficinas del contribuyente.
    • DOMICILIO PRINCIPAL DEL CONTRIBUYENTE - Es donde se debe efectuar la exhibición de los libros de contabilidad.
    Por su parte, el artículo 114 del Decreto 807 de 1993 dispone que la exhibición de libros y demás documentos contables debe efectuarse en las oficinas del contribuyente. Esta norma es especial y de aplicación preferente en relación con el artículo 780 del Estatuto Tributario, que dispone que los libros de contabilidad deben presentarse tanto en las oficinas del contribuyente como en los establecimientos del mismo.

    De acuerdo con su significado, las oficinas son lugares "donde se hace, se ordena o trabaja algo", "donde se fragua y dispone algo no material". Así, dicho término se asocia con los espacios en los que se planifican o dirigen las actividades de la empresa, por lo cual, suelen ubicarse en el domicilio social, pues es allí donde se ejerce la administración de la sociedad. Y, según el artículo 780 del Estatuto Tributario son distintas de los establecimientos del contribuyente, que constituirían las sucursales y agencias de la sociedad, al igual que otros establecimientos de comercio.

    En asunto sub exámine, la sociedad actora tenía su domicilio principal en Ibagué y en Bogotá funcionaba una agencia, matriculada el 16 de octubre de 1994. Sin embargo, por escritura pública de 9 de febrero de 2001, inscrita el 22 de mayo del mismo año, la actora trasladó su domicilio a Bogotá. Lo anterior significa que desde el 22 de mayo de 2001, la demandante estaba obligada a exhibir sus libros en las oficinas de Bogotá, pues allí estaba domiciliada.
      (2014-03-18) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00438-01(15053)
    INSPECCIÓN CONTABLE - Para su realización se requiere que el funcionario sea Contador Público.
    • CONTADOR PUBLICO - Su calidad no se requiere para practicar la inspección tributaria.
    Por auto 08.1776 de 3 de abril de 2001, la DIAN ordenó practicar inspección tributaria a la demandante. Para realizarla, comisionó al funcionario Medardo Ramírez Sarmiento, quien quedó investido de amplias facultades de investigación, en desarrollo de las cuales podía solicitar la exhibición de libros y demás documentos que considerara conducentes, y, en general, efectuar todas las diligencias necesarias para el cabal cumplimiento de dicho auto.

    En ejercicio de tales facultades, el funcionario comisionado suscribió las actas de visita de 5 y 11 de junio de 2001, en las que dejó constancia de la no exhibición de los libros de contabilidad por parte de la actora. Aunque no existe constancia de que dicho funcionario fuera contador público, tal hecho no vicia de nulidad la inspección tributaria, dado que el artículo 84 del Decreto 807 de 1993 dispuso tal consecuencia en relación con la inspección contable que es diferente de la tributaria.

    De lo anterior se concluye que la nulidad establecida en el artículo 271 de la Ley 223 de 1995, no es aplicable al caso concreto.
      (2014-03-18) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01745-01(17042)
    MEDIOS PROBATORIOS EN MATERIA TRIBUTARIA- Lo son entre otros, la inspección tributaria, la contable y la facultad de registro.
    • Con el ejercicio de la facultad fiscalizadora la administración tributaria persigue probar, más allá de la certeza, la veracidad o la realidad de los hechos que justifican las declaraciones del contribuyente y el cumplimiento de los demás presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado.
    El título VI del Estatuto Tributario regula el régimen probatorio en materia tributaria y, concretamente, los medios de prueba de los que puede hacer uso la administración para desvirtuar los hechos consignados en las declaraciones tributarias, siempre que frente a tales hechos no se haya solicitado una comprobación especial ni que la ley así lo exija (art. 746 del E.T.).

    Cuando la autoridad tributaria ejerce la facultad fiscalizadora busca no sólo comprobar la certeza, la veracidad y la realidad de los hechos que contienen no sólo las declaraciones, sino examinar las respuestas del contribuyente a los requerimientos que efectúa la administración.

    Esa función de fiscalización se hace con los medios de prueba que la legislación tributaria ha puesto a disposición de la administración, de modo que con tales medios de prueba logre el convencimiento sobre los aspectos que interesan en cada caso.
      (2014-03-18) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 2824
    CAUSACION DEL INGRESO / CONTABILIDAD POR CAUSACION / ADICIÓN DEL INGRESO / CONTRATO DE SERVICIOS AUTÓNOMOS.
    • En la venta de materiales y enajenación de bienes inmuebles el ingreso se causó cuando nació el derecho a exigir su pago, aun cuando no se hubiese hecho efectivo el cobro.
    La afirmación de que dado el objeto social de la empresa, construcción de inmuebles en una sola obra, no podía determinarse la renta sino al final de la terminación y liquidación de la misma, es cierta; está contemplada en la ley y constituye la precisión del concepto de causación del ingreso en los contratos de servicios autónomos, cuando el pago se efectúe por cuotas y éstas correspondan a más de un ejercicio gravable razón por la cual la ley permite como segunda opción, diferir los costos y deducciones efectivamente incurridos hasta la realización del ingreso, pero en manera alguna faculta al contribuyente para omitir los mismos.
      (2014-03-13) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 20001-23-31-000-2005-02355-01(17253)
    REQUERIMIENTO ESPECIAL – Acto previo a la liquidación oficial de revisión. Contenido. Vinculación al contribuyente al procedimiento tributario.
    • La actuación para proferir liquidaciones oficiales de revisión, como la que aquí se demanda, presupone la formulación de un Requerimiento Especial como acto administrativo de trámite que contiene una propuesta de modificación de la declaración privada, concretamente orientada a adicionar impuestos, anticipos y retenciones e imponer la sanción correspondiente.
    La autoridad fiscal ostenta la potestad fiscalizadora para realizar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.

    Dicha potestad se materializa a través de las facultades de fiscalización establecidas en el artículo 684 del Estatuto Tributario. Tales facultades permiten a la Administración de Impuestos comenzar, por auto interno de apertura de investigación, las averiguaciones o indagaciones preliminares dirigidas a establecer si hay lugar a esa debida determinación a través de las liquidaciones oficiales que estableció el legislador, de acuerdo con el procedimiento regulado en el título IV del Estatuto Tributario (arts. 686 a 719-2).
      (2014-03-13) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 20001-23-31-000-2005-02355-01(17253)
    REQUERIMIENTO ESPECIAL – Las actuaciones antes de éste no contienen una decisión de fondo que deba ser notificada al contribuyente.
    • FACULTAD DE FISCALIZACION - Se puede practicar pruebas en cualquier etapa.
    Las diligencias y recaudo de pruebas previas al requerimiento, son propias de las facultades de fiscalización que, en ejercicio de la potestad tributaria, la Administración de Impuestos puede ejercer cuando lo considere pertinente, sin que la norma haya limitado su uso a alguna etapa especial del trámite, ya sea preliminar, ora posterior al requerimiento abierto.

    En consecuencia, siendo que el auto que abre la investigación es simplemente una forma de controlar el inicio de las investigaciones preliminares al comenzar la actuación tributaria, su expedición es meramente facultativa y su falta de notificación no vicia de nulidad el procedimiento de determinación oficial del impuesto a través de la liquidación oficial de revisión, ni viola el derecho de defensa del investigado, comoquiera que no es el acto administrativo que inicia la actuación tributaria de determinación en su contra, ni contiene decisión alguna que lo afecte y que, en esa medida, deba notificársele de acuerdo con el artículo 565 del Estatuto Tributario.
      (2014-03-13) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 20001-23-31-000-2005-02355-01(17253)
    ACTA DE INSPECCION CONTABLE – La no firma de las partes intervinientes no afecta su valor probatorio. Formalidades.
    • CONTADOR PUBLICO - Debe intervenir en la diligencia de inspección contable. Función. Objeto
      NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE - Lo hace cuando no la realiza un contador público.
    La legislación tributaria consagró la inspección contable como un medio de prueba autónomo que implica la constatación directa de los libros o documentos contables del contribuyente o de terceros obligados a llevar contabilidad, con el fin de verificar la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de obligaciones formales, así como de establecer la existencia de hechos gravados o no.

    Dicho medio probatorio puede decretarse tanto en las investigaciones previas al inicio del proceso de determinación oficial del impuesto, derivando una actuación administrativa particular y concreta (Estatuto Tributario, art. 782, inc. 5); como posteriormente al requerimiento especial que marca dicho inicio (art. 710 ibídem).

    Así, el artículo 782 del Estatuto Tributario facultó a la Administración para ordenar la práctica de la inspección y dispuso que de la misma debía extenderse un acta suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes, sin que la reticencia de éstas a firmarla afecte el valor probatorio de la diligencia, aunque de tal hecho debe dejarse constancia en el acta respectiva.

    El artículo 271 de la Ley 223 de 1995 previó que las inspecciones contables deben realizarse bajo la responsabilidad de un contador público, y que la diligencia sin tal requisito es nula. Por lo tanto, en el acta respectiva debe dejarse constancia del número de matrícula profesional del contador que la practique.
      (2014-03-13) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 20001-23-31-000-2005-02355-01(17253)
    PRESUNCION DE INGRESOS POR OMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS.
    • La falencia probatoria mencionada que se fundamentó en que las facturas aportadas para demostrar los costos carecían de relación de causalidad con la renta del periodo gravable investigado (2001), porque se habían expedido en el año 2000
    El método aplicado está referido a la presunción de omisión de ingresos constitutivos de renta líquida gravable, regulada en el artículo 760 del Estatuto Tributario, frente a la comprobación de omisión de registro de compras destinadas a las operaciones gravadas, de acuerdo con el cálculo del respectivo margen de utilidad.

    En este punto debe recordarse que, al tenor del mismo artículo 782 del Estatuto Tributario, los datos que aparecen en el acta se entienden fielmente tomados de los libros del contribuyente, y que ella - el acta -, como tal, forma parte de la actuación que en su contra origina la inspección, constituyendo una formalidad adicional que no suple el objeto específico de la prueba, cumplido en su integridad.
      (2014-03-13) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-24-000-1999-0476-01(11639)
    INSPECCIÓN CONTABLE - Requiere que el funcionario de la DIAN sea Contador Público / CONTADOR PUBLICO - Se requiere en inspecciones contables mas no en visitas de verificación de libros.
    • FUNCIONARIO VISITADOR PARA VERIFICAR LIBROS DE CONTABILIDAD - No se requiere ser Contador Público por tratarse de una verificación o constatación de libros.
    En cuanto al carácter de la inspección tributaria y la de orden contable, resultando obligado concluir que tratándose simplemente de un medio verificatorio o de constatación, como el practicado y no de una inspección o experticio contable, no resultaban aplicables el artículo 13 numeral 1 de la Ley 43 de 1990 que requiere la calidad de Contador para la diligencia en asunto técnico contable, ni lo dispuesto por el artículo 271 de la Ley 223 de 1995, para la inspección contable.

    Adicionalmente, tal sentido se corrobora con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 89 del Decreto Ley 1643 de 1991, cuando dice que el ejercicio de la función investigativa o de práctica de pruebas, por funcionarios impositivos, queda sujeta sólo a las pertinentes autorizaciones y delegaciones del jefe de unidad, "salvo para la práctica de la prueba pericial respecto de una materia contable en particular, solicitada y ordenada dentro del respectivo proceso, en cuyo caso, el funcionario perito que intervenga deberá ser contador público matriculado".
      (2014-03-13) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-24-000-1999-0476-01(11639)
    VISITA PARA VERIFICAR LIBROS DE CONTABILIDAD - No requiere que sea atendida por el Representante Legal.
    • PRINCIPIO DE NO ACEPTACION DE SU PROPIA CULPA - Es inadmisible alegar que el Revisor Fiscal no puede atender visita de la DIAN.
    En lo atinente a la supuesta irregularidad y la violación del artículo 133 del Decreto 2649 de 1993, que exige que la visita de libros sea atendida por el propietario de los libros (Representante Legal) o por una persona especialmente designada para el efecto, cabe precisar:
    • En el auto que dispuso la exhibición le fue concedido a la sociedad un término de ocho (8) días hábiles conforme al artículo segundo (2) del Decreto 1354 de 1987 para que efectuara la exhibición de los libros de contabilidad.
    De manera que enterada de la diligencia la sociedad y de la exigencia que la Administración hacía de sus libros, es evidente que la actora debía disponer lo conducente para su exhibición, tomando las medidas previas para el efecto, debiendo entenderse que no era necesaria la presencia del Representante Legal, siempre y cuando dejara a disposición la contabilidad.

    Resulta inadmisible alegar "que la Revisora se encontraba fortuitamente en el lugar" y la falta de autorización escrita, ésto es, su propia culpa y pretender una supuesta invalidez de la diligencia e ilegalidad en la actuación administrativa por el hecho de haber exhibido los libros la Revisora Fiscal de la compañía.
      (2014-03-13) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00438-01(15053)
    TERMINO PARA PRESENTAR LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EN EL D.C. - Es de 8 días si la notificación es por correo y de 5 si es personal.
    • SANCION POR LIBROS DE CONTABILIDAD EN EL D.C. - Es instantánea cuando no se presentan los libros ante los funcionarios de la administración tributaria.
    El artículo 654 del Estatuto Tributario, al que remite el artículo 78 del Decreto 807 de 1993, preceptúa que constituye irregularidad sancionable "No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias lo exigieren" (literal c).

    La conducta reprochable, objeto de la sanción referida, se cumple instantáneamente cuando los contribuyentes no presentan sus libros de contabilidad, a los funcionarios que los solicitan en virtud de las amplias facultades de fiscalización e investigación tributaria, en concordancia con el artículo 80 ibídem.

    En materia de impuestos distritales, el artículo 114 del Decreto 807 de 1993 estableció que los contribuyentes deben presentar los libros dentro de los ocho días siguientes a la notificación de la solicitud escrita, si la misma se efectúa por correo, o dentro de los cinco días siguientes, si la notificación se hace en forma personal.
      (2014-03-13) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00438-01(15053)
    LIBROS DE CONTABILIDAD - La sanción por no exhibirlos no tiene una relación directa con un período gravable.
    • SANCION POR LIBROS DE CONTABILIDAD - Criterios para su imposición dependiendo si afecta o no un período gravable.
    La Sala ha señalado que los hechos irregulares señalados en la ley como generadores de la sanción por libros de contabilidad, no tienen relación directa con el período gravable, cuando tipifican conductas que no inciden de manera directa en la determinación del gravamen, como las descritas en los literales a), b) y c) del artículo 654 del Estatuto Tributario, a saber:
    • no llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos;
    • no tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere obligación de registrarlos, y
    • no exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias lo exigieren.
    Por el contrario, inciden directamente en la determinación del gravamen y pueden, por ende, vinculadas a determinado período gravable, las conductas descritas en los literales d), e) y f) ibídem, cuales son:
    • llevar doble contabilidad,
    • no llevar los libros de contabilidad en la forma que permita verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones y
    • el atraso en el registro de las operaciones.
      (2014-03-13) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 5764
    DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.- IMPUESTO DESCONTABLE / Contabilización.
    • De acuerdo con el artículo 647 del E. T. para imponer la sanción (SANCION POR INEXACTITUD ) era preciso que el contribuyente hubiera solicitado impuestos descontables inexistentes y que de este hecho se derivara además un menor impuesto o un menor saldo a favor, es decir un perjuicio para el fisco y que dicha circunstancia estuviera probada en el proceso.
    Si bien el tratamiento contable dado a los impuestos no se ciñó estrictamente a la previsión de la ley, por cuanto el traslado a la cuenta del IVA se efectuaba con posterioridad a la solicitud en la declaración, como lo afirma el Acta no se puede sostener que tal situación implique contrariedad con la ley en forma tal que genere sanción por inexactitud, pues lo cierto es que en la declaración no se incluyeron datos falsos, ni que los impuestos descontables fueran inexistentes; todo lo contrario: la realidad de los mismos fue confirmada por la propia Administración, al sostener que "... si bien es cierto que no consta en el plenario que los descuentos no sean verdaderos, discrepe el despacho de la apreciación acomodaticia dada a la norma...".

    De acuerdo con el artículo 647 del F. T. para imponer la sanción era preciso que el contribuyente hubiera solicitado impuestos descontables inexistentes y que de este hecho se derivara además un menor impuesto o un menor saldo a favor, es decir un perjuicio para el fisco y que dicha circunstancia estuviera probada en el proceso.
      (2014-03-12) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 3189
    INSPECCION TRIBUTARIA – No requiere de un requerimiento previo a practicarla.
    • Si el examen contable da lugar a una liquidación de revisión, a ésta (y no al examen) debe preceder un requerimiento.
    En ninguna parte del ordenamiento jurídico impositivo o general, se prescribe un requerimiento previo a la visita de inspección. En la materia de que tratan los artículos 247, 283, 284 y 285 del C. de P.C., es previsible el decreto de la exhibición documentaría, pero no propiamente como "requerimiento" o formalidad de la inspección misma, sino de la exhibición, dentro de un procedimiento claramente incompatible con las reglas tributarios especiales, que no prevén el trámite de la exhibición y respecto de la cual no cabría aplicar el artículo 42 de la Ley 52 de 1977, dado que el requerimiento ahí contemplado se predica exclusivamente de la liquidación de revisión, no de inspecciones contables o de exhibición de documentos.
      (2014-03-12) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 3189
    REGALÍAS – Concepto / DEDUCCIÓN - Requisitos. El pago de regalía a los accionantes no es deducible de éste impuesto.
    • Si el examen contable da lugar a una liquidación de revisión, a ésta (y no al examen) debe preceder un requerimiento.
    Una prestación en regalías que revierte, por contraprestación en primas, a las mismas personas físicas o societarias, directa o indirectamente, desnaturaliza no solamente los criterios de necesidad, proporcionalidad y relación de causalidad, sino la propia noción de gasto, entendiendo por éste, en el caso específico de las regalías, el desembolso susceptible de constituir renta bruta de capital para el beneficiario.

    El pago de regalías a los accionantes, no solamente hacen de la erogación una especie de inversión recuperable ajena a la índole del gasto, porque en tal caso, no constituiría renta bruta real para el beneficiario, sino que se traduce, indiscutiblemente en la creación de un desembolso innecesario, que si bien supone efectos "interpartes" por el principio de la normatividad de las cláusulas contractuales, no es oponible a la administración tributario. (Período fiscal 1980).
      (2014-03-12) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 3189
    INSPECCION TRIBUTARIA – No descalifica a perpetuidad la contabilidad.
    • Una visita de inspección, no descalifica a perpetuidad los libros y efectos de comercio y que solo en el caso de la negativa absoluta a la exhibición se impondría al contribuyente la prueba de sus transacciones por medios diferentes a su contabilidad
    Una contabilidad sin comprobantes, de suyo incompleta, no deja de ver la "debida correspondencia" entre asientos y comprobantes, no permite el efectivo control de fiscalización, ni en conclusión prueba ni refleja" las operaciones asentadas, de donde, una contabilidad en esas condiciones no refleja el verdadero movimiento del negocio.

    Asimismo una visita de inspección, no descalifica a perpetuidad los libros y efectos de comercio y que solo en el caso de la negativa absoluta a la exhibición se impondría al contribuyente la prueba de sus transacciones por medios diferentes a su contabilidad; si fuera cierto que las complementaciones o correcciones efectuadas después de concluida la visita, hicieran desaparecer los presupuestos de la multa, evidentemente sobrarían las normas relativas a su determinación y aplicación y a la preclusividad de los respectivos términos.
      (2014-03-12) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 3538
    INGRESOS - Acusación / INGRESOS - Adición
    • Los ingresos obtenidos por los contribuyentes, deben denunciarse en el año o período gravable en que se causen
    Los ingresos obtenidos por los contribuyentes que lleven libros de contabilidad por el sistema de causación (y las sociedades comerciales siempre han estado obligadas a utilizar este sistema) así como los costos y gastos ¡ncurridos por ellos, deben denunciarse en el año o período gravable en que se causen, sin perjuicio de que quien realice el pago o reciba la suma por concepto de costos y lleve contabilidad o no, emplee el sistema de causación o el de caja como antes de la expedición del Decreto 2160 de 1986, estaba permitido hacerlo.

    Así el hecho de que las sociedades con quienes la reclamante efectuó operaciones hubieran dado un tratamiento diferente contable a las partidas de tales negociaciones, son circunstancias que no afectan la validez de la adición que en esta oportunidad se cuestiona.
      (2014-03-12) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 3538
    COSTOS - Causación / GASTOS - Causación / PRINCIPIO DE ANUALIDAD TRIBUTARIA – Concepto / CONTABILIDAD POR CAUSACION - Procedimiento.
    • Principio contable, los costos y gastos se contabilizan en la fecha en que surgió la obligación de pagarlos, aunque no se hubiera hecho efectivo el pago. (sistema de causación).
    La sociedad lleva su contabilidad por el sistema de causación, como era su obligación hacerlo y en tal caso ha debido contabilizar los costos y gastos que en esta oportunidad discute, en la fecha en que surgió la obligación de pagarlos, aunque no se hubiera hecho efectivo el pago, principio contable que es armónico con la independencia de los períodos gravables que predican las normas fiscales.

    Resulta pues irrelevante para la procedencia de las erogaciones solicitadas que las mercancías adquiridas se hubieran recibido y consumido en 1983 y que los fletes se hubieran cobrado en este año porque lo importante para el efecto es, la fecha en que los costos y gastos fueron facturados porque ésta es la coincidente con la causación.
      (2014-03-12) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 2921
    BENEFICIO DE AUDITORIA - Requisitos.
    • Para hacerse acreedor al Beneficio de Auditoria, el contribuyente estaba obligado a demostrar el cumplimiento de las condiciones exigidas por la ley vigente en la fecha en que el contribuyente presentó su declaración tributaria (D. 3410 / 83, Art. 10, 12 y 13).
    La inexequibilidad del indicado art. 10 trajo como consecuencia entre otras, la imposibilidad de ser aplicado el art. 13 del mismo decreto. Ante la imposibilidad jurídica de cumplir las exigencias del art. 10 el beneficio no puede operar salvo aquellas situaciones que alcanzaron a concretarse bajo su precaria vigencia.

    No puede alegarse que la firma de contador público en la declaración de renta, prueba el cumplimiento de los requisitos de identificación echados de menos por la Administración de Impuestos porque tal consecuencia no está prevista en la ley y, por el contrario, ésta salva la facultad de investigación que tiene la administración tributaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente.

    Mediante liquidación de revisión la administración no sólo puede aumentar los tributos o disminuirlos, sino también, si es el caso, imponer las sanciones en que incurra el contribuyente en su declaración (D. 3803 / 82, art. 19) (Ejercicio fiscal de 1983).
      (2014-03-12) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 2896
    SANCION POR LIBROS - Procedencia.
    • La Ley 9a. establece la forma de determinarla, señalando que las bases para el cálculo de la sanción corresponden a los ingresos netos y el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior a aquel en el cual se impone la sanción
    La actora incurrió en irregularidades en su contabilidad al no encontrarse debidamente soportadas todas sus operaciones, evento que se encuentra calificado en la Legislación Tributaria como hecho irregular sancionable.

    Ahora bien, en cuanto a su cuantificación , la Ley 9a. establece la forma de determinarla, señalando que las bases para el cálculo de la sanción corresponden a los ingresos netos y el patrimonio líquido de¡ año inmediatamente anterior a aquel en el cual se impone la sanción, luego si la sanción en el caso en litis se impuso mediante liquidación de revisión de fecha julio 19 de 1984 o sea que las bases no pueden ser otras que las correspondientes al año gravable de 1983 conforme lo determinó el último acto de la vía gubernativa, de donde se colige que el cálculo efectuado es el correcto.
      (2014-03-11) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 3470
    CONTABILIDAD SIMPLIFICADA / COMERCIANTE.
    • El Decreto 422 de 1991 establecio como única novedad en darle un nombre o título a la contabilidad de los pequeños comerciantes de "CONTABILIDAD SIMPLIFICADA"
    El artículo del Decreto 422 de 1991 relativo a la contabilidad simplificada comienza por delimitar los alcances de sus disposiciones, cuando expresa que "para efectos tributarios la contabilidad simplificada consiste en ", lo que significa que no implica ninguna adición ni modificación a las obligaciones o régimen probatorio que consagra para todos los comerciantes el Código de Comercio. Las disposiciones de éste y otros estatutos continúan incólumes.

    En materia de obligaciones el Decreto 422 de 1991 no creó ninguna distinta a las ya establecidas por el Estatuto Tributario y por el Código de Comercio y que la única novedad consistió en darle un nombre o título a la contabilidad de los pequeños comerciantes de "CONTABILIDAD SIMPLIFICADA" que en nada altera las normas sustanciales y si facilita su ejecución en el campo tributario.
      (2014-03-11) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 3470
    FACTURA - Requisitos
    • La copia de la cinta de la máquina registradora, como parte integrante de la contabilidad debe conservarse por el mismo término señalado en el artículo 632 del Estatuto (5 años).
    Dentro de las técnicas de "preimpresión" aceptables para ciertos requisitos de la factura según el artículo 4o., inciso 2o. de la Ley 49 de 1990 no encuadra la impresión que simultáneamente al expedir la factura hace el computador del vendedor o de quien preste el servicio y el número consecutivo de la misma, porque con este medio no se garantiza el control que persigue la ley.

    La copia de la cinta de la máquina registradora, como parte integrante de la contabilidad debe conservarse por el mismo término señalado en el artículo 632 del Estatuto (5 años) por lo tanto el artículo 6o. del Decreto 422 de 1991 no podía reducir el término de conservación de dos años.

    Mientras la Ley 50 de 1990 consagra como empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros, el reglamento limita el concepto de empresa a la contratación efectuada por personas jurídicas o naturales, excluyendo otras entidades.
      (2014-03-11) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 4771
    IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.- BIENES - Clases.
    • Las operaciones que constituyen el hecho generador del impuesto (ventas, importaciones) que se realicen con ellos, originan ingresos provenientes de operaciones gravadas, exentas o excluidas del impuesto a las ventas.
    Los bienes en el impuesto a las ventas, se clasifican en:
    • bienes gravados,
    • bienes exentos y
    • bienes excluidos.
    De suerte que las operaciones que constituyen el hecho generador del impuesto (ventas, importaciones) que se realicen con ellos, originan ingresos provenientes de operaciones gravadas, exentas o excluidas del impuesto a las ventas.

    El concepto de ingresos brutos, están constituidos por la totalidad de ingresos provenientes de las operaciones efectuadas con bienes gravados, exentos o excluidos del impuesto a las ventas; y a contrario de lo que ha sostenido el demandante la instrucción del correspondiente renglón (1 del formulario) es igualmente acorde con las normas que regulan el impuesto a las ventas.
      (2014-03-11) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 4771
    VENTA DE ACTIVOS FIJOS / VENTA EXCLUIDA - Efectos.
    • La venta de activos fijos por regla general no está sometida al impuesto sobre las ventas, conforme a lo dispuesto por el art. 420 (par. del estatuto tributario)
    La venta de activos fijos por regla general no está sometida al impuesto sobre las ventas, conforme a lo dispuesto por el art. 420 (par. del estatuto tributario), pero ello es diferente a las ventas que se realicen con bienes, excluidos, es decir, las ventas de activos fijos no pueden considerarse, como ventas excluidas, sino como ventas no sometidas al impuesto a las ventas, cosa que es distinta, por cuanto en relación con los primeros, existe obligación de declararlos, mientras que los segundos, ni siquiera existe esa obligación, porque son ajenos al impuesto a las ventas.
      (2014-03-11) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 4771
    CERTIFICADO CONTABLE - Restricción / CONTADOR PUBLICO.
    • Las normas tributarios no le atribuyen a los contadores un poder absoluto en materia de pruebas, ni la calificación legal de hechos económicos y jurídicos.
    Las normas tributarios no le atribuyen a los contadores un poder absoluto en materia de pruebas, ni la calificación legal de hechos económicos y jurídicos, sino que se limita a los actos y actuaciones indicadas en el art. 8o. de la Ley 145 de 1960, lo que significa que su ámbito de aplicación es restringida, por lo que no puede pretenderse con ella y menos cuando su contenido es lacónico como ocurre en este caso, demostrar la calidad o naturaleza y origen de los ingresos denunciados con carácter diferente al que se ha registrado en la declaración.
      (2014-03-11) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 3094
    IMPUESTO SOBRE LA RENTA / CONTABILIDAD POR CAUSACION / DEDUCCION POR INTERES - Procedencia.
    • Si el gasto se había causado pero no había sido pagado, no era viable exigir de la sociedad acreedora un certificado sobre intereses pagados, pues la beneficiaría no recibió suma alguna.
    En ningún momento la Administración rechazó por inexacta la manifestación hecha por la contribuyente de llevar su contabilidad por el sistema de acusación y este evento no podía para efectos de rechazar el costo exigir la certificación sobre pago de intereses porque para la contribuyente bastaba que el gasto se hubiera causado, máxime cuando la misma administración manifiesta que no se discute la existencia del crédito sino el reconocimiento de los intereses.

    Los pagos a entidades vigiladas por la Superintendencia son deducibles en la cuantía sólo causada, siempre que ésta se maneje por cuentas del diferido que permitan controlarla.
      (2014-03-11) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 3094
    MEDIOS PROBATORIOS / PRUEBAS.
    • El nuevo ordenamiento jurídico del Código Contencioso Administrativo permite la libertad probatoria en búsqueda de una verdad real antes que de una verdad formal.
    Tratándose de las pruebas en el proceso contencioso, debe recordarse que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo al remitirse al Código de Procedimiento Civil, en lo tocante a la admisibilidad de medios de prueba, forma de practicarlos y criterios de valoración, amplió de manera considerable lo dispuesto en la ley 167 de 1941 y en especial, derogó la restricción probatoria que surgía del artículo 278 del mismo ordenamiento jurídico; hasta tal punto se amplió la posibilidad de pruebas, que el artículo 159 del Decreto 01 de 1984 autoriza inclusive, al conductor del proceso para que las declare de oficio, y es que el nuevo ordenamiento jurídico del Código Contencioso Administrativo permite la libertad probatoria en búsqueda de una verdad real antes que de una verdad formal.
      (2014-03-11) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 5764
    IMPUESTO DESCONTABLE - Oportunidad / IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Causación / DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.
    • IMPUESTO DESCONTABLE - Oportunidad. El registro contable debe efectuarse en el bimestre de la causación o en uno de los dos bimestres siguientes y la oportunidad para solicitarlos es en la declaración del bimestre correspondiente a la contabilización.
    Tuvo razón el Tribunal en su decisión de mantener el rechazo de los impuestos descontables por cuanto estos no se ajustaron a los requisitos previstos en el artículo 30 del Decreto 3541 de 1983, específicamente por cuanto los mismos fueron contabilizados en un periodo posterior a su solicitud, con inobservancia de lo dispuesto en dicha norma (hoy art. 496 E. T.) que prevé la oportunidad en que deben contabilizarse y solicitarse los impuestos descontables, conforme al cual el registro contable debe efectuarse en el bimestre de la causación o en uno de los dos bimestres siguientes y la oportunidad para solicitarlos es en la declaración del bimestre correspondiente a la contabilización.

    En este caso la administración estableció que la actora incumplió con el requisito de oportunidad en la contabilización de los descuentos y por ende era improcedente su reconocimiento, así se hubiese demostrado que aquellos fueron ciertos como lo estableció la misma Administración de Impuestos.
      (2014-03-11) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 19245
    La única causal justificativa para la no presentación de los libros de contabilidad por parte del contribuyente, cuando la Administración los exija, es “la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito”.
    • “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.
    Se advierte, en primer lugar, que quien alega la ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito como circunstancia eximente de responsabilidad, debe demostrar que en el hecho que la originó se presentan simultáneamente tres elementos a saber:
    • la imprevisibilidad,
    • la irresistibilidad y
    • la inimputabilidad;
    Esto es, que se trate de un hecho intempestivo, que a pesar de las medidas adoptadas no fue posible evitar y que, además, no es atribuible a quien lo invoca.

    Bajo los supuestos indicados, desde ya la Sala advierte que la pérdida de los libros de contabilidad no puede ser considerada como un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, pues se trata de una circunstancia previsible que el contribuyente pudo superar.
      (2014-03-06) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00841-01(17492)
    DICTAMEN PERICIAL – Requisitos para que sirva de prueba para demostrar el IVA descontable en los contratos de servicios celebrados con extranjeros.
    • DUDA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE - Requisitos para que proceda.
    Para la Sala, no bastaba con que el perito afirmara que revisó tales documentos, pues, para darle certeza a su dicho, debió detallar e informar qué libros principales y auxiliares revisó para fundamentar la relación.

    Así mismo, debió discriminar e informar qué comprobantes de diario y soportes internos y externos miró para concluir que respaldaban cada rubro derivado de las facturas. Por último debió identificar las declaraciones tributarias con las que la demandante pagó la retención.

    Esa misma deficiencia se advierte en las respuestas a las preguntas 7 a 9 y, por eso, no bastaba que afirmara, sin explicar su dicho, que los impuestos sobre las ventas causados con los terceros fueron objeto de retención y declarados, que confrontó los soportes con los estados financieros para deducir que coinciden con las retenciones practicadas y que, por lo tanto, dado que las sumas declaradas y pagadas correspondían a las solicitadas, no había lugar a rechazarlas.
      (2014-03-05) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00841-01(17492)
    INJERENCIA DEL GASTO – Debe probarse respecto a la productividad de la empresa.
    • COSTUMBRE MERCANTIL - Definición. Debe probarse / EXPENSAS NECESARIAS - Requisitos.
    La costumbre mercantil, conforme se precisó anteriormente es el "Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto."Para que adquiera fuerza de precepto, la costumbre mercantil debe probarse de dos maneras.
    • O mediante copia auténtica de dos decisiones judiciales definitivas que aseveren su existencia,
    • o mediante certificación de la cámara de comercio correspondiente al lugar donde rija. [Art. 190 del C.P.C].
    Dado que ninguna de esas pruebas fue aportada, se da por no probada la relación de causalidad de los gastos en que incurrió la empresa, con su actividad productora de renta. Por lo mismo, tampoco se dan por probados los requisitos de necesidad y proporcionalidad, pues aún con el criterio comercial que deben analizarse los gastos, debe probarse que son erogaciones forzosas en virtud de la ley o la costumbre mercantil.
      (2014-03-05) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00841-01(17492)
    EXPENSAS NECESARIAS – Es al juez a quien le corresponde valorar las pruebas.
    • DICTAMENES PERICIALES SOBRE LA CONTABILIDAD - Requisitos.
    El dictamen pericial rendido en este proceso cumple con los requisitos del artículo 241 del C.P.C. para ser apreciado, pues cuenta con firmeza y precisión. Ahora bien, sobre la calidad de sus fundamentos, la Sala considera que tratándose de dictamenes periciales sobre la contabilidad, tales fundamentos deben estar referidos, exclusivamente, a la forma en que se registraron los hechos ecónomicos y las explicaciones pertinentes referentes a esos registros contables.

    Cualquier explicación o interpretación jurídica sobre las normas que regulan los requisitos de relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad, no se tendrá en cuenta, toda vez que el perito en derecho es el juez. Por las mismas razones, la valoración de la prueba para establecer el cumplimiento de esos requisitos corresponde al juez.
      (2014-03-05) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00841-01(17492)
    GASTOS POR RECREACIÓN Y DEPORTE – No son prueba de la relación de causalidad entre el gasto y la productividad de la empresa.
    • RELACION DE CAUSALIDAD - Concepto / NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD - Deben ser analizados con criterio comercial.
      FACTURAS - No son prueba de la relación de causalidad, proporcionalidad y necesidad.
    En cuanto al concepto del pago, también es el mismo que verificó la DIAN, en los dos grupos, y, en este punto, la Sala comparte el criterio de la DIAN en el sentido de que los pagos hechos por recreación y deporte, si bien pueden guardar relación con la empresa, en la medida que son gastos que propenden por el mejoramiento del clima organizacional, no son prueba de la relación de causalidad entre el gasto y la productividad de la empresa, pues las pruebas no dan cuenta de la injerencia que tuvieron esos gastos en la productividad.

    Las facturas, la descripción del bien o servicio y los comentarios adicionales que hizo la perito respecto de cada bien o servicio, no son prueba de esa injerencia, como tampoco lo son del requisito de necesidad, pues no hay forma de establecer, con esas pruebas, que el gasto haya sido forzoso. la Sala considera que tienen relación con la empresa pero no necesariamente con su productividad.
      (2014-03-05) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00841-01(17492)
    IMPUESTOS DESMONTABLES – Lo son aquellos que son costo o gasto en la actividad productora de renta.
    • SERVICIO DE ASESORIA - Deben destinarse a las operaciones gravadas.
    La Sala reitera que, cuando el artículo 488 del E.T. dispone que los bienes corporales muebles y servicios deben destinarse a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas, simplemente está reiterando que el impuesto pagado por esos bienes o servicios es costo o gasto en la actividad productiva de renta de la empresa, porque las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas son las operaciones realizadas dentro del contexto de esa actividad productiva de la empresa.

    Lo que dice el artículo 488 del E.T. es que los servicios, en este caso, los de asesoría, se destinen a las operaciones gravadas. Para la Sala, el vocablo operaciones está referido a las actividades ejecutadas por la empresa sea en desarrollo del objeto social principal o del objeto social secundario.

    En consecuencia, dado que en el presente caso la asesoría se prestó, por una parte a la Junta Directiva de la empresa y por otra en desarrollo de ciertos convenios, para la Sala, las facturas son hechos indicadores de que el servicio revirtió en las actividades de la empresa.
      (2014-03-05) [Mas Información]
    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00841-01(17492)
    SANCIÓN POR INEXACTITUD – Alcance del artículo 647 del Estatuto Tributario.
    • DIFERENCIA DE CRITERIOS - Interpretación jurídica e interpretación errónea. Alcance.
    El inciso primero contempló los siguientes verbos rectores para tipificar la infracción: omitir, incluir y utilizar. Para efectos del presente análisis se hará referencia únicamente a la infracción referida a la inclusión. Conforme con la acepción natural, el verbo incluir significa "Poner algo dentro de otra cosa o dentro de sus límites."

    Ese algo, al que se refiere el artículo 647 del E.T. son los costos, las deducciones, los descuentos, las exenciones, los pasivos, los impuestos descontables, las retenciones o los anticipos. Y se ponen o consignan en la declaración privada o en los informes que el contribuyente suministre a las Oficinas de Impuestos.

    Es por eso, que el artículo 647 del E.T. complementa la tipificación de la falta, precisando que, en general, lo que se sanciona, es la utilización de las declaraciones tributarias o de los informes suministrados a la autoridad tributaria. Ahora bien, para que se perfeccione la infracción, la inclusión se ejecuta para cumplir un único propósito: reportar datos inexistentes para obtener un provecho que se traduce en el menor pago de impuestos o en la determinación de un mayor saldo a favor.
      (2014-03-05) [Mas Información]
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    Consejo de Estado
    Sección Cuarta

    Radicación numero 25000-23-27-000-2004-01694-01(16372)
    UNIÓN TEMPORAL - Es responsable del IVA cuando realiza en forma directa las actividades gravadas.
    • INTEGRANTE DE UNION TEMPORAL - Cada uno responde solid