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C. P. Oscar Jaramillo Toro
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Ver normas por año: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Consejo de Estado

INGRESOS RECIBIDOS POR UNION TEMPORAL POR EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES – Estan gravados con el impuesto sobre la renta en cabeza de cada uno de los miembros de la union temporal.
    INGRESOS, COSTOS Y DEDUCCIONES DE PARTES DE UNIÓN TEMPORAL – Contabilización y declaración. Debe ser independiente por cada miembro, de acuerdo con su participación en la unión temporal /
En el caso de la unión temporal, dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del contrato.

Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones, se impondrán de acuerdo con la participación de cada uno de los miembros. Es importante tener en cuenta que a partir de la Ley 223 de 1995 la unión temporal no es contribuyente del impuesto sobre la renta.

Pero los ingresos percibidos por las uniones temporales como contraprestación por la ejecución de contratos celebrados con entidades estatales son gravados con el impuesto de renta en cabeza de cada uno de sus miembros.

De tal manera que las partes de una unión temporal deben llevar en su contabilidad y declarar de manera independiente, los ingresos, costos y deducciones que les correspondan, de acuerdo con su participación en los ingresos, costos y deducciones de la unión temporal.
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  (2017-09-01) [Mas Información]
Consejo de Estado

DEDUCCION POR SALARIOS PAGADOS A PERSONAL PENSIONADO.
    No está condicionada al pago de aportes al Sistema General de Pensiones porque ese pago no es obligatorio respecto del personal pensionado vinculado mediante contrato laboral.
De acuerdo con el artículo 108 del Estatuto Tributario, para aceptar la deducción por salarios, los patronos deben estar a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales y en el pago de los aportes obligatorios previstos en la Ley 100 de 1993, entre ellos, al Sistema General de pensiones.

Pero en el caso del personal pensionado vinculado mediante contrato laboral, el pago de aportes a pensión no es obligatorio y, por ende, no constituye un requisito para la procedencia de deducción por salarios.

En efecto, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 dispone que la obligación de cotizar cesa en el momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o en forma anticipada.

En concordancia con lo anterior, el artículo 2 del Decreto 798 de 1990 señala que se encuentran excluidos del seguro de invalidez vejez y muerte, los trabajadores dependientes que al momento de iniciarse la obligación de asegurarse se encuentren gozando de una pensión de jubilación, así como las personas que se hayan pensionado por el régimen de los seguros sociales obligatorios o hubiesen recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o invalidez por riesgo común.
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  (2017-09-01) [Mas Información]
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Consejo de Estado

PAGO DE BONIFICACION O INDEMNIZACION POR RETIRO DE EMPLEADOS.
    No es deducible del impuesto sobre la renta así esté probado, porque se trata de una erogación que no incide en la actividad generadora de venta de la empresa.
La Sala precisa que independientemente de que se encuentre o no probado el pago de las sumas de dinero por retiro de empleados, llámese bonificación o indemnización, estas no son deducibles del impuesto de renta toda vez que se trata de una erogación que no incide en la productividad de la empresa.

Todo, porque esos pagos no obedecen a la contraprestación directa del servicio, que por lo demás ya terminó; sino, al resarcimiento de los perjuicios causados al trabajador por el incumplimiento del empleador de lo pactado en el contrato.

Es más sin dicho pago es totalmente viable producir la renta, ya que no es la causa del ingreso por el desarrollo de la actividad. Tampoco es un gasto normal o usual para producir o facilitar la generación de la renta.

Si bien son pagos que tienen el carácter indemnizatorio y en ellos debe incurrir el empleador cuando desvincula al trabajador por decisión unilateral, el hecho que legalmente tuviera que pagar sumas de dinero por retiro de los trabajadores no las convierte en indispensables, porque la necesidad se debe dar frente al desarrollo de la actividad productora de renta.
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  (2017-09-01) [Mas Información]
Consejo de Estado

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD – Recae sobre los ingresos obtenidos en el periodo, siempre que en el mismo, incrementen el patrimonio del contribuyente.
    BASE GRAVABLE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD – Para calcularla solo se pueden restar los conceptos o partidas señalados expresamente en la Ley 1607 de 2012.
La Ley 1607 de 2012, «Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones», estableció el impuesto sobre la renta para la equidad –CREE–como un aporte a cargo de los sujetos pasivos en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social.

Según el artículo 21 de la norma referida, el hecho generador del tributo «lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o período gravable».

De acuerdo con lo anterior, el impuesto sobre la renta para la equidad –CREE– recae sobre los ingresos que se obtengan en el periodo, siempre que incrementen, en ese periodo, el patrimonio del contribuyente.

La Ley 1607 de 2012 o el Estatuto Tributario no definen de manera expresa lo que ha de entenderse por ingreso, de tal forma que es admisible acudir a lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2649 de 1993 que establece que los ingresos «representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades, realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital.
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  (2017-09-01) [Mas Información]
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Consejo de Estado

RENTA LIQUIDA POR RECUPERACION DE DEDUCCIONES – Desde la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012 se debía tener en cuenta para calcular la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad
    BASE GRAVABLE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD – Para calcularla solo se pueden restar los conceptos o partidas señalados expresamente en la Ley 1607 de 2012.
Con fundamento, entre otras normas, en la Ley 1607 y en el Decreto 2707 de 2013, la DIAN expidió el Oficio 100202208-357 del 28 de marzo de 2014 «con el fin de precisar el alcance de algunas disposiciones relativas al Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), contenidas en la Ley 1607 de 2012» (…)

El Oficio 100202208-357 del 28 de marzo de 2014, contrario a lo decidido en el auto recurrido, no viola la Ley 1607 de 2012 pues, como en seguida se explica, el oficio demandado incluyó como parte de la base gravable del tributo un concepto que estaba sujeto al impuesto sobre la renta para la equidad –CREE– de conformidad con lo previsto el artículo 21 de la Ley 1607 de 2012.

En efecto, según el artículo 178 del ET, la renta líquida está constituida por la renta bruta menos las deducciones que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta. La renta líquida es la renta gravable y a esta se aplican la tarifa, salvo cuando existan rentas exentas, en cuyo caso se restan para determinar la renta gravable.

La renta líquida por recuperación de deducciones está regulada en el artículo 195 del ET que dispone que ese tratamiento –el de renta líquida– está previsto para «La recuperación de las cantidades concedidas en uno o varios años o períodos gravables como deducción de la renta bruta, por depreciación, pérdida de activos fijos, amortización de inversiones, deudas de dudoso o difícil cobro, deudas pérdidas o sin valor, pensiones de jubilación o invalidez, o cualquier otro concepto; hasta concurrencia del monto de la recuperación».
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  (2017-09-01) [Mas Información]
Consejo de Estado

BIENES INMUEBLES DE ENTIDADES PÚBLICAS GRAVADOS CON IMPUESTO PREDIAL – Son los fiscales o patrimoniales.
    Por el artículo 2 de la Ley 29 de 1963 se derogaron todas las disposiciones de carácter nacional que decretaban exoneraciones o exenciones del impuesto predial para personas privadas.
En sentencia de 24 de febrero de 1994, expediente 5001, la Sección Cuarta hizo un recuento de la evolución normativa del impuesto predial, en los siguientes términos:

El impuesto predial fue establecido por la Ley 48 de 1887, que autorizó a los departamentos para crearlo y recaudarlo, destinando un porcentaje del dos por mil a favor de los municipios, como un impuesto real sobre la propiedad inmueble.

La Ley 20 de 1908 estableció como renta propia del departamento el recaudo de dicho impuesto, sin perjuicio del porcentaje correspondiente al municipio. Los artículos 97 de la Ley 4 de 1913 y 1 de la Ley 34 de 1920 fijaron el dos por mil como la tasa máxima con que los departamentos y municipios podían gravar la propiedad raíz.

El artículo 2 del Decreto Ley 2413 de 1948 estableció un impuesto del dos por mil sobre toda propiedad raíz, que se cobraría con el de catastro y exceptuó de este tributo a los municipios que tuvieran una tasa para el impuesto predial o contribución de caminos superior al dos por mil.
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  (2017-09-01) [Mas Información]
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Consejo de Estado

PRUEBA DEL COSTO DE VENTA – Inconsistencias entre el comprobante de contabilidad, el libro auxiliar y la factura de venta.
    Prevalencia de la factura para establecer el valor real de la erogación, cuando existen pruebas externas a la contribuyente que demuestran la veracidad de la factura / RECONOCIMIENTO DE COSTO DE VENTA – Procede cuando se encuentra debidamente soportado.
La Administración advirtió diferencias entre el costo de venta registrado en el libro auxiliar y en el comprobante de contabilidad de la venta No. CC-005838, así como entre la factura de venta No. 17495 y esos documentos contables.

Esas inconsistencias en la contabilidad llevaron a que la DIAN desconociera la factura de venta como prueba del costo y tomara, como soporte de esa erogación el comprobante de contabilidad que registró la enajenación.

De ahí que la Administración rechazara el costo de ventas.
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  (2017-08-31) [Mas Información]
Consejo de Estado

COSTO REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD – No procede su reconocimiento si carece del soporte contable exigido para el efecto.
    RECHAZO DE COSTO DE VENTA SOPORTADO EN FACTURA ANULADA – Legalidad. Se ajusta a derecho porque el costo carece del soporte contable exigido para su procedencia fiscal.
La Administración rechazó el costo de venta de teléfonos satelitales en la suma de $81.265.119, porque se encuentra soportado en una factura anulada por la sociedad.(…) 3.2.

Por su parte la sociedad sostiene que independientemente de que la factura de venta esté anulada, el costo se encuentra reflejado en la cuenta No. 14, como lo señaló la DIAN. 3.3.

La Sala considera que aunque el costo está registrado en la contabilidad, no procede el reconocimiento de esa erogación, porque no tiene el soporte contable exigido en el artículo 123 del Decreto 2649 de 1993 y, en especial, en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, para la procedencia fiscal de los costos.
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  (2017-08-31) [Mas Información]
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Consejo de Estado

PROPORCIONALIDAD DE LAS EXPENSAS – Se debe medir y analizar en cada caso, segun la actividad lucrativa desarrollada y la costumbre comercial para el sector.
    RECONOCIMIENTO DE COSTO DE TRANSPORTE – Improcedencia por falta de acreditación del nexo causal y de la proporcionalidad de la erogación.
Para la procedencia de los costos y deducciones, la normativa tributaria exige el cumplimiento de los presupuestos esenciales de relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Siendo el primero y el último los discutidos por la Administración.

La relación de causalidad atiende a que las erogaciones o simplemente salida de recursos del contribuyente, deben guardar una relación causal, de origen - efecto, con la actividad u ocupación que le genera la renta al contribuyente.

Por su parte, la proporcionalidad de las expensas, es decir la magnitud que aquellas representen dentro del total de la renta bruta (utilidad bruta) deberá medirse y analizarse en cada caso, de conformidad con la actividad lucrativa que se lleve a cabo y con la costumbre comercial para el sector.
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  (2017-08-31) [Mas Información]
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO – SANCION POR DEVOLUCION Y/O COMPENSACION IMPROCEDENTE – Intereses incrementados en un 50%
    Como puede verse, la alta corporación definió que el 50% sobre los intereses moratorios, no tienen naturaleza de intereses, sino la de una sanción, y encuentra que se trata de una decisión razonable del legislador.
Tras la lectura del artículo 670 del Estatuto Tributario la Sala advierte que dicha norma al regular la sanción por devolución o compensación improcedente, prevé una pluralidad de sanciones concomitantes que incluye el reintegro de las sumas devueltas o compensadas en exceso y los intereses moratorios incrementados en un 50%, es decir que el reintegro de la suma pagada en exceso es simplemente una parte de la sanción, que constituye para la entidad oficial un medio de recuperación total o parcial de las cantidades dinerarias devueltas originariamente.

Ahora bien, el cobro de intereses moratorios aumentados en un 50% tiene fundamento legítimo en la falta de diligencia y cuidado en que incurrió el contribuyente, esto es así por cuanto, las declaraciones privadas de impuestos se presumen veraces ya que el contribuyente o responsable se halla en la obligación ineludible de ser cuidadoso en su diligenciamiento, mucho más si encuentra que se generan saldos a favor que den lugar a devoluciones, compensaciones o imputaciones en las declaraciones correspondientes a los años gravables siguientes.
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  (2017-08-09) [Mas Información]
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Consejo de Estado

Legalidad del articulo 6º del Acuerdo Distrital Nº 0013 del 20 de septiembre de 2011.
    Demanda del acuerdo que prohibió la devolución o compensación de las sumas pagadas por concepto de impuesto predial, contribución de valorización y gravamen de plusvalía
De cara al principio de obligatoriedad de la ley y sus efectos en el tiempo3, el inciso primero del artículo sexto que se viene comentando4, presenta una exención tributaria con efectos futuros que influye en las obligaciones tributarias aún no causadas.

Se trata, entonces, de un beneficio tributario que, además de ajustarse al principio de irretroactividad de la ley tributaria (art. 363 de la CP), pone al sujeto destinatario del tributo en una situación preferencial por fines esencialmente extrafiscales5 fijados por el Legislador.
  (2017-07-28) [Mas Información]
Consejo de Estado

Termino de la prescripcion de la sancion moratoria.
(Auxilio de Cesantias)
    Es dable concluir que para efectos de contabilizarse el término de la prescripción de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 debe tenerse como inició del conteo el momento de la terminación de la vinculación laboral, que es cuando verdaderamente se causa o hace exigible tal prestación social.
Problema jurídico.-

Siendo el marco de juzgamiento en esta instancia, los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, debe la Sala precisar desde cuando se contabiliza el terminó de la prescripción del derecho a percibir la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantías en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

En segundo lugar, en caso de que no haya prescripción del derecho, cómo se paga la sanción moratoria respectiva.
  (2017-07-26) [Mas Información]
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Consejo de Estado

ESTATUTO TRIBUTARIO –
Nombramiento de secuestre.
    Para determinar si la falta es grave o leve señala unos criterios de gravedad o levedad, mientras que para determinar si la falta es gravísima por las connotaciones que ellas implican hace remisión a un listado que las consagra taxativamente.
La Sala concuerda con el razonamiento realizado por la autoridad disciplinaria el cual es lógico en el sentido de que al ser la demandante la Jefe de la División de Cobranzas de la DIAN quien además designó los funcionarios ejecutores en los procesos de cobro coactivo donde se cometieron las irregularidades denunciadas y permitió la designación del secuestre en cuestión, estaba en la obligación de cumplir las normas que rigen la designación o como mínimo vigilar que aquellas se cumplieran en la medida en que los demás funcionarios de esa dependencia estaban bajo su mando y dirección.
  (2017-07-26) [Mas Información]
Consejo de Estado

ACTOS SUJETOS A REGISTRO / PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD DE LOS ACTOS SUJETOS A REGISTRO – Inexistencia / REGISTRO PARCIAL – Procedencia.
    Sentecia:
¿Es posible efectuar el registro parcial de la escritura de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, cuando algunos de los bienes han sido embargados?

No existiendo el citado principio de indivisibilidad de los actos sujetos a registro, en tanto el Decreto Ley 1250 de 1970 ni la doctrina lo contemplan, ni existiendo disposiciones legales que impidan el registro parcial, se precisa que la liquidación de la sociedad conyugal de los señores
  (2017-07-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado

FACULTAD IMPOSITIVA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - Alcance.
    Problema jurídico:
¿La “participación” creada por la Ordenanza 035 de 1984 corresponde o no a un tributo, y, de serlo, desconoció dicho acto el principio de legalidad tributaria y la prohibición de gravar la industria de licores con tributos adicionales al impuesto al consumo?
  (2017-07-24) [Mas Información]
Consejo de Estado

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SOBRE BIENES DE USO PUBLICO - Alcance.
    Problema jurídico:
¿Se ajusta a derecho que el Concejo Municipal de Villavicencio, mediante el Acuerdo 073 de 2001, haya gravado con el impuesto predial a las “entidades oficiales de todo orden”, así como que haya incluido a “todas las construcciones del Estado del orden nacional, departamental y municipal” que ejercen actividad institucional, entre la clasificación de predios edificados en suelo urbano, para efectos de aplicar las tarifas de ese tributo?
  (2017-07-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado

IMPUESTO DE REGISTRO - Base gravable en acto, contrato o negocio referido a inmuebles.
    Se sujeta a la regla prevista en el artículo 229 de la Ley 223 de 1995, es decir que tiene cuantía.
IMPUESTO DE REGISTRO -
Base gravable mínima respecto de inmuebles.


El literal h del artículo 6 del Decreto 650 de 1996 no la desconoce al calificar como sin cuantía los actos de restitución de bienes al fideicomitente, porque se refiere al hecho generador relacionado con actos o negocios sobre bienes sujetos a registro, distintos de los inmuebles
  (2017-07-21) [Mas Información]
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto No 30531

Impuesto a las ventas.- Bienes Excluidos importaciones Excluidas.
    Es jurídicamente procedente el cobro del IVA por la importación de Alcohol Etílico Extra-neutro y Alcohol Etílico Industrial al 96%, siempre y cuando las citadas materias primas químicas se destinen a la producción de medicamentos acorde al artículo 424 del Estatuto Tributario en las condiciones señaladas por los artículos 3 y 4 del Decreto 3733 de 2005".
Consulta:

“¿Es jurídicamente procedente el cobro del IVA en la Importación de Alcohol Etílico Extra-neutro y Alcohol Etílico Industrial al 96% destinados a la producción de medicamentos cuando, a pesar de no estar incluidos en el artículo 1 del Decreto 3733 de 2005, jurisprudencialmente se afirmó que en su importación o venta se podrá invocar la exclusión de que trata el artículo 424 del Estatuto Tributario?”.
  (2017-05-31) [Mas Información]
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Consejo de Estado

La exencion de la contribucion de solidaridad del articulo 102 de la Ley 1450 de 2011 solo cobija a los usuarios industriales del servicio de gas natural domiciliario.
    Problema jurídico:
¿La exención de la contribución de solidaridad prevista en el artículo 102 de la Ley 1450 de 2011 cobija a los usuarios del servicio de gas natural domiciliario que ejecuten actividades industriales tanto de manera principal como secundaria?

Tesis 1: “La Sala considera que no se configura ningún exceso en la facultad reglamentaria. Por el contrario, la cualificación del sujeto beneficiario de la exención, que hace el Decreto 4956, concreta el ámbito de aplicación de la exención creada por el artículo 102 de la Ley 1450 de 2011, a partir de la definición de reglas claras que permiten identificar a los usuarios industriales del servicio de gas natural domiciliario, y diferenciarlos de los demás usuarios, con el fin último de evitar abusos por parte de los contribuyentes que no tendrían derecho a tales beneficios.

Las actividades económicas clasificadas en los códigos 011 a 456 de la Resolución 432 de 2008 son industriales y, como tal, constituyen un referente idóneo para identificar y tener control sobre los sujetos beneficiarios de la exención.

La ley y el decreto privilegian de manera razonable a aquellos usuarios del servicio de gas que ejecutan actividades industriales de manera principal porque son las que les generan la mayor parte del valor agregado.
  (2017-05-25) [Mas Información]
Consejo de Estado

La exencion de la contribucion de solidaridad del articulo 102 de la Ley 1450 de 2011 solo cobija a los usuarios industriales del servicio de gas natural domiciliario.
    Problema jurídico:
¿Es ilegal el parágrafo 2 del artículo 5 del Decreto 4956 de 2011, en cuanto impone al beneficiario la obligación de presentar el RUT cada seis meses para conservar la exención del artículo 102 de la Ley 1450 de 2011?

Tesis 2: “El RUT es el mecanismo idóneo de verificación de la calidad de usuario industrial del servicio de gas natural domiciliario, porque en ese documento se reporta o informa la actividad económica principal y la secundaria que desarrolle cualquier contribuyente y, por tanto, cualquier persona que tenga acceso a ese documento puede verificar que la actividad económica principal del usuario corresponda a los códigos 011 a 456 que fijó la Resolución 432 de 2008.

Siendo así, para la Sala, el decreto demandado no vulnera ninguna ley. Ahora bien, como la exención a favor de los usuarios industriales deriva de la ley, es razonable que para efectos de la verificación anteriormente aludida, el decreto reglamentario haya previsto que el usuario industrial del servicio de gas natural domiciliario, sujeto interesado en gozar de la exención, entregue a la empresa prestadora del servicio de gas natural domiciliario una copia del RUT.

Si bien es cierto que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o las empresas prestadoras del servicio público pueden pedir a la DIAN, en virtud del principio de coordinación, y en virtud del Decreto Ley 019 de 2012 sobre anti trámites, que suministre la información del código de actividad económica que los usuarios industriales del servicio público de gas domiciliario consignaron en el RUT, no es nulo el decreto demandado por disponer que el usuario industrial debe aportar una copia del RUT para hacer efectivo el beneficio por primera vez, pues esa medida se establece en beneficio propio, no en su contra, precisamente para facilitar el trámite de reconocimiento del beneficio.
  (2017-05-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado

La exencion de la contribucion de solidaridad del articulo 102 de la Ley 1450 de 2011 solo cobija a los usuarios industriales del servicio de gas natural domiciliario.
    Problema jurídico:
¿El parágrafo 2 del artículo 4 del Decreto 4956 de 2011 viola el artículo 153 de la Ley 142 de 1994, al fijar el plazo de 15 días hábiles para resolver la solicitud tendiente a obtener la exención, comoquiera que el artículo 153 no prevé plazo alguno?

Tesis 3: “La Sala considera que no se configura esta violación. La Sala advierte que los artículos 153 a 158 de la Ley 142 de 1994 regulan el trámite de peticiones, quejas y recursos que pueden presentar los usuarios de los servicios públicos domiciliarios ante las empresas prestadoras de esos servicios.

El artículo 153 dispone que las peticiones y recursos presentados ante las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se tramitan de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición, sin fijar plazo alguno para resolver la petición.

La demandante alegó que el parágrafo 2 del artículo 4 del Decreto 4956 de 2011 es nulo porque remitió al artículo 153 de la Ley 142 de 1994, para decir que se aplica un plazo no previsto en esa norma. Para la Sala, esa situación no genera nulidad alguna porque el plazo de 15 días está previsto en las normas vigentes que regulan el derecho de petición, esto es, Ley 1755 de 2015.

En ese sentido, no se advierte contradicción alguna que genera la nulidad de la norma demandada. No prospera el cargo”.
  (2017-05-25) [Mas Información]
Consejo de Estado

La base gravable del impuesto de avisos y tableros es cero cuando es el total del impuesto de industria y comercio y el contribuyente está exento de este último tributo.
    Síntesis del caso:
La Cooperativa de Consumo Ltda. considera que son nulos los actos administrativos mediante las cuales la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín le practicó liquidación oficial de revisión por el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros del periodo gravable 2008 y le impuso sanción por inexactitud, por cuanto tales actos liquidaron ilegalmente el impuesto complementario de avisos y tableros.
  • Problema jurídico:
¿Cuál es la base gravable del impuesto de avisos y tableros cuando esta es el total del impuesto de industria y comercio y el contribuyente se encuentra exento de este último gravamen?
  (2017-05-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado

No procede la devolucion del mayor impuesto pagado como consecuencia de la anulacion del acto que rechaza la solicitud de correccion de una declaracion tributaria.
    Los contribuyentes podrán acceder a la devolución de los pagos en exceso o de no lo debido, por concepto de obligaciones tributarias, para lo cual, se debe seguir el procedimiento que se aplica para las devoluciones de saldos a favor [art. 850 del ET], es decir, el interesado deberá solicitar la devolución y la Administración deberá devolver, previas las compensaciones a que haya lugar, en el término legal previsto para tal fin [art. 855 ib].
Síntesis del caso:

La sociedad MANPOWER DE COLOMBIA LTDA. solicita que se declare la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro (Antioquia) le negó la solicitud de corrección de la declaración del impuesto de industria y comercio que presentó por el año gravable de 2010, al considerar que tales actos desconocen el artículo 589 del Estatuto Tributario.
  (2017-04-27) [Mas Información]
Consejo de Estado

La causacion del impuesto de delineacion urbana.
    La causación del impuesto de delineación urbana puede coincidir con la expedición de diferentes modalidades de licencia de construcción, en la medida en que el aspecto material del tributo corresponda o se identifique con la construcción de nuevos edificios o su refacción.
Síntesis del caso:

Raúl Atilano Amaya Cárdenas solicita la nulidad de los artículos 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 y 131 del Acuerdo 024 de 2008, “Por medio del cual se adopta el estatuto tributario para el municipio de San Sebastián de Mariquita - Tolima”, y de los artículos 15, 16, 18, 19, 21 y 23 del Acuerdo 056 del 30 de diciembre de 2009, “Por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto de rentas del municipio de San Sebastián de Mariquita”, relativos al impuesto de delineación urbana por expedición de diversas licencias, por cuanto considera que están viciados, en cuanto consagran tributos que carecen de fundamento legal.
  (2017-04-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado

MEDIO DE CONTROL CONTRA ACTO QUE NIEGA DEVOLUCION DE TRIBUTO NULO O INEXEQUIBLE.
    La Sala ha precisado que si un contribuyente estima que si un tributo pagado no tiene fundamento legal, en razón de la inexequibilidad o nulidad de la norma que lo establece, antes que acudir a la acción de reparación directa, debe hacer uso de los mecanismos previstos por el legislador para solicitar la devolución de un tributo.
Síntesis del caso:

Vicpar S.A., Constructora Emidumar S.A. y Francisco Ramón Ríos Danies, en ejercicio del medio de control de reparación directa, solicitaron la devolución de los valores pagados por concepto de la tasa especial de fortalecimiento administrativo regulada en unas ordenanzas del Departamento de Arauca que posteriormente fueron declaradas nulas por la Sección Primera del Consejo de Estado.
  (2017-04-27) [Mas Información]
Consejo de Estado

Como a las empresas multinivel no se les aplica la deduccion por salarios del paragrafo 2 del articulo 108 del E.T., no estan obligadas a verificar que los vendedores independientes adscritos a ellas esten afiliados al sistema de seguridad social y que paguen las cotizaciones al mismo.
    Síntesis del caso:
Se suspenden provisionalmente los efectos de los Conceptos 008166 de 16 de marzo y 31713 de 4 de noviembre de 2015, expedidos por la Directora de Gestión Jurídica de la DIAN, en cuanto interpretan el parágrafo 2 del artículo 108 del Estatuto Tributario en el sentido de que el mismo condiciona la procedencia de la deducción por salarios de los pagos efectuados por las empresas multinivel a las personas naturales afiliadas a las mismas, a la verificación de que dichas personas se encuentran afiliadas y que pagaron las respectivas cotizaciones y aportes al sistema de seguridad social.
  (2017-03-31) [Mas Información]
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Consejo de Estado

En materia tributaria no es viable solicitar a la jurisdiccion la declaratoria de ocurrencia del silencio administrativo positivo, pero si la nulidad del acto administrativo, notificado extemporaneamente, que resuelve los recursos de reposicion o reconsideracion.
    Síntesis del caso:
Se revoca el auto que rechazó de plano la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A., con el fin de obtener, de un lado, la anulación de los actos administrativos por los cuales el Distrito de Cartagena le negó la devolución del impuesto de industria y comercio de los bimestres 2 a 5 del 2002, así como del que resolvió el recurso de reconsideración contra la anterior decisión, pero que se notificó extemporáneamente y, de otro, la declaratoria de la ocurrencia del silencio administrativo positivo respecto del recurso interpuesto junto con el cumplimiento del acto ficto producto del mismo.

En su lugar, se ordenó al a quo que, previa verificación de los demás requisitos legales, continuara con el trámite del proceso.
  (2017-03-31) [Mas Información]
Consejo de Estado

La utilidad en la enajenacion de titulos de cartera hipotecaria no se considera un rendimiento financiero pasible de la exencion prevista en el articulo 16 de la Ley 546 de 1999.
    Síntesis del caso:
Se confirma el fallo que negó las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Distrihogar S.A. contra los actos administrativos por los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN determinó oficialmente el impuesto sobre la renta del año gravable 2003, en el sentido de adicionar ingresos no operacionales por indebida contabilización de pérdidas en la venta de títulos de hipoteca y bonos ordinarios, desconocer la deducción por pérdidas derivadas de títulos hipotecarios y bonos ordinarios y la renta exenta de los rendimientos de tales títulos e imponer sanción por inexactitud, en cuanto consideró que la utilidad en la enajenación de títulos hipotecarios no constituye un rendimiento financiero y que, por ende, no está cobijada por la exención del impuesto sobre la renta prevista en el artículo 16 de la Ley 546 de 1999, como lo alegaba la demandante.
  (2017-03-31) [Mas Información]
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Consejo de Estado

La actuacion administrativa que culmina con la sancion por no declarar no es requisito previo para la expedicion de la liquidacion de aforo, de modo que el hecho de que no se imponga la sancion no constituye un vicio de procedimiento que genere la nulidad del acto liquidatorio.
    Síntesis del caso:
Se accede parcialmente a las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Helicópteros Nacionales de Colombia S.A. - Helicol S.A. contra los actos administrativos por los cuales el municipio de Cúcuta le formuló liquidación oficial de aforo y le impuso sanción por extemporaneidad frente al impuesto de industria y comercio de los periodos fiscales 2002 a 2005, en relación con la prestación del servicio de transporte aéreo en su jurisdicción.

Concretamente, se anularon dichos actos en cuanto a las sanciones por extemporaneidad de los periodos 2002 y 2003 y a las liquidaciones de aforo de los años gravables 2004 y 2005.
  (2017-03-31) [Mas Información]
Consejo de Estado

EXPENSAS NECESARIAS - Si demuestran los requisitos procede la deduccion por destruccion de inventario.
    DESTRUCCION DE MERCANCIAS
    - Deben estar plenamente justificados y probados. Procedencia de la deducción.
Si se demuestran que las expensas son necesarias, proporcionales y que tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, como lo precisa el artículo 107 del Estatuto Tributario, procede el reconocimiento de la deducción por destrucción de inventario.

También es relevante resaltar que en las sentencias referidas se ha insistido en que los hechos que dan lugar a la destrucción o a la pérdida deben estar plenamente justificados y probados.
  (2017-03-28) [Mas Información]
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Consejo de Estado

INVENTARIOS PERMANENTES - Los faltantes de mercancia de facil destruccion o perdida se manejan a traves de una provision.
    FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA
    - Se puede disminuir el inventario inicial siempre que se lleve el sistema de juego de inventarios.
Para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas:
    "juego de inventarios",
    "inventarios permanentes o continuos", o
    "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico...

" En el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable. Lo que responde a la siguiente fórmula matemática: inventario inicial + compras - inventario final.

Mientras que en el sistema de "inventarios permanentes o continuos" el costo se contabiliza en tarjetas u hojas especiales, diseñadas para llevar el control permanente de las mercancías, las que hacen parte integrante de la contabilidad, donde se registran las unidades compradas, vendidas, o consumidas, el costo de lo vendido y de lo comprado; al final del ejercicio se hace constar en el libro de inventarios, el costo de las existencias.
  (2017-03-28) [Mas Información]
Consejo de Estado

MERCANCIAS DIFERENTES A MEDICAMENTOS - Procede la deduccion por destruccion siempre que se prueben las expensas necesarias.
    DESTRUCCION DE INVENTARIOS
    - Procede cuando se demuestran los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
Tratándose de activos movibles que tengan que ser retirados por vencimiento o destrucción y que no puedan ser comercializados de ninguna manera, ni consumidos, ni usados, podría llegar a admitirse su valor como "expensa necesaria" deducible, siempre y cuando se demuestre, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad; y además, que el contribuyente, demuestre que tal deducción no ha sido reconocida por otros medios, como por ejemplo, el caso de los contribuyentes que llevan el sistema de juego de inventarios, donde tal disminución puede ser tratada como costo (art. 64 E. T.)".

Es necesario advertir también, que aunque la jurisprudencia transcrita hacía referencia a medicamentos, nada impide que en casos en que los inventarios correspondan a otro tipo de mercancías, no se pueda aplicar estos criterios, de acuerdo con lo que se pruebe en cada caso.

Igualmente, debe precisarse que el criterio de la Sala es aplicable tanto a comercializadores como a productores, pues en ambos casos, dependiendo del tipo de bienes, pueden estar sometidos a disposiciones de tipo sanitario que los obliga a destruir los activos movibles por razones de deterioro, vencimiento, desuso, etc., y lo mismo puede ocurrir en sectores donde la destrucción de inventarios ocurre por tratarse de una práctica mercantil usual, razón por la que no resulta procedente la distinción que realiza la demandada en relación con la actividad que desarrolla el contribuyente respecto de los productos dados de baja.
  (2017-03-28) [Mas Información]
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Consejo de Estado

PROVISION CONTABLE
- No es deducible por destruccion de inventarios dado que el unico efecto es la reduccion de la misma.
    En relación con la provisión para mercancía dada de baja, se advierte que la demandante ha sostenido que la provisión ha sido tratada como un gasto no deducible y que sólo cuando se produce realmente la destrucción del inventario devuelto o vencido es que se afecta la cuenta de la provisión, momento en el que es deducible fiscalmente.
Sin embargo, en los actos acusados, la DIAN rechazó la provisión por mercancía dada de baja por valor de $94.169.146 registrada en la cuenta 61.20.45.57, porque es una provisión que dentro del ordenamiento fiscal no es posible tenerla como costo ni como deducción, pues sólo son provisiones aceptadas fiscalmente las establecidas en los artículos 112, 145 y 146 E.T.

Además, la Administración indicó que sobre este valor "la sociedad no presenta soporte como tal, por cuanto se registra un valor estimado de la mercancía que se va a dar de baja o que se va a llevar a pérdida en devoluciones, posteriormente se traslada o se cancela.
  (2017-03-28) [Mas Información]
Consejo de Estado

Las decisiones del Tribunal Medico-Laboral de Revision Militar y de Policia son irrevocables y obligatorias y contra ellas solo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes.
    Consideró el Tribunal que el actor ha debido solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez y negada ésta, acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en demanda de estos actos, pues los actos demandados no ponen término al proceso o actuación administrativa.
La Sala disiente de la decisión tomada en la providencia apelada por lo siguiente:
  • Para tener derecho a la pensión de invalidez, las normas aplicables a las F.F.M.M, señalan un porcentaje de disminución de la capacidad superior al 75%.
En el presente caso, en el acta de Junta Médica Laboral No 1559 de 18 de junio de 2000, como ya se dijo, se determinó que el actor había sufrido una disminución de la capacidad laboral equivalente al 37%, no imputable al servicio.

En dicho acto, se informó que contra el mismo, procedía el recurso de solicitar convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar, a cuya interposición procedió el actor. Por lo anterior, se expidió el Acta de dicho Tribunal No 2059 de 10 de julio de 2002, en la que se notificó lo decidido en la anterior resolución, y no se le informó al actor de la posibilidad de interponer algún otro recurso.
  (2017-03-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado

PROVISION POR PERDIDA DE INVENTARIOS
- Esta permitida su contabilizacion conforme al Estatuto Contable.
    PERDIDAS DEL ACTIVO MOVIBLE - Pueden ser tratados como costo en el sistema de juego de inventarios pero no como deducción.
El artículo 62 del Estatuto Tributario alude al sistema para establecer el costo de los activos movibles enajenados conforme con dicha disposición, para establecer el costo de los activos enajenados, los contribuyentes obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta, firmada por revisor fiscal o contador público, deben utilizar el sistema de inventarios permanentes o continuos, o cualquier otro sistema de reconocido valor técnico autorizado por la DIAN.

Cuando se trata de mercancías de fácil destrucción o pérdida, el artículo 64 del Estatuto Tributario, vigente para la época de los hechos del caso concreto, sólo autorizaba disminuir el inventario final en un 5% del total de las mercancías de fácil destrucción o inventarios perecederos.

Esa disminución, que afecta el costo de ventas, no estaba prevista para los contribuyentes que llevaban el sistema de inventario permanente. La Sala, mediante sentencia del 27 de octubre de 2005, precisó que el artículo 64 E.T., autorizaba la disminución del inventario final, para los contribuyentes que llevaban el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras".
  (2017-03-27) [Mas Información]
Consejo de Estado.

COOPERATIVAS Y ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO - Son contribuyentes del imporrenta bajo el regimen especial.
    PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL - Es una de las modalidades de inversión de los excedentes de las entidades del sector solidario / EXENCION DEL IMPORRENTA PARA LAS COOPERATIVAS - Modificaciones por la Ley 863 de 2003.
Pues bien, para establecer si el decreto demandado se ajusta a la normatividad que pretendió reglamentar, es necesario precisar el alcance y contenido del numeral 4 del artículo 19 del Estatuto Tributario, que señala a las cooperativas y otras entidades del sector solidario como contribuyentes del impuesto de renta del régimen especial y consagra una exención de sus excedentes.

De acuerdo con lo anterior, la modificación introducida por la Ley 863 de 2003 consistió en limitar los programas de educación formal a los aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, y no los del Ministerio de Salud; incluyó los cupos en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional y eliminó la condición del control de los organismos de supervisión correspondientes.
  (2017-03-15) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

EXCEDENTES DE LAS COOPERATIVAS - Forma de invertirlos para lograr la exencion en el imporrenta.
    EDUCACION FORMAL - Concepto y niveles / EDUCACION SUPERIOR - Clasificación / EDUCACION NO FORMAL - Concepto / COOPERATIVISMO - Cambios efectuados en su regulación por la Ley 79 de 1988.
De acuerdo con lo anterior, no obstante el Gobierno pretendía en la reforma tributaria, sustraer del régimen tributario especial a las Cooperativas y gravarlas normalmente, las comisiones de ponentes y conjuntas del Congreso, consideraron que debían mantenerse en el régimen especial, con la condición de destinar el 20% de sus excedentes a financiar cupos de educación formal en programas y centros autorizados por el Ministerio de Educación Nacional.

En consecuencia, en los términos de la Ley , la exención opera así:
  • 1. Se debe destinar el veinte por ciento (20%) del excedente a financiar cupos y programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, de manera autónoma por las propias cooperativas.

  • 2. El excedente se debe tomar en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.
La educación formal está definida por el artículo 10 de la Ley 115 de 1994, como aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.
  (2017-03-15) [Mas Información]
Consejo de Estado.

EXENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA COOPERATIVAS - El reglamento no limita su autonomia en cuanto a la inversion en cupos y programas de educacion formal.
    BENEFICIO NETO O EXCEDENTE DE LAS COOPERATIVAS - Debe destinarse conforme al reglamento para cumplir los propósitos del Plan de Desarrollo / EDUCACION FORMAL - La inversión en ella o en los excedentes de las cooperativas da derecho a la exención del imporrenta.
A juicio de la Sala, el reglamento no limita la autonomía de las Cooperativas, pues, acoge los únicos condicionantes de la norma superior en cuanto a cupos y programas de educación formal y en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación, manteniendo la autonomía de las cooperativas en esos destinos, de manera que exigir su manejo a través de fondos coadministrados con el ICETEX y de acuerdo con sus políticas y criterios, no restringe la libertad a las entidades en su gestión, en la medida en que participan y dirigen conjuntamente.

Como afirma el Ministerio de Educación en la contestación a la demanda, el decreto demandado debe analizarse en conjunto con otras normas, como son el Plan de Desarrollo, el Sistema General de Participaciones, o las normas del sector solidario.

Por ende, para efectos de que las cooperativas gocen de la exención y se vinculen a este propósito, deben destinar los excedentes en la forma dispuesta por el reglamento. Como se observa, existen muchos programas educativos en los cuales pueden participar con sus excedentes, de conformidad con lo previsto por el gobierno colaborando y contribuyendo así con el Plan de Desarrollo.
  (2017-03-15) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

RENTA EXENTA EN LAS COOPERATIVAS - Se calcula sobre los excedentes obtenidos.
    EXCEDENTES EN LAS COOPERATIVAS - Se deben tomar en su totalidad del Fondo de Educación para determinar la exención / EDUCACION FORMAL - El excedente de las cooperativas se invierte en programas de educación formal para logar su exención.
Según el artículo 8 de la Ley 863 de 2003, la exención del impuesto sobre la renta para las cooperativas, funciona así:
  • 1. Se debe destinar el veinte por ciento (20%) del excedente a financiar cupos y programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, de manera autónoma por las propias cooperativas.

  • 2. El excedente se debe tomar en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. La educación formal está definida por el artículo 10 de la Ley 115 de 1994, como aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.
Los niveles de educación formal son: preescolar, educación básica y educación media. A la educación media sigue la educación superior, que se regula por la Ley 30 de 1992 y se clasifica en instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y, universidades (artículo 35 de la Ley 115 de 1994).
  (2017-03-14) [Mas Información]
Consejo de Estado.

EXCEDENTES DE LAS COOPERATIVAS - Al destinarse a programas y cupos de educacion formal se cumple con la funcion social de la educacion.
    ECONOMIA SOLIDARIA - Debe participar en los planes y proyectos de educación del Gobierno / FONDO DE EDUCACION SOLIDARIA DE LAS COOPERATIVAS - De ellos deben tomarse los excedentes a ser inve4rtidos en la ecuación formal.
Las cooperativas y las demás entidades mencionadas en el numeral 4 del artículo 19 del Estatuto Tributario, son entes creados con fundamento en el espíritu de solidaridad, como un "sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso y a la racionalización de todas las actividades económicas, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares" (artículo 3 de la Ley 454 de 1998).

En consecuencia, cuando destinan sus excedentes a programas y cupos de educación formal, se cumple la función social de la educación (artículo 67 de la Constitución Política) y se participa en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, que es uno de los fines de la economía solidaria (artículo 5 Ley 454 de 1998).

La economía solidaria debe participar en los planes y proyectos que tiene el Gobierno en la educación, y sobre todo, de las clases menos favorecidas, y en virtud de la autonomía de que gozan estos entes colectivos, tienen la libertad de escoger a qué planes o programas de educación formal van a destinar sus excedentes y cómo los van a administrar, siendo la única limitación, la que impone la ley tributaria: que se trate de los excedentes tomados del Fondo de Educación y Solidaridad y que sea en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación, limitación que se reproduce en el decreto acusado, con los programas y proyectos enunciados.
  (2017-03-14) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

Es valido rechazar la correccion de una declaracion tributaria por inexistencia del valor solicitado como saldo a favor que no puede ser arrastrado a la declaracion siguiente, porque se trata de un asunto de caracter formal y no de fondo.
    Se niegan las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por C.I. Floral S.A. contra los actos administrativos por los cuales la DIAN le rechazó la solicitud de corrección de la declaración de renta del año gravable 2005, en cuanto consideró que no procedía el arrastre del saldo a favor derivado del proyecto de corrección del tributo del año 2004, que fue rechazado por encontrarse en firme la declaración inicial de ese año.
  • Problema jurídico:
¿Es válido rechazar la corrección de una declaración tributaria con base en la inexistencia de un saldo a favor que no puede ser arrastrado o imputado a la declaración del siguiente año gravable, por ser un asunto de carácter formal y no de fondo?
  (2017-02-21) [Mas Información]
Consejo de Estado.

No hay lugar a imponer sancion por no declarar el impuesto predial cuando se presenta una sola declaracion por todo un predio como estaba antes de su desenglobe, en lugar de una declaracion individual por cada predio desenglobado.
    Se anulan, en cuanto a la sanción por no declarar, los actos administrativos a través de los cuales la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá profirió liquidación de aforo contra Marval S.A. por el impuesto predial del año 2006 y le impuso dicha sanción, porque no presentó la declaración de predial individual por cada uno de los inmuebles en los que se desenglobó un bien raíz de su propiedad, sino una sola declaración por todo el inmueble como se identificaba antes del desenglobe.
  • Problema jurídico:
¿Hay lugar a imponer sanción por no declarar cuando se presenta con pago la declaración del impuesto predial del inmueble matriz de un desenglobe, en lugar de declarar y pagar el tributo de cada uno de los inmuebles desenglobados?
  (2017-02-21) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

La produccion a que se refiere el numeral 9 del articulo 450 del E.T., para efectos del regimen de precios de transferencia, tambien se configura con la venta o prestacion de servicios, como el de confeccion a traves de maquila.
    Síntesis del caso:
Se accede parcialmente a las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el Grupo Empresarial Apparel Solutions S.A.S contra los actos administrativos por los cuales la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Palmira lo sancionó por no presentar la declaración informativa individual de precios de transferencia (DIIPT) del año gravable 2007, en cuanto consideró que se configuraba la vinculación económica prevista en el numeral 9 del artículo 450 del Estatuto Tributario entre dicho Grupo y la empresa extranjera Global Apparel Corp., en razón de la venta del primero a la segunda de servicios de confección o maquila, supuesto que obligaba a la actora a presentar la DIIPT, lo cual no hizo.
  • Problema jurídico:
¿La venta de servicios de confección o maquila encaja dentro del supuesto de producción previsto en el numeral 9 del artículo 450 del E.T., para efectos de la vinculación económica en el régimen de precios de transferencia?
  (2017-02-21) [Mas Información]
Consejo de Estado.

    Inexigibilidad del impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009 para los inversionistas que suscribieron los contratos de estabilidad juridica.
  • Síntesis del caso:
La demanda contra la tesis y la interpretación jurídica del problema jurídico 2 del Concepto 098797 del 28 de diciembre de 2010 expedido por la DIAN se fundamenta en la violación entre otros del artículo 1° de la Ley 963 de 2005 que garantizaba a los inversionistas de los contratos de estabilidad que los cambios sustanciales y los nuevos tributos no les fueran exigibles y que solamente debían responder por los tributos y en general las normas que hubieran sido objeto de estabilización y con el concepto demandado se pretendía que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009 se le exigiera a tales inversionistas que suscribieron los contratos bajo el argumento de tratarse de un nuevo impuesto al patrimonio diferente al previsto en la Ley 1111 de 2006.

Argumenta que la DIAN con esta interpretación vulneró el principio de buena fé y confianza legítima pues se modificaron las condiciones pactadas al momento de celebrar los contratos de estabilidad.

Problema jurídico 1:
¿El impuesto al patrimonio previsto en la Ley 1370 de 2009 se trataba de un nuevo impuesto al patrimonio o era una prórroga o extensión del regulado en la Ley 1111 de 2006?   (2017-02-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

    El cobro del IVA en los servicios integrales de aseo y cafetería prestados por los sindicatos, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado.
  • Síntesis del caso:
En la demanda presentada contra apartes del literal b) y la totalidad del literal c) del artículo 12 del Decreto Reglamentario 1794 de 2013 expedido por el Gobierno Nacional “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”, se solicitó su suspensión provisional toda vez que violan los artículos 1, 4, 6, 13, 84, 121 y 189 numerales 11 y 20 de la Constitución Política, 683 del Estatuto Tributario y 46 de la Ley 1607 de 2012 al señalar que la tarifa del 16% y la base gravable especial del AIU (administración, imprevistos y utilidad) debían aplicarse solamente a los servicios integrales de aseo y cafetería prestados por los sindicatos y las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, cuando el artículo 462-1 del Estatuto Tributario no hizo distinción en cuanto al prestador del servicio.

Problema jurídico:

¿Debe decretarse la suspensión provisional de los literales b) y c) del artículo 12 del Decreto 1794 de 2013 por violar el artículo 462-1 del Estatuto Tributario en cuanto restringe la aplicación de la tarifa del 16% y la base gravable especial del AIU para el cobro del IVA en la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los sindicatos y las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado?   (2017-02-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

    Aplicacion del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional en cuanto al periodo gravable en que se deben aplicar las normas tributarias favorables.
  • Síntesis del caso:
La demanda presentada contra el Concepto 018128 del 19 de junio de 2015 expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN pretende como medida cautelar la suspensión provisional de sus efectos debido a que interpreta que no puede aplicarse en forma inmediata una norma tributaria que modifica alguno de los elementos de un impuesto de período porque esto solamente se predica del ámbito sancionatorio, ya que la DIAN excedió su potestad reglamentaria al interpretar normas que ya contaban con la interpretación autorizada de la Corte Constitucional.

Problema jurídico:
  • ¿Debe decretarse la suspensión provisional del Concepto 018128 de 2015 de la DIAN por violar la interpretación autorizada de la Corte Constitucional en cuanto a que las normas tributarias que modifican los elementos de los tributos pueden aplicarse en el mismo período gravable en que son expedidas?
  (2017-02-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

    Determinacion de la utilidad en la enajenacion de activos cuando el pago recibido por el vendedor es en especie y no deducibilidad del resultado de la eliminacion de cuentas contables por motivos de fusion de sociedades.
  • Síntesis del caso:
Una sociedad absorbida por la demandante hizo un aporte en especie a otra empresa consistente en la entrega de un terreno cuyo valor contable era de $ 300.000.000 y a cambio la absorbida recibió acciones de la sociedad receptora por $ 6.703.818.400.

Para la DIAN se presentó una utilidad en la enajenación del terreno por $ 6.403.818.000 determinada por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo de enajenación del activo enajenado conforme al artículo 90 del Estatuto Tributario, mientras que para la demandante como sociedad absorbente la norma que debía aplicarse era el artículo 29 del mismo estatuto que regula el valor de los ingresos en especie.

Problema jurídico:
  • ¿Para determinar la utilidad en la enajenación de activos cuando el pago recibido por el vendedor se realiza con acciones se debe aplicar el artículo 90 del Estatuto Tributario o el artículo 29 del mismo estatuto referido a los ingresos en especie?
  (2017-02-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

    Determinacion de la utilidad en la enajenacion de activos cuando el pago recibido por el vendedor es en especie y no deducibilidad del resultado de la eliminacion de cuentas contables por motivos de fusion de sociedades.
  • Síntesis del caso:
“En el caso en estudio, la pérdida por eliminación de cuentas en común no es deducible porque no se cumple el requisito de la relación de causalidad entre el gasto y la actividad productora de renta de la demandante.

En efecto, está probado que la pérdida de $ 6.583.886.000 es consecuencia de la eliminación de las cuentas en común dentro del proceso de fusión adelantado entre PALMAS OLEAGINOSAS SALAMANCA S.A., como sociedad absorbente, y RADO S.A. y H.G.I. S.A., como sociedades absorbidas y no tiene relación de causa-efecto con la actividad productora de renta de la demandante que, en general, es “la inversión y desarrollo de toda clase de actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas, en especial el de palma africana”.

La eliminación de las cuentas comunes en las inversiones “caza, ganadería y agricultura”, que da lugar a la pérdida contable, tiene como causa el acuerdo de fusión. Dicha pérdida no tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta de la actora, pues resulta de un manejo contable que es necesario para llevar a cabo en el proceso de fusión”.

Problema jurídico:
  • ¿La pérdida producida por la eliminación de cuentas contables recíprocas en la fusión de sociedades comerciales constituye un gasto deducible en el impuesto sobre la renta?
  (2017-02-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

    SANCION POR INEXACTITUD EN EL RECHAZO DE PERDIDAS FISCALES QUE DISMINUYEN LA PERDIDA LIQUIDA EN LA DECLARACION DE RENTA / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA SANCION POR INEXACTITUD.
  • Síntesis del caso:
“El artículo 647-1 del Estatuto Tributario no tipifica un hecho sancionable independiente de los del artículo 647 de la misma normativa, sino que regula las condiciones en las cuales deben aplicarse las sanciones por inexactitud y de corrección cuando se disminuyan o rechacen pérdidas fiscales.

Además, para fijar tales condiciones cuando se impone sanción por inexactitud por haber incluido pérdidas mayores a las reales, la norma prevé que la disminución o rechazo de pérdidas fiscales se considera como un menor saldo a favor, en una cuantía equivalente al impuesto que teóricamente generaría la pérdida rechazada oficialmente o disminuída en la corrección (…)

La Sala reitera que la sanción por inexactitud debe calcularse en los términos y condiciones previstas en el artículo 647-1 del E.T., pues, de acuerdo con dicha norma, la disminución de la pérdida fiscal se considera como un menor saldo a favor, en una cuantía equivalente al impuesto que teóricamente generaría la pérdida rechazada oficialmente y que dicha cuantía, que tiene como causa el menor saldo a favor, es la base para determinar la sanción por inexactitud (…)

No existe, entonces, la posibilidad de escoger la norma más favorable, como si existieran dos sanciones por inexactitud por la adición de ingresos y el rechazo de deducciones.

Problema jurídico:
  • ¿Para la sanción por inexactitud originada en la disminución del saldo a favor por disminución o rechazo de pérdidas fiscales se debe aplicar el artículo 647 del Estatuto Tributario o el artículo 647-1 del mismo estatuto?
  (2017-02-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

    Determinacion del valor comercial como base gravable del IVA en el retiro de bienes corporales muebles.
  • Síntesis del caso:
Una sociedad retiró de sus inventarios equipos de cómputo y de comunicaciones, bienes gravados con IVA, ante lo cual conforme a los artículos 421 y 458 del Estatuto Tributario debe liquidarse el IVA sobre el valor comercial de los bienes.

Tanto la DIAN como el contribuyente coinciden que el valor comercial es el precio promedio que tienen los bienes en el mercado en la fecha y lugar en que se realiza la operación, sin embargo, difieren en su determinación.

Para la demandante, dicho valor es el que corresponde al precio por el cual adquiere los bienes de sus proveedores, sin incluir el valor de las instalaciones, soporte, garantías, etc., mientras que para la DIAN el valor comercial debe ser el mismo precio que fija la sociedad cuando vende los bienes a terceros.

Problema jurídico:
  • ¿El valor comercial de los bienes retirados para efectos de liquidar el IVA generado es el valor de mercado que tienen esos bienes en el inventario del responsable del impuesto o el valor por el cual fueron adquiridos del proveedor?
  (2017-02-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

    El principio de favorabilidad es aplicable en las actuaciones administrativas dirigidas a sancionar las infracciones al regimen cambiario.
  • Síntesis del caso:
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento se solicitó la nulidad de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Sociedades, mediante los cuales se impuso una multa por incumplimiento de las normas cambiarias al incurrir en extemporaneidad de cinco (5) meses y fracción en el diligenciamiento del Formulario No. 11 del Banco de la República, a pesar de que para cuando quedó en firme el acto administrativo sancionatorio, ya no era obligación diligenciar dicho formulario para legalizar la inversión que se realizó.

Problema jurídico:
  • ¿Es aplicable el principio de favorabilidad en las actuaciones administrativas sancionatorias en materia cambiaria?
  (2017-02-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

EMPLAZAMIENTO POR NO DECLARAR - Acto preparatorio no demandable. Sentencia inhibitoria.
  • El emplazamiento por no declarar, acto mediante el cual, la Administración invita a los obligados a cumplir el deber de declarar y les concede el término de un (1) mes para que presenten la declaración correspondiente.
Así, si bien da inicio a una actuación administrativa, no contiene una decisión definitiva. Sin embargo, es un requisito de validez del acto que impone la sanción por no declarar, toda vez que la normativa exige su expedición previa para el debido adelantamiento del proceso de aforo.

Tratándose de un acto preparatorio o previo, no es susceptible de control de legalidad ante la jurisdicción, toda vez que, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede para demandar la nulidad de actos de carácter particular que pongan fin a un proceso administrativo.

Por tal razón y teniendo en cuenta que el Tribunal no se pronunció al respecto, la Sala modificará la sentencia apelada, en el sentido de adicionar un numeral para inhibirse de hacer pronunciamiento.
  (2017-01-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

JEFE DE LA UNIDAD DE RENTAS - Competente para resolver el recurso de reposicion contra el acto que impone multas.
  • PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA - Se predica de las actuaciones judiciales no de las administrativas.
Leído se constata que expresamente la función de "Resolver en reposición la imposición de multas a los contribuyentes de los impuestos" está a cargo del Jefe de la Unidad de Rentas.

Y, al Jefe de Grupo Recursos Tributarios le corresponde: "Estudiar, dar concepto y sustanciar los recursos de reposición que se interpongan ante la Unidad de Rentas". De las normas transcritas de deduce que contra los actos que imponen sanción procede el recurso de reposición.

Que los recursos que se interpongan contra los actos sancionatorios, si bien es función del Jefe de Grupo Recursos Tributarios preparar el proyecto de fallo, corresponde al Jefe de la Unidad de Rentas proferir la decisión.

Según se indicó en la providencia transcrita, el principio de la doble instancia se predica de las actuaciones judiciales, no de las de carácter administrativo, por lo que frente a los actos demandados el hecho de que el mismo funcionario que impuso la sanción haya decidido el recurso gubernativo, no es motivo para declarar la nulidad de la actuación.
  (2017-01-23) [Mas Información]
Consejo de Estado.

COPIA DE LA DECLARACION ELECTRONICA - Será la impresión que se haga de la electrónica. Valor probatorio.
  • DECLARACIONES TRIBUTARIAS ELECTRONICAS - Presentación y pago. Reemplazan os documentos en papel.
El Gobierno Nacional reglamentó este artículo mediante el Decreto 408 de 2001, acto mediante el cual dispuso que las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos y de las retenciones en la fuente que se presenten electrónicamente, se hará por el Sistema Declaración y Pago Electrónico de la DIAN.

Señala que para todos los efectos jurídicos los documentos electrónicos, declaraciones y recibos de pago, que se presenten por el Sistema Declaración y Pago Electrónico de la DIAN, reemplazarán los documentos físicos en papel (art. 11).

El mismo artículo indica que cuando el contribuyente requiera presentar ante terceros o cuando alguna autoridad solicite copia de la declaración, podrá utilizarse "la impresión en papel que se haga de las declaraciones electrónicas", pero advierte que para que este documento tenga valor probatorio, deberá cumplir las siguientes formalidades:
  • i) que haya sido impreso exclusivamente con los mecanismos establecidos en el sistema de declaración y pago electrónico,

  • ii) que se trate del documento completo sin tachaduras o enmendaduras de ninguna clase y

  • iii) que en él estén plenamente identificados los dígitos de control manual y automático asignados por la DIAN.
  (2017-01-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO - Se profiere ante el incumplimiento a declarar se determina el impuesto a cargo.
  • EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR - Invitación al contribuyente para que presente la declaración. Acto previo.
De conformidad con los artículos 715 y 716 ib., el trámite que se adelanta contra los obligados a declarar que omitan el cumplimiento de este deber, se inicia con el denominado emplazamiento para declarar.

Acto mediante el cual la Administración invita a los que previamente haya comprobado que están obligados a ello, para que cumplan ese deber dentro del término de un mes y les advierte las consecuencias en caso de persistir en su omisión. El efecto jurídico de no cumplir esta obligación dentro del plazo otorgado en el emplazamiento, es la imposición de la sanción por no declarar.

En el caso, sería la prevista en el numeral 3° del artículo 643 del Estatuto Tributario, pues se trata de la omisión de informar a la autoridad tributaria las retenciones practicadas en el periodo.

Agotado el procedimiento previsto en los citados artículos 643, 715 y 716 del E.T., dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, la Administración puede determinar mediante liquidación oficial de aforo la obligación tributaria de quien no haya declarado estando obligado a ello, según lo dispuesto en el artículo 717 ib.
  (2017-01-23) [Mas Información]
Consejo de Estado.

Alcance / SERVICIO VINCULADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL.
  • El servicio de auditoría relacionado con el análisis y liquidación de cuentas correspondientes a reclamaciones por los amparos que cubre el SOAT no está excluido del impuesto sobre las ventas porque no es un servicio vinculado con la seguridad social.
Una revisión a la enumeración que hace el artículo 1º del Decreto 841 de 1998 permite establecer que en el literal G se exceptúan del impuesto a las ventas "…Los servicios prestados por entidades de salud para atender accidentes de tránsito y eventos catastróficos…"; por lo tanto, dado que la actora no es una entidad de salud, no puede entenderse que el servicio de carácter administrativo que le presta a la aseguradora, está cobijado por la excepción otorgada a los prestados por las entidades de salud para atender los eventos descritos en la disposición.

Concordante con las disposiciones antes enunciadas, el artículo 167 de la Ley 100 de 1993, estableció lo siguiente:

"ARTICULO. 167.- Riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. En los casos de urgencias generadas en accidentes de tránsito, en acciones terroristas ocasionadas por bombas o artefactos explosivos, en catástrofes naturales u otros eventos expresamente aprobados por el consejo nacional de seguridad social en salud, los afiliados al sistema general de seguridad social en salud tendrán derecho al cubrimiento de los servicios médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial.

El fondo de solidaridad y garantía pagará directamente a la institución que haya prestado el servicio a las tarifas que establezca el Gobierno Nacional de acuerdo con los criterios del consejo nacional de seguridad social en salud.
  (2017-01-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

EXCLUSION DE IVA POR PRESTACION DE SERVICIOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL.
  • En la sentencia C-341 de 2007 la Corte Constitucional señaló que el beneficio es objetivo porque responde a la naturaleza del servicio con independencia de quien lo suministre.
En relación con el argumento expuesto en la demanda, y reiterado en la apelación, sobre el carácter objetivo de la exención, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-341 de 2007, esta Sala considera necesario recordar que dicha providencia no definió cuales son los servicios vinculados a la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993.

La demanda se presentó contra los numerales 3 (parcial) y 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 36 de la Ley 788 de 2002 y cuando la Corte examinó la violación del derecho a la igualdad, por cuanto la norma demandada no incluyó expresamente a las Cajas de Compensación como beneficiarios de la exclusión del IVA, precisó que dicho beneficio era de tipo objetivo porque sólo respondía a la naturaleza del servicio prestado, independientemente de quien lo suministrara, así lo señaló:

"…en lo que atañe al régimen general del IVA, pueden crearse exenciones o gravámenes a tasa cero que dan derecho al descuento de los impuestos a las ventas pagados por el responsable; o exclusiones, es decir, exoneraciones imperfectas que implican la no causación del gravamen en la venta del bien o la prestación del servicio, sin lugar al derecho al descuento.

En tal sentido, el legislador puede optar por diversas modalidades de exclusión: subjetiva, objetiva o mixta.
  (2017-01-23) [Mas Información]
Consejo de Estado.

DERECHO DE DEFENSA - Se vulnera cuando no se tiene en cuenta la contestacion de la demanda cuando esta se presume autentica.
  • PODER Y CONTESTACION DE LA DEMANDA - Son documentos públicos que se presumen auténticos.
Sobre el particular, se precisa que el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política es una garantía y un derecho fundamental de aplicación inmediata, compuesto por tres ejes fundamentales:
  • (i) el derecho de defensa y contradicción,

  • (ii) el impulso y trámite de los procesos conforme con las formas establecidas para cada juicio o procedimiento y

  • (iii) que el asunto sea resuelto por el juez o funcionario competente para ello.
La grave violación de cualquiera de esos ejes comporta la vulneración de esa garantía fundamental. De hecho, es la ley, en sentido amplio, la encargada de materializar las reglas derivadas del debido proceso.
  (2017-01-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

ERROR MECANOGRAFICO - Cuando en el requerimiento hay error en el nombre del contribuyente pero existen otros medios que permiten identificarlos, no existe violacion al derecho de defensa.
  • EMPLAZAMIENTO POR NO DECLARAR - Acto previo y preparatorio de la sanción por no declarar.
El artículo 715 del Estatuto Tributario establece que el emplazamiento por no declarar es aquel acto previo y preparatorio del proceso administrativo, encauzado a la aplicación de la sanción por no declarar de que trata el artículo 643 del mismo ordenamiento.

Conforme con el citado artículo 715, quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la administración de impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de 1 mes, con advertencia de las consecuencias legales que acarrea su omisión.

Para la Sala, el error mecanográfico en que incurrió el Departamento de La Guajira, no impedía saber identificar que a quien se emplazaba era a la demandante, por cuanto no cambió ostensiblemente el nombre que la identificaba. Además, existían otros datos que permitían identificar que el acto estaba dirigido a EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A., como es el caso del número de NIT.
  (2017-01-23) [Mas Información]
Consejo de Estado.

EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR - Debe estar precedido de una labor investigativa que permita tener certeza que el contribuyente excedio los topes para tener que declarar.
  • CUANTIAS PARA NO ESTAR OBLIGADOS A DECLARAR - Se debe hacer una confrontación fáctica entre los ingresos percibidos y el patrimonio poseído con las cuantías establecidas en cada año.
Por su parte el artículo 715 y siguientes del Estatuto Tributario prevé las consecuencias jurídicas para quienes no cumplan con su obligación de declarar una vez la administración tributaria los haya detectado como omisos.

De los artículos 715, 716 y 717 del Estatuto Tributario, se tiene que a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o simplemente declarantes que no cumplan con su deber formal de presentar la declaración respectiva, la administración de impuestos les otorgará un término perentorio de un (1) mes para que cumplan con su obligación, mediante un emplazamiento que según el artículo 565 del mismo Estatuto Tributario deberá ser notificado por correo o personalmente.

También se desprende que este emplazamiento para declarar debe estar precedido de una labor de investigación y verificación que le permita a la administración tener certeza que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante por el respectivo año excedía los topes establecidos para cada grupo de declarantes, de manera que el despliegue fiscalizador tenga el suficiente soporte probatorio para expedirlo, descartando entonces la posibilidad de expedir un emplazamiento basado en meras expectativas o suposiciones sin fundamento fáctico alguno.
  (2017-01-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

HECHOS QUE REQUIEREN COMPROBACION ESPECIAL - Sobre ellos no opera la presuncion de veracidad del articulo 746 del E.T.
  • PRESUNCION DE VERACIDAD DE LAS RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS - Goza de ella la respuesta planteada frente al emplazamiento para declarar.
De lo anteriormente narrado, considera la Sala que una vez notificado el emplazamiento previo por no declarar y en aras de proteger el derecho de defensa del contribuyente, existe la garantía procesal de dar respuesta al mismo mediante escrito donde el emplazado plantee su inconformidad, solicite o presente pruebas y en general para que exponga sus razones de hecho y de derecho para desvirtuar o aceptar total o parcialmente lo planteado en ese acto preparatorio oficial.

La respuesta o contestación que dé el contribuyente al emplazamiento para declarar se encuentra revestida de una presunción de veracidad, la cual impide que la administración desconozca su contenido a menos que se trate de alguna de las circunstancias que ameritan una comprobación especial (E.T. artículo 746).

Como puede apreciarse, los hechos consignados en forma numérica o textual en las declaraciones tributarias, en las correcciones efectuadas a las mismas o en general a los requerimientos administrativos se consideran ciertos, a menos que sobre éstos se haya solicitado al contribuyente una comprobación especial o se refiera a alguno de los hechos que el mismo Estatuto Tributario menciona en sus artículos 786 a 791.

Ahora dentro de los requerimientos administrativos se encuentran los requerimientos ordinarios y especiales, los emplazamientos, pliegos de cargos y en general todos los actos preparatorios expedidos por la administración donde se planteen o propongan las sanciones o liquidaciones oficiales a proferirse en caso de no desvirtuarse con aquellos lo planteado por el ente fiscalizador.
  (2017-01-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Presuncion de omision de ingresos por ventas o servicios.
  • El término para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente es de dos años, el cual empieza a contarse a partir de la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable correspondiente, cuando se haya presentado oportunamente.
Respeto a la inconformidad del apelante de que no se pueden utilizar dos métodos al mismo tiempo, como es el de aplicar la presunción y el de las cifras durante todo el período gravable, es del caso, tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 759 del Estatuto Tributario, que dispone que para poder aplicar la presunción de omisión de ingresos por ventas o servicios, se deben cumplir los siguientes supuestos:
  • 1) la Administración en uso de las amplias facultades de fiscalización previstas en el artículo 684 del Estatuto Tributario, debe ‘constatar’ que el responsable ha omitido registrar ventas o servicios durante no menos de cuatro (4) meses de un año calendario.

  • 2) Efectuada dicha constatación procede la presunción establecida, al señalar la norma que: “podrá presumirse que durante los períodos comprendidos en dicho año se han omitido ingresos por ventas o servicios gravados por una cuantía igual al resultado de multiplicar por el número de meses del período, el promedio de los ingresos omitidos durante los meses constatados”.
  (2016-12-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMPAQUE DE PRODUCTOS AGRICOLAS AVICOLAS O SIMILARES - Es de caracter primario. Reiteracion jurisprudencial.
  • EMPAQUE DE BANANO - Está cobijado por la prohibición de gravar con industria y comercio la producción primaria, siempre que esté inmerso dentro del proceso de siembra, recolección y entrega de la fruta, realizado por su productor
La síntesis del asunto es la siguiente:

Se estudió la legalidad del Acuerdo 025 del 30 de junio de 1995 y del artículo 43 del Acuerdo 43 de 1998, por los cuales el Concejo Municipal de Apartadó (Antioquia), en su orden, estableció el impuesto de industria y comercio para las empacadoras de banano y modificó la tarifa de dicho impuesto, en el sentido de determinarla en términos porcentuales en relación con el salario mínimo mensual vigente.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que anuló tales disposiciones, porque concluyó que la actividad de empacado de banano, efectuada dentro del proceso de siembra, recolección y entrega realizado por su productor, está cobijada por la prohibición contenida en el artículo 39, numeral 2, literal a) de la Ley 14 de 1983, de gravar la producción primaria, entre ella la agrícola, de la que hace parte tal actividad.

La Sala precisó que dicha etapa es necesaria en la cadena productiva del banano y que no es de carácter industrial, sino primaria, dado que no varía ni altera las condiciones físicas y químicas del producto.
  (2016-12-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE CERVEZAS IMPORTADAS - Incluye el valor de los empaques, envases o recipientes en donde vienen las cervezas, sean retornables o no.
  • EMPAQUES ENVASES O RECIPIENTES DE CERVEZAS - No hay norma legal que los excluya del impuesto sobre las ventas.
Al señalarse que para la liquidación del impuesto sobre las ventas para las cervezas se aplicará la base gravable establecida en el artículo 189 de la Ley 223 de 1995, debe concluirse que la base gravable del impuesto sobre las ventas para las cervezas nacionales e importadas está constituida por el precio de venta al detallista que se define para las cervezas de producción nacional, como el precio facturado a los expendedores en la capital del Departamento donde está situada la fábrica y, para las cervezas importadas, el constituido por el valor en aduana de la mercancía, incluyendo los gravámenes arancelarios, adicionado con un margen de comercialización equivalente al 30% […]

Para la Sala no hay duda de que la base gravable a la cual remite el artículo 475 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 2º de la Ley 1393 de 2010, es el precio de venta al detallista que esta norma legal define, según sean cervezas de producción nacional o importadas.

Similar criterio acoge la Corte Constitucional en la Sentencia C-412-96, M.P., Alejandro Martínez Caballero. En cuanto a lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 189 de la Ley 223 de 1995, que excluye los empaques y envases del cálculo de la base gravable del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, la Sala procede a dilucidar si dicho parágrafo debe aplicarse al calcular la base gravable del impuesto sobre las ventas de cervezas importadas.
  (2016-12-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMPLAZAMIENTO - Acto por el cual se invita al contribuyente a cumplir con sus obligaciones tributarias / EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR - Objeto.
  • El Capítulo II del Título IV del Estatuto Tributario establece el esquema de las liquidaciones oficiales y se ocupa de los actos administrativos de liquidación oficial de revisión, liquidación de aforo y resolución de sanción que produce la Administración dentro de los procesos de determinación oficial de impuestos o de imposición de sanciones.
La liquidación oficial de revisión procede por una sola vez y consiste en la facultad que tiene la Administración de modificar la liquidación privada presentada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante.

Su propósito es revisar la declaración privada y modificarla si no se ha presentado de conformidad con las disposiciones legales o si no refleja la situación económica del contribuyente, responsable o agente retenedor.

Antes de practicar la liquidación oficial de revisión, la Administración debe enviar, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se propone modificar, con explicación de las razones. También debe contener la cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones que se pretende modificar.

De esta actuación puede resultar que el contribuyente acepte los hechos planteados y corrija voluntariamente su declaración. En caso contrario, una vez agotado el procedimiento anterior, en un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir del vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento, la Administración debe proferir y notificar la liquidación oficial de revisión.
  (2016-12-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


DECLARACION TRIBUTARIA - Firmeza. Oportunidad para notificar el requerimiento especial y el emplazamiento.
  • BENEFICIO DE AUDITORIA - Firmeza anticipada de la declaración privada. Requisitos.
El beneficio de auditoría fue instituido por el artículo 17 de la Ley 633 de diciembre 29 de 2000, artículo 689-1 del Estatuto Tributario, indicando que para los períodos gravables 2000 a 2003, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementaran su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje equivalente a dos veces la inflación causada del respectivo período gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedarían en firme si dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su presentación no se notificaba emplazamiento para corregir, además de exigir el cumplimiento de requisitos adicionales para tener derecho a dicho beneficio.

En efecto, según la norma mencionada, la firmeza de las declaraciones tributarias dentro de los términos allí establecidos, más cortos según sea mayor el incremento del impuesto neto de renta en relación con el del año inmediatamente anterior, está condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos para acogerse al beneficio mencionado y, de no cumplirlos quedarán sujetas al término de firmeza general consagrado en el artículo 714 del mismo ordenamiento.

Observa la Sala que no obstante que la Administración notificó a la demandante el requerimiento especial el 1º de octubre de 2005, el día 5 del mismo mes y año notificó el emplazamiento para que presentara una corrección a su declaración si lo estimaba pertinente, lo que evidencia que le dio a la sociedad la oportunidad legalmente consagrada de corregir su declaración en las condiciones en que puede hacerlo frente al emplazamiento.
  (2016-12-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


RENTA PRESUNTIVA - Es aquella que la ley considera debe generar un patrimonio. Para su calculo debe tenerse en cuenta el patrimonio liquido del ano inmediatamente anterior.
  • BASES Y PORCENTAJES DE RENTA PRESUNTIVA - Se presume que la renta líquida no es inferior al seis por ciento de su patrimonio líquido.
Para resolver, es necesario remitirse al artículo 188 del Estatuto Tributario, antes de la modificación introducida por el artículo 9° de la Ley 1111 de 2006, según el cual para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al seis por ciento (6%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

Así pues, la renta presuntiva es aquella que la ley considera debe generar un patrimonio; es decir, la ley asume que un patrimonio durante un año gravable debe generar un mínimo de renta, que para el momento de los hechos analizados, era del 6%, hoy en día es del 3%; de resultar más alta que la renta efectivamente obtenida por el contribuyente, se debe tributar sobre ella, lo que ocurrió en el caso que se analiza.

Si bien es cierto, en el impuesto sobre la renta los períodos son independientes, para el cálculo de la renta presuntiva debe tenerse en cuenta el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, como lo ordena el artículo 188 del Estatuto Tributario.

Así pues, si el ente fiscalizador modifica el patrimonio líquido de los años gravables anteriores, para el caso, el de los años 2001, 2002 y 2003, esto ocasiona a su vez, la modificación de la renta presuntiva en los periodos siguientes.
  (2016-12-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


PRESUNCION DE OMISION DE INGRESOS - Requisitos; constatacion previa de la omision en medios magneticos y documentales.
  • INSPECCION TRIBUTARIA - Suspensión de términos para notificar requerimiento.
Antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995, la Jurisprudencia de esta Corporación reiteró que el lapso de suspensión del término para notificar el requerimiento era mientras durara la inspección tributaria, máximo por tres meses, lapso que empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practicara.

No bastaba la notificación del Auto que ordena la inspección para que operara la suspensión. Con la modificación contenida en el artículo 251 de la Ley 223 de 1995, al texto del artículo 706 del Estatuto Tributario, la Sala ha interpretado que el lapso de suspensión del plazo para dictar el requerimiento especial ya no es el mismo de duración de la inspección, sino el término fijo de tres meses, los cuales se empiezan a contar a partir de la fecha de notificación del auto que la decrete, como lo señala de manera expresa la norma, criterio que se mantiene vigente y por tanto se reitera en esta ocasión.

En todo caso la sección hizo una salvedad a la anterior posición con base en el texto de la norma transcrita, para aquellos casos en los que se dicta el Auto que ordena la inspección, pero ésta no se practica efectivamente.
  (2016-12-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR - Habilita a la administracion para abrir el termino general de firmeza de los dos anos.
  • REQUERIMIENTO ESPECIAL - Al haberse proferido primero que el emplazamiento para corregir no vulnera el derecho de defensa. Su notificación suspende el término de firmeza de la declaración. Beneficio de auditoria.
De otra parte se observa que no obstante haberse proferido primero el requerimiento especial y luego el emplazamiento para corregir, el acto de determinación fue notificado el 15 de junio de 2006, dentro del término general de firmeza de los dos años contados, teniendo en cuenta que el beneficio de auditoría fue desvirtuado en razón de la notificación del emplazamiento para corregir como lo dispone el artículo 689-1 del Estatuto Tributario al señalar que las declaraciones quedarán en firme si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir.

En efecto, del texto de la norma se desprende que la única exigencia para interrumpir el término de firmeza de las declaraciones con beneficio de auditoria es la notificación del emplazamiento para corregir, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su presentación.

De modo que bajo la aplicación exegética de dicho precepto no se observa violación al debido proceso como quiera que la exigencia mencionada se cumplió y que con ello, el contribuyente emplazado tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

De otra parte, el emplazamiento para corregir habilita a la Administración para abrir el término general de firmeza de los dos (2) años, dentro de los cuales puede actuar proponiendo los demás actos administrativos que estime procedente, puesto que la disposición no contiene ninguna prohibición en ese sentido.
  (2016-12-22) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El transporte de gas combustible esta gravado con el impuesto de industria y comercio ya que no le aplica la exencion para la exploracion y explotacion de petroleo.
  • Síntesis del caso:
Respecto al impuesto de industria y comercio sobre el transporte de gas, se plantea si resulta aplicable el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 (Código de Petróleos) que establece que los departamentos y municipios no pueden establecer impuestos directos e indirectos sobre el gas como producto natural o como derivado de la destilación de petróleo.

Además se controvierte la tarifa aplicada por el municipio del 10 por mil en lugar de la aplicada por la contribuyente del 5 por mil. En cuanto a la sanción por inexactitud el demandante afirma que para configurarse se requiere que el incumplimiento se haya producido por culpa o dolo. La mera comprobación de la situación objetiva no basta para imponer dicha sanción, sino que se requiere de la prueba del elemento subjetivo.
  (2016-12-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Procede la correccion de una declaracion de IVA por parte del vendedor para reflejar la retencion no practicada por el retenedor y pagada directamente a la DIAN.
  • Síntesis del caso:
Una sociedad corrigió por segunda vez su declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al segundo bimestre del año 2006, con el fin de aumentar la retención del IVA por un monto de $ 97.884.000 como consecuencia de que el agente retenedor inicialmente no le practicó la retención por IVA y luego de una conciliación con la DIAN, le canceló a ésta los valores dejados de retener.

El demandante expone como argumento para esta corrección que la administración ya había recibido el pago de la retención no practicada y la actora a su vez también había pagado la totalidad del IVA generado.

La razón de la DIAN para rechazar esta corrección se debió a que conforme con los artículos 484-1 y 510 del Estatuto Tributario y 31 del Decreto 3050 de 1997, para descontar la retención por IVA, se requiere que el valor que se incluya en la declaración debe corresponder con la fecha en que se registró contablemente la retención.
  (2016-12-16) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La compensacion de los excesos de renta presuntiva en los procesos de escision debe hacerse sobre el patrimonio transferido.
  • Síntesis del caso:
En un proceso de escisión la sociedad escindida le transfirió a la sociedad beneficiaria el 7.98% del patrimonio y el 100% de los excesos de renta presuntiva.

La sociedad beneficiaria al presentar la declaración de renta por el año gravable 2007 compensó los excesos de renta presuntiva obtenidos por efectos de la escisión por valor de $ 5.788.608.000. Ante ello mediante liquidación oficial de revisión, la DIAN le rechazó el valor total de la compensación de los excesos de renta presuntiva liquidados en el año 2006 por la escindida.

Para la administración la compensación de los excesos de renta presuntiva está sometida a la parte proporcional del patrimonio transferido a la beneficiaria de acuerdo a los artículos 9 de la Ley 222 de 1995 y 2º del decreto 852 de 2006. Para la demandante, la Ley 222 de 1995 se trata de una norma comercial que no tiene alcance en materia tributaria.
  (2016-12-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

REFORMA DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA REFORMA DE LA DEMANDA / VULNERACION DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO – inexistencia / VULNERACION DEL DERECHO DE DEFENSA – inexistencia.
  • Problema jurídico:
¿Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y contradicción de la DIAN, al admitir la reforma de la demanda presentada con posterioridad al vencimiento del término de traslado de la misma?

Tesis: “[L]a Subsección B considera procedente replantear la postura que al respecto había esbozado en decisión anterior y concluye que el entendimiento adecuado de la norma debe ser la siguiente:

La oportunidad para la reforma de la demanda se prolonga hasta el vencimiento de los 10 días siguientes a la finalización del término de traslado de la demanda inicial y no solamente durante primeros 10 días de ese término (…)

La actora en tutela considera que (…) se vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, y además, que se está desconociendo el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado (…) considera la Subsección B que se trata de providencias que no son de unificación jurisprudencial y que si bien, dos de ellas fijan posturas respecto del tema en debate, del desconocimiento de las mismas o de su separación, no se puede desprender vulneración del precedente”.
  (2016-12-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMBARGO Y SECUESTRO - Su levantamiento lo puede solicitar un tercero que no se opuso a la practica de tales diligencias.
  • POSEEDOR DE BIEN EMBARGADO Y SECUESTRADO - Debe demostrar tal calidad para lograr el levantamiento de la medida cautelar / POSESION CIVIL - Elementos.
El Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de solicitar el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro, cuando su propósito sea dejarlas sin efecto por presentarse alguna circunstancia que implica su inefectividad.

El numeral octavo del artículo 687 del E.T. establece uno de los eventos en que se puede solicitar el levantamiento de la medida. El Código de Procedimiento Civil artículo 687 establece la posibilidad que tiene un tercero, que no se opuso a la práctica de las diligencias de embargo y secuestro, de defender sus intereses a través de la solicitud de la declaración de que él tenía la posesión material del bien al momento de la diligencia.

Para que sea procedente la anterior opción, es necesario que la persona que no se opuso a la diligencia por cualquiera de las razones que el artículo señala, presente la solicitud dentro de los 20 días siguientes a la práctica de la misma y que, además, aporte las pruebas necesarias para acreditar la calidad de poseedor del bien sobre el cual recae la medida.

El derecho real de posesión está definido por el Código Civil. De la anterior definición se desprende que la figura de la posesión implica la existencia de dos elementos esenciales: el animus y el corpus. El elemento material, denominado corpus, implica tomar la cosa, tenerla u ocuparla y el elemento sicológico, denominados animus, comprende específicamente la voluntad de tener la cosa.
  (2016-12-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMBARGO DE CUENTA CORRIENTE - Los depositos posteriores a la orden de embargo no pueden ser utilizados por el Banco.
  • SOBREGIRO BANCARIO - Para cubrirlo el banco no puede utilizar dineros depositados en cuenta embargada.
Consta en el proceso que la orden de embargo proferida por el Juzgado Trece Civil Municipal de Bogotá, sobre la cuenta corriente 079-03816-2 del señor Héctor Enrique Ortiz Quintero, fue notificada al Banco el 26 de marzo de 1998, y que para la fecha, la mencionada cuenta registraba un sobregiro de $1.399.753. Con base en los extractos de junio, agosto y septiembre de 1998, se constató el depósito de dineros en la mencionada cuenta, por $408.500, $725.235 y $1.280.000, respectivamente, los cuales fueron utilizados para cancelar el sobregiro, quedando un remanente de $10.541, que fue entregado al juzgado que ordenó el embargo, el 15 de diciembre de 1998.

No asiste entonces razón a la actora cuando afirma que nunca se depositó suma alguna con posterioridad a la orden de embargo, pues lo cierto es que los depósitos realizados en la cuenta, con posterioridad a la orden de embargo, fueron utilizados para cubrir el sobregiro a favor del banco, y que no hay una explicación razonable que justifique el supuesto "movimiento contable" que dice la actora haber realizado a través de la cuenta "depósitos especiales en garantía".

Con tal proceder se desconocieron las instrucciones impartidas por la Superintendencia Bancaria en la Circular Externa 007 de 1996, acerca del procedimiento a seguir para dar cumplimiento a las ordenes de embargo, así como el artículo 1387 del Código de Comercio, que ordena:
  • "El embargo de las sumas depositadas en cuenta corriente afectará tanto el saldo actual en la hora y fecha en que el banco reciba la comunicación del juez, como las cantidades depositadas con posterioridad hasta el límite indicado en la orden respectiva", configurándose la infracción sancionada.
  (2016-12-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta


ARRENDATARIO - Al no tener la calidad de poseedor no puede solicitar el levantamiento de la medida cautelar.
  • CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - Implica actos de administración y el bien no sale del patrimonio del arrendador / EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES POR LA DIAN - No procede su levantamiento cuando lo solicita el arrendatario.
Una de las situaciones que se puede presentar en casos de levantamiento de medidas de embargo y secuestro, es la de un arrendatario que exhibe un contrato de arrendamiento de bien inmueble para acreditar su calidad de poseedor, sin embargo esta situación no es suficiente para que la solicitud prospere, ya que en realidad dicho contrato no le otorga al arrendatario el derecho de posesión sobre el bien, sino que, simplemente, ostenta la tenencia del mismo, es decir, el corpus.

El contrato de arrendamiento implica solamente actos de administración, toda vez que el arrendador no sustrae de su patrimonio el bien que es objeto de uso y goce por parte del arrendatario.

En este tipo de contratos no existe la intención de transferir el dominio del bien, solamente se permite el uso del mismo, sin que el arrendatario pueda ejercer actos de disposición de la cosa.

El arrendatario en ningún momento detenta el animus para acreditar la posesión del bien, es simplemente tenedor del mismo, ya que en dicho documento reconoce un mejor derecho que el suyo en cabeza del arrendador. Así las cosas, al adolecer el arrendatario del animus la solicitud de levantamiento de la medida cautelar se torna improcedente.
  (2016-12-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta


DECISION DEL RECURSO DE APELACION - Debe notificarse personalmente por ser un acto que pone fin al proceso.
  • FALTA DE NOTIFICACION - No es causal de nulidad del acto administrativo / PUBLICIDAD - No es requisito de validez del acto administrativo.
De lo anterior se advierte que el ente demandado reconoce que la decisión del recurso de apelación no fue notificada personalmente, a pesar de que a ello había lugar de conformidad con el artículo 44 del C.C.A. en atención a que le dio a la solicitud de la parte actora el trámite de un derecho de petición y que, igualmente, a la luz del procedimiento tributario, la decisión debió haber sido notificada personalmente o por correo, como lo dispone el artículo 565 E.T

Además, se observa que el Municipio no indica la forma en que procedió a poner en conocimiento de las demandantes el acto que puso fin a la actuación que, en el caso, es la Resolución 023 de 2001 que decidió el recurso de apelación, ni obra constancia de que esa diligencia se hubiera realizado por otro medio, como la "publicación" que el a quo tuvo en cuenta para iniciar el conteo del término de caducidad de la acción interpuesta cuando no aparece la prueba de ello en el expediente.

En esa medida, la falta de notificación del acto en debida y legal forma es un hecho reconocido por el ente municipal y que tenía la obligación constitucional y legal de cumplir en aras de proteger los derechos al debido proceso y de defensa de la actora.
  (2016-12-06) [Mas Información]
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PROCESO DE COBRO COACTIVO - Finalidad / TITULO EJECUTIVO - Lo son las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.
  • TITULO EJECUTIVO - es sustento para efectuar el embargo de los bienes del contribuyente / PAGO EN EXCESO - Lo es los dineros embargados.
Como lo ha indicado la Sala, el proceso de cobro coactivo tiene como fin "hacer efectivos los actos administrativos en donde conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, es decir, que preste mérito ejecutivo.

El título ejecutivo debe reunir las condiciones exigidas en el artículo 68 del C. C.A., por lo tanto, señalará con precisión a los titulares de la relación jurídica, el contenido y objeto de la relación jurídica y el monto de las obligaciones exigibles.

Con base en el título ejecutivo en el que se identifique plenamente al obligado y, previa su debida notificación, la Administración debe dictar el mandamiento de pago.".

En el procedimiento administrativo de cobro de las obligaciones fiscales previsto en el Estatuto Tributario, prestan mérito ejecutivo las liquidaciones oficiales ejecutoriadas Ahora bien, con el objeto de asegurar el pago de las sumas adeudadas contenidas en los títulos ejecutivos, dentro del trámite de cobro, se otorga la facultad de decretar como medidas preventivas el embargo y el secuestro de los bienes del deudor de manera previa o simultánea con el mandamiento de pago.
  (2016-12-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta


INTERESES CORRIENTES EN DEVOLUCION DEL SALDO A FAVOR - Procedencia. Término para reconocerlos.
  • Intereses corrientes artículo 863 E.T.
En cuanto a los intereses corrientes reclamados por la parte actora, se advierte que son procedentes a la luz de lo dispuesto en el artículo 863 E.T. que dispone:
  • "Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria de la providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor".
Acorde con lo anterior, la parte actora solicitó la devolución y esta fue parcialmente negada mediante Resolución 125 del 9 de noviembre de 2000, notificada el 13 de diciembre del 2000.

Por consiguiente, los intereses corrientes que se deben reconocer respecto del valor cuya devolución fue negada, es decir, $514'889.177, son los causados entre la fecha de notificación de la Resolución 125, antes precisada, y la fecha de ejecutoria de esta providencia que ordena su devolución.
  (2016-12-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


DECISION DEL RECURSO DE APELACION - Debe notificarse personalmente por ser un acto que pone fin al proceso.
  • FALTA DE NOTIFICACION - No es causal de nulidad del acto administrativo / PUBLICIDAD - No es requisito de validez del acto administrativo.
De lo anterior se advierte que el ente demandado reconoce que la decisión del recurso de apelación no fue notificada personalmente, a pesar de que a ello había lugar de conformidad con el artículo 44 del C.C.A. en atención a que le dio a la solicitud de la parte actora el trámite de un derecho de petición y que, igualmente, a la luz del procedimiento tributario, la decisión debió haber sido notificada personalmente o por correo, como lo dispone el artículo 565 E.T

Además, se observa que el Municipio no indica la forma en que procedió a poner en conocimiento de las demandantes el acto que puso fin a la actuación que, en el caso, es la Resolución 023 de 2001 que decidió el recurso de apelación, ni obra constancia de que esa diligencia se hubiera realizado por otro medio, como la "publicación" que el a quo tuvo en cuenta para iniciar el conteo del término de caducidad de la acción interpuesta cuando no aparece la prueba de ello en el expediente.

En esa medida, la falta de notificación del acto en debida y legal forma es un hecho reconocido por el ente municipal y que tenía la obligación constitucional y legal de cumplir en aras de proteger los derechos al debido proceso y de defensa de la actora.

Además, carece de soporte legal la excusa aducida por el Municipio sobre el hecho de que no estaba obligada a la notificación personal porque "se trataba de un recurso de apelación decidido por el Alcalde Municipal", cuando es evidente que la decisión resuelve una situación particular y concreta.
  (2016-11-29) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMBARGO Y SECUESTRO - Medidas cautelares dentro del proceso de cobro coactivo.
  • EMBARGO - requisitos para decretarlo / TITULO EJECUTIVO - es sustento para efectuar el embargo de los bienes del contribuyente / PAGO EN EXCESO - Lo es los dineros embargados.
Como lo ha indicado la Sala, el proceso de cobro coactivo tiene como fin "hacer efectivos los actos administrativos en donde conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, es decir, que preste mérito ejecutivo.

El título ejecutivo debe reunir las condiciones exigidas en el artículo 68 del C. C.A., por lo tanto, señalará con precisión a los titulares de la relación jurídica, el contenido y objeto de la relación jurídica y el monto de las obligaciones exigibles.

Con base en el título ejecutivo en el que se identifique plenamente al obligado y, previa su debida notificación, la Administración debe dictar el mandamiento de pago.". En el procedimiento administrativo de cobro de las obligaciones fiscales previsto en el Estatuto Tributario, prestan mérito ejecutivo las liquidaciones oficiales ejecutoriadas Ahora bien, con el objeto de asegurar el pago de las sumas adeudadas contenidas en los títulos ejecutivos, dentro del trámite de cobro, se otorga la facultad de decretar como medidas preventivas el embargo y el secuestro de los bienes del deudor de manera previa o simultánea con el mandamiento de pago.

Como se advierte, es indispensable para decretar el embargo tener conocimiento no sólo de que el afectado con la medida es deudor sino, además, del monto de su obligación, ambas condiciones se desprenden de la existencia de un título ejecutivo.
  (2016-11-29) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


INTERESES CORRIENTES EN DEVOLUCION DEL SALDO A FAVOR - Procedencia. Termino para reconocerlos.
  • "Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria de la providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor".
En cuanto a los intereses corrientes reclamados por la parte actora, se advierte que son procedentes a la luz de lo dispuesto en el artículo 863 E.T. que dispone:
  • "Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria de la providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor".
Acorde con lo anterior, la parte actora solicitó la devolución y esta fue parcialmente negada mediante Resolución 125 del 9 de noviembre de 2000, notificada el 13 de diciembre del 2000.

Por consiguiente, los intereses corrientes que se deben reconocer respecto del valor cuya devolución fue negada, es decir, $514'889.177, son los causados entre la fecha de notificación de la Resolución 125, antes precisada, y la fecha de ejecutoria de esta providencia que ordena su devolución.
  (2016-11-29) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


NOTIFICACION PERSONAL / NOTIFICACION POR ESTADO.
  • En manera alguna puede pensarse que resulta válida una notificación por estado cuando la Administración omite la citación para notificación personal que ordena la ley.
El mandamiento de pago no constituye cosa diferente que la demanda al deudor de que satisfaga el pago de una deuda, y en este orden de ideas le son aplicables las regulaciones contenidas en el artículo 89 del C. de P. C. para la reforma y adición de la demanda, y en consecuencia se requería que la notificación del nuevo mandamiento de pago se efectuara personalmente, previa citación al deudor o a su apoderado, conforme lo señala el artículo 564, sólo entonces puede acudirse a la notificación supletorio.

En manera alguna puede pensarse que resulta válida una notificación por estado cuando la Administración omite la citación para notificación personal que ordena la ley, y menos cuando con tal actuación no se cumple con la finalidad de la notificación cual es la de dar a conocer el hecho demandado es decir no existe notificación y en tal caso el acto que se expida no produce efectos jurídicos.

A términos del artículo 78 numeral lo. del Decreto Ley 3803 de 1982 entonces vigente (hoy artículo 818 del Estatuto Tributario) sólo la notificación personal del mandamiento de pago (sea inicial o modificado) tiene la virtud de interrumpir el término de prescripción.
  (2016-11-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


SOCIEDADES IMBRICADAS / RENTA GRAVABLE / PRUEBA CONTABLE / ELUSION TRIBUTARIA / ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Funciones.
  • Elusión tributaria.- Cuando los sujetos pasivos de la obligación, infringen directamente ni a través de operaciones que aunque virtual o aparentemente legales tengan como objeto menguar los intereses del fisco.
La administración cuestionó la veracidad de la contabilidad de la empresa, razón por la cual no le dio el valor probatorio que ella tiene para respaldar partidas fiscales que se denuncian en las declaraciones tributarias.

Es función de la administración tributaria, vigilar por la recta aplicación de las normas reguladoras de los impuestos administrados por ella y en uso de tal deber le corresponde estar atenta a que los sujetos pasivos de la obligación, no la infrinjan directamente ni a través de operaciones que aunque virtual o aparentemente legales tengan como objeto menguar los intereses del fisco que la doctrina conoce como elusión tributaria. (Ejercicio fiscal de 1980).
  (2016-11-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY TRIBUTARIA - Alcance.
  • IMPUESTOS DE PERIODO - Las normas que los modifique sólo podrá aplicarse para el período que comience después de su entrada en vigencia
El artículo 338 de la constitución nacional, en concordancia con el artículo 363 ib., consagra la irretroactividad de la ley tributaria y específicamente para los impuestos de período dispuso que las normas que los regulen no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley.

Sobre el alcance del artículo y en particular de las normas que regulen contribuciones a que en él se hace referencia, la Corporación en la providencia citada anotó que tales normas son aquellas que modifiquen alguno de los elementos estructurales del tributo, por lo que si se trata de un impuesto de periodo, sólo podrá aplicarse para el que comience después de su entrada en vigencia.

Criterio reiterado y complementado posteriormente en el sentido de señalar que el constituyente con el artículo 338 quiso prohibir la aplicación retroactiva de la norma tributaria, entendida ésta no sólo las leyes, ordenanzas y acuerdos, sino cualquier otra norma que regule contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, como los actos expedidos por la Administración de Impuestos en los que precisa el alcance y vigencia de una ley tributaria, con carácter obligatorio tanto para sus funcionarios como para los administrados.
  (2016-11-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


BENEFICIO DE AUDITORIA - Como modifica un tributo de periodo se aplica en el periodo siguiente.
  • BENEFICIO DE AUDITORIA - Otorga firmeza a la declaración de renta en un término menor que el consagrado de manera general por el artículo 714 del Estatuto Tributario.
Si bien el artículo 63 de la Ley 1111 de 2006, hace referencia a los términos de revisión y de solicitud de devolución y/o compensación de saldos a favor como lo sostiene la demandada, lo cierto es que dichos términos están sujetos a las condiciones que la misma norma establece, entre otros, el incremento del impuesto neto de renta, aspecto sustancial que no puede desconocerse, pues solo tendrán derecho al tratamiento preferencial quienes demuestren el aumento del impuesto en la proporción fijada por el legislador.

Así, la norma no es meramente instrumental, como entendió la Administración en su concepto, sino que tiene incidencia sobre la sustancialidad, en la medida que sólo quienes de manera voluntaria incrementen el impuesto en la proporción señalada, es decir, quienes reúnan las condiciones señaladas en la norma, pueden acceder a la firmeza de la declaración anticipada, salvo las excepciones taxativamente consagradas, en las que, en ningún caso, pueden acceder al beneficio; los demás contribuyentes estarán sujetos al término general de que trata el artículo 714 del E.T.

En suma, tratándose de una norma tributaria que modifica aspectos sustanciales relacionados con el impuesto sobre la renta, tributo de período, se aplica para el período que comience después de iniciar la vigencia, en el caso, a partir del año gravable 2007, como la misma Ley de dispone.
  (2016-11-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE CLUBES - Aunque tienen relación con la empresa y sus trabajadores el contribuyente no probó que dicha expensa haya tenido un efecto positivo en la actividad productora de renta de la empresa.
  • Para que la expensa tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta de la empresa debió probarse su injerencia en la productividad y, también, que la expensa se hizo de manera forzosa, en cumplimiento de la ley, de las obligaciones inherentes a la buena gestión empresarial o de la costumbre mercantil.
La Sala ha fijado reiteradamente el criterio de que los pagos de medicina prepagada que realiza el empleador para sus trabajadores encuadran dentro de la definición de pago laboral indirecto que trae el Decreto Reglamentario 3750 de 1986 en su artículo 5°, como lo señala la apoderada de la demandante.

De lo indicado en las facturas aportadas como prueba de los pagos que dieron origen al impuesto descontable solicitado, se observa que las actividades realizadas están encaminadas a la recreación y bienestar de los trabajadores, lo que redunda en un mejor desempeño, por lo que puede afirmarse que cumplen con el requisito de estar destinadas a las actividades gravadas de la empresa, lo que hace procedente el IVA descontable.

Respecto de las cuotas de sostenimiento de clubes, reitera que su pago corresponde a la cuota de sostenimiento de una acción de la Presidencia de Cerrejón para el manejo de las relaciones y asuntos administrativos.

Observa la Sala, que si bien la anterior expensa tiene relación con la empresa y sus trabajadores en la medida en que les brindan bienestar y comodidad, la demandante no probó que dicha expensa haya tenido un efecto positivo en la actividad productora de renta de la empresa.

Por lo tanto, no es procedente el impuesto descontable solicitado sobre los pagos correspondientes al no estar acreditado que las expensas cumplen con los requisitos de los artículos 107 y 488 del Estatuto Tributario.
  (2016-10-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
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DECLARACION CON PERDIDA FISCAL - El término general de firmeza es de 5 años y está dado en función de la pérdida y no del beneficio a que esté sujeta la declaración.
  • DECLARACION CON PERDIDA FISCAL - Su término de firmeza es el del artículo 147 del E.T. y no el del art. 689-1 ibidem, aunque cumpla los requisitos que el segundo establece para tener derecho al beneficio de auditoría.
la Sala observa que el mencionado artículo 689-1 del Estatuto Tributario trajo una previsión especial para las declaraciones que arrojen una pérdida fiscal, según la cual, la autoridad fiscal "…podrá ejercer las facultades de fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia de la misma (…)", aunque haya transcurrido el término señalado en la norma para que ocurra la firmeza de la declaración objeto del beneficio.

La anterior previsión se debe armonizar con el inciso séptimo del artículo 147 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 24 de la Ley 788 de 2002, que dispuso: "…El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales, será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su presentación".

Según lo antes expuesto, de la interpretación sistemática de los artículos 689-1 y 147 del Estatuto Tributario, el término general de firmeza de las declaraciones que arrojen pérdidas es de cinco años, pues dicho término, por ministerio de la ley, está dado en función de la pérdida registrada y no del beneficio a que esté sujeta la declaración.

El término de firmeza así dispuesto, se aplica aunque dichas declaraciones hayan acreditado los supuestos exigidos por el artículo 689-1 ibídem, pues no puede quedar al arbitrio del contribuyente establecer, mediante el cumplimiento de tales requisitos, un término de firmeza diferente al señalado expresa y específicamente, en el artículo 147, para las declaraciones que arrojen pérdidas […]
  (2016-10-13) [Mas Información]
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FACULTADES DE FISCALIZACION - Alcance frente al artículo 689-1 del Estatuto Tributario. Finalidad.
  • Las facultades de fiscalización van más allá de una simple verificación, ya que las mismas, al pretender asegurar la correcta determinación de los impuestos, facultan a la Administración para expedir los actos que garanticen el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, dentro de los que se encuentran los requerimientos especiales.
Las disposiciones antes mencionadas se remiten a las facultades de fiscalización previstas en los artículos 684 y 688 del E.T. […] En tal sentido, el artículo 688 ibídem estableció que las aludidas facultades las ejerce el jefe de la Unidad de Fiscalización, para lo cual podrá proferir los requerimientos especiales y demás actos de trámite en los procesos de determinación de los impuestos.

Así las cosas, las facultades de fiscalización de la Administración a que se refiere el inciso 3º del artículo 689-1 del Estatuto Tributario, tienen como fin asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, mediante la verificación de la exactitud de las declaraciones tributarias que sean objeto del beneficio de auditoría y el desarrollo de las diligencias necesarias para determinar correctamente los impuestos, para lo cual podrá expedir los requerimientos y demás actos a que haya lugar.
  (2016-10-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO - Está compuesto por los elementos objetivos, subjetivos, espaciales y temporales.
  • El hecho generador está compuesto por elementos objetivos, subjetivos, espaciales y temporales, que permiten establecer su configuración.
- Los elementos objetivos se relacionan con aquellos hechos o situaciones indicadoras de capacidad contributiva, que fueron considerados por el legislador como materia imponible.

Tratándose del impuesto de registro y según el artículo 226 de la Ley 223 de 1995, puede mencionarse como un elemento objetivo, la inscripción de actos o negocios documentales.

- Los elementos subjetivos hacen referencia a los sujetos que deben intervenir en la operación para que se entienda configurado el hecho generador. V.gr. En el Impuesto de registro la norma exige que sean parte o beneficiarios los particulares, también señala las entidades ante las cuales los documentos están sujetos a inscripción: Las cámaras de comercio y las oficinas de registro.

- El elemento espacial tiene que ver con el lugar donde se debe entender realizado el hecho generador, que para el caso del impuesto de registro está relacionado con el Departamento en el cual se realiza la inscripción, o con la ubicación de bienes inmuebles, cuando el acto se refiera a ellos.

- El elemento temporal es el que señala con precisión la causación del tributo, esto es, el momento en que se realiza el hecho generador y la forma en que ocurre.
  (2016-10-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta


DERECHO DE DEFENSA - No se vulnera cuando el contribuyente aporta las pruebas necesarias para demostrar los hechos consignados en la declaración.
  • DIAN - Tiene facultad de fiscalización e investigación / CARGA PROBATORIA - La tiene el contribuyente.
Se advierte, por el contrario, que en los tres actos siempre se analizó la glosa con fundamento en los artículos 107 y 488 del E.T. y, por lo tanto, como lo reconoció el Tribunal en la sentencia de primera instancia, existe la debida correspondencia entre el requerimiento y la liquidación, como lo dispone el artículo 711 del E.T.

Considera la Sala que no se violó el derecho de defensa de la demandante porque es deber del contribuyente, después de presentada la declaración, aportar todas las aclaraciones concernientes al cumplimiento de los requisitos consagrados en las normas en las que sustenta su derecho a las deducciones, descuentos o exenciones que solicita.

Lo anterior, porque está obligado a demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, tal como lo dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en lo relacionado con la carga de la prueba.

Por su parte, las autoridades tributarias están facultadas para adelantar labores de de fiscalización e investigación con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, y así verificar el cumplimiento de los presupuestos que la ley consagra para acceder a los derechos señalados, pero ello no significa que la carga probatoria que corresponde a los contribuyentes pueda ser sustituida por la que puedan tener las autoridades tributarias.
  (2016-10-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta


MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Contenido.
  • FALSA MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Alcance.
La necesidad de motivación de los actos se encuentra circunscrita a evitar la arbitrariedad de la administración en sus decisiones; consiste en una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho y, el que sea breve, o lo más concisa posible, no implica que no haya de ser suficiente; como mínimo, la legislación colombiana requiere de la motivación en forma sumaria, es decir, breve o somera.

Sobre la falsa motivación, en la Sentencia 15298 del 8 de febrero de 2007, con ponencia de la Dra. María Inés Ortiz Barbosa, se dijo:
  • "….. es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la Administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad.

    La causa o motivo de los actos administrativos (elemento causal) se conforma de los fundamentos de hecho y de derecho que son los que determinan la decisión que la Administración adopta, así cuando existe falsa motivación, se entiende que la sustentación fáctica en que se apoya no corresponde a la realidad."
  (2016-10-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta


EXPENSAS NECESARIAS - Requisitos / RELACION DE CAUSALIDAD - Definición / NECESIDAD - Definición / NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
  • IMPUESTOS DESCONTABLES EN OPERACIONES GRAVADAS, EXCLUIDAS Y EXENTAS - Se imputan proporcionalmente.
Por relación de causalidad debe entenderse la conexidad que existe entre el gasto como causa, con la actividad productora de renta, como efecto.

La necesidad del gasto está relacionada con que éste debe hacerse de manera forzosa, ineludible, y la proporcionalidad es la relación que existe entre el gasto y el ingreso.

La necesidad y la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y por ello el artículo 107 del E. T. dispone que la expensa debe ser una de las normalmente acostumbradas en cada actividad y que la ley no la limite como deducible.

Que se trate de una expensa de las normalmente acostumbradas en cada actividad debe ser probado frente a las expensas que realicen empresas que desarrollen la misma actividad y, por lo tanto, el contribuyente deberá acreditar que es una costumbre normal hacer la erogación, pero, además, de manera forzosa, para demostrar el derecho a la deducción.

El artículo 488 del E.T. dispone que los bienes corporales muebles y servicios deben destinarse a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas, lo que significa que el impuesto pagado por esos bienes o servicios constituye un costo o gasto en la actividad productora de renta de la empresa porque las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas son las operaciones realizadas dentro del contexto de esa actividad productiva de la empresa.
  (2016-10-12) [Mas Información]
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INGRESOS POR DIVIDENDOS - Son gravados con el ICA / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Medellín.
  • BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Incluye los ingresos extraordinarios que no provienen del objeto social principal.
Es evidente, entonces, que la actora se constituyó para ejercer, entre otras actividades comerciales, la de inversión en sociedades (artículo 20 [5] del Código de Comercio).

Por lo tanto, los dividendos obtenidos durante el año 1995, por $13.597.329.386, se encuentran gravados con el impuesto de industria y comercio, por tratarse de una actividad propia de su objeto social principal.

Cabe anotar, como lo ha precisado la Sala, que de la definición de actividad comercial, prevista en el artículo 35 de la Ley 14 de 1983, no se puede concluir que los ingresos originados en actividades no consagradas en el objeto social principal de una empresa no hacen parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio, pues el legislador no hizo distinción alguna entre los ingresos provenientes del cumplimiento del objeto social y los que no lo son.

Por el contrario, la base gravable se liquida teniendo en cuenta la totalidad de los ingresos brutos del año anterior, dentro de los que se encuentran los ordinarios como los extraordinarios, sin perjuicio de las exclusiones legales.
  (2016-10-07) [Mas Información]
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ACTO MERCANTIL CONEXO - Lo es la obtención de rendimientos financieros en desarrollo de actos y contratos para el cumplimiento del objeto social.
  • RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Al ser el fruto de las inversiones deben hacer parte de la base gravable del ICA.
Respecto de los rendimientos financieros obtenidos en razón de depósitos y otras actividades financieras, además de las precisiones de la Sala al tratar el tema de los dividendos, hace las siguientes:

De acuerdo con el artículo 99 del Código de Comercio, se entenderán incluidos en el objeto social de una compañía los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones derivadas de la existencia y actividad de la sociedad.

Al respecto, la Sección ha precisado que todos los actos realizados por una sociedad comercial, en desarrollo del objeto social, reciben de manera obligada la calificación legal de mercantiles, ya porque encuadren como tales v gr, el giro u otorgamiento de títulos valores o las operaciones bursátiles (artículo 20 [6 y 7] del Código de Comercio, ya porque sean actos mercantiles conexos o por relación, por ejemplo, la obtención de rendimientos financieros en desarrollo de actos y contratos que se celebren para el cumplimiento del objeto social.

Dado que según el artículo 99 del Código de Comercio y el objeto social de la actora, ésta puede celebrar todos los actos y contratos necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial, y por cuanto tales actos y contratos son mercantiles, según se indicó, la Sala encuentra que los ingresos provenientes de los rendimientos financieros, que no son otra cosa que los frutos de las inversiones, deben hacer parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio, motivo por el cual la adición de ingresos que por dicho concepto efectuó el municipio de Medellín, también se ajustó a derecho.
  (2016-10-07) [Mas Información]
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DESCUENTOS POR PRONTO PAGO - Constituyen ingreso para quien los otorga dado que se conceden cuando se cumpla una condición.
  • DESCUENTOS POR PRONTO PAGO - No están gravados con ICA porque no generan ingreso para el beneficiario del mismo.
Para efectos de la conformación de la base gravable del impuesto de industria y comercio, ha señalado la Sala que los descuentos condicionados o por pronto pago constituyen ingreso para quien los otorga, dado que no se conceden al momento de la venta, sino en el evento de que se cumpla una determinada condición.

Lo anterior significa que al causarse la venta los descuentos no pueden ser disminuidos del valor de la factura y ésta debe ser registrada contablemente por su totalidad.

Sin embargo, para el beneficiario del descuento por pronto pago no existe ingreso porque tampoco hay pago del vendedor o proveedor, pues como lo sostuvo la Sala "cuando el comprador paga el valor del bien adquirido lo hace por la suma que resulte una vez efectuado el descuento.

Cosa distinta es que no se cumpla la condición en el período gravable respectivo, en cuyo caso el comprador habrá contabilizado y solicitado como costo el valor total de la factura de venta, por lo que en el período siguiente tendrá una recuperación parcial del costo, que deberá registrarse contablemente pero que fiscalmente no genera un "ingreso tributario" (...), ya que aún cuando se produzca el reintegro del valor del descuento condicionado por parte del vendedor, ese valor no tiene carácter remunerativo para el comprador, sino que equivale a la devolución de una suma que desde antes le pertenecía, y que por ende no es susceptible de incrementar su patrimonio."
  (2016-10-07) [Mas Información]
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CONSTITUCION DE SOCIEDADES COMERCIALES - La intervención como asociado se califica como acto mercantil.
  • El Código de Comercio califica como mercantiles, para todos los efectos legales, entre otros actos, la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales.
El artículo 35 de la Ley 14 de 1983 establece que se entienden por actividades comerciales las destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, al por mayor o al por menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio; el artículo 9 del Acuerdo 61 de 1989 define la actividad comercial en términos similares.

Así pues, dentro de las actividades comerciales no sólo figuran las previstas en la Ley 14 de 1983, compilada en el Decreto 1333 de 1986, y la norma local que la acoge, sino las consagradas como tales en el Código de Comercio.

Por su parte, la normatividad mercantil además de que enunció en su artículo 20 los actos que se consideran comerciales, precisó en el artículo 24 que la referida enumeración es declarativa y previó en su artículo 21 los llamados actos mercantiles conexos o por relación que son todos los actos de los comerciantes que se relacionan con las actividades o empresas mercantiles, dada la estrecha relación con éstas y los que ejecuta cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales".

De tiempo atrás, la Sección ha reiterado que "el ejercicio profesional de actividades mercantiles, como factor determinante para adquirir la calidad de comerciante, sólo es predicable en relación con las personas naturales de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Código de Comercio, quienes adquieren el status de comerciante por el ejercicio profesional de actos calificados como mercantiles."
  (2016-10-07) [Mas Información]
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SANCION POR NO DECLARAR - Procede contra quienes estando obligados a declarar omiten su cumplimiento.
  • EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR - Acto con el que se inicia el proceso de aforo / PROCEDIMIENTO DE AFORO - Etapas.
Respecto a la sanción por no declarar, el ordenamiento jurídico establece un trámite especial dirigido contra quienes, estando obligados a presentar declaraciones tributarias, omitan su cumplimiento.

En el Estatuto Tributario Nacional está previsto en los artículos 715 a 719. Estas normas disponen que el proceso de aforo se inicia con el denominado emplazamiento para declarar, acto mediante el cual la Administración invita a los que previamente haya comprobado que están obligados, para que cumplan ese deber dentro del término de un (1) mes y les advierte de las consecuencias en caso de persistir en su omisión.

El efecto de no presentar la declaración respectiva dentro del término que otorga el emplazamiento, es la imposición de la sanción por no declarar prevista en el artículo 643 ib. Agotado el procedimiento previsto en los citados artículos 643, 715 y 716 del Estatuto Tributario, la Administración, dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, puede determinar, mediante liquidación oficial de aforo, la obligación tributaria de quien no haya declarado, según lo dispuesto en el artículo 717 íb.

En suma, el procedimiento de aforo comprende 3 etapas, a saber:
  • (i) el emplazamiento por no declarar,
  • (ii) la sanción por no declarar y
  • (iii) la liquidación de aforo.
El emplazamiento, si bien es un acto de trámite, su expedición previa es requisito de validez para el debido adelantamiento del proceso de aforo; también debe ser previa la sanción por no declarar, a la determinación oficial del tributo
  (2016-10-07) [Mas Información]
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CUENTAS CONTABLES - Sólo generan el impuesto de GMF cuando reconocen un pago o por transferencia a favor de un tercero.
  • En relación con los débitos en cuentas contables, sólo se causará el gravamen en la medida que impliquen el reconocimiento de un pago o de la transferencia a favor de un tercero.
De acuerdo con las normas transcritas se concluye que el Gravamen a las Transacciones Financieras impone un tributo a la disposición de recursos de manera general, es decir, bien sea de los depositados en cuentas corrientes, de ahorro o de depósito en el Banco de la República y así mismo cuando se efectúen débitos en cuentas contables y de otro género, para la realización de cualquier pago o transferencia a un tercero.

En relación con los débitos en cuentas contables, sólo se causará el gravamen en la medida que impliquen el reconocimiento de un pago o de la transferencia a favor de un tercero.

Debe tenerse en cuenta que este reconocimiento puede dar lugar a que se realicen varios registros de naturaleza crédito en las cuentas de la contabilidad e incluso que se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorro, hasta concluir con el pago de la obligación o con la transferencia a un tercero.

En estas circunstancias, como advierte la Corte Constitucional en la providencia a la que se hizo referencia, se presenta una sola disposición de recursos y en esa medida no se genera el gravamen por cada débito que se realice, porque se trata de una sola transacción real.
  (2016-10-03) [Mas Información]
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Sección Cuarta


ACTIVIDAD COMERCIAL - Comprende no solo las actividades consagradas en la Ley 14 de 1983 sino también las previstas en el Código de Comercio.
  • EJERCICIO PROFESIONAL DE ACTIVIDAD MERCANTIL - Solamente es predicable de las personas naturales conforme al artículo 10 del Código de Comercio
Dentro de las actividades comerciales no sólo figuran las previstas en la Ley 14 de 1983, compilada en el Decreto 1333 de 1986, y la norma local que la acoge, sino las consagradas como tales en el Código de Comercio.

Por su parte, la normatividad mercantil además de que enunció en su artículo 20 los actos que se consideran comerciales, precisó en el artículo 24 que la referida enumeración es declarativa y previó en su artículo 21 los llamados actos mercantiles conexos o por relación que son todos los actos de los comerciantes que se relacionan con las actividades o empresas mercantiles, dada la estrecha relación con éstas y los que ejecuta cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales.

Ahora bien, el artículo 20 [5] del Código de Comercio califica como mercantiles, para todos los efectos legales, entre otros actos, la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales.

De tiempo atrás, la Sección ha reiterado que "el ejercicio profesional de actividades mercantiles, como factor determinante para adquirir la calidad de comerciante, sólo es predicable en relación con las personas naturales de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Código de Comercio, quienes adquieren el status de comerciante por el ejercicio profesional de actos calificados como mercantiles.
  (2016-10-03) [Mas Información]
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DECLARACION DE RENTA PARA CONSORCIOS / RENTA GRAVABLE DE CONSORCIO - Determinación.
  • Los consorcios a partir de la Ley 49 de 1990, dejaron de ser contribuyentes y por ende desapareció la obligación de presentar declaración "conjunta".
De conformidad con el inciso 3o del artículo 13 del Estatuto Tributario (que codificó el art 34 de la Ley 75 de 1986) "Los consorcios y similares" eran contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, y para tal efecto se asimilaban a las sociedades limitadas, es decir, que en materia de impuesto de renta y complementarios estaban sujetos a las regulaciones tributarias existentes para las sociedades limitadas.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 49 de 1990 del 28 de diciembre de 1990, se eliminó la obligación de presentar declaración de renta para los contribuyentes que recibieran "honorarios, comisiones y servicios" (art 10) y entre otras normas fue derogado de manera expresa el inciso 3o del artículo 13 del Estatuto Tributario.

Por medio del Decreto 836 de marzo 26 de 1991, se reglamentó la Ley 49 de 1990 y en su artículo 33 se estableció la manera de determinar la renta gravable de los miembros de un "Consorcio" así como lo relacionado con la retención en la fuente.

Se consagró así un régimen tributario para los consorcios diferente del que existía antes de la Ley 49 de 1990, pues antes el "consorcio" como tal, era contribuyente del impuesto de renta, mientras que a partir de la Ley 49 de 1990, dejaron de ser contribuyentes y por ende desapareció la obligación de presentar declaración "conjunta".
  (2016-10-03) [Mas Información]
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EJERCICIO DE PROFESIÓN LIBERAL.
- Exención de impuestos.
  • IMPUESTO DISTRITAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Ejercicio de profesiones liberales.
El numeral 6º del Artículo 4º del Acuerdo 21 de 1983, según lo admite el señor abogado de la apelante, tiene por actividad no sujeta al impuesto de industria y comercio, "el ejercicio de profesiones liberales", esto es, conforme al parágrafo del Artículo 9 ibídem, la "actividad regulada por el Estado, ejercida por una persona natural mediante la obtención de un título académico de institución docente autorizada, con la intervención de un conjunto de conocimientos de dominio y ciertas habilidades, en cuyo ejercicio predomina el entendimiento y requiere del (sic) intelecto".

Y aunque de la transcripción se desprende, tratarse de actividad exclusiva de personas naturales, la segunda parte del parágrafo incluye en el concepto, a las "sociedades jurídicas o de hecho", que no "empleen más de cinco (5) personas simultáneamente, en cualquier momento durante el año gravable" pues, de otro modo, se entendería que las mismas "ejercen consultoría profesional".

Dado que no es razonable suponer que, indiscriminadamente, el personal administrativo de una empresa, trátese del nivel directivo, ejecutivo o auxiliar, ejerza "consultoría profesional", debe concluirse que cuando la norma alude a la contratación de "personas", deben ser éstas los profesionales y técnicos idóneos en el campo de la consultoría que, efectivamente, ejerzan tal actividad.

En conclusión, no habiéndose acreditado que la actora contratara, en los períodos impositivos discutidos, profesionales o técnicos consultores, en exceso de los que, autorizaba el parágrafo del Artículo 9 del Acuerdo 21 de 1983, ni siendo otra cuestión distinta de dicha contratación el motivo fundamental de la controversia, el recurso que ocupa a la Sala no está llamado a prosperar.
  (2016-09-27) [Mas Información]
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Sección Cuarta


COOPERATIVAS - Se someten al impuesto sobre la renta conforme al régimen tributario especial.

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE - Requisitos para que proceda
  • DESTINACION DE EXCEDENTES - Debe ser aprobado por la asamblea general u órgano directivo que haga sus veces como requisito para que proceda el beneficio neto o excedente.
La Sala advierte que para la época de los hechos, el artículo 19 del Estatuto Tributario, cuyo texto fue modificado por el artículo 63 de la Ley 223 de 1995, preveía que entidades como las cooperativas, se someten al impuesto sobre la renta y complementarios conforme al régimen tributario especial.

Dentro de ese tratamiento especial, vale la pena mencionar, que los contribuyentes de este régimen están sometidos al impuesto sobre la renta y complementarios a la tarifa única del 20% sobre el beneficio neto o excedente, a diferencia de lo que sucede con las personas jurídicas que desarrollan actividades con ánimo de lucro, a quienes se les grava la renta líquida.

Además de la tarifa especial, se observa que este grupo de contribuyentes está exento del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre y cuando el beneficio neto o excedente determinado en la forma prevista en el artículo 357 del Estatuto Tributario, se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y que deberá corresponder a actividades de salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica y tecnológica o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad.

Adicionalmente, el contribuyente deberá, previo a la presentación de su declaración de renta, aprobar en su asamblea general u órgano directivo que haga sus veces, la destinación de los excedentes, de conformidad con las condiciones establecidas para tal efecto y, de ser el caso, requerirá de la calificación o autorización en tal sentido del Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro. (arts. 5 y 8 del Decreto 868 de 1989).
  (2016-09-27) [Mas Información]
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EDICION DE PERIODICOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS - Es una actividad de servicios.
  • ALCALDE - No tenía facultad para fijar una tarifa diferente a la actividad de edición de periódicos revistas y publicaciones.
A partir del Acuerdo 2 de 1985, la actividad de publicación de revistas, libros, periódicos, radio y televisión, fue prevista como actividad de servicios (código 309), con una tarifa del 2 por mil (artículo 3). El artículo 15 del Acuerdo 11 de 1988, relativo a las tarifas del impuesto, modificó el código de dicha actividad (301); incluyó en éste, las actividades de transporte, radiodifusión y programación de televisión y aumentó la tarifa al 3 por mil.

En ejercicio de las facultades compilatorias asignadas en el Acuerdo 28 de 1995, el Decreto Distrital 423 de 1996 mantuvo la clasificación y la tarifa que habían sido fijadas en el artículo 15 del Acuerdo 11 de 1988 (código 301 y tarifa del 3 por mil) para la actividad de "Transporte; publicación de revistas, libros y periódicos; radiodifusión y programación de televisión".

Desde el Acuerdo 2 de 1985 hasta la expedición del Decreto 423 de 1996, la actividad de "edición o publicación de revistas y periódicos" ha sido tratada como actividad de servicios. Con la Resolución 1195 del 17 de noviembre de 1998 se estableció en el Distrito Capital la nueva clasificación de actividades económicas para el impuesto de industria y comercio.

El Alcalde Mayor de Bogotá no tenía competencia para asignar a la actividad de edición de periódicos, revistas y otras publicaciones la tarifa del 11,04 por mil, porque el Acuerdo 65 de 2002 había asignado a dicha actividad la tarifa del 3,6 por mil para el año 2002 y 4,14 por mil para el año 2003 y siguientes.
  (2016-09-16) [Mas Información]
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VENTA DE ACCIONES - Son activos fijos siempre que no se haga dentro del giro ordinario de los negocios. Los ingresos percibidos no hacen parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
  • OBJETO SOCIAL COMPLEMENTARIO - No hace que cambie la naturaleza de los activos fijos. Acciones.
Así pues, la base gravable del impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital está constituido por los ingresos netos del período gravable, que se determinan restando de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los provenientes de
  • (i) actividades exentas;
  • (ii) actividades no sujetas;
  • (iii) devoluciones, rebajas y descuentos;
  • (iv) exportaciones y
  • (v) la venta de activos fijos.
Según el criterio jurisprudencial expuesto, la calidad de activos fijos cuya venta se excluye de la base gravable del impuesto de industria y comercio, depende de que esa enajenación no se realice dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente y de la forma en que tales activos son contabilizados.

Como puede advertirse, la inversión en acciones, por ejemplo, o la participación como accionista en sociedades que tengan objeto similar, complementario o conexo con el objeto social principal de la actora, no hacen parte del giro ordinario de los negocios de la demandante u objeto social principal.

Por el contrario, las referidas actividades pueden ser realizadas como complementarias para el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de las actividades que hacen parte del objeto social principal. En consecuencia, la compraventa de acciones no hace parte de las actividades principales de la demandante.
  (2016-09-16) [Mas Información]
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DEDUCCION POR AMORTIZACION DE INTANGIBLES - Para que proceda debe demostrarse que es una inversión necesaria.
  • DEDUCIBILIDAD DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL - Está condicionada a la generación de ingresos gravados en cabeza de la sociedad controlante.
En líneas generales, la normativa contable define el crédito mercantil como el monto adicional pagado sobre el valor en libros en la adquisición de acciones o cuotas de interés social de un ente económico activo, o sobre el valor calculado o convenido de todos los activos netos comprados, el cual debe reconocerse de manera separada del valor de las acciones o cuotas y debe amortizarse en la media en que sea generador de ingresos o cuando se registre una pérdida o deterioro de su valor.

Aunque desde la perspectiva de la normativa tributaria no exista una definición específica del good- will o crédito mercantil, se observa que el citado artículo 74 reconoce su existencia como un bien incorporal adquirido, sujeto a amortización.

Conforme al artículo 142 ib, el crédito mercantil es un activo amortizable en los términos que señala el artículo 143. Para esta Sala es claro que las normas tributarias remiten, de manera expresa, a la técnica contable, cuyas disposiciones, que ya se han reseñado, determinan que el crédito mercantil adquirido es un activo intangible, que se registra contablemente de manera independiente a la inversión en acciones o cuotas de interés social, y que debe amortizarse en la medida en que contribuye a la generación de ingresos, disposiciones que son concordantes con los artículos 74 y 279 del Estatuto Tributario, en cuanto reconocen la amortización de intangibles para efectos fiscales.
  (2016-09-15) [Mas Información]
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SISTEMA CONTABLE DE CAJA / EGRESO - Realizacion
  • / SISTEMA DE CAUSACION.
En el sistema contable de caja, el egreso se realiza cuando se paga efectivamente en dinero o en especie, o cuando su exigibilidad termina por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago.

En tanto que, en el sistema de causación el gasto se realiza cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago.

Se entiende entonces, que el momento del pago, depende del sistema contable utilizado por quien efectúa el pago.
  (2016-09-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


BENEFICIO NETO O EXCEDENTE - No debe incluirse dentro de los egresos solicitados como deducibles.
  • CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL - Debe servir para probar los egresos deducibles en el régimen tributario especial.
Según el estado de resultados comparativo histórico a 31 de diciembre de 1995-1996, la actora incluyó dentro de los egresos de 1996 las donaciones realizadas en el mismo año, por $176.577.200. Para liquidar el excedente de 1995 ($189.793.000), la certificación de¡ revisor fiscal de la Corporación, tomó la misma cifra y sumó los gastos operativos por $13.215.800.

Sin embargo, la certificación no prueba que las donaciones se hayan realizado con los ingresos de 1996, ni que por tal razón éstos se hayan disminuido, pues al restar de los egresos, el excedente de 1995, junto con los egresos rechazados, el excedente neto de 1996 se totalizó en $295.435.766, valor que, igualmente, determinó el Comité al descontar de los ingresos ($304.646.152), los egresos aceptados ($9.210.387).

El siguiente cuadro detalla la operación: No hay, pues, razón para afirmar que el beneficio neto de 1995 se incluyó dentro de los egresos solicitados como deducibles, ni, por ende, para negar la deducción de dicho concepto, dada su destinación a donaciones en 1996.
  (2016-09-14) [Mas Información]
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DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS Y DE INVERSIONES - No son egresos cuando son deducidas en su totalidad en el ano de adquisicion.
  • CERTIFICADO DE CONTADOR Y REVISOR FISCAL - Para que sirvan de prueba debe estar conforme con las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
Es de anotar que el artículo 777 del E. T. sujetó el valor probatorio de las certificaciones de contadores y revisores fiscales a su conformidad con las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad, sin perjuicio de las comprobaciones pertinentes sobre las mismas.

Conforme al artículo 4 del Decreto 124 de 1997, los egresos procedentes son aquéllos de cualquier naturaleza y realizados en el respectivo período gravable, que constituyen costo o gasto y tienen relación de causalidad con los ingresos, o que no teniéndola, se destinan directamente a las actividades y programas beneficiados por el régimen tributario especial.

Los egresos realizados con ocasión de actividades comerciales deben, además, ser necesarios y proporcionales con esas actividades y, en defecto de tales condiciones, cumplir con la destinación anteriormente señalada.

Los egresos incluyen las inversiones amortizables del artículo 142 del Estatuto Tributario y la adquisición de activos fijos que se hagan en cumplimiento de las actividades y programas del régimen tributario especial. Así como los egresos destinados indirectamente a tales actividades y programas mediante donaciones efectuadas a otras instituciones sin ánimo de lucro que los desarrollen, caso en el cual se requiere que la entidad donataria efectivamente los haya realizado, según certificación de su revisor fiscal.
  (2016-09-14) [Mas Información]
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EGRESO EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Incluyen las inversiones amortizantes y la adquision de activos fijos.
  • DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - No son egresos deducibles porque tienen un tratamiento tributario diferente.
Si bien la depreciación como estimación contable que es, no implica el flujo de dinero saliente propio de los egresos, lo cierto es que al ser una previsión a la pérdida de valor del activo fijo que ha beneficiado a su dueño, no puede equipararse a la amortización, exclusiva de los activos intangibles que sólo reportan beneficios cuando se redime su valor, máxime al considerar que las amortizaciones constitutivas de egresos procedentes son las del artículo 142 del Estatuto Tributario, en las cuales no se incluye la depreciación de activos fijos, entre otras cosas, porque tiene un tratamiento tributario diferente (artículos 127 a 141 del Estatuto Tributario).
  (2016-09-14) [Mas Información]
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SANCION TRIBUTARIA - No es expensa necesaria y no constituye egreso deducible en el régimen tributario especial
  • EGRESO DEDUCIBLE EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - No lo es el impuesto de renta pagado / PERDIDA EN VENTA EN ACCIONES - No es deducible ni egreso en el régimen tributario especial.
El beneficio neto se determina tomando la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, y restando el valor de los egresos de cualquier naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social, incluyendo las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo (art. 357 ibídem).

En el caso de la actora y de acuerdo con lo anterior, procede el desconocimiento como egreso de la partida de $57.203.082 pues no tienen relación de causalidad con los ingresos ni se destinaron al cumplimiento del objeto social de la entidad, toda vez que:

El pago de sanciones y multas por concepto del pliego de cargos señalado en el informe de gastos presentado por el Revisor Fiscal surge del incumplimiento de un deber y no puede considerarse una expensa necesaria ni proporcionada a la actividad de la entidad, ni destinado al cumplimiento de su objeto social que es la organización, enseñanza, administración, financiación y demás actividades relacionadas con establecimientos docentes para preparar técnicos y expertos en las industrias cafetera y agropecuaria.

El impuesto de renta pagado por el año 1995 tampoco es deducible porque no constituye costo o gasto y cuando no existe relación de causalidad con el ingreso, sólo son deducibles los egresos que se destinan a las actividades indicadas en la norma transcrita.
  (2016-09-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


ASIGNACIONES PERMANENTES EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Debe indicarse con claridad los programas o actividades a realizar.
  • EXENCIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE - No procede al no haber claridad en la destinación de las asignaciones permanentes.
De manera reiterada la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha considerado que conforme el artículo 358 del Estatuto Tributario y los artículos citados anteriormente para gozar de la exención del beneficio neto o excedente, el órgano directivo de la entidad debe precisar con claridad los programas o actividades que se proponga realizar con el monto de las asignaciones permanentes.

En efecto, contrario a lo sostenido por la demandante en la constitución de las asignaciones permanentes, sí "se requiere que de manera concreta y específica la Directiva respectiva precise la destinación también específica del rubro correspondiente so pena de ser improcedente la exención".

No puede otorgarse la exención, pues la exigencia legal no se cumple con la simple mención genérica del propósito de que con los "recursos y sus frutos posibiliten el mantenimiento o desarrollo permanente de sus actividades para el año de 1997", o con la evocación a su objeto social.

En conclusión, como lo precisó la Sala en sentencia de 7 de octubre de 2000, dictada dentro del expediente 9967: "[…] es necesario que se detallen las actividades, planes o programas que se van a ejecutar, para que pueda realizarse una adecuada cualificación oficial en orden a verificar que efectivamente la inversión corresponde a las actividades incentivadas por la ley y objeto de tratamiento especial.
  (2016-09-14) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El termino de uno o dos anos, segun el caso, de los articulos 588 y 589 del E. T., para corregir una declaracion tributaria, que a su vez ha corregido la inicial, se cuenta desde la ultima correccion realizada.
    Síntesis del caso:
En relación con el procedimiento de modificación de las declaraciones tributarias, el Estatuto Tributario prevé
  • (i) un término de firmeza y,
  • ii) un plazo de corrección.
El término de firmeza se establece como el plazo máximo en el que el ente fiscal puede ejercer válidamente la facultad de revisar y modificar las declaraciones tributarias. Así, el artículo 714 del Estatuto Tributario fija un plazo general de 2 años siguientes a la fecha del vencimiento para declarar, para la firmeza de las declaraciones, siempre y cuando la Administración no haya notificado el requerimiento especial.

Pero así como la entidad fiscal dispone de un término para revisar la obligación tributaria, el contribuyente dispone de la facultad de enmendar sus errores, para lo cual la ley le otorga de forma específica un término de corrección en el cual puede corregir voluntariamente las declaraciones tributarias.

  (2016-08-31) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sala Plena


Sentencias proferidas oralmente en el curso de una audiencia publica se entienden notificadas en estrados aunque hubiese faltado alguna de las partes o sus apoderados.
    Quien no concurre a las audiencias asume la carga de enterarse de las decisiones que allí se adopten así como de hacer uso de los recursos oportunamente.
Síntesis del caso:
La actora interpuso acción de tutela con el fin de que se ordene la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por las decisiones del Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión de Quibdó, que rechazaron el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida en audiencia inicial, que fue notificada en estrados, por considerarlo extemporáneo.

Para la actora tal rechazo vulnera sus derechos pues considera que la sentencia proferida en la audiencia pública debió notificarse al correo electrónico indicado para tal efecto y no por estrados.

  (2016-08-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sala Plena


Se incurre en defecto sustantivo cuando se otorga caracter definitivo a la Liquidacion individual proferida en el proceso de fiscalizacion por contribuciones parafiscales adeudadas al SENA, por cuanto, es de caracter preparatorio.
    Síntesis del caso:
La sociedad M.S. CONSTRUCCIONES S.A., a través de apoderado, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, al considerar que la sentencia que profirió el 5 de mayo de 2016, por medio de la cual revocó la de primera instancia dictada dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la Sociedad la sentencia de segunda instancia adolece de: i) Defecto sustantivo porque no se aplicó debidamente el artículo 43 del CPACA que define los actos definitivos y ii) Desconocimiento del precedente que establece que las contribuciones parafiscales se liquidan sobre la nómina y no sobre los contratistas.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El fideicomitente puede ser sujeto pasivo del impuesto de delineacion urbana y en caso de haber presentado la declaracion no hay lugar a la sancion por no declarar impuesta por el Distrito Capital a la fiduciaria.
    Síntesis del caso:
La Secretaria de Hacienda de Bogotá, el 21 de mayo de 2010, le impuso a una Fiduciaria una sanción por no declarar el impuesto de delineación urbana correspondiente a la licencia de construcción 05-3-0319 del 17 de mayo de 2005 por valor de $ 232.039.000. En la misma fecha, le profirió una liquidación de aforo por no presentar la citada declaración.

Para la Fiduciaria, el Distrito incurrió en un excesivo formalismo al señalar que la declaración que presentó la sociedad fideicomitente no producía efecto legal alguno y no debía tenerse dicha declaración por no presentada. Además que en su calidad de fideicomitente era la titular de la licencia de construcción y a la vez sujeto pasivo del impuesto.

Adujo que debería prevalecer la aplicación del derecho sustancial sobre el formal pues el fideicomitente obró en consecuencia de sus responsabilidades. Por su parte para la Secretaría de Hacienda, para al fecha en que se expidió la licencia de construcción, quien aparecía como propietaria del bien inmueble en el certificado de tradición y libertad, era la fiduciaria y por tanto era el sujeto pasivo del impuesto.

  (2016-08-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El costo presunto del 75 % en el impuesto sobre la renta no es procedente aplicarlo en el caso de los contratos de obra civil ya que solo puede utilizarse para determinar el costo en la enajenacion de activos fijos y no en la prestacion de servicios profesionales.
    Síntesis del caso:
En julio de 2008, una persona natural presentó su declaración de renta por el año gravable 2007 donde registró un impuesto a cargo de $ 13.275.000 y un total a pagar de $ 7.337.000. A raíz de un emplazamiento para corregir, el contribuyente incrementó los ingresos y calculó un total a pagar de $ 9.559.000.

Luego la DIAN previo requerimiento especial le modificó la declaración mediante liquidación oficial donde le aumentó los ingresos en $ 19.825.000, le desconoció costos y gastos de $ 519.382.000, le reliquidó la sanción por corrección y le impuso sanción por inexactitud. Para el contribuyente la DIAN no debió negarle la aplicación del artículo 82 del Estatuto Tributario sobre costos estimados ya que según su inciso 3° se aplica si no es posible determinar costos y deducciones.

Afirma que la actividad del contribuyente no es la prestación de servicios sino la construcción de bienes inmuebles, para lo cual celebra contratos de obra a todo costo, como lo corrobora el código de actividad que es el 4530. Mientras tanto para la DIAN, el contribuyente es de servicios porque se encuentra en el RUT con la actividad 4530 que corresponde a “construcción de obras de ingeniería civil” y en desarrollo de su actividad económica obtuvo ingresos por $ 622.391.000 por “honorarios, comisiones y servicios”.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El costo estimado del articulo 82 del Estatuto Tributario se aplica cuando existen indicios que el costo declarado no es real, no se conoce o no es posible determinar el costo de enajenacion de los activos enajenados en el impuesto sobre la renta.
    Síntesis del caso:
“…El artículo 82 del Estatuto Tributario hace parte de las normas comunes al costo de activos fijos y movibles, del capítulo 2- Costos del Libro I del Estatuto Tributario, que corresponde al impuesto sobre la renta y complementarios.

La referida norma dispone lo siguiente:…
  • Esta norma establece los eventos en que procede la estimación de los costos en la enajenación de activos, los instrumentos con los que cuenta la Administración para determinarlos, así como un cálculo aproximado de estos cuando las herramientas dadas a los funcionarios de fiscalización son insuficientes para determinarlos.
Así, para aplicar la estimación de costos el funcionario de fiscalización debe encontrarse frente a alguna de las siguientes situaciones:
  • - Indicios de que el costo de enajenación de activos informado por el contribuyente no es real, o

  • - No se conoce el costo de los activos enajenados o este no puede determinarse mediante pruebas directas, como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos.
Verificado alguno de los eventos anteriores, puede acudirse a los costos de los activos fijos enajenados en que incurrieron personas que han desarrollado la misma actividad del contribuyente, o han realizado operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a datos estadísticos de diferentes entidades.

Por último, si ninguno de los instrumentos indicados permite determinar el costo de los activos fijos enajenados en que se incurrió, este se estimará en el 75% del valor de la respectiva enajenación.

  (2016-08-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Para agotar la via gubernativa y acudir a la jurisdiccion contenciosa administrativa no es obligatorio interponer el recurso de reposicion contra el acto que decide las excepciones en el cobro coactivo tributario.
    Síntesis del caso:
En febrero de 2010, el municipio de Girardot con fundamento en el Acuerdo 015 de 2007 le practicó a una empresa energética del Tolima, una liquidación de aforo donde le determinó el valor a pagar por el impuesto de alumbrado público del período gravable 2009.

Con base en la liquidación oficial y el acto que lo confirmó, libró mandamiento de pago y ordenó el embargo de las cuentas bancarias. En marzo de 2011, la demandante solicitó que se declararan probadas las excepciones de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo” por cuanto las resoluciones que dieron origen a los valores cobrados en cobro coactivo, no se encontraban ejecutoriadas por haber sido demandadas en acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En marzo de 2011, la administración municipal se abstuvo de declarar probadas las excepciones propuestas. Aunque el municipio de Girardot no contestó la demanda, al interponer el recurso de apelación ante la jurisdicción afirmó que la demanda no había sido admitida y que la actora no agotó la vía gubernativa en tanto no hizo uso del recurso de reposición contemplado en el artículo 834 del Estatuto Tributario para agotar la vía gubernativa.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La excepcion contra el mandamiento de pago consistente en la interposicion de demandas ante la jurisdiccion contenciosa administrativa procede siempre que la admision de la demanda sea anterior a la fecha del escrito de excepciones.
    Síntesis del caso:
“…Consideró que para que prosperara la excepción contemplada en el artículo 831-5 del Estatuto Tributario, era necesario que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que conforman el título ejecutivo base del mandamiento de pago, haya sido admitida con antelación a la proposición de la excepción, caso contrario, resultaba ilógico que pudiera ser declarada, pues, reiteró que la demanda no había sido aún admitida y menos se encontraba en trámite.

En esos términos, observa la Sala que, tal como lo señaló el tribunal de primera instancia, la exigibilidad del título ejecutivo compuesto por los actos administrativos que se encuentran demandados, está reglada de manera especial en materia de tributaria, ya que la ejecutoriedad de este se adquiere, entre otras razones, cuando ésta jurisdicción decide definitivamente las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas en su contra…Ahora bien, luego de constatar dentro de las pruebas obrantes en el expediente, contrario a lo señalado por la parte demandada en el recurso de apelación, en el momento en que la empresa demandante propuso las excepciones contra el mandamiento de pago, esto es, el 4 de marzo de 2011, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho había sido radicada el 12 de octubre de 2010 y se profirió auto admisorio el 19 de noviembre de 2010, tal como se observa a folios 81 a 84 del cuaderno principal.

De igual manera, como se aprecia a folios 70 a 79 del expediente, la Empresa de Energía del Tolima en el oficio, a través del cual propuso la excepción de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, adjuntó como prueba la copia auténtica del auto que admitió la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, motivo por el cual extraña la Sala que el municipio de Girardot argumentara la referida circunstancia, desconociendo incluso que el motivo por el que negó las excepciones en el trámite de cobro coactivo fueron disímiles a las que ahora propone, dentro de las cuales no se dijo nada en relación con la carencia de pruebas que demostraran la admisión de la demanda contra los actos que conformaban el título ejecutivo.

  (2016-08-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El termino para corregir una declaracion de renta con perdidas fiscales es el previsto en los articulos 588 y 589 del Estatuto Tributario, segun el caso, y por tanto no aplica el termino especial de firmeza de 5 anos del articulo 147 de tal estatuto.
    Síntesis del caso:
En abril de 2006, una persona jurídica presentó la declaración de renta del año 2005, en la que registró una pérdida líquida de $ 7.888.593.000, liquidándose el impuesto por renta presuntiva para un total a pagar de $ 16.869.000.

En abril del mismo año, la compañía corrigió la declaración para disminuir la pérdida líquida a la suma de $ $6.521.990.000. El 10 de febrero de 2011, la sociedad presentó una nueva corrección, en la que modificó el patrimonio pero sin cambiar la pérdida líquida.

La DIAN mediante auto de archivo declaró no válida la declaración de corrección del 10 de febrero de 2011 por haberse presentado por fuera del término establecido en el artículo 588 del Estatuto Tributario.

Ante la jurisdicción la demandante alegó que en virtud del artículo 147 del mismo estatuto, el término de firmeza es de 5 años contados a partir de su presentación para las declaraciones que registran pérdidas fiscales. Para la DIAN el término del artículo 147 es para que la administración pueda modificar la declaración tributaria y no el plazo para la corrección voluntaria que está regulado en el artículo 588 del citado estatuto.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Fuente: Ambito Juridico

Recuerdan termino de notificacion en requerimientos especiales en materia tributaria.
    De acuerdo al análisis jurisprudencial del artículo 705 del Estatuto Tributario, la Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó que los términos para la notificación del requerimiento especial en virtud del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente se rigen por las reglas previstas para la notificación del requerimiento especial del impuesto sobre la renta y las establecidas en la mencionada disposición.
De igual manera, en los casos en que la declaración del impuesto sobre las ventas presenta saldo a favor y es solicitado por el contribuyente, la corporación judicial concluyó que el término de firmeza de la declaración de IVA se debe contar a partir de la presentación de la solicitud del saldo a favor, dado que así lo dispone expresamente la normativa indicada.

En el mismo sentido, la corporación aseguró, acorde con el artículo 714 E.T., que la declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente quedará en firme si dentro de los dos años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación no se ha notificado requerimiento especial.

Además, explicó que cuando la declaración de renta presenta un saldo a favor el término de firmeza se cuenta a partir de la solicitud de devolución; tratándose de la declaración del impuesto sobre las ventas debe aplicarse la misma regla, independientemente de que eso implique que los términos de firmeza de la declaración de renta y ventas corran de manera independiente cuando el denuncio de renta no contempla un saldo a favor y la de ventas sí (C. P. Martha Teresa Briceño). CE Sección Cuarta, Sentencia 08001233100020020285801 (20834), jun. 08/16

  (2016-07-12) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


No se acepta como soporte de la deduccion por pagos de honorarios a miembros de la junta directiva una cuenta de cobro sin cumplir con la totalidad de los requisitos del documento equivalente.
    Síntesis del caso:
Una fundación médica en la declaración de renta por el año gravable 2006 registró un saldo a favor por $ 3.586.803.000 el cual fue solicitado en devolución y reconocido mediante resolución 24 del 10 de enero de 2008.

El 3 de abril del mismo año la División de Fiscalización de la DIAN de Grandes Contribuyentes expidió un auto de apertura por el programa de “post-devoluciones” y en desarrollo del mismo expidió requerimiento especial y luego liquidación oficial de revisión donde rechazó:
  • a) costos por operaciones con personas naturales no inscritas en el régimen común ni en el simplificado por $ 1.441.000;

  • b) gastos por el pago de honorarios a los miembros de juntas directivas al no estar soportados en facturas por $ 503.271.350 y otros gastos operacionales por falta de inscripción en el RUT de personas naturales a quienes efectuó pagos por $ 7.115.381.
La demandante señaló que la DIAN negó la expedición de la resolución de facturación a los miembros de la junta directiva de la sociedad, bajo el argumento de que previamente debían inscribirse como responsables del régimen común.

La administración al expedir los actos acusados, incurrió en falsa motivación, violación al debido proceso y en causal de nulidad. La administración desconoció la prevalencia de la verdad real sobre la formal, porque no cuestionó la existencia de los honorarios pagados, pues solo se limitó a negar el carácter de gastos deducibles a pesar de haber prestado el servicio, por no expedir la factura correspondiente.

  (2016-07-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El documento equivalente que sirve como soporte de los pagos por honorarios efectuados a miembros de juntas directivas debe ser expedido por el contribuyente que efectua el pago.
    Síntesis del caso:
Por disposición del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, los documentos equivalentes que sirven de soportes de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta deben acreditar los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 ejusdem que, en su orden, corresponden a:
  • - Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio;
  • - Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta;
  • - Fecha de su expedición y,
  • - Valor total de la operación.
En el mismo sentido, el artículo 2º del Decreto 3050 de 1997, señaló que “…la factura o documento equivalente deberá reunir como mínimo los requisitos contemplados en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario”, y agregó que “Lo dispuesto en el parágrafo del referido artículo, se entiende sin perjuicio de la obligación para quien expide la factura o documento, de hacerlo con el lleno de los requisitos de numeración consecutiva, preimpresión y autorización previa contemplados en las normas vigentes”.

Los requisitos aludidos fueron reiterados en el artículo 3º del Decreto 522 de 2003, al señalar que el documento equivalente a la factura, en adquisiciones realizadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado, podía ser expedido por el adquirente con el lleno de los siguientes requisitos:

  (2016-07-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Existe simulacion en los costos por compras cuando se comprueba la inexistencia de los proveedores y de las declaraciones de renta e IVA de estos, asi como de las facturas de compra sin el cumplimiento de requisitos legales.
    Síntesis del caso:
El 18 de enero de 2010, un contribuyente persona natural presentó la declaración del impuesto sobre las ventas del 6º bimestre del año 2009 y el 12 de agosto siguiente presentó la declaración de renta por el año gravable 2009.

Mediante requerimiento especial y luego por liquidación de revisión, la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre las ventas del 6º bimestre de 2009 al desconocer costos por $ 339.042.000 e impuestos descontables por $ 27.065.000 para un saldo a pagar de $ 71.043.000 y una sanción por inexactitud de $ 43.304.000.

El demandante afirma que la declaración de IVA del 6º bimestre de 2006 adquirió firmeza en virtud del artículo 705-1 del Estatuto Tributario que condiciona la firmeza de la declaración de IVA a la del impuesto sobre la renta del mismo período y además porque según los artículos 705 y 714 del mismo estatuto, la declaración queda en firme si dentro de los dos años a partir de la fecha de presentación de la declaración no se notifica requerimiento especial.

Asevera que la DIAN desconoció la totalidad de los costos e impuestos descontables con fundamento en indicios de que el contribuyente simuló las operaciones de compra y gastos registrados en la declaración de IVA siendo que para llegar a esa conclusión que las transacciones se realizaron con proveedores ficticios debió seguirse el procedimiento de los artículos 82, 88 y 671 del Estatuto Tributario.

  (2016-07-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es valido por parte de la DIAN trasladar pruebas de un proceso del impuesto de renta a un proceso de IVA en virtud de sus amplias facultades de fiscalizacion.
    Síntesis del caso:
Para la Sala, el anterior acervo probatorio no se trata de indicios sino de pruebas directas de carácter documental y de declaraciones de terceros, que desvirtúan la realidad de las supuestas operaciones de compra de chatarra de las cuales se derivan los costos e impuestos descontables solicitados por el contribuyente, por las razones que pasan a explicarse.

3.4.1. Las pruebas fueron practicadas en el proceso de fiscalización del impuesto de renta seguido contra el señor Efraín Aguilar Hernández por el año 2009 y, trasladadas al expediente administrativo de IVA del mismo contribuyente correspondiente al período 6 del año 2009.

El traslado de estas pruebas es procedente porque la Administración cuenta con amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales que en general permiten efectuar “todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.”

En tal sentido, la Sala ha señalado que si la Administración, al investigar un impuesto, encuentra inexactitudes que repercuten en otro, lo menos que debe hacer es utilizar estas pruebas para determinar oficialmente los dos gravámenes, siempre que sean conocidas por el contribuyente.

  (2016-07-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El termino de prescripcion para el cobro de los aportes parafiscales a favor del Seguro Social es de cinco anos contados a partir del ultimo periodo adeudado.
    Síntesis del caso:
Mediante Resolución 181 del 19 de enero de 2007, la Jefe del Departamento Financiero del Seguro Social Seccional Atlántico, liquidó aportes patrono-laborales al Municipio de Soledad por $ 319.915.425 discriminados en “riesgos profesionales, pensión, salud y fondo de solidaridad pensional”.

Con posterioridad el ISS profirió el mandamiento de pago 1194 del 23 de enero de 2008 para ejecutar el cumplimiento de la obligación liquidada por la resolución 181. El municipio de Soledad consideró que los actos administrativos demandados son nulos, por vulnerar el debido proceso al incurrir en falsa motivación y que la entidad ejecutante no tenía certeza de la existencia de la obligación cobrada.

Adujo también que se violaron los artículos 175, 176 y 187 del Código de Procedimiento Civil ya que en el memorial de excepciones contra el mandamiento de pago se aportaron pruebas que no fueron tenidas en cuenta. Finalmente consideró que los actos administrativos son nulos porque desconocieron el término de prescripción de la acción de cobro y omitieron resolver de fondo el recurso de reposición contra la Resolución 1295 de 2008.

  (2016-07-01) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Para el cobro de aportes parafiscales inherentes a la nomina y el computo del termino de caducidad se aplican las normas del Estatuto Tributario Nacional.
    Síntesis del caso:
“…Ahora bien, para dar claridad al asunto debatido, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 54 de la Ley 383 de 1997, las normas de procedimiento, sanciones, determinación, discusión y cobro contenidas en el libro quinto del Estatuto Tributario Nacional, son las aplicables a la administración y control de las contribuciones y aportes inherentes a la nómina, tanto del sector privado como del sector público, establecidas en las leyes 58 de 1963, 27 de 1974, 21 de 1982, 89 de 1988 y 100 de 1993, contribuciones dentro de las cuales se cuentan aquellas en favor del ISS, por tanto debe acudirse a las normas que regulan el procedimiento tributario y no a las normas civiles, como insinuó el ISS.

En ese orden, el artículo 817 del Estatuto Tributario, que fundamentó la excepción y posterior demanda del actor, aplicable al caso por remisión expresa del artículo 54 de la Ley 383 de 1997, determina que la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe a los 5 años, contados a partir de:
  • i) la fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente;

  • ii) la fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea;

  • iii) la fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores; y

  • iv) la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

  (2016-07-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


El precio de enajenacion es el valor comercial. Y el valor comercial es el senalado por las partes.
    De manera que, el artículo 90 del E.T. parte de reconocer que ese es el valor que se debe tener en cuenta. No obstante, como puede ocurrir que el valor pactado entre las partes no sea real o no corresponda al precio que se establece en el mercado para los bienes de la misma especie y calidad, el artículo 90 del E.T.
Si el valor comercial difiere notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie en la fecha de enajenación, la DIAN puede apartarse del valor comercial señalado por las partes. Y se entiende que el valor pactado difiere notoriamente del promedio vigente cuando se aparta en más de un 25% de los precios establecidos en el comercio, para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos.

En estos casos, el artículo 90 del E.T. faculta a la DIAN a señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos. Y, para el efecto debe atender a los datos estadísticos producidos por la propia DIAN, el DANE, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Banco de la República u otras entidades afines.

  (2016-06-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Cuando el perfeccionamiento del contrato de compraventa se realiza en el exterior no hay lugar a gravarlo con ICA por actividad comercial.
    Síntesis del caso:
Una sociedad presentó declaraciones del impuesto de industria y comercio por los bimestres tercero a sexto del año 2006, por la comercialización de productos electrodomésticos de oficina y celulares al por mayor, realizadas en el Distrito capital.

Después de una inspección, la Secretaría de hacienda de Bogotá, rechazó el descuento de la base gravable del impuesto de las “Ventas en el exterior” pues en su parecer las operaciones mercantiles no constituían en realidad una actividad adelantada fuera del Distrito Capital ni del país.

Por ello mediante liquidación oficial de revisión, se calculó un mayor valor del impuesto de industria y comercio por $ 1.709.422.000 y una sanción por inexactitud de $ 2.735.073.000.

La situación que dio origen al desconocimiento de los ingresos por exportaciones se produce cuando los clientes hacen el pedido a la empresa quien la transmite a la matriz en Corea, que aparece como vendedor en la respectiva orden de compra. Esta a su vez remite la mercancía a su subordinada en Colombia, en calidad de consignatario.

La sociedad colombiana endosa los conocimientos de embarque o B.L. a los compradores en Colombia, los que a su vez se encargan de la legalización de la mercancía, y como tal presentan las declaraciones de importaciones y andinas de valor.

  (2016-06-10) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La notificacion del requerimiento especial se efectuo indebidamente, pues pese a que informo a la DIAN del cambio de direccion, esta efectuo la notificacion mediante aviso en un diario de amplia circulacion, circunstancia que le habria cercenado la posibilidad de controvertirlo.
    Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la Administración de impuestos, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la Administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria.
CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala decide si se ajusta a derecho la Liquidación Oficial de Revisión No. 020642003000037 del 16 de abril de 2003, que modificó la declaración del impuesto de renta y complementarios de la sociedad Inversiones Automotrices S.A. en Liquidación, por el año gravable 2000, y la Resolución No. 020662004000006 del 27 de mayo de 2004, que la confirmó.

Para el efecto, deberá resolver los siguientes:

Problemas Jurídicos
  • (i) ¿Está viciada de nulidad por expedición irregular la Liquidación Oficial de Revisión No. 020642003000037 del 16 de abril de 2003, a causa de la presunta indebida notificación del requerimiento especial No. 020632002000145 del 13 de agosto de 2002?

  • (ii) De no ser así, ¿deben ser desconocidos, a título de sanción, los costos y deducciones por salarios, intereses, depreciación, servicios públicos, entre otros, por valor de $891.629.000, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 651 del E.T.?

  (2016-06-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es aceptable la notificacion por aviso en diario de amplia circulacion cuando la administracion tributaria entrega tardiamente en la oficina de correos el acto liquidatorio y por esa circunstancia no es posible la notificacion por correo.
    Síntesis del caso:
La DIAN en relación con el año gravable 1999 modificó las declaraciones de renta y del impuesto sobre las ventas, de un contribuyente persona natural, previa diligencia de registro e inspección tributaria al establecimiento de comercio.

Tanto en los requerimientos especiales como en las liquidaciones oficiales, la administración propuso adicionar ingresos con fundamento en la presunción prevista en el artículo 760 del Estatuto Tributario, al considerar que hubo compras no registradas por el contribuyente.

El principal argumento de discusión planteado por el demandante, es que las liquidaciones oficiales no fueron notificadas dentro del término previsto por el artículo 710 del Estatuto Tributario.

Explica que el 5 de mayo de 2003, último día para notificarlas, la DIAN entregó a las 6 p.m. en las oficinas de ADPOSTAL, los actos a notificar, de manera que no era posible notificarlos en el establecimiento de comercio del actor, dentro del horario normal de funcionamiento que era entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, como lo confirman declaraciones extrajudiciales rendidas por vecinos.

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Sección Cuarta


Los aportes al SENA respecto de los subcontratistas no son exigibles al contratante o dueno de la obra sino al contratista en su calidad de empleador.
    Síntesis del caso:
La Regional del SENA del Valle del Cauca liquidó y ordenó pagar a una constructora la suma de $ 210.866.145 pro concepto de aportes de las vigencias 2000, 2001, 2002 y 2003.

Para el SENA los empleadores del sector de la construcción, sector a la que pertenece la demandante, deben aplicar la Ley 21 de 1982 y los Decreto 2375 de 1974, 083 de 1976. Según esos dos decretos, el contratista principal debe asumir las obligaciones de los subcontratistas, en caso de que ellos no lo hagan.

Los valores incluídos en la cuantificación de los aportes fueron pagados al personal ocupado en esas vigencias y que fueron tomados de los estados financieros y los libros de contabilidad.

Para la empresa constructora, el SENA tomó sumas diferentes a las de nómina y por tanto amplió la base de cálculo sin autorización legal para ello. Añade que no verificó si los terceros, beneficiarios de los pagos estaban obligados a apagar aportes parafiscales.

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Sección Cuarta


Los gastos teoricos por depreciacion, amortizacion y agotamiento en el regimen tributario especial son egresos procedentes al tener relacion de causalidad con el objeto social de la entidad sin animo de lucro.
    Síntesis del caso:
La DIAN Seccional Cali modificó la declaración de renta por el año gravable 2002 de una Fundación, en el sentido de rechazar el beneficio neto por $ 760.837.000.

Explicó que para establecer el beneficio neto o excedente, de la totalidad de los ingresos de cualquier naturaleza se restan los que tienen relación de causalidad con los ingresos y son necesarios y proporcionados.

La partida desconocida como beneficio neto o excedente, se debió al rechazo de deducciones por depreciación, amortización, agotamiento, impuestos, provisiones, intereses, sanciones y gastos no operacionales.

Mientras tanto para la fundación actora, los egresos en que incurrió en el año 2002 estaban relacionados con su objeto y por tanto era procedente el beneficio neto o excedente en la forma como lo declaró, al no ser aplicable el Decreto 124 de 1997 como lo hizo la DIAN, pues los gastos en que incurrió tenían relación de causalidad con su actividad productora de renta.

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Sección Cuarta


Los servicios administrativos prestados a una aseguradora en relacion con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito – SOAT -, estan gravados con el impuesto sobre las ventas, al no estar vinculados con la seguridad social.
    Síntesis del caso:
La Seccional DIAN de Grandes Contribuyentes de Bogotá, profirió emplazamiento para declarar con el fin de que una sociedad que presta servicios relacionados con el SOAT presentara la declaración del impuesto sobre las ventas por el quinto bimestre del año 2006, ya que en su criterio, durante ese período gravable prestó servicios de auditoría gravados con este impuesto.

Para la DIAN de los numerales 3 y 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario se desprende que entre los servicios excluídos del IVA se encuentran los vinculados a la seguridad social, cuando son prestados por entidades de salud para atender accidentes de tránsito y eventos catastróficos, de lo que se evidencia que los desarrollados por la actora no encajan dentro de ellos, ya que el contrato suscrito entre la actora con una aseguradora para analizar y liquidar las cuentas por reclamaciones de amparo del SOAT, es un servicio que nada tiene que ver con la atención médico-quirúrgica y demás prestaciones de accidentes de tránsito.

Por su parte la demandante adujo que no era sujeto pasivo del IVA, por dedicarse en forma exclusiva a la prestación de servicios vinculados con la seguridad social.

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Sección Cuarta


La sancion por inexactitud no hace parte de la base para liquidar los intereses moratorios en la sancion por devolucion improcedente, ya sea que exista liquidacion oficial de revision o correccion del contribuyente para disminuir el saldo a favor.
    Síntesis del caso:
En ejercicio del medio de control de nulidad se demandaron los conceptos 068351 del 23 de septiembre de 2005 y 013940 del 28 de febrero de 2011 así como el Oficio 054184 del 29 de junio de 2006, todos expedidos por la DIAN.

En el concepto 068351 de 2005 frente a la pregunta de cuál es la base para la liquidación de los intereses moratorios sobre las sumas devueltas o compensadas en exceso que debe reintegrar el contribuyente cuando mediante liquidación de revisión se ha disminuido el saldo a favor declarado, la DIAN señaló que es la diferencia que resulta entre el saldo a favor de la declaración inicial y el saldo a favor de la liquidación oficial de revisión.

En cuanto a la pregunta de cuál es la base para liquidar los intereses moratorios sobre las sumas devueltas o compensadas que debe reintegrar el contribuyente cuando efectúa una corrección de la declaración que disminuye el valor del saldo a favor inicialmente declarado, la DIAN manifestó que es la diferencia entre el saldo a favor de la declaración inicial y el saldo a favor de la declaración de corrección lo que incluye el valor de la sanción por corrección.

Los planteamientos anteriores fueron reiterados en el Concepto 013940 de 2011 y en el oficio 054184 de 2006. Para los demandantes, en caso de imponerse sanción por devolución improcedente, este debe liquidarse solamente sobre las sumas devueltas o compensadas en exceso, en la parte que corresponde a la diferencia entre el impuesto liquidado en la declaración privada y el mayor impuesto determinado por la Administración, sin que sea posible incluir la sanción por inexactitud.

  (2016-06-08) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La aplicacion del principio de favorabilidad aduanera en la tarifa del gravamen arancelario tiene incidencia en el IVA en importaciones y en la sancion por inexactitud prevista en el Estatuto Aduanero.
    Síntesis del caso:
Teniendo en cuenta que en este caso concreto se presenta identidad con los supuestos de hecho y de derecho planteados en la sentencia a la que se ha hecho referencia, y que el principio de favorabilidad se aplica, aun de oficio, tanto por la Administración como por la Jurisdicción, la Sala procede a su aplicación porque la Liquidación Oficial de Corrección Nro. 1-03-241-201-639-01-1191 se expidió el 31 de julio de 2012, en vigencia del Decreto 4114 de 2010, que previó la reducción al 5% del arancel para los bienes de la subpartida 73.04.23.00.00.

En consecuencia, en atención al principio de favorabilidad, procede la liquidación del arancel a cargo de la sociedad SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIA en el 5% sobre la base gravable de $1.252.891.685. Esa modificación en la liquidación del arancel repercute en la del IVA, en consideración a lo previsto en el artículo 459 del Estatuto Tributario Adicional a lo anterior, téngase en cuenta que en las pretensiones de la demanda la parte actora solicitó que se declarara en firme la declaración de importación presentada el 3 de junio de 2009 y que “respecto de ella no se adeuda suma alguna por tributos aduaneros ni sanciones” (Se subraya), lo que indica que al referirse a tributos aduaneros, expresión que comprende los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas, necesariamente se estaba cuestionando la liquidación practicada por la Administración por estos dos conceptos, por los efectos que la liquidación de los derechos de aduana tiene sobre la base gravable del IVA.

Ahora bien, al modificarse el cálculo de los tributos aduaneros, necesariamente se debe reliquidar el monto de la sanción impuesta en virtud del numeral 2.2 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999, porque el 10% previsto en esta norma aplica sobre el valor de los tributos dejados de pagar, o lo que es lo mismo, sobre la diferencia a pagar.

  (2016-06-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Para la exencion de tributos aduaneros en la importacion de maquinaria y equipos destinados a la exploracion minera y de hidrocarburos se requiere que el interesado realice directamente las actividades.
    Síntesis del caso:
La Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá formuló requerimiento especial aduanero y posterior liquidación oficial de corrección, en relación con una declaración de importación de mercancía clasificada en la subpartida arancelaria 73.04.23.00.00, por error en la liquidación de tributos aduaneros, ocasionado por no cumplir los requisitos de la exención arancelaria prevista en el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992 adicionado por el artículo 1º del decreto 4743 de 2005.

La razón del desconocimiento de la exención por parte de la DIAN, se debió a que las normas antes mencionadas condicionan la exención arancelaria, a que la importación de maquinaria, equipos y repuestos con destino a la actividad minera o de hidrocarburos, fuera desarrollada directamente por el interesado.

Por su parte la actora aduce que:
    a) los bienes importados fueron destinados exclusivamente a la industria de hidrocarburos;

    b) la propia DIAN desconoció su propia doctrina emitida en conceptos anteriores, con lo cual violó de paso lo señalado en el artículo 264 de la Ley 223 de 1995;

    c) la DIAN carece de competencia para determinar la exención arancelaria en discusión.

  (2016-06-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La notificacion por aviso en diario de amplia circulacion en materia tributaria es excepcional porque no garantiza el real conocimiento de las decisiones administrativas.
    Síntesis del caso:
De las normas anteriores (Estatuto Tributario artículos 565, 566 y 568), en la versión vigente para el año gravable 1999, se advierte que la notificación de las liquidaciones oficiales debía hacerse por correo a la dirección informada por el contribuyente.

Debe precisarse que el artículo 566 del Estatuto Tributario, vigente para la fecha en que se notificó el acto administrativo acusado, debe ser leído sin la expresión «y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo», toda vez que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-096 del 31 de enero de 2001, la cual tiene efectos hacia el futuro y, en consecuencia, para la fecha en que se profirieron los actos acusados [5 de mayo de 2003], ya se había retirado dicha expresión del mundo jurídico.

En cuanto a la notificación por aviso en un diario de amplia circulación, como lo dispone el artículo 568 del Estatuto Tributario, procede cuando las notificaciones por correo sean devueltas «por cualquier razón»; sin embargo, como lo ha sostenido la Sala, la notificación por este medio es excepcional, porque no garantiza el conocimiento real de las decisiones administrativas.

Además, se ha precisado que la utilización de esta forma de notificación no puede atentar «contra el principio de publicidad garantizado por la “efectiva entrega del correo enviado” y contra las formas propias del debido proceso en la práctica de la notificación por correo que regula el artículo 566 ibídem, que exige esa entrega en la última dirección informada por el contribuyente destinatario de la notificación.

  (2016-06-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta


No es aceptable la notificacion por aviso en diario de amplia circulacion cuando la administracion tributaria entrega tardíamente en la oficina de correos el acto liquidatorio y por esa circunstancia no es posible la notificación por correo.
    Síntesis del caso:
La DIAN en relación con el año gravable 1999 modificó las declaraciones de renta y del impuesto sobre las ventas, de un contribuyente persona natural, previa diligencia de registro e inspección tributaria al establecimiento de comercio.

Tanto en los requerimientos especiales como en las liquidaciones oficiales, la administración propuso adicionar ingresos con fundamento en la presunción prevista en el artículo 760 del Estatuto Tributario, al considerar que hubo compras no registradas por el contribuyente.

El principal argumento de discusión planteado por el demandante, es que las liquidaciones oficiales no fueron notificadas dentro del término previsto por el artículo 710 del Estatuto Tributario. Explica que el 5 de mayo de 2003, último día para notificarlas, la DIAN entregó a las 6 p.m. en las oficinas de ADPOSTAL, los actos a notificar, de manera que no era posible notificarlos en el establecimiento de comercio del actor, dentro del horario normal de funcionamiento que era entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, como lo confirman declaraciones extrajudiciales rendidas por vecinos.

Conforme al artículo 566 del Estatuto Tributario, la notificación por correo implica la entrega de una copia del acto en la dirección informada, dentro de la oportunidad legal y en este caso solo vino a tener conocimiento de los actos administrativos, el día 17 de junio de 2003, cuando se le entregó un oficio donde se le informa que la notificación se llevó a cabo en el diario Portafolio del 30 de mayo de 2003.

Plantea el desconocimiento de los derechos de defensa y del debido proceso por parte del ente oficial, ya que pretendió realizar la notificación el último día y por fuera del horario normal no solo de la DIAN y de ADPOSTAL sino de atención del contribuyente.

  (2016-06-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta


En el impuesto sobre la renta, el contribuyente puede utilizar metodos de amortizacion distintos para fines contables y fiscales, al no existir norma fiscal que lo prohíba.
    Síntesis del caso:
La División de Liquidación de la DIAN Medellín le rechazó a ORBITEL S.A. la deducción por amortización en activos y en gastos preoperativos por $ 22.137.757.366, así como una deducción por conceptos salariales por $ 12.438.000.

El argumento para el rechazo de la deducción por inversiones amortizables fue el de que demandante amortizó activos intangibles y gastos preoperativos contablemente por el método de suma de los dígitos de los saldos decrecientes mientras que fines fiscales lo hizo por el método de línea recta.

El desconocimiento de la deducción por salarios estuvo referida a no inclusión de las vacaciones compensadas dentro de la base de aportes parafiscales.

Para el contribuyente los sistemas de amortización reconocidos por la ley fiscal son los de línea recta y el de reducción de saldos y utilizó el de línea recta.

  (2016-06-03) [Mas Información]
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Las diferencias entre el manejo contable y tributario del contribuyente se realiza a traves de registros contables y mediante revelaciones, estas ultimas a traves de las notas a los estados financieros.
    Síntesis del caso:
Es de anotar que las diferencias que se presentan entre lo contable y lo fiscal, ocasionadas por el manejo distinto que impone la aplicación de las normas que regulan estas dos materias, han sido tratadas en la normativa contable mediante procedimientos de registro contable y de revelación con el fin de dar a conocer a todos los usuarios de los estados financieros el monto de tales diferencias y la información necesaria para evaluar la situación financiera de la empresa y sus resultados.

En cuanto al registro contable de las diferencias permanentes entre las cifras contables y fiscales, el artículo 44 del Decreto 2649 de 1993 prevé la obligación de registrar en cuentas de orden fiscales, “las diferencias de valor existentes entre las cifras incluidas en el balance y en el estado de resultados, y las utilizadas para la elaboración de las declaraciones tributarias, en forma tal que unas y otras puedan conciliarse”.

Si se trata de diferencias temporales que puedan surgir entre las cifras informadas en la contabilidad y las presentadas en las declaraciones tributarias, el Decreto 2649 de 1993 dispone que la contabilización se lleve a cabo mediante el impuesto diferido débito o crédito, dependiendo del efecto que la contabilización de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos pueda ocasionar en los estados financieros.

Respecto a las revelaciones que deben hacerse mediante “Notas a los estados financieros”, el artículo 115 numeral 19 del Decreto 2649 de 1993, señala la necesidad de revelar “la conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la renta gravable (y entre la corrección monetaria contable y la fiscal, con indicación de la cuantía y origen de las diferencias y su repercusión en los impuestos del ejercicio y en los impuestos diferidos”.

  (2016-06-03) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los contratos suscritos por las empresas de Servicios Publicos de Barranquilla no pueden ser gravados con las Estampillas Pro Desarrollo Departamental y Pro Electrificacion Rural, al no intervenir en su otorgamiento un funcionario departamental.
    Síntesis del caso:
En ejercicio del medio de control de nulidad, se demandaron, las siguientes Ordenanzas Departamentales del Atlántico: la 041 de 2002 artículos 133, 135, 141, 143, 144, 145 y 148 con las modificaciones contenidas en la Ordenanza N° 011 de 2003 artículos 33, 34 y 38 que modificaron los literales a.1) y c) del artículo 135 y el artículo 145 literal c) de la Ordenanza 041 de 2002 y la Ordenanza 021 de 2005 artículo 36 que modificó el artículo 144 de la Ordenanza 041 de 2002.

Asimismo se demandó el Decreto Ordenanzal 823 de 2003 artículos 133, 135, 141, 143, 144, 145 y 148. Entre los argumentos de la demanda están que la Ordenanza 041 de 2002 y el Decreto Ordenanzal 823 de 2003 se expidieron con fundamento en la leyes 3 de 1986 y 26 de 1990 y el Decreto Ley 1222 de 1986, leyes en las que no se señala el hecho generador de la Estampilla Pro Desarrollo Departamental.

Los hechos generadores fueron creados por los artículos 135 y 145 de la Ordenanza 041 de 2002 y reproducidos en los artículos 135 y 145 del Decreto 823 de 2003, lo que genera la nulidad de estos artículos, por vulnerar los artículos 400 numeral 4 y 338 de la Constitución.

Asimismo, en cuanto a tener a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios –ESP en las que el Municipio tenga participación, como sujetos pasivos, señala la demandante que tanto la Ordenanza 041 de 2002 como el Decreto 823 de 2003, vulneran el artículo 175 del Decreto Ley 1222 de 1986, al gravar actos jurídicos en los que no interviene ningún funcionario Departamental y por tanto la administración territorial no expide o certifica acto o negocio jurídico alguno, dado que en esas empresas, no laboran funcionarios públicos.

  (2016-06-03) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Le corresponde al contribuyente demostrar la calidad de urbanizado no edificado de su inmueble, con miras a gozar del ajuste por equidad tributaria en el impuesto predial de Bogota.
    Síntesis del caso:
La sociedad Edificio Dalí I S.A. propietaria de un bien inmueble en Bogotá, al presentar la declaración del impuesto predial del año 2009, hizo uso del ajuste por equidad en la suma de $ 61.168.000.

La Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Secretaría de hacienda Distrital previo requerimiento especial, le modificó la liquidación privada y le determinó un impuesto a cargo de $ 97.057.000 y una sanción de $ 97.869.000.

La demandante presenta dos argumentos:
  • a) que a pesar de haber informado como dirección procesal en la respuesta al requerimiento especial, la Avenida calle 72 N° 6-30 Piso 14 de Bogotá, la administración notificó la liquidación oficial en el diario La república del 21 de octubre de 2011, porque el correo fue devuelto por la causal “dirección no existe” cuando la liquidación ya estaba en firme;


  • b) si bien no es posible aplicar el ajuste por equidad tributaria a los predios urbanizados no edificados, el predio objeto de gravamen no acreditaba esa condición para la fecha de causación del impuesto, pues se había adelantado la edificación en un 34% de cimentación y un 14% de estructura, lo que se demostró con las pruebas aportadas.

  (2016-06-03) [Mas Información]
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Es valido que la administracion tributaria notifique por aviso un acto liquidatorio de impuestos a la direccion de que disponga, despues que la notificacion efectuada a la direccion procesal informada por el contribuyente ha sido devuelta por el correo.
    Síntesis del caso:
“A partir de los hechos señalados y contrario a lo afirmado por el demandante, la Sala observa que la liquidación oficial de revisión fue enviada a la dirección procesal informada en la respuesta al requerimiento especial, esto es, a la Av Calle 72 N° 6-30 Piso 14 de Bogotá D.C. también se observa que la notificación fue devuelta bajo la causal “dirección no existe” circunstancia que a pesar de que debió ser revisada por la Administración en su momento, no le impedía remitir otro correo de notificación a la dirección del contribuyente que haya podido establecer y, que se concretó con el envío del acto a la dirección comercial del contribuyente.

Así las cosas, la Administración cumplió con el principio de publicidad al garantizar el fin último de la notificación, cual es poner en conocimiento del interesado la existencia de los actos administrativos que lo afectan, pues, además de enviar el acto de liquidación a la dirección procesal informada por el apoderado del contribuyente, también lo remitió a la dirección comercial de este último, dirección que según la Administración corresponde a la informada por el contribuyente en el última declaración del respectivo impuesto, quien no negó haber recibido copia del acto demandado.

No puede entonces la actora calificar de inocua la notificación practicada por la Administración, pues cumplió con el fin previsto que, como se dijo, consiste en poner en conocimiento del interesado el contenido de la decisión.

Prueba de ello radica en el hecho de que una vez surtida la notificación por aviso publicado en el Diario La república, el contribuyente interpuso el recurso de reconsideración contra el acto de liquidación, el cual fue resuelto en su oportunidad, lo que denota que la sociedad pudo ejercer en debida forma los derechos de defensa y de contradicción que le asisten”.

  (2016-06-03) [Mas Información]
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En el impuesto sobre la renta, las condiciones para las perdidas en enajenacion de activos ocasionada por un precio de venta inferior a su costo fiscal, se aplican tanto para activos fijos como para activos movibles.
    Síntesis del caso:
La DIAN Seccional Medellín le modificó a Bancolombia S.A. su declaración de renta por el año gravable 2006 en cuanto a los siguientes ítems:
  • a) Le adicionó ingresos por mayor venta de bienes inmuebles recibidos en dación en pago en cuantía de $ 17.978.791.000 como consecuencia de aplicarle la presunción del artículo 90 del Estatuto Tributario, de manera que no era aceptable la venta de tales bienes raíces por debajo del costo fiscal;

  • b) Rechazó la deducción por pérdida por siniestro de efectivo y canje por la suma de $ 571.529.426 debido a que no cumplía los requisitos previstos en el artículo 148 del Estatuto tributario, ya que no se daban los requisitos de la fuerza mayor y más bien tales hechos eran previsibles y resistibles;

  • c) Le desconoció la deducción por pérdida en la liquidación de la sociedad 3001 S.A. por la suma de $ 19.431.974.980, porque en la legislación colombiana no está prevista la pérdida por la liquidación de sociedades.

  (2016-06-03) [Mas Información]
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En la enajenacion de activos, la administracion tributaria debe analizar la diferencia entre el valor pactado por las partes y el valor comercial antes de adicionarle ingresos al contribuyente.
    Síntesis del caso:
“Conforme con lo anterior se infiere que el legislador, para fines tributarios, señaló unos criterios que se deben tener en consideración a efectos de fijar el valor comercial de los bienes raíces.

Pero, adicionalmente, previó que cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del valor comercial de los bienes en la fecha de su enajenación, es decir, cuando el valor acordado por las partes intervinientes en la enajenación se aparte en más de un veinticinco por ciento (25%) de los precios establecidos en el comercio para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos, el funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización respectivo, podrá rechazarlo para los efectos impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Nacional de Estadística, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el Banco de la República u otras entidades afines.

Conforme con lo anterior, se concluye que la regla general de determinación del precio mínimo de venta de los bienes raíces es la señalada en el inciso cuarto del artículo 90 del ET, vale decir, “[s]i se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto”, pero cuando el valor asignado por las partes se aparte en más de un 25% de los precios establecidos en el comercio para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, la DIAN podrá rechazar el precio fijado por las partes y señalar uno acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos”.

  (2016-06-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es deducible en el impuesto sobre la renta la perdida ocasionada en la liquidacion de sociedades al no aparecer dentro de las perdidas deducibles del Estatuto Tributario.
    Síntesis del caso:
Teniendo en cuenta que el recurso de apelación se dirige contra la negativa del Tribunal a otorgar el restablecimiento del derecho, como consecuencia de la violación del derecho de defensa del contribuyente, es necesario precisar que es cierto, como lo afirmó el a quo en su oportunidad, que el Consejo de Estado ha dicho que la pérdida originada en la liquidación de sociedades no es deducible porque no encuadra en ninguna de las pérdidas señaladas por el Estatuto Tributario como deducible.

En efecto, la deducción reclamada por el banco no es viable fiscalmente porque no está prevista expresamente en ninguna disposición, como se requiere para las deducciones y concretamente para las pérdidas; por lo tanto, no es procedente declarar la firmeza de la declaración privada en lo que tiene que ver con esta glosa”

  (2016-06-03) [Mas Información]
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto No 03767
26/02/2016

Gravamen a los movimientos financieros.- Cuenta de ahorro exenta.
    Las entidades o personas jurídicas también están incursas en la respectiva exención del GMF siempre que cumplan con los requisitos y demás condiciones que prevé la norma descrita y su reglamento.
Dando alcance al Oficio número 037127 de 31/12/2015, mediante el cual se atendió el Radicado número 5126 del 15/12/2015, acerca de la aplicación del numeral 1° del artículo 879 del Estatuto Tributario, para el caso de las personas jurídicas, es importante aclarar que en efecto, la mencionada norma señala:

“Artículo 879. Exenciones del GMF. Se encuentran exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros:

1. Los retiros efectuados de las cuentas de ahorro, los depósitos electrónicos o tarjetas prepago abiertas o administradas por entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria respectivamente, que no excedan mensualmente de trescientos cincuenta (350) UVT, para lo cual el titular de la cuenta o de la tarjeta prepago deberá indicar ante la respectiva entidad financiera o cooperativa financiera, que dicha cuenta, depósito o tarjeta prepago será la única beneficiada con la exención.

La exención se aplicará exclusivamente a una cuenta de ahorros, depósito electrónico o tarjeta prepago por titular y siempre y cuando pertenezca a un único titular. Cuando quiera que una persona sea titular de más de una cuenta de ahorros, depósito electrónico y tarjeta prepago en uno o varios establecimientos de crédito, deberá elegir una sola cuenta, depósito electrónico o tarjeta prepago sobre la cual operará el beneficio tributario aquí previsto e indicárselo al respectivo establecimiento o entidad financiera”.

  (2016-06-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La direccion de notificaciones informada por el contribuyente durante una visita de registro tributario inicial no puede entenderse como direccion procesal.
    Síntesis del caso:
La demandante aduce que la notificación por aviso efectuada en el Diario Portafolio del emplazamiento para corregir la declaración de renta por el año gravable 2003 es nula, ya que la DIAN desconoció el artículo 564 del Estatuto Tributario, porque el contribuyente en aplicación de dicha norma hizo uso de la “dirección procesal”, al indicar en la diligencia de registro una dirección de Medellín en lugar de la de Rionegro que había sido informada en el RUT.

La actuación de la DIAN, además de violar los artículos 564, 565 y 566 del Estatuto Tributario, por desconocer la dirección procesal y enviar el emplazamiento a una dirección donde ya no se encontraba, produjo la pérdida del beneficio de auditoría, debido a esa notificación irregular.

Por su parte la Administración señala que la dirección indicada durante la diligencia de registro, no constituye una manifestación expresa de ser la dirección procesal, además que dicha diligencia no constituye un proceso de determinación, sino una actuación preventiva probatoria.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los actos de la administracion tributaria deben notificarse a la direccion que aparezca en el RUT y en caso de ser devuelta por el correo procede la notificacion por aviso.
    Síntesis del caso:
“Es de anotar que las normas sobre notificación de las actuaciones de la Administración deben armonizarse con las relativas al Registro Único Tributario-RUT, pues dicho registro fue creado como mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los obligados y responsables tributarios.

Es decir, la información sobre los obligados y responsables tributarios y, en general, toda aquella información que sobre ellos requiera la Administración, es agrupada en el sistema único de información (dirección de notificación, información sobre la actividad económica, etc), para facilitar no sólo la gestión de la DIAN, sino la de las demás entidades del Estado que la requieran…

Teniendo en cuenta que el RUT es el único mecanismo para ubicar a los contribuyentes, la Sala precisó que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 863 de 2003, que adicionó el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, sólo es pertinente consultar la información que aparece en el RUT, siempre y cuando la dirección haya sido informada, porque si el contribuyente no ha suministrado ninguna información, se pueden seguir consultando las fuentes de información o ubicación a que alude el inciso segundo del artículo 563 ib, v gr., guías telefónicas, información comercial o bancaria, etc.

En consecuencia, la notificación por correo debe hacerse a la última dirección informada por el contribuyente en el RUT y si se envía a una dirección distinta a la informada, es un error que se puede corregir dentro del término para notificar el acto.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Conforme a la ley 1607 de 2012, las generadoras de energia electrica son gravadas con el impuesto de industria y comercio siempre que la energia comercializada sea producida por ellas mismas.
    Síntesis del caso:
El Municipio de Caloto (Cauca) le notificó a EMGESA S.A. un emplazamiento por no presentar las declaraciones del impuesto de industria y comercio de los años 1998 a 2004, por la realización de actividades de comercialización de energía eléctrica.

La actora señaló que no era contribuyente del impuesto porque su actividad principal era la generación de energía más no la comercialización, es decir que EMGESA siendo productor no puede al mismo tiempo convertirse en comercializador por adquirir faltantes en el mercado de energía.

Aún en el caso que EMGESA realizara una actividad de comercialización de energía, tampoco es sujeto pasivo del ICA en Caloto, pues la venta de energía se entiende realizada en el municipio donde es adquirida.

Por su parte para el Municipio de Caloto, la actora ejerce como agente comercializador de energía y según el artículo 51 de la Ley 383 de 1997 debe pagar el impuesto de industria y comercio, pues esa comercialización constituye la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


No es inconstitucional ni inaplicable que los ingresos varios hagan parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio para las entidades del sector financiero.
    Síntesis del caso:
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA demandó en acción de simple nulidad apartes del Anexo 1 de la Circular 11 de 2011 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia por la cual se crearon y modificaron las proformas relacionadas con la base gravable del impuesto de industria y comercio de las entidades vigiladas, porque en su parecer conforme al artículo 4° de la Constitución Política debían inaplicarse los literales E) del numeral 1 y D) del numeral 2° del artículo 207 del Decreto Ley 1333 de 1986 por violar el artículo 338 de la Constitución Política.

La expresión “ingreso varios” es clara en cuanto al sustantivo “ingresos” pero totalmente indeterminada en cuanto al adjetivo “varios” que puede ser aplicado a conceptos muy diversos.

El artículo 207 del Decreto Ley 1333 de 1986 al establecer la base gravable del impuesto de industria y comercio para el sector financiero, no tuvo en cuenta en el literal E, los ingresos varios. La Corte Constitucional mediante sentencia C-046 de 1998 advirtió l conveniencia para la certeza jurídica de que la expresión ingresos varios hubiera sido suprimida del ordenamiento legal.

Mientras tanto para la Superfinanciera, no es viable aplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 207 del decreto 1333 de 1986 ya que no fue el fundamento para la expedición de la Circular 11 de 2011, sino que en su lugar fue el artículo 11.2.1.4.2 numerales 9 y 14 del decreto 2555 de 2010.

La mencionada Circular no viola el artículo 338 de la Constitución porque no creó elementos nuevos para establecer el impuesto de industria y comercio, sino que previó la forma de diligenciar la información por las entidades sujetas a supervisión y control de la Superintendencia.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los dos anos de prescripcion de la sancion por no enviar informacion se cuentan desde la fecha de la declaracion de renta del ano en que se vencio el plazo para informar.
    Síntesis del caso:
La DIAN Seccional Cali mediante pliego de cargos le propuso al contribuyente la sanción por no enviar información por la suma de $ 330.810.000, acto que fue confirmado mediante resolución sancionatoria.

El monto anterior fue reducido con motivo de la resolución del recurso de reconsideración a $ 314.610.000, porque el tope máximo para el año 2007, era de 15.000 UVT.

El actor argumenta que:
  • a) no hay constancia de que el pliego de cargos se haya notificado al contribuyente;

  • b) la facultad sancionatoria prescribió porque la DIAN envió la resolución a una dirección desactualizada;

  • c) la sanción fue impuesta en forma extemporánea porque el término de los dos años del artículo 638 del Estatuto Tributario, se cuentan desde la fecha de presentación de la declaración de renta del período del cual se pide la información.
Para la DIAN los dos años que tiene la administración para notificar el pliego de cargos, se cuenta a partir de la presentación de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio del año en que ocurrió la irregularidad sancionable.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Contra un acto sancionatorio es obligatorio interponer el recurso de reconsideracion para agotar la via gubernativa, sin importar el nombre que se le de a ese recurso.
    Síntesis del caso:
La DIAN le profirió pliego de cargos y luego acto sancionatorio a un contribuyente, persona natural, por no presentar información exógena respecto del año gravable 2007.

Uno de los argumentos expuestos por el sancionado tiene que ver con reducir la sanción al 20% de la impuesta por la administración y reclama que como presentó la información a la DIAN, ésta debía formular un nuevo pliego de cargos y no imponer la sanción de plano.

Afirma que la administración debió graduar la sanción y no ratificar la sanción máxima. Por su parte la administración, dice que el contribuyente no agotó la vía gubernativa, por cuanto no interpuso el recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio sino que optó por la solicitud de revocatoria directa.

En cuanto a la prescripción de la facultad sancionatoria, ésta no se presentó porque el plazo para notificar el pliego de cargos, vencía dos años después de la fecha prevista para declarar renta por el año gravable respectivo.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La falta de entrega y la entrega tardia de informacion no pueden analizarse de manera semejante para determinar el dano que puede causarle al fisco y para la tasacion de la sancion.
    Síntesis del caso:
la Sala ha reiterado que es evidente que cuando el artículo 651 del Estatuto Tributario utiliza la expresión ‘hasta el 5%’, se le está otorgando a la Administración un margen para graduar la sanción, pero esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria.

Por tanto, corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que deben atender no solo los criterios de justicia y equidad, sino también los de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, como fue expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-160 de 1998.

También ha precisado que aunque la falta de entrega de información y la entrega tardía de esta inciden en las facultades de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y sanciones y, en esa medida, pueden considerarse potencialmente generadoras de daño al fisco, principalmente sobre su labor recaudatoria, sin dejar de lado los consiguientes efectos negativos sobre las arcas públicas, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño inferido.

Ello, por cuanto mientras la falta de entrega afecta considerablemente la efectividad en la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de estas, la entrega tardía impacta la oportunidad en su ejercicio, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo, no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero si, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


El servicio notarial esta gravado con el impuesto de industria y comercio independiente de que haya sido o no señalado en los acuerdos municipales como actividad analoga a los servicios considerados como gravados en la Ley 14 de 1983.
    Síntesis del caso:
A través de dos procesos que fueron acumulados en primera instancia, varios ciudadanos solicitaron la nulidad de las expresiones “Protocolización, autenticación de documentos y demás actividades realizadas por las notarías” contenidas en el artículo 48 del Acuerdo Distrital 011 de 29 de diciembre de 2006 expedido por el Concejo Distrital de Santa Marta y la Alcaldía Distrital de Santa Marta.

El demandante del proceso 2011-00133-00, adujo que el servicio que prestan las notarías no es de naturaleza comercial o industrial ni análogo o similar a los servicios gravados expresamente por el Decreto Ley 1333 de 1986. La potestad de incluir a los sujetos en el impuesto de industria y comercio depende que los servicios que presten constituyan una actividad que por su naturaleza, pueda ser calificada legalmente como mercantil o industrial.

Es desatinada la comparación del acuerdo demandado al equiparar la actividad notarial con las actividades descritas en el artículo 199 del Decreto Ley 1333 de 1986. La voluntad del legislador nunca ha sido la de permitir o sugerir que la actividad notarial se considere de naturaleza comercial o industrial.

Mientras que en el proceso 2010-00250-00, los demandantes alegaron que el servicio de las notarías no es de naturaleza comercial o industrial, ni mucho menos análogo, y el artículo demandado está viciado de nulidad por falta de competencia y violación a las normas superiores.

  (2016-05-26) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los ingresos por venta de bienes en los almacenes in bond al considerarse exportaciones no estan gravados con el impuesto de industria y comercio.
    Síntesis del caso:
Seis sociedades presentaron en el Distrito Capital las declaraciones bimestrales del impuesto de industria y comercio, por los años 2005 a 2008, en las que liquidaron el impuesto a cargo sobre los ingresos obtenidos en cada período por la venta de productos extranjeros en depósitos francos a viajeros con destino al exterior, comúnmente conocidos como venta en almacenes in bond.

A raíz del Concepto 1200 de 2009 de la Secretaría de Hacienda Distrital se precisó que la reexportación de productos importados ubicados en depósitos francos se considera exportación y por tanto los ingresos por ese concepto son deducibles del impuesto de industria y comercio.

Los ahora demandantes solicitaron la devolución del impuesto que liquidaron y pagaron sobre los ingresos percibidos por la venta de productos extranjeros en depósitos francos a viajeros con destino al exterior, pero el Distrito Capital a cinco de la sociedades, les negó la devolución porque en su parecer se debía corregir las declaraciones para incluir la deducción por exportaciones y después solicitar la devolución.

A la otra sociedad le devolvió sin reconocer intereses. Los demandantes afirman que respecto al pago de lo no debido que hicieron, tienen derecho al reconocimiento de intereses legales del Código Civil, así como a los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario.

  (2016-05-26) [Mas Información]
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Sección Cuarta


En la devolucion del pago de lo no debido no procede reconocer la actualizacion por el lapso comprendido entre la fecha de pago y la fecha en que se nego la devolucion cuando el pago indebido es voluntario.
    Síntesis del caso:
: “…En consecuencia, fue la parte actora quien decidió incluir en sus declaraciones, como gravados, los ingresos provenientes de las exportaciones. Así lo reconoció en la demanda, pues aceptó que sus ingresos corresponden a exportaciones, por cuanto la totalidad de las ventas se efectúan a viajeros con destino al extranjero, de acuerdo con la regulación correspondiente a depósitos francos y que estos ingresos no están gravados con el ICA.

Asimismo, reconoció que desde su habilitación como titular de depósitos francos presentó las declaraciones de ICA. Por su parte, el Distrito Capital también reconoció que la parte demandante presentó sus declaraciones de manera voluntaria, pues sostuvo que el pago del impuesto fue consecuencia de “un querer unilateral de la sociedad actora, es decir, no hubo una actuación de la Administración que estimulara la realización del pago que se devolvió”.

En consecuencia, la actora tenía derecho a la devolución del impuesto de industria y comercio que pagó por los periodos en discusión. También tenía derecho al reconocimiento y pago de los intereses del artículo 863 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 154 del Decreto 807 de 1993.

  (2016-05-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En la devolucion del pago de lo no debido no proceden los intereses corrientes cuando la suma devuelta no estuvo en discusion.
    Síntesis del caso:
“…En consecuencia, el Distrito Capital debe reconocer intereses moratorios a SANTAFÉ DUTY FREE LTDA (hoy SANTAFÉ DUTY FREE S.A.S) sobre los $381.509.000, desde el 7 de septiembre de 2010, que es el día siguiente al vencimiento del plazo para devolver, hasta la fecha en que giró el cheque, emitió el título o efectuó la consignación respectiva.

De acuerdo con el artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional, no proceden los intereses corrientes porque la suma devuelta no estuvo en discusión. Por las razones anteriores, se modifica el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada para ordenar, respecto a las demandantes, menos SANTAFÉ DUTY FREE LTDA (hoy SANTAFÉ DUTY FREE S.A.S), además de la devolución del impuesto y el reconocimiento y pago de los intereses corrientes en los términos que dispuso el a quo, el reconocimiento y pago de los intereses de mora, a partir de la ejecutoria de esta providencia hasta la fecha del pago por el Distrito Capital.

Y en favor de SANTAFÉ DUTY FREE LTDA (hoy SANTAFÉ DUTY FREE S.A.S) se ordena el reconocimiento y pago de intereses de mora desde el vencimiento del plazo para devolver (7 de septiembre de 2010) hasta cuando el Distrito Capital pagó dicha suma…”.

  (2016-05-26) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad no pueden solicitar la deduccion por depreciacion de activos fijos en la declaracion de renta, ya que se requiere el registro contable de la depreciacion.
    Síntesis del caso:
Un ciudadano solicitó la nulidad del Concepto 16805 del 2 de marzo de 2001 expedido por la División de Normativa y Doctrina Tributaria de la DIAN, según el cual los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad no pueden fiscalmente hacer uso de la deducción por depreciación, ya que la ley tributaria exige que la depreciación se lleve en registros contables en la forma que indique el reglamento.

Según el demandante el concepto vulnera el artículo 363 de la Constitución Política relacionado con los principios de equidad y de progresividad ya que al no permitir la deducción por depreciación de activos fijos a los contribuyentes no obligadas a llevar contabilidad, les asigna una carga excesiva, toda vez que se aumenta la base de tributación de esos contribuyentes.

Aduce que la depreciación no la causa un registro contable sino el desgaste o deterioro por el uso del bien y el legislador al establecer el beneficio de la deducción por depreciación, no diferenció entre obligados y no obligados a llevar contabilidad.

  (2016-05-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los comerciantes estan obligados a llevar contabilidad conforme al Codigo de Comercio y el Decreto 2649 de 1993, debido a la realizacion profesional y habitual de actividades mercantiles.
    Síntesis del caso:
“…El artículo 19 del Código de Comercio estableció que, por regla general, todos los comerciantes están obligados a “llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales”, y es comerciante toda persona que realice profesionalmente las actividades consideradas por la ley como mercantiles, ya sea personalmente o por interpuesta persona.

Así, por regla general, la obligación formal de llevar contabilidad está dada en función de la realización profesional y habitual de actividades mercantiles, conceptos que al definir la calidad de comerciante de un sujeto implican un tratamiento legal diferenciado con respecto a las personas que ocasionalmente desarrollan actos de naturaleza mercantil y que, al no ser considerados comerciantes, no deben llevar contabilidad.

En otras palabras, las obligaciones que en materia contable recaen sobre los comerciantes, en razón de sus actividades y de la habitualidad con las que las realizan, no son las mismas que para las personas que no acreditan tal condición, por lo que no se trata de sujetos sobre los cuales se exija un tratamiento igualitario por parte de la ley, ya que no están en las mismas condiciones de hecho y de derecho…

Se evidencia, entonces, que la contabilidad, al contener el registro de las actividades que los sujetos obligados a llevarla ejecutan, permite identificar, medir, clasificar, analizar, evaluar e informar las operaciones por estos realizadas, de forma clara, completa y fidedigna, lo que para efectos fiscales permite determinar las cargas tributarias en cabeza de los contribuyentes…

De lo expuesto, se concluye que el tratamiento fiscal que en materia contable recae sobre los comerciantes, está constituido por una serie de deberes y prerrogativas originados en la naturaleza misma de las actividades que realizan habitualmente, los cuales no aplican a los sujetos que no están obligados a llevar contabilidad y que, por consiguiente, no se encuentran en las mismas condiciones de aquellos…”

  (2016-05-26) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


No estan gravadas con el impuesto de industria y comercio las primas de seguros previsionales y la rentas vitalicias por ser recursos de destinacion especifica para la seguridad social.
    Síntesis del caso:
Una aseguradora en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 presentó y pagó las declaraciones de industria y comercio, en la que incluyó en el renglón de “ingresos netos gravables” valores correspondientes a recursos de la seguridad social en pensiones.

En septiembre de 2010, la entidad financiera solicitó ante la Dirección de Impuestos Distritales la devolución del impuesto de industria y comercio pagado en las declaraciones antedichas, alegando el pago de lo no debido del impuesto liquidado.

La administración negó la devolución por cuanto la corrección de las declaraciones que disminuyen el saldo a pagar debe realizarse en los plazos señalados en el artículo 589 del Estatuto Tributario.

La demandante afirma que las primas que reciben las aseguradoras por concepto de seguros previsionales y por rentas vitalicias no están gravadas con ningún impuesto por tratarse de recursos del Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Señala que el término para solicitar la devolución no es de dos años como lo señalaba el artículo 147 del Decreto 807 de 1993, norma que fue anulada por el Consejo de Estado, sino que el término de prescripción aplicable es el previsto en el artículo 2536 del Código Civil.

Asimismo recuerda que el Consejo de Estado, en reiterados fallos ha señalado que no se requiere la corrección de las declaraciones para la devolución del pago de lo no debido.

  (2016-05-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El acta de aprobacion de liquidacion de una sociedad es un acto sometido al impuesto de registro y su base es el valor incorporado en dicho documento.
    Síntesis del caso:
La Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca liquidó a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el impuesto de registro, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2004, pues afirmó había lugar a modificar la liquidación privada presentada por el contribuyente, toda vez que este admitió e inscribió en el registro mercantil, el acta contentiva de la aprobación final de la liquidación de la sociedad Luz de Bogotá S.A. como un acto sin cuantía, el cual según su criterio, sí la tiene y lo sancionó por inexactitud.

La Sala revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló tales actos y, en su lugar, negó su nulidad, por cuanto concluyó que en los términos de los recursos de apelación formulados por la parte demandada y el Ministerio Público, el procedimiento previo adelantado para la expedición de la liquidación oficial de revisión, fue adecuado, pues si bien resultaba improcedente la revocatoria directa del requerimiento especial, al ser un acto de trámite o preparatorio, este podía ser ampliado, con el fin de incluir hechos y conceptos no contemplados inicialmente y proponer una nueva determinación oficial que modifique el valor de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones, e incluso, era válido para corregir la falta o ausencia de motivación.

  (2016-05-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La administracion puede revocar un requerimiento siempre que el nuevo acto sea para mejorar su contenido y con ello no debe entenderse que se expidieron dos requerimientos.
    Síntesis del caso:
De manera reiterada se ha dicho que tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial deben ser motivados, pues si la autoridad tributaria rechaza la liquidación privada presentada por el contribuyente, debe poner en conocimiento de éste los motivos de desacuerdo para permitirle ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Esta motivación no se debe limitar a transcribir la norma incumplida o enunciar los requisitos señalados en la misma, es necesario que contenga una explicación sumaria, es decir, breve o concisa, pero suficiente respecto de las razones por las cuales se propone la modificación de la declaración privada.

En el caso concreto, se advierte que mediante el Requerimiento Especial Nro. 000001 del 28 de agosto de 2006, notificado a la Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2006, el Director de Rentas (E) de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca le propuso modificar la liquidación privada del impuesto de registro presentada por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2004, (…) Este requerimiento especial se revocó de manera directa por el mismo funcionario que lo profirió, mediante la Resolución Nro. 001626 del 12 de septiembre de 2006, con el argumento de deficiente motivación del acto y su repercusión en el derecho de defensa y al debido proceso.

Revisado en integridad el contenido del Requerimiento Especial Nro. 000001 de 2006, se observa que este no contaba con la suficiente motivación; sin embargo, contrario a lo razonado por el departamento demandado, esta circunstancia no conduce a que en casos como el presente proceda la revocatoria directa de un acto de trámite, como sin duda lo es el requerimiento especial.

  (2016-05-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El Ministerio Publico puede interponer recurso de apelacion contra la sentencia de primera instancia, aunque el proceso haya sido promovido por un tercero.
    Síntesis del caso:
Conforme con el artículo 277-7 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá la función de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.

Por su parte, el artículo 127 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable en el caso concreto, dispone que el Ministerio Público es parte y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en las conciliaciones extrajudiciales ante los centros de conciliación e intervendrá en éstos en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. (…)

Como se observa, en las normas en cita se prevé que el Ministerio Público podrá intervenir en todos los procesos e incidentes de carácter judicial, con el propósito de propender por la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales.

Esa capacidad de intervención, le atribuye al Ministerio Público la facultad de participar en el proceso judicial de manera activa, como garante de los cometidos citados con anterioridad; por lo tanto, entre otras actuaciones, podrá intervenir como impugnante de la decisión del juez de conocimiento, independientemente de que el proceso haya sido promovido por un tercero (…); por lo tanto, es necesario que el juez verifique –en el momento de decidir sobre la admisión del recurso o al resolver el fondo del recurso interpuesto por el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes- si la impugnación tiene relación con alguno de los fines u objetivos constitucionales de intervención.

  (2016-05-25) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La presuncion de veracidad de las declaraciones no exime al contribuyente de demostrar los hechos declarados, los cuales pueden ser desvirtuados por la administracion.
    Síntesis del caso:
La demandante en su calidad de comercializadora al solicitar la devolución del saldo a favor registrado en su declaración del IVA por el 5º bimestre del año 2010 por $ 183.591.000, obtuvo un rechazo por parte de la DIAN de compras y servicios gravados por $ 717.731,250 por operaciones con uno de sus proveedores, al igual que desconoció impuestos descontables por $ 114.837.000.

El desconocimiento de las partidas anotadas respecto a ese proveedor, se originó en indicios, como no ubicar la dirección que figuraba en las facturas de los proveedores, los números telefónicos no correspondía a los registrados en el RUT, no encontrar contabilidad, aparece como omiso en el sistema MUISCA, inconsistencias en la forma de pago, ausencia de movimientos en la cuenta bancaria.

Todo lo anterior llevó a la administración a determinar que las operaciones de compra que originaron impuestos descontables eran inexistentes.

  (2016-05-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No ubicar a los proveedores o hacer pagos a personas diferentes a aquellos son indicios que desvirtuan las declaraciones tributarias e invierten la carga de la prueba.
    Síntesis del caso:
“Uno de los medios de prueba admisibles en materia tributaria es la prueba indiciaria. Los indicios se pueden definir como la inferencia lógica a través de la cual de un hecho cierto y conocido se llega a conocer otro hecho desconocido.

El indicio hace parte de la prueba a través de otros medios de prueba, es decir, debe ser probado. De acuerdo con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, para que un hecho pueda considerarse como indicio, debe estar debidamente probado en el proceso.

Por su parte, el artículo 250 del mismo ordenamiento dispone que el juez debe apreciar los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que existan en el proceso. Así, en materia tributaria, los indicios constituyen una prueba subsidiaria pues suplen la falta de pruebas directas.

Solo ante la falta de estas puede acudirse a los indicios, que deben ser valorados en conjunto. La Sección Cuarta del Consejo de Estado ha reconocido que un conjunto de indicios contundentes puede ser suficiente para determinar con plena certeza que el contribuyente simuló operaciones, por lo cual se logra desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración del impuesto.

  (2016-05-24) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La Sala reitera que la sancion por enviar informacion con errores solo procede cuando estos generen algun dano a la administracion.
    Síntesis del caso:
Solocauchos S.A.S. estaba obligada a presentar información en medios magnéticos por el año gravable 2007, la que presentó oportunamente, pero con errores, toda vez que en el reporte de retenciones en la fuente por servicios consignó el valor de $140,201,333,333,333 y en el campo “retención” indicó $841.208.

La DIAN le notificó pliego de cargos en el que propuso imponerle la sanción por enviar información con errores, prevista en el artículo 651 E.T., al advertir que la base no guardaba coherencia con el valor retenido.

Al responder el pliego, la actora indicó que la información contenía un error involuntario de transcripción en la base de retención, pues el valor correcto era $14.020.133, en respaldo de lo cual anexó los soportes contables.

La DIAN le impuso la sanción propuesta en el pliego, que ajustó al tope máximo legalmente establecido cuando resolvió el recurso de reconsideración que la sancionada interpuso.

Dentro del término de ejecutoria del acto que resolvió el recurso, la actora presentó el formulario en el que corrigió digitalmente la información. Luego, demandó la nulidad de los actos sancionatorios y el Tribunal Administrativo de Caldas los anuló y declaró que no estaba obligada a pagar la sanción.

La Sala estudió la legalidad de dichos actos, concretamente para establecer si procedía imponer a la actora sanción por enviar información en medios magnéticos.

  (2016-05-17) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La Seccion preciso su jurisprudencia acerca de la causacion y la exigibilidad de la obligacion de pagar la compensacion del impuesto predial.
    Síntesis del caso:
Mediante la Resolución 649 del 24 de noviembre de 2011, el Municipio de Cogua (Cundinamarca) liquidó y cobró la compensación del impuesto predial, a cargo de la CAR Cundinamarca, por las vigencias 2000 a 2011, más los intereses, acto que confirmó en Resolución 104 del 10 de abril de 2012, al resolver el recurso de reconsideración que la CAR interpuso.

La CAR promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra dichas resoluciones.

Se estudió la legalidad de esos actos, entre otros aspectos, para precisar el tema de la causación y la exigibilidad de la obligación de pagar la compensación del predial cuando el municipio no exige en su regulación local la presentación de una declaración tributaria.

  (2016-05-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los municipios pueden conceder exenciones sobre tributos locales, en condiciones de igualdad, a todas las iglesias y confesiones religiosas.
    Síntesis del caso:
En el artículo 53 literal c) del Acuerdo 29 de 2004, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 27 de 2009, el Concejo Municipal de Facatativá estableció una exención del impuesto predial para los inmuebles de propiedad de las iglesias reconocidas por el Estado, dedicados exclusivamente al culto.

Con base en dichas normas, la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová pidió a la Secretaría de Hacienda de Facatativá la exención del impuesto predial, por los años 2011 a 2019, respecto de un inmueble de su propiedad con área de 261.174,00 M2.

El municipio accedió parcialmente a esa solicitud, en el sentido de decretar la exención en un 31.35% sobre el valor a pagar en la fecha del pago, porcentaje correspondiente al área construida del bien (79.964,47 M2), según la inspección que efectuó sobre el mismo.

La iglesia recurrió en reconsideración la anterior decisión y el municipio la confirmó al resolver el recurso. La Sala estudió la legalidad de los actos que concedieron a la actora la exención parcial del impuesto predial respecto de los edificios dedicados al culto, concretamente para determinar el alcance de la exención, así como la existencia o no de trato discriminatorio a la demandante frente a los bienes de la iglesia católica.

  (2016-05-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los actos que liquidan intereses en cumplimiento de una sentencia judicial no son demandables ante la jurisdiccion porque son actos de ejecucion.
    Síntesis del caso:
Inversiones Los Ángeles S.A. declaró el impuesto predial unificado por los años 1996 a 2002. Posteriormente, pidió que se le devolviera la suma que pagó con ocasión de esas declaraciones, petición que la Administración Distrital de Impuestos de Bogotá le negó.

Luego, la sociedad ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que le negaron la devolución, los cuales fueron anulados por el Consejo de Estado en sentencia del 23 de septiembre de 2010 en la que, además, ordenó devolver la suma solicitada como pago de lo no debido, junto con los intereses corrientes y moratorios a que hubiere lugar.

Con resolución del 28 de febrero de 2011, la Administración ordenó devolver la suma fijada en la sentencia y, respecto de los intereses, con resolución del 31 de marzo del mismo año ordenó pagar $465.278.000, decisión que confirmó al resolver el recurso de reposición que la interesada interpuso.

Inversiones Los Ángeles promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos liquidatorios de los intereses. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la nulidad, porque concluyó que el cálculo de los intereses se ajustó a la ley.

Al proveer sobre el recurso de apelación que la demandante interpuso contra esa decisión, la Sala analizó si los referidos actos son o no demandables ante la Jurisdicción.

  (2016-05-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden provisionalmente los efectos de los incisos 4, 5 y 7 del art. 15 y el art. 16 del Decreto 650 de 1996, reglamentario de la Ley 223 de 1995.
    Síntesis del caso:
Juan Sebastián Rubio Barragán demandó la nulidad y solicitó la suspensión provisional de los literales h) y l) del artículo 6; de las expresiones “inmuebles” del inciso primero del artículo 7 y “solicitud de” contenida en el inciso 3 del artículo 14; de los incisos 4, 5 y 7 del artículo 15 y del artículo 16 del Decreto 650 de 1996, por el que el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente la Ley 223 de 1995.

El Ponente negó la suspensión de los literales h) y l) del artículo 6 y de las expresiones acusadas de los artículos 7 y 14 y decretó la suspensión de los efectos de los incisos 4, 5 y 7 del art. 15, en tanto fijan plazos diferentes a los previstos en la ley para solicitar y efectuar la devolución de lo pagado por concepto de impuesto de registro cuando el documento no se registra por no ser registrable o cuando se desista de la solicitud de registro.

Además, suspendió provisionalmente los efectos del artículo 16, por contrariar los artículos 577 y 802 del Estatuto Tributario, conforme con los cuales, en materia de tributos, procede acercar los valores a unidades o múltiplos de mil y no de cien, como lo previó dicho artículo.

  (2016-05-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Esta vigente el articulo 69 del Decreto 187 de 1975, que regula la forma y los plazos en que se amortizan las inversiones en explotaciones infructuosas.
    Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al estudiar la legalidad de la frase “amortizados con rentas de otras explotaciones productivas de la misma naturaleza” contenida en el inciso segundo del artículo 69 del Decreto 187 del 8 de febrero de 1975, por el cual se dictaron disposiciones reglamentarias en materia del impuesto sobre la renta y complementarios.

En concreto, la Sala analizó si el aparte acusado se expidió con fundamento en el inciso 5° del artículo 58 del Decreto 2053 de 1974 y si, al expedirlo, el Gobierno excedió la potestad reglamentaria; además, la Sala estudió si dicho aparte había sido o no derogado por el artículo 236 de la Ley 685 de 2001.

  (2016-05-10) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El termino de exigibilidad de la contribucion de valorizacion no se puede determinar por la fecha de expedicion del certificado de deuda fiscal, dado que este no es el acto constitutivo de la obligacion, sino el que liquida y distribuye el gravamen.
    Síntesis del caso:
Mediante la Resolución 157 de 16 de diciembre de 1998, el Área Metropolitana de Cúcuta distribuyó y asignó la contribución de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la obra “colector margen izquierda del río Táchira”.

El 1° de febrero de 2008, el Subdirector de Transporte Público y Valorización de la misma área metropolitana expidió las certificaciones de deuda fiscal en las que reconoció la deuda por concepto de la contribución a ciertos predios afectados por la obra.

Con base en esas certificaciones, el mismo funcionario abrió procesos de jurisdicción coactiva y libró mandamiento de pago contra los propietarios de tales predios, quienes formularon excepciones que se declararon no probadas.

La Sala estudió la legalidad de estas resoluciones, concretamente para determinar si las certificaciones de deuda fiscal constituyen títulos ejecutivos y, en caso de serlo, si el término de prescripción de la acción de cobro de la contribución de valorización se cuenta a partir de la expedición de dichos certificados o no.

  (2016-05-10) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En virtud de los principios de buena fe y confianza legitima, las declaraciones privadas del ICA presentadas en cumplimiento de normas municipales o distritales que establecen un periodo de causacion del impuesto distinto al previsto en la ley, gozan de plenos efectos.
    Síntesis del caso:
Con base en la autorización prevista en el artículo 91 del Acuerdo Distrital 041 de 2006, la Unión de Droguistas S.A. presentó las declaraciones bimestrales del impuesto de Industria y Comercio, por los años gravables 2007 a 2009 y pagó el tributo liquidado en cada una de ellas.

El 4 de mayo de 2011, la Secretaría de Hacienda del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena sancionó a esa firma por no presentar la declaración anual del ICA de dichos años, sanción que liquidó con base en los ingresos registrados en las referidas declaraciones bimestrales.

El Distrito confirmó la sanción al resolver el recurso de reconsideración que la Unión de Droguistas interpuso contra la decisión sancionatoria.

La Sala estudió la legalidad de los actos sancionatorios, en orden a determinar si, en el caso concreto, las declaraciones bimestrales del ICA fueron suficientes para satisfacer la obligación formal que surgió por la realización de actividades gravadas con ese tributo o si, por el contrario, era necesario que se presentara una declaración anual consolidada.

  (2016-05-10) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


No procede imponer sancion por no declarar al contribuyente que, en cumplimiento de disposiciones municipales o distritales que establecen un periodo de causacion del ICA distinto al previsto en la ley, asi declara y paga el tributo.
    Síntesis del caso:
En el asunto objeto de discusión, la Secretaría de Hacienda del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias impuso sanción por no declarar, a la sociedad Unión de Droguistas S.A., toda vez que no presentó la declaración anual del impuesto de Industria y Comercio, correspondiente a los años gravables 2007, 2008 y 2009, pese a haber presentado las declaraciones bimestrales de dichos periodos.

Para la Sala, las disposiciones del Estatuto de Rentas Distrital muestran que las declaraciones bimestrales allí establecidas, pese a ser voluntarias, no son un anticipo del impuesto. Por el contrario, se trata de una opción alternativa a la declaración anual, por lo que, su presentación es suficiente para que se entienda satisfecho el deber formal de declarar.

Antes de indicar las razones que llevan a la Sala a esa conclusión, hay que precisar, que aunque la opción de declaración bimestral es contraria al periodo de causación anual establecido por el legislador, lo cierto es que el administrado realizó el pago de buena fe, en cumplimiento de las disposiciones locales; luego, la eventual ilegalidad de esa alternativa, no puede ser alegada por la administración como fundamento de la sanción, porque esa condición (ilegalidad de la norma) no es atribuible al contribuyente.

  (2016-05-10) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Exencion del IVA para exportacion de servicios - No procede cuando el servicio se presta a clientes que, aunque de una compania extranjera, se ubican en el pais y el destino final de la operacion se materializa en Colombia.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos por los que la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre las ventas que General Médica de Colombia Gemedco S.A. presentó por el 6° bimestre de 2006, en el sentido de disminuir los ingresos por operaciones no gravadas y aumentar los correspondientes a las gravadas.

Ello, como resultado de desconocer las sumas que Gemedco registró por concepto de “comisiones por venta de equipos” y “garantía servicio técnico” y que recibió con ocasión del contrato de representación internacional de ventas y servicios que suscribió con GE Healthcare.

Entre otros aspectos, la Sala analizó si los servicios de representación que Gemedco le prestó a GE Healthcare se utilizaron o no en el exterior, en orden a determinar si tenía o no derecho a la exención del IVA por exportación de servicios, prevista en el literal e) del art. 481 del E.T., que aplicó en la referida declaración.

  (2016-05-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La existencia del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es presupuesto para establecer el hecho generador de la participacion en plusvalia.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del inciso 2 del artículo 3 del Acuerdo 08 de 2008, por el que el Concejo de Chía dispuso que, para el cobro de la participación en plusvalía en el municipio, se tendría en cuenta, además de la Ley 388 de 1997 y las normas concordantes, el Acuerdo 17 de 2000, que estableció el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Chía.

Concretamente, la Sala analizó si el hecho de que para efectos del hecho generador de la plusvalía el acto acusado remita al POT del municipio, expedido con anterioridad, viola o no el principio de irretroactividad en materia tributaria, así como los derechos adquiridos al amparo de ese POT por los propietarios de los inmuebles afectados con el gravamen.

  (2016-05-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las normas de contabilidad generalmente aceptadas son obligatorias para los no obligados a llevar contabilidad que pretendan hacerla valer como prueba.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que la Administración de Impuestos de Neiva modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios que Marcel Elías Solano Quimbaya presentó por el año gravable 2007, en el sentido de aumentar los ingresos declarados y disminuir los costos y deducciones.

Para el efecto, la DIAN tuvo en cuenta la contabilidad y los estados financieros que el contribuyente remitió en respuesta los requerimientos ordinarios que se le hicieron con ocasión de la práctica de la diligencia de inspección tributaria que esa entidad decretó de oficio.

Entre otros aspectos, se estableció si la inspección tributaria suspendió o no el término para notificar el requerimiento especial y el valor de la prueba contable aportada por el actor en la vía gubernativa, pese a que se trataba de un contribuyente no obligado a llevar contabilidad.

  (2016-05-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La inspeccion tributaria decretada de oficio suspende por tres meses el termino para notificar el requerimiento especial, siempre que esta efectivamente se realice y las diligencias se lleven a cabo dentro del plazo durante el cual opera la suspension.
    Síntesis del caso:
“El artículo 714 del Estatuto Tributario prevé que las declaraciones quedan en firme dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar; dentro de los dos siguientes a la presentación de la declaración cuando ésta es extemporánea, o dos años después de la solicitud de devolución o compensación respectiva, cuando la declaración refleje un saldo a favor del contribuyente o responsable, siempre que en ninguno de tales eventos se haya notificado requerimiento especial.

A su vez, el artículo 705, ibídem, señala que el requerimiento especial debe notificarse, a más tardar, dentro de los dos años siguientes a cada uno de los supuestos anteriormente señalados. Y el artículo 706 ejusdem, modificado por la Ley 223 de 1995 [251], norma vigente al momento de la presentación de la declaración inicial, previó la suspensión de dicho término, entre otros eventos, “cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete” […]

La Sala ha precisado que, dada la claridad del artículo 706 del Estatuto Tributario, el término de notificación del requerimiento especial se suspende a partir de la fecha de notificación del auto que decreta de oficio la inspección, por un lapso fijo de tres meses, no prorrogable, pero tampoco sujeto a disminución.

  (2016-05-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las controversias relacionadas con la actualizacion de la cuenta corriente de un contribuyente y con la condicion especial de pago del art. 1 de la Ley 1175 de 2007 son de caracter tributario y, por ende, no son conciliables.
    Síntesis del caso:
Laminados Andinos S.A. (En liquidación) - LASA promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos por los que la DIAN resolvió la solicitud de actualización de su cuenta corriente y le informó que no procedía la condición especial de pago del art. 1º de la Ley 1175 de 2007, que aplicó al reintegro de las sumas originadas en el menor saldo a favor que liquidó al corregir la declaración de renta del 2005.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda porque concluyó que el asunto era conciliable y que, por ende, se debió agotar la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción, según lo prevé la Ley 1285 de 2009.

La Sala decidió el recurso de apelación que LASA interpuso contra esa decisión en orden a determinar si la actualización de la cuenta corriente de un contribuyente y la procedencia de la condición especial de pago del art. 1 de la Ley 1175 de 2007 son asuntos de carácter tributario o no y, por ende, si son o no conciliables.

  (2016-05-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El liquidador de una sociedad contribuyente es deudor solidario de las obligaciones tributarias de ella, por la omision en dar prelacion a los creditos fiscales, si tiene conocimiento de la existencia de tales obligaciones.
    Síntesis del caso:
Los socios de Librería y Papelería Corsi Ltda. acordaron disolver la sociedad e iniciar el proceso de liquidación de la misma a partir del 3 de junio de 1997, fecha en la que se designó como liquidador a Hernando Córdoba Ojeda.

El 22 de julio de 1997, este informó a la DIAN - Tunja sobre la disolución y liquidación de la sociedad. Con escritura pública del 20 de septiembre de 1997 se protocolizó el acta final de liquidación de la sociedad y la matrícula mercantil de la librería se canceló el 26 del mismo mes y año.

El 30 de mayo de 2002 la DIAN libró mandamiento de pago contra el liquidador, como deudor solidario de las obligaciones fiscales de la librería, al omitir reservar los recursos necesarios para cubrirlas. El liquidador formuló excepciones contra el mandamiento que la DIAN rechazó.

Se estudió la legalidad de los actos que rechazaron dichas excepciones, concretamente para establecer si el demandante era solidariamente responsable de las deudas tributarias de la Librería, por incumplir el deber legal previsto en el art. 847 del E.T., de incluir tales deudas dentro de la prelación de créditos.

  (2016-05-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Traslados financieros exentos del gravamen a los movimientos financieros.-
Traslados entre diferentes aportantes o fideicomitentes de un patrimonio autonomo o encargo fiduciario, asi sean los aportantes o fideicomitentes iniciales.
    Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al negar la nulidad de la frase “ello no significa que la exención cobije la cancelación de obligaciones o traslados entre los diferentes aportantes o fideicomitentes, así sean los iniciales” contenida en el penúltimo párrafo del Concepto 722241 del 19 de septiembre de 2011, mediante el cual la Directora de Gestión Jurídica (A) de la DIAN expuso su interpretación acerca de los traslados financieros exentos del gravamen a los movimientos financieros a que se refiere el numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario, reglamentado por el artículo 8 del Decreto 660 del 10 de marzo de 2011.

  (2016-05-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se reitera que el servicio notarial esta gravado con el impuesto de industria y comercio como analogo a los previstos en el articulo 36 de la Ley 14 de 1983.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que el Municipio de Medellín negó al Notario 25 del Círculo de Medellín (antes Notario 12 del mismo Círculo), la devolución del impuesto de industria y comercio que declaró y pagó por la actividad notarial que ejerció en esa jurisdicción durante los años gravables 2005 a 2010.

«[…], la Sala encuentra pertinente reiterar el criterio según el cual se ha considerado que los servicios notariales están gravados con el impuesto de industria y comercio, porque como se dijo antes, independientemente de la naturaleza del servicio y de quien lo presta, están gravadas con dicho impuesto todas las actividades de servicios, salvo que hayan sido expresamente excluidas por la ley o exoneradas por el Acuerdo Municipal[2] »

  (2016-05-05) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En materia del impuesto sobre la renta el concepto tributario que se aplica como guia para el contribuyente es el vigente cuando concluye el periodo gravable.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que la Administración de Impuestos de Medellín modificó la declaración de renta que Cementos El Cairo S.A. presentó por el año gravable de 1999.

Concretamente, se determinó si con base en el Concepto 47433 del 20 de mayo de 1999, que estaba vigente a la fecha de terminación del periodo fiscal de 1999, la demandante podía deducir pérdidas fiscales de años anteriores, a pesar de que con ello se produjeran nuevas pérdidas, o si, por el contrario, era aplicable el Concepto 020727 del 6 de marzo de 2000, que revocó el anterior y estaba vigente al momento de la presentación de la referida declaración, según el cual no se podían solicitar pérdidas superiores a las rentas o utilidades obtenidas.

  (2016-05-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La sociedad absorbente en un proceso de fusion goza de la exencion del impuesto al patrimonio que tenia inicialmente la absorbida como suscriptora de un contrato de estabilidad tributaria pero a partir del año siguiente a la suscripcion de aquel.
    Síntesis del caso:
Mediante resolución de abril de 2006, la DIAN autorizó a Granbanco S.A. para aplicar el régimen de estabilidad tributaria que amparaba al Banco Cafetero S.A. por los años 2000 a 2009.

Asimismo en agosto de 2007 se protocolizó mediante escritura pública el acuerdo de fusión entre el Banco Davivienda y Granbanco S.A. En virtud de beneficiario del contrato de estabilidad tributaria como sociedad adquirente de Gran Banco, Davivienda solicitó a la DIAN el reconocimiento y devolución de la suma de $ 6.547.507.000 por concepto de pago de lo no debido de la primera cuota del impuesto de patrimonio del año 2007.

La DIAN reconoció a favor del Banco Davivienda la suma de $ 2.242.297.000. La UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN solicitó ante la jurisdicción la nulidad de la resolución por la cual la División de Recaudación de la DIAN ordenó la devolución del pago antes mencionado, así como también la nulidad de la resolución que la confirmó.

  (2016-05-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden provisionalmente apartes del artículo 7° del Decreto 1828 de 2013 respecto al tope de salarios minimos legales mensuales vigentes que devenguen los trabajadores para efectos de la exoneración de aportes parafiscales para los contribuyentes del impuesto de renta sobre la equidad – CREE.
    Síntesis del caso:
Un ciudadano en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del CPACA, solicitó la nulidad de los términos “menos” contenidos en los incisos 1° y 3° del artículo 7° del Decreto 1828 de 2013, en cuanto a que en su parecer la norma demandada vulnera de forma evidente los parámetros establecidos en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, relativos a la exoneración de aportes parafiscales respecto a la remuneración de los trabajadores de los contribuyentes del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.

El argumento consiste en que mientras el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 prevee la exoneración de los aportes a favor del SENA y del ICBF por parte de los contribuyentes del CREE respecto de los trabajadores que devenguen individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los incisos 1° y 3° del artículo 7° del decreto 1828 de 2013, disponen tal exoneración para los trabajadores que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes.

  (2016-05-03) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Dentro del regimen tributario especial es deducible para las Cooperativas el gravamen a los movimientos financieros ya que constituye un egreso procedente al aparecer como un gasto dentro de la legislacion cooperativa.
    Síntesis del caso:
En abril de 2001 una Cooperativa presentó la declaración de renta por el año gravable 2000. En marzo de 2003, la DIAN Seccional Medellín expidió un requerimiento especial donde propuso el rechazo de egresos por la suma de $ 4.989.978.400. Posteriormente, mediante liquidación oficial de revisión le modificó en los mismos términos la declaración, acto que fue confirmado al resolver el recurso de reconsideración, donde únicamente levantó la sanción por inexactitud.

Los egresos rechazados fueron:
  • a) el GMF por $ 1.691.113.000, aunque en vigencia del Decreto 124 de 1997 era un egreso deducible, esa situación cambió a partir de la Ley 633 de 2000 ya no se considera un egreso procedente;


  • b) la provisión para protección de inversiones o hace parte del objeto de la Cooperativa y por tanto no es necesaria;


  • c) los gastos de ejercicios anteriores tampoco son deducibles, y que los egresos deben corresponder a la vigencia en la que se utilizan para establecer el beneficio neto o excedente.

  (2016-05-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La provision para proteccion de inversiones y los gastos de ejercicios anteriores no se consideran egresos procedentes para las Cooperativas al representar contingencias de perdida y gastos incurridos en ejercicios diferentes al respectivo año gravable.
    Síntesis del caso:
la procedencia de los egresos para determinar el beneficio neto o excedente depende del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para tal efecto, entre los que se encuentra, la realización efectiva de las erogaciones durante el periodo respectivo (Art. 4°del Decreto 124 de 1997).

Sobre este punto, la Sala observa que la contingencia que la demandante pretendió cubrir mediante las provisiones para protección de inversiones está relacionada con la precaria situación económica que supuestamente atravesaban los entes destinatarios de tales inversiones, circunstancia que no está demostrada en el expediente, como tampoco lo está la pérdida del valor de las inversiones involucradas, razón por la que no se puede hablar de egresos o gastos efectivamente realizados durante el periodo gravable…

Por lo mismo, como las provisiones para la protección de inversiones se relacionan con una contingencia que pudo o no ocurrir, no se puede hablar de un gasto efectivamente realizado en el periodo gravable en discusión, que haya derivado en una disminución del patrimonio de la cooperativa.

Además, como lo señala el representante del Ministerio Público, se trata de provisiones para la protección de inversiones que no hacen parte del objeto social de la cooperativa, a lo cual se suma que si lo pretendido por la actora era cubrir una posible pérdida, el artículo 55 de la Ley 79 de 1988 le permitía destinar el excedente resultante del ejercicio anterior a “…compensar pérdidas de ejercicios anteriores” o, a “…crear por decisión de la asamblea general otras reservas y fondos con fines determinados” (Art. 56).

  (2016-05-03) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Al existir prohibicion de imponer tributos sobre los recursos de la conmutacion pensional, procede la devolucion del impuesto de industria y comercio por pago de lo no debido respecto de las primas pagadas por conmutacion pensional bajo la modalidad de renta vitalicia.
    Síntesis del caso:
Al tener tal naturaleza –recursos de seguridad social-, las primas de conmutación pensional bajo la modalidad de renta vitalicia son de destinación específica, esto es, no pueden ser empleados para fines diferentes a la seguridad social.

Así lo establece expresamente el artículo 48 de la Constitución Política al disponer “no se podrán destinar o utilizar los recursos de las instituciones e la seguridad social para fines diferentes a ellas”…Sobre el alcance de este mandato constitucional, la Sala ha señalado que los recursos del sistema tanto en salud como en pensiones no pueden ser destinados a un objeto diferente dentro del sistema, lo que incluye la prohibición para el Estado de imponer tributos sobre tales recursos…

En este sentido carece de fundamento la afirmación hecha por el Distrito Capital, que considera viable la imposición de tributos a los recursos de la seguridad social. En esa medida, no existe causa legal para pagar tributos sobre los recursos de seguridad social…Así las cosas, los pagos del impuesto de industria y comercio realizados sobre las primas por conmutación pensional bajo la modalidad de renta vitalicia, constituyen pagos de lo no debido, pues no existe un título o fuente de donde emanara la obligación de liquidar y pagar dicho tributo, pues como se explicó, por mandato constitucional esos recursos no son materia imponible.

En consecuencia, sí se configuró el pago de lo no debido y, por ende el derecho a solicitar la devolución de lo que se pagó por concepto de impuestos, como pasa a analizarse a continuación…

  (2016-05-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las cotizaciones del empleador en la conmutacion pensional se consideran contribuciones parafiscales ya que estan dispuestas para garantizar el sistema de seguridad social en pensiones.
    Síntesis del caso:
En enero de 2008, entre un Almacén de Depósito y una Aseguradora se suscribió un contrato de seguros bajo la modalidad de “renta vitalicia inmediata, pensión por conmutación pensional”, en el que se acordó la conmutación pensional de 349 jubilados mediante una renta vitalicia por la suma de $ 67.194.572.872.

En marzo de 2008, la aseguradora presentó y pagó la declaración del impuesto de industria y comercio por el bimestre 1 del año 2008, en la que incluyó en la base gravable los recursos obtenidos en el contrato de seguros por rentas vitalicias por conmutación pensional.

En agosto de 2011, la entidad financiera solicitó la devolución del impuesto de industria y comercio, por concepto de pago de lo no debido respecto del tributo sobre los recursos obtenidos por la conmutación pensional.

En septiembre de 2011, la DIAN negó la solicitud de devolución por considerar que la corrección de las declaraciones disminuyendo el saldo a pagar debía realizarse en los plazos señalados en el artículo 589 del Estatuto Tributario.

Para el demandante, esas rentas no pueden gravarse con ningún tributo en tanto están destinadas al pago de pensiones y por ende son recursos de la seguridad social que por mandato constitucional no son materia imponible.

  (2016-05-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El rechazo definitivo de la solicitud de devolucion de saldos a favor solo procede una vez culmine el proceso de determinacion y discusion del tributo.
    Esto es, hasta que se defina en vía administrativa o judicial la procedencia o no del saldo a favor declarado.
  • Síntesis del caso:
Se estudia la legalidad de los actos administrativos por los que la DIAN rechazó definitivamente la solicitud de devolución del saldo a favor que Inmobiliaria Sanitas Ltda. liquidó en la declaración de renta del año gravable 2007, determinación que la DIAN adoptó antes de que decidiera el recurso de reconsideración que la inmobiliaria interpuso contra la liquidación oficial de revisión mediante la cual se le determinó un mayor impuesto de renta por el referido año gravable y se le sancionó por inexactitud.

  (2016-04-29) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El emplazamiento para corregir formulado mientras esta en curso una inspeccion tributaria no suspende, por un mes mas, el plazo para notificar el requerimiento especial.
    Síntesis del caso:
El 19 de mayo de 2006 Samsung Electronics Colombia S.A. declaró el ICA del 2° bimestre de 2006. Mediante auto de 11 de marzo de 2008, que se notificó el 13 de marzo, la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital ordenó practicar inspección tributaria respecto de dicho impuesto.

El 8 de agosto de 2008, la Secretaría emplazó a Samsung para que corrigiera la referida declaración y el 17 de septiembre le formuló requerimiento especial por el mismo impuesto, que se le notificó el 18 de septiembre de 2008.

El 25 de marzo de 2009, la Secretaría formuló liquidación oficial de revisión por el mismo impuesto, acto que confirmó al resolver el recurso de reconsideración que Samsung interpuso en su contra.

Se estudia la legalidad de los actos que modificaron la mencionada declaración de ICA y, concretamente, se define si el emplazamiento para corregir, efectuado durante o una vez concluida la inspección tributaria, suspende el plazo para notificar el requerimiento especial.

  (2016-04-29) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El hecho de omitir la notificacion al garante de las resoluciones sancionatorias fundamento del cobro coactivo impide perfeccionar el titulo ejecutivo en su contra.
    Síntesis del caso:
La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza expidió unas pólizas para garantizar las solicitudes de devolución de saldos a favor en el IVA del segundo y tercer bimestre de 1999 presentadas por cierto contribuyente.

Con fundamento en el artículo 670 del E.T., la Administración Local de Impuestos de Cúcuta impuso sanción por fraude en la documentación aportada para la devolución, actos con base en los cuales libró mandamiento de pago contra Confianza por los valores en ellos liquidados.

La aseguradora formuló excepciones contra el mandamiento, las cuales fueron rechazadas, decisión que la DIAN confirmó al resolver el recurso de reposición que Confianza interpuso.

Se estudió la legalidad de los actos que negaron las excepciones contra el mandamiento de pago, concretamente para establecer si, en su condición de garante, Confianza debía o no ser notificada de los actos sancionatorios base del cobro coactivo.

  (2016-04-29) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Entre el 2003 y el 2005 los responsables del regimen comun tenian derecho a descontar del IVA el impuesto pagado en la adquisicion o importacion de maquinaria industrial, sin perjuicio del tipo de leasing pactado ni de la modalidad de importacion.
    Síntesis del caso:
Consorcio Minero Unido S.A. importó maquinaria industrial mediante leasing financiero con compañías extranjeras. En la declaración del IVA del 5° bimestre de 2005, esa firma descontó el IVA que pagó en la adquisición de la maquinaria.

La DIAN modificó la referida declaración para negar el descuento, con el argumento de que no procedía para el leasing operativo.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anuló dichos actos, al concluir que para la procedencia del descuento el artículo 485-2 del E.T., aplicable al caso, no condicionó la forma de adquisición de la maquinaria, de modo que, para tener derecho al beneficio, la DIAN no podía exigir que la importación se efectuara bajo una modalidad específica de adquisición o de importación.

  (2016-04-28) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es valido recaudar el impuesto de alumbrado publico en la misma factura de los servicios publicos domiciliarios, como el de energia, o en desprendible separado de la misma.
    Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al negar la nulidad de los artículos 3 y 7 de Resolución 122 del 8 de septiembre de 2011, por la cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG reguló el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía, del impuesto creado por las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, con destino a la financiación del servicio de alumbrado público.

  (2016-04-28) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La opcion de los departamentos de escoger entre el monopolio sobre la produccion, introduccion y venta de licores y el gravamen sobre esas actividades solo abarca a los licores destilados, no a los vinos ni a los aperitivos y similares de caracter nacional.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del literal a) del artículo 2 de la Ordenanza 019 del 6 de agosto de 2009, en el que la Asamblea de Risaralda fijó como tarifa de la participación económica del departamento en la producción, introducción y venta de licores destilados de graduación alcoholimétrica de 2,5° a 35°, $266 por grado, incorporado el IVA cedido.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda que negó la nulidad de dicho literal, en cuanto consideró que, en contra de lo que se alegó en la demanda, el mismo no incluye a los vinos, aperitivos y similares dentro del monopolio de licores.

Lo anterior, porque, de acuerdo con el Decreto 1222 de 1986, la opción de los departamentos de escoger entre el monopolio sobre la producción, introducción y venta de licores y el gravamen sobre esas actividades solo abarca a los licores destilados, entre los cuales no se encuentran los vinos ni los aperitivos y similares de carácter nacional, dado que estos no son destilados.

  (2016-04-28) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La Sala reitera que los actos que resuelven la solicitud de restitucion de terminos de notificacion no son demandables ante la Jurisdiccion por no ser definitivos sino de tramite.
    Síntesis del caso:
Apolo Logístico S.A. demandó los actos administrativos por los que la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta que presentó por el año gravable 2000, así como los actos en los que se le negó la solicitud de restitución de términos para la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión del gravamen.

El Tribunal Administrativo del Huila declaró probada la excepción de caducidad de la acción frente a los actos de determinación del tributo y negó las súplicas de la demanda contra los actos de rechazo de la restitución de términos.

La Sala confirmó la decisión de declarar la caducidad, pero concluyó que procedía inhibirse para pronunciarse sobre la legalidad de los actos de rechazo de la restitución de términos, porque no constituyen una decisión administrativa definitiva, dado que se limitan a analizar un aspecto procedimental dentro de un proceso tributario, razón por la cual no son susceptibles de control jurisdiccional.

  (2016-04-28) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El servicio de auditoria tendiente al analisis y liquidacion de cuentas correspondientes a reclamaciones por los amparos que cubre el SOAT no esta excluido del impuesto sobre las ventas porque no es un servicio vinculado con la seguridad social.
    Síntesis del caso:
La DIAN emplazó al Grupo SIS Servicios Integrales de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito S.A. para que declarara el IVA del primer bimestre del 2006, respecto de los servicios de análisis y liquidación de cuentas relacionados con reclamaciones por los amparos que cubre el SOAT, que prestó a Seguros del Estado S.A. durante dicho periodo.

Al responder el emplazamiento, el Grupo SIS adujo que no estaba obligado a declarar, porque el servicio que presta está excluido del IVA por estar vinculado con la seguridad social.

La DIAN no aceptó tal argumento y sancionó al Grupo por no haber presentado la referida declaración, decisión que confirmó al resolver el recurso de reconsideración que el Grupo interpuso. La Sala estudió la legalidad de los actos sancionatorios.

  (2016-04-26) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La transferencia de dominio del bien sobre el que recae el impuesto de delineacion urbana genera el traslado del gravamen al nuevo propietario.
    Síntesis del caso:
El 2 de octubre de 2007 la Curaduría Urbana 3 de Bogotá expidió Licencia de Construcción para desarrollar un proyecto de vivienda urbana en un predio cuyo titular era Inversiones Cardovas S. en C. La Licencia se expidió a nombre de la propietaria con vigencia hasta el 6 de noviembre de 2009 y la declaración y pago del impuesto de delineación urbana por la expedición de la misma lo efectuó Ordóñez Mendieta y Cía S.A. - Ormeco S.A., licencia con base en la cual se adelantó la obra.

Inversiones Cardovas S. en C. vendió el predio a Ormeco S.A. con escritura pública del 17 de octubre de 2007 inscrita en el registro de instrumentos públicos. Previo requerimiento especial, la Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá modificó oficialmente el impuesto de delineación urbana e impuso sanción por inexactitud, decisión que Ormeco S.A. recurrió en reconsideración con el argumento de no ser el sujeto pasivo del mismo, porque al momento de la expedición de la licencia aún no era propietaria del inmueble respecto del cual se concedió.

Al resolver el recurso, la administración confirmó la liquidación oficial de revisión. Se estudió la legalidad de los actos de determinación oficial del tributo.

  (2016-04-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden los efectos del paragrafo 1 del art. 3 del Decreto 2701 de 2013, en cuanto incluyo la renta liquida por recuperacion de deducciones en la base gravable del CREE.
    Síntesis del caso:
El Ponente decretó la suspensión provisional de esa disposición porque concluyó que el Gobierno Nacional excedió la potestad reglamentaria al incluir en la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE elementos que la norma reglamentada (art. 22 de la Ley 1607 de 2012) no contempló para el efecto.

Al respecto señalo que la recuperación de deducciones está prevista en la ley como integrante de la base gravable del impuesto ordinario sobre la renta, de tal manera que no se puede incluir en la base gravable de otro impuesto, como el CREE, sin que la ley así lo establezca en forma expresa.

  (2016-04-26) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden los efectos del numeral 6 del Concepto DIAN 100202208-357 del 28 de marzo de 2014, en cuanto señalo que la renta liquida por recuperacion de deducciones esta gravada con el CREE.
    Síntesis del caso:
El Ponente decretó la suspensión provisional de dicho numeral al estimar que el mismo se fundó, entre otras disposiciones, en el parágrafo 1 del art. 3 del Decreto 2701 de 2013, el cual fue suspendido por su Despacho en auto del 24 de febrero de 2015 (Exp. 11001-03-27-000-2014-00012-00 Int. 20998), porque al expedirlo el Gobierno Nacional excedió la potestad reglamentaria.

Así, concluyó que el numeral 6 del Concepto debía correr la misma suerte de dicho parágrafo, no solo por fundamentarse en él, sino porque la interpretación que contiene es contraria a la ley.

  (2016-04-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El IVA no se causa sobre tiquetes aereos comprados en el exterior cuando el viaje de ida inicia en el exterior y el viaje de regreso en Colombia.
  • Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del tercer párrafo del Oficio 15496 de 24 de diciembre de 2008, por el que el Director de Gestión Jurídica de la DIAN, al resolver una petición relativa al estado de vigencia, entre otros, del Oficio 089576 de 22 de diciembre de 2004, también expedido por la DIAN, señaló que

“[…] la causación del impuesto sobre las ventas tratándose de la venta de tiquetes aéreos internacionales adquiridos en el exterior, se da siempre que el viaje -ida y regreso-, tenga como origen o comienzo el territorio nacional, generándose el IVA en este caso únicamente sobre el 50% de su valor”.

  (2016-04-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La presentacion de la declaracion de renta de un periodo fiscal no exonera al declarante del deber de presentar la declaracion informativa individual de precios de transferencia del mismo año gravable.
  • Síntesis del caso:
Previo pliego de cargos y la respuesta al mismo, la DIAN sancionó a Continental Skins Ltda. por no presentar la declaración informativa individual de precios de transferencia del año 2006, sanción que fue confirmada al resolver el recurso de reconsideración que la interesada interpuso.

Se estudia la legalidad de los actos sancionatorios.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Son nulos los Oficios 016455 y 013446 de la DIAN, segun los cuales la ganancia ocasional integraba los ingresos brutos que determinaban la obligacion de informar por el año 2008.
  • Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los Oficios 016455 de 26 de febrero de 2009 y 013446 de 29 de febrero de 2012, de la Subdirectora de Gestión de Normativa y Doctrina de la DIAN.

El primero, absolvió una consulta sobre la posibilidad de incluir la ganancia ocasional derivada de la enajenación de activos fijos en los ingresos brutos que, de acuerdo con la Resolución 3847 de 2008, se debían tener en cuenta para establecer la obligación de informar por ese año.

La respuesta a dicha consulta se aclaró con el segundo oficio.

  (2016-04-25) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La retencion a titulo de ICA para la actividad de transporte publico prestado con vehiculos de terceros solo procede sobre lo pagado al propietario en virtud del contrato de vinculación.
  • Síntesis del caso:
Se determina la legalidad del artículo 25 del Acuerdo 704 de 2008, por el cual el Concejo Municipal de Manizales reguló en su jurisdicción la retención del impuesto de industria y comercio para el servicio de transporte público prestado con vehículos de terceros.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es nulo el Acuerdo 017 de 2002, por el cual el Concejo de Sabanagrande (Atlantico) fijo los elementos del impuesto de alumbrado publico en su jurisdiccion territorial.
  • Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del Acuerdo 017 del 29 de agosto de 2002, del Concejo Municipal de Sabanagrande «Por el cual se organiza el servicio de alumbrado público, se definen sus elementos constitutivos, se autoriza al alcalde para entregar en concesión la operación, mantenimiento y expansión del sistema y cruce de cuentas».

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que negó la nulidad de dicho Acuerdo, para lo cual reiteró que los concejos municipales están facultados por el artículo 338 de la Constitución Política para definir los elementos de los tributos cuando la ley que autorizó su creación no lo hizo; en el caso del impuesto de alumbrado público, en virtud de los artículos 1, literal d, de la Ley 97 de 1913 y 1 de la Ley 84 de 1915.

  (2016-04-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se reitera que el articulo 75 de la Ley 181 de 1995 no creo una contribucion con destino al deporte ni autorizo a los municipios para crearla en su jurisdiccion.
  • Síntesis del caso:
Mediante el Acuerdo 021 del 25 de junio de 2008, el Concejo de Yopal creó y fijó los elementos esenciales de la contribución pro-deporte municipal.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare que anuló ese Acuerdo tras concluir que el concejo se extralimitó en sus funciones al expedir tal normativa con fundamento en el artículo 75 de la Ley 181 de 1995, dado que este no creó ni autorizó a los municipios para crear una contribución especial o ‘sobretasa’ con destino al deporte.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El servicio de fabricacion de envases para embotellamiento de agua prestado por persona distinta del productor del agua tratada esta excluido del IVA por ser intermedio en la produccion de agua envasada.
  • Síntesis del caso:
AMCOR PET PACKAGING DE COLOMBIA presentó la declaración electrónica del IVA del segundo bimestre gravable del 2006 en la que liquidó ingresos brutos por operaciones excluidas provenientes de la prestación del servicio de fabricación de envases para embotellamiento de agua, en cuanto lo consideró intermedio en la producción de agua envasada.

La DIAN modificó esa declaración para adicionar tales ingresos al impuesto a cargo por operaciones gravadas tras estimar que, para prestar el servicio de fabricación de envases, AMCOR incorporó bienes gravados que ella misma fabricó, elaboró y procesó, con lo que incurrió en el hecho generador de IVA del literal c) del art. 421 del E.T.

En consecuencia redujo a $0 los ingresos brutos por operaciones excluidas, incrementó el impuesto a cargo por operaciones gravadas, sancionó por inexactitud y determinó un saldo a pagar.

  (2016-04-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es dable predicar la autonomia fiscal de las entidades territoriales, con el fin de aplicar una norma tributaria local que contraria las disposiciones legales especiales.
  • Síntesis del caso:
Gases de Occidente S.A. E.S.P. declaró en Cali el ICA del año 2003, por haber desarrollado la actividad de fabricación de gas y/o distribución de combustibles gaseosos por tuberías. Para el efecto, aplicó la base gravable prevista en el art. 67 de la Ley 383 de 1997, esto es, el margen bruto de comercialización del combustible, del que excluyó los costos del gas.

El municipio modificó la declaración para aumentar la base gravable, determinar un mayor impuesto a pagar, rechazar retenciones y sancionar por inexactitud. Ello, en aplicación del art. 21 del Acuerdo 35 de 1985, del Concejo de Cali, según el cual el ICA se liquida sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, del que no se descuenta el costo de comercialización del gas.

Al estudiar la legalidad de los actos de determinación del ICA, la Sala concluyó que el municipio no podía invocar la autonomía tributaria de que gozan los entes territoriales para aplicar el referido Acuerdo, en contravía de las disposiciones legales especiales que, en el caso concreto, prevén reglas para determinar la base gravable del tributo para la actividad de distribución de gas combustible, bien que se realice como servicio público domiciliario o no.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Si al subsanar una omision en el envio de informacion el obligado incurre en otra infraccion, procede formular nuevo pliego de cargos y, con base en este, tramitar otro procedimiento sancionatorio.
  • Síntesis del caso:
Previo pliego de cargos, la DIAN impuso a Víctor Alonso Duque Gómez sanción por no enviar la información prevista en el art. 651 del Estatuto Tributario, decisión contra la cual el sancionado interpuso recurso de reconsideración.

Al resolver el recurso, la DIAN modificó la sanción, pero no aceptó la reducción de la misma al 20% que el afectado solicitó, con el argumento de que la información que aquél aportó con el medio de impugnación contenía errores.

Se estudió la legalidad de los actos sancionatorios.

  (2016-04-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las impresiones de las declaraciones tributarias presentadas electronicamente son prueba de la representacion material de las mismas y, por ser autenticas, son idoneas y conducentes para inferir la existencia de titulos ejecutivos que se pueden cobrar coactivamente.
  • Síntesis del caso:
La DIAN libró mandamiento de pago contra Mazal Group S.A. con base en las declaraciones electrónicas de los impuestos sobre las ventas y al patrimonio que esa empresa presentó respecto de ciertos periodos gravables.

Entre otras excepciones, Mazal propuso la de falta de título ejecutivo, que fundó en el hecho de que la DIAN dictó el mandamiento con sustento en copias impresas de las declaraciones electrónicas, las cuales consideró sin fuerza ejecutiva por no ser los documentos originales necesarios para adelantar el cobro coactivo.

La DIAN rechazó las excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución. Se estudia la legalidad de tales actos.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La DIAN puede reliquidar las sanciones aceptadas mediante liquidacion oficial de correccion de la declaracion informativa individual de precios de transferencia.
    Se estudia la legalidad de los actos reliquidatorios de la sanción por corrección de la declaración informativa individual de precios de transferencia.
Síntesis del caso:

Whirlpool Colombia S.A.S. presentó la declaración individual informativa de precios de transferencia (DIIPT) por el 2007, en la que el sistema de la DIAN le liquidó sanción por extemporaneidad del 1% de las operaciones realizadas con vinculados económicos (art. 260-10, lit. B, num. 1 E.T.).

Whirlpool corrigió la DIIPT para aumentar la sanción, pues incluyó la sanción reducida del art. 260-10, lit. B, num. 3, inc. 7 del E.T., equivalente al 2% de la sanción por extemporaneidad, debido a que corrigió algunas inconsistencias que presentaba la DIIPT.

Luego, presentó proyecto de corrección para reducir la sanción liquidada en la DIIPT, esto es, para eliminar la sanción por extemporaneidad, petición que la DIAN aceptó mediante Liquidación Oficial de Corrección.

Previo pliego de cargos y su respuesta, la DIAN reliquidó la sanción por corrección de la DIIPT y la incrementó en un 30%, con el argumento de que la corrección de inconsistencias de la DIIPT no generaba la sanción reducida del 2% de la sanción por extemporaneidad, sino la plena del 1% de las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas en la respectiva vigencia fiscal (art. 260-10, lit. B, num. 3, inc. 1° E.T.). En el caso, se estudia la legalidad de los actos reliquidatorios de la sanción por corrección de la DIIPT.

  (2016-04-21) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El procedimiento para corregir la DIIPT con el fin de reducir las sanciones que, por ende, generen un menor saldo a cargo, es el previsto en el articulo 589 del Estatuto Tributario.
    La Sala ha señalado que las solicitudes de corrección solo pueden negarse por motivos de forma, no por razones de fondo como “las relacionadas con el derecho al reconocimiento de costos, deducciones, descuentos, exenciones-excepciones, retenciones en la fuente, o pruebas requeridas para su demostración, pues tales asuntos son materia de un proceso de revisión”.
Extracto: “[…] el artículo 589 del Estatuto Tributario, que hace parte del Libro Quinto de dicha normativa, sobre procedimiento tributario y que, por ende, se aplica al régimen de precios de transferencia del mismo Estatuto, dispone
    […] Conforme con la norma transcrita, para disminuir el saldo a pagar o aumentar el saldo a favor liquidado en una declaración privada, el contribuyente debe solicitar a la DIAN la corrección de la declaración, dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar. La DIAN debe practicar liquidación de corrección dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud en debida forma, y si no lo hace, el proyecto de corrección sustituye la declaración inicial.
Sin embargo, este artículo también precisa que la DIAN conserva la facultad de revisión y que el término para proferir la liquidación de revisión inicia en la fecha de la corrección o dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, según el caso.

Con fundamento en el artículo 589 del Estatuto Tributario, la Sala ha dicho que los requisitos formales son los siguientes: - Presentar una solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente. - Que la petición se realice dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del término para declarar o de la fecha de presentación de la declaración de corrección, según el caso, y - Adjuntar proyecto de corrección.

  (2016-04-21) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El impuesto al consumo cobrado por el comercializador al consumidor final no hace parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio en la actividad comercial de distribución.
    El impuesto al consumo cobrado por el comercializador al consumidor final no hace parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio en la actividad comercial de distribución, dado que no constituye un ingreso para el comercializador.
Síntesis del Caso:

La comercializadora Representaciones Continental S.A. compró cigarrillos y licores que luego vendió facturando el impuesto al consumo, cuyo valor no registró en sus cuentas de ingreso.

El Distrito Capital modificó las declaraciones del impuesto de industria y comercio que la comercializadora presentó por los bimestres 2 a 6 de los años 2006 y 2007, en el sentido de incrementar la base gravable con los valores pagados por impuesto al consumo en las referidas ventas y sancionarla por inexactitud.

Se estudia la legalidad de tales actos.

  (2016-04-21) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Son deducibles los gastos por perdidas derivadas de contratos de cobertura de riesgos cambiarios “forward non delivery”.
    El impuesto al consumo cobrado por el comercializador al consumidor final no hace parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio en la actividad comercial de distribución, dado que no constituye un ingreso para el comercializador.
Síntesis del Caso:

Durante el 2003 y 2004 Bavaria S.A. suscribió contratos de derivados financieros ‘Forward y Swap’ o de cobertura de riesgo cambiario con entidades financieras nacionales, cuya liquidación le generó una pérdida.

En la declaración de renta del año gravable 2004 Bavaria dedujo el gasto proveniente de la redención de los contratos forward non delivery.

La DIAN modificó la dicha declaración para rechazar las referidas deducciones, imponer un mayor tributo y sancionar por inexactitud.

Bavaria demandó la nulidad de tales actos, cuya legalidad se estudia.

  (2016-04-21) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 05001-23-31-000-2002-00743-01(18913)

No estan gravados con ICA los ingresos recibidos por los bancos por correccion monetaria, por creditos en UPAC que otorgo cuando opero como corporacion de ahorro y vivienda.
    CONVERSION DE ESTABLECIMIENTO DE CREDITO - No produce solución de continuidad, pero la entidad resultante de la operación solo queda facultada para adelantar las actividades propias de la nueva entidad.
Síntesis del caso:

Así lo concluyó la Sala al modificar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que anuló, solo frente a la sanción por inexactitud impuesta, los actos administrativos del municipio de Medellín que liquidaron oficialmente el impuesto de industria y comercio a cargo del Banco Davivienda S.A. por el año 1999.

La Sala anuló parcialmente dichos actos, pero en cuanto adicionaron la base gravable del impuesto con los ingresos por corrección monetaria que el banco percibió por los créditos en UPAC que otorgó cuando operaba como corporación de ahorro y vivienda.

La Sala señaló que tales ingresos no hacen parte de la base gravable del tributo respecto de los bancos, dado que la Ley 14 de 1983 (art. 42), normativa que el municipio de Medellín acogió en el Acuerdo 50 de 1997, por el que expidió el estatuto del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, no los incluye en ella.

Al respecto la Sala señaló que en 1999 Davivienda ya no era una corporación de ahorro y vivienda sino un banco y que, según el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, desde su conversión a banco solo podía efectuar las operaciones autorizadas a los mismos.

  (2016-04-18) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número 11001-03-27-000-2011-00021-00(18943)

Exigencia de aportar constancia de titularidad de una cuenta bancaria para efectos de formalizar la inscripcion en el RUT.
    La exigencia de aportar constancia de titularidad de una cuenta bancaria para efectos de formalizar la inscripción en el RUT no es ilegal ni violatoria de la libertad de empresa y de la iniciativa privada, así como tampoco del derecho a la igualdad.
Síntesis del caso:

Se negó la nulidad de apartes del art. 1º de los Decretos 2645 y 2820 de 2011, ambos expedidos por el Gobierno Nacional y que para formalizar la inscripción en el RUT exigían aportar constancia de la titularidad de una cuenta corriente o de ahorros activa.

La Sala adoptó dicha decisión al concluir que el Gobierno estaba facultado por la Ley 863 de 2003 (art. 19) para reglamentar los requisitos para el efecto y que al hacerlo no excedió la potestad reglamentaria, a la par que la referida exigencia no limita ni restringe la libertad de empresa ni la iniciativa privada, en la medida en que se trata de libertades que no son absolutas, sino que a ellas se oponen deberes o cargas que los particulares deben cumplir en razón de su actividad.

La Sala señaló que el requisito en mención tampoco desconoce el derecho a la igualdad, toda vez que, en contra de la afirmación de la demanda, según la cual no todos los municipios cuentan con servicios financieros, se demostró que la cobertura bancaria nacional es amplia y que son pocos los municipios que no cuentan con ese servicio.

  (2016-04-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 05001-23-31-000-2000-02593-01(19872)

El hecho generador de la contribucion de valorizacion solo se consolida cuando se determina el beneficio por la ejecucion de la obra y se distribuye el monto del gravamen.
    La Ordenanza 26 de 1995 se hace efectiva en los actos administrativos expedidos por el Gobernador en virtud de la autorización traída por el artículo 5º ibídem, que al formar parte de las normas que integran el derecho aplicable, deben atender las disposiciones vigentes al momento de su expedición.
Síntesis del caso:

Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que el Departamento de Antioquia distribuyó la contribución de valorización a cargo de Inversiones Balsora y otros, con ocasión de la ampliación, rectificación y pavimentación de la carretera Caucasia-Nechí.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó la nulidad de tales actos, al concluir que se ajustaron a la legalidad, toda vez que el reparto de la contribución se hizo con fundamento en la norma que estaba vigente cuando se configuró el hecho generador del gravamen, esto es, cuando el departamento determinó el beneficio que recibieron los predios de los actores por la ejecución de dicha obra y procedió a distribuir la participación en ese beneficio mediante la aplicación del método y el sistema previstos para el efecto en la referida norma.

  (2016-04-18) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 11001-03-27-000-2014-00041-00(21170)

El acto que comunica la existencia de una actuacion administrativa de fiscalizacion y eventual determinacion oficial de impuestos no es demandable ante la Jurisdiccion porque no es definitivo sino preparatorio o de tramite.
    El despacho considera que el acto administrativo a demandar es el que se profiera cuando concluya el procedimiento administrativo de determinación que inició la entidad demandada - DIAN - en contra de la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS).
Síntesis del caso:

Así lo concluyó el Ponente al rechazar la demanda que la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín formuló contra los actos en los que la DIAN le informó su calidad de deudora solidaria de las obligaciones que eventualmente se generaran de la investigación tributaria adelantada contra la Corporación Interamericana de Servicios – CIS.

La ponencia señaló que tales actos no son demandables ante la Jurisdicción, porque se profirieron en desarrollo del deber de la administración de comunicar la existencia de la actuación administrativa de determinación del impuesto, la cual no había concluido, razón por la que no se trataba de actos definitivos, sino de simple información sobre la vinculación a un trámite administrativo, pero que no definían alguna situación jurídica particular.

  (2016-04-18) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2010-00167-01(19916)

Para liquidar el impuesto de avisos y tableros no se puede fragmentar la base gravable del mismo, que es la totalidad del impuesto de industria y comercio declarado en el periodo.
    El despacho considera que el acto administrativo a demandar es el que se profiera cuando concluya el procedimiento administrativo de determinación que inició la entidad demandada - DIAN - en contra de la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS).
Síntesis del caso:

Casa Editorial El Tiempo S.A. demandó la nulidad de los actos del Distrito Capital que modificaron las declaraciones del impuesto de industria y comercio que presentó por ciertos bimestres del 2006, en el sentido de imponerle un mayor tributo de avisos y tableros y sancionarla por inexactitud.

La Sala confirmó en forma parcial la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló parcialmente esos actos, para lo cual, entre otras consideraciones, precisó que no procedía deducir de la base del gravamen de avisos y tableros los ingresos que la actora recibió por la actividad denominada “metro cuadrado”, toda vez que la Ley 14 de 1983 (art. 37) y el Decreto 352 de 2002 (art. 59) no admiten la posibilidad de fraccionar o segmentar dicha base, dado que ordenan tomar como tal la totalidad del impuesto de industria y comercio declarado en el periodo, al que se aplica una tarifa fija del 15%.

  (2016-04-18) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Proyecto de Ley 022 de 2015 Camara "Por medio de la cual se adicionan y complementan algunos articulos a la Ley 675 de 2001, Regimen de Propiedad Horizontal".
    Actualmente el Proyecto se encuentra en la agenda de la Comisión Tercera de Cámara, y tendrá discusión en los próximos días.
La citada iniciativa busca
  • (i) crear el Registro Único Nacional de Unidades de Propiedad Horizontal, como unidad adscrita al Ministerio del Interior,

  • (ii) modificar algunos aspectos concernientes al tema de los seguros,

  • (iii) modificar aspectos sobre la reconstrucción obligatoria de la copropiedad en caso de un siniestro,

  • (iv) modificar aspectos de la contribución a las expensas comunes,

  • (v) introducir cambios en la convocatoria para las reuniones en forma extraordinaria,

  • (vi) exigir a los administradores de edificios o conjuntos para ejercer el cargo, una capacitación en una entidad educativa en nivel tecnológico o profesional,

  • (vii) exigir la obligatoriedad de constituir Consejo de Administración para los edificios o conjuntos de uso residencial, comercial o mixto integrados por más de 30 bienes privados excluyendo parqueaderos o depósitos,

  • (viii) introducir algunos cambios respecto a la Revisoría fiscal.

  (2016-04-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es deducible el pago de las cuotas de administracion del inmueble donde esta la fabrica del contribuyente pero no el pago de la cuota de administracion de un club recreativo al no demostrarse la incidencia con la productividad de la empresa.
    Además, es un gasto normalmente acostumbrado en la actividad, lo que excluye que se trate de gastos simplemente suntuarios, innecesarios o superfluos, o meramente útiles o convenientes.
Extracto:

La Sala encuentra que las cuotas de administración pagadas a la Corporación Empresarial, donde se encuentra ubicada una de las fábricas de la sociedad, resulta indispensable para que la sociedad pueda realizar su actividad generadora de renta. Esta erogación es necesaria porque está dirigida a satisfacer los gastos de sostenimiento de las zonas comunes del centro empresarial, y en el caso de que no se pagaran, la sociedad no podría desarrollar su actividad o funcionar en esa planta.

Adicionalmente, la erogación ($4.838.000) no es desproporcionada en relación con los ingresos que obtuvo el contribuyente ($57.283.401.000). En consecuencia, procede la deducción de las cuotas de administración del centro empresarial.

En cuanto a las cuotas de administración pagadas al Club Puerto Peñalisa, la Sala encuentra que no cumplen con los requisitos exigidos para que las erogaciones sean deducibles en el impuesto de renta.

Si bien la sociedad afirma que esta erogación corresponde al pago de una casa ubicada en el club, utilizada para relaciones públicas, lo cierto es que en el expediente no se encuentra probada su injerencia en la productividad de la sociedad, ni que la expensa se hizo en cumplimiento de las obligaciones inherentes a la buena gestión empresarial, lo que demostraría que es necesaria para la actividad productora de renta de la empresa.

Al no encontrarse probado que la erogación reúne todos los presupuestos del artículo 107 del Estatuto Tributario, no procede la deducción por este concepto. En consecuencia, se declarará la procedencia de la deducción por cuotas de administración del centro empresarial en la suma de $4.838.000 y la improcedencia de la deducción por cuotas de administración al Club Puerto Peñalisa por valor de $5.188.950.

  (2016-04-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta


No procede el descuento tributario por donacion de acciones cuando en el valor intrinseco de las acciones, tomado como descuento, se han incluido las valorizaciones de las acciones.
    El valor intrínseco de la acción ha sido definido por la doctrina como “una valoración de las participaciones de capital, para lo cual se tiene en cuenta la realidad patrimonial de la sociedad”.
Extracto:

Para resolver el presente asunto es importante precisar que para la época de los hechos se encontraba vigente el artículo 249 del Estatuto Tributario, que permitía a los contribuyentes descontar del impuesto sobre la renta y complementarios, el 60% de las donaciones que efectuaran durante el año gravable a las instituciones de educación superior.

Para la procedencia del descuento tributario, el artículo 125-2 ibídem prescribía que cuando la donación recayera sobre títulos valores estos debían estimarse a precios de mercado de acuerdo con el procedimiento establecido por la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera.

En el año 2002, el procedimiento dispuesto por la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera, para determinar el valor de los títulos valores, era el contemplado en la Resolución No. 1200 de 1995. El artículo 1.7.1.8. de esa normativa permitía a los contribuyentes utilizar como forma de valoración de las acciones “el valor intrínseco de acuerdo con la última información divulgada por el emisor”.

Incluso se ha sostenido que “el valor real de una acción puede obtenerse con cierta aproximación mediante la división del capital contable entre el número total de ellas”. Es por eso que cuando la Superintendencia Financiera exige que los títulos valores se determinen con el valor intrínseco, lo hace para efectos de controlar que el valor de esas inversiones reflejen la real situación económica y financiera del ente societario.

De ahí que no deba incluirse en ese cálculo el valor correspondiente a las valorizaciones, puesto que las mismas no son un derecho o bien real para el contribuyente, sino una expectativa de que el titulo puede valer más de lo que se registró por el activo en los libros de contabilidad.

  (2016-04-12) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los derechos de sistematizacion y asistencia al contribuyente no pueden ser exigidos por el Departamento de Risaralda a los contribuyentes del impuesto de vehiculos al tratarse de un cobro por funciones administrativas no creado por ley.
    La Sala advierte que el gravamen establecido bajo la denominación de “derechos por el servicio de sistematización y asistencia al contribuyente” no tiene sustento en una ley. Fue
Síntesis del caso:

Se demandó ante el Tribunal Administrativo de Risaralda la nulidad del artículo 6° de la Ordenanza 038 del 30 de noviembre de 2009 expedida por la Asamblea Departamental de Risaralda, que se refiere al cobro de los derechos por el servicio de sistematización y asistencia al contribuyente, establecidos para la liquidación y pago de los impuestos sobre vehículos automotores, dirigido a los propietarios o poseedores de vehículos iguales o mayores a cuatro ruedas, por un monto equivalente a 1.6 SMLDV y para los automotores de tres ruedas o menos el equivalente a 1 SMLDV.

Para el demandante la norma demandada viola el principio de legalidad del tributo, ya que estableció un impuesto sin que preexistiera una ley que ordenara su creación ni sus elementos constitutivos.

En su opinión la Asamblea de Risaralda se arrogó una función que no le corresponde y excedió las facultades que le fueron concedidas por la Constitución y la ley, ya que se configuró la causal de falta de competencia material para crear o imponer contribuciones fiscales o parafiscales que es facultas exclusiva del Congreso de la República.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia del 31 de enero de 2012, declaró la nulidad de la norma demandada, por violación al principio de legalidad tributaria.

  (2016-04-11) [Mas Información]
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Sección Cuarta


El liquidador de una sociedad ya liquidada solo responde por los perjuicios causados por el incumplimiento de sus deberes y en consecuencia no debe responder por el pago de impuestos cobrados despues de la liquidacion de la persona juridica.
    “…Así pues, con la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación, esto es, la liquidación definitiva de la sociedad, esta desaparece como sujeto de derecho. En consecuencia, hasta ese momento el liquidador tiene capacidad para representarla legalmente.
Síntesis del caso:

El municipio de Medellín exigió a un contribuyente persona jurídica el pago del 50% del impuesto de industria y comercio generado por el desarrollo de cinco proyectos inmobiliarios, a través del documento “Advertencia de pago-impuesto de industria y comercio” en los cuales determinó el impuesto tomando como base gravable el 80% del total del presupuesto de ventas, conforme con los artículos 2 y 5 del Decreto Municipal 1147 de 2005.

El 50% del impuesto fue pagado mediante cuentas de cobro de los años 2006 y 2007. Por escritura pública de diciembre de 2009, de la Notaría 20 de Medellín, se declaró la liquidación definitiva de la actora.

El municipio determinó que el contribuyente debía $ 232.798.831 correspondiente al 50% restante. El Consejo de Estado advierte que antes de la expedición de la resolución 56 del 3 de enero de 2011, por la cual fijó el “debido cobrar del impuesto de industria y comercio”, la demandante ya se había liquidado e inscrito en el registro mercantil el 24 del mismo mes, la cuenta final de liquidación.

  (2016-04-11) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


la Sala concluye que la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro de la entidad territorial no creo un procedimiento diferente al previsto por el Paragrafo 3º del articulo 631 del Estatuto Tributario, y que tampoco vulnero los derechos de los sujetos obligados.
    La Subdirección de Impuestos y Catastro Municipal de Santiago de Cali es competente para prescribir las especificaciones técnicas y sujetos pasivos para el envío de la información en medios magnéticos, aunque la fecha de expedición del acto sea posterior a la prevista en el Estatuto Tributario Nacional.
Síntesis del caso:

Se demandó la nulidad de la Resolución 1137 del 25 de octubre de 2006 expedida por el Municipio de Santiago de Cali, por la cual se estableció la información, lo sujetos obligados, las especificaciones técnicas de la información a presentar en medios magnéticos ante el Municipio de Santiago de Cali, por el año gravable 2005.

El demandante consideró que el subdirector administrativo de impuestos, rentas y catastro del municipio violó el parágrafo 3º del artículo 631 del Estatuto Tributario, según el cual las características técnicas para la entrega de la información se deben definir por lo menos con dos meses de anticipación al último día del año gravable sobre el cual se solicita la misma, ya que habiendo sido expedida el 25 de octubre de 2006, se solicitó en forma retroactiva la información correspondiente al año 2005.

  (2016-04-11) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es deducible en el impuesto sobre la renta el valor pagado por las vacaciones causadas en el año, asi como el ajuste efectuado al pagar las mismas correspondientes a años anteriores al gravable, en este ultimo caso sin incluir lo ya deducido.
    Según el artículo 105 del citado estatuto, se entiende causada una deducción cuando nace la obligación de pagarla. En concordancia con lo anterior, el artículo 48 del Decreto 2649 de 1993 señala que en la contabilidad de causación los hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen, y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente.
Síntesis del caso:

La administración de impuestos nacionales respecto de la declaración de renta de un contribuyente persona jurídica, respecto del año gravable 2002, desconoció las siguientes deducciones:
    a) salarios, prestaciones y otros conceptos laborales por $ 77.823.000;

    b) por gastos de servicio de TV cable por $ 2.058.025, por cuotas de sostenimiento de una Corporación Empresarial $ 4.838.000 y por cuotas de administración del Club Peñalisa $ 5.188.950 y por la contribución a la Superintendencia de Sociedades $ 13.584.0000;

    c) descuento tributario por donaciones $ 204.364.000.
Asimismo impuso sanción por inexactitud por $ 406.974.000, incrementó la sobretasa en $ 12.212.000. El rechazo de los pagos prestacionales estuvo centralizado en el desconocimiento de la deducción por vacaciones por $ 77.823.000 debido a que para el cálculo se utilizó un factor diferente al de 4.1666 % que representa los días hábiles de vacaciones remuneradas a que tiene derecho un trabajador (15/360).

Para la actora, la DIAN desconoce que la ley no limitó la determinación del gasto por vacaciones a ese porcentaje puede variar. En cuanto a los pagos a la Corporación Empresarial, al Club Peñalisa y al Departamento del Meta no reúnen los requisitos de las expensas necesarias por cuanto no tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta.

La DIAN no aceptó el descuento tributario por donaciones al no estar determinado como la diferencia entre el valor de venta y el de compra de las acciones, sino al contrario haber incluido una valorización dentro del valor del costo fiscal.

  (2016-04-11) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es procedente la aplicacion simultanea de la presuncion de ingresos por consignaciones bancarias en cuentas de terceros o en cuentas no registradas en la contabilidad con la presuncion de ingresos por omision del registro de compras.
    Anota la Sala que, contrario a lo afirmado por el a quo, no existe norma en el Estatuto Tributario que prohíba la aplicación simultanea de las presunciones contempladas en los artículos 755-3 y 760 del Estatuto Tributario.
  • Síntesis del caso:
Una persona natural presentó la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 1997 en la que determinó un saldo a pagar de $ 119.000.

La administración de impuestos modificó tal declaración al desconocer costos y deducciones por $ 82.443.067, adicionó la renta líquida gravable por la presunción del artículo 755-3 del Estatuto tributario, $ 53.361.000 en aplicación de la presunción del artículo 760 del mismo estatuto, desestimó retenciones por $ 1.640.000 e impuso sanción por inexactitud por $ 92.994.000.

En su parecer la DIAN partió de suposiciones, no de hechos verdaderos y demostrados por lo que violó el artículo 745 del Estatuto Tributario; asimismo desconoció el artículo 755-3 porque no demostró que los valores consignados corresponden a ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente.

De igual forma la administración tomó las compras como ingresos aplicando la presunción establecida en el artículo 760 del mismo estatuto, pero omitió tenerlas en cuenta como descuentos en el IVA.

  (2016-04-08) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es posible deducir los impuestos descontables del IVA de la renta liquida generada por la presuncion de ingresos por omision del registro de compras.
    La presunción de ingresos prevista en el artículo 760 del E.T. parte del presupuesto de que cuando el contribuyente omite informar compras destinadas a operaciones gravadas omite reportar costos con el fin de omitir ingresos.
  • Extracto:
Según el demandante: “… como al decir de la Administración no existían soportes y por ello lo solicitado como compras a la postre se convierten en INGRESO (Artículo 760 del E.T.) y por el principio del non bis ídem, las dichas compras deben contener un componente de IVA (Impuesto descontable) que la misma Administración no puede desconocer”.

La Sala precisa que el impuesto sobre las ventas, pagado en la adquisición de bienes o servicios que no deba ser tratado como descontable, será deducible del impuesto sobre la renta, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en al artículo 107 del Estatuto Tributario y demás condiciones fijadas en el Capítulo V, Título I del Libro I del Estatuto Tributario.

Con lo anterior, se excluye la posibilidad de que quede a criterio del contribuyente optar por cualquiera de los beneficios mencionados, pues si legalmente el impuesto pagado debe ser tratado como descontable y el contribuyente no lo utiliza, tampoco podrá llevarlo como costo o gasto deducible del impuesto sobre la renta.

  (2016-04-08) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La certificacion exigida a los trabajadores independientes sobre los datos del contrato para efectos de la retencion en la fuente prevista en la Ley 1450 de 2011, no podia ser obligatoria para todos sino solo a quienes estuvieran interesados en ese tratamiento especial.
    Se excedieron las facultades reglamentarias del gobierno nacional, al exigir a los trabajadores independientes, una certificación que solo era obligatoria para los profesionales que pretendieran que se les aplicara la tabla de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario.
Síntesis del caso:

Dos ciudadanos actuando a nombre propio y en ejercicio de la acción de simple nulidad del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo solicitaron en sendas demandas la nulidad del artículo 1° del Decreto 3590 de 2011, por el cual se reglamentó el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011, que se refería a la aplicación de la tabla de retención en la fuente para los trabajadores independientes.

En el proceso 19.234 el demandante estimó que el artículo 1° del Decreto 3590 de 2011 vulneraba los artículos 1, 2, 4, 15, 33 y 84 de la Constitución Política, en la medida en que se exige a los trabajadores independientes revelar información personal sobre los honorarios que cobran a sus clientes para obtener el pago por sus servicios, lo que vulnera el derecho a la intimidad y el secreto profesional.

Además antes de la expedición del decreto, no se consultó a la comunidad afectada, pese a que uno de los objetivos del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. En el proceso 19.114 la demandante solicitó la nulidad de las expresiones “en todos los casos” y “es requisito para el pago o abono en cuenta al contratista” del artículo 1° del decreto demandado, por considerarlos violatorios de los artículos 189-11 de la Constitución Política, 173 de la Ley 1450 de 2011, 392 del Estatuto Tributario y 1602 del Código Civil.

Lo anterior debido a que se excedieron las facultades reglamentarias del gobierno nacional, al exigir a los trabajadores independientes, una certificación que solo era obligatoria para los profesionales que pretendieran que se les aplicara la tabla de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario. De igual manera, una vez realizada la labor contratada, no puede omitirse el pago al contratista porque éste no aportó la certificación que ordenaba la norma demandada.

  (2016-04-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta


El pago del contrato para los trabajadores independientes en vigencia de la Ley 1450 de 2011 no podia estar condicionado a que el trabajador presentara la certificacion sobre los datos del contrato de prestacion de servicios.
    La Sala declarará la nulidad de la expresión “y es requisito para el pago o abono en cuenta al contratista”, del inciso final del artículo 1º del Decreto 3590 de 2011, porque con su expedición, el gobierno nacional excedió la potestad reglamentaria.
Extracto:

“…En efecto, si bien es cierto que la presentación de la certificación, como se dijo antes, tiene relación directa con la finalidad que persiguió en su momento la Ley 1450 de 2011, pues dicho trámite permite determinar si el trabajador independiente cumple las condiciones para que se le aplique el tratamiento tributario especial señalado en el artículo 173 ibídem, y en esa medida, es un desarrollo necesario de la ley, no lo es menos que la consecuencia jurídica que el decreto reglamentario atribuye a la omisión de dicho deber, no guarda relación con el propósito de la medida adoptada por el legislador.

Si la finalidad de la disposición legal era permitir que a los trabajadores independientes se les aplicara la tabla de retención en la fuente de los asalariados, previo el cumplimiento de unos requisitos, la única consecuencia que podría derivarse del incumplimiento de dichas exigencias, es la no aplicación de la tabla de retención especial.

De allí, que la medida difiere de ser una herramienta técnica indispensable para el cumplimiento de la ley; luego, es claro que la expresión analizada va más allá del objeto de la norma reglamentada, y comporta, por lo tanto, un exceso en la potestad reglamentaria. De otro lado, el contrato de prestación de servicios, es de los denominados onerosos conmutativos, comoquiera que allí se pactan obligaciones para ambas partes, y en términos generales, dichas cargas son equivalentes.

De esa manera, el pago, como obligación del contratante, es un asunto sustancial, que debe ser determinado por las partes y, en su defecto, por el legislador; luego, en principio, no podría ser tratado vía decreto reglamentario.

  (2016-04-07) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Por falta de motivacion y divulgacion previa se suspende provisionalmente la resolucion del Ministerio del Transporte que fijo los avaluos comerciales para el impuesto de vehiculos del año 2016.
    La Sala unitaria encuentra demostrado, en primer término, una inexcusable falta de motivación, que no falsa, de la Resolución 5358 de 2015 que afecta la legalidad y legitimidad de la medida, pues la resolución omitió explicar las razones por las cuales el Ministerio de Transporte debió introducir los incrementos en el avalúo comercial de los vehículos sujetos a impuesto en el año 2016.
Síntesis del caso:

La Asociación Colombiana de Usuarios de Vehículos Particulares, solicitó en ejercicio del medio de control de nulidad, que la Resolución 5358 del 30 de noviembre de 2015 del Ministerio de Transporte fuera declarada nula y dentro de la misma solicitó como medida cautelar de urgencia la suspensión provisional.

A juicio de la demandante, la Resolución 5358 de 2015 al fijar la base gravable del impuesto de vehículos violó los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, 143 de la Ley 446 de 1998 y 135, 136 y 137 del Estatuto Tributario por lo siguiente:
    a) desconoció el artículo 338 de la Constitución porque es el legislador y no el Ministerio de Transporte el encargado de fijar la base gravable del impuesto de vehículos automotores;

    b) violó el artículo 363 de la Carta Política porque estableció la base gravable del año 2016 sin tener en cuenta la realidad del mercado y de paso desconoció los principios de equidad, eficacia y progresividad del sistema tributario, toda vez que el aumento generalizado del avalúo comercial de los vehículos no tuvo en cuenta la capacidad de pago de los propietarios y poseedores;

    c) vulneró el artículo 143 de la Ley 488 de 1988, por cuanto desconoció que el avalúo comercial del vehículo es el límite al momento de fijar la base gravable del impuesto y a su vez es inaplicable por inconstitucional pues delegó en el Ministerio de Transporte la competencia de fijar la base gravable del impuesto de vehículos;

    d) transgredió los artículos 135, 136 y 137 del Estatuto Tributario, contra la realidad del mercado y la técnica contable, presume que los vehículos automotores no son bienes que se deprecian, sino que se valorizan;

    e) la resolución fue expedida de manera irregular porque el Ministerio no cumplió con el deber de socializar el proyecto de Resolución que fijó la base gravable, tal como lo ordena el numeral 8 de la ley 1437 de 2011 y el Decreto 1345 de 2010 (Decreto relacionado con la técnica normativa).

  (2016-04-07) [Mas Información]
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No es posible la concurrencia de intereses corrientes y moratorios en la devolucion del pago de lo no debido por el lapso comprendido entre la fecha en que se notifica el acto que niega la devolucion y la fecha de ejecutoria de la sentencia.
    El artículo 863 E.T. distingue dos tipos de intereses que remuneran dos situaciones distintas y, por ende, excluyentes, pues mientras los intereses corrientes se reconocen por el lapso que dura la discusión sobre la procedibilidad de la devolución reclamada, los de mora se causan cuando la Administración no realiza el pago una vez la devolución se ha hecho exigible.
Síntesis del caso:

Una empresa promotora de salud presentó ante la administración distrital de Bogotá, una solicitud de devolución del impuesto de industria y comercio pagado en los 6 bimestres de los años 1996 a 2002 y 1º a 4ª del año 2003, al considerar que se configuró un pago de lo no debido toda vez que los ingresos percibidos por concepto de Unidades de Pago por Capitación (UPC) no pueden ser gravados con el impuesto de industria y comercio.

Ante la negativa a tal devolución de la administración distrital, la entidad promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

La anterior decisión fue revocada por el Consejo de Estado quien ordenó la devolución de $ 667.455.000 junto con los intereses corrientes y moratorios conforme con lo dispuesto en los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario e intereses civiles.

Mediante dos Resoluciones de diciembre de 2009, la administración ordenó pagar a la demandante la suma de $ 1.068.492.000 por concepto de los intereses. Contra las anteriores resoluciones interpuso recurso de reposición para oponerse a la liquidación de los intereses al considerar que los intereses moratorios deben ser liquidados desde el 13 de enero de 2004 hasta el 9 de diciembre 2009 y por ende el valor a pagar es de $ 1.234.780.843.

  (2016-04-07) [Mas Información]
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Cuando la venta de mezcla asfaltica, de acuerdo a su destinatario, es gravada con el IVA, el servicio de transporte tambien hace parte de la base gravable de la operacion.
    La demandante aduce que el asfalto es exento del IVA en virtud del artículo 5º de la Ley 30 de 1982 y esta exención se aplica para la venta de mezcla asfáltica.
Síntesis del caso:

Una persona jurídica presentó la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al tercer bimestre de 2006 en la que registró ingresos brutos por operaciones gravadas de $ 175.900.000 y un impuesto a cargo de $ 8.397.000.

En el año 2001, mediante liquidación oficial de revisión la DIAN aumentó los ingresos brutos por operaciones gravadas a $ 770.022.000, el impuesto generado por $ 123.203.000 y una sanción por inexactitud de $ 152.094.000.

La demandante aduce que el asfalto es exento del IVA en virtud del artículo 5º de la Ley 30 de 1982 y esta exención se aplica para la venta de mezcla asfáltica. Con base en esa interpretación la base gravable del IVA en el transporte de mezcla asfáltica está conformada por el valor total de la venta incluyendo el transporte, de modo que si la operación principal está exenta de tarifa, dichas operaciones tienen el mismo tratamiento.

  (2016-04-07) [Mas Información]
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La declaratoria de nulidad de un acto ilegitimo no restablece per se el daño ocasionado y en ese caso se debe restablecer el derecho mediante una reparacion integral ya sea in natura o por equivalente del daño.
    El restablecimiento del derecho puede implicar la reparación de perjuicios, debe tenerse en cuenta que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 previó que dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.
Síntesis del caso:

Un Banco en su calidad de contribuyente del impuesto sobre la renta, le presentó a la DIAN una solicitud para acogerse al régimen de estabilidad tributaria previsto en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario por un término de 10 años. La DIAN aceptó suscribir el acuerdo de estabilidad por lo que restaba del año 2000.

El Banco ante la manifestación de la administración tributaria de no estar interesada en suscribir el acuerdo por el término solicitado, procedió a protocolizar mediante escritura pública, el silencio administrativo positivo y en consecuencia pagó los dos puntos porcentuales del impuesto sobre la renta de los años 2011 y 2002 según lo exigía el artículo 240-1 del E.T. para hacer efectivos los derechos del régimen.

La DIAN revocó el acto ficto positivo y ordenó la cancelación de la escritura pública. Contra ese acto de revocatoria, el Banco interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho que fue decidida por el Consejo de Estado mediante fallo inhibitorio. Sin embargo mediante recurso extraordinario de súplica, una Sala Especial transitoria de la misma Corporación, declaró que el Banco tenía derecho al régimen de estabilidad tributaria por un término de 10 años a partir del año 2001.

En cumplimiento de la anterior sentencia, el 4 de julio de 2008, el demandante pagó el incremento del impuesto sobre la renta por los años gravables 2001 a 2007 y a su vez le solicitó a la DIAN la devolución de $ 565.044.000 y $ 565.043.000 cancelados el 23 de mayo y 23 de septiembre de 2004 por concepto de la primera y segunda cuota del impuesto al patrimonio de ese año.

  (2016-04-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El restablecimiento por equivalente se concreta en el reconocimiento de obligaciones pecuniarias mutuas que a su vez pueden extinguirse por cualquiera de los medios legales.
    El restablecimiento del derecho no puede entenderse concretado a lo pretendido en la demanda ni su reconocimiento puede condicionarse a si el juez ordenó expresamente la devolución, el pago o la compensación de las obligaciones pecuniarias mutuas.
Extracto:

“…la Sala considera que los actos administrativos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas particulares y concretas de carácter tributario son actos constitutivos y que, por lo mismo, su nulidad puede dar lugar al restablecimiento del derecho mediante la reparación in natura o por equivalente, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Así por ejemplo, si se anula una liquidación oficial de revisión de impuestos nacionales, el derecho in natura se restablece mediante la declaración de firmeza del denuncio privado. Si se anula un acto administrativo que impone una sanción, el derecho in natura se restablece declarando que el contribuyente no está obligado a pagar la sanción impuesta.

Ahora bien, si se anula el acto administrativo que niega el derecho a gozar de un beneficio tributario, la sentencia puede declarar que el contribuyente tiene derecho al beneficio, y, en ese entendido, la sentencia ejecutoriada constituye una situación jurídica que permitiría gozar del beneficio tributario desde que éste se creó.

De ahí que, en casos como el planteado o en otros anteriores, es posible que el juez tenga que precisar las condiciones en que puede hacerse efectivo el derecho. En ese entendido, las ordenes que emita el juez pueden implicar un restablecimiento del derecho mediante la reparación in natura, pero también por equivalente, si aquel no es posible….

En ese entendido, para la Sala, de la sentencia que declara que el contribuyente goza del régimen de estabilidad tributaria se deriva un restablecimiento del derecho que se repara por equivalente, porque se concreta expresa o tácitamente en el reconocimiento de las obligaciones pecuniarias mutuas que se originan en ese régimen de estabilidad tributaria y en el reconocimiento de que esas obligaciones pueden extinguirse mediante el pago, la devolución e incluso la compensación u otro medio de extinguir este tipo de obligaciones.

  (2016-04-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


En sentencias de contenido economico donde se ordena restablecer las obligaciones pecuniarias mutuas no hay lugar a reconocer los intereses legales del Codigo Civil sino que se aplica la indexacion de condenas con base en el IPC a que se refiere el Codigo Contencioso Administrativo.
    El ajuste de las condenas se fundamenta en el principio de reparación integral que, en casos como el analizado, en los que se privó al contribuyente de un régimen tributario especial que habría obtenido lícitamente, el daño infligido por esa privación se debe reparar de manera total.
Extracto:

En las sentencias del 9 de julio [Exp. 15923] y 23 de julio [Exp. 16785], ambas de 2009, se concluyó que si bien era cierto que había que aplicar el artículo 863 del E.T., se consideró que también era procedente aplicar el artículo 1617 del C.C. para reconocer los intereses legales del 6% a efectos de compensar la desvalorización monetaria que se habría causado entre la fecha en que se pagó el impuesto no debido y la fecha en que se notificó el acto administrativo que negó la devolución. Esto, por razones de equidad.

En esta oportunidad, la Sala unifica su criterio y, para el efecto, precisa que, en casos como el analizado, no es procedente aplicar la tarifa del 6% anual prevista en el artículo 1617 del C.C. La norma que se debe aplicar es el artículo 178 del C.C.A. porque en el caso analizado se parte de la existencia de una sentencia que reconoce el régimen de estabilidad tributaria y esta sentencia tiene contenido económico pues ordena restablecer las obligaciones pecuniarias mutuas al estado en que se encontrarían si el régimen de estabilidad tributaria se hubiera reconocido desde un principio.

Dado que el restablecimiento del régimen de estabilidad tributaria implica el pago de los dos puntos porcentuales del impuesto de renta, de una parte, y la devolución de los impuestos no debidos, de otra, la sentencia adquiere la condición de sentencia condenatoria y, por tanto, se rige por las leyes que gobiernan ese tipo de sentencias.

Así, el artículo 178 del C.C.A. dispone que la liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deberán ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor.

  (2016-04-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La Sala, en esta oportunidad, revoca la condena impuesta por el a quo a la DIAN, en cuanto ordenó pagar el interés legal del 6%.
    El ajuste de las condenas se fundamenta en el principio de reparación integral que, en casos como el analizado, en los que se privó al contribuyente de un régimen tributario especial que habría obtenido lícitamente, el daño infligido por esa privación se debe reparar de manera total.
Extracto:

Puede ocurrir, entonces, que al momento en que se expida la sentencia que declara la existencia de ese régimen de estabilidad tributaria el contribuyente no haya pagado los dos puntos porcentuales adicionales del impuesto de renta. En esos casos, es pertinente que la DIAN exija el pago de ese mayor impuesto.

Ahora bien,
  • ¿en qué condiciones se deben pagar los dos puntos porcentuales adicionales del impuesto de renta?
La Sala considera que para entender satisfecho el pago de la tarifa especial del impuesto de renta del régimen de estabilidad tributaria, el contribuyente debe pagar los dos puntos porcentuales del impuesto de renta debidamente actualizados, pues no es lo mismo que el Estado recaude el impuesto, por ejemplo, en el año 2001, a que lo reciba, años después.

Eso es así en virtud del efecto retroactivo de la sentencia que reconoce el derecho al régimen de estabilidad tributaria que, como se precisó anteriormente, implicó el restablecimiento de obligaciones pecuniarias mutuas, concretamente, que el contribuyente asumiera el deber de pagar la tarifa especial del impuesto de renta y la DIAN la de devolver los impuestos pagados y que se habrían estabilizado a instancia de la aplicación del régimen de estabilidad tributaria (…)

  (2016-04-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es procedente la deduccion en el impuesto sobre la renta de las cuentas por cobrar perdidas cuando el descargo de ellas se hace mediante la constitucion de una provision debitando una cuenta de gasto y acreditando la cuenta por cobrar.
    La afectación a cuentas de resultados (gastos) se da al momento del castigo de la cuenta incobrable.
Síntesis del caso:

Una empresa de telecomunicaciones absorbida en el año 2009, presentó en junio de 2006 la declaración de renta por el año gravable 2005 en la que liquidó un saldo a favor de $ 256.876.000, valor que mantuvo en una corrección a la declaración efectuado en el año 2008. En diciembre de éste último, la absorbida presentó ante la DIAN una solicitud para la devolución del saldo a favor, el cual fue compensado.

Dentro del programa de posdevoluciones la DIAN inició una investigación para constatar la procedencia del saldo a favor y en agosto del año 2008 le profirió un requerimiento especial y luego una liquidación de revisión respecto del año gravable 2005.

En el acto oficial le modificó la declaración de renta para desconocerle deducciones por deudas manifiestamente perdidas o sin valor por $ 522.214.326 y costos y deducciones por servicios públicos por $ 22.247.789 y $ 6.367.023 respectivamente, lo que produjo un impuesto a cargo de $ 176.017.000 y una sanción por inexactitud de $ 281.627.000.

El motivo del rechazo de la deducción por el castigo de cartera fue que el descargue del castigo no se realizó en el año 2005, sino el 1° de enero de 2006 y respecto de la deducción por servicios públicos, consideró que como los costos se entienden causados cuando nace la obligación de pagarlos, es decir cuando se recibe el bien o el servicio, entonces como fueron prestados en el año 2004, lo procedente era contabilizar y deducir en ese año los valores correspondientes.

  (2016-04-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Son deducibles en el impuesto sobre la renta para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los pagos por servicios publicos causados en los primeros dias del periodo gravable, aunque la factura comprenda algunos dias del mes de diciembre del año anterior.
    Si se aceptara el argumento de la DIAN en el sentido de que en el año 2004 debieron haberse causado todos los costos y gastos rechazados, se tendría que haber estimado su monto mediante provisión, cuyo valor no es aceptado como pasivo fiscal (artículo 283 del E.T).
Extracto:

“…Además de lo anterior, la fecha del balance de prueba es a diciembre 2005 y los servicios públicos controvertidos son los pagados en enero de 2005, que corresponden, en general, a servicios prestados parcialmente en el año gravable 2004. Por lo tanto, las cifras del citado balance de prueba no acreditan la constitución de provisiones por servicios públicos por la suma total rechazada por la DIAN ($28.614.809).

Con fundamento en los artículos 59 y 105 del Estatuto Tributario, la actora tiene derecho a llevar los costos y deducciones en el año gravable en que nace la obligación de pagarlos, aunque su pago no se haya hecho efectivo al terminar el período gravable (E.T. artículo 105).

De las pruebas que existen en el expediente se concluye que la actora no provisionó los gastos por servicios públicos, sino que la causación la efectuó una vez conoció el valor real del pasivo, de acuerdo con las facturas recibidas en el año 2005.

A juicio de la Sala, deben aceptarse en el año 2005 como costos y gastos procedentes, los pagos por servicios públicos que se causaron finalmente en el año gravable 2005, pues aunque comprendan algunos días de diciembre de 2004 también se prestaron en los primeros días de enero del año gravable 2005 y solo en ese año nació la obligación de pagarlos. En el mismo orden de ideas, no son aceptables los pagos por servicios públicos que se prestaron íntegramente en el año 2004, pues la obligación de pagarlos surgió en ese año y no en el 2005, independientemente de que las facturas se expidieran en enero del año gravable 2005.

  (2016-04-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El indicio es una prueba critica, logica e indirecta que parte de un hecho indicador probado en el proceso que se utiliza para llegar a un hecho desconocido mediante una operacion logica y con nexo de causalidad.
    El calificativo de “indicio” se condicionaba a la debida prueba del hecho respecto del cual se predica, y ordena apreciarlos en conjunto, de acuerdo con su gravedad, concordancia y convergencia, así como con su relación con las demás pruebas que obran en el proceso.
Síntesis del caso:

Una sociedad presentó la declaración de renta por el año gravable 2006 donde liquidó un saldo a favor por $ 148.496.000 cuya devolución fue ordenada por la DIAN en abril de 2007. En julio ante un emplazamiento para corregir, la sociedad vía electrónica corrigió la declaración y reliquidó el saldo a favor a $ 142.321.000.

Mediante requerimiento especial de agosto de 2008, la DIAN redujo los pasivos declarados de $ 2.813.075.000 a $ 2.205.276.000, los costos de venta de $ 7.544.296.000 a $ 4.696.201.000, el saldo a favor a $ 0 y aumentó el patrimonio líquido a $ 1.354.516.000, el impuesto neto de renta a $ 1.104.072.000 y el impuesto a cargo a $ 1.214.479.000 y las sanciones a $ 1.755.455.000.

La razón de los rechazos de pasivos y de costos fue la supuesta simulación de las compras de materias primas respecto de las cuales se generaron los pasivos y costos declarados, que por tanto se estimaron inexistentes.

La administración tributaria adujo que a lo largo de la investigación se presentaron indicios graves sobre la simulación de las operaciones realizadas entre la accionante y otras empresas, por el capital con el que se constituyeron, la inexistencia de cuentas bancarias y el hecho de tener un mismo representante legal.

Las declaraciones del IVA con un mínimo margen de utilidad constituyen indicio grave de la no realización de operaciones comerciales. Afirma que el rechazo de los costos y deducciones obedeció a las pruebas testimoniales y documentales allegadas al expediente.

  (2016-04-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El contribuyente tiene la carga de la prueba para desvirtuar el rechazo de costos por compras derivado de los indicios de su inexistencia que obtuvo la DIAN a traves de pruebas documentales y contables.
    El reconocimiento de costos queda pendiendo del acervo probatorio que el contribuyente allegue a la actuación administrativa de determinación oficial del impuesto, dada su condición de directo interesado en lograr la aceptación fiscal de los mismos para reducir la base gravable de su renta ordinaria.
Extracto:

“…Desde ese punto de vista, considera la Sala que la accionante debió allegar medios probatorios capaces de demeritar de manera contundente y fehaciente las evidencias invocadas por la Administración, es decir, todos los que estuvieren directamente relacionados con el efectivo cobro de los cheques por parte de las empresas proveedoras que figuran en los comprobantes de pago.

Ello implicaba tachas de falsedad sobre las informaciones suministradas por los bancos en los que estaban inscritas las cuentas corrientes a cuyo cargo se giraron los distintos cheques objeto de cuestionamiento fiscal, con documentos que desmintieran los cobros por parte de personas distintas a Comercializadora Aleo EU y León Plast EU, o que constataran la relación existente entre éstas y dichas personas.

Así mismo, la contribuyente debía desvirtuar las certificaciones suministradas por el revisor fiscal de Molino Flor Huila S. A. y por el contador de V. D. Mundo a sus pies, sobre la inexistencia de relación comercial con las empresas señaladas, pues la condición profesional y funcional de quienes las suscriben permite advertir en ellos afirmaciones lo suficientemente serias y creíbles para incidir, con alcance determinante, en la etapa gubernativa correspondiente.(…)

Si a la luz de las reglas de la sana crítica y de la experiencia se analizan conjuntamente estas circunstancias con los indicios contingentes que se mencionaron en el acápite anterior, el hecho indiciado (la inexistencia de las operaciones de compra generadoras de costos, por falta de certeza de la operatividad de las vendedoras) supera el lindero de las sospechas formales que menciona el apelante y alcanza el carácter de plena prueba sobre el supuesto inferido e inicialmente desconocido, para cuya contradicción los antecedentes administrativos no muestran pruebas categóricas sobre el hecho opuesto.

  (2016-04-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2007-00041-01(17054)

BENEFICIO DE AUDITORIA - Es requisito para acceder a el que los valores de retencion en la fuente sean reales y verificables.
    CERTIFICADOS DE RETENCION - Deben demostrar la existencia de los valores imputados o descontados en la declaración de renta.
Uno de los requisitos para acceder al beneficio de auditoría por los años 2000 a 2003, es que los valores de retención en la fuente imputados o descontados en la declaración de renta sean reales y verificables, es decir, existentes, de manera que tal exigencia deberá demostrarse por el contribuyente con los certificados de retención en la fuente expedidos por el agente retenedor o, en su defecto, con los demás medios de prueba aceptados para fines tributarios.

La importancia de los certificados radica en que con ellos se soporta en debida forma el valor imputado al impuesto a cargo liquidado en el correspondiente año gravable. De otra parte, está la obligación de la actora de demostrar la existencia de las retenciones en la fuente que fueron practicadas en el año gravable 2002, como requisito para acceder al beneficio de auditoria.

Al respecto se observa que si bien la actora no presentó las certificaciones de las retenciones imputadas en la declaración de renta por el año gravable 2002, con ocasión del requerimiento ordinario, de la inspección contable, de la inspección tributaria y del requerimiento especial, las allegó con la respuesta a la ampliación del requerimiento, siendo ésta una oportunidad igualmente válida y procedente para aportar pruebas, según lo dispone el artículo 744 E.T., En estas condiciones, como las certificaciones de retención en la fuente fueron allegadas oportuna y válidamente, la Administración debió valorarlas y hacer las verificaciones a que hubiere lugar, dentro de los 6 meses que tenía para expedir la liquidación oficial de revisión sin que fuera válido entonces haber tenido como "inexistentes" las retenciones imputadas por la actora.

Por consiguiente, esta Corporación advierte que, no es válido el argumento que sostuvo la demandada en los actos acusados, en el sentido de desestimar las certificaciones de retención en la fuente simplemente por no haber sido aportadas en las oportunidades en que fueron requeridas, porque si bien ello puede justificar la imposición de sanciones relacionadas con la contabilidad, no desvirtúa la existencia de las retenciones en la fuente imputadas por la actora en su declaración privada, para efectos de desconocer el beneficio de auditoria por la causal señalada en el artículo 9º literal c) del Decreto 406 de 1991.

  (2016-03-16) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 66001-23-31-000-2007-00041-01(17054)

CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE - No podian ser rechazadas por no tener fecha cierta.
    FECHA CIERTA - Requisito para documentos que respaldan pasivos.
La demandada no tuvo en cuenta las certificaciones de la retención en la fuente porque no tenían "fecha cierta". Al respecto se advierte, de una parte, que tal requisito no es de los exigidos por el artículo 381 E.T. en concordancia con el artículo 10 del Decreto 836 de 1991 y, de otra parte, la fecha cierta es un presupuesto establecido en el Estatuto Tributario para los documentos con los que se pretenden respaldar pasivos de contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad. (art. 770 E.T.).

No obstante, esta Corporación advierte que, con base en las copias de las certificaciones aportadas por la demandante, la Administración, en ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización podía realizar cruces de información con los agentes retenedores, todo ello a fin de establecer la realidad de las retenciones.

En tales condiciones, los actos demandados carecen de sustento legal, teniendo en cuenta que se desvirtuó la causal invocada por la demandada para que la declaración de renta del año gravable 2002 presentada por la demandante no quedara cobijada con el beneficio de auditoría y que, por ende, la habilitaba para modificar la liquidación privada dentro de los términos generales de revisión previstos en los artículos 705, 706 y 714 del E.T., como en efecto ocurrió, pues el requerimiento especial fue expedido dentro de los 2 años siguientes a la fecha de presentación de la declaración de renta, cuando ya había operado la firmeza de la declaración en los términos del artículo 689-1 E.T.

  (2016-03-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La cesion de bienes destinados al servicio publico de acueducto, no perfeccionada mediante escritura publica, no le generan riqueza al cesionario y por tanto no puede ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio.
    Una sociedad de servicios públicos domiciliarios constituida en San Andrés presentó sin pago las declaraciones privadas del impuesto al patrimonio, por los años gravables 2006, 2007 y 2008.
En el 2010, la Dirección Seccional de la DIAN de San Andrés profirió mandamiento de pago respecto de tales valores adeudados, contra el cual el representante de la empresa propuso la excepción de inexistencia de título ejecutivo.

El demandante se fundamenta en que conforme a las normas del impuesto al patrimonio de esos años y del acervo probatorio se demuestra que no es titular de derechos reales sobre la infraestructura cedida por el Departamento de San Andrés, en la medida en que no se cumplieron las formalidades prescritas en la ley para que se perfeccionara la transferencia de la propiedad de esos bienes.

Indicó que la presunción de aprovechamiento establecida en la ley no puede operar en su favor. La DIAN al contestar la demanda aduce que sí existen los títulos ejecutivos, como son las declaraciones del impuesto de patrimonio y de renta de esos años, liquidaciones privadas que habían adquirido firmeza y por tanto era procedente la acción de cobro.

  (2016-03-09) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La presentacion de la declaracion del impuesto al patrimonio, sin estar obligado a ello, no produce efecto legal alguno y da lugar a la excepcion de falta de titulo ejecutivo en el cobro coactivo.
    La Sala considera que estos hechos sobrevinientes a la presentación de las declaraciones del impuesto al patrimonio por los años 2006, 2007 y 2008 inciden en el proceso de cobro administrativo coactivo y en este proceso y, por tanto, deben ser tenidos en cuenta, pues conforme con el principio de congruencia previsto en el artículo 305 del C.P.C., en la sentencia se debe tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, y que la ley permita considerarlo de oficio.
La Sala precisa, eso sí, que no se trata de convalidar las acciones que se tomaron en torno al aporte de capital que el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hizo para constituir la empresa AGUAS DE SAN ANDRES ESP, ni mucho menos de pasar por alto el principio Nemo auditur propiam turpitudinem allegans, según el cual, “nadie puede alegar en su favor su propia torpeza o culpa".

De lo que se trata es de aplicar el principio de prevalencia del derecho sustancial inmerso en el artículo 594-2 del E.T. que prevé la posibilidad de que una persona incurra en el error de declarar sin estar obligado y que, precisamente por incurrir en ese error, se considere sin efecto legal alguno la declaración tributaria presentada en esas condiciones.

Por las anteriores consideraciones, la Sala encuentra probada la excepción de falta de título ejecutivo...”.

  (2016-03-09) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Un consorcio al actuar como cesionario de un contrato responde como deudor solidario por las obligaciones tributarias del cedente y para ser vinculado al cobro coactivo basta con la notificacion del mandamiento de pago.
    Entre el IDU y una Unión Temporal se suscribió en el año 2008, un contrato de obra relacionado con la malla vial de la zona sur del Distrito Capital.
La DIAN mediante oficio persuasivo le solicitó a la Unión Temporal ponerse al día en el pago de deudas tributarias por concepto de IVA y retención en la fuente de los años 2009 y 2010. En abril de 2010, la Unión Temporal cedió el contrato al Consorcio integrado por las sociedades demandantes, lo cual fue aceptado por el IDU.

La DIAN en el año 2011 libró mandamiento de pago a la Unión Temporal y al Consorcio, respecto de éste último en calidad de deudor solidario. El Consorcio interpuso las excepciones de falta de título ejecutivo y de falta de vinculación del deudor solidario.

En la demanda argumenta que no es viable que la DIAN conforme un título ejecutivo con un documento que no presta mérito ejecutivo, como fue el acuerdo de cesión de abril de 2010 celebrado entre la Unión Temporal y el Consorcio. Las declaraciones de retención e IVA constituyen título ejecutivo contra la Unión Temporal pero no contra el Consorcio.

En la contestación, la DIAN afirma que conforme al artículo 1630 del Código Civil, cualquier persona puede pagar por el deudor y además según el artículo 793 literal f) del Estatuto Tributario, responden con el contribuyente por el pago del tributo, los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor.

  (2016-03-09) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Hay lugar a la sancion por no enviar informacion en medios magneticos cuando la informacion presentada en los estados financieros del contribuyente no satisface los requerimientos de los datos solicitados por la DIAN.
    En el año 2000, la DIAN Seccional Cúcuta envió a un contribuyente persona jurídica (centro comercial) un requerimiento ordinario de información y luego le inició investigación por los años 1997 y 1998.
Posteriormente le profirió pliegos de cargos por cada uno de esos años, ante lo cual al sociedad no dió respuesta, lo que provocó que la administración tributaria expidiera resoluciones sanción por no enviar información en los términos del artículo 651 del Estatuto Tributario.

En la demanda manifiesta que para un sociedad en proceso de disolución y liquidación, la sanción resulta injusta, inequitativa e impagable y además que la información no suministrada no generó daño a la entidad demandada y la sanción no fue proporcional al perjuicio.

Aseveró que no cumple con los montos de egresos por concepto de costos, deducciones e impuestos descontables y que tampoco compró activos fijos o movibles ni suscribió créditos a que se refiere el artículo 631 del Estatuto Tributario.

En la contestación la DIAN afirma que el contribuyente no presentó la información requerida, no aportó documento o prueba que demostrara que no tenía la obligación de informar, ni desvirtuó la sanción.

  (2016-03-09) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es legal que se exija como requisito para la terminacion por mutuo acuerdo de la Ley 1607 de 2012 que el acto administrativo no se encuentre en firme o que no haya operado la caducidad para demandar en nulidad y restablecimiento.
    Un ciudadano en ejercicio del medio de control de nulidad demandó el numeral 4° del artículo 6° del decreto 699 de 2013, ya que en su opinión el gobierno nacional se extralimitó en el ejercicio de su potestad reglamentaria, al establecer un requisito para la procedencia de la terminación por mutuo acuerdo de los procedimientos administrativos que no fue contemplado en la Ley 1607 de 2012.
La violación se presenta al condicionar la posibilidad de acceder al beneficio, a que el acto administrativo que fijara la obligación tributaria no estuviera en firme por no haberse agotado la vía administrativa, ni hubiera transcurrido el término de caducidad para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando el legislador no dispuso esa limitante.

La norma demandada vulnera el principio de confianza legítima, porque la Ley 1607 de 2012 definió los requisitos de procedibilidad para el trámite de terminación de los procesos tributarios y con fundamento en estos, los contribuyentes planificaron sus actuaciones, sin tener en cuenta el requisito de firmeza posteriormente incluído en el acto reglamentario.

  (2016-03-09) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    FECHA CIERTA DE DOCUMENTO - Títulos valores en materia tributaria.
Es un hecho demostrado en el proceso y aceptado por el contribuyente, que los dineros consignados en su cuenta corriente del Banco de Bogotá, durante el año gravable 1995, que motivaron la adición de ingresos propuesta en los actos acusados, corresponden a operaciones realizadas en desarrollo de su actividad productora de renta.

En consecuencia, para desvirtuar la rentabilidad del 15%, que es el hecho presumido por la disposición transcrita, le correspondía demostrar, mediante pruebas idóneas, que no todos los dineros consignados eran ingresos propios.

Para la Sala, tal como lo decidió la Administración y lo aceptó el a quo, las pruebas con las cuales se pretende desvirtuar la presunción legal aplicada (art. 755-3 E.T.) carecen de eficacia probatoria, por las siguientes razones:
  • Los documentos privados, incluidos los títulos valores (letras de cambio), tienen fecha cierta cuando han sido reconocidos por notario, juez o autoridad administrativa, tal como lo dispone el artículo 767 del Estatuto Tributario, al decir:


  • "Un documento privado, cualquiera sea su naturaleza, tiene fecha cierta o auténtica, desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa, siempre que lleve la constancia y fecha de tal registro o presentación".
La anterior disposición está en concordancia con el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, según el cual la fecha cierta del documento privado, se cuenta desde que haya ocurrido un hecho que permita adquirir certeza de su existencia.

  (2016-03-08) [Mas Información]
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CONTABILIDAD - Requisitos. Valor probatorio.
    DETERMINACION DEL IMPUESTO - La contabilidad es referencia para verificar el desarrollo de la actividad del contribuyente.
El Decreto 2649 de 1993, especifica los principios contables generalmente aceptados, así como también el conjunto de conceptos y reglas que se deben observar al registrar los datos contables de un ente económico. Es así que los registros en los libros y los soportes deben guardar la debida correspondencia, habida cuenta que la contabilidad constituye un todo indivisible e integral.

Dentro del proceso de determinación es tal la importancia de la contabilidad, que es el punto de referencia para que la Administración Tributaria pueda establecer las circunstancias frente al desarrollo de la actividad mercantil del comerciante, en esa medida, si el comerciante esta obligado a llevarla de manera completa y fidedigna, resulta entendible que si los registros en ella contenidos no prueban su actividad, no se le asigna valor probatorio en caso de verificación tributaria.

Observa la Sala que la contabilidad de la sociedad Cable Unión de Occidente S.A. no refleja la situación fiscal y económica del negocio, razón suficiente para no tenerla como prueba idónea para desvirtuar las modificaciones realizadas por la Administración Tributaria.

En estos términos no puede aplicarse lo determinado por el artículo 772 del Estatuto Tributario en cuanto a la capacidad probatoria de la contabilidad a favor del investigado, al quedar demostrado el incumplimiento de las normas contables y de los artículos 773 y 774 ibídem.

En consecuencia, el valor probatorio de la contabilidad, depende de que esta sea llevada en la forma ordenada por la Ley, que cumpla los requisitos consagrados en el Decreto 2649 de 1993 y en el Estatuto Tributario, sin cuya observancia no puede considerarse valida para justificar los hechos que por este medio probatorio procura probar.

  (2016-03-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


IMPUESTOS DESCONTABLES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - La factura es el soporte probatorio.
    RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN - En la factura se debe discriminar el impuesto sobre las ventas.
El artículo 771-2 del Estatuto Tributario exige para el reconocimiento de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas que el documento soporte, la factura, cumpla con algunos de los requisitos de los artículos 617 y 618 ibídem.

De igual manera el artículo 618 del Estatuto Tributario determina como requisito adicional para los responsables que pertenezcan al régimen común, la discriminación del correspondiente impuesto sobre las ventas. Lo anterior permite concluir que no le asiste razón al demandante en el sentido, de que por haberse revocado el acto que impuso sanción por no informar, no había lugar al rechazo de los impuestos descontables, pues al tenor del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, para su procedencia deberá aportarse la factura o el documento equivalente, requisito que la sociedad no cumplió, por lo que no procede su aceptación.

Es de precisar que el proceso en el cual se determinó sancionar a la sociedad demandante por no enviar información, es totalmente independiente del que en este momento se controvierte. De manera concreta versa sobre las modificaciones de la declaración del impuesto sobre las ventas del quinto (5) bimestre de 2000, en el cual se rechazan los impuestos descontables por las inconsistencias establecidas en la contabilidad del contribuyente.

Se advierte que la naturaleza y finalidad del proceso sancionatorio son diferentes a las del proceso de determinación, el primero tiene relación con el incumplimiento de los deberes formales del contribuyente tales como, la inscripción en el RUT, la obligación de facturar, de enviar información, de llevar libros de contabilidad, de declarar y, el de determinación corresponde a la verificación de la obligación sustancial, referida a la liquidación y pago del tributo.

  (2016-03-08) [Mas Información]
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Sección Cuarta


CRUCES DE INFORMACION - Es la prueba idonea cuando existe irregularidad en la contabilidad.
    CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO - Requisitos para que tenga valor probatorio.
La información exógena es el conjunto de datos que las personas Naturales y Jurídicas deben presentar a la DIAN según lo establezca el Director General, sobre las operaciones con sus clientes, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos.

Durante la investigación realizada por la División de Fiscalización se solicitó tanto la información exógena reportada por la sociedad Cable Unión de Occidente S.A. como la información exógena de los terceros con los cuales tuvieron transacciones durante el año 2000.

En la información exógena, la División de fiscalización encontró diferencias sustanciales entre lo informado por la sociedad demandante y los terceros, posteriormente realizó cruces de información con los terceros en los cuales los valores reportados por el contribuyente no coincidían con los valores reportados por la sociedad Cable Unión de Occidente S.A.

Considera la Sala que mal podía la Administración Local de Impuestos de Pereira, desestimar la información enviada por los terceros, precisamente porque ésta era la adecuada para esclarecer los valores de las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, costos, impuestos descontables, gastos, deducciones; cuando era evidente la irregularidad en la contabilidad.

El contribuyente presentó ante las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales una certificación de contador público, para acreditar sus costos, gastos y los impuestos descontables. Esta constancia constituye prueba contable de acuerdo con el artículo 777 del Estatuto Tributario.

Para que las certificaciones de contador público o revisor fiscal se consideren pruebas suficientes, deben permitir llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.

En la certificación de contador público aportada por el actor, no pueden verificarse los anteriores requisitos, y fue desvirtuada por la Administración por las irregularidades en la contabilidad, es decir, no puede ser prueba a su favor cuando fiscal y penalmente quedó demostrado que la contabilidad carece de valor probatorio, ya que se debe demostrar la verdad material de las operaciones y, no la formal.

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ADICION DE INGRESOS POR CONSIGNACIONES BANCARIAS - Procede cuando existe indicios graves de la existencia de valores propios consignados en cuentas. Admite prueba en contrario.
    CUENTAS BANCARIAS - Son aquellas que figuran nombre del contribuyente.
Del artículo 755 del Estatuto Tributario antes de ser modificado por la Ley 863 de 2003 se infiere que dentro de los presupuestos para que aplique la presunción legal allí prevista, está referida a la existencia de indicios graves de los cuales pueda deducirse que los valores consignados en cuentas propias, cuentas de terceros o en cuentas no registradas en la contabilidad, corresponden a ingresos derivados de operaciones realizadas por el contribuyente, esto es, a ingresos propios.

Las cuentas bancarias a que se refiere la Administración de Impuestos son aquellas que figuran a nombre del contribuyente y utilizadas para consignar sus propios ingresos pero que no corresponden a las registradas en la contabilidad, estando obligado.

Esta presunción admite prueba en contrario y la demandante en la instancia jurisdiccional no aporta pruebas que desnaturalicen o dejen sin sustento el acervo probatorio recopilado por el ente fiscal para la aplicación de la presunción.

  (2016-03-08) [Mas Información]
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CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA - La tiene el contribuyente.
    El artículo 755-3 del Estatuto Tributario dispone que la carga de la prueba la tiene el contribuyente, con el fin de desvirtuar los indicios graves establecidos por la Administración Tributaria en su contra.
En el presente caso, el demandante señaló que el funcionario de la DIAN omitió la realización de una labor importantísima al interior de la investigación, la conciliación bancaria que le permitía establecer con precisión los ingresos mensuales y en especial de las cuentas objeto de la presunción bancaria.

La anterior afirmación no es acertada, en tanto que la prueba para demostrar lo contrario debe ser aportada por el investigado y no solicitada por él al ente fiscal; en el proceso tributario se ha establecido, que la carga de la prueba recae sobre quien impugna el acto administrativo dictado por la Administración Tributaria, cualquiera sea su contenido.

El demandado debía probar en las instancias procesales los hechos constitutivos, esto es, el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación se pide. El demandante se limita a negar los hechos, sin aportar otros.

  (2016-03-08) [Mas Información]
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DEBIDO PROCESO - Se aplica a las actuaciones administrativas.
    DETERMINACION DEL IMPUESTO - El contribuyente es quien tiene la carga de la prueba.
El artículo 29 de la Constitución Política consagra que el debido proceso es aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Dentro de las garantías de la norma superior se consagra el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, esto es, la posibilidad de solicitar o allegar documentos con el fin de esclarecer la conducta que se le está imputando.

En materia tributaria, el contribuyente que alegue a su favor un hecho, le corresponde la carga de la prueba de lo que quiere demostrar; por lo que a Cable Unión de Occidente S.A., le correspondía confrontar los valores registrados en la contabilidad, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que la entidad bancaria suministró a la Administración Tributaria por medio de los extractos bancarios.

Esta conciliación la debió realizar Cable Unión de Occidente S.A., tomando la información del libro auxiliar de bancos, en el cual debe registrar los movimientos realizados en las cuentas bancarias, como son el giro de cheques, consignaciones, notas debitos, notas créditos.

Si la sociedad no estaba de acuerdo con la información enviada por Davivienda y el Banco Ganadero sobre los valores reportados en los extractos bancarios con los saldos del libro auxiliar, debió identificar las diferencias y las causas y solicitarle al Banco la corrección de la inconsistencia; una vez identificados los conceptos y valores que ocasionaban la diferencia, enviar la conciliación bancaria a la Administración Tributaria con los respectivos ajustes y, no solicitar que fuera ésta la que estableciera las diferencias o realizara la conciliación.

Al respecto el artículo 742 del Estatuto Tributario dice que "La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos" y el artículo 743 del mismo Estatuto establece que la idoneidad de los medios de prueba estriba, en la exigencia que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse y, a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento que pueda atribuirles, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo cual concuerda con lo expresado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil en relación con el mismo tema.

  (2016-03-08) [Mas Información]
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PRUEBAS EN MATERIA TRIBUTARIA - No se puede exigir autenticación en los documentos para que tengan valor probatorio.
    CONTABILIDAD - Cuando es veraz y exacta los documentos privados no requieren ser autenticados.
La Administración o el interesado podrán recolectar o aportar los medios de prueba a su alcance o de los terceros con los que efectuó las transacciones que consideren conducentes para llevar al convencimiento de la existencia o no de dicha obligación, correspondiéndole al funcionario competente estimar el valor probatorio correspondiente.

Señala el demandante que en su decisión, la Administración no aplicó lo dispuesto por el Decreto 2150 de 1995, mediante el cual se prohíbe a las autoridades administrativas exigir autenticación en los documentos. El Decreto 2150 de 1995, suprime y reforma normas, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Entre las supresiones se encuentra la prohibición para exigir los documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente. Lo anterior significa, que no es posible con base en el Decreto 2150 de 1995 exigir documentos autenticados, pero no se puede dejar de lado lo dispuesto por el artículo 767 del Estatuto Tributario.

Según la norma, para que un documento privado, tenga valor probatorio, debe presentarse previamente ante notario público o ante otra autoridad administrativa, y sólo será legítimo a partir de la fecha en que conste dicha presentación.

De acuerdo con los documentos aludidos por el demandante, a través de los cuales pretende probar unos hechos que fueron desvirtuados con la inspección tributaria, cruce de información con terceros, diligencia de registro en las instalaciones de la empresa y con el informe de la Fiscalía General de la Nación, la Sala considera que solo podrían ser valorados por la Administración sin el requisito de la autenticidad cuando la contabilidad goce de veracidad y exactitud en los valores declarados, para el caso en el impuesto sobre las ventas del quinto (5) bimestre de 2000, es decir constituye medio de prueba fehaciente.

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BENEFICIO DE AUDITORIA - Es requisito para acceder a el que los valores de retencion en la fuente sean reales y verificables.
    CERTIFICADOS DE RETENCION - Deben demostrar la existencia de los valores imputados o descontados en la declaración de renta.
Uno de los requisitos para acceder al beneficio de auditoría por los años 2000 a 2003, es que los valores de retención en la fuente imputados o descontados en la declaración de renta sean reales y verificables, es decir, existentes, de manera que tal exigencia deberá demostrarse por el contribuyente con los certificados de retención en la fuente expedidos por el agente retenedor o, en su defecto, con los demás medios de prueba aceptados para fines tributarios.

La importancia de los certificados radica en que con ellos se soporta en debida forma el valor imputado al impuesto a cargo liquidado en el correspondiente año gravable. De otra parte, está la obligación de la actora de demostrar la existencia de las retenciones en la fuente que fueron practicadas en el año gravable 2002, como requisito para acceder al beneficio de auditoria.

Al respecto se observa que si bien la actora no presentó las certificaciones de las retenciones imputadas en la declaración de renta por el año gravable 2002, con ocasión del requerimiento ordinario, de la inspección contable, de la inspección tributaria y del requerimiento especial, las allegó con la respuesta a la ampliación del requerimiento, siendo ésta una oportunidad igualmente válida y procedente para aportar pruebas, según lo dispone el artículo 744 E.T., En estas condiciones, como las certificaciones de retención en la fuente fueron allegadas oportuna y válidamente, la Administración debió valorarlas y hacer las verificaciones a que hubiere lugar, dentro de los 6 meses que tenía para expedir la liquidación oficial de revisión sin que fuera válido entonces haber tenido como "inexistentes" las retenciones imputadas por la actora.

Por consiguiente, esta Corporación advierte que, no es válido el argumento que sostuvo la demandada en los actos acusados, en el sentido de desestimar las certificaciones de retención en la fuente simplemente por no haber sido aportadas en las oportunidades en que fueron requeridas, porque si bien ello puede justificar la imposición de sanciones relacionadas con la contabilidad, no desvirtúa la existencia de las retenciones en la fuente imputadas por la actora en su declaración privada, para efectos de desconocer el beneficio de auditoria por la causal señalada en el artículo 9º literal c) del Decreto 406 de 1991.

  (2016-03-08) [Mas Información]
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BENEFICIO DE AUDITORIA - Es requisito para acceder a el que los valores de retencion en la fuente sean reales y verificables.
    CERTIFICADOS DE RETENCION - Deben demostrar la existencia de los valores imputados o descontados en la declaración de renta.
Uno de los requisitos para acceder al beneficio de auditoría por los años 2000 a 2003, es que los valores de retención en la fuente imputados o descontados en la declaración de renta sean reales y verificables, es decir, existentes, de manera que tal exigencia deberá demostrarse por el contribuyente con los certificados de retención en la fuente expedidos por el agente retenedor o, en su defecto, con los demás medios de prueba aceptados para fines tributarios.

La importancia de los certificados radica en que con ellos se soporta en debida forma el valor imputado al impuesto a cargo liquidado en el correspondiente año gravable. De otra parte, está la obligación de la actora de demostrar la existencia de las retenciones en la fuente que fueron practicadas en el año gravable 2002, como requisito para acceder al beneficio de auditoria.

Al respecto se observa que si bien la actora no presentó las certificaciones de las retenciones imputadas en la declaración de renta por el año gravable 2002, con ocasión del requerimiento ordinario, de la inspección contable, de la inspección tributaria y del requerimiento especial, las allegó con la respuesta a la ampliación del requerimiento, siendo ésta una oportunidad igualmente válida y procedente para aportar pruebas, según lo dispone el artículo 744 E.T., En estas condiciones, como las certificaciones de retención en la fuente fueron allegadas oportuna y válidamente, la Administración debió valorarlas y hacer las verificaciones a que hubiere lugar, dentro de los 6 meses que tenía para expedir la liquidación oficial de revisión sin que fuera válido entonces haber tenido como "inexistentes" las retenciones imputadas por la actora.

Por consiguiente, esta Corporación advierte que, no es válido el argumento que sostuvo la demandada en los actos acusados, en el sentido de desestimar las certificaciones de retención en la fuente simplemente por no haber sido aportadas en las oportunidades en que fueron requeridas, porque si bien ello puede justificar la imposición de sanciones relacionadas con la contabilidad, no desvirtúa la existencia de las retenciones en la fuente imputadas por la actora en su declaración privada, para efectos de desconocer el beneficio de auditoria por la causal señalada en el artículo 9º literal c) del Decreto 406 de 1991.

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Sección Cuarta


CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE - No podian ser rechazadas por no tener fecha cierta.
    FECHA CIERTA - Requisito para documentos que respaldan pasivos.
La demandada no tuvo en cuenta las certificaciones de la retención en la fuente porque no tenían "fecha cierta". Al respecto se advierte, de una parte, que tal requisito no es de los exigidos por el artículo 381 E.T. en concordancia con el artículo 10 del Decreto 836 de 1991 y, de otra parte, la fecha cierta es un presupuesto establecido en el Estatuto Tributario para los documentos con los que se pretenden respaldar pasivos de contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad. (art. 770 E.T.).

No obstante, esta Corporación advierte que, con base en las copias de las certificaciones aportadas por la demandante, la Administración, en ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización podía realizar cruces de información con los agentes retenedores, todo ello a fin de establecer la realidad de las retenciones.

En tales condiciones, los actos demandados carecen de sustento legal, teniendo en cuenta que se desvirtuó la causal invocada por la demandada para que la declaración de renta del año gravable 2002 presentada por la demandante no quedara cobijada con el beneficio de auditoría y que, por ende, la habilitaba para modificar la liquidación privada dentro de los términos generales de revisión previstos en los artículos 705, 706 y 714 del E.T., como en efecto ocurrió, pues el requerimiento especial fue expedido dentro de los 2 años siguientes a la fecha de presentación de la declaración de renta, cuando ya había operado la firmeza de la declaración en los términos del artículo 689-1 E.T.

  (2016-03-08) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00224-01(17912)

COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR CON SALDOS A PAGAR POR RETENCIONES EN LA FUENTE - Para que proceda debe presentarse la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la declaracion.
    PRINCIPIOS DE DERECHO PENAL - Tienen aplicacion restrictiva en materia administrativa sancionatoria.
Aun cuando fuera procedente la aplicación del citado artículo 64 de la Ley 1111, lo cierto es que, para que opere la compensación de saldos a favor con saldos a pagar por retenciones en la fuente, la demandante debió tramitar la solicitud ante la Administración fiscal dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente.

Sin embargo, tal circunstancia no fue acreditada por la parte actora. Tampoco procede aplicar la Circular DIAN número 066 de 2008, como lo sugirió la parte actora, toda vez que la interpretación que en ella se hace del artículo 580 del E.T., anterior a la Ley 1111 de 2006, excede la voluntad del legislador al establecer circunstancias que la ley no prevé.

En efecto, la circular establece la posibilidad de poder subsanar voluntariamente el incumplimiento de la obligación de presentar la declaración de retención en la fuente con pago, previamente a la expedición del auto que declara como no presentada la declaración. Sin embargo, como se vio anteriormente, el citado artículo 580 es claro, en la medida que no establece posibilidad alguna para subsanar las circunstancias que el mismo prevé para tener como no presentada la declaración.

  (2016-03-03) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2009-00075-01(18304)

DECLARACION QUE SE DA COMO NO PRESENTADA - Entre otras, la retencion en la fuente sin pago.
    PAGO EN RETENCION EN LA FUENTE - No permite los pagos parciales.
De acuerdo con el artículo 580 del E.T., el agente de retención debe presentar su declaración con pago, esto es, debe poner a disposición del Estado los recursos retenidos, dentro de los plazos previstos para ello, exigencia que se fundamenta en que el agente retenedor no es el sujeto pasivo de los impuestos recaudados en forma anticipada.

Por tanto, resulta inadmisible la morosidad del pago de los valores recaudados. En los antecedentes legislativos que dieron origen a esta disposición se dijo que la norma introduce un mecanismo de seguimiento, y busca que se le imponga una sanción a los agentes de retención, con la finalidad de proscribir la práctica de alguno de ellos, de financiar su operación con los dineros recaudados a terceros.

La "recaudación" implica una atribución radicada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo que tiene el derecho de exigir los tributos y demás obligaciones monetarias y el deber de gestionar los procedimientos señalados en la ley para hacerla efectiva, así como el de aplicar las sanciones frente a hechos que impidan, obstaculicen o retarden el ejercicio de sus funciones.

  (2016-03-03) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2009-00075-01(18304)

CIRCULARES DE LA DIAN - No pueden ir en contra de lo dispuesto en la Constitucion y la ley.
    PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LO FORMAL - Inaplicación tratándose del cumplimiento d obligaciones tributarias.
Entiéndase de lo anotado que las instrucciones que en materia tributaria emita la DIAN y que tengan como destinatarios las dependencias y funcionarios de dicha entidad, no pueden desconocer los mandatos constitucionales y legales, ni apartarse de disposiciones superiores en relación con tales materias.

Esas instrucciones, deben propender por el estricto cumplimiento de las normas tributarias vigentes, sin que les sea posible abarcar aspectos que, como ya se dijo, no son de su competencia. En este caso no puede darse aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, porque estamos frente a una disposición que se debe aplicar de manera precisa para lograr la finalidad establecida en la ley, además de que este principio no puede conllevar al incumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente previstas en normas que tienen que ver con el orden público económico.

Además, se debe precisar que la Corte Constitucional en la sentencia C-690 de 1996, sostuvo que la buena fe no es un principio absoluto, mucho menos cuando la organización del Estado y la dinámica misma de la función administrativa tributaria requieren de la plena colaboración de los asociados, que es la finalidad que enmarca el precitado literal e) del artículo 580 del Estatuto Tributario. El principio de la buena fe no puede ser invocado por quién ha incurrido en negligencia y omisiones.

  (2016-03-03) [Mas Información]
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Radicación número: 41001-23-31-000-1992-7006-01(13032)

LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA - No requiere de ninguna formalidad previa sino que se den las causales del articulo 697 del Estatuto Tributario.
    SANCION POR CORRECCION ARITMÉTICA - Equivale al 30 por ciento del mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, sin perjuicio de los intereses moratorios
En lo que concierne a la liquidación de corrección aritmética la ley no exige el cumplimiento de ninguna formalidad previa, sino que basta que se configure alguna de las causales que en forma taxativa establece el artículo 697 del Estatuto Tributario para que la Administración proceda a realizar la corrección, conforme a la facultad que le otorga el artículo 698 íbidem.

De otra parte, la sanción por corrección aritmética y la posibilidad de reducirla, está consagrada en el artículo 646 del Estatuto Tributario y consiste en una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar.

Además puede reducirse a la mitad de su valor, si el contribuyente dentro del término establecido para interponer el recurso de reconsideración acepta los hechos de la liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la liquidación de corrección, junto con la sanción reducida.

Luego el contribuyente tuvo esta última posibilidad pero no la utilizó y prefirió controvertir la providencia con ocasión del recurso de reconsideración.

  (2016-03-03) [Mas Información]
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Radicación número: 41001-23-31-000-1992-7006-01(13032)

TERMINO PARA PROFERIR LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA - Es de dos anos contados desde la fecha de presentacion de la declaracion.
    FECHA EN QUE SE ENTIENDE REALIZADA LA NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE - Es la que corresponda a la presentación de un escrito o de la audiencia o diligencia.

    SUCESION ILIQUIDA - El recurso de reconsideración puede ser interpuesto por el cónyuge sobreviviente.
Como se indicó, el recurso fue presentado el 18 de septiembre de 1991 o sea dentro de los dos meses siguientes a la expedición de la liquidación de corrección (22 de julio), con lo cual resulta oportuna su interposición, pero al demostrarse que la administración no efectuó la notificación en debida forma al errar en la dirección a la cual envió copia del acto, debe entenderse que el interesado tuvo conocimiento del contenido del mismo solo hasta el 18 de septiembre, fecha en la cual radicó el escrito del recurso pues así lo dispone expresamente el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, probado como está que la declaración por el año gravable de 1988 fue presentada el 27 de julio de 1989, que la administración erró en el envío del acto de corrección oficial y que para efectos de la notificación de éste ha de entenderse surtida tal diligencia el 18 de septiembre de 1991, se evidencia la extemporaneidad de la actuación oficial conforme a lo previsto en el artículo 699 del Estatuto Tributario que prevé como plazo máximo dos años contados a partir de la presentación de la respectiva declaración (27 de julio de 1989) que en el sub examine vencía el 27 de julio de 1991.

  (2016-03-03) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00118-01(17783)

AUTO DECLARATIVO QUE DA POR NO PRESENTADA LA DECLARACION - Contra el procede los recursos de reposicion y apelacion.
    RECURSO DE REPOSICION - Funcionario competente para resolverlo
    RECURSO DE APELACION - Funcionario competente para resolverlo.
Entiéndase de lo anotado que las instrucciones que en materia tributaria emita la DIAN y que tengan como destinatarios las dependencias y funcionarios de dicha entidad, no pueden desconocer los mandatos constitucionales y legales, ni apartarse de las disposiciones superiores en relación con tales materias.

Así las cosas, las instrucciones que impartan, deben propender por el estricto cumplimiento de las normas tributarias vigentes, sin que les sea posible regular aspectos que, como ya se dijo, no son de su competencia. Además, es importante precisar que la referida circular no incidió en la declaración y pago de las retenciones en la fuente del año 2006, dado que, al ser proferida con posterioridad a su presentación, no podría alegarse que indujo a error al contribuyente.

Conforme a lo anterior, los recursos procedentes para ejercer el derecho de defensa y contradicción contra el auto declarativo, corresponden a los recursos establecidos en los artículos 50 y 51 del Código Contencioso Administrativo, que son los de reposición y apelación, y en dicho sentido se debe acoger lo expuesto por el apelante.

Así las cosas, se encuentra que el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo dispone que el recurso de reposición será resuelto por el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque, situación que fue observada en los actos demandados, en tanto que el auto declarativo fue expedido por el Jefe del Grupo de Investigaciones Especiales de la División de Fiscalización, que fue el mismo funcionario que resolvió el recurso de reposición.

Aunado a lo anterior, se debe precisar que dicha dependencia tiene competencia para proferir los actos previos para la aplicación de las sanciones, como es el caso del auto declarativo, que tiene la condición de acto reglado, previo y especial, definitorio de una situación jurídica, lo que lo hace impugnable, y cuya firmeza permite aplicarle la sanción correspondiente.

  (2016-03-02) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00236-01(18188)

PROYECTO DE CORRECCION - No puede ser utilizado para otros fines como el representar la declaracion de retencion en la fuente con pago.
    SOLICITUD DE CORRECCION - Procede cuando se trata de disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor declarado.

    La presentación del proyecto de corrección no se debió a un error de los que tratan los artículos 588 y 589 ibídem, sino que se hizo para subsanar la omisión en el pago de los valores recaudados.
Conforme con el artículo 588 del Estatuto Tributario los contribuyentes pueden corregir sus declaraciones tributarias dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar en estos casos:
  • i) para aumentar el impuesto o disminuir el saldo a favor;

  • ii) cuando el mayor valor a pagar o el menor saldo a favor obedezca a una rectificación de un error que proviene de diferencias de criterio;

  • iii) cuando no se varíe el valor a pagar o el saldo a favor; y

  • iv) para corregir las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 580, 650-1 y 650-2 del Estatuto Tributario.
Por su parte, el artículo 589 ibídem permite que los contribuyentes puedan disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor declarado, mediante solicitud que se deberá presentar ante la Administración, dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración.
    En el presente caso la corrección allegada por el contribuyente no obedeció a ninguna de las mencionadas causales, pues ésta se presentó de manera idéntica a la declaración inicial, con excepción de la liquidación de la sanción por corrección.
Por tanto, teniendo en cuenta que no modificó los valores de las retenciones declaradas, ni el valor total de las mismas, ni se trató de las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 580, 650-1 y 650-2, no tenía objeto presentar una declaración en la que no se hacía ningún tipo de corrección.

  (2016-03-02) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00154-01(17865)

DECLARATORIA DE NO PRESENTADA - El pago de la retencion en la fuente debe ser por todas las retenciones sin importar el impuesto.
    DECLARACION QUE SE TIENE POR NO PRESENTADA - Procedimiento. No opera ipso jure.
En cuanto al argumento del actor en el que indica que la declaratoria de "no presentada" sólo afecta a las retenciones por concepto del impuesto de timbre, por tratarse del valor que faltó por cancelar en la oportunidad legal, es importante reiterar en este punto los argumentos expuestos por el Tribunal, y precisar que el pago de la declaración de la retención en la fuente debe ser total, por tanto, debe cobijar todas las retenciones incluidas en la declaración tributaria, dado que la norma no previó un pago parcial, aun cuando en ella se incluyan retenciones por varios conceptos.

En primer término, es importante precisar que la expresión "declaración que se tiene por no presentada", significa que habrá una declaratoria que se origina por incurrirse en alguno de los eventos previstos en el artículo 580 del Estatuto Tributario, la cual conlleva la imposición posterior de las sanciones respectivas; y la declaración privada así presentada, quedará en firme, si dentro del término de firmeza no se ha notificado acto administrativo que la declare como no presentada, perdiendo con ello la administración la facultad para aforar y sancionar.

En ese sentido, debe señalarse que ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en la cual se establece que, con fundamento en el artículo 580 del E. T., la ocurrencia de cualquiera de las causales para considerar como no presentada una declaración no opera ipso jure, pues con el fin de garantizar el derecho de defensa del contribuyente, se requiere de un acto administrativo que así lo declare - acto que, a la luz del artículo 688 del E. T., es un acto reglado, previo y especial, definitorio de una situación jurídica, lo que lo hace impugnable, y cuya firmeza permite aplicar la sanción correspondiente.

  (2016-03-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00154-01(17865)

DECLARACION QUE SE DA COMO NO PRESENTADA - Entre otras, la retencion en la fuente sin pago.
    PAGO EN RETENCION EN LA FUENTE - No permite los pagos parciales.
De acuerdo con el artículo 580 del E.T., el agente de retención debe presentar su declaración con pago, esto es, debe poner a disposición del Estado los recursos retenidos, dentro de los plazos previstos para ello, exigencia que se fundamenta en que el agente retenedor no es el sujeto pasivo de los impuestos recaudados en forma anticipada.

Por tanto, resulta inadmisible la morosidad del pago de los valores recaudados. En los antecedentes legislativos que dieron origen a esta disposición se dijo que la norma introduce un mecanismo de seguimiento, y busca que se le imponga una sanción a los agentes de retención, con la finalidad de proscribir la práctica de alguno de ellos, de financiar su operación con los dineros recaudados a terceros.

La "recaudación" implica una atribución radicada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo que tiene el derecho de exigir los tributos y demás obligaciones monetarias y el deber de gestionar los procedimientos señalados en la ley para hacerla efectiva, así como el de aplicar las sanciones frente a hechos que impidan, obstaculicen o retarden el ejercicio de sus funciones.

Con fundamento en el artículo 800 del Estatuto Tributario, la recaudación de los impuestos y retenciones administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se realiza a través de los bancos y demás entidades financieras.

  (2016-03-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00118-01(17783)

DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS - Lo son las de retencion en la fuente cuando se presentan sin pago.
    FECHA DE PAGO DEL IMPUESTO - Cuando los valores hayan ingresado a las oficinas de la DIAN o a los bancos autorizados.
Para el apelante, la exigencia legal prevista en el literal e) del artículo 580 del Estatuto Tributario, que dispone que la declaración de retención en la fuente debe presentarse con pago, so pena de no entenderse cumplido el deber de declarar, requiere que el pago sea total y simultáneo a la presentación de la declaración.

De acuerdo con la norma antes transcrita, el agente de retención debe presentar su declaración con pago, esto es, debe poner a disposición del Estado la totalidad de los recursos retenidos, dentro de los plazos previstos para ello, exigencia que se fundamenta en que el agente retenedor no es el sujeto pasivo de los impuestos recaudados en forma anticipada, por tanto resulta inadmisible la morosidad del pago de los valores recaudados.

La "recaudación" implica una atribución radicada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo que tiene el derecho de exigir el pago de los recursos del Estado, y el deber de gestionar los procedimientos señalados en la Ley, para que la recaudación sea efectiva, aplicar las sanciones a quienes impidan, retarden u obstaculicen el ejercicio de sus funciones.

El artículo 803 ibídem establece que se tendrá como fecha de pago del impuesto, respecto de cada contribuyente, aquélla en que los valores imputables hayan ingresado a las oficinas de Impuestos Nacionales o a los bancos autorizados, aun cuando se hayan recibido inicialmente como simples depósitos, buenas cuentas, retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a su favor por cualquier concepto.

  (2016-02-29) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00118-01(17783)

DECLARACION POR NO PRESENTADA - No opera isp jure. Debe haber un acto previo que asi declara la declaracion. No es subsanable con las correcciones posteriores a su presentacion.
    RETENCION EN LA FUENTE - Se da por no presentada cuando no se paga y su corrección posterior no subsana la declaratorio de no presentada.
En primer término, es importante precisar que la "declaración que se tiene por no presentada", es una consecuencia por incurrir en alguno de los eventos previstos en el artículo 580 del Estatuto Tributario, y que la declaración privada así presentada, quedará en firme, si dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para declarar no se ha notificado acto administrativo que la declare como no presentada, perdiendo con ello la administración la facultad para aforar y sancionar.

En ese sentido, debe señalarse que ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación apoyada en la interpretación del artículo 580 del Estatuto Tributario, según la cual la ocurrencia de cualquiera de las causales para considerar como no presentada una declaración no opera ipso jure, pues con el fin de garantizar el derecho de defensa del contribuyente, se requiere de un acto administrativo que así lo declare Lo anterior verifica la finalidad del artículo 11 de la Ley 1066 de 2006, de tener como "no presentadas" las declaraciones de los agentes retenedores que no paguen de manera oportuna las sumas recaudadas, norma que se haría inoperante de contemplarse la posibilidad de subsanar esta omisión, pues conllevaría a la morosidad en el pago de los valores recaudados.

A su vez, se debe señalar que el pago de intereses moratorios no subsana el incumplimiento de este deber legal, por cuanto como se observó, éste exige sin lugar a dudas, que el recaudo se realice de manera total y en el término legal.

Por ninguna parte la normativa en estudio permite el pago parcial o extemporáneo. De lo anterior se observa que con fundamento en la Ley 223 de 1995, que adicionó el Estatuto Tributario pueden corregirse las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 580.

  (2016-02-29) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

25000-23-27-000-2008-00040-01(17559)

AGENTE DE RETENCION - Debe presentar su declaracion con pago.
    FECHA DE PAGO DEL IMPUESTO - Es aquella en la cual los recursos ingresaron a la oficina de impuestos o a los banco autorizados / TIDIS - medio de pago de los tributos.
De acuerdo con la norma antes transcrita, el agente de retención debe presentar su declaración con pago, esto es, debe poner a disposición del Estado los recursos retenidos dentro de los plazos previstos para ello, exigencia que se fundamenta en que el agente retenedor no es el sujeto pasivo de los impuestos recaudados en forma anticipada.

Por tanto, resulta inadmisible la morosidad del pago de los valores recaudados. El artículo 803 del Estatuto Tributario establece que se tendrá como fecha de pago del impuesto, respecto de cada contribuyente, aquélla en que los valores imputables hayan ingresado a las oficinas de Impuestos Nacionales o a los Bancos autorizados, aún en los casos en que se hayan recibido inicialmente como simples depósitos, buenas cuentas, retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a su favor por cualquier concepto.

De conformidad con las pruebas recaudadas, es claro que el contribuyente pretendió pagar la retención en la fuente mediante un título de devolución de impuestos (TIDIS), medio de pago legalmente autorizado para el pago de tributos, de conformidad con el artículo 806 del Estatuto Tributario

  (2016-02-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00040-01(17559)

PAGO DE TRIBUTOS - Cuando se hace con Tidis el beneficiario debe tener el cuenta el término de verificación del título. TIDIS - Mecanismo de pago de impuestos dentro del año calendario siguiente a la fecha de su expedicion.
    Los títulos de devolución de impuestos (TIDIS) se encuentran establecidos en el artículo 862 del Estatuto Tributario, como uno de los mecanismos para efectuar la devolución, y que éstos sólo sirven para cancelar impuestos o derechos, administrados por las direcciones de impuestos y aduanas, dentro del año calendario siguiente a la fecha de su expedición.
El Decreto No. 1571 de 1997, reglamentario del artículo 862 del Estatuto Tributario, señaló que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá determinar que la totalidad o parte de la emisión de los títulos de devolución de impuestos, TIDIS, a que se refiere el artículo 862 Ibídem, se efectúe mediante su conservación en un depósito centralizado de valores legalmente autorizado por la Superintendencia de Valores, evento en el cual estos títulos circularán de manera desmaterializada, y se mantendrán bajo el mecanismo de anotación en cuenta en dicho depósito.

Para efectos de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 27 de 1990 y su Decreto Reglamentario 437 de 1992, el acta de emisión de TIDIS representa la totalidad o parte de la emisión. Por su parte, la Ley 27 de 1990 estableció en su artículo 22 (título III) que las entidades emisoras podrán depositar la totalidad o parte de una emisión en un depósito centralizado de valores entregando uno o varios títulos que representen la totalidad o parte de la emisión.

En este caso la obligación de entregar los títulos emitidos a los suscriptores se cumplirá con la entrega de la constancia del depósito. A su vez, el Decreto 437 de 1992, por el cual se reguló el título III de la Ley 27 de 1990, dispuso que mediante el contrato de depósito de valores una persona confía uno a más valores a una entidad habilitada para el efecto, quien se obliga a custodiarlos o administrarlos cuando el depositante lo solicite, de acuerdo con el reglamento que cada depósito expida.

  (2016-02-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Referencia: 25000-23-27-000-2000-0221-01(12360)

SALDO A FAVOR EN DECLARACION DE RENTA - No se puede imputarlo a la declaracion siguiente y a la vez solicitar compensacion con deudas del mismo contribuyente.
    SALDO A FAVOR COMO PRODUCTO DE SALDOS A FAVOR IMPUTADOS - No procede aplicar compensación en relación con los valores imputados
Si bien es cierto, que sobre un mismo saldo a favor, se pueda solicitar su compensación y devolución, no es admisible imputarlo en la declaración del año siguiente y a la vez pretender compensarlo con deudas a cargo del contribuyente; y mucho menos, respecto al mismo saldo, solicitar devolución.

El numeral 2 del artículo 857 del Estatuto Tributario cita entre las causales para el rechazo definitivo de las solicitudes de devolución o compensación que el saldo a favor materia de solicitud ya haya sido objeto de devolución, compensación o imputación anterior, con lo que queda claro que las opciones son excluyentes, porque en las tres opciones se utiliza el saldo a favor.

Al imputar un saldo a favor al período siguiente del mismo impuesto, se está haciendo uso del mismo, pues se está cancelando la obligación tributaria del bimestre o año gravable al que se está imputando, independientemente de que también resulte un nuevo saldo a favor, ya que así estaba previsto en el artículo 13 del Decreto 1000 de 1.997 que señala: (...)

  (2016-02-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 5674

¿Una bonificacion ocasional puede considerarse como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional?
    El tratamiento dado por el actor a la partida en discusión, no fue correcto, puesto que la suma discutida no corresponde a una indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa, por lo que no podía tratarse como "ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional" a términos del artículo 19 de la Ley 54 de 1977.
En relación con los pagos realizados por la compañía I.B.M. a algunos de sus trabajadores por la terminación del contrato de trabajo por el sistema de conciliación, el pago especial (bonificación ocasional) efectuado por virtud del correspondiente acuerdo, de conformidad con el artículo 61 del C.S.T., no tiene el carácter de remuneratorio, como tampoco el de indemnizatorio que se le atribuye, por no corresponder a ninguna obligación laboral preexistente al tiempo de la conciliación.

El acto de conciliación laboral, en el sub - exámine también corrobora tal situación, pues dice claramente que la partida ofrecida al actor y que éste aceptó espontáneamente "... no corresponde a ningún derecho cierto e indiscutible..." del mismo, y también que se trata de una cantidad dineraria que la empresa "voluntariamente" ha convenido en pagar al actor.

Así las cosas, se concluye que el tratamiento dado por el actor a la partida en discusión, no fue correcto, puesto que la suma discutida no corresponde a una indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa, por lo que no podía tratarse como "ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional" a términos del artículo 19 de la Ley 54 de 1977, disposición que por lo demás tampoco regía para el año gravable de 1988.

  (2016-02-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Referencia: 25000-23-27-000-2000-0221-01(12360)

FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO - Cuando se trata de compensacion sera el ultimo dia del periodo fiscal del impuesto donde se origino el saldo a favor.
    TASA DE INTERES MORATORIO EN COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR - Es la vigente al momento en que los valores imputables resultaron como saldo a favor.
La Sala no acepta que los saldos a favor de cada año fueron compensando los valores a cargo de la sociedad por concepto del Impuesto sobre las Ventas, porque al utilizarse cada saldo para imputarlo en el período siguiente del impuesto de renta, se perdió el derecho a la compensación del IVA que alega la actora.

Si la sociedad demandante hubiera optado, en lugar de la imputación de cada saldo al período siguiente, por la compensación, no cabe duda, que la liquidación de intereses de mora debía efectuarse hasta el último día de cada período; pero como no ocurrió así, la liquidación de intereses moratorios se establece teniendo en cuenta como fecha de pago el 31 de diciembre de 1997.

Las obligaciones del Impuesto sobre las ventas que la actora solicitó compensar no fueron canceladas oportunamente, por lo que de acuerdo con el artículo 634 del Estatuto Tributario, debe liquidar y pagar intereses moratorios por cada mes o fracción de mes de retardo en el pago, desde el vencimiento del plazo para cancelar las obligaciones, hasta la fecha en que, de conformidad con el artículo 803 del Estatuto Tributario, los valores imputables resultaron como saldo a favor por cualquier concepto.

  (2016-02-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Referencia: 25000-23-27-000-2000-0221-01(12360)

FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO - Cuando se trata de compensacion sera el ultimo dia del periodo fiscal del impuesto donde se origino el saldo a favor.
    TASA DE INTERES MORATORIO EN COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR - Es la vigente al momento en que los valores imputables resultaron como saldo a favor.
La Sala no acepta que los saldos a favor de cada año fueron compensando los valores a cargo de la sociedad por concepto del Impuesto sobre las Ventas, porque al utilizarse cada saldo para imputarlo en el período siguiente del impuesto de renta, se perdió el derecho a la compensación del IVA que alega la actora.

Si la sociedad demandante hubiera optado, en lugar de la imputación de cada saldo al período siguiente, por la compensación, no cabe duda, que la liquidación de intereses de mora debía efectuarse hasta el último día de cada período; pero como no ocurrió así, la liquidación de intereses moratorios se establece teniendo en cuenta como fecha de pago el 31 de diciembre de 1997.

Las obligaciones del Impuesto sobre las ventas que la actora solicitó compensar no fueron canceladas oportunamente, por lo que de acuerdo con el artículo 634 del Estatuto Tributario, debe liquidar y pagar intereses moratorios por cada mes o fracción de mes de retardo en el pago, desde el vencimiento del plazo para cancelar las obligaciones, hasta la fecha en que, de conformidad con el artículo 803 del Estatuto Tributario, los valores imputables resultaron como saldo a favor por cualquier concepto.

  (2016-02-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2000-0697-01(13022)

IMPUTACION DE SALDOS A FAVOR - La fecha en que se realicen no puede determinar la firmeza de la declaracion que presento el saldo a favor.
    TERMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL - Es el previsto en los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 705 del Estatuto Tributario, el término para notificar el requerimiento especial es de dos (2) años y se cuenta a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar, si la declaración se presenta en forma oportuna; la fecha de presentación de la declaración cuando ésta haya sido extemporánea; o la fecha en que se presente la solicitud de devolución o compensación cuando la declaración presente un saldo a favor.

En el caso bajo análisis, si bien en la declaración de renta objeto de revisión la contribuyente liquidó un saldo a favor, no existió solicitud de devolución, sino imputación del saldo al período gravable siguiente, entonces, para efectos de determinar el término de los dos (2) años para la notificación del requerimiento especial se tiene como fecha de iniciación del mismo, la de presentación oportuna de la declaración que arrojó el saldo a favor, esto es el 11 de abril de 1995 (Dto. 2798/94 art.11), término que vencía el 11 de abril de 1997, ya que no se configura ninguno de los eventos previstos en el artículo 706 ib., para la suspensión del mismo.

Siendo ello así, y como quiera que el requerimiento especial se notificó el 8 de mayo de 1998, es evidente su extemporaneidad, la que deriva en la firmeza de la liquidación privada, en los términos previstos en el artículo 714 ib. Se configura así la causal de nulidad de que trata el numeral 3° del artículo 730 ib., según la cual son nulos los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos , "Cuando no se notifiquen dentro del término legal."

  (2016-02-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación: 25000-23-27-000-2001-92088-01(14155)

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL - Requisitos de eficacia y suficiente probatoria: soporte documental o contable.
    PRUEBA SUFICIENTE DEL CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL - No debe limitarse a simples afirmaciones sobre las operaciones de orden interno y externo

    FE PUBLICA DEL CONTADOR PUBLICO - Debe tener respaldo documental o contable
Observa la Sala que la certificación del revisor fiscal que es la prueba contable en la cual se fundamentó el a quo para anular los actos administrativos liquidatorios, no ofrece la idoneidad que se requiere para demostrar el contenido del mismo.

Si bien es cierto, conforme al artículo 777 del Estatuto Tributario "Cuando se trate de presentar en las oficinas de la administración pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores y revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes" las mismas tal como lo ha dicho en forma reiterada la jurisprudencia de la Sección, deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse, para que la misma pueda tener la eficacia y suficiencia probatoria.

La "prueba suficiente" que le otorga la norma tributaria no puede limitarse a simples afirmaciones sobre las operaciones de orden interno y externo de que da cuenta un contador o revisor fiscal, ya que en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones.

La suficiencia que pregona el artículo 777 del Estatuto Tributario, no puede llegar al extremo de contener simples afirmaciones o enunciaciones, carentes de respaldo documental y/o contable.

  (2016-02-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-00024-01(15099)

DEDUCCION POR DESTRUCCION DE INVENTARIOS - Procede por ser una expensa necesaria.
    EXPENSA NECESARIA - Lo es la deducción por destrucción de inventarios obsoletos.
Si el contribuyente está obligado por disposición legal a establecer el costo de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes, esta sola circunstancia no es suficiente para rechazar los costos generados en la destrucción de inventarios, ya que si la medida tuvo su origen en disposiciones de tipo sanitario, de salubridad pública o por prácticas mercantiles usuales, tal expensa está autorizada de conformidad con el artículo 107 del E. T., teniendo en cuenta que si bien los bienes se encuentran en el inventario, no pueden ser comercializados.

Por tanto, son "expensas" que tienen una relación o vínculo de correspondencia con la actividad que desarrolla el objeto social de la entidad, de manera que los bienes dados de baja dentro del sistema de inventario permanente, representan uno de los conceptos inherentes y necesarios para la entidad en la producción de sus ingresos o renta derivada de tal objeto social, es decir, se involucran en la actividad productora de renta.

En efecto, tratándose de productos para la salud humana, animal y vegetal, su producción, venta y comercialización, está sujeta a controles estatales de gran seriedad para determinar la seguridad y efectividad del bien que será distribuido y utilizado, controles que se realizan por lo general antes de ser lanzados al mercado y que en consecuencia si no son superados, los bienes deben ser destruidos por disposición legal, de lo cual es fácil inferir que su tratamiento debe ser el de "expensa necesaria", siempre que cumplan las condiciones establecidas en la ley, esto es, que tengan relación de causalidad "con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad" [art. 107 E. T.].

Resulta entonces válido que cuando el contribuyente debe acatar órdenes de autoridades encargadas de controlar esta clase de bienes en pro de la seguridad y salubridad públicas o porque es usual su aplicación en el campo comercial, se vea abocado a destruir parte de su inventario y por ende lo refleje en una disminución de la renta a título de costo (expensa).

  (2016-02-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00686-01(16750)

CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO Y REVISOR FISCAL - No sustituye la contabilidad del contribuyente.
    CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO Y REVISOR FISCAL - Son válidos como prueba contable cuando llevan al convencimiento del hecho que se pretende probar.
De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, se advierte que el certificado del revisor fiscal no es suficiente para demostrar la realidad de la pérdida en la venta de inventarios de materia prima. En efecto, con el recurso de reconsideración, la sociedad allegó un certificado del revisor fiscal de la compañía que certifica que los libros de comercio están debidamente registrados en la Cámara de Comercio, que la contabilidad se lleva de acuerdo a lo ordenado por el Código de Comercio y de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Para la Sala, este certificado no es suficiente para establecer la realidad de la pérdida solicitada como deducción, pues el cuestionamiento oficial requería que la sociedad acreditara de manera amplia el costo de tales inventarios, con la indicación, al menos, de los respectivos soportes de las operaciones.

Si bien, conforme con el artículo 777 del Estatuto Tributario, cuando se trata de presentar en la DIAN pruebas contables, son suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración para hacer las comprobaciones pertinentes, ha sido criterio de la Sala que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
  (2016-01-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00686-01(16750)

SISTEMA PARA ESTABLECER EL COSTO DE LOS ACTIVOS MOVIBLES ENAJENADOS - Juego de inventarios, inventarios permanentes o continuos o cualquier otro sistema de reconocido valor tecnico
    JUEGO DE INVENTARIOS - En este sistema el costo de lo vendido se determina sumando al inventario inicial, las compras menos el inventario físico final.
Conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, tratándose de activos movibles que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente que deban ser destruidos, porque no pueden ser consumidos, ni usados ni comercializados de ninguna forma, se admite su valor como expensa necesaria, siempre que se demuestre que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, tienen relación de causa-efecto con la producción del ingreso y que es indispensable y proporcionado con la actividad.

Para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: "juego de inventarios", "inventarios permanentes o continuos", o "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico..." En el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable.
  (2016-01-26) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00686-01(16750)

DEDUCCION POR SALARIOS - Son deducibles siempre que se acredite el pago de los aportes parafiscales.
    APORTES PARAFISCALES - Los que han sido excluidos mediante convenios laborales no hacen parte de la base para liquidar los aportes con destino al SENA, ICBF, ESAP, Régimen del Subsidio Familiar y contribuciones a la seguridad social establecidas por la Ley 100 de 1993.
Conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, tratándose de activos movibles que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente que deban ser destruidos, porque no pueden ser consumidos, ni usados ni comercializados de ninguna forma, se admite su valor como expensa necesaria, siempre que se demuestre que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, tienen relación de causa-efecto con la producción del ingreso y que es indispensable y proporcionado con la actividad.

Para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: "juego de inventarios", "inventarios permanentes o continuos", o "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico..." En el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable.
  (2016-01-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17001-23-31-000-2004-00488-01(17538)

ACTIVOS FIJOS - Cuando deban ser destruidos su valor es una expensa necesaria.
    SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE - Permite la deducción de inventarios dados de baja por disposiciones sanitarias.
Conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en materia de activos movibles que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente que deban ser destruidos, porque no pueden ser consumidos, ni usados ni comercializados de ninguna forma, se admite su valor como expensa necesaria, siempre que se demuestre que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tienen relación de causa-efecto con la producción del ingreso y que es indispensable y proporcionado con la actividad.

En las sentencias señaladas se concluyó que el valor de los medicamentos retirados del inventario para su destrucción conforme a las normas legales de control sanitario, debía aceptarse como deducción en el impuesto de renta y complementarios, conforme al siguiente análisis.

Para efectos de establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: "juego de inventarios", "inventarios permanentes o continuos", o "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico...".
  (2016-01-22) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17001-23-31-000-2004-00488-01(17538)

FALTANTES DE MERCANCIA EN JUEGO DE MERCANCIAS - Se admite respecto del inventario final en un cinco por ciento (5%) o una suma mayor en caso de fuerza mayor.
    FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA - No está prevista en el Estatuto Tributario para los contribuyentes que lleven el sistema de inventarios permanentes.
La Sección en sentencia del 27 de octubre de 2005 precisó que el artículo 64 del Estatuto Tributario autorizaba la disminución del inventario final, para los contribuyentes que adoptaran el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras" y si se demostraba la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, podían aceptarse sumas mayores, pero no aceptaba la deducción por pérdidas originadas en la destrucción de mercancías, por ello el inciso final del artículo 148 ibídem, de manera expresa, advertía sobre la imposibilidad de llevar como deducción tales pérdidas, al decir:
    "No son deducibles las pérdidas en bienes del activo movible que se han reflejado en el juego de inventarios".
Sostuvo que cuando se trataba de contribuyentes que debían adoptar el sistema de inventarios permanentes, el régimen tributario no preveía la disminución del inventario de las existencias del respectivo ejercicio, por concepto de faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, pues tal concepto se manejaba a través de una provisión (artículo 14 del Decreto 2650 de 1993), la cual no era deducible para efectos de determinar el impuesto sobre la renta.
  (2016-01-22) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17001-23-31-000-2004-00488-01(17538)

CRITERIOS DE NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD - Se determinan con criterio comercial.
    EXPENSAS NECESARIAS - Concepto / PROPORCIONALIDAD Y NECESIDAD - Alcance.
La Sala, mediante sentencia de 25 de septiembre de 2006, en un caso en el que se estudiaba sobre la procedencia del costo de ventas por destrucción de inventarios en el caso de los contribuyentes obligados a establecer el costo de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes decidió sobre la procedencia del costo de ventas, que cuando se solicitaba por medio de deducción, no debía rechazarse si se demostraban los elementos de las expensas necesarias previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, norma común para costos y deducciones.

Pues bien, de acuerdo con el criterio expuesto es claro que si bien se puede admitir el valor de los activos movibles que fueron retirados por vencimiento o destrucción como "expensa necesaria" deducible, se debe demostrar, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad.

Es necesario advertir también, que si bien la jurisprudencia transcrita y mencionada hacía referencia a medicamentos, nada impide que en casos en que los inventarios correspondan a otro tipo de mercancías, no se pueda aplicar estos criterios, de acuerdo con lo que se pruebe en cada caso.
  (2016-01-22) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 17001-23-31-000-2004-00488-01(17538)

DESUSO INUTILIZACION E IMPOSIBILIDAD DE COMERCIALIZACION - Son pruebas para que proceda la deduccion por obsolescencia.
    DEDUCCION POR OBSOLESCENCIA O DESTRUCCION DE INVENTARIOS - Pruebas. Procedencia.
Según el criterio expuesto y teniendo en cuenta que dentro del objeto social de la actora está la fabricación, ensamblaje y producción de electrodomésticos, para la Sala es viable establecer la relación de causalidad con la actividad productora de renta y la manera en que tales inventarios participaron en esa actividad.

Las razones del castigo de inventarios sobre desuso e inutilización son válidas para determinar la necesidad de ese gasto atendiendo al tipo de mercancía que hace parte del objeto social de la actora, pues la imposibilidad de comercialización implica que tales repuestos y materia prima deban ser retirados al interior de la empresa y se torna en indispensable su destrucción.
  (2016-01-22) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01370-01(16236)

INSPECCION TRIBUTARIA - Debe practicarse efectivamente para que suspenda el termino de notificacion del requerimiento especial. Prueba tributaria diferente de la contable.
    El artículo 714 del Estatuto Tributario establece que la declaración privada quedará en firme si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento especial.
Que si la declaración presenta un saldo a favor, los dos años para notificar el requerimiento especial se contaran desde la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación. Concordante con lo anterior el artículo 705 ibídem señala como término para notificar el requerimiento especial "a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar […]".

Es importante precisar que antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995 la suspensión del término para notificar el requerimiento por motivo de la inspección tributaria, operaba mientras durara la inspección, pero máximo por tres meses. Y este lapso empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practicaba, es decir, no bastaba la notificación del auto que ordenaba la inspección para que operara la suspensión.

Como consecuencia de la modificación introducida por esa ley, el plazo para dictar el requerimiento especial se suspende por un término fijo de tres meses, los cuales se cuentan a partir de la fecha de notificación del auto decrete la inspección tributaria, como lo señala de manera expresa la norma.
  (2016-01-22) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01370-01(16236)

NOTIFICACION DEL ACTO QUE DECRETA LA INSPECCION TRIBUTARIA - Es el que suspende el termino para notificar el requerimiento especial.
    VISITA DE FUNCIONARIO - No es una inspección tributaria.
El artículo 138 de la misma Ley 223 modificó el artículo 782 del mismo Estatuto, en el sentido de definir la inspección contable como la inspección física a los libros contables, así:
    "La administración podrá ordenar la práctica de la inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravados o no y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales."
Conforme con lo anterior la inspección tributaria tiene como finalidad recaudar distintos medios de prueba, tales como testimonios y documentos, y en desarrollo de la misma se puede decretar también una "inspección contable".

Sin embargo, lo que suspende el término para notificar el Requerimiento Especial es la notificación del auto que decreta la "inspección tributaria", y no la práctica de la inspección contable, por así disponerlo expresamente el artículo 706 del Estatuto Tributario.

En consecuencia, no es de recibo el argumento del actor de que sólo cuando se hace constatación directa a los libros y documentos de contabilidad es cuando se entiende realizada una inspección tributaria. Además, como lo ha considerado la Sala, no se puede confundir la inspección tributaria con la visita que realiza el funcionario a las oficinas de un contribuyente, pues el legislador no dispuso que fuera de esa forma.
  (2016-01-22) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01370-01(16236)

LIQUIDACION DE REVISION - Previo a su expedicion debe proferirse requerimiento especial.
    REQUERIMIENTO ESPECIAL - Acto imprescindible para la determinación oficial del impuesto.
Pues bien, según el artículo 703 del Estatuto Tributario para expedir la liquidación de revisión es necesario que la Administración, previamente, envíe un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con las explicaciones de las razones en que se sustenta; es decir, se trata de una actuación imprescindible para la determinación oficial del impuesto, que se erige, junto con la declaración y la ampliación al requerimiento, en el marco dentro del cual la Administración puede modificar la liquidación privada del contribuyente.

Por ello el artículo 711 ibídem establece que el acto liquidatorio debe contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que fueron contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación, esto es lo que se denomina principio de correspondencia.

En este caso, a juicio de la Sala, del análisis de los motivos expuestos por la DIAN en el Requerimiento Especial y en la Liquidación de Revisión aparece que no existe la alegada falta de correspondencia, pues el hecho recogido en seas actuaciones siempre se refirió al rechazo del costo de ventas por rotura de envases.
  (2016-01-22) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2003-01370-01(16236)

ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - Procede la deduccion del iva pagado en el mismo año o en los dos ejercicios siguiente.
    DEDUCCION POR ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - Cuando se incrementa el valor debe demostrarse que no se solicitó en períodos diferentes el descuento.
Se permitían descontar el IVA pagado en la adquisición de bienes de capital en el mismo año de la adquisición o en los dos ejercicios siguientes, sino era posible descontar la totalidad en el mismo ejercicio.

En consecuencia, en el año gravable 1998 la sociedad podía solicitar el descuento por los bienes adquiridos en 1998, 1997 y 1996. No los del año 1995, porque, evidentemente, tenía hasta el año gravable 1997 para solicitarlos, pero si venció la oportunidad para hacerlo y podía sustentar la partida con adquisiciones de años posteriores, a juicio de la Sala debía aceptarse el descuento con las partidas que sí eran procedentes.

Sin embargo, para la Sala no basta señalar que la adquisición se hizo en 1996 para aceptar el descuento sin mayor análisis y con el simple argumento de que las facturas allegadas al expediente ascendieron al valor solicitado como descuento en 1998. Esto no es suficiente.

Para la Sala, ante un cambio de concepto por el cual se solicitó el descuento del IVA y teniendo en cuenta que ya había transcurrido más de un año gravable posterior a la adquisición de los bienes, la sociedad debió demostrar que el monto solicitado en esta oportunidad no lo fue en el año 1996 (fecha de adquisición), ni en 1997, para que le fuera aceptado su argumento, pues no existe certeza para la Sala que el descuento ahora pretendido no se hubiera solicitado en años anteriores a 1998 y que, en efecto, todo el descuento se podía efectuar en este año gravable.
  (2016-01-22) [Mas Información]
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Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00686-01(16750)

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL - Son prueba para demostrar los movimientos de las cuentas.
    CONTABILIDAD - Prueba de la realidad económica del contribuyente.
Teniendo en cuenta que la diferencia sin justificar por $1.712.453 la encontró la DIAN del análisis de los asientos contables de las cuentas mencionadas, la Sala procedió a comparar cada una de las sumas certificadas por el revisor fiscal de la sociedad con los detalles allegados en relación con cada una de las provisiones y encontró que coincidían con los valores certificados sin que se evidenciara la aludida diferencia.

Además, el detalle de las provisiones que se reversaron, con los respectivos comprobantes de contabilidad, permitían que la DIAN pudiera establecer de manera precisa y concreta, cuál fue la reversión que no se demostró, pues si bien el cuadro elaborado en la página 20 de la resolución que decidió el recurso de reconsideración, muestra como diferencia por justificar y, por lo tanto, para desconocer, la suma de $1.712.453, a partir del movimiento débito declarado y el movimiento débito determinado, la Sala observa que en el cuadro anexo 1 de la resolución, en la penúltima columna aparece como valor justificado la suma de $6.525.533.319, que es la misma que totalizó y probó la sociedad en la explicación de la glosa.
  (2016-01-22) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2006-00686-01(16750)

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL - Son prueba para demostrar los movimientos de las cuentas.
    CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO Y REVISOR FISCAL - No sustituye la contabilidad del contribuyente.
Teniendo en cuenta que la diferencia sin justificar por $1.712.453 la encontró la DIAN del análisis de los asientos contables de las cuentas mencionadas, la Sala procedió a comparar cada una de las sumas certificadas por el revisor fiscal de la sociedad con los detalles allegados en relación con cada una de las provisiones y encontró que coincidían con los valores certificados sin que se evidenciara la aludida diferencia.

Además, el detalle de las provisiones que se reversaron, con los respectivos comprobantes de contabilidad, permitían que la DIAN pudiera establecer de manera precisa y concreta, cuál fue la reversión que no se demostró, pues si bien el cuadro elaborado en la página 20 de la resolución que decidió el recurso de reconsideración, muestra como diferencia por justificar y, por lo tanto, para desconocer, la suma de $1.712.453, a partir del movimiento débito declarado y el movimiento débito determinado, la Sala observa que en el cuadro anexo 1 de la resolución, en la penúltima columna aparece como valor justificado la suma de $6.525.533.319, que es la misma que totalizó y probó la sociedad en la explicación de la glosa.
  (2016-01-22) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Referencia 16367.
11/12/2015

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, MATRICES Y FILIALES, LIQUIDACION, IMPUESTOS NACIONALES.
    El gravamen relacionado con el Turismo que se causa en la venta de tiquetes aéreos es la contribución parafiscal para la promoción del turismo creada por medio del artículo 40 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 1 de la ley 1101 de 2006.
Síntesis:

El hecho de que la sociedad subordinada se encuentre en estado de liquidación implica que desaparece el grupo empresarial, porque no hay unidad de propósito y dirección, pues, no puede perseguirse un objetivo común determinado por la subordinante, dado que, por disposición legal y no para cumplir el propósito fijado por la matriz, lo único que puede hacer la subordinada en liquidación es concluir las operaciones pendientes y no emprender nuevas actividades.

Dado que en este caso no existía grupo empresarial, la sociedad matriz no estaba obligada a suministrar información consolidada a la Dian, motivo por el cual procede la nulidad de los actos acusados.
  (2016-01-21) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 76001-23-31-000-2005-05317-01(17875)

PROVISION CONTABLE - No es deducible por destruccion de inventarios dado que el unico efecto es la reduccion de la misma.
    En relación con la provisión para mercancía dada de baja, se advierte que la demandante ha sostenido que la provisión ha sido tratada como un gasto no deducible y que sólo cuando se produce realmente la destrucción del inventario devuelto o vencido es que se afecta la cuenta de la provisión, momento en el que es deducible fiscalmente.
Sin embargo, en los actos acusados, la DIAN rechazó la provisión por mercancía dada de baja por valor de $94.169.146 registrada en la cuenta 61.20.45.57, porque es una provisión que dentro del ordenamiento fiscal no es posible tenerla como costo ni como deducción, pues sólo son provisiones aceptadas fiscalmente las establecidas en los artículos 112, 145 y 146 E.T.

Además, la Administración indicó que sobre este valor "la sociedad no presenta soporte como tal, por cuanto se registra un valor estimado de la mercancía que se va a dar de baja o que se va a llevar a pérdida en devoluciones, posteriormente se traslada o se cancela.
  (2016-01-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 76001-23-31-000-2005-05317-01(17875)

INVENTARIOS PERMANENTES - Los faltantes de mercancia de facil destruccion o perdida se manejan a traves de una provision.
    FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA - Se puede disminuir el inventario inicial siempre que se lleve el sistema de juego de inventarios.
Para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas:
    "juego de inventarios",
    "inventarios permanentes o continuos", o
    "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico...

" En el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable. Lo que responde a la siguiente fórmula matemática: inventario inicial + compras - inventario final.

Mientras que en el sistema de "inventarios permanentes o continuos" el costo se contabiliza en tarjetas u hojas especiales, diseñadas para llevar el control permanente de las mercancías, las que hacen parte integrante de la contabilidad, donde se registran las unidades compradas, vendidas, o consumidas, el costo de lo vendido y de lo comprado; al final del ejercicio se hace constar en el libro de inventarios, el costo de las existencias.
  (2016-01-14) [Mas Información]
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Sección Cuarta

Radicación número: 76001-23-31-000-2005-05317-01(17875)

MERCANCIAS DIFERENTES A MEDICAMENTOS - Procede la deduccion por destruccion siempre que se prueben las expensas necesarias.
    DESTRUCCION DE INVENTARIOS - Procede cuando se demuestran los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
Tratándose de activos movibles que tengan que ser retirados por vencimiento o destrucción y que no puedan ser comercializados de ninguna manera, ni consumidos, ni usados, podría llegar a admitirse su valor como "expensa necesaria" deducible, siempre y cuando se demuestre, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad; y además, que el contribuyente, demuestre que tal deducción no ha sido reconocida por otros medios, como por ejemplo, el caso de los contribuyentes que llevan el sistema de juego de inventarios, donde tal disminución puede ser tratada como costo (art. 64 E. T.)".

Es necesario advertir también, que aunque la jurisprudencia transcrita hacía referencia a medicamentos, nada impide que en casos en que los inventarios correspondan a otro tipo de mercancías, no se pueda aplicar estos criterios, de acuerdo con lo que se pruebe en cada caso.

Igualmente, debe precisarse que el criterio de la Sala es aplicable tanto a comercializadores como a productores, pues en ambos casos, dependiendo del tipo de bienes, pueden estar sometidos a disposiciones de tipo sanitario que los obliga a destruir los activos movibles por razones de deterioro, vencimiento, desuso, etc., y lo mismo puede ocurrir en sectores donde la destrucción de inventarios ocurre por tratarse de una práctica mercantil usual, razón por la que no resulta procedente la distinción que realiza la demandada en relación con la actividad que desarrolla el contribuyente respecto de los productos dados de baja.
  (2016-01-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00070-01(17116)

PROVISION POR PERDIDA DE INVENTARIOS - Esta permitida su contabilizacion conforme al Estatuto Contable.
    PERDIDAS DEL ACTIVO MOVIBLE - Pueden ser tratados como costo en el sistema de juego de inventarios pero no como deducción.
El artículo 62 del Estatuto Tributario alude al sistema para establecer el costo de los activos movibles enajenados conforme con dicha disposición, para establecer el costo de los activos enajenados, los contribuyentes obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta, firmada por revisor fiscal o contador público, deben utilizar el sistema de inventarios permanentes o continuos, o cualquier otro sistema de reconocido valor técnico autorizado por la DIAN.

Cuando se trata de mercancías de fácil destrucción o pérdida, el artículo 64 del Estatuto Tributario, vigente para la época de los hechos del caso concreto, sólo autorizaba disminuir el inventario final en un 5% del total de las mercancías de fácil destrucción o inventarios perecederos.

Esa disminución, que afecta el costo de ventas, no estaba prevista para los contribuyentes que llevaban el sistema de inventario permanente. La Sala, mediante sentencia del 27 de octubre de 2005, precisó que el artículo 64 E.T., autorizaba la disminución del inventario final, para los contribuyentes que llevaban el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras".
  (2015-12-18) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00070-01(17116)

EXPENSAS NECESARIAS - Si demuestran los requisitos procede la deduccion por destruccion de inventario.
    DESTRUCCION DE MERCANCIAS - Deben estar plenamente justificados y probados. Procedencia de la deducción.
Si se demuestran que las expensas son necesarias, proporcionales y que tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, como lo precisa el artículo 107 del Estatuto Tributario, procede el reconocimiento de la deducción por destrucción de inventario.

También es relevante resaltar que en las sentencias referidas se ha insistido en que los hechos que dan lugar a la destrucción o a la pérdida deben estar plenamente justificados y probados.
  (2015-12-18) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


¿Son deducibles los gastos de eventos deportivos, envío de anchetas, compra de flores, fiesta de fin de año?
    PAGOS A CLUBES SOCIALES, SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES, LIBROS Y PERIODICOS, FIESTA DE FIN DE AÑO - No son deducibles porque no tienen relación de causalidad con el objeto social.
Como lo ha considerado reiteradamente, aunque los gastos que realizan los contribuyentes para bienestar, comodidad y actualidad de sus empleados, pueda servir como motivación o incentivo, así como los correspondientes al mantenimiento de buenas relaciones públicas y comerciales o gastos de viajes de altos directivos, lo cierto es que, los bienes y servicios adquiridos con tales pagos carecen de relación de causalidad con la actividad productora de renta y no son necesarios para el desarrollo del objeto social, como en este caso, la industria farmacéutica.

Otros gastos tales como participación de los empleados en eventos deportivos, envío de anchetas a los empleados, avisos de fallecimientos, compra de flores para evento día de la tierra, compra de camisetas para torneos deportivos de los empleados, obsequios para los empleados como bolsos para dama y fiesta de fin de año, entre otros, son gastos que no tienen ninguna relación de causalidad con la actividad farmacéutica de la actora, ni son necesarios para el desarrollo de la misma, aunque hubieran resultado motivante para el recurso humano porque les brindó momentos de esparcimiento y diversión.
  (2015-11-23) [Mas Información]
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Sección Cuarta


INSPECCION CONTABLE VRS INSPECCION TRIBUTARIA / VISITA DE FUNCIONARIO - No es una inspeccion tributaria.
    "La administración podrá ordenar la práctica de la inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravados o no y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales.".
La inspección tributaria tiene como finalidad recaudar distintos medios de prueba, tales como testimonios y documentos, y en desarrollo de la misma se puede decretar también una "inspección contable".

Sin embargo, lo que suspende el término para notificar el Requerimiento Especial es la notificación del auto que decreta la "inspección tributaria", y no la práctica de la inspección contable, por así disponerlo expresamente el artículo 706 del Estatuto Tributario.

No se puede confundir la inspección tributaria con la visita que realiza el funcionario a las oficinas de un contribuyente, pues el legislador no dispuso que fuera de esa forma. Cuando se hace alusión a la inspección tributaria, se indica que se pueden incoporar todos los medios de prueba permitidos por el ordenamiento, como la inspección contable, los testimonios, documentos, etc.

Así, la inspección tributaria puede comprender no sólo la visita, sino también involucrar todos los medios probatorios que se practiquen en el lapso de los tres meses de su duración.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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Sección Cuarta


DEDUCCION POR PERDIDAS DE MERCANCIAS - No es aceptada respecto a las mercancias que se manejen por el juego de inventarios.
    Se autoriza la disminución del inventario final, para los contribuyentes que adoptan el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras".
Para efectos de la deducción por obsolescencia la sociedad debía demostrar en qué proporciones los envases destinados inicialmente a ser incorporados gradualmente en la actividad productora de renta, ya sea como retornables o no retornables, podían llegar a considerarse activos fijos, susceptibles de generar pérdidas deducibles en los términos previstos en el artículo 148 del Estatuto Tributario.

Sin embargo, como la actora no probó esta circunstancia y, por el contrario, sostiene que son activos movibles y no fijos, resultan inaplicables los artículos 128 y 129 del Estatuto Tributario, que prevén la deducción de la depreciación causada por "obsolescencia de bienes usados en negocios o actividades productoras de renta", los que tienen la naturaleza de activos fijos.

Ahora bien, en relación con la naturaleza de activos movibles de los envases retornables, respecto de los que la actora solicitó que se acepte la deducción conforme con el artículo 64 del Estatuto Tributario, la Sala ha considerado que ese artículo autoriza la disminución del inventario final, para los contribuyentes que adoptan el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras".

Si se demuestra la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse sumas mayores, pero no acepta la deducción por pérdidas originadas en la destrucción de mercancías; por ello el inciso final del artículo 148 ibídem de manera expresa advierte sobre la imposibilidad de llevar como deducción tales pérdidas, al decir: "No son deducibles las pérdidas en bienes del activo movible que se han reflejado en el juego de inventarios".
  (2015-11-20) [Mas Información]
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Sección Cuarta


LIBROS DE CONTABILIDAD - Su no presentacion es indicio en contra del contribuyente.
    "El contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la administración lo exija, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra."
En la acción de nulidad y restablecimiento del derecho una de las posibilidades con las que cuenta el administrado para desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado, es aportando nuevas o mejores pruebas que las arrimadas en sede administrativa, pues legalmente no existe ningún impedimento para que no se puedan valorar pruebas diferentes a las valoradas por la Administración.

Además, es carga de las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (artículo 177 Código de Procedimiento Civil). Ahora bien, el artículo 781 del Estatuto Tributario dispone que "el contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la administración lo exija, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra.
  • En tales casos se desconocerán los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente. Únicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación, la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito". Sin embargo, la norma establece que no se desconocerán si el contribuyente los acredita plenamente.
A juicio de la Sala, para que tal indicio tenga ocurrencia se requiere que la Administración haya exigido la presentación de libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad en relación con costos, deducciones, descuentos o pasivos que se estén investigando, y que el contribuyente no los hubiera presentado. La consecuencia es el desconocimiento de los conceptos correspondientes.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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DEDUCCION DE INTERESES - Procede cuando los intereses se causen.
El criterio de la Sala es que la modificación introducida por la Ley 488 de 1998 al artículo 117 del Estatuto Tributario obedece a la adecuación de la norma a las disposiciones contables, al consagrar que la deducción opera cuando los intereses se causen, por ser la causación la regla general.

De manera que en los casos en que los contribuyentes estén obligados a llevar contabilidad se debe aceptar la deducción de intereses causados antes de la vigencia de la Ley 488 de 1998.


DEDUCCION POR ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - Cuando se incrementa el valor debe demostrarse que no se solicitó en períodos diferentes el descuento.

Se permitían descontar el IVA pagado en la adquisición de bienes de capital en el mismo año de la adquisición o en los dos ejercicios siguientes, sino era posible descontar la totalidad en el mismo ejercicio.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Limitacion de los costos a profesionales independientes y comisionistas.
    Sólo se reconoce por costos y deducciones hasta el 50 por ciento de los ingresos obtenidos por razón de su actividad / CONTRATOS DE CONSTRUCCION - El límite de deducción por costos es del 90 por ciento.
Como se observa, el artículo 87 del Estatuto Tributario consagra una limitación de orden legal a los costos y deducciones imputables a la actividad de servicios inherentes a los profesionales independientes, personas naturales, en el sentido de que fiscalmente sólo se les reconoce por concepto de costos y deducciones hasta el 50% de los ingresos obtenidos por razón de su actividad.

Si se trata de contratos de construcción de bienes inmuebles y obras civiles ejecutados por arquitectos o ingenieros contratistas, el límite anterior será del noventa por ciento (90%), pero deberán llevar libros de contabilidad registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales.

Estas limitaciones no se aplican si el contribuyente factura la totalidad de las operaciones y sus ingresos fueron sometidos a retención en la fuente, cuando ésta sea procedente. Sólo los costos que se reconocen son aquellos que, conforme con las normas que regulan su procedencia, son los que aparezcan probados, para, a partir de ese momento, determinar si debe aplicarse o no alguna limitación.
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


REGIMEN SIMPLIFICADO - No estan obligados a expedir factura.
    DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA - Para que procedan los costos, deducciones e impuestos descontables éste debe cumplir los requisitos de la factura.
Conforme con el artículo 2 del Decreto 1001 de 1997, no están obligados a expedir factura en sus operaciones, entre otros, los responsables del régimen simplificado. Entonces, en virtud del inciso tercero del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca.

Estos requisitos fueron establecidos por el artículo 3 del Decreto 3050 de 1997. advierte la Sala que la razón de la DIAN para rechazar los costos solicitados no fue que el demandante hubiere omitido exigir la inscripción en el RUT a sus proveedores de bienes y servicios.

Lo que la Administración advirtió fue que al contribuyente le correspondía solicitar el pleno cumplimiento de los requisitos de la facturación cuando pretendiera hacer valer costos o deducciones. Es decir, se refirió a los requisitos que debía contener la factura o documento equivalente, conforme con el artículo 771-2, como expresamente lo señala la resolución del recurso en la hoja 14.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL - Son prueba para demostrar los movimientos de las cuentas.
    CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL - No demuestra la naturaleza, duración y término del negocio que hizo necesaria una amortización en un periodo inferior.
Sobre la interpretación de estas disposiciones, la Sala mediante sentencia del 7 de diciembre de 2006 declaró la nulidad parcial del Concepto 06879 de 31 de agosto de 1998 en virtud del cual la DIAN, con fundamento en los artículos 142 y 143 inciso primero del Estatuto Tributario sentó como tesis jurídica que: "no se pueden solicitar amortizaciones en plazos inferiores a cinco años". Se consideró que no se podía afirmar de manera rotunda, que "no se pueden solicitar amortizaciones en plazos inferiores a cinco años", como se hacía en la tesis jurídica del concepto acusado, porque esa afirmación implicaría que para la Administración, en ningún caso, el contribuyente tendría el derecho de amortizar la inversión en un término inferior a cinco años, no obstante haber demostrado que, por la naturaleza o duración del negocio, la amortización debía hacerse en un plazo inferior.

La Sala explicó que por naturaleza o duración del negocio debía entenderse en relación con la actividad específica desarrollada en virtud de la inversión, como serían los "gastos preliminares de instalación" y no respecto del desarrollo normal del objeto social de la empresa.

Bajo el anterior criterio, es incuestionable que la DIAN no puede negar la amortización por el simple hecho de que se realice en un término inferior a cinco años, pues el contribuyente tiene el derecho y el deber de demostrar cuál fue la naturaleza o duración de la actividad específica que iba a desarrollar en virtud de la inversión que realizó y que, por esa razón, el plazo de la amortización debía ser inferior.
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CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL - Requisitos para que tengan valor probatorio.
    CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO Y REVISOR FISCAL - No sustituye la contabilidad del contribuyente. Son válidos como prueba contable cuando llevan al convencimiento del hecho que se pretende probar.
De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, se advierte que el certificado del revisor fiscal no es suficiente para demostrar la realidad de la pérdida en la venta de inventarios de materia prima. En efecto, con el recurso de reconsideración, la sociedad allegó un certificado del revisor fiscal de la compañía que certifica que los libros de comercio están debidamente registrados en la Cámara de Comercio, que la contabilidad se lleva de acuerdo a lo ordenado por el Código de Comercio y de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Para la Sala, este certificado no es suficiente para establecer la realidad de la pérdida solicitada como deducción, pues el cuestionamiento oficial requería que la sociedad acreditara de manera amplia el costo de tales inventarios, con la indicación, al menos, de los respectivos soportes de las operaciones.

Si bien, conforme con el artículo 777 del Estatuto Tributario, cuando se trata de presentar en la DIAN pruebas contables, son suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración para hacer las comprobaciones pertinentes, ha sido criterio de la Sala que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
  • Además, de expresar que la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales o que los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio; deben informar si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y si reflejan la situación financiera del ente económico.
Se ha precisado que tales certificados deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse; no pueden versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dichos funcionarios dan cuenta, pues "en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones".
  (2015-11-20) [Mas Información]
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Sección Cuarta


LIBRO DE INVENTARIOS - Aqui se hace constar el costo de las existencias determinadas mediante inventario permanente.
    SISTEMA PARA ESTABLECER EL COSTO DE LOS ACTIVOS MOVIBLES ENAJENADOS - Juego de inventarios, inventarios permanentes o continuos o cualquier otro sistema de reconocido valor técnico.
Conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, tratándose de activos movibles que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente que deban ser destruidos, porque no pueden ser consumidos, ni usados ni comercializados de ninguna forma, se admite su valor como expensa necesaria, siempre que se demuestre que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, tienen relación de causa-efecto con la producción del ingreso y que es indispensable y proporcionado con la actividad.

Para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: "juego de inventarios", "inventarios permanentes o continuos", o "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico..."

En el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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DEDUCCION POR SALARIOS - Son deducibles siempre que se acredite el pago de los aportes parafiscales.
    PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO - Sobre ellos no se requiere acreditar el pago de aportes parafiscales
BONIFICACION POR RETIRO Y MERA LIBERALIDAD - Constituyen salario aunque las partes hayan pactado lo contrario. Para que proceda su deducción deben presentar el paz y salvo por concepto de parafiscales.

En conclusión, de acuerdo con los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogados por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, respectivamente, en concordancia con el 17 de la Ley 344 de 1996, los pagos que se hagan por mera liberalidad o por convención y sobre los cuales se haya acordado su carácter no salarial, no constituyen base para calcular los aportes parafiscales y para la procedencia de su deducción no es necesario acreditar el pago de tales aportes.

En efecto, teniendo en cuenta que en materia laboral debe primar la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, para la Sala aún cuando se hubiera estipulado en el Acuerdo Conciliatorio que esa bonificación no era constitutiva de salario, lo cierto es que su finalidad sí era cobijar todos aquellos pagos laborales, incluidos los salarios, que por alguna eventualidad pudieran causarse a favor del trabajador, de ahí que una vez recibida la bonificación, el ex trabajador declaraba a paz y salvo a la empresa por todo concepto laboral, incluidos los salarios.

De manera que así se hubiere pactado como una concesión especial y se hubiera denominado bonificación, lo cierto es que no se ajusta a esa naturaleza, pues comprende y cubre, no sólo indemnización y prestaciones, sino salarios eventualmente adeudados al ex trabajador mientras estuvo vigente la relación laboral.

En consecuencia, como parte de la bonificación por retiro sí tenía carácter salarial, no tiene efectos para este fallo la manifestación que hizo la actora en el acuerdo conciliatorio de que la bonificación que se le concede al ex trabajador no es constitutiva de salario y, por lo tanto, para tener derecho a la deducción por salarios debió acreditar el pago de los aportes parafiscales, según el artículo 108 del Estatuto Tributario.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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AFILIACION A AGREMIACIONES - Requisitos para que proceda como expensa necesaria.
    La Sala ha considerado que para su aceptación corresponde a los contribuyentes probar que las sumas solicitadas como deducción, no sólo correspondieron a los conceptos señalados, sino que fueron proporcionales y que fueron pagadas a los beneficiarios y se contabilizaron y respaldaron debidamente con los soportes correspondientes.
Tributariamente las expensas necesarias corresponden a los gastos que se generan de manera forzosa en la actividad productora de renta, de manera que sin tales gastos no se puede obtener la renta. Son indispensables aunque no sean permanentes sino esporádicos.

Como lo exige la norma, lo esencial es que el gasto sea "normalmente acostumbrado en cada actividad", lo que excluye que se trate de gastos simplemente suntuarios, innecesarios o superfluos, o meramente útiles o convenientes.

La Sala ha reiterado que la relación de causalidad significa que los gastos, erogaciones o simplemente salida de recursos del contribuyente, deben guardar una relación causal, de origen - efecto, con la actividad u ocupación que le genera la renta al contribuyente.

Esa relación, vínculo o correspondencia debe establecerse entre la expensa (costo o gasto) y la actividad que desarrolla el objeto social (principal o secundario) pero que en todo caso le produce la renta, de manera que sin aquella no es posible obtenerla y que en términos de otras áreas del derecho se conoce como nexo causal o relación causa - efecto.

Y, en cuanto a la proporcionalidad, ésta atiende a la magnitud que aquellas representen dentro del total de la renta bruta (utilidad bruta) la cual, debe medirse y analizarse en cada caso, de conformidad con la actividad económica que se lleve a cabo, conforme con la costumbre comercial para ese sector, de manera que el rigor normativo cede ante los gastos reiterados, uniformes y comunes que se realicen, sin perjuicio de la causalidad y necesidad que también deben concurrir.
  (2015-11-20) [Mas Información]
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¿Sabe usted cual es la prueba tributaria diferente de la contable?
    INSPECCION TRIBUTARIA - Debe practicarse efectivamente para que suspenda el término de notificación del requerimiento especial.
Como lo precisó la Sala en sentencia del 25 de noviembre de 2004 con la expedición de la Ley 223 de 1995, artículo 137, se modificó el artículo 779 del Estatuto Tributario y se definió la "inspección tributaria" como un medio de prueba específico e independiente de la "inspección contable".

Pues bien, el artículo 714 del Estatuto Tributario establece que la declaración privada quedará en firme si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento especial.

Que si la declaración presenta un saldo a favor, los dos años para notificar el requerimiento especial se contaran desde la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación. Concordante con lo anterior el artículo 705 ibídem señala como término para notificar el requerimiento especial "a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar […]".

Es importante precisar que antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995 la suspensión del término para notificar el requerimiento por motivo de la inspección tributaria, operaba mientras durara la inspección, pero máximo por tres meses. Y este lapso empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practicaba, es decir, no bastaba la notificación del auto que ordenaba la inspección para que operara la suspensión.

Como consecuencia de la modificación introducida por esa ley, el plazo para dictar el requerimiento especial se suspende por un término fijo de tres meses, los cuales se cuentan a partir de la fecha de notificación del auto decrete la inspección tributaria, como lo señala de manera expresa la norma.
  (2015-11-19) [Mas Información]
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DESUSO INUTILIZACION E IMPOSIBILIDAD DE COMERCIALIZACION - Son pruebas para que proceda la deducción por obsolescencia.
    DEDUCCION POR OBSOLESCENCIA O DESTRUCCION DE INVENTARIOS - Pruebas. Procedencia.
Según el criterio expuesto y teniendo en cuenta que dentro del objeto social de la actora está la fabricación, ensamblaje y producción de electrodomésticos, para la Sala es viable establecer la relación de causalidad con la actividad productora de renta y la manera en que tales inventarios participaron en esa actividad.

Las razones del castigo de inventarios sobre desuso e inutilización son válidas para determinar la necesidad de ese gasto atendiendo al tipo de mercancía que hace parte del objeto social de la actora, pues la imposibilidad de comercialización implica que tales repuestos y materia prima deban ser retirados al interior de la empresa y se torna en indispensable su destrucción.

El monto del gasto por $164.861.438 resulta proporcionado con el total de deducciones declaradas por $37.412.715.000 y frente a unos ingresos brutos de la contribuyente por $178.939.663.000. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que, en este caso, con las pruebas que reposaban en el expediente administrativo, sí se probó que el gasto generado por la obsolescencia y destrucción de inventarios tuvo relación de causalidad con la actividad productora de renta de la actora y fue necesario y proporcionado a la misma; de manera que no acertó el Tribunal al no estudiar el cargo con el argumento de que la sociedad había presentado un concepto técnico por fuera del término de fijación en lista, pues, de las pruebas que obraban en el proceso, allegadas con la respuesta al requerimiento especial, se podía determinar la procedencia de la deducción, como en efecto se hizo.
  (2015-11-18) [Mas Información]
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FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA - No está prevista en el Estatuto Tributario para los contribuyentes que lleven el sistema de inventarios permanentes.
    ACTIVOS MOVIBLES RETIRADOS POR VENCIMIENTO O DESTRUCCION - Es una expensa necesaria si se prueba que es proporcional, necesaria y tiene relación de causalidad.
La Sección en sentencia del 27 de octubre de 2005 precisó que el artículo 64 del Estatuto Tributario autorizaba la disminución del inventario final, para los contribuyentes que adoptaran el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras" y si se demostraba la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, podían aceptarse sumas mayores, pero no aceptaba la deducción por pérdidas originadas en la destrucción de mercancías, por ello el inciso final del artículo 148 ibídem, de manera expresa, advertía sobre la imposibilidad de llevar como deducción tales pérdidas, al decir:
    "No son deducibles las pérdidas en bienes del activo movible que se han reflejado en el juego de inventarios".
Sostuvo que cuando se trataba de contribuyentes que debían adoptar el sistema de inventarios permanentes, el régimen tributario no preveía la disminución del inventario de las existencias del respectivo ejercicio, por concepto de faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, pues tal concepto se manejaba a través de una provisión (artículo 14 del Decreto 2650 de 1993), la cual no era deducible para efectos de determinar el impuesto sobre la renta.

Sin embargo, explicó que "tratándose de activos movibles que tengan que ser retirados por vencimiento o destrucción y que no puedan ser comercializados de ninguna manera, ni consumidos, ni usados, podría llegar a admitirse su valor como "expensa necesaria" deducible, siempre y cuando se demuestre, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad; y, además, que el contribuyente demuestre que tal deducción no ha sido reconocida por otros medios, como por ejemplo, el caso de los contribuyentes que llevan el sistema de juego de inventarios, donde tal disminución puede ser tratada como costo (art. 64 E. T.)"
  (2015-11-18) [Mas Información]
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Sección Cuarta


ACTIVOS FIJOS - Cuando deban ser destruidos su valor es una expensa necesaria / DESTRUCCION DE INVENTARIOS - Requisitos.
    SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE - Permite la deducción de inventarios dados de baja por disposiciones sanitarias.
Conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en materia de activos movibles que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente que deban ser destruidos, porque no pueden ser consumidos, ni usados ni comercializados de ninguna forma, se admite su valor como expensa necesaria, siempre que se demuestre que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tienen relación de causa-efecto con la producción del ingreso y que es indispensable y proporcionado con la actividad.

En las sentencias señaladas se concluyó que el valor de los medicamentos retirados del inventario para su destrucción conforme a las normas legales de control sanitario, debía aceptarse como deducción en el impuesto de renta y complementarios, conforme al siguiente análisis.

Para efectos de establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: "juego de inventarios", "inventarios permanentes o continuos", o "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico...".

Para el caso del sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable.
  (2015-11-18) [Mas Información]
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Sección Cuarta


SANCION POR NO FACTURAR - Improcedencia.
    ACTA SOBRE CONSTANCIA DE NO FACTURACION / INSPECCION TRIBUTARIA - Objeto / ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Negligencia.
Tratándose de una sanción por no facturar, las normas aplicables eran los artículos 652 y 653 del E.T. antes de la modificación de la ley 49 de 1990, que consagran como sancionable el hecho de la no expedición de facturas, por parte de quien esté obligado a ello (Art. 652 del E.T.).

De los Arts. 652 y 653 resulta obligado concluir que el legislador en materia de la sanción discutida, exigió una prueba especialísima para efectos de la procedencia de su imposición, como es el acta de constatación de la infracción en la cual, vale decir, se debe dejar constancia de la no expedición de las facturas y que debe ser suscrita por dos funcionarios designados especialmente para el efecto, quienes puedan dar fe del hecho.

En consecuencia no pueden ser de recibo los argumentos de la apelante quien pretende sustraerse el cumplimiento del citado artículo 653 del E.T. con el argumento de que no se trataba de una visita para verificar la facturación, pues precisamente por no ser así, la Administración no podía válidamente levantar el acta en que constara la no expedición de facturas, entre otras porque no había designación de dos funcionarios por parte del Administrador de Impuestos para tal efecto y consecuencialmente sin la mencionada acta no procedía imponer la sanción aquí discutida.
  (2015-11-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


ACREENCIAS LABORALES - Niega reliquidacion de cesantia e intereses y prima de vacaciones porque el actor no impugno las resoluciones que liquidaron tales derechos.
    PRIMA ESPECIAL - Niega reliquidación de prestaciones a empleado que optó por el régimen salarial y prestacional de la Fiscalía porque el 30 por ciento de la asignación básica que constituye la prima especial no tiene carácter salarial, excepción hecha de la pensión de jubilación.
Presunto derecho a cesantía e intereses y prima de vacaciones en mayor cuantía. Al demandante se le reconoció cesantía e intereses y primas de vacaciones mediante las resoluciones que obran en el cuaderno número 2, respecto de los primeros y del cuaderno número 3, en relación con las últimas, ninguna de las cuales fue impugnada en orden a que fuere la liquidación en mayor cuantía por la razón de no haberse tenido en cuenta como factor de cómputo la prima especial de servicios.

Presunto derecho a las demás primas en mayor cuantía. El fundamento de esta pretensión, según todo lo dicho anteriormente, consiste en que según la demanda el valor del 30% de la prima especial, debe incluirse en su cómputo, porque la administración la excluyó.

El artículo 14, inciso 1º, de la ley 4ª de 1992, le ordenó al Gobierno Nacional establecer una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, "sin carácter salarial" para los funcionarios de la rama judicial que allí relacionó, "excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del 1º de enero de 1993.", no obstante lo cual al demandante se le pagó el 30% de la asignación básica a ese título de PRIMA ESPECIAL, la cual, precisamente por no tener la calidad de salario, no podía tenerse en cuenta para los efectos de liquidar las prestaciones sociales.
  (2015-11-17) [Mas Información]
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FALTANTES DE MERCANCIA EN JUEGO DE MERCANCIAS - Se admite respecto del inventario final en un 5 por ciento o una suma mayor en caso de fuerza mayor.
    FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA - No está prevista en el Estatuto Tributario para los contribuyentes que lleven el sistema de inventarios permanentes.
Para los contribuyentes que adopten el sistema de juego de inventarios, está previsto en el artículo 64 ib., la "Disminución del inventario final por faltantes de mercancía", de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras."

Y si se demuestra la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse sumas mayores. Por disposición del artículo 25 del Decreto Reglamentario 187 de 1975, la disminución del inventario final sólo "se aplicará respecto de las mercancías que se adquieran para venderlas sin transformarlas".

Como se observa, lo autorizado por el citado precepto legal es la disminución del "inventario final", que es uno de los factores de determinación del costo de los activos movibles, en el sistema de juego de inventarios, y no la deducción por pérdidas que puedan originarse por la destrucción de las mercancías. Disposición que está en concordancia con el inciso final del artículo 148 del Estatuto Tributario que de manera expresa advierte sobre la imposibilidad de llevar como deducción tales pérdidas, al decir: "No son deducibles las pérdidas en bienes del activo movible que se han reflejado en el juego de inventarios".

Cuando se trata de contribuyentes que deben adoptar el sistema de inventarios permanentes, no está prevista en el régimen tributario la disminución del inventario de las existencias del respectivo ejercicio, por concepto de faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida.

En consecuencia, teniendo en cuenta que según el artículo 14 del Decreto 2650 de 1993 (estatuto contable), una forma de contabilizar las pérdidas es la de crear la "provisión" respectiva, el contribuyente puede registrar en su contabilidad la disminución del valor de sus inventarios, producida por la destrucción o pérdida de los mismos, tal como se precisa en el concepto acusado.
  (2015-11-17) [Mas Información]
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COMERCIANTE - Los minoristas y mayoristas hacen parte del regimen simplificado.
    AGRICULTORES Y GANADEROS - Hacen parte del régimen simplificado del IVA.
Los requisitos para pertenecer al régimen simplificado del IVA se encuentran en el artículo 499 del Estatuto Tributario. Según dicha norma, forman parte del régimen que se comenta, las personas naturales comerciantes y artesanos minoristas o detallistas; los agricultores y ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como quienes presten servicios gravados, siempre que cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
  • 1. Que en el año anterior hubieren poseído ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 4.000 UVT.

  • 2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.

  • 3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.

  • 4. Que no sean usuarios aduaneros.

  • 5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso, contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor individual y superior a $66.888.000 (año 2006).

  • 6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de $89.183.000 (año 2006).
  (2015-11-17) [Mas Información]
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(Jurisprudencia) REGIMEN SIMPLIFICADO DEL IVA - Prohibiciones a los responsables.
    IVA GENERADO - Está prohibido cobrarlo por los responsables del régimen simplificado.
El artículo 506 del Estatuto Tributario señala como obligaciones a cargo de los responsables del régimen simplificado, las siguientes:
  • 1. Inscribirse en el registro único tributario;

  • 2. Entregar copia del documento en que conste su inscripción en el régimen simplificado, en la primera venta o prestación de servicios que realice a adquirentes que no sean del régimen simplificado, que así lo exijan;

  • 3. Cumplir con los sistemas de control que determine el Gobierno Nacional;

  • 4. Exhibir en un lugar visible al público el documento en que conste su inscripción en el RUT, como perteneciente al régimen simplificado.
Adicionalmente, según el artículo 15 del Decreto 380 de 1996, a los responsables de régimen simplificado les está prohibido adicionar el IVA a los bienes que vendan o a los servicios que presten; declarar IVA, so pena de que la declaración no produzca efectos; determinar IVA a cargo y solicitar impuestos descontables; calcular el IVA en compras de bienes y servicios exentos o excluidos.
  (2015-11-17) [Mas Información]
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(Jurisprudencia) LIBRO AUXILIAR DE VENTAS Y COMPRAS - Deben llevarlo todos los responsables del regimen comun.
    FACTUARA O DOCUMENTO EQUIVALENTE - Es una de las obligaciones de los responsables del régimen común.
A su turno, los responsables del régimen común del IVA deben cumplir estas obligaciones:
  • 1. Inscribirse en el RUT;

  • 2. Expedir factura o documento equivalente con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, por cada operación de venta o prestación de servicios;

  • 3. LLevar contabilidad, y, dentro de la misma, incluir un registro auxiliar de ventas y compras y una cuenta mayor o de balance denominada "impuesto a las ventas por pagar (artículo 509 del Estatuto Tributario) y,

  • 4. Presentar la declaración bimestral de IVA (artículo 574 ibídem).
En síntesis, los responsables del régimen simplificado deben cumplir obligaciones más sencillas que los del régimen común, precisamente porque tienen menor capacidad económica y, por ende, menor capacidad contributiva, lo que conduce a que la Administración Tributaria deba ejercer un control menos exigente sobre sus operaciones
  (2015-11-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


INDEMNIZACIONES LABORALES - Para que sean deducibles deben cumplir los requisitos de las expensas necesarias.
    SALARIOS - Para que proceda su deducción debe acreditarse el pago de los aportes parafiscales.
Según el criterio de la Sala en materia laboral debe primar la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Por lo tanto, aún cuando se hubiera estipulado en el Acuerdo Conciliatorio que se trataba de una bonificación por mera liberalidad no constitutiva de salario, lo cierto es que su finalidad sí era cobijar todos aquellos pagos laborales, incluidos los salarios, que por alguna eventualidad pudieran causarse a favor del trabajador, de ahí que una vez recibida la bonificación, el ex trabajador declaraba a paz y salvo a la empresa por todo concepto laboral, incluidos los salarios e indemnizaciones.

Como ya se advirtió, para que las indemnizaciones laborales sean deducibles del impuesto de renta se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, que en este caso no se cumplió. Para la Sala, no es posible acceder a su reconocimiento, independientemente de que la actora hubiera demostrado que efectuó la retención en la fuente o que estaba excluida de tal obligación.

Además, como parte de tales sumas conciliatorias sí tenían carácter salarial, la actora debió acreditar el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el artículo 108 del Estatuto Tributario; sin embargo, no dijo nada sobre tal hecho.
  (2015-11-13) [Mas Información]
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PAGOS DE TELEFONIA MOVIL Y CAPACITACION - No son deducibles porque no cumplen con los requisitos de las expensas necesarias.
Como la necesidad y la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial, es indispensable establecer que ese tipo de expensas son forzadas o normalmente acostumbradas en otras empresas que desarrollan la misma actividad, pues corresponde a un parámetro de comparación que debe analizarse conforme al artículo 107 del Estatuto Tributario.

En consecuencia, no se pueden dar por cumplidos estos requisitos en el caso de la actora, que no demostró que esos gastos fueron legalmente o contractualmente obligatorios o forzados para el desarrollo de su objeto social o que, por costumbre mercantil, en este tipo de empresas son gastos habituales, normales y proporcionados con la actividad. En consecuencia, la Sala mantendrá el rechazo administrativo.
  (2015-11-13) [Mas Información]
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Sección Cuarta


COSTOS Y DEDUCCIONES - La falta de prueba da lugar a la sanción por inexactitud.
    CARGA DE LA PRUEBA - La tiene el contribuyente quien debe probar la realidad y la veracidad de las glosas declaradas.
La Sección venía sosteniendo de manera reiterada que ni por controversias de interpretación, ni por falta de pruebas era pertinente aplicar la sanción. Que si los rechazos obedecían a falta de prueba -contable o no- o a defectos formales en su comprobación debía hacerse un examen analítico y probatorio y establecerse la falsedad, inexistencia, simulación, etc., de los costos, gastos y demás partidas objeto de glosa oficial, puesto que entre otros, la sanción estaba prevista en el evento de que el contribuyente solicitara costos, deducciones, pasivos, etc., en los que no hubiera incurrido efectivamente de los cuales derivara un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor.

Sin embargo, la Doctrina Judicial reciente de la Sala ha tenido por criterio que la falta de prueba sobre la realidad y procedencia de las partidas declaradas no es motivo para no aplicar la sanción por inexactitud. En efecto, en sentencia del 28 de junio de 2010, la Sala consideró que la falta de prueba sobre la realización de los costos, significaba la inclusión en la declaración de costos inexistentes que daban lugar a un menor impuesto a pagar, conducta que era sancionable en virtud del artículo 647 del Estatuto Tributario.

Así mismo, mediante sentencia del 19 de agosto de 2010, la Sala señaló que generaba la sanción por inexactitud la conducta del contribuyente de incluir en la declaración, como deducciones, partidas frente a las cuales no se demostró su realidad y procedencia, que afectaron la base gravable y dieron lugar a un menor impuesto a cargo.

En esa oportunidad advirtió que no era necesario que la Administración estableciera que los gastos fueron irreales, pues lo cierto era que fueron solicitados como deducción, sin demostrar su procedencia; máxime cuando correspondía al contribuyente desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos.
  (2015-11-13) [Mas Información]
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Sección Cuarta


INSPECCION CONTABLE - Concepto. Es diferente a la inspección tributaria. No suspende el término para notificar el requerimiento especial.
    VISITA DE FUNCIONARIO - No es una inspección tributaria.
El artículo 138 de la misma Ley 223 modificó el artículo 782 del mismo Estatuto, en el sentido de definir la inspección contable como la inspección física a los libros contables, así:
    "La administración podrá ordenar la práctica de la inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravados o no y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales.".
Conforme con lo anterior la inspección tributaria tiene como finalidad recaudar distintos medios de prueba, tales como testimonios y documentos, y en desarrollo de la misma se puede decretar también una "inspección contable".

Sin embargo, lo que suspende el término para notificar el Requerimiento Especial es la notificación del auto que decreta la "inspección tributaria", y no la práctica de la inspección contable, por así disponerlo expresamente el artículo 706 del Estatuto Tributario.

En consecuencia, no es de recibo el argumento del actor de que sólo cuando se hace constatación directa a los libros y documentos de contabilidad es cuando se entiende realizada una inspección tributaria. Además, como lo ha considerado la Sala, no se puede confundir la inspección tributaria con la visita que realiza el funcionario a las oficinas de un contribuyente, pues el legislador no dispuso que fuera de esa forma.
  (2015-11-12) [Mas Información]
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LIQUIDACION DE REVISION - Previo a su expedición debe proferirse requerimiento especial.
    REQUERIMIENTO ESPECIAL - Acto imprescindible para la determinación oficial del impuesto / PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA - Debe existir entre el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión.
Pues bien, según el artículo 703 del Estatuto Tributario para expedir la liquidación de revisión es necesario que la Administración, previamente, envíe un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con las explicaciones de las razones en que se sustenta; es decir, se trata de una actuación imprescindible para la determinación oficial del impuesto, que se erige, junto con la declaración y la ampliación al requerimiento, en el marco dentro del cual la Administración puede modificar la liquidación privada del contribuyente.

Por ello el artículo 711 ibídem establece que el acto liquidatorio debe contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que fueron contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación, esto es lo que se denomina principio de correspondencia.

En este caso, a juicio de la Sala, del análisis de los motivos expuestos por la DIAN en el Requerimiento Especial y en la Liquidación de Revisión aparece que no existe la alegada falta de correspondencia, pues el hecho recogido en seas actuaciones siempre se refirió al rechazo del costo de ventas por rotura de envases.

De acuerdo con lo anterior, tal como se anticipó, a juicio de la Sala no existe la alegada falta de correspondencia entre el Requerimiento Especial y la Liquidación de Revisión, pues el hecho siempre se refirió al rechazo de la pérdida que sufren los envases retornables.
  (2015-11-12) [Mas Información]
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ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - Procede la deducción del iva pagado en el mismo año o en los dos ejercicios siguiente.
    DEDUCCION POR ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL - Cuando se incrementa el valor debe demostrarse que no se solicitó en períodos diferentes el descuento.
Se permitían descontar el IVA pagado en la adquisición de bienes de capital en el mismo año de la adquisición o en los dos ejercicios siguientes, sino era posible descontar la totalidad en el mismo ejercicio. En consecuencia, en el año gravable 1998 la sociedad podía solicitar el descuento por los bienes adquiridos en 1998, 1997 y 1996.

No los del año 1995, porque, evidentemente, tenía hasta el año gravable 1997 para solicitarlos, pero si venció la oportunidad para hacerlo y podía sustentar la partida con adquisiciones de años posteriores, a juicio de la Sala debía aceptarse el descuento con las partidas que sí eran procedentes.

Sin embargo, para la Sala no basta señalar que la adquisición se hizo en 1996 para aceptar el descuento sin mayor análisis y con el simple argumento de que las facturas allegadas al expediente ascendieron al valor solicitado como descuento en 1998. Esto no es suficiente.

Para la Sala, ante un cambio de concepto por el cual se solicitó el descuento del IVA y teniendo en cuenta que ya había transcurrido más de un año gravable posterior a la adquisición de los bienes, la sociedad debió demostrar que el monto solicitado en esta oportunidad no lo fue en el año 1996 (fecha de adquisición), ni en 1997, para que le fuera aceptado su argumento, pues no existe certeza para la Sala que el descuento ahora pretendido no se hubiera solicitado en años anteriores a 1998 y que, en efecto, todo el descuento se podía efectuar en este año gravable.
  (2015-11-12) [Mas Información]
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SISTEMA DE INVENTARIOS PERMANENTES - Determinación del costo de venta.
    CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION FIRMADA POR CONTADOR - Deben determinar el costo de enajenación de activos movibles por el sistema de inventario permanente.
Pues bien, para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: "juego de inventarios", "inventarios permanentes o continuos", o "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico...".

Cuando se lleva el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable.

Lo que responde a la siguiente fórmula matemática: inventario inicial + compras - inventario final. Mientras que en el sistema de "inventarios permanentes o continuos" el costo se contabiliza en tarjetas u hojas especiales, diseñadas para llevar el control permanente de las mercancías, las que hacen parte integrante de la contabilidad, donde se registran las unidades compradas, vendidas, o consumidas, el costo de lo vendido y de lo comprado; al final del ejercicio se hace constar en el libro de inventarios, el costo de las existencias.
  (2015-11-11) [Mas Información]
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FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA - La disminución por tal motivo no esta autorizada para el sistema de inventario permanente.
    MERCANCIA RETIRADA POR VENCIMIENTO O DESTRUCCION - Puede admitirse su deducción como expensa necesaria.
La Sala en sentencia de 27 de octubre de 2005 precisó que el artículo 64 del Estatuto Tributario autoriza la disminución del inventario final, para los contribuyentes que adoptan el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras" y si se demuestra la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse sumas mayores.

También se señaló que cuando se trata de contribuyentes que deben adoptar el sistema de inventarios permanentes, el régimen tributario no prevé la disminución del inventario de las existencias del respectivo ejercicio, por concepto de faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, pues tal concepto se maneja a través de una provisión (artículo 14 del Decreto 2650 de 1993 -estatuto contable), la cual no es deducible para efectos de determinar el impuesto sobre la renta.

Sin embargo se puntualizó que "tratándose de activos movibles que tengan que ser retirados por vencimiento o destrucción y que no puedan ser comercializados de ninguna manera, ni consumidos, ni usados, podría llegar a admitirse su valor como "expensa necesaria" deducible, siempre y cuando se demuestre, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad; y además, que el contribuyente, demuestre que tal deducción no ha sido reconocida por otros medios, como por ejemplo, el caso de los contribuyentes que llevan el sistema de juego de inventarios, donde tal disminución puede ser tratada como costo (art. 64 E. T.)".
  (2015-11-11) [Mas Información]
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DECLARACION FIRMADA POR CONTADOR O REVISOR FISCAL - Los contribuyentes que la presentan pueden solicitar como deducción los inventarios dados de baja.
    INVENTARIOS DADOS DE BAJA POR DISPOSICIÓN LEGAL - Al aceptarse la deducción tiene relación con la causalidad con la renta.
Aunque la sentencia decidió sobre la procedencia del costo de ventas, las razones expuestas permite considerar que cuando se solicita por medio de deducción, no debe rechazarse si se demuestra los elementos de las expensas necesarias previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, norma común para costos y deducciones.

Así, la anterior posición jurídica fue reiterada en la sentencia de 19 de julio de 2007 para reconocer como deducción solicitada por la actora la destrucción de inventarios, específicamente medicamentos, soportadas con actas de baja, suscritas por funcionarios competentes y avaladas por el revisor fiscal de la sociedad.

Ahora bien, el valor de los inventarios dados de baja por el cumplimiento de disposiciones legales, disminuye la renta bruta y por tanto tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta, es decir con el objeto social (fabricación de productos farmacéuticos y químicos), pues, aunque no tengan una relación directa con el ingreso obtenido en desarrollo de su actividad en la medida en que para obtener el ingreso no se requiere su pago, sí es una expensa que deben cumplir los fabricantes de medicamentos.

Así las cosas y aunque la sociedad en los términos del artículo 596 del Estatuto Tributario esté obligada a presentar su declaración de renta firmada por revisor fiscal y determinar el costo de enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes, el valor de los medicamentos retirados del inventario para su destrucción conforme a las normas legales de control sanitario, debe aceptarse como deducción en el impuesto de renta y complementarios, como lo solicitó en su declaración de corrección y lo aceptó el Tribunal en la decisión apelada.
  (2015-11-11) [Mas Información]
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INSPECCION TRIBUTARIA - Debe practicarse efectivamente para que suspenda el término de notificación del requerimiento especial. Prueba tributaria diferente de la contable.
    NOTIFICACION DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL - Suspensión del término.
Pues bien, el artículo 714 del Estatuto Tributario establece que la declaración privada quedará en firme si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento especial. Que si la declaración presenta un saldo a favor, los dos años para notificar el requerimiento especial se contaran desde la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación.

Concordante con lo anterior el artículo 705 ibídem señala como término para notificar el requerimiento especial "a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar […]".Es importante precisar que antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995 la suspensión del término para notificar el requerimiento por motivo de la inspección tributaria, operaba mientras durara la inspección, pero máximo por tres meses. Y este lapso empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practicaba, es decir, no bastaba la notificación del auto que ordenaba la inspección para que operara la suspensión.

Como consecuencia de la modificación introducida por esa ley, el plazo para dictar el requerimiento especial se suspende por un término fijo de tres meses, los cuales se cuentan a partir de la fecha de notificación del auto decrete la inspección tributaria, como lo señala de manera expresa la norma.

En todo caso, la Sala ha considerado que no basta que se decrete la inspección tributaria para que se suspenda el término, sino que debe practicarse efectivamente, pues mientras los comisionados o inspectores no inicien las actividades propias de su encargo, no puede entenderse, como es obvio, que hubiesen ejercido alguna "inspección" ni menos que se dé la suspensión del mencionado término.
  (2015-11-11) [Mas Información]
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PAGOS LABORALES LIBERALES - Son deducibles siempre que reúnan los requisitos de las expensas necesarias.
    MEDICINA PREPAGADA - Es deducible por ser una expensa necesaria.
La Sala se ha pronunciado igualmente en relación con ciertos pagos laborales que pueden tener el carácter de deducibles, independientemente de que no sean salario ni factor prestacional, pues constituyen pagos laborales que necesariamente inciden en la productividad de la empresa y por ende eran gastos que aminoran la base gravable de imposición.

En efecto, en la sentencia de 13 de octubre de 2005, mediante la cual se anuló el Concepto de la DIAN 57621 del 12 de septiembre de 2003, se advirtió que no se podía negar, de manera general, los pagos efectuados a los trabajadores por mera liberalidad, pues podían existir pagos laborales esporádicos u ocasionales, que no perdían la connotación de necesarios, lo cual debía analizarse en cada caso concreto.

En primer lugar, en relación con los pagos de medicina prepagada, la Sala ha considerado que "el servicio de medicina prepagada se estima como una forma de remuneración para los trabajadores, que son parte fundamental en la consecución de los ingresos de la empresa, la cual debe velar por sus condiciones de salud que son necesarias para que la empresa consiga su objeto social enderezado a generar renta. En otras palabras, este tipo de gastos guarda estrecha relación con la actividad generadora de renta de la empresa y resultan necesarios para este propósito".

Así mismo, ha señalado que "el carácter laboral del gasto, permite igualmente afirmar que existe un nexo causal frente a la actividad productora de renta, puesto que la fuerza laboral constituye, sin duda, un elemento indispensable en la producción de la renta, y por la misma razón, resulta necesario el gasto, para la obtención efectiva del ingreso, en cuanto incide de manera directa en la productividad de la empresa".
  (2015-11-10) [Mas Información]
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INJERENCIA DEL GASTO - Debe probarse para que proceda la deducción de la expensa necesaria.
    RELACION DE CAUSALIDAD - Concepto. Alcance / NECESIDAD - Concepto / PROPORCIONALIDAD - Alcance.
La Sala ha reiterado que la relación de causalidad significa que los gastos, erogaciones o simplemente salida de recursos del contribuyente, deben guardar una relación causal, de origen - efecto, con la actividad u ocupación que le genera la renta al contribuyente.

Esa relación, vínculo o correspondencia debe establecerse entre la expensa (costo o gasto) y la actividad que desarrolla el objeto social (principal o secundario) pero que en todo caso le produce la renta, de manera que sin aquella no es posible obtenerla.

O, como recientemente lo precisó la Sala, la conexidad debe ser entre el gasto y la actividad generadora de renta, o mejor, con la productividad de la empresa, conexidad que se mide por la injerencia (nexo) que tiene el gasto en dicha actividad y, por ende, en dicha productividad (efecto).

Así mismo, la Sala ha precisado que el artículo 107 del E.T no exige que a instancia del gasto se genere un ingreso, lo que exige es que tenga relación de causa y efecto, pero no como gasto-ingreso, sino como gasto-actividad (productividad).

Por eso, se considera que la injerencia que tiene el gasto en la productividad puede probarse con el ingreso obtenido, pero esa no necesariamente es la única prueba de la injerencia, si por tal se entiende la acción de "Entremeterse, introducirse en una dependencia o negocio".

En cuanto a la necesidad del gasto se ha considerado que por expensas necesarias se debe entender que son gastos que se generan de manera forzosa en la actividad productora de renta, de manera que sin tales gastos no se puede obtener la renta. Son indispensables aunque no sean permanentes sino esporádicos.
  (2015-11-10) [Mas Información]
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FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA - La disminución por tal motivo no esta autorizada para el sistema de inventario permanente.
    MERCANCIA RETIRADA POR VENCIMIENTO O DESTRUCCION - Puede admitirse su deducción como expensa necesaria.
La Sala en sentencia de 27 de octubre de 2005 precisó que el artículo 64 del Estatuto Tributario autoriza la disminución del inventario final, para los contribuyentes que adoptan el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras" y si se demuestra la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden aceptarse sumas mayores.

También se señaló que cuando se trata de contribuyentes que deben adoptar el sistema de inventarios permanentes, el régimen tributario no prevé la disminución del inventario de las existencias del respectivo ejercicio, por concepto de faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, pues tal concepto se maneja a través de una provisión (artículo 14 del Decreto 2650 de 1993 -estatuto contable), la cual no es deducible para efectos de determinar el impuesto sobre la renta.

Sin embargo se puntualizó que "tratándose de activos movibles que tengan que ser retirados por vencimiento o destrucción y que no puedan ser comercializados de ninguna manera, ni consumidos, ni usados, podría llegar a admitirse su valor como "expensa necesaria" deducible, siempre y cuando se demuestre, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad; y además, que el contribuyente, demuestre que tal deducción no ha sido reconocida por otros medios, como por ejemplo, el caso de los contribuyentes que llevan el sistema de juego de inventarios, donde tal disminución puede ser tratada como costo (art. 64 E. T.)".
  (2015-11-10) [Mas Información]
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Sección Cuarta


FALTA DE PRUEBA SOBRE LA REALIZACION DE COSTOS - Da lugar a la sanción por inexactitud.
    SANCION POR INEXACTITUD - Improcedencia.
En relación con la interpretación de esta norma, la Sección había sostenido de manera reiterada que ni por controversias de interpretación, ni por falta de pruebas era pertinente aplicar la sanción.

Que si los rechazos obedecían a falta de prueba -contable o no- o a defectos formales en su comprobación debía hacerse un examen analítico y probatorio y establecerse la falsedad, inexistencia, simulación, etc., de los costos, gastos y demás partidas objeto de glosa oficial, puesto que entre otros, la sanción estaba prevista en el evento de que el contribuyente solicitara costos, deducciones, pasivos, etc., en los que no hubiera incurrido efectivamente de los cuales derivara un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor .

Sin embargo, recientemente la jurisprudencia de la Sala ha tenido por criterio que la falta de prueba sobre la realidad y procedencia de las partidas declaradas no es motivo para no aplicar la sanción por inexactitud.
  (2015-11-09) [Mas Información]
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Sección Cuarta


REALIDAD DE LOS INGRESOS - Cuando no se pueden probar a través de la contabilidad procede la sanción por irregularidades en la contabilidad.
    SANCION POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD - Causales.
Según los actos demandados, la DIAN impuso la sanción porque se dieron las siguientes causales del artículo 654 del Estatuto Tributario:
  • "d) Llevar doble contabilidad.

  • e) No llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones".
Y con base en el artículo 655 del mismo estatuto, señaló que sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, aplicó la sanción por libros de contabilidad del medio por ciento (0.5%) del Para la Sala, la decisión del Tribunal se confirmará, pues de la contabilidad de la actora no se pudo establecer la realidad de los ingresos obtenidos por la venta de divisas, sino que fue necesario determinarlos con base en los testimonios de las sociedades que compraron las divisas.

El artículo 654 en su literal e) establece como causal para la imposición de la sanción que no se lleven los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos, que fue precisamente lo que ocurrió en relación con los ingresos de la sociedad.

La norma no establece la obligatoriedad de demostrar por parte de la Administración la responsabilidad subjetiva del agente o la culpabilidad, como lo pretende la sociedad.
  (2015-11-09) [Mas Información]
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BIENESTARINA - Único producto exento del impuesto sobre las ventas.
    BIENES EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTAS - Su enunciación es taxativa. Bienestarina bien excluido.
De acuerdo con el artículo 420 del Estatuto Tributario, tratándose de la enajenación de bienes corporales muebles, estos se entienden gravados, salvo que la ley de manera expresa haya dispuesto su exclusión.

En ese sentido, el artículo 424 ibídem, conforme con la modificación del artículo 30 de la Ley 788 de 2002, vigente para el período en discusión, hace una relación taxativa de los bienes excluidos del impuesto sobre las ventas, utilizando para ese fin la nomenclatura arancelaria común del sistema armonizado de designación y clasificación arancelaria de mercancías, en la que se incluyó el producto denominado Bienestarina, que el legislador ubicó en la partida 19.01.

Conforme se observa en los antecedentes legislativos que dieron origen a la Ley 788 de 2002, esta exclusión resultó de la propuesta inicial, de no gravar, de la partida 19.01, las preparaciones alimenticias de harina, almidón y fécula.

Los debates en la Cámara de Representantes y en el Senado dieron como resultado que estas preparaciones quedaran gravadas con una tarifa del 7% y que únicamente estuviera excluido del impuesto sobre las ventas el producto denominado Bienestarina. Así las cosas, no cabe realizar una interpretación en cuanto a las partidas o subpartidas arancelarias del arancel de aduanas, puesto que no se excluyó una nomenclatura arancelaria o la composición o materia de un producto sino un bien específico.

En ese sentido, cuando la norma excluye del impuesto al bien ubicado en la partida 19.01 Bienestarina, debe entenderse que solo éste producto goza del beneficio tributario, dado que, en este caso, se menciona la nomenclatura arancelaria únicamente como referente para identificar la posición en la que se clasificaría en el arancel de aduanas.
  (2015-11-06) [Mas Información]
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DEBIDO PROCESO - Para que proceda como causal de nulidad debe demostrarse que la prueba se obtuvo con violación del debido proceso.
    FALTA DE PRUEBA - No es causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución Nacional.
De acuerdo con el artículo 420 del Estatuto Tributario, tratándose de la enajenación de bienes corporales muebles, estos se entienden gravados, salvo que la ley de manera expresa haya dispuesto su exclusión.

De conformidad con el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil entre los requisitos para alegar las nulidades se encuentra el deber de expresar el interés de la parte para proponerla, la causal invocada y los hechos en que se fundamenta.

En efecto, al tratarse las nulidades de mecanismos procesales que permiten que taxativas irregularidades se corrijan y se logre ajustar el procedimiento, su ocurrencia es excepcional y cuando se presentan, tanto el juez como las partes están sometidos al cumplimiento de los requisitos legales para su trámite y decisión.

En este sentido se advierte, que la parte demandante invoca como causal de nulidad la trasgresión de los artículos 229 de la Carta, 304 del C.P.C y 170 del C.C.A., lo cual por sí solo ni por sus fundamentos, encuadra en alguna de las causales señaladas en el artículo 140 del C.P.C. En relación con el artículo 29 de la Carta, se observa que aunque jurisprudencialmente se ha aceptado su estudio como causal de nulidad, su fundamento debe estar dado porque la prueba se haya obtenido con violación del debido proceso, es decir, sin atender a los principios de publicidad y contradicción.

De lo expuesto por la demandante, es claro que la aducida falta de actividad probatoria no corresponde a la causal de nulidad prevista en el artículo 29 C.P., máxime cuando se refiere a una prueba que corresponde a una simple certificación con destino a otro proceso.
  (2015-11-06) [Mas Información]
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DECLARACION POR NO PRESENTADA - No opera isp jure. Debe haber un acto previo que así declara la declaración. No es subsanable con las correcciones posteriores a su presentación.
    RETENCION EN LA FUENTE - Se da por no presentada cuando no se paga y su corrección posterior no subsana la declaratorio de no presentada.
En primer término, es importante precisar que la "declaración que se tiene por no presentada", es una consecuencia por incurrir en alguno de los eventos previstos en el artículo 580 del Estatuto Tributario, y que la declaración privada así presentada, quedará en firme, si dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para declarar no se ha notificado acto administrativo que la declare como no presentada, perdiendo con ello la administración la facultad para aforar y sancionar.

En ese sentido, debe señalarse que ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación apoyada en la interpretación del artículo 580 del Estatuto Tributario, según la cual la ocurrencia de cualquiera de las causales para considerar como no presentada una declaración no opera ipso jure, pues con el fin de garantizar el derecho de defensa del contribuyente, se requiere de un acto administrativo que así lo declare.

Lo anterior verifica la finalidad del artículo 11 de la Ley 1066 de 2006, de tener como "no presentadas" las declaraciones de los agentes retenedores que no paguen de manera oportuna las sumas recaudadas, norma que se haría inoperante de contemplarse la posibilidad de subsanar esta omisión, pues conllevaría a la morosidad en el pago de los valores recaudados.

A su vez, se debe señalar que el pago de intereses moratorios no subsana el incumplimiento de este deber legal, por cuanto como se observó, éste exige sin lugar a dudas, que el recaudo se realice de manera total y en el término legal.

Por ninguna parte la normativa en estudio permite el pago parcial o extemporáneo. De lo anterior se observa que con fundamento en la Ley 223 de 1995, que adicionó el Estatuto Tributario pueden corregirse las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 580.
  (2015-11-05) [Mas Información]
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DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE - Puede pagarse con Certs. No se aceptan pagos parciales.
    CERT - Apoyo para las importaciones. Pueden ser instrumentos de pago de impuestos.
La Ley 48 de 1983 creó el certificado de Reembolso Tributario - CERT como un instrumento de apoyo a las exportaciones. Posteriormente la Ley 7ª de 1991 dispone en su artículo 7º que el CERT, creado por la Ley 48 de 1983, continuará siendo un instrumento libremente negociable, y que el Gobierno Nacional determinará los criterios, requisitos, condiciones y procedimientos para el reconocimiento, expedición, redención, negociación y caducidad de los CERT, así como las entidades autorizadas para realizar dichas operaciones, los beneficiarios y los impuestos que puedan ser pagados con ellos.

De lo anterior se establece que una vez expedidos y entregados los CERT, estos son títulos que se radican en cabeza del respectivo beneficiario, para el caso en examen en Colcerámica S.A., quién como titular de los mismos puede negociarlos libremente en el mercado secundario o utilizarlos en el pago de impuestos, por lo que no puede predicarse que sean una suma que el Estado tenía a favor de la sociedad.

Cabe precisar que la palabra "pago" prevista en el literal e) ibídem, debe interpretarse atendiendo a su sentido natural y obvio, y a la finalidad de la norma que la incluyó en el Estatuto Tributario. Por tanto, entender que a partir de esta se permite un pago parcial de la declaración de retención en la fuente, sería darle una interpretación que no responde a los propósitos del legislador, y conllevaría la existencia de saldos por las sumas recaudadas en manos del agente retenedor, lo que haría ineficaz la aplicación de la norma.

En ese orden de ideas, el incumplimiento de la obligación tributaria de pagar las retenciones con la presentación de la declaración tributaria, en el que incurrió la sociedad actora, implica que para la fecha de esa presentación ésta se tuviera como no presentada, de conformidad con el literal e) del artículo 580 del Estatuto Tributario.
  (2015-11-05) [Mas Información]
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DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS - Lo son las de retención en la fuente cuando se presentan sin pago.
    FECHA DE PAGO DEL IMPUESTO - Cuando los valores hayan ingresado a las oficinas de la DIAN o a los bancos autorizados.
Para el apelante, la exigencia legal prevista en el literal e) del artículo 580 del Estatuto Tributario, que dispone que la declaración de retención en la fuente debe presentarse con pago, so pena de no entenderse cumplido el deber de declarar, requiere que el pago sea total y simultáneo a la presentación de la declaración.

De acuerdo con la norma antes transcrita, el agente de retención debe presentar su declaración con pago, esto es, debe poner a disposición del Estado la totalidad de los recursos retenidos, dentro de los plazos previstos para ello, exigencia que se fundamenta en que el agente retenedor no es el sujeto pasivo de los impuestos recaudados en forma anticipada, por tanto resulta inadmisible la morosidad del pago de los valores recaudados.

La "recaudación" implica una atribución radicada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo que tiene el derecho de exigir el pago de los recursos del Estado, y el deber de gestionar los procedimientos señalados en la Ley, para que la recaudación sea efectiva, aplicar las sanciones a quienes impidan, retarden u obstaculicen el ejercicio de sus funciones.

Con fundamento en el artículo 800 del Estatuto Tributario la recaudación de los impuestos y retenciones administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se realiza por medio de los bancos y demás entidades financieras.

El artículo 803 ibídem establece que se tendrá como fecha de pago del impuesto, respecto de cada contribuyente, aquélla en que los valores imputables hayan ingresado a las oficinas de Impuestos Nacionales o a los bancos autorizados, aun cuando se hayan recibido inicialmente como simples depósitos, buenas cuentas, retenciones en la fuente, o que resulten como saldos a su favor por cualquier concepto.
  (2015-11-05) [Mas Información]
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Sección Cuarta


INGRESOS GRAVABLES - Base para determinar el impuesto sobre la renta.
    TASA DE COMPRA DE DIVISAS - Determinación
Pues bien, para la Sala, contrario a lo determinado por el Tribunal, el cálculo de los ingresos por venta de divisas efectuado por el dictamen pericial no tiene el alcance de desvirtuar la determinación oficial, toda vez que la norma en la que se fundamenta la actora y la prueba técnica, es una disposición propia del impuesto sobre las ventas, cuyo hecho generador y base gravable difiere ampliamente del hecho generador y la base gravable del impuesto de renta.

En efecto, la actora no puede considerar que en materia del impuesto sobre la renta, el ingreso del cual se parte para establecer la base gravable corresponda a la ganancia real del contribuyente, pues, salvo las excepciones legales, conforme con el artículo 26 del Estatuto Tributario, la renta líquida gravable, que es la base gravable del impuesto, se calcula sobre todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año gravable, de los cuales se restan, en primer lugar, las devoluciones, rebajas y descuentos, y luego los costos y deducciones realizados en el año.

Es decir, como ingreso no se puede declarar un resultado de una operación en la que se arroja una ganancia, pues la ganancia o la utilidad, para efectos del impuesto de renta, se da una vez se han depurado los ingresos, con los conceptos que autorizan las normas tributarias.

En consecuencia, la Sala encuentra ajustada a derecho la determinación oficial de los ingresos de la sociedad por venta de divisas con base en los cruces de información de terceros, cuyo contenido, fue conocido por la sociedad y no fue controvertido.
  (2015-11-04) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


LIBROS DE CONTABILIDAD - La no presentación es indicio grave siempre que la Administración los haya solicitado y el contribuyente no los haya aportado.
    PRUEBAS ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSA - Así sean diferentes a las presentadas ante la administración no se pueden descartar.
En primer lugar el hecho de que la actora hubiera allegado con ocasión de la acción contenciosa documentos contables que no fueron presentados ante la Administración y que los mismos hubieran sido tenidos en cuenta tanto por el dictamen pericial como por el Tribunal, no es un hecho que impida valorarlos en el proceso.

Como lo ha considerado la Sala reiteradamente, no se pueden descartar las pruebas que han sido decretadas y practicadas debida y oportunamente ante la Jurisdicción, aunque sean diferentes a las recaudadas ante la Administración, o que no fueron practicadas por la misma Administración, pues de lo contrario, sería desconocer el objeto de la Jurisdicción y la naturaleza de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

La demanda de nulidad y restablecimiento de derecho debe contener, entre otros aspectos, la petición de pruebas que el demandante pretenda hacer valer, conforme con el artículo 137 [5] del Código Contencioso Administrativo. Si las pruebas están en su poder, las debe acompañar con la demanda según lo establece el artículo 139 ibídem.
  (2015-11-04) [Mas Información]
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Sección Cuarta


CONCEPTOS DE LA DIAN - No pueden regular materias que son de competencia del legislador.
    AUTO DECLARATIVO QUE DA POR NO PRESENTADA LA DECLARACION - Contra el procede los recursos de reposición y apelación.
Entiéndase de lo anotado que las instrucciones que en materia tributaria emita la DIAN y que tengan como destinatarios las dependencias y funcionarios de dicha entidad, no pueden desconocer los mandatos constitucionales y legales, ni apartarse de las disposiciones superiores en relación con tales materias.

Así las cosas, las instrucciones que impartan, deben propender por el estricto cumplimiento de las normas tributarias vigentes, sin que les sea posible regular aspectos que, como ya se dijo, no son de su competencia. Además, es importante precisar que la referida circular no incidió en la declaración y pago de las retenciones en la fuente del año 2006, dado que, al ser proferida con posterioridad a su presentación, no podría alegarse que indujo a error al contribuyente.

Conforme a lo anterior, los recursos procedentes para ejercer el derecho de defensa y contradicción contra el auto declarativo, corresponden a los recursos establecidos en los artículos 50 y 51 del Código Contencioso Administrativo, que son los de reposición y apelación, y en dicho sentido se debe acoger lo expuesto por el apelante.

Así las cosas, se encuentra que el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo dispone que el recurso de reposición será resuelto por el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque, situación que fue observada en los actos demandados, en tanto que el auto declarativo fue expedido por el Jefe del Grupo de Investigaciones Especiales de la División de Fiscalización, que fue el mismo funcionario que resolvió el recurso de reposición.
  (2015-11-04) [Mas Información]
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Sección Cuarta


SANCION PARA FIRMAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CERTIFICAR PRUEBAS CON DESTINO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Conducta sancionable.
    INEXACTITUD DE DATOS CONTABLES - Es la falta de correspondencia entre asientos contables, la realidad económica y los hechos acaecidos.
La Sala advierte, como se precisó antes con fundamento en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que la conducta sancionable en el artículo 660 del E.T., se concreta en "la inexactitud de datos contables" la cual da origen a un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en la cuantía que allí se establece.

Ahora bien, tal "inexactitud", debe entenderse como la falta de correspondencia entre los asientos contables y la realidad económica y los hechos acaecidos.
  (2015-10-30) [Mas Información]
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SANCION A ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES LEGALES QUE DEBEN CUMPLIR DEBERES FORMALES Y SANCION PARA FIRMAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CERTIFICAR PRUEBAS CON DESTINO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Son diferentes.
Al respecto se resalta que en el caso, no es aplicable dicha norma por lo siguiente: el artículo 26 mencionado modificó el inciso 2º del artículo 658-1 del Estatuto Tributario, disposición que establece la sanción a administradores y representantes legales que deben cumplir deberes formales [art. 572 ib], que ordenen y/o aprueben la omisión de ingresos gravados, doble contabilidad, inclusión de costos y deducciones inexistentes y pérdidas improcedentes, y al revisor fiscal que haya conocido tales irregularidades sin expresar la salvedad correspondiente; sanción consistente en multa del 20% de la impuesta al contribuyente infractor, la cual se debe proponer, determinar y discutir de manera individualizada dentro del proceso que a éste se adelante.

Se observa que se trata de sanción distinta a la que es objeto de este proceso, pues si bien, la prevista en el 658-1 también está destinada al revisor fiscal, a él se impone si conociendo las irregularidades expresamente señaladas en la norma, no expresó salvedad; además, consiste en multa y no en suspensión de facultades como la discutida.

De otra parte, dado que a través de la sentencia citada por la actora, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 26 en comento, no es aplicable lo dicho por esa Corporación, en el presente caso en el que se reitera, se discute la sanción de que trata el artículo 660 del Estatuto Tributario, que tiene expresamente un procedimiento particular.
  (2015-10-30) [Mas Información]
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Sección Cuarta


FALTA DE PRUEBA DE PASIVOS - No es sancionable a la luz del artículo 660 del Estatuto Tributario.
En el sub examine se observa que la administración propuso a la demandante la sanción del artículo 660 del E.T., por incurrir en inexactitud de datos contables consignados en la declaración de renta de 2000 de la sociedad Auditorías y Asesorías Jurídicas S.A., al aceptar como documentos soporte del registro de pasivos, recibos de caja, los cuales "no constituyen documentos idóneos para la prueba de pasivos".

De lo anterior se observa, que en el proceso sancionatorio adelantado contra la demandante, la administración cuestiona la falta de requisitos legales para soportar los pasivos declarados, lo que si bien puede dar lugar a su rechazo a la luz de la normatividad tributaria y dentro del proceso de determinación oficial del tributo, tal situación no corresponde a la descripción de la conducta con la que se pretende sancionar al revisor fiscal.

En efecto, la no aceptación de los "recibos de caja" presentados por Auditorías y Asesorías Jurídicas S.A. para demostrar los pasivos declarados en la liquidación privada, no implica per se que la sociedad no haya adquirido tales obligaciones, es decir, que lo que se le imputa en el caso a la demandante, no es la falta de correspondencia entre los datos contables y la realidad económica, sino la carencia de soportes para demostrar tales pasivos, porque los aportados no reúnen los requisitos para acreditarlos.
  (2015-10-30) [Mas Información]
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SUSPENSION DE LA FACULTAD DE FIRMAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CERTIFICAR PRUEBAS CON DESTINO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Presupuestos
De conformidad con el contenido del artículo 660 y la interpretación que del mismo hizo la Corte Constitucional en la providencia transcrita, los supuestos que integran la norma son:
  • Conducta sancionable:
"La inexactitud de datos contables consignados en la declaración tributaria" de la cual se derive un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor del contribuyente, establecido dentro de un proceso de determinación del tributo, en el que se haya agotado la vía gubernativa, siempre y cuando, la diferencia supere el tope señalado.
  • Sanción:
Consiste en suspenderle al contador, auditor o revisor fiscal, que haya firmado la declaración privada, la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la administración tributaria, "hasta por un año la primera vez; hasta por dos años la segunda vez y definitivamente en la tercera oportunidad".
  • Competente para imponerla:
El Administrador de Impuestos respectivo, mediante resolución, susceptible del recurso de apelación. Procedimiento: El contemplado en el artículo 661 del Estatuto Tributario.
  (2015-10-30) [Mas Información]
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Es independiente del de avisos y tableros.
    EXPLOTACION DE PEAJES - La instalación de una caseta en jurisdicción del municipio no constituye actividad comercial o de servicios.
La Sala reitera la posición jurisprudencial de la Corporación, en el sentido de que la causación del Impuesto de Industria y Comercio no implica per se que se genere el Impuesto de Avisos y Tableros, claramente diferenciado en sus elementos esenciales, toda vez que para que surja la obligación tributaria es indispensable la utilización del espacio público para anunciar y difundir su actividad industrial, comercial o de servicios mediante la colocación de avisos y tableros, por lo que si ello no ocurre, se carece de la calidad de sujeto pasivo.

Con respecto a la actividad denominada: "explotación de peajes", esta Sala reitera que el hecho de instalar una estación de peaje en una vía pública ubicada en jurisdicción territorial de un municipio, no constituye, por sí mismo, una actividad comercial o de servicio. Esa actividad debe verse enmarcada dentro del contrato de concesión y según el objeto social de la empresa.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Dentro del proceso de cobro coactivo debe ser tratada como una excepción.
    EJECUTORIEDAD DEL TITULO EN COBRO COACTIVO - Solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho.
La Sala precisa que tal afirmación no sólo contradice la finalidad que persiguió el Legislador al expedir la Ley 1066 del 2006, que consistió en unificar el procedimiento de las entidades estatales para el cobro coactivo. De acuerdo con lo anterior, es forzosa la aplicación de las normas del Estatuto Tributario, y debe entenderse que las entidades con jurisdicción coactiva deben aplicar la totalidad de las disposiciones que conforman el Título VII del Libro Quinto que regulan el procedimiento administrativo coactivo, entre ellas el artículo 829 E.T. invocado por la actora.

Ahora bien, en relación con la alegada falta de ejecutoria del título que sustentó la actora en el numeral 4° del artículo 829 E.T., ha dicho la Sala:
    "Esta disposición crea una situación especial frente a la regla común sobre la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, contenida en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, según la cual, la ejecutoriedad de los mismos surge de su firmeza en sede administrativa, por cualquiera de los eventos señalados en ese artículo, de suerte que el sólo ejercicio de las acciones contencioso administrativas en su contra no afecta su obligatoriedad y fuerza ejecutoria.

    Esa situación especial contemplada en la norma tributaria, significa entonces lo contrario, que el uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí impide la ejecutoriedad del acto administrativo demandado, de tal manera que ella surge una vez se dicte la sentencia que ponga fin a dicha acción en caso de que no prosperen las pretensiones de la demanda, es decir, que no se declare la nulidad del acto".
De acuerdo con lo anterior, como lo consideró el a quo, la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, tiene una regla especial en materia tributaria, pues la ejecutoriedad del acto solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho que se hayan interpuesto.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - En los contratos de concesión de obras públicas son los ingresos derivados del contrato de concesión.
    ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION, EXPLOTACION Y OPERACIÓN DE OBRAS PUBLICAS - Cuando se ejecutan dentro de un contrato de concesión de obra pública son actividades de servicio que pueden gravarse con el impuesto de industria y comercio.
El artículo 33 de la Ley 14 de 1983 dispone que el Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho, con exclusión de:
  • Devoluciones ingresos proveniente de venta de activos fijos y de exportaciones,
  • recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y
  • percepción de subsidios.
Como los ingresos de una empresa como la demandante, con un objeto social como el descrito, corresponden al pago de las actividades ejecutadas en desarrollo, entre otros, de los contratos de concesión, tales ingresos, independientemente de la forma en que se pacte la remuneración, pueden ser gravados con el impuesto de industria y comercio.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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ESTATUTO TRIBUTARIO - Los municipios y departamentos debe aplicarlo en lo que se refiere al proceso de cobro coactivo.
    NOTIFICACION DEL MANDAMIENTO DE PAGO - Su falta o indebida notificación conlleva a la ineficacia del título ejecutivo.
Observa la Sala que la Administración Tributaria puede adelantar proceso de cobro coactivo, con el fin de hacer efectivos los actos administrativos en donde conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, es decir, que preste mérito ejecutivo.

El título ejecutivo debe reunir las condiciones exigidas en el artículo 68 del C. C. A., por lo tanto señalará con precisión a los titulares de la relación jurídica, el contenido y objeto de la relación jurídica y el monto de las obligaciones exigibles.

Con base en el título ejecutivo en el que se identifique plenamente al obligado y, previa su debida notificación, la Administración debe dictar el mandamiento de pago.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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FALTA DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE - Conlleva a la falta de fuerza ejecutiva de los actos que fundamentan el mandamiento de pago.
    FUERZA EJECUTIVA - Se pierde cuando se notifica indebidamente los actos de determinación.
Claramente señala el legislador que el documento que sirva de soporte a un cobro coactivo, cuando de actos administrativos se trata, necesariamente debe estar revestido de la firmeza necesaria, y que sólo se obtiene cuando la administración lo ha notificado en debida forma al interesado.

Así, la fuerza ejecutiva de todo acto administrativo está sujeta a su ejecutoria, situación de la que igualmente emerge la oponibilidad del documento, ya que en la medida que la administración haya ocultado o no haya notificado en debida forma al interesado, no podrá exigirle el cumplimiento de la orden vertida en el documento con que culminó la actuación administrativa.

Consecuencia lógica de la falta o indebida notificación del acto administrativo, es la ineficacia del título ejecutivo, pues como lo predica el artículo 48 del C.C.A., "Sin el lleno de los anteriores requisitos (notificación en debida forma) no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales".

El incumplimiento del requisito de la debida identificación del contribuyente prevista en el artículo 712 del Estatuto Tributario y, por ende, la ilegal notificación de los actos de determinación conllevan la carencia de fuerza ejecutiva de los actos que fundamentan el mandamiento de pago.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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PLIEGO DE CARGOS - Es el acto previo a imponer sanción.
    ENTIDADES RECAUDORAS - Tienen la obligación de presentar correctamente la información a la Administración.
La Sala considera que es acertado lo que dijo el Tribunal en cuanto a que el procedimiento para imponer la sanción a las entidades recaudadoras es un procedimiento reglado y, por eso, se debe aplicar, únicamente, el artículo 678 del E.T. La aplicación de ese procedimiento no vulnera las normas citadas por la demandante.

Todo lo contrario, se acatan. En efecto, el artículo 6 de la Carta Política dispone que los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. En cambio, los servidores públicos lo son, por la misma causa, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

En esa medida, si el artículo 678 E.T. prevé que para garantizar el derecho de defensa los servidores públicos de la DIAN deben proferir, previo a imponer la sanción un pliego de cargos, más no un requerimiento previo para corregir, lo correcto es que, en acatamiento del artículo 6 de la Carta Política profiera el pliego de cargos.

Las entidades autorizadas para recaudar impuestos no deben esperar requerimientos para cumplir con sus deberes legales pues, precisamente, al tenor del mismo precepto constitucional, los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la ley.

En consecuencia, cuando a esas entidades se las autoriza para ejercer la función de recaudo, se comprometen a cumplir las obligaciones derivadas de esa función y, ante el incumplimiento, asumen las consecuencias.

El cumplimiento de estas disposiciones por parte de la DIAN como por las entidades autorizadas para recaudar, garantiza que la función administrativa se preste al servicio de los intereses generales bajo los principios que la orientan, al tenor de lo dispuesto en el artículo 209 de la Carta Política.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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Sección Cuarta


BUENA FE EN MATERIA TRIBUTARIA - Alcance.
    CARGA DE LA PRUEBA - En principio la tiene la administración. El contribuyente debe probar que no actuó de mala fe al entregar la información con errores.
Lo primero que precisa la Sala es que las obligaciones de cuyo incumplimiento derivan las infracciones administrativas por las que el actor fue sancionado, devienen de la Ley, independientemente de que, además, las entidades recaudadoras suscriban un convenio de compromiso con la DIAN para ejercer esa función.

En ese orden de ideas, no es pertinente al caso la aplicación de las disposiciones del Código Civil referidas a la ejecución de buena fe de los contratos (Art. 1603), responsabilidad del deudor en los contratos (Art. 1604) y reducción de la indemnización (art. 2357).

Ahora bien, en cuanto a la aplicación de la sentencia C-160 de 1998, es menester precisar que ese pronunciamiento constituye un precedente importante en cuanto a la naturaleza de la responsabilidad administrativa sancionatoria en materia tributaria, no obstante que esté referida a apartes concretos del artículo 651 E.T, toda vez que, en esa sentencia se dijo que en materia tributaria se aplican los principios y garantías propios del derecho penal, pero de manera restrictiva, pues el Estado también debe procurar garantizar el interés general que se persigue promover con su imposición.

Siguiendo la misma línea, también señaló que se aplican los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de las sanciones tributarias, para legitimar el poder punitivo del Estado. Como consecuencia de esta consideración, la Corte también aclaró que la Administración tiene la carga de probar el incumplimiento de la obligación, pero el administrado, para efectos de probar que no actuó de mala fe cuando remitió la información con errores y que el error no le reportó un beneficio no establecido en la ley, o daño a un tercero, asume la carga de la prueba.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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FALTA DE MOTIVACION - Causal que da lugar a la nulidad por expedición irregular del acto administrativo. No prospera cuando no se prueba la falta de los hechos que da lugar a la sanción.
    FALSA MOTIVACION - Causal autónoma que se relaciona con el principio de legalidad de los actos. Requisitos para que prospere.
Conforme lo ha precisado la Sala, la falsa motivación es una causal autónoma que se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa.

Por eso, la violación al debido proceso no se configura por la falsa motivación, sino por la falta de motivación, causal que da lugar a la nulidad por expedición de forma irregular del acto administrativo. De manera que, reitera la Sala que, para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias:
    a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o

    b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.
Ahora bien, los hechos que fundamentan la decisión administrativa deben ser reales y la realidad, por supuesto, siempre será una sola. Por ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la Administración supuso que existía al tomar la decisión.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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SANCION TRIBUTARIA - Graduación de la sanción. Criterios para imponer el máximo porcentaje.
    GRADUALIDAD DE LA SANCION - Aplicación a la sanción por inconsistencias en la información remitida. Factor de gradualidad.
La noma transcrita y, en particular, el alcance del vocablo "hasta" ha sido objeto de análisis por parte de esta corporación. Por eso, en esta oportunidad, la Sala reitera
    "(…) que cuando una norma, al establecer el monto de la sanción tributaria, utiliza la expresión "hasta", significa que la multa puede imponerse teniendo en cuenta un margen de flexibilidad que permita a la Administración graduar la sanción, sin que pueda entenderse que el porcentaje o valor que consagre, deba ser considerado como valor fijo, sino como un tope máximo.
La Sala considera que la fórmula utilizada tanto por la Administración como por el a quo contraviene el artículo 675 del E.T., pues desconoce en su totalidad la gradualidad que la norma exige aplicar.

Por tanto, y en consideración a que esta corporación tiene por sentado que para aplicar la gradualidad a la que hace referencia el citado artículo 675, basta valerse de una regla de tres, en donde el valor base de sanción previsto en cada uno de los numerales se aplica en su totalidad cuado el número de errores alcance el límite porcentual indicado en cada uno de los numerales, procede a calcular la sanción.
  (2015-10-29) [Mas Información]
Consejo de Estado
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ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR - Esta actividad sólo se reguló hasta el año 2005, mediante la expedición del Decreto 1400.
    SOCIEDADES COMERCIALES - Antes del 2005 podían manejar los servicios de administración de las redes de los cajeros automáticos y los servicios derivados de la administración de los sistemas de pago de bajo valor, sistemas de tarjetas bancarias de pago en general, sistemas de pago y compensación.
De la lectura del artículo 110 del EOS, las sociedades de servicios técnicos o administrativos son sociedades anónimas, cuyo objeto exclusivo consiste en la prestación de servicios técnicos o administrativos necesarios para el giro ordinario de los negocios de dichas instituciones.

Mediante la Resolución 775 de marzo 6 de 1991, la Superintendencia Bancaria indicó que esas sociedades tendrían tal carácter, mientras el Gobierno Nacional no dispusiera otra cosa y precisó que podían considerarse como tales, aquellas sociedades cuyo objeto social corresponda, entre otros, al negocio de las "Empresas de sistemas y servicios de informática", facultadas para desarrollar, entre otras actividades la de "organización, conexión y administración de redes de cajeros automáticos para la realización de transacciones u operaciones"

Ahora bien, en cuanto a las Entidades Administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor debe tenerse en cuenta que sólo a partir del año 2003 la Ley 795 de 2003 facultó al Gobierno Nacional para regular estos sistemas de pago y las actividades vinculadas con ese servicio.

Esa actividad sólo se reguló hasta el año 2005, mediante la expedición del Decreto 1400. Con anterioridad a la fecha de expedición de ese Decreto, era una costumbre que esos servicios se prestaran por sociedades comerciales, autorizadas por la Superintendencia de Sociedades, o por asociaciones gremiales, autorizadas en el Distrito Capital por la Alcaldía Mayor, costumbre que, según lo manifestó la Superintendencia Financiera en el concepto interno del 2 de agosto de 2006, no fue objetado por la entonces Superintendencia Bancaria.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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ACTIVIDADES COMERCIALES O INDUSTRIALES - Al ser realizadas por las entidades gremiales son sujetos pasivos de industria y comercio.
    INGRESOS NO OPERACIONALES - Están gravados con el impuesto de industria y comercio.
En ese contexto, para la Sala, lo que determina si una actividad es gravada o no con el impuesto de industria y comercio, es si encaja dentro del concepto de actividad comercial, industrial o de servicios. Es claro que para las partes, la actividad es eminentemente de servicios.

Lo que se discute es, si al amparo del artículo 39 literal d) de la Ley 14 de 1983 y el literal c) del artículo 39 del Decreto 352 de 2002, los municipios tienen prohibido gravar con el Impuesto de Industria y Comercio a las asociaciones gremiales sin ánimo de lucro como la demandante cuando prestan servicios en los que se desnaturaliza la ausencia de lucro.

La Sala considera que si bien esas normas consagran la prohibición de gravar con el impuesto a las asociaciones gremiales sin ánimo de lucro, esa prohibición debe interpretarse en el entendido de que la actividad que realizan es propia de la actividad gremial que lleva intrínseca la voluntad de no percibir lucro.

La actividad que desarrolló la demandante es propia de una actividad empresarial que conlleva, intrínsecamente, el ánimo de lucro porque deviene de una actividad que, por disposición del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la desarrollan sociedades anónimas.

En síntesis, si bien la demandante fue creada como una asociación gremial sin ánimo de lucro, está probado que desarrolló actividades en las que obtuvo lucro. Por lo tanto, es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS - Es la colocación de vallas y avisos así sea en cumplimiento de disposiciones legales.
    FALTA DE MOTIVACION - Procede cuando la administración no sustenta las razones de hecho y de derecho que fundamentan su decisión.

    DERECHO DE DEFENSA - Se vulnera cuando no se motivan los actos administrativos.
Tratándose del impuesto de avisos y tableros es claro que se genera por el hecho de colocar "vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público." O por colocar "avisos en cualquier clase de vehículos.

Cuando el Distrito le formula a un contribuyente liquidación oficial por este impuesto debe motivar su decisión y precisar, además de la liquidación del impuesto, las razones de hecho y de derecho que la fundamentan, a efectos de que el contribuyente pueda controvertir tales razones.

En el caso concreto está probado que el Distrito formuló liquidación por el impuesto de avisos y tableros, y tanto en el requerimiento como en la liquidación oficial precisó la base gravable y la tarifa del impuesto. Sin embargo, en las consideraciones de los actos administrativos demandados el Distrito no motivó su decisión con ningún fundamento de hecho.

Tratándose del impuesto de avisos y tableros, como se precisó es indispensable que se encuentre probado que el contribuyente fijó vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público." O por colocó "avisos en cualquier clase de vehículos.

Aunque con ocasión del recurso de apelación el Distrito adujo que en el proceso obran las pruebas que dan cuenta de la ejecución de esos hechos, no se refiere a ninguna en particular y, así existieran, queda en evidencia que el Distrito omitió referirse a las mismas en los actos demandados y, por lo mismo, omitió su valoración.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Dentro del proceso de cobro coactivo debe ser tratada como una excepción.
    EJECUTORIEDAD DEL TITULO EN COBRO COACTIVO - Solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho.
La Sala precisa que tal afirmación no sólo contradice la finalidad que persiguió el Legislador al expedir la Ley 1066 del 2006, que consistió en unificar el procedimiento de las entidades estatales para el cobro coactivo. De acuerdo con lo anterior, es forzosa la aplicación de las normas del Estatuto Tributario, y debe entenderse que las entidades con jurisdicción coactiva deben aplicar la totalidad de las disposiciones que conforman el Título VII del Libro Quinto que regulan el procedimiento administrativo coactivo, entre ellas el artículo 829 E.T. invocado por la actora.

Ahora bien, en relación con la alegada falta de ejecutoria del título que sustentó la actora en el numeral 4° del artículo 829 E.T., ha dicho la Sala:
    "Esta disposición crea una situación especial frente a la regla común sobre la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, contenida en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, según la cual, la ejecutoriedad de los mismos surge de su firmeza en sede administrativa, por cualquiera de los eventos señalados en ese artículo, de suerte que el sólo ejercicio de las acciones contencioso administrativas en su contra no afecta su obligatoriedad y fuerza ejecutoria.

    Esa situación especial contemplada en la norma tributaria, significa entonces lo contrario, que el uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí impide la ejecutoriedad del acto administrativo demandado, de tal manera que ella surge una vez se dicte la sentencia que ponga fin a dicha acción en caso de que no prosperen las pretensiones de la demanda, es decir, que no se declare la nulidad del acto".
De acuerdo con lo anterior, como lo consideró el a quo, la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, tiene una regla especial en materia tributaria, pues la ejecutoriedad del acto solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho que se hayan interpuesto.
  (2015-10-29) [Mas Información]
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Sección Cuarta


ACTO DEFINITIVO TRIBUTARIO - Motivación: bases de cuantificación del tributo y explicación de modificaciones so pena de nulidad .
    MOTIVACION DE LAS LIQUIDACIONES OFICIALES - La ausencia de motivación de hechos y de derechos afectan su validez; falta de indicación de bases gravables para determinación del tributo y de las pruebas
Las liquidaciones oficiales de impuestos deben ser motivadas al menos sumariamente, según ordena el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 446 del Acuerdo Municipal 061 de 1993, pues de esta forma el particular conoce las razones que tuvo la Administración para tomar una decisión determinada, de suerte que pueda controvertirla a través de los respectivos medios de defensa.

Esta Corporación ha considerado en relación con los actos de determinación de las obligaciones tributarias que es necesaria la explicación de las razones que dieron origen a la liquidación oficial, las cuales, si bien pueden ser breves, deben determinar clara y completamente las diferencias resultantes entre los datos declarados y los determinados oficialmente, en acatamiento del debido proceso y del derecho de defensa. La ausencia de motivación afecta la validez de los actos administrativos.

Como se observa, la decisión de modificar la liquidación del impuesto de industria y comercio, y la determinación del anticipo para el periodo siguiente no se encuentran motivadas, pues las consideraciones del acto administrativo no son lo suficientemente indicativas de las razones de hecho y de derecho que tuvo en cuenta la Administración.
  (2015-10-28) [Mas Información]
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Sección Cuarta


COMPARACION PATRIMONIAL - eventos en los que procede.
    AJUSTES POR INFLACION - implican un mayor valor real de los activos. Debe probarse el efecto inflacionario sobre los activos.
Según el artículo 236 del E.T., cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta, resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio líquido del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas.

En seguida establece el artículo 237 del mismo estatuto que, para efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor de la ganancia ocasional neta y las rentas exentas. Luego la norma señala que, de esta suma, se sustrae el valor de los impuestos de renta y complementarios pagados durante el año gravable.

Adicionalmente, que en lo concerniente al patrimonio, se harán previamente los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales. Sobre el reconocimiento de ajustes por inflación para efectos del cálculo de la renta a través del sistema de comparación patrimonial, esta Sala ha señalado que estos ajustes implican un mayor valor real de los activos por efectos de la inflación y a su vez, un ingreso por el mismo concepto, por ello, no se consideran "nominales" ni están comprendidos dentro del ajuste al patrimonio que se realiza previamente a la determinación la renta por comparación patrimonial, a que se refiere el inciso segundo del artículo 237 del E. T..

La Sala también consideró en la providencia citada, que como el ajuste por inflación implica un ingreso que debe reflejarse en la declaración de renta, no es procedente restarlo automáticamente, para realizar el ajuste al patrimonio de que trata el artículo 237 del E.T., como sí ocurre con los "ajustes nominales".
  (2015-10-27) [Mas Información]
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CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL - Requisitos para que obre como prueba contable.
    RENTA GRAVABLE - No es procedente que se lleve a un renglón de ingresos.
La Sala considera que no es acertada la afirmación de la parte actora, pues, de conformidad con el artículo 236 del E.T., la renta por comparación patrimonial es una renta gravable, es decir, una renta sobre la que se ha practicado la totalidad de las disminuciones que permite la legislación tributaria [artículo 26 E.T].

El renglón de "otros ingresos" por su parte, refleja, como su nombre lo indica, flujos de ingresos que se tienen en cuenta para el cálculo de la renta bruta, esto es, la renta previa a la disminución de las deducciones; de tal manera que sería incorrecto llevar una renta gravable a un renglón de ingresos.

Sobre la suficiencia probatoria de los certificados expedidos por revisores fiscales y contadores públicos, esta corporación ha dicho que, conforme con el artículo 777 del E.T., cuando se trata de presentar a la DIAN pruebas contables, son suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración para hacer las comprobaciones pertinentes.

Que ha sido criterio de la Sala que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad. Además, deben informar si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y si reflejan la situación financiera del ente económico.
  (2015-10-27) [Mas Información]
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MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA TRIBUTARIA - Requisitos. Garantía del derecho de defensa.
    PRINCIPIO DE CONGRUENCIA - No se vulnera porque la administración reconozca algunos argumentos de la defensa expuestos en la contestación al requerimiento especial.
La Sala recuerda que falta de motivación se denomina técnicamente: expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada, y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forma del acto administrativo, el modo de expedirse.

Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en el vicio de expedición irregular y, por ende, se configura la nulidad del acto administrativo. Para decidir si la liquidación oficial demandada fue debidamente motivada, la Sala considera que, en los términos del artículo 712 del E.T., la liquidación oficial de revisión debe contener entre otros elementos, una explicación sumaria de las modificaciones efectuadas a la liquidación privada.

Esta exigencia constituye una garantía a favor del contribuyente, como mecanismo de salvaguarda de sus derechos de defensa y al debido proceso. Sobre la motivación de los actos administrativos a través de los cuales se determinen obligaciones tributarias, esta Sala ha señalado que es necesaria la explicación de las razones que dieron origen a la liquidación oficial, las cuales, si bien pueden ser breves, deben determinar clara y completamente las diferencias resultantes entre los datos declarados y los determinados oficialmente.
  (2015-10-27) [Mas Información]
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LIQIUDACION OFICIAL DE REVISION - Debe limitarse a la declaración del contribuyente y a los hechos del requerimiento especial.
    AMPLIACION DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL - Finalidad. Improcedencia cuando no se incluyen hechos nuevos.
Para resolver el cargo propuesto, la Sala considera que el artículo 711 del E. T. funge como una limitante al contenido de la liquidación oficial de revisión. Tal disposición exige que se guarde identidad entre el requerimiento especial, su ampliación si la hubiere y la liquidación oficial de revisión.

Esta limitante, como forma concreta de la garantía del derecho al debido proceso, constituye lo que la jurisprudencia de esta corporación ha definido como el principio de identidad. Sobre el particular, la Sala ha señalado que según el artículo 703 del E.T., para expedir la liquidación oficial de revisión es necesario que la Administración, previamente, envíe un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar con las explicaciones de las razones en que se sustenta; es decir, se trata de una actuación imprescindible para la determinación oficial del impuesto y se erige, junto con la declaración y la ampliación al requerimiento, en el marco dentro del cual la administración puede modificar la liquidación privada del contribuyente.

Por ello, el artículo 711 ibídem establece que el acto liquidatorio debe contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que fueron contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación.
  (2015-10-27) [Mas Información]
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FALTA DE MOTIVACION - Para no incurrir en ella la administración debe expresar los motivos y decisiones.
    FALSA MOTIVACION - No se presenta cuando el acto plasma las razones de la administración.
Para no incurrir en la "falta de motivación", la administración está obligada a expresar los motivos que fundamentan sus decisiones, y a establecer correspondencia entre los hechos y las consideraciones jurídicas contenidas en su acto administrativo.

Los motivos en que se funda el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. La motivación adecuada de un acto administrativo lo legitima, pues debe suministrar, a su destinatario, ojala hasta convencerlo, las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción del mismo.

La motivación idónea del acto administrativo preserva el principio de legalidad y, desde luego, no da paso a la arbitrariedad ni al capricho de los servidores que lo emitan.

En el caso concreto la Sala considera que no hay ausencia de motivación, pues en la resolución demandada se encuentran plasmadas las razones que llevaron a la Administración a proferir el acto, y se hizo un suficiente y adecuado análisis de los elementos fácticos tenidos en cuenta, como quiera que se señaló las características del producto y su composición, así como su forma de utilización.
  (2015-10-27) [Mas Información]
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ACTO DEFINITIVO TRIBUTARIO - Motivación: bases de cuantificación del tributo y explicación de modificaciones so pena de nulidad .
    MOTIVACION DE LAS LIQUIDACIONES OFICIALES - La ausencia de motivación de hechos y de derechos afectan su validez; falta de indicación de bases gravables para determinación del tributo y de las pruebas
Las liquidaciones oficiales de impuestos deben ser motivadas al menos sumariamente, según ordena el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 446 del Acuerdo Municipal 061 de 1993, pues de esta forma el particular conoce las razones que tuvo la Administración para tomar una decisión determinada, de suerte que pueda controvertirla a través de los respectivos medios de defensa.

Esta Corporación ha considerado en relación con los actos de determinación de las obligaciones tributarias que es necesaria la explicación de las razones que dieron origen a la liquidación oficial, las cuales, si bien pueden ser breves, deben determinar clara y completamente las diferencias resultantes entre los datos declarados y los determinados oficialmente, en acatamiento del debido proceso y del derecho de defensa. La ausencia de motivación afecta la validez de los actos administrativos.

Como se observa, la decisión de modificar la liquidación del impuesto de industria y comercio, y la determinación del anticipo para el periodo siguiente no se encuentran motivadas, pues las consideraciones del acto administrativo no son lo suficientemente indicativas de las razones de hecho y de derecho que tuvo en cuenta la Administración.
  (2015-10-27) [Mas Información]
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FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO
CHEQUE PARA PAGO DE RETENCIÓN - Desvío.
DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE / FRAUDE DE EMPLEADOS DE AGENTE RETENEDOR.
El pago de las retenciones en la fuente objeto de cobro, como bien lo decidió el Tribunal, no se realizó, como consecuencia de los ilícitos de Falsedad en Documento Privado y Peculado por Apropiación en que incurrieron algunos de los empleados y exempleados de la LOTERÍA DE BOGOTA, los cuales "recayeron tanto sobre las supuestas declaraciones de retención en la fuente, como sobre los títulos valores mediante los cuales la Lotería de Bogotá quiso efectuar el pago de las tantas veces mencionadas retenciones en la fuente", es decir, los ilícitos, contrario a lo que pretende hacer ver el apelante, se originaron en la órbita de acción del deudor tributario, con complicidad de algunos funcionarios del Banco de Colombia.

En efecto, tanto la providencia de Acusación proferida por la Delegada 214 de la Unidad Diez de Patrimonio como la emitida por la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores que resolvió el recurso de apelación, por la cual se decidió acusar como responsables de los delitos de "Falsedad en Documentos Privados y Peculado por Apropiación", entre otros, al Tesorero de la LOTERÍA DE BOGOTA, contrario a lo afirmado por el apelante, demuestran fehacientemente que tanto las declaraciones de retención en la fuente como los cheques con los cuales se pretendía cancelar el valor de las retenciones en la fuente correspondientes a los meses de enero y marzo de 1.992 por parte de la LOTERÍA DE BOGOTA, fueron objeto de ilícitos, falsedades y manipulaciones, que dieron como resultado que los cheques Nos. 7877291 de febrero 21 de 1.992, por $73.848.685,oo y 7877375 del 24 de abril de 1.992 no fueron utilizados para pagar las retenciones en la fuente sino que se desviaron a la cuenta corriente que uno de los integrantes del grupo delictivo abrió en el Banco de Colombia, Sucursal de Paloquemao.
  (2015-10-21) [Mas Información]
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DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR MEDIANTE DOCUMENTOS FALSOS - Su improcedencia debe ser determinada por la Administración conforme al artículo 670 del E.T.
    SANCION POR DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR MEDIANTE FRAUDE - Si se exigiera la previa declaración del juez penal se haría nugatoria dicha sanción.
Dentro del ordenamiento jurídico no existe una norma que determine la prejudicialidad penal para la imposición de sanciones tributarias, y sólo es procedente aplicar el artículo 170 del C.P.C. cuando las circunstancias del caso impidan un pronunciamiento de la Administración o de la jurisdicción contenciosa, sin que previamente se resuelva el proceso penal.

Esto no es lo que ocurre frente al inciso 5° del artículo 670 del E.T., pues de acuerdo con esta norma, es la Administración la que determina la improcedencia de la devolución por la utilización de documentos falsos o por la actuación fraudulenta del contribuyente.

Si se exigiera, para la aplicación de esta sanción la previa declaración del juez penal sobre la falsedad del documento o el fraude cometido, se haría nugatoria la existencia de la norma, pues mientras ocurre el pronunciamiento, la Administración perdería la oportunidad de proferir el pliego de cargos a tiempo.

El Estado ni siquiera podría reclamar la simple restitución de los dineros devueltos sin fundamento legal, hasta tanto la jurisdicción ordinaria se pronuncie, aún cuando aparezca demostrada la conducta fraudulenta que determina la improcedencia de la devolución.
  (2015-10-21) [Mas Información]
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CRUCES DE INFORMACION POR LA DIAN - Se ven afectadas cuando la información del contribuyente presenta errores.
    INFORMACION TRIBUTARIA CON ERRORES - Causa daño a la DIAN al no permitirle realizar cruces de información.
En concordancia con lo anterior, la Sala ha sostenido que en la sanción por no informar, el daño o perjuicio al fisco se configura en la medida en que las conductas que dan lugar a la infracción afectan la función de la DIAN, encaminada a efectuar los cruces de información necesarios para el control de los tributos.
  (2015-10-19) [Mas Información]
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GRADUACION DE LA SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION - Procedencia.
    PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD - Criterios para imponer sanción reducida por no enviar información.
Sin embargo, de acuerdo con el literal a) del artículo 651 del E. T., la sanción puede graduarse, pues la preposición "hasta el 5/" que utiliza dicha disposición, indica el límite, de modo que todo lo anterior a éste también se entiende comprendido en tal expresión.

Al respecto, la Sala ha reiterado que "es evidente que cuando el artículo 651 del Estatuto Tributario utiliza la expresión 'hasta el 5/', le otorga a la Administración un margen para graduar la sanción, pero esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria"; por tanto, corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que deben atender no sólo los criterios de justicia y equidad, sino también los de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, tal y como fue expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C - 160 de 1998, invocada por la demandante.

En efecto, al estudiar la exequibilidad del artículo 651 del Estatuto Tributario, la Corte Constitucional precisó que las sanciones que puede imponer la Administración, deben estar enmarcadas en criterios de proporcionalidad y razonabilidad que legitimen su poder sancionador.

Así, no todo error cometido en la información que se remite a la autoridad tributaria, puede generar las sanciones consagradas en la norma en mención, pues, la entidad está obligada a demostrar que el mismo lesiona sus intereses o los de un tercero. Luego, no todo error en la información suministrada puede dar lugar a las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario.

Por tanto, las sanciones que imponga la administración por el incumplimiento de este deber, deben ser proporcionales al daño que se genere. Si no existió daño, no puede haber sanción.
  (2015-10-19) [Mas Información]
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SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION - Hechos constitutivos de la sanción
REDUCCION DE LA SANCION - Procedencia.
La Sala ha precisado que cuando la información se presenta oportunamente, las conductas sancionables pueden ser, que la misma no corresponda a lo solicitado, o, que, a pesar de corresponder a la información que se debe suministrar, "el contenido" presente errores, entendidos éstos como los relacionados con los datos, cifras o conceptos específicos que por ley se está obligado a reportar, los cuales deben ser exactos.

Así, no se configura la infracción si los errores recaen sobre una información diferente a la que debe suministrarse. De otra parte, el mismo artículo 651 del Estatuto Tributario dispone que la sanción puede reducirse al 10/ de su valor, si la omisión que la genera se subsana antes de notificarse el acto sancionatorio, o al 20/, si es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de dicho acto.

Para tal efecto, se requiere que el obligado presente un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.
  (2015-10-19) [Mas Información]
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VIA GUBERNATIVA - En ella deben plantearse los mismos hechos que luego habrán de aducirse ante el juez administrativo.
    ARGUMENTO NUEVO - No altera la causa ni el objeto de la actuación tributaria.
Por ser la vía gubernativa la oportunidad para discutir administrativamente la legalidad de un acto particular, sólo los hechos que en ella se debaten pueden ser objeto de control judicial, es decir, que los fundamentos fácticos de la vía gubernativa y la vía jurisdiccional contra un acto administrativo, deben ser los mismos.

En tal sentido, la Sala ha precisado que invocar en la demanda hechos no alegados en vía gubernativa, viola el derecho de defensa de la Administración, no así la invocación de nuevos argumentos, pues, éstos no alteran la causa ni el objeto de la actuación tributaria, de modo que el fisco puede contradecirlos a través de la contestación de la demanda.

Lo anterior, porque mientras los argumentos son razonamientos dirigidos a demostrar una situación de hecho previamente planteada, con el ejercicio de una labor dialéctica que busca persuadir o disuadir al juez, que no amplía ni recorta dicha situación, el hecho nuevo amplía la realidad fáctica que da lugar a la actuación contra el administrado.

Si bien es cierto las razones alegadas ante la jurisdicción no son iguales a las que expuso en la vía gubernativa, es claro que no modifican los hechos que dieron origen a la actuación administrativa, sino que son simplemente argumentos que fundamentan el ataque de legalidad de los actos, a los cuales podía oponerse la Administración a través de la contestación de la demanda.
  (2015-10-19) [Mas Información]
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REDUCCION DE LA SANCION POR INFORMACION CON ERRORES - No cierra la posibilidad de discutir la legalidad de la actuación que culminó con la sanción.
Del oficio 000287 de 30 de abril de 1997 se desprende que la actora interpuso recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio, y, además, se acogió a la sanción reducida, lo cual no es excluyente, pues, como lo ha precisado la Sala, la presentación del memorial de aceptación no cierra la posibilidad de discutir la legalidad de la actuación que culminó con la imposición de la sanción, porque ello prohijaría la exclusión del control gubernativo y/o jurisdiccional de estos actos, y porque consentir en la aceptación de la sanción reducida no es una confesión, sino un requisito para acogerse al beneficio de reducción.

Así, la reducción de la sanción por no enviar información, al 10 o 20/ de su valor, es un derecho de opción para el contribuyente que, de acuerdo con el artículo 651 del Estatuto Tributario, depende del momento en que se ejerza, y el cual no cierra la posibilidad de controvertir total o parcialmente la sanción impuesta.
  (2015-10-19) [Mas Información]
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RECURSO DE RECONSIDERACION - Cuando se decide agota la vía gubernativa en el procedimiento tributario.
La vía gubernativa es un presupuesto de procedibilidad para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos particulares, excepto en los casos en que la Administración no otorga la oportunidad de impugnarlos (art. 135 del Código Contencioso Administrativo).

De acuerdo con los artículos 62 y 63 del Código Contencioso Administrativo, aplicables a los procedimientos administrativos no regulados por disposiciones especiales (art. 1, inc. 2 ibídem), la vía gubernativa se agota cuando contra el acto definitivo no procede ningún recurso; cuando el acto queda en firme por no haberse interpuesto los recursos de reposición o queja, y, cuando los recursos interpuestos se deciden.

En el procedimiento tributario para determinación de obligaciones fiscales por impuestos y sanciones, el artículo 720 del Estatuto Tributario dispuso que, sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales del mismo estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos en relación con los impuestos administrados por la DIAN, procede el recurso de reconsideración.

Salvo el caso de las liquidaciones oficiales de revisión, cuando se cumplen los requisitos del artículo 720 [par] del Estatuto Tributario, la vía gubernativa respecto de los actos anteriores sólo se agota cuando la Administración decide el recurso de reconsideración interpuesto en debida forma (722 ibídem), pues éste fue el único medio de impugnación que se estableció para discutirlos.
  (2015-10-19) [Mas Información]
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FALLOS IMPRESOS BAJADOS POR INTERNET - Son mensajes de datos.
    MENSAJE DE DATOS - Definición; eficacia, validez y fuerza obligatoria y probada
La Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones, en su artículo 2º define al mensaje de datos como "La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax".

Los mensajes de datos tienen plena validez y constituyen un medio probatorio que merece ser valorado de la misma forma que los contemplados en las normas del Código de Procedimiento Civil, aplicables a los juicios contenciosos administrativos según disposición expresa del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso advierte el Despacho que el texto de los fallos proferidos por la Organización Mundial del Comercio en los casos de Japón, Corea y Chile puede ser consultado en la base de datos- documentos oficiales de la Organización Mundial del Comercio que aparece en la página web www.wto.org (sitio oficial de la OMC), tal como lo hizo el apoderado de la parte actora quien solicito al Notario Sexto del Círculo de Bogotá ingresar a la mencionada dirección de internet e imprimir los fallos y estampar el sello de la notaría, de manera que pudiera allegarlos a este proceso como prueba.

El Despacho considera que las impresiones aportadas constituyen un verdadero mensaje de datos, pues su texto está a disposición del público en general como un documento electrónico a través de la página web en internet creada por la Organización Mundial del Comercio-OMC, entidad emisora de los mismos, quien como organización internacional encargada de las normas que rigen el comercio entre los países publica la mayoría de los documentos oficiales en dicha página en diferentes idiomas (inglés, francés y español) con el fin de que puedan ser consultados en línea o descargados.
  (2015-10-09) [Mas Información]
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NOTIFICACION POR CORREO EN ASUNTOS ADUANEROS - El acto administrativo se entiende notificado cuando el afectado recibe efectivamente la comunicación.
    FIRMEZA DE DECLARACION DE IMPORTACION - Se produce cuando la notificación del requerimiento aduanero después de los dos años de su presentación.
Para la Sala y de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-096 de 31 de enero de 2001, si bien es válido el sistema de notificación por correo, el acto administrativo se entiende notificado "cuando el afectado recibe, efectivamente, la comunicación que lo contiene", así en el caso la notificación se surtió efectivamente el 19 de octubre de 1999 como lo aceptó la demandante.

Por lo anterior se advierte que de las veinte (20) declaraciones de importación glosadas, relacionadas en la parte inicial de esta providencia, solo las presentadas el 18 de julio de 1997 a la fecha de la notificación del requerimiento especial, habían adquirido firmeza, configurándose frente a éstas la violación del artículo 6° del Decreto 1800 de 1994, razón por la que se declarará la nulidad parcial de los actos demandados.

Respecto de las restantes el requerimiento especial aduanero N°04-34-01-02221 fue oportuno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° inciso 4 y 6° del Decreto 1800 (modificatorio D. 1909/92).
  (2015-10-09) [Mas Información]
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REQUERIMIENTO ESPECIAL ADUANERO - Su notificación interrumpe el término de firmeza de la declaración de importación.
    TERMINO DE SUSPENSION PARA PROFERIR REQUERIMIENTO ADUANERO - La suspensión es por un lapso igual a la duración real de la inspección.
Dentro de las facultades de fiscalización y control con que cuenta la administración aduanera previstas en el Decreto 1909 de 1992, están las de adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la práctica de hechos que impliquen un menor pago de tributos aduaneros, realizar las acciones necesarias para verificar la exactitud de las declaraciones y demás documentos presentados a la autoridad aduanera, inspeccionar los documentos que puedan servir de base para determinar las operaciones aduaneras (art. 62); puede hacer uso de los medios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil y el Estatuto Tributario (art. 65) y de manera expresa señala que puede realizar inspección aduanera.

De lo anterior se deduce que en principio las declaraciones de importación adquieren firmeza a los dos años de presentadas, término que puede interrumpirse con la notificación del requerimiento especial; no obstante la normatividad citada, aplicable en esta materia, establece que en el evento en que dentro de la investigación se haya practicado inspección aduanera, el término para formular dicho requerimiento se suspenderá máximo por tres meses.

Así, si bien la norma establece un límite de tiempo para la suspensión del término para proferir el requerimiento especial, debe entenderse igual al lapso de duración real de la inspección, pues no se trata de "suspensión automática", pero se aclara que, como lo prescribe la norma, la diligencia incluye la práctica de las pruebas necesarias para determinar la veracidad y legalidad de las declaraciones y demás documentos aportados.
  (2015-10-09) [Mas Información]
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LIQUIDACION DE CORRECCION ADUANERA - Procede cuando se producen errores en las declaraciones de importación como en la subpartida, tarifa, tasa de cambio y sanciones.
    LIQUIDACION DE REVISION ADUANERA - Procede cuando el valor declarado no corresponda con el valor aduanero de la mercancía.
De conformidad con el artículo 26 del Decreto 1909 de 1992 modificado por el artículo 6° del Decreto 1800 de 1994, vigente para la época de los hechos, las declaraciones de importación quedan en firme si transcurridos dos años, contados desde su presentación, no se ha notificado requerimiento especial aduanero.

A través de la liquidación de corrección puede formular cuenta adicional, cuando se presenten errores en las declaraciones de importación, por ejemplo en la subpartida arancelaria, tarifa, tasa de cambio, sanciones, operaciones aritméticas, etc.; y por medio de la liquidación de revisión del valor con cuenta adicional, cuando el valor declarado no corresponda al valor aduanero de la mercancía establecido por la Aduana de conformidad con las normas que rijan la materia, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiera lugar.
  (2015-10-09) [Mas Información]
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SANCION POR LIBROS A COOPERATIVAS - Irregularidad en la contabilidad.
    LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DE COOPERATIVAS - Obligatoriedad / LIBROS DE CONTABILIDAD EN COOPERATIVAS - Obligatoriedad.
De la forma como está redactada la norma especial de DANCOOP (Resoluciones 1091 de 1983 y 1027 de 1998) en relación con los libros de contabilidad, no se exige expresamente el diligenciamiento del libro de Inventarios y Balances, sin embargo y de acuerdo a la actividad realizada por la respectiva empresa cooperativa, haría necesario el registro contable de sus operaciones, en aras a atender los requerimientos de carácter legal vigentes.

Para la actora se evidencia la necesidad de registrar contablemente toda su actividad económica, dentro de lo cual se encuentra el movimiento en la comercialización de los activos movibles pues sólo de esta forma se puede realizar un control efectivo de las utilidades generadas en su enajenación, registro que puede efectuarse bien sea a través de un libro principal o a través de un auxiliar.

En este orden de ideas correspondía a la Cooperativa demandante justificar el hecho de haber suspendido el diligenciamiento del libro de Inventarios y Balances en diciembre de 1991, mediante la comprobación de que los registros contables relativos a la función de los inventarios se había continuado llevando de acuerdo con lo dispuesto tanto por DANCOOP en las resoluciones citadas como por lo ordenado en el Decreto 2649 de 1993, artículo 129.


La irregularidad encontrada por la Administración en la contabilidad de la actora se encuentra tipificada en el literal f) del artículo 654 del Estatuto Tributario.
  (2015-10-09) [Mas Información]
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FACULTAD SANCIONATORIA DE LA DIAN - Competencia respecto de cooperativas.
    COMPETENCIA FUNCIONAL DE LA DIAN - Alcance / COOPERATIVA - Tratamiento Impositivo.
Las funciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales son diferentes a las que le compete a DANCOOP, pues le ha correspondido y le corresponde la administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, según el artículo 2º del Decreto Ley 1693 de 1997, y en ejercicio de la función de administración de impuestos efectúa la recaudación, fiscalización, discusión, cobro, devolución y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En atención a lo anterior y teniendo en cuenta que las cooperativas son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios conforme al régimen tributario especial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 19 del Estatuto Tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales tiene competencia para ejercer sobre ellas un control fiscal, que comprende la facultad de inspeccionar la contabilidad de las mismas, toda vez que es la fuente principal en la determinación o verificación de los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de las obligaciones impositivas, por lo tanto y de conformidad con el artículo 691 del Estatuto Tributario, la División de Liquidación de la Administración de Impuestos de Ibagué, sí tenía competencia para imponer la sanción a la actora por las irregularidades en la contabilidad.
  (2015-10-09) [Mas Información]
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ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS PUBLICOS - Autorización legal. Destinación de recursos. Tarifa.
    ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS PUBLICOS - Corresponde a las asambleas departamentales determinar sus características y los demás asuntos necesarios para establecerla en su territorio.
La Ley 645 de 2001 autorizó a las Asambleas Departamentales a ordenar la emisión de estampillas pro hospitales universitarios públicos.

El artículo 2º estableció que las sumas recaudadas con la estampilla se destinarían principalmente a la inversión y mantenimiento de la planta física de los hospitales universitarios públicos, a la dotación, compra y mantenimiento de los equipos requeridos para el cumplimiento de las funciones propias de esas instituciones, y a la compra y mantenimiento de equipos para poner en funcionamiento áreas de laboratorio, científicas, tecnológicas y otras que se requieran para su cabal funcionamiento, y a inversión en personal especializado.

La Ley 645 de 2001 también estableció que la tarifa que cobren los Departamentos, por concepto de la estampilla, no puede ser superior al 2% del valor de las operaciones gravadas, ni puede superar los seis mil millones de pesos por Departamento o el 10% del valor del presupuesto anual.

Finalmente, la Ley 645 de 2001 autorizó a las Asambleas Departamentales para que determinen las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se deban realizar en los departamentos y en los municipios de la respectiva jurisdicción departamental.
  (2015-10-08) [Mas Información]
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA - Debe existir entre la declaración, el requerimiento y la liquidación de revisión.
    LIQUIDACION DE REVISION - Al no corresponder con lo planteado en el requerimiento se vulnera el principio de correspondencia.
La Sala aprecia en los apartes transcritos de los actos citados, que no guardan coherencia, toda vez que el requerimiento especial se refiere a la declaración de ICA del año gravable de 1996, cuyos valores coinciden con los consignados en la liquidación privada visible a folio 6 del informativo y a partir de lo consignado en esos rubros, se proponen ingresos netos gravables de $60.230.816.000, impuesto de industria y comercio de $198.762.000, avisos y tableros de $29.814.000, para un total de impuesto a cargo de $228.576.000, con una sanción de inexactitud de $156.399.000.

En el Acto Oficial de Revisión a pesar de mencionarse que se modifica la liquidación privada del impuesto de industria y comercio del año gravable de 1996, dentro de las razones de hecho y de derecho en que se sustenta, se menciona un total de ingresos de $73.248.943.000 obtenidos en el año de 1997, y en las modificaciones se toman valores que no coinciden con los declarados en la privada de la vigencia fiscal de 1996, para determinar unos ingresos netos gravables de $64.066.846.000, Impuesto de Industria y Comercio de $211.421.000, Avisos y Tableros de $31.713.000, para un total impuesto a cargo de $243.134.000, con una sanción de inexactitud de $313.167.000.

De tal manera, que la entidad territorial desconoció el principio de correspondencia que debe existir entre la declaración, el requerimiento y la liquidación de revisión, contenido en el Decreto 0523 de junio 30 de 1999 expedido por el Alcalde del Municipio de Santiago de Cali.
  (2015-10-08) [Mas Información]
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CIRCULAR O INSTRUCCION DE SERVICIO - Se asimilan a estos los conceptos de la DIAN.
    CONCEPTOS DE LA DIAN - Son actos administrativos por la obligatoriedad de su aplicación y la exigencia de sujeción a ellos.
Cuando el concepto tiene un carácter autoregulador de la actividad administrativa y se impone su exigencia a terceros, bien puede considerarse como un acto decisorio de la Administración, con las consecuencias jurídicas que ello apareja. En tal virtud, deja de ser un concepto y se convierte en un acto administrativo, de una naturaleza igual o similar a las llamadas circulares o instrucciones de servicio.

En principio, no se les puede considerar como actos administrativos, porque carecen de un poder decisorio, no obstante que, como lo ha sostenido la jurisprudencia constante del Consejo de Estado, pueden tener tal carácter cuando poseen un alcance normativo que se revela por la obligatoriedad de su aplicación por la Administración y por la posibilidad o exigencia de sujeción a ellos de los administrados, con lo cual adquieren la categoría propia de los actos reglamentarios.

En el mismo sentido, la Corporación ha sostenido que cuando los conceptos interpretan las normas tributarias y dichas interpretaciones tienen un carácter autorregulador de la actividad administrativa y producen efectos frente a los administrados, su naturaleza es la de actos administrativos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la ley, sujetos a control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.

Ahora bien, la facultad interpretativa de la DIAN, no permite regular deberes tributarios materiales y formales, que constriñen derechos individuales, por ser todo esto competencia exclusiva del legislador, sino que debe limitarse a dilucidar el sentido de las normas tributarias, adecuarse a la finalidad de la norma interpretada, sin limitarla o excederla
  (2015-10-07) [Mas Información]
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CONCEPTOS DE LA DIAN - El contribuyente puede acoger los conceptos que se encuentran vigentes en el momento de la actuación tributaria.
    DECLARACION TRIBUTARIA - Para su presentación los conceptos a aplicar son los vigentes en ese momento.
Respecto a este punto se estima conducente, reiterar la jurisprudencia previamente citada de la Corporación, la cual al decidir sobre una situación similar a la planteada en este proceso, consideró no le asistía razón al demandante pues al tenor del artículo 264 de la Ley 223 de 1995 el contribuyente puede acoger los conceptos de la DIAN que se encuentren vigentes en el momento en que realiza la respectiva actuación tributaria, que en el sub judice corresponde a la fecha en que presenta la respectiva declaración, como quiera que es en ese momento en que se instrumenta su actuación, con la declaración de los valores que consigna en su denuncio privado.

Advierte que sostener lo contrario equivaldría a cambiar el texto legal, para revivir los efectos jurídicos de los conceptos revocados por la DIAN en vez de amparar las actuaciones o diligencias del contribuyente sustentadas en los conceptos vigentes en la fecha en que se efectúan, en desmedro de la finalidad legislativa de la norma.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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RENTA LIQUIDA O UTILIDAD - Al no existir no es posible compensar las pérdidas fiscales de años anteriores.
    COMPENSACION DE PERDIDAS FISCALES - Se hace frente a la renta liquida del ejercicio y no se sustrae de la renta bruta.
Sobre este aspecto, la misma sentencia de la Corporación consideró que lectura e interpretación sistemática de los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, se encuentra que el legislador en dichas disposiciones legales utilizó la expresión genérica de "rentas" y el vocablo "utilidades", términos que en el régimen del impuesto sobre la renta significan lo mismo, "renta líquida": o sea renta bruta menos las deducciones o gastos necesarios para la producción de la renta.

El legislador asimiló el concepto de rentas al de utilidades, noción ésta que se utiliza para designar la renta líquida, esto es, la resultante de restar de los ingresos, los costos y deducciones, y que salvo excepciones legales es renta gravable (artículos 26 y 178 del Estatuto Tributario).

Entonces, el tratamiento tributario de las pérdidas por la sociedad en el año de 1999, corresponde a un reciclaje de pérdidas que conduce a que se distorsione la finalidad descrita en la ley, frente a su compensación con la renta líquida o utilidad generada en el año gravable en que se deducen, a más de que desconoce y hace inocuo el término de su amortización dentro de los cinco (5) períodos gravables siguientes, toda vez que se prorrogaría indefinidamente en la medida en que resulten más pérdidas.

Afirmó que lo primero que se debe determinar es si es factible la compensación de la pérdida, con la evaluación del comportamiento económico del ente social en un período gravable determinado. Una vez establecida la obtención de utilidad o renta líquida, se atiende el tenor literal de los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, para efectuar la compensación y no como erradamente lo entiende la apelante, de sustraer la pérdida de la renta bruta, pues con ello no solo se desconocen los preceptos legales en comento sino que se impide la recuperación del ente social, que es lo que busca el legislador tributario.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR MEDIANTE DOCUMENTOS FALSOS - Su improcedencia debe ser determinada por la Administración conforme al artículo 670 del E.T.
    SANCION POR DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR MEDIANTE FRAUDE - Si se exigiera la previa declaración del juez penal se haría nugatoria dicha sanción.
Dentro del ordenamiento jurídico no existe una norma que determine la prejudicialidad penal para la imposición de sanciones tributarias, y sólo es procedente aplicar el artículo 170 del C.P.C. cuando las circunstancias del caso impidan un pronunciamiento de la Administración o de la jurisdicción contenciosa, sin que previamente se resuelva el proceso penal.

Esto no es lo que ocurre frente al inciso 5° del artículo 670 del E.T., pues de acuerdo con esta norma, es la Administración la que determina la improcedencia de la devolución por la utilización de documentos falsos o por la actuación fraudulenta del contribuyente.

Si se exigiera, para la aplicación de esta sanción la previa declaración del juez penal sobre la falsedad del documento o el fraude cometido, se haría nugatoria la existencia de la norma, pues mientras ocurre el pronunciamiento, la Administración perdería la oportunidad de proferir el pliego de cargos a tiempo.

El Estado ni siquiera podría reclamar la simple restitución de los dineros devueltos sin fundamento legal, hasta tanto la jurisdicción ordinaria se pronuncie, aún cuando aparezca demostrada la conducta fraudulenta que determina la improcedencia de la devolución.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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FALSEDAD DE DOCUMENTO EN DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR - La Administración debe expresar las razones para considerarlo falso con el fin de que sean controvertidas.
    PROCESO PENAL SOBRE FALSEDAD DOCUMENTAL - No es necesario porque la Administración cuenta con mecanismos legales para alegar y demostrar su falta de veracidad.
Para efectos del artículo 670 del Estatuto Tributario, que es especial en materia tributaria, la Sala entiende que la falsedad a que la misma se refiere, corresponde a la información carente de veracidad y por lo tanto incapaz de reflejar la realidad.

La Administración al constatar la inexactitud de los datos deberá en cada caso tachar de falso el documento, expresando las razones en que se sustenta, de tal forma que el afectado pueda controvertirlas o suministrar las explicaciones pertinentes para demostrar su autenticidad, y en caso de inconformidad, será la jurisdicción contenciosa administrativa quien definirá en última instancia, para estos efectos, la controversia.

No es del caso exigir a la jurisdicción contenciosa esperar el resultado de un proceso penal, cuando cuenta con mecanismos legales para alegar y demostrar la falta de veracidad, falsedad o fraude de un documento. Frente a la presunta vulneración del non bis in idem, debe precisarse que la aplicación de este principio no acarrea la imposibilidad de que unos mismos hechos sean castigados por autoridades de distinto orden; ni que sean apreciados desde perspectivas distintas, vgr. como ilícito penal y como infracción administrativa o disciplinaria.

El procedimiento tributario de imposición de sanciones es independiente del proceso penal que pueda surgir por la ocurrencia de hechos delictivos. Aunque no puede negarse la mutua influencia por las pruebas que puedan hacerse valer en cada acción, no existe específica limitación para que la Administración demuestre los presupuestos que exige el inciso 5° del artículo 670 del Estatuto Tributario e imponga la sanción.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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FALSEDAD DE DOCUMENTO EN DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR - La Administración debe expresar las razones para considerarlo falso con el fin de que sean controvertidas.
    PROCESO PENAL SOBRE FALSEDAD DOCUMENTAL - No es necesario porque la Administración cuenta con mecanismos legales para alegar y demostrar su falta de veracidad.
Para efectos del artículo 670 del Estatuto Tributario, que es especial en materia tributaria, la Sala entiende que la falsedad a que la misma se refiere, corresponde a la información carente de veracidad y por lo tanto incapaz de reflejar la realidad.

La Administración al constatar la inexactitud de los datos deberá en cada caso tachar de falso el documento, expresando las razones en que se sustenta, de tal forma que el afectado pueda controvertirlas o suministrar las explicaciones pertinentes para demostrar su autenticidad, y en caso de inconformidad, será la jurisdicción contenciosa administrativa quien definirá en última instancia, para estos efectos, la controversia.

No es del caso exigir a la jurisdicción contenciosa esperar el resultado de un proceso penal, cuando cuenta con mecanismos legales para alegar y demostrar la falta de veracidad, falsedad o fraude de un documento.

Frente a la presunta vulneración del non bis in idem, debe precisarse que la aplicación de este principio no acarrea la imposibilidad de que unos mismos hechos sean castigados por autoridades de distinto orden; ni que sean apreciados desde perspectivas distintas, vgr. como ilícito penal y como infracción administrativa o disciplinaria. El procedimiento tributario de imposición de sanciones es independiente del proceso penal que pueda surgir por la ocurrencia de hechos delictivos.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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FALSEDAD DOCUMENTAL COMO CAUSAL DE SANCION POR DEVOLUCION IMPROCEDENTE - Debe ser indiscutible e integral y verificable su conformación material y su contenido.
    FALSEDAD IDEOLOGICA DE DOCUMENTO - Se presenta cuando siendo verdadero el documento, se hayan hecho constar en él sucesos no ocurridos en la realidad.
La utilización de documentos falsos se presenta en casos como cuando se aportan al proceso de devolución documentos cuyo texto ha sido alterado después de que fueron expedidos; mediante lavado, borraduras, supresiones o cambios, así mismo cuando la firma ha sido suplantada, esto es, la denominada por la doctrina y la jurisprudencia, "falsedad material".

La denominada "falsedad intelectual o ideológica", ocurre cuando siendo materialmente verdadero el documento, se hayan hecho constar en él sucesos no ocurridos en la realidad; el documento no es falso en las condiciones propias suyas, pero son falsas las ideas que en él se quieren afirmar como verdaderas.

La norma tributaria castiga la obtención de una devolución utilizando métodos fraudulentos o por incurrir en falsedad material o intelectual de documentos. Por no requerir de pronunciamiento previo de la justicia penal, se exige un extremo rigor por parte del juez administrativo para determinar la falsedad o adulteración del documento que sustenta la sanción.

Esa falsedad debe ser indiscutible e integral y puede verificarse, siguiendo la naturaleza de la falsedad que se aduzca, mediante el examen del documento tanto desde el punto de vista de su conformación material como de su contenido, y su prueba debe ser completa e inobjetable, de tal forma que permita concluir sobre la falsedad del documento que le sirve de soporte y sobre la condición de determinante para obtener la devolución.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA.
    PROYECTO DE CORRECCION FACULTAD PARA CORREGIR DECLARACIONES.
Conforme al artículo 8o. de la Ley 84 de 1988 (antes de ser modificado por la Ley 6a. de 1992), para corregir las declaraciones tributarias que no varíen el valor a pagar o que lo disminuyan o aumenten el saldo a favor, debe presentarse solicitud previa a la Administración, acompañada del respectivo proyecto de corrección con el fin de que se oficialice la mencionada corrección, que si es aceptada tácita o expresamente por la Administración, entra a reemplazar la liquidación presentada inicialmente y que goza en consecuencia de la presunción de veracidad que cobijaba a la primera.

En esas condiciones la facultad otorgada por el artículo 589 del E.T., debe interpretarse en concordancia con las demás normas de la legislación tributaria, particularmente las relativas al proceso de determinación oficial del tributo, tal como lo dispone el artículo 589 del E.T.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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FACULTAD PARA CORREGIR DECLARACIONES / CONTRIBUYENTE - Deberes.
    TERMINO PARA CORREGIR DECLARACIONES.
Si bien la administración goza de amplias facultades de fiscalización de la declaración, que ejerce entre otras a través de las liquidaciones de corrección aritmética y de revisión, sólo la notificación del pliego de cargos o del requerimiento especial tienen la capacidad de limitar y precluir la facultad de los contribuyentes de corregir sus declaraciones tributarias, ya sea por errores mecanográficos o de transcripción, o aún en aspectos de fondo tales como la modificación de las bases gravables, su depuración, aplicación de tarifas y en general, la corrección de todos aquellos factores sobre los cuales no ha iniciado actuación la Administración Tributaria, sin perjuicio de las correcciones provocadas (por el requerimiento y la liquidación de revisión) en los términos de los artículos 709 y 713, máxime cuando nadie está obligado a permanecer en el error.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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FACULTAD DE CORRECCION / FACULTAD DE REVISION / ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
De haberse practicado la liquidación oficial de corrección aritmética en la forma autorizada por la ley, ésta constituye un elemento más a tenerse en cuenta para efectos de la liquidación de revisión, por cuanto la norma es clara en determinar que la correspondencia se predica entre la liquidación privada y el requerimiento, en atención a que la facultad de corrección se ejerce sin perjuicio de la facultad de revisión, toda vez que esta última pretende modificar el monto del tributo determinado en la liquidación privada y en atención a que la primera, ésto es, la liquidación oficial de corrección aritmética, no está referida a la determinación oficial del impuesto, sino exclusivamente a enmendar errores de orden numérico por lo que el contribuyente puede válidamente modificar su declaración privada a través del procedimiento de corrección, que sustituye la presentada inicialmente.
  (2015-10-07) [Mas Información]
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PRESUNCION DE VERACIDAD DE LA DECLARACION TRIBUTARIA - Es un indicio determinado por la ley.
    FACULTAD FISCALIZADORA - Finalidad.
El artículo 746 del E.T. prescribe que "se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija".

La presunción es un indicio determinado por la ley que puede ser legal o de derecho, conforme se infiere del artículo 66 del Código Civil. La presunción legal admite la prueba en contrario, la presunción de derecho, no. En esa medida, el interesado en hacer valer la presunción legal no está exento de probar el hecho que el legislador señaló como probado, y, quien se opone a la presunción, a desvirtuar esa conclusión legal.

La presunción prevista en el artículo 746 del E.T. es legal y, en esa medida, admite prueba en contrario del hecho que el legislador señaló como probado. En consecuencia, los hechos que el contribuyente refleja en su declaración privada o en la que la corrige, así como los que manifiesta con ocasión de la respuesta a los requerimientos de la Administración, gozan de presunción de certeza.

Sin embargo, el contribuyente no está exento de respaldar con pruebas los hechos que expuso como ciertos en esos documentos, ni la Administración tributaria de respaldar, así mismo, con pruebas, que esos hechos no son ciertos o, incluso, veraces o, mejor, irreales.

La facultad fiscalizadora de la administración tributaria, entonces, persigue probar, más allá de la certeza, veracidad o la realidad de los hechos que justifican el denuncio rentístico del contribuyente, el cumplimiento de los presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado.
  (2015-10-06) [Mas Información]
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MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA TRIBUTARIA - Inspección contable, inspección tributaria y facultad de registro.
    INSPECCION TRIBUTARIA - Finalidad / INSPECCION CONTABLE - Finalidad.
El título VI del Estatuto Tributario regula el régimen probatorio en materia tributaria y, concretamente, los medios de prueba de los que puede hacer uso la Administración para desvirtuar la presunción de que trata el artículo 746 del E.T., y otras previstas por el mismo estatuto, así como todos los hechos atinentes a la obligación tributaria.

Dentro de esos medios de prueba se encuentran la inspección tributaria, la inspección contable y, como mecanismo de recaudo y conservación de pruebas, la facultad de registro. El artículo 779 del E.T. califica la inspección tributaria como un medio de prueba, en virtud del cual la Administración realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por ésta, para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar.

En esa inspección, la Administración puede decretar todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias. El artículo 782 del E.T. regula la inspección contable como una diligencia que tiene como fin verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravados o no, y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales.

De esa diligencia también se levanta un acta que, a diferencia del acta de inspección tributaria, no sólo se suscribe por los funcionarios visitadores sino por las partes intervinientes, pero, además, conlleva la presunción de que los datos consignados en el acta fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, salvo que el contribuyente o responsable demuestre su inconformidad.
  (2015-10-06) [Mas Información]
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LIBROS DE CONTABILIDAD - Requisitos para que sean prueba. Oportunidad para presentarlos.
    INDICIO EN CONTRA DEL CONTRIBUYENTE - Lo es no presentar los libros de contabilidad.
La prueba contable que, como lo dispone el artículo 772 del E.T., constituye prueba a favor del contribuyente, siempre que los libros de contabilidad los lleve en debida forma. Y, se llevan en debida forma cuando se cumplen los requisitos previstos en los artículos 773 y 774 del E.T.

Toda vez que la contabilidad revela la esencia o realidad económica de los hechos económicos que ejecuta el contribuyente, la prueba contable se erige como una de las pruebas, por excelencia, en materia tributaria, al punto que la contabilidad prevalece sobre la declaración de renta cuando la declaración difiere de los asientos contables, pero así mismo, prevalecen los comprobantes externos sobre los asientos de contabilidad cuando las cifras registradas en esos asientos contables referentes a costos, deducciones, exenciones especiales y pasivos exceden del valor de los comprobantes y, por lo tanto, esos conceptos se entenderán comprobados hasta concurrencia del valor de los comprobantes (Artículos 775 y 776 del E.T.).

En los procedimientos administrativos, esta prueba puede ser aportada con ocasión de los emplazamientos o requerimientos de la autoridad tributaria, en ejercicio del recurso de reconsideración y, por supuesto, cuando se practica la inspección tributaria o la inspección contable.

Cuando el contribuyente no presenta los libros de contabilidad, previa exigencia de la Administración, esa actitud renuente está calificada como indicio en su contra, al tenor del artículo 781 del E.T., con el agravante que se le impide invocar esa documentación posteriormente como prueba en su favor y se deben desconocer los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente.

Sin embargo, la norma prevé que la única causa que justifica la no presentación es la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.
  (2015-10-06) [Mas Información]
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FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO - Eximentes para presentar los libros de contabilidad. Deben probarse.
    FACULTAD COMPROBATORIA DE LA ADMINISTRACION - Debe ir más allá de afirmaciones. Implica aportar pruebas que desvirtúen la presunción de veracidad de la declaración.
Sobre el particular, es pertinente insistir en que la prueba por excelencia es la contabilidad, los asientos contables y los comprobantes internos y externos que cumplan los requisitos del artículo 774 del E.T., salvo que la autoridad tributaria logre contradecir esa prueba por otros medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley.

La prueba que adujo la DIAN para contradecir la contabilidad de la demandante son unos "listados de sistema" que como se precisó. En ese listado, la demandante discriminó el total valor bruto por ventas nacionales, el valor total de descuentos otorgados en esas ventas, el valor total por IVA facturado y el valor total neto.

Esa prueba documental es conducente y procedente porque da cuenta de los ingresos por ventas nacionales, exclusivamente, de la demandante y de otros conceptos. Lo que no es procedente es la valoración que hizo la DIAN de esa prueba, pues, a sabiendas de que ese listado discriminaba el valor del impuesto a las ventas facturado, decidió hacer caso omiso de esa circunstancia para concluir que el gran total reportado en esos listados, era de ingresos.

Ese proceder vulneró el artículo 26 del E.T., porque, en efecto, el impuesto sobre las ventas no forma parte de los ingresos operacionales ni de los ingresos operacionales. La Sala reitera que la oportunidad para aportar las pruebas en la vía administrativa no se limita al momento en que se practica la inspección tributaria sino que pueden ser presentadas con ocasión de la respuesta al requerimiento o con la interposición del recurso de reconsideración e incluso en la vía judicial.

Así mismo, se precisó que tratándose de los libros de contabilidad, su no entrega constituye indicio en contra del contribuyente y no puede presentarse con posterioridad al momento en que fue requerida, salvo que se acredite fuerza mayor o caso fortuito.

De todo lo expuesto se colige que la DIAN no ejerció su facultad comprobatoria y, por tanto, no logró desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración de la demandante. Por el contrario, la demandante, en ejercicio de la carga de la prueba, desvirtuó las glosas que la DIAN propuso y pudo demostrar la veracidad de la declaración.
  (2015-10-06) [Mas Información]
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CONCEPTOS DE LA DIAN - Son actos administrativos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la Ley.
    ACTUACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES - Pueden sustentarlas en los conceptos proferidos por la Subdirección Jurídica de la DIAN.
Bajo esa preceptiva jurídica Ley 223/95 artículo 264, los contribuyentes, pueden sustentar sus actuaciones tributarias tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional con base en los conceptos escritos proferidos por la Subdirección Jurídica de la DIAN.

Pues bien, esta disposición consagró la posibilidad de que los contribuyentes realicen sus actuaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales amparados en los conceptos vigentes de tal entidad, las cuales no pueden ser desconocidas por la misma administración tributaria.

Ahora, para desatar la cuestión litigiosa es preciso determinar cuál es la naturaleza jurídica de los conceptos emitidos por la Subdirección Jurídica de la DIAN.

En este aspecto reitera la Sala el criterio expuesto en la sentencia de octubre 27 de 2005 proferida por la Sección Cuarta de la Corporación en el expediente 14699 con ponencia de la Dra. Maria Inés Ortiz Barbosa, y que en su parte pertinente dijo que cuando los conceptos interpretan las normas tributarias y dichas interpretaciones tienen un carácter autoregulador de la actividad administrativa y producen efectos frente a los administrados, su naturaleza es la de actos administrativos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la ley, sujetos a control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.
  (2015-10-06) [Mas Información]
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FACULTAD IMPOSITIVA / OBLIGACIÓN TRIBUTARIA - Elementos.
    FACULTAD DE IMPONER TRIBUTOS - Concepto
La facultad de 'imponer tributos' se concreta en establecer la 'obligación tributaria', aspecto que como lo ordena la Constitución, consiste en que la ley, las ordenanzas y los acuerdos fijen 'directamente' los sujetos activos y pasivos, los hechos y bases gravables, así como las tarifas.

Y la facultad de 'administrar y recaudar los tributos' previamente establecidos en la ley, las ordenanzas y los acuerdos se refiere a las actividades de gestión relacionadas con la organización, administración y recaudo del tributo, que como ya se dijo es delegable en las autoridades administrativas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 338 ib.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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Sección Cuarta


TERMINO PARA PRESENTAR LIBROS DE CONTABILIDAD - Es de 5 días cuando se solicita por escrito y de 8 días cuando se hace por correo.
    PRETERMISION DEL TERMINO PARA EXHIBIR LIBROS DE CONTABILIDAD - Se produce cuando la DIAN exige la presentación de los libros antes de vencerse el término otorgado.
Si el auto de inspección tributaria No 0010 del 16 de marzo de 1998, fue notificado por correo ese mismo día, sólo a partir del día hábil siguiente (artículo 2 del Decreto 1354 de 1987) podían empezarse a contar los 8 días hábiles que tenía la actora para exhibir sus libros de contabilidad, lo que quiere decir que tenía plazo hasta el 27 de marzo de 1998 para la aludida exhibición, y por cuanto el Acta de Inspección se levantó el mismo 27 de marzo de 1998, se le cercenó a la actora el término legal, pues la aludida acta sólo podía levantarse el día hábil siguiente (30 de marzo de 1998), cuando ya había vencido el término legalmente otorgado al contribuyente.

En consecuencia, el día en que se levantó el acta, se reitera, no le había vencido a la actora el plazo previsto en el referido decreto para realizar la exhibición de libros, lo que significa que la infracción por la cual se le sancionó, esto es, la no exhibición, no se configuró en realidad, violando de esta forma el plazo consagrado en la mencionada disposición, con la consiguiente violación del debido proceso para la parte demandante. Se impone confirmar el fallo apelado, que, por su parte, dio la razón a la actora.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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FACULTAD FISCALIZADORA DE LA DIAN - Comprende realización de inspecciones tributarias y el examen de libros contables.
    HECHO IRREGULAR EN LA CONTABILIDAD - Lo constituye no exhibir los libros contables cuando la administración los requiera.
La Administración Tributaria está facultada para ordenar la realización de inspecciones tributarias y la exhibición y examen parcial o general de los libros de contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones o para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, facultad que está prevista en la ley, Artículo 779 del Estatuto Tributario, y que se deriva del artículo 15 la Constitución Política.

La no exhibición de los libros de contabilidad cuando la Administración Tributaria los exija, no sólo tiene consecuencias de orden probatorio, sino que también tal conducta se encuentra erigida en la ley, como "hecho irregular en la contabilidad" por lo que da lugar a aplicar sanción por libros de contabilidad- Artículo 781 y literal c) del Artículo 654 del Estatuto Tributario-.

En cuanto al procedimiento para la exhibición de los libros de contabilidad, aspecto en el cual radica la controversia, la solicitud debe efectuarse por escrito mediante auto, el cual se notifica en los términos que consagra el Artículo 565 del Estatuto Tributario (forma), la misma debe efectuarse en las oficinas o establecimientos del contribuyente obligado a llevar libros de contabilidad (lugar); y en cuanto al tiempo, si bien no señala, un momento específico de la exhibición, al determinar el objeto de la misma, que no es otro diferente, a la de verificar la exactitud de las declaraciones o para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, se colige que la Administración podrá efectuar solicitud de exhibición de los libros de contabilidad en cualquier momento (tiempo) dentro del proceso de investigación y determinación, y aun en la etapa de discusión del impuesto.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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CONCEPTOS DE LA DIAN - A través de ellos no es dable regular deberes tributarios materiales y formales.
    FACULTAD INTERPRETATIVA DE LA DIAN - Dilucida el sentido de las normas tributarias sin limitarla o excederla.
En el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, se otorgó a los conceptos emitidos por la DIAN alcance y efectos concretos frente a los particulares y a los funcionarios. La Corte Constitucional al pronunciarse sobre su exequibilidad en el fallo C-487 de 1996, precisó que estos conceptos "constituyen la expresión de manifestaciones jurídicas, juicios, opiniones o dictámenes sobre la interpretación de normas jurídicas tributarias".

La Sala sostuvo en otra oportunidad, que cuando los conceptos interpretan las normas tributarias y dichas interpretaciones tienen un carácter autorregulador de la actividad administrativa y producen efectos frente a los administrados, su naturaleza es la de actos administrativos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la ley, sujetos a control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.

Por tal razón, la administración al ejercer tal facultad interpretativa, debe dilucidar el sentido de las normas tributarias, que debe adecuarse a la finalidad de la norma interpretada, sin limitarla o excederla, pues por la vía de un concepto de carácter administrativo no es dable regular deberes tributarios materiales y formales, que constriñen derechos individuales, por ser todo esto competencia exclusiva del legislador, titular de la potestad impositiva y principal regulador de la actuación tributaria.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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CONCEPTOS DE LA DIAN - Las actuaciones del contribuyente amparadas por ellos no pueden ser objetados por las autoridades tributarias.
    CONCEPTOS DE LA DIAN - Al ser revocados los que sustentaron la actuación del contribuyente no pueden ser amparados por el artículo 264 de la Ley 223 de 1995.
Hechas las anteriores precisiones, vale la pena resaltar que el contribuyente puede fundamentar sus actuaciones tributarias en los conceptos de la DIAN que se encuentren vigentes en la fecha en que se surten dichas actuaciones, tal como lo permite el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 al señalar que "Durante el tiempo en que tales conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias realizadas a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias".

De tal manera, que las actuaciones del contribuyente realizadas al amparo de conceptos vigentes de la DIAN, no pueden ser objetadas por las autoridades tributarias. Entonces, el particular en una actuación tributaria busca cumplir con las obligaciones de índole sustancial o formal impuestas por el legislador, que sustentadas en las directrices u orientaciones de los conceptos de la DIAN vigentes para ese momento, se enmarcan dentro del amparo concedido por el precepto legal.

Para la Sala el argumento de la demandante es contrario al artículo 264 de la Ley 223 de 1995 en comento, ya que como se expuso el contribuyente puede acoger los conceptos de la DIAN que se encuentren vigentes en el momento en que realiza la respectiva actuación tributaria, que en el sub judice corresponde a la fecha en que presenta el respectivo denuncio tributario, como quiera que es en ese instante en que se instrumenta su actuación, con la declaración de los valores que consigna en su liquidación privada.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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SEGURIDAD JURIDICA PARA LOS CONTRIBUYENTES - Se desconoce cuando se revocan conceptos de la DIAN vigentes por poco tiempo.
    PRINCIPIO DE LA BUENA FE TRIBUTARIA - No puede pretender revivir un concepto de la DIAN revocado para la época de la actuación.
De tal forma, que el concepto en discusión no solo estaba revocado para el momento en que la sociedad realizó la actuación tributaria con la presentación de la declaración de renta, sino que su interpretación desconoció el alcance de los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, que autorizan la compensación de las pérdidas fiscales siempre y cuando exista utilidad o renta fiscal.

En este orden de ideas, los principios de buena fe y confianza legitima que reclama la actora para que se aplique el concepto 047433 de 1999, no pueden llevar al extremo de revivirlo para la época en que la actora realizó la actuación tributaria, ni a desconocer que su interpretación era contraria a las normas legales.

No obstante lo anterior, esta Corporación considera que frente a los continuos cambios de interpretación como el que se presenta con el Concepto No. 47433 de mayo 20 de 1999, que tuvo una vigencia inferior a un año por cuanto fue revocado con ocasión del Concepto No. 020727 de marzo 6 del 2000, resulta oportuno y necesario hacer un llamado a la DIAN para que su facultad interpretativa brinde a los contribuyentes seguridad jurídica y certeza en las actuaciones que deben adelantar ante la Administración de Impuestos.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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PERDIDAS FISCALES - Se harían amortizables indefinidamente si se compensaran con una pérdida fiscal del último período.
    RECICLAJE DE PERDIDAS - Se produce cuando se compensan pérdidas fiscales aun cuando no resulte utilidad en el último ejercicio
En efecto de la lectura e interpretación sistemática de los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, se encuentra que el legislador en dichas disposiciones legales utilizó la expresión genérica de "rentas" y el vocablo "utilidades", términos que en el régimen del impuesto sobre la renta significan lo mismo, "renta líquida": o sea renta bruta menos las deducciones o gastos necesarios para la producción de la renta.

El legislador asimiló el concepto de rentas al de utilidades, noción ésta que se utiliza para designar la renta líquida, esto es, la resultante de restar de los ingresos, los costos y deducciones, y que salvo excepciones legales es renta gravable (artículos 26 y 178 del Estatuto Tributario).

Entonces, el tratamiento tributario de las pérdidas por la sociedad en el año de 1999, corresponde a un reciclaje de pérdidas que conduce a que se distorsione la finalidad descrita en la ley, frente a su compensación con la renta líquida o utilidad generada en el año gravable en que se deducen, a más de que desconoce y hace inocuo el termino de su amortización dentro de los cinco (5) períodos gravables siguientes, toda vez que se prorrogaría indefinidamente en la medida en que resulten más pérdidas.

Por tanto, lo primero que se debe determinar es si es factible la compensación de la pérdida, con la evaluación del comportamiento económico del ente social en un período gravable determinado. Una vez establecida la obtención de utilidad o renta líquida, se atiende el tenor literal de los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, para efectuar la compensación y no como erradamente lo entiende la apelante, de sustraer la pérdida de la renta bruta, pues con ello no solo se desconocen los preceptos legales en comento sino que se impide la recuperación del ente social, que es lo que busca el legislador tributario.
  (2015-10-05) [Mas Información]
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SANEAMIENTO DE INGRESOS - Alcance.
    FACULTAD FISCALIZADORA - Límites
    NULIDAD TRIBUTARIA - Procedencia con fundamento en el saneamiento fiscal
El propósito del saneamiento fiscal de la Ley 223 de 1995 era el que los contribuyentes quienes hubieran omitido activos representados en moneda extranjera o bienes poseídos en el exterior, los denunciarán fiscalmente sin las sanciones correspondientes con el objeto de que ahí en adelante tributaran sobre ellos también.

Con tal finalidad la Ley 49 de 1990 al consagrar este saneamiento, expresamente estableció que el aumento patrimonial que se genere por su causa, no generaría renta por diferencia patrimonial, ni sanciones, como tampoco podría ser objeto de requerimiento especial, ni liquidación de revisión, por los períodos gravables de 1990 y anteriores, en lo que corresponda a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen, en tanto se cumpla alguna de las condiciones señaladas.

Conforme a lo expuesto, es claro que la sociedad al acogerse el saneamiento de divisas, limitó la facultad fiscalizadora de la Administración por virtud de la ley, como quiera que tal entidad no podía entrar a cuestionar por el año 1990 y anteriores, lo correspondiente a los bienes saneados y a los ingresos que les dieron origen.

De suerte que a juicio de esta Corporación, la actuación administrativa esta viciada de nulidad por este aspecto máxime cuando la ley establece como causal de nulidad, el saneamiento fiscal, en relación con la actuación administrativa, donde se hubiere notificado el requerimiento especial con posterioridad a la vigencia de la citada ley, como en el sub lite.
  (2015-10-02) [Mas Información]
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CORRECCIÓN DE DECLARACIÓN TRIBUTARIA - Requisitos.
    FACULTAD DE REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES - Liquidación de revisión.
La viabilidad de las solicitudes de corrección efectuadas a las declaraciones tributarias con fundamento en el procedimiento consagrado en el artículo 589 del Estatuto Tributario, está referida al cumplimiento de los requisitos formales previstos en el mismo, como:
    - presentar la solicitud dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar;

    - anexar proyecto de corrección;

    - liquidar y pagar una sanción equivalente al 5% del menor valor a pagar que resulte de la corrección y

    - acreditar el pago de la mencionada sanción.
En el caso objeto de análisis la Administración no cuestionó el cumplimiento de los requisitos que anteceden, sino que, como se dejó expuesto, el rechazo de la solicitud de corrección obedeció a un aspecto diferente, esto es, considerar sin ningún valor la declaración de renta presentada por el Consorcio por el año gravable de 1.992 objeto de la corrección, circunstancia que como lo ha reconocido la demandada implica un pronunciamiento de fondo, que para la Sala no es susceptible de ventilarse con motivo del trámite de las solicitudes de corrección efectuadas con fundamento en el citado artículo 589 del Estatuto Tributario.

Uno es el proceder relativo a la presentación de la declaración tributaria y otro diferente, el concerniente a las solicitudes de corrección, por lo que dentro del trámite de éstas no es procedente cuestionar la validez de la declaración inicial, lo cual, como ya lo tiene dicho la Sección, debe efectuarse dentro del procedimiento de revisión de las declaraciones tributarias que es el previsto en la ley para tal efecto, y al cual se remite el artículo 589 varias veces citado.
  (2015-10-02) [Mas Información]
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PRUEBA CONTABLE - Demuestra los hechos económicos que realiza el contribuyente.
    FACULTAD FISCALIZADORA - Oportunidad de la administración para desvirtuar los hechos de la declaración privada.
El artículo 746 E.T. prevé que: "se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija".

Esa norma, sin embargo, establece una presunción legal, pues el contribuyente no está exento de demostrar los hechos que expuso en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las declaraciones o en las respuestas a los requerimientos administrativos.

La administración, en todo caso, también puede desvirtuar los hechos declarados por el contribuyente, pues la facultad fiscalizadora persigue comprobar la certeza, la veracidad o la realidad de los hechos que justifican las declaraciones del contribuyente y el cumplimiento de los presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado.

Entre los medios probatorios permitidos se encuentra la prueba contable que es quizá el principal medio probatorio, en cuanto a que demuestra de una forma más real, más fiel, los hechos económicos que realiza el contribuyente.

Así lo prevé expresamente el artículo 50 C. Co. El artículo 51 ib., a su turno, prevé que la contabilidad está conformada tanto por los libros como por los comprobantes -internos y externos- que sirvan de respaldo a los registros contables que se hacen en los libros. De modo que la prueba contable es una unidad conformada por varios medios probatorios: los libros; los comprobantes externos e internos, y todos los documentos que tengan relación directa con los registros contables.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO - Circunstancia para que se aporte en otra oportunidad procesal la contabilidad.
    PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA TRIBUTARIA - Improcedencia para probar hechos en los que la norma establece que debe probarse por otros medios.
La labor tanto de la administración como del contribuyente no debe ni puede ser pasiva, pues de la actividad que desarrollen dependerá la prosperidad del caso a favor de una de las partes, en tanto en el proceso judicial se logre convencer al juez administrativo de la legalidad o de la ilegalidad de los actos administrativos.

Ahora bien, en principio, las pruebas decretadas y practicadas en la vía gubernativa son las que permiten al juez examinar la legalidad de los actos administrativos, esto es, las pruebas que aducen las partes son las que, según el caso, desvirtúan o confirman la presunción de legalidad de los actos administrativos.

Sin embargo, eso no impide que en el proceso judicial, el contribuyente o la propia administración puedan pedir o aportar pruebas para respaldar sus argumentos, siempre que tales pruebas sea conducentes, pertinentes, útiles y lícitas, y guarden relación con las que ya se practicaron en la vía gubernativa, en procura de demostrar los hechos que demostraron o desvirtuaron las correspondientes glosas.

Eso es de la naturaleza del proceso judicial, pues a cada parte le corresponde demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y, además, le corresponde demostrar la certeza de sus argumentos.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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PRUEBA DE PASIVOS - Debe hacerse a través de documentos idóneos y que llenen las formalidades exigidas en la contabilidad.
    PRUEBA SUPLETORIA DE LOS PASIVOS - Procede el reconocimiento de los pasivos si se prueba que los rendimientos y las cantidades respectivas fueron declaradas por el contribuyente.
El artículo 770 E.T. dice que cuando el contribuyente esté obligado a llevar libros de contabilidad los pasivos deben probarse con documentos idóneos y "con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad".

Sin duda, la expresión documentos idóneos alude a que los comprobantes externos cumplan con las formalidades exigidas por la ley. De modo que la administración pueda identificar no sólo el tipo de pasivo, sino que pueda establecer que corresponde al periodo fiscal investigado.

El artículo 771 ib., por su parte, dice que la falta de prueba de los pasivos da lugar a que se rechacen, a menos de que se pruebe que la cantidad y los rendimientos fueron oportunamente declarados por el beneficiario. No obstante, el demandante ni en sede administrativa ni en sede judicial demostró los pasivos registrados.

Tampoco demostró que el beneficiario del pasivo hubiese declarado la cantidad y el rendimiento. Todo lo contrario, las irregularidades en la contabilidad y la falta de comprobantes del registro dieron lugar a que se desconocieran.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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MEDIOS PROBATORIOS EN MATERIA TRIBUTARIA- Lo son entre otros, la inspección tributaria, la contable y la facultad de registro.
    FACULTAD FISCALIZADORA - Finalidad. Funcionario competente.
Con el ejercicio de la facultad fiscalizadora la administración tributaria persigue probar, más allá de la certeza, la veracidad o la realidad de los hechos que justifican las declaraciones del contribuyente y el cumplimiento de los demás presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado.

El título VI del Estatuto Tributario regula el régimen probatorio en materia tributaria y, concretamente, los medios de prueba de los que puede hacer uso la administración para desvirtuar los hechos consignados en las declaraciones tributarias, siempre que frente a tales hechos no se haya solicitado una comprobación especial ni que la ley así lo exija (art. 746 del E.T.).

Cuando la autoridad tributaria ejerce la facultad fiscalizadora busca no sólo comprobar la certeza, la veracidad y la realidad de los hechos que contienen no sólo las declaraciones, sino examinar las respuestas del contribuyente a los requerimientos que efectúa la administración.

Esa función de fiscalización se hace con los medios de prueba que la legislación tributaria ha puesto a disposición de la administración, de modo que con tales medios de prueba logre el convencimiento sobre los aspectos que interesan en cada caso.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 688 del E.T., la competencia para desarrollar esa facultad fiscalizadora corresponde al jefe de la unidad de fiscalización, quien, para cumplir ese cometido, puede proferir los requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos, los emplazamientos para corregir y para declarar, y los demás actos previos a la aplicación de sanciones con respecto a las obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, anticipos y retenciones.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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INSPECCION TRIBUTARIA - No es una diligencia de tipo técnico contable sino un medio de prueba de verificación.
    ACTA DE INSPECCION TRIBUTARIA - Contenido. Forma parte de la actuación administrativa originada en la inspección tributaria.
El artículo 779 del E.T. califica la inspección tributaria como un medio de prueba, con el que la administración verifica directamente los hechos que interesan en el Proceso de fiscalización y determina su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron tales hechos.

En esa inspección, la administración puede decretar todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias a cada medio probatorio.

La diligencia de inspección tributaria se decretará con auto en el que se deben indicar los hechos materia de prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. Dicho auto, además, debe notificarse por correo o personalmente al interesado, pues la inspección tributaria sólo se inicia una vez el interesado se entere del objeto de la inspección.

De esa diligencia se levanta un acta que debe contener todos los hechos y pruebas en que se sustenta. Esto es, se debe levantar un acta en la que se consignen los hechos verificados por la autoridad tributaria en la inspección tributaria. Según el mismo artículo 779, cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación administrativa dicha acta formará parte de la misma.

La inspección tributaria, como ya se dijo, no es una diligencia de tipo técnico contable, sino un medio de prueba de verificación o de constatación de los hechos que interesan al proceso de fiscalización. Es evidente que el acta de terminación no requiere que se suscriba por un contador público y, por tanto, bastará que se firme por el funcionario que la practicó.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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INSPECCION TRIBUTARIA - Diferencias con la inspección contable.
    CONTADOR PUBLICO - Debe practicar y suscribir el acta de inspección contable.
El artículo 782 del E.T., a su turno, define la inspección contable como un medio de prueba que permite a la administración verificar la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravados y comprobar el cumplimiento de las obligaciones formales.

De esa diligencia también se levanta un acta que, a diferencia del acta de inspección tributaria, no sólo la suscriben los funcionarios visitadores, sino las partes intervinientes. Si los intervinientes se niegan a firmar el acta se dejará constancia y, en todo caso, eso no afecta el valor probatorio de la inspección.

Conforme con el artículo 782, se presume que los datos consignados en el acta fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, salvo que el contribuyente o responsable manifieste su inconformidad. La Sala acoge las consideraciones que hizo el a quo sobre la diferencia entre la inspección tributaria y la inspección contable.

Es cierto que las dos persiguen objetivos diferentes, pues, se repite, mientras que la primera es un medio de verificación de los hechos que interesan al proceso de fiscalización, la segunda es un medio probatorio esencialmente técnico para verificar la exactitud de los denuncios tributarios y el cumplimiento de las obligaciones formales a partir del análisis de la contabilidad del contribuyente específicamente. Y, en ese entendido, sólo el acta de terminación de la inspección contable debe suscribirse por un contador público.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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ACTA DE REGISTRO - Basta que en la diligencia esté uno de los funcionarios comisionados.
    FUNCIONARIOS COMISIONADOS - Basta que aparezca uno en el acta de registro.
El artículo 779-1 del E.T. consagra la facultad de registro como un medio de prueba que permite a la administración tributaria examinar las oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus archivos, siempre que, para el caso de las personas naturales, no coincida con su casa de habitación.

En esencia, es un medio probatorio para evitar que las pruebas sean alteradas, ocultadas o destruidas. Para evitar que eso ocurra, la administración puede adoptar cualquier tipo de medida e incluso puede pedir colaboración a la fuerza pública para que la diligencia de registro se cumpla en condiciones normales.

La competencia para ordenar la diligencia de registro es del Administrador de impuestos y aduanas o del Subdirector de fiscalización, sin que esa competencia pueda delegarse en otro funcionario. En todo caso, el artículo 1º del Decreto 3050 de 1997 establece que también son competentes para ordenar el registro los Administradores especiales, los Administradores locales de impuestos nacionales, los Administradores locales de aduanas nacionales, los Administradores locales de impuestos y aduanas nacionales.

Y, además, el Subdirector de Fiscalización, para el Control y Penalización Tributaria y el Subdirector de Fiscalización Aduanera, Represión y Penalización del Contrabando. Según lo exige el artículo 779-1, el acto administrativo que ordena el registro deberá motivarse y, además, notificarse a la persona que se encuentre en el momento de que se practique la diligencia. Contra dicho acto no cabe ningún recurso, por tratarse de un acto de trámite que antecede a la decisión que adopte la administración.

Es cierto que el acta de hechos 409 de 2002, relacionada con la diligencia de registro, aparece firmada por las funcionarias María Fernanda López, Lorena Hernández y Claudia Rubio, pero también lo es que de esas funcionarias nombradas sólo la señora Claudia Rubio aparecía como comisionada para tal diligencia.

No obstante, para la Sala ese hecho no vicia la diligencia de registro ni afecta la legalidad de los actos demandados, pues es suficiente que uno de los funcionarios comisionados participe de la diligencia y coordine a los demás funcionarios que intervienen sin estar comisionados.
  (2015-10-01) [Mas Información]
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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS IMPUESTO