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Ver normas por año: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Consejo de Estado

¿El acto que ordena el decomiso de la mercancía es de naturaleza tributaria?

“[E]s pertinente resaltar que ni el decomiso aduanero ni la definición de la situación jurídica de la mercancía son asuntos de naturaleza tributaria, en tanto que, no tienen una vocación general, tampoco surgen de la realización actual o potencial de obras públicas o actividades estatales de interés colectivo y, mucho menos, contribuyen a la recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado, para asegurar la prestación de una actividad pública. (…)

Cabe resaltar que el artículo 512 ibídem [Decreto 2685 de 1999], establece cuál es el acto mediante el cual se produce la definición de la situación jurídica de las mercancías aprehendidas en desarrollo de la actuación administrativa desplegada por la DIAN, que no es otro que el de decomiso aduanero de las mismas, el cual, por lo demás es considerado por el legislador como el acto que decide de fondo dicho procedimiento. De esta manera el Estatuto Aduanero, define en los artículos 512 y 515 el trámite previsto para definir de fondo sobre la situación jurídica de las mercancías (…)

Por lo anterior y como bien lo ha interpretado esta Sección en diversas providencias, el decomiso de mercancías es una medida tendiente a definir la situación jurídica de las mismas (…)

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  (2018-07-23) [Mas Información]
Consejo de Estado

¿Se debe agotar el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial para demandar el acto que ordena el decomiso de la mercancía?

[L]a Sala recuerda que el artículo 161 del CPACA, dispone lo atinente al requisito de procedibilidad de conciliación antes de impetrar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…)(…)

Por lo anterior, cuando se pretenda impetrar demandas en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto del decomiso de mercancías, resulta procedente agotar el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 161 del CPACA dado el contenido económico de la controversia, el cual se encuentra relacionado con el valor de la mercancía y los perjuicios que se reclamen a título de resarcimiento patrimonial”.

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  (2018-07-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado

En la imposición de sanciones en materia administrativa procede aplicar la normativa más favorable, aunque sea posterior a los hechos que generaron la infracción.

[L]a Sala recuerda que el artículo 161 del CPACA, dispone lo atinente al requisito de procedibilidad de conciliación antes de impetrar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…)(…)

Problema jurídico:

¿La demandante debía ser sancionada al tenor numeral 1 del artículo 4.1.1.1 de la Resolución 1200 de 1995, vigente al momento de ocurrencia de los hechos o, en virtud del principio de favorabilidad, aplicar el Decreto 1802 de 2007, que determinó un nuevo régimen sobre las denominadas operaciones pre acordadas y no tipificó la infracción por la que se le sancionó?

[L]a Sala reitera que el legislador sometió el requisito de sustentación del recurso de apelación «a un contenido de suficiencia que asoció exclusivamente a la concreción de las razones de inconformidad del apelante respecto de la providencia objeto del recurso»

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  (2018-07-23) [Mas Información]
Consejo de Estado

Las pérdidas fiscales del impuesto sobre la renta para la equidad CREE.

Síntesis del caso: Se anulan las expresiones “para hacer efectiva su compensación a partir del año gravable 2016” y “por pérdidas y”, contenidas en el artículo 2 de la Resolución 000029 de 29 de marzo de 2016, expedida por el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por ser contrarias a la sentencia C-291 de 2015, en la que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 22 de la Ley 1607 de 2012.

Problema jurídico:

¿Las expresiones “para hacer efectiva su compensación a partir del año gravable 2016” y “por pérdidas y”, que hacen parte del artículo 2 de la Resolución DIAN 000029 de 29 de marzo de 2016, al igual que apartes del artículo 6 de la Resolución DIAN 000004 de 8 de 2016 y del formulario 140 “Declaración del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)” vulneran el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, en los términos señalados en la sentencia C-291 de 2015 de la Corte Constitucional, al no permitir la compensación de pérdidas fiscales generadas en las declaraciones del CREE del año gravable 2015?

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  (2018-07-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado

Para los años 2013 y 2014, la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE no incluía la renta líquida por recuperación de deducciones.

Se anuló el parágrafo 1º del artículo 3 del Decreto 2701 de 2013, “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”, en cuanto violó el principio de reserva de ley al incluir la renta líquida por recuperación de deducciones en la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, respecto de los años 2013 y 2014.

Problema jurídico:

¿El parágrafo 1º del artículo 3º del Decreto Reglamentario 2701 de 2013 vulnera las normas en que debía fundarse, al disponer que dentro de la base gravable del CREE se debe incluir la renta líquida por recuperación de deducciones?

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  (2018-07-23) [Mas Información]
Consejo de Estado

Para efectos de la determinación de los elementos configuradores del impuesto sobre la renta y complementarios se aplica la normativa vigente al momento de la causación del tributo.

Se confirmó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2007 de un contribuyente, en el sentido de adicionar ingresos gravados por concepto del ajuste de las exportaciones de carbón del segundo semestre de ese año, al precio mínimo por tonelada fijado por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 18-1499 de 8 de septiembre de 2008.

Problema jurídico:

¿Para efectos de la determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta del año gravable 2007, la DIAN aplicó en forma retroactiva e indebida el Decreto reglamentario 1282 de 2008, que obliga a determinar el precio mínimo del carbón exportado, conforme lo establezca el Ministerio de Minas y Energía?

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  (2018-07-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado

Intervención del deudor solidario en los procesos de determinación de los tributos y de cobro administrativo coactivo de créditos fiscales.

Se anularon los actos administrativos mediante los cuales la Administración Local de Impuestos de Neiva negó las excepciones formuladas por Gabina Arias Prieto contra el mandamiento de pago librado en su contra, en su calidad de deudora solidaria, dentro del proceso seguido contra la precooperativa de que ella era asociada, tendiente al cobro coactivo de los impuestos de renta y las sanciones determinadas por los años gravables 1997 y 1998, respecto de esa sociedad.

En su lugar, se declaró probada la excepción de falta de título ejecutivo y terminado el proceso de cobro administrativo coactivo seguido contra la actora, en razón de que se concluyó que no se le notificó el título ejecutivo y que, por ende, el mismo no le era oponible ni exigible el pago de la obligación en él contenida.

Problema jurídico:

¿Cuál es la interpretación que se le debe dar al artículo 828-1 del Estatuto Tributario, en orden a garantizar la protección de los derechos al debido proceso y de defensa y contradicción de los deudores solidarios de créditos fiscales?

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  (2018-07-23) [Mas Información]
Consejo de Estado

Costo del inmueble que puede tomarse para determinar la utilidad.

Para la procedencia del avalúo formado como costo fiscal en la enajenación de inmuebles en el impuesto sobre la renta, el contribuyente puede utilizar el avalúo que figure en la declaración del impuesto predial y/o en la declaración de renta del año anterior al de la enajenación.

Síntesis del caso:

Se anuló el numeral 3 del artículo 7 del Decreto 326 de 1995, reglamentario de la Ley 174 de 1994, porque estableció una restricción para aceptar el avalúo formado como costo fiscal que es contraria a la ley reglamentada, al señalar que el valor que se utilice como costo fiscal debe ser el mismo denunciado en la declaración del impuesto sobre la renta, con lo cual excluía la opción del contribuyente de utilizar ese valor y/o el que figure en la declaración del impuesto predial unificado, como lo permite dicha ley.

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  (2018-07-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado

HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -
Es el promedio mensual de ingresos brutos del año anterior, menos devoluciones, venta de activos fijos y subsidios.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - La Ley 14 de 1983 señaló expresamente, el hecho generador, la base gravable y los sujetos pasivos.

En primer lugar debe recordarse que la Ley 14 de 1983, consagró en los artículos 32 y 33 el hecho generador, los sujetos pasivos y la base gravable del impuesto de industria y comercio, así:

    (…) De la norma antes citada se colige que el hecho generador del impuesto de industria y comercio es el ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios y los sujetos pasivos son las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que ejerzan tales actividades.
Así mismo, que la base gravable del impuesto de industria y comercio es el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, con exclusión de las devoluciones, ingresos por venta de activos fijos, por exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y percepción de subsidios.

Cabe precisar que las actividades de servicios fueron definidas por el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, que es del siguiente tenor:

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  (2018-05-23) [Mas Información]
Consejo de Estado

No procede el beneficio de auditoría respecto de las declaraciones de renta que la administración tuvo por no presentadas mediante auto declarativo que goza de la presunción de legalidad.

Síntesis del caso:

En la fecha límite para declarar renta por el año 2007 (24 de abril de 2008), un contribuyente obligado a presentar su denuncio en forma virtual, lo presentó litográficamente, declaración que se tuvo por no presentada mediante auto declarativo cuya legalidad no se demandó.

Antes de que dicha declaración se tuviera por no presentada, la administración accedió a la solicitud de devolución del saldo a favor en ella liquidado.

El 28 de abril y el 24 de noviembre de 2008, la contribuyente presentó declaraciones virtuales por el mismo tributo y año gravable en las que, en su orden, liquidó un saldo a favor mayor al registrado en la declaración litográfica, que luego redujo.

La DIAN, previo requerimiento especial, profirió liquidación oficial de revisión respecto de la última declaración virtual, para desconocer, entre otros, gastos operacionales de venta por un contrato que, según la actora, correspondía a un negocio de cuentas en participación, así como erogaciones por otros conceptos, por no cumplir los requisitos del artículo 107 del E.T., acto que fue demandado junto con el que lo confirmó en reconsideración.

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  (2018-05-17) [Mas Información]
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Consejo de Estado

Para imponer sanciones en materia tributaria, se deben valorar las circunstancias de hecho y de derecho que rodearon la omisión del contribuyente.

Síntesis del caso:

Se determinó la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la DIAN sancionó a un contribuyente por no presentar la declaración electrónica de retención en la fuente del cuarto periodo de 2003, pese a la existencia de fallas en el Sistema de Declaración y Pagos Electrónicos de la entidad que impidieron el cumplimiento de dicha obligación, y a que se efectuó el pago de las retenciones en la fecha legalmente prevista para el efecto.

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  (2018-05-17) [Mas Información]
Consejo de Estado

Se reitera que la base para liquidar los aportes parafiscales por concepto de vacaciones de trabajadores con salario integral es el 70% y no el 100%.

¿La base de los aportes parafiscales respecto de los trabajadores con salario integral corresponde al 100% o al 70% del valor de las vacaciones del trabajador?

“En el caso de los trabajadores que devengan salario integral, la base para calcular los aportes parafiscales es el 70% del correspondiente pago, porque así lo dispuso el artículo 18 de la Ley 50 de 1990 que modificó el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que fue interpretada con autoridad mediante el artículo 49 de la Ley 789 de 2002, sin que el legislador haya hecho distinción entre los tipos de pagos que recibe el trabajador contratado bajo la modalidad de salario integral.

De manera que, atendiendo el aforismo jurídico “donde la ley no distingue, no puede distinguirse”, se establece que el límite del 70% aplica para todos los pagos que recibe el trabajador que devenga un salario integral, que conforman la base para el cálculo de los aportes parafiscales en los términos del artículo 17 de la Ley 21 de 1982 [nómina mensual de salarios]’.

(…) De esta manera, acorde con la jurisprudencia de esta Corporación, no le asiste la razón a la entidad demandada de pretender liquidar a la demandante los aportes parafiscales sobre el 100% del valor de las vacaciones de trabajadores que pactaron salario integral. Lo anterior, por cuanto como bien lo ha precisado esta Sección, no existe disposición legal en virtud de la cual se deba aplicar una base de aportes diferente al 70% de las vacaciones, respecto de trabajadores con salario integral”.

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  (2018-05-17) [Mas Información]
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Consejo de Estado

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES TRIBUTARIAS EN RESOLUCIÓN INDEPENDIENTE - Contabilización.

Se precisa que, si bien en materia sancionatoria tributaria, el Estatuto Tributario se refiere a la prescripción de la facultad para imponer sanciones, técnicamente debe aludirse a la caducidad, por lo que, de ahora en adelante, la Sala utilizará esta expresión en sus decisiones.

Se analizó la legalidad de los actos administrativos por los cuales la DIAN le impuso al demandante sanción por no enviar la información en medio magnético correspondiente al año gravable 2007.

Entre otros argumentos para oponerse a la sanción, el demandante alegó que la facultad de la administración para imponerla había prescrito.

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  (2018-05-17) [Mas Información]
Consejo de Estado

PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL COMPLEJO DE ESCISIÓN PREVIA A FUSIÓN - Formalización

¿En un proceso de reorganización empresarial complejo de escisión previo a una fusión, para efectos fiscales, es viable que se tenga por perfeccionada primero la fusión que la escisión y es válida la declaración de renta presentada por la sociedad escidente por el año gravable anterior al perfeccionamiento de la escisión, cuando cronológicamente esta se verifica con posterioridad a la fusión?

Síntesis del caso:
Sinclair S.A. (escidente) se sometió al proceso de escisión parcial con la creación de la sociedad Sinclair Comercial S.A. (beneficiaria), trámite, que por voluntad de las firmas intervinientes en el proceso de reorganización empresarial, constituía el acto previo al proceso de fusión entre Tintas S.A. (absorbente) y SIinclair S.A. (absorbida), aunque, en el orden cronológico, la escisión se formalizó después de la fusión, con la inscripción en el registro mercantil.

La DIAN se inhibió de resolver la solicitud de devolución del saldo a favor formulada por Tintas S.A., liquidado en la declaración de renta del 2003, presentada a nombre de Sinclair S.A., con el argumento de que a partir de la escritura de fusión (26 de diciembre de 2003), Tintas S.A. adquirió los derechos y obligaciones de Sinclair S.A., de modo que esta no tenía la obligación de declarar renta por ese año, por lo que el denuncio que presentó carecía de efectos.

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  (2018-05-17) [Mas Información]
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Consejo de Estado

IVA EN SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE TARJETAS PREPAGO DE TELEFONÍA - Base gravable

La venta de tarjetas prepago de telefonía móvil por el operador al distribuidor o mayorista encargados de localizar, comercializar o vender las especies entre el público consumidor, causa el impuesto sobre el valor agregado por la prestación del servicio de intermediación en la comercialización.

Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del Oficio 091429 de 30 de diciembre de 2004, por el cual la DIAN absolvió una consulta relacionada con la causación del impuesto sobre las ventas – IVA en el servicio de intermediación en la comercialización de tarjetas prepago de telefonía móvil.

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  (2018-05-17) [Mas Información]
Consejo de Estado

OMISIÓN DE NOMBRE DE PERSONA NATURAL EN LA FACTURA DE VENTA - Validez de uso de nombre comercial.

¿Es procedente el rechazo del costo de venta determinado por la DIAN en la liquidación oficial del impuesto de renta del año gravable 2009, bajo el argumento de que la factura de compraventa que lo soportaba no cumplió los requisitos previstos en los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario?

Síntesis del caso:
La Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por un contribuyente, en el sentido de desconocer, como costo de ventas, el valor de una factura, porque consideró que no cumplía los requisitos del literal b) del artículo 617 del Estatuto Tributario, toda vez que no llevaba impreso los nombres y apellidos de la persona natural prestadora del servicio a quien corresponde el NIT registrado en la factura, sino el nombre del establecimiento de comercio inscrito en el RUT.

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  (2018-05-17) [Mas Información]
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Consejo de Estado

BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO – Descuento por devoluciones y destrucción de productos.

Se rectifica la jurisprudencia de la Sección en cuanto a la incidencia de la devolución y la destrucción de mercancías en el impuesto al consumo, en el sentido de señalar que tales situaciones se deben tener en cuenta como eventos posteriores a la causación que impiden el consumo, por lo que no deben hacer parte de la base gravable del tributo.

Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que el departamento de Boyacá liquidó un mayor impuesto al consumo a Bavaria S.A., por el periodo febrero de 2009, al considerar improcedentes los valores negativos registrados en la declaración del tributo que presentó por dicho periodo, por concepto de cambios de destino, bajas y devoluciones de productos.

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  (2018-05-17) [Mas Información]
Consejo de Estado

SALDOS CONTABLES DÉBITO O CRÉDITO QUE CONSTITUYEN PATRIMONIO PROPIO DE LAS SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS CONSTITUIDAS EN EL PAÍS.

¿Procedía incorporar al patrimonio poseído en el país por la sucursal de una sociedad extranjera el valor de las cuentas por cobrar a vinculadas del exterior?.

“Los contribuyentes sin residencia fiscal en Colombia y las sucursales de sociedad extranjera, en lo que al patrimonio corresponde, deben declarar únicamente los bienes poseídos en el país de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 265 del ET. (…)

[L]a Sala entiende que cuando el inciso segundo del artículo 287 ET se refiere a las sucursales de sociedades extranjeras establecidas en Colombia, alude a los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad en particular: la matriz. Y por sucursales y agencias de la matriz, debe entenderse los establecimientos de comercio abiertos por esta, con o sin facultades para representarla, según el caso.

Por lo tanto, los saldos débito o crédito que tenga una sucursal de sociedad extranjera constituida en Colombia con otras empresas que, a pesar de pertenecer al mismo grupo empresarial, o a pesar de tener vinculación económica, no sean ni DE la casa principal ni agencias o sucursales de la casa principal, no constituyen patrimonio declarable en Colombia, pues, se reitera, el inciso segundo del artículo 287 ET se refiere únicamente a los saldos débitos o créditos que tenga la sucursal establecida en Colombia con su casa principal o con las agencias y sucursales de esa casa principal”.

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  (2018-05-17) [Mas Información]
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Consejo de Estado

RECONOCIMIENTO DE COSTOS DE VENTA POR BAJAS DE INVENTARIOS - Requisitos.

¿Procedía la deducción del valor de la pérdida generada por la venta de inventarios dados de baja por obsolescencia?

La Sala precisa que si bien como parte de la discusión se planteó la aplicación de los artículos 62, 90 y 148 del ET, esas normas no son aplicables para efectos de la deducción del costo asociado a la destrucción de inventarios. (...)

En consecuencia, la Sala procede a analizar la glosa al amparo del artículo 107 del ET. La Sala ha reiterado que, independientemente del sistema de inventarios utilizado, cuando los activos movibles que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente deban ser destruidos, porque no pueden ser consumidos ni usados ni comercializados de ninguna forma, el costos de tales bienes constituye una expensa necesaria, en los términos del artículo 107 del ET, siempre que se demuestre el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad.

La Sala también ha señalado que por las mismas razones por las que se admiten las pérdidas de inventarios como costo, deben reconocerse cuando se estas solicitadas como deducción, siempre que se acrediten las exigencias del artículo 107 del ET, norma común para costos y deducciones en materia de renta. (…) A juicio de la Sala, está demostrado que las bajas en el inventario obedecieron a la obsolescencia de los bienes y servicios que la demandante comercializa, procedimiento que hace parte de una práctica comercial habitual dentro de la industria tecnológica que, en todo caso, no es objeto de discusión por parte de la Administración.

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  (2018-05-17) [Mas Información]
Consejo de Estado

BIENES PARA EFECTOS DEL IVA - Se clasifican en gravados, exentos y excluidos.

BIEN EXLUIDO DEL IVA - Para su clasificación se utiliza la nomenclatura NANDINA.

Tratándose del impuesto a las ventas, la ley indica en forma general como hecho generador del impuesto, la venta de bienes corporales muebles; la importación de bienes corporales muebles y la prestación de servicios, salvo que se hayan excluido expresamente.

Ahora, los bienes en el impuesto a las ventas se clasifican en bienes gravados, bienes exentos y bienes excluidos.

En consecuencia las operaciones que constituyen el hecho generador y que se realicen con ellos originan ingresos provenientes de operaciones gravadas, exentas o excluidas del impuesto a las ventas.

Para efectos de clasificar los bienes excluidos del IVA, se utiliza la nomenclatura arancelaria Nandina, comprendida en el Arancel de aduanas. Y para la época de los hechos se encontraban excluidos los "Barcos para pesca" correspondiente a la partida arancelaria 89.02.

  (2018-04-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado

BENEFICIO TRIBUTARIO - La carga de la prueba para demostrarlo la tiene el propio contribuyente.

PRESUNCION DE INGRESOS GRAVADOS CON IVA - Procede su aplicación cuando no hay certeza de los ingresos excluidos declarados.

Estima la Sala que en materia tributaria, al contribuyente que alegue a su favor un beneficio, le corresponde la carga de la prueba del cumplimiento de los requisitos para su procedencia, no solo porque es principio general que quien afirma tener un derecho debe probarlo, sino porque tratándose de un beneficio fiscal el derecho a acceder a él, se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos legales que lo fundamentan y originan , pues de no ser así, no se podría verificar si en realidad se está dando cumplimiento a los cometidos del legislador al establecer el incentivo.

En este sentido se pronunció la Sala en sentencia del 12 de julio de 2002, Magistrado Ponente, Dr. Palacio Hincapié. En primer lugar, conviene precisar que la negativa de la administración de decretar las pruebas solicitadas por la parte actora, no implican per se un desconocimiento del derecho al debido proceso y al derecho de defensa, como afirma la demandada pues no hay que desconocer la conducencia y eficacia de los medios probatorios.

  (2018-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado

BENEFICIO TRIBUTARIO - La carga de la prueba para demostrarlo la tiene el propio contribuyente.

PRESUNCION DE INGRESOS GRAVADOS CON IVA - Procede su aplicación cuando no hay certeza de los ingresos excluidos declarados.

Estima la Sala que en materia tributaria, al contribuyente que alegue a su favor un beneficio, le corresponde la carga de la prueba del cumplimiento de los requisitos para su procedencia, no solo porque es principio general que quien afirma tener un derecho debe probarlo, sino porque tratándose de un beneficio fiscal el derecho a acceder a él, se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos legales que lo fundamentan y originan , pues de no ser así, no se podría verificar si en realidad se está dando cumplimiento a los cometidos del legislador al establecer el incentivo.

En este sentido se pronunció la Sala en sentencia del 12 de julio de 2002, Magistrado Ponente, Dr. Palacio Hincapié. En primer lugar, conviene precisar que la negativa de la administración de decretar las pruebas solicitadas por la parte actora, no implican per se un desconocimiento del derecho al debido proceso y al derecho de defensa, como afirma la demandada pues no hay que desconocer la conducencia y eficacia de los medios probatorios.

  (2018-04-20) [Mas Información]
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Consejo de Estado

BIENES PARA EFECTOS DEL IVA - Se clasifican en gravados, exentos y excluidos.

BIEN EXLUIDO DEL IVA - Para su clasificación se utiliza la nomenclatura NANDINA.

Tratándose del impuesto a las ventas, la ley indica en forma general como hecho generador del impuesto, la venta de bienes corporales muebles; la importación de bienes corporales muebles y la prestación de servicios, salvo que se hayan excluido expresamente.

Ahora, los bienes en el impuesto a las ventas se clasifican en bienes gravados, bienes exentos y bienes excluidos.

En consecuencia las operaciones que constituyen el hecho generador y que se realicen con ellos originan ingresos provenientes de operaciones gravadas, exentas o excluidas del impuesto a las ventas.

Para efectos de clasificar los bienes excluidos del IVA, se utiliza la nomenclatura arancelaria Nandina, comprendida en el Arancel de aduanas. Y para la época de los hechos se encontraban excluidos los "Barcos para pesca" correspondiente a la partida arancelaria 89.02.

  (2018-04-20) [Mas Información]
Consejo de Estado

VENTA DE BIEN CORPORAL MUEBLE - No se presenta con la entrega de premios a los empleados como incentivo en las ventas por catalogo.

INCENTIVO EN LAS VENTAS POR CATALOGO DE BIENES MUEBLES - Por tratarse de un gasto de la empresa no genera IVA.

Es evidente que una de las formas de comercialización de los productos de la sociedad se realiza mediante la venta por catálogo, la cual, según el dictamen pericial, es realizada por personas denominadas "consultoras", las cuales dependiendo de las ventas que realicen pueden llegar a tener la calidad de directoras.

En dicha experticia se informó que las consultoras no tienen vínculo con la empresa, se encargan de vender los productos y de conducir a otras personas para que también realicen dicha actividad. Por el contrario, las directoras celebran el contrato de suministro de bienes y servicios, en desarrollo del cual coordinan a las señaladas consultoras y comercializan los bienes que fábrica la sociedad.

En general, la compañía utiliza a las consultoras y directoras para distribuir y vender sus productos mediante la venta por catálogo. Según lo verificado en el dictamen pericial, la estrategia de la compañía consiste en vincular el mayor número de consultoras para obtener un mayor volumen de ventas.

En ese sentido la entrega de los bienes corporales muebles adquiridos por la sociedad para obsequiárselos a sus promotoras de venta, corresponde a un gasto que le permite aumentar la venta de sus productos, y por ende, obtener mayores ingresos por las operaciones comerciales que desarrolla.

  (2018-04-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado

EDUCACION PUBLICA - Es una de las actividades no sujetas al impuesto de industria y comercio.

ACTIVIDAD NO SUJETA AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - El tratamiento exceptivo se aplica independientemente del sujeto que ejecute tales actividades.

De conformidad con la anterior disposición, el hecho generador del impuesto de industria y comercio y, por ende, de la obligación de declarar y pagar el gravamen, lo constituyen las actividades que ejecuta el sujeto pasivo en el Distrito Capital, y no la naturaleza jurídica de la entidad que realiza las actividades gravadas.

Por lo tanto, independientemente de que se trate de una persona natural o jurídica, de una sociedad de hecho o de una entidad sin ánimo de lucro, el hecho que determina la sujeción al gravamen es que se realice cualquier actividad que pueda ser calificada como industrial, comercial o de servicios.

De otra parte, el literal c) del artículo 39 del mismo Decreto 352, sobre las actividades no sujetas al tributo, dispone (…) Sobre el alcance del artículo 39 del Decreto 352, la Sala, en la sentencia del 19 de mayo de 2011, precisó:

"De la lectura de la norma, se evidencian varias situaciones perfectamente diferenciables, las que no admiten otra interpretación que aquella que de su texto se desprende, así: Excluye de la sujeción taxativamente en calidad de actividades, la educación pública, las actividades de beneficencia y las culturales y/o deportivas.

  (2018-04-19) [Mas Información]
Consejo de Estado

PATRIMONIO AUTONOMO CONSTITUIDO MEDIANTE FIDUCIA - No es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio.

FIDUCIA MERCANTIL - Definición / PATRIMONIO AUTONOMO - No forma parte del patrimonio de la fiduciaria / SOCIEDAD FIDUCIARIA Y FIDECOMISO - Diferencias.

Los artículos 154 del Decreto 1421 de 1993 y 32 de la Ley 14 de 1983, prevé cuáles hechos son susceptibles de generar el impuesto de industria y comercio y en igual sentido, preceptúa quienes son los sujetos pasivos del mismo, entre los cuales, no se encuentran los patrimonios autónomos constituidos mediante fiducia mercantil.

De manera que aun cuando en desarrollo del objeto para el cual fueron constituidos, configure la realización de algunas de las actividades industriales, comerciales o de servicios, no puede hablarse de materia imponible en atención a que el hecho no fue realizado por un sujeto pasivo del tributo.

La fiducia mercantil está contemplada en el ordenamiento comercial como un "negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario".

Por tanto, una vez el fiduciante transfiere los bienes al fiduciario, se forma con ellos un patrimonio autónomo, separado del resto de activos de la entidad y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios. Este patrimonio autónomo está afecto a la finalidad para la cual fue creado (artículo 1233 ib.) y no forma parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario, de manera que los bienes fideicomitidos sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida (artículo 1227 ib).

  (2018-04-18) [Mas Información]
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Consejo de Estado

VENTA DE BIENES POR COMERCIANTES - Genera IVA aunque no se encuentra dentro del giro ordinario del negocio.

HECHO GENERADOR DEL IVA - Es la venta de bienes corporales muebles a título gratuito u oneroso.

De esta manera, la litis se centra en determinar si la transferencia de premios realizada por la sociedad se subsume en el hecho generador del impuesto sobre las ventas señalado en el literal a) del artículo 420 del Estatuto Tributario, en concordancia con lo dispuesto en el literal a) del artículo 421 y en el artículo 437 ibídem. Es decir, si la entrega de los premios es un hecho que se considera venta, y si para que éste se configure se requiere que el comerciante los transfiera de forma habitual. (…)

La venta de bienes corporales como hecho generador del IVA, cubre todos aquellos casos en que se produzca un traspaso de propiedad a título gratuito u oneroso.

Esta consiste en trasladar a otra persona el derecho o dominio que se tenga sobre un bien, independientemente de la designación que las partes le hayan dado a los contratos o negociaciones que la originen y de las condiciones que hubieren pactado las mismas.

Así mismo, se genera el pago del impuesto a la venta para los comerciantes, aunque no se encuentre dentro del giro ordinario de sus negocios, siempre y cuando ésta hubiere generado derecho a descuento.

  (2018-04-18) [Mas Información]
Consejo de Estado

HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Son la venta de bienes, prestacion de servicios y la importacion de bienes.

BIENES Y SERVICIOS EXENTOS DEL IVA - Son los que causa el impuesto a la tarifa cero.

La Sala es del criterio de que en la actualidad, en virtud de la ley, en Colombia el impuesto sobre las ventas es un impuesto indirecto, cuestión aceptada por la comunidad jurídica tributaria.

El Estatuto Tributario parte del presupuesto de que la venta, la prestación de servicios y la importación de bienes son hechos generadores del impuesto sobre las ventas, sin consideración del sujeto que las realiza.

En efecto, el artículo 420 del ET define los hechos sobre los que recae el impuesto, así:

"El impuesto a las ventas se aplicará sobre:

    a) Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente;

    b) La prestación de los servicios en el territorio nacional;

    c) La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente […]".



  (2018-04-17) [Mas Información]
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Consejo de Estado

CAJAS DE COMPENSACION - Son responsables del IVA cuando en sus operaciones venden bienes o servicios gravados.

SERVICIOS DE RESTAURANTE, CLASES DEPORTIVAS Y ALQUILER DE ESPACIOS EN CAJAS DE COMPENSACION - Son servicios gravados con el IVA.

Para la Sala, le asiste razón a la DIAN, pues, en efecto, Comfamiliar desarrolla actividades gravadas el impuesto a las ventas. Comfamiliar, como administradora del Centro Recreacional Napoleón Perea Castro, presta los servicios gravados de clases deportivas, de restaurante y de alquiler de espacios para eventos sociales.

Como ya se dijo, las cajas de compensación familiar, como es el caso de Comfamiliar, son responsables del impuesto a las ventas cuando en el desarrollo de sus actividades venden bienes o servicios gravados con ese impuesto.

El hecho de que adelanten labores sociales no es óbice para desconocer la responsabilidad que tienen frente al impuesto a las ventas, máxime cuando no existe norma que las excluya de dicha responsabilidad.

Se advierte que la parte actora, para sustentar sus pretensiones, aportó un certificado de contador público, que señala que la cuenta de impuesto a las ventas por pagar no presenta movimientos, por cuanto Comfamiliar no desarrolla operaciones gravadas con ese impuesto.

  (2018-04-17) [Mas Información]
Consejo de Estado

SERVICIOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL - Estan excluidos de IVA.

PAGO DE PENSIONES A TRAVES DE BANCOS - Dado que este servicio está vinculado con la seguridad social se encuentra excluido de IVA.

Conforme al artículo 420 del Estatuto Tributario son hechos generadores del IVA las ventas e importaciones de bienes corporales muebles que no estén excluídas y la prestación de servicios en el territorio nacional.

A partir de la Ley 6 de 1992 la regla general es que están gravados con IVA todos los servicios, salvo los que el legislador expresamente excluya (artículo 476 del Estatuto Tributario). El artículo 476 [3] del Estatuto Tributario excluyó del IVA los servicios vinculados con la Seguridad Social conforme a la Ley 100.

En sentencia C-341 de 2007, la Corte Constitucional declaró exequible la expresión "de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993", de la norma en mención y precisó que las exclusiones del pago del IVA a las que se refieren los numerales 3 y 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario "son de carácter objetivo, es decir, toman en consideración la naturaleza del servicio prestado y no la persona o entidad que lo realiza.

  (2018-04-17) [Mas Información]
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Consejo de Estado

SUJETO PASIVO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Para su determinacion no es necesario dilucidar su naturaleza juridica y tampoco si persigue o no animo de lucro.

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS - No existe norma que contemple su no sujeción al impuesto de industria y comercio.

En relación con los sujetos pasivos del impuesto de Industria y Comercio, ha sostenido la Sala en reiteradas oportunidades, que no es necesario dilucidar la naturaleza jurídica de la entidad de derecho público y tampoco determinar si persigue o no ánimo de lucro en la prestación del servicio o actividad desarrollada, debido a que el hecho gravado, por mandato del artículo 32 de la Ley 14 de 1983, lo constituye el ejercicio o realización de las actividades industriales, comerciales o de servicios, y por cuanto la ley para el efecto, no hace ninguna distinción respecto de las personas jurídicas que las realizan.

De manera que, para determinar si una persona es sujeto pasivo del impuesto, debe examinarse el origen de sus ingresos, y solo si estos provienen habitual u ocasionalmente del ejercicio de alguna de aquellas actividades, podrá configurarse la realización de la materia imponible que causa la obligación tributaria en cabeza de quien la ejecuta, como sujeto pasivo, a menos que la Ley consagre un tratamiento preferencial respecto de determinados sujetos o entidades.

  (2018-04-17) [Mas Información]
Consejo de Estado

SERVICIO GRAVADO CON IVA - Lo es el arrendamiento o licencia de uso y explotacion de intangibles sin necesidad de reglamento.

HECHO GENERADOR DEL IVA - Supuestos conforme al artículo 420 del Estatuto Tributario.

Conforme al artículo 420 del Estatuto Tributario, constituyen hechos generadores del impuesto sobre las ventas, las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente, la prestación de los servicios en el territorio nacional y la importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente.

Desde esta perspectiva, los servicios de arrendamiento o licencias de uso y explotación de bienes incorporales o intangibles que tengan producción nacional, se encuentran gravados con el impuesto a las ventas.

Ahora, el artículo 33 de la Ley 383 de 1997, señala las reglas tendiente a establecer la territorialidad del impuesto sobre las ventas, al señalar en primer término que "Los servicios se considerarán prestados en la sede del prestador del servicio".

En este orden de ideas, es claro que el servicio de arrendamiento de licencia de uso o explotación de bienes incorporales o intangibles, por tratarse de un servicio, se encuentra gravado con el impuesto sobre las ventas.

  (2018-04-17) [Mas Información]
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Consejo de Estado

CORRECION DE DECLARACION CON OCASION DE REQUIRIMIENTO - Debe efectuarse dentro de los 3 meses siguientes a su notificacion.

SANCION POR INEXACTITUD REDUCIDA - Para lograrla debe corregirse la declaración, pagar y presentar memorial

Estima la sociedad contribuyente que se vulneraron los artículos 4 del Código de Procedimiento Civil, 29 de la Constitución Política, dándole prevalencia a lo formal sobre lo sustancial, al considerar la DIAN las declaraciones de corrección como no presentadas, e imponer una sanción plena.

Para la Sala, este cargo no tiene vocación de prosperidad, pues considera que la Administración no vulneró las normas invocadas por la sociedad accionante en el segundo grupo de normas violadas, toda vez que de conformidad con el artículo 709 del Estatuto Tributario, la corrección provocada por el requerimiento especial, debe efectuarse dentro del término de su respuesta, es decir, dentro de los 3 meses siguientes a su notificación.

Término que la DIAN encontró superado por la sociedad demandante al corregir las declaraciones y, dieron lugar a su rechazo. Ahora, no puede predicarse jurídicamente, que con la exigencia del requisito de oportunidad, la Administración esté dando prevalencia a lo formal sobre lo sustancial, toda vez que la contribuyente para hacerse acreedor a la sanción reducida debía cumplir con todos los requisitos para ello, como son la corrección de la declaración correspondiente al periodo en discusión en la cual se incluyan los valores aceptados y la sanción reducida; el pago del mayor impuesto determinado y la presentación del memorial solicitando la reducción de la sanción; sujetos al término de la respuesta al requerimiento especial.

  (2018-04-17) [Mas Información]
Consejo de Estado

HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - No se produce por el solo hecho de obtener una licencia de funcionamiento.

Las licencias de funcionamiento expedidas por la administración municipal a los establecimientos de comercio, son actos administrativos de carácter particular que consagran a favor de sus destinatarios la autorización para su explotación, mediante el ejercicio de las actividades propias de su objeto social y con sujeción a los condicionamientos derivados de la regulación legal y reglamentaria policiva respectiva.

Licencias que se encuentran sometidas a su renovación, dado que debe ejercerse un control permanente por parte de las autoridades policivas. Advierte la Sala, que la obligación de obtener licencia es esencialmente de carácter policivo y no tributario.

En cuanto a los denominados "registros de contribuyentes", las normas locales en materia del impuesto de industria y comercio, consagran obligaciones formales a cargo de los contribuyentes, como las de matricularse e informar oportunamente a las dependencias tributarias las actividades que se van a ejercer, y mantener informadas a las autoridades de los cambios que se produzcan, con el fin de obtener la cancelación temporal o definitiva de las matriculas o el cese de actividades, todo ello, con el propósito fundamental de mantener actualizados los respectivos registros.

Estos registros de contribuyentes, se considera que básicamente constituyen una herramienta en el ejercicio de las facultades de control, investigación y fiscalización por parte de las autoridades de impuestos.

  (2018-04-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado

TERMINO PARA RESOLVER RECURSO DE RECONSIDERACION - Es de un ano contado a partir de su interposicion en debida forma.

PETICION DE INTERES PARTICULAR - Ante la no respuesta oportuna no se configura el silencio positivo.

La Sala reitera que el artículo 732 del ET establece que el término para resolver el recurso de reconsideración es de un año, contado a partir de su interposición en debida forma, pero no basta que en ese plazo sea proferido el acto sino que es necesario que en ese mismo lapso se dé a conocer al interesado mediante la notificación, pues hasta que él no lo conozca no produce efectos jurídicos.

Al tenor de las normas aludidas, el reconocimiento del silencio administrativo positivo en materia tributaria está condicionado a que la administración no resuelva el recurso de reconsideración en el año siguiente a su interposición, de tal forma que, una vez ocurrido el presupuesto legal, y por mérito de la ley, el recurso se entiende fallado a favor del contribuyente; circunstancia que además debe ser reconocida, bien sea oficiosamente por la administración o a petición de parte.

De acuerdo con lo expuesto, es claro que en el caso de Comfamiliar no se configuró el silencio administrativo positivo, toda vez que esa figura no se predica frente a las peticiones formuladas a la administración, sino solo respecto de los recursos de reconsideración.

  (2018-04-13) [Mas Información]
Consejo de Estado

PRESUNCION DE VERACIDAD DE LA DECLARACION TRIBUTARIA - Puede ser desvirtuada a traves de la facultad de fiscalizacion de la administracion tributaria.

CARGA DE LA PRUEBA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA - La tiene para comprobar la certeza, veracidad y realidad de los hechos declarados.

En materia tributaria es preciso señalar que el artículo 746 E.T. prevé que:

    "se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija".

La Administración, en todo caso, puede desvirtuar los hechos declarados por el contribuyente, pues la facultad fiscalizadora persigue comprobar la certeza, la veracidad o la realidad de los hechos que justifican las declaraciones del contribuyente y el cumplimiento de los presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado.

La Sala ha dicho que la autoridad tributaria también tiene la carga de comprobar la certeza, la veracidad y la realidad de los hechos que el contribuyente declara en el denuncio rentístico y en las respuestas a los requerimientos que le formula.

En los actos administrativos o en las actas que formen parte de éstos (las actas de inspección tributaria y contable) se deben plasmar las razones en que se sustenta la decisión y, por supuesto, esas razones se fundamentan, en la mayoría de los casos, en la valoración de las pruebas que la administración recauda y en las que practica de oficio o a petición de parte.

  (2018-04-10) [Mas Información]
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Consejo de Estado

DETERMINACION OFICIAL DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS.

Le corresponde a la administración adelantar la investigación y propiciar el debate probatorio, antes de determinarle el tributo al contribuyente.

SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS - Al no haber sido demostrado por la administración tributaria no hay lugar al pago del tributo /

PRUEBAS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Deben ser aportadas en el expediente para permitirle al contribuyente ejercer su derecho a la defensa.

La Sala advierte que la Administración, durante el procedimiento adelantado en la vía gubernativa, no aportó los elementos demostrativos que le permitieran inferir que el contribuyente fijó avisos en los vehículos de la compañía y en establecimientos de comercio. (…)

Desde el requerimiento especial, la Administración afirmó que los vehículos de la actora tenían avisos publicitarios así como sus establecimientos de comercio, por lo que concluyó que era sujeto pasivo del impuesto, lo que le exigía el deber de demostrar tal hecho, como requisito previo a la determinación del impuesto de avisos y tableros a cargo del contribuyente.

  (2018-04-10) [Mas Información]
Consejo de Estado

AVISOS TABLEROS Y VALLAS - Quien no los coloca en el espacio publico no es sujeto del impuesto de avisos y tableros.

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS - Grava la colocación de avisos en las vías públicas o espacio público

SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Si no coloca avisos en el espacio público, no es contribuyente del impuesto de avisos y tableros.

Una lectura armónica de las anteriores disposiciones permite a la Sala considerar, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, que el impuesto de avisos y tableros, creado para gravar el uso del espacio público, no fue modificado en su esencia por la Ley 14 de 1983.

En efecto, cuando el artículo 37 de la citada ley, transcrito anteriormente, se refiere al impuesto autorizado por las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, no es otro que el previsto para gravar la colocación de avisos en las vías públicas o espacio público.

La modificación, estuvo dirigida a la forma de su recaudo y a la base gravable: El 15% sobre el impuesto de industria y comercio, y a la materia imponible "todas las actividades comerciales, industriales y de servicios".

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el hecho económico no varió, se puede concluir que es responsable del impuesto complementario de avisos y tableros, quien sea responsable del impuesto industria, comercio y avisos; liquide un valor por este impuesto y use el espacio público para difundir el nombre comercial o la acreditación de su actividad, su establecimiento o sus productos, a través de avisos y tableros.

  (2018-04-10) [Mas Información]
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Consejo de Estado

HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES - Es la ganancia ocasional y no el acto o hecho ocasional que la produce.

Según el artículo 5 del Estatuto Tributario, el impuesto de ganancias ocasionales es complementario del impuesto de renta.

Se genera por la obtención de ingresos derivados de la venta de activos fijos poseídos durante dos años o más;

Las utilidades provenientes de la liquidación de sociedades cuyo término de existencia sea superior a dos años;

Las herencias, legados, donaciones y la porción conyugal; y las loterías, rifas, apuestas o similares [artículos 299 y ss, ibídem].

El hecho generador del impuesto de ganancias ocasionales, es la renta ocasional, no el acto u hecho ocasional que la produce.

  (2018-04-09) [Mas Información]
Consejo de Estado

HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO - Es la posesion de la riqueza igual o superior a tres mil millones de pesos.

PATRIMONIO BRUTO - Está conformado por el total de bienes y derechos apreciables en dinero poseídos el último día del año gravable, incluyendo los poseídos en el exterior.

El antecedente más remoto del impuesto al patrimonio se halla en la Ley 78 de 1935, que lo estableció como un impuesto complementario al impuesto sobre la renta, con el propósito de gravar el patrimonio, es decir, los derechos apreciables en dinero de una persona.

El impuesto así concebido fue objeto de algunas modificaciones por la Ley 45 de 1992, la Ley 135 de 1944, el Decreto 250 de 1973, el Decreto 2317 de 1953, la Ley 81 de 1960, el Decreto 2053 de 1974, la Ley 9 de 1983, la Ley 84 de 1988 y el Decreto 1321 de 1989.

Pero, en términos generales, siempre se mantuvo el propósito de gravar la riqueza. La Ley 6 de 1992 derogó el impuesto al patrimonio. Y, finalmente, dicho impuesto fue reincorporado por la Ley 863 de 2003, norma que viene a ser el antecedente más reciente del impuesto al patrimonio que hoy conocemos.

En efecto, la Ley 863 de 2003 creó el impuesto al patrimonio por los años 2004, 2005 y 2006. Inicialmente, el impuesto fue establecido como una medida temporal para atender una coyuntura fiscal específica.

  (2018-04-09) [Mas Información]
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Consejo de Estado

IMPUESTO DEL DEGUELLO DE GANADO MAYOR - Consiste en el pago de una tarifa determinada por cada res sacrificada para el consumo.

SUJETO ACTIVO DEL IMPUESTO AL DEGÜELLO - Es el departamento o municipio según se trate de ganado mayor o menor / SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO AL DEGÜELLO - Es la persona dedicada al sacrificio del ganado.

La Corte Constitucional en sentencia C- 080 de 1996, dispuso que el artículo 1º de la Ley 8 de 1909, perdió vigencia porque fue subrogado por el Decreto Ley 1222 de 1986, a pesar de que en los artículos antes mencionados no se incorporó el contenido del mismo. (…)

Actualmente, la Ley 617 de 2000, Modificó el Decreto Ley 1222 de 1986, pero mantuvo el contenido de la anterior norma, así: "[…]VI. Impuesto de degüello de ganado mayor ARTÍCULO 161.-Los departamentos pueden fijar libremente la cuota del impuesto sobre degüello de ganado mayor.

ARTÍCULO 162.-Las rentas sobre degüello no podrán darse en arrendamiento."

Conforme con lo señalado por la Corte Constitucional el impuesto de degüello consiste en el pago de una tarifa determinada por cada res sacrificada para el consumo, que paga quien se dedique al sacrificio de ganado, al departamento o municipio, según se trate de ganado mayor o menor, se fija de manera directa en cada caso el sujeto activo, que es el departamento o municipio según se trate de ganado mayor o menor; el sujeto pasivo que es la persona dedicada al sacrificio del ganado; y el hecho gravado que es el sacrificio de la res; en cuanto a las tarifas, éstas deben ser establecidas, por los departamentos, según lo dispone el artículo 161 del Decreto 1222 de 1986.

  (2018-04-09) [Mas Información]
Consejo de Estado

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS - Fue creado para gravar el uso del espacio publico mediante la colocacion de avisos en las vias publicas.

HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS - Es la colocación de avisos, tableros o vallas en la vía pública / SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS - Es la persona que desarrolla actividades industriales, comerciales o de servicios y utiliza el espacio público para difundir el nombre comercial.

Como lo ha señalado la Sala, una lectura armónica de las anteriores disposiciones permite considerar que el impuesto de avisos y tableros, creado para gravar el uso del espacio público según lo previsto en la Ley 97 de 1913 no fue modificado en su esencia por la Ley 14 de 1983.

Cuando el artículo 37 de la Ley 14 de 1983 se refiere al impuesto autorizado por las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, no es otro que el previsto para gravar la colocación de avisos en las vías públicas o espacio público. Así, la modificación, estuvo dirigida a la forma de su recaudo y a la base gravable.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala ha precisado que

    i) el Impuesto de avisos y tableros tiene un hecho generador propio consistente en la colocación de avisos, tableros o vallas en la vía pública y

    ii) que es complementario del impuesto de industria y comercio, lo que significa que su recaudo y liquidación se hace con dicho tributo, pues el sujeto pasivo es el responsable del impuesto de industria y comercio.

Significa lo expuesto que el sujeto pasivo del tributo es la persona natural o jurídica en general que desarrolla una actividad comercial, industrial o de servicios, que usa el espacio público para difundir la buena fama o nombre comercial de que disfruta su actividad, su establecimiento o sus productos a través de los tableros, avisos o vallas.

  (2018-04-09) [Mas Información]
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DEDUCCION DE DEUDAS MANIFIESTAMENTE PERDIDAS O SIN VALOR - Requisitos.

CARTERA PERDIDA O SIN VALOR - Forma de acreditar las razones para considerarla como tal. SANA PRACTICA COMERCIAL - Es un medio para probar que la deuda está perdida o sin valor / RECUPERACION DE CARTERA - Es renta líquida en el año que se produzca.

Cuando el articulo 146 del Estatuto Tributario se refiere a deudas manifiestamente perdidas o sin valor, el artículo 79 del Decreto Reglamentario 187 de 1975 hace alusión a aquellas cuyo cobro no es posible hacer efectivo por insolvencia de los deudores o fiadores, por falta de garantías reales o por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas, de acuerdo con una sana práctica comercial.

De otra parte, para que proceda la deducción de deudas manifiestamente perdidas o sin valor, se deben reunir los siguientes requisitos, señalados en el artículo 80 del Decreto Reglamentario 187 de 1975:

    - Que la obligación se haya contraído con justa causa y a título oneroso.

    - Que se haya tomado en cuenta al computar la renta declarada en años anteriores o que se trate de créditos que hayan producido renta en esos años.

    - Que se descargue en el período gravable mediante abono que se haga a la cuenta incobrable y cargo directo a pérdidas y ganancias.

    - Que la obligación exista en el momento en que se efectuó el descargo.

    - Que existan razones para considerar la deuda como perdida o sin valor.

Es decir que, para poder solicitar la deducción de la cartera perdida o sin valor, por ser imposible su recuperación, debe demostrarse no sólo la existencia de la cartera y los requisitos generales, sino, además, la realización de diligencias orientadas a su recuperación y la existencia de razones para considerarla como perdida.

  (2018-03-22) [Mas Información]
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PERDIDA EN VENTA DE BIENES - Son deducibles del impuesto de renta.

ENAJENACION DE ACTIVO - Es requisito sine qua non para que proceda la deducción por pérdida en venta de bienes / DESCUENTO COMERCIAL - No equivale a una enajenación. No procede como deducción por pérdida en venta de bienes.

Por expresa disposición de los artículos 149 y 352 del Estatuto Tributario, las pérdidas en ventas de bienes son deducibles del impuesto de renta.

De acuerdo con la doctrina de esta Sección, "existe una pérdida en la enajenación de activos cuando se vende un bien que hace parte del activo del contribuyente por un valor inferior a su costo fiscal incluidos los ajustes integrales por inflación que se calcularon hasta el año gravable 2006".

De tal forma que para que opere la pérdida, inicialmente se exige como requisito sine qua non la enajenación de un activo, es decir, la transferencia de dominio de una cosa o derecho sobre ella a otra persona, bien sea a título oneroso o gratuito.

La actora afirmó que los valores que registró como "otras deducciones", correspondían a "operaciones de canje" con otras compañías. Además, admitió que no era una enajenación, sino un descuento comercial. Para la Sala tales operaciones no representan enajenación de activos, porque tal como lo admitió la parte actora, no implicaron transferencia de dominio, sino el otorgamiento de un descuento comercial.

En consecuencia, no le son aplicables los artículos 149 y 352 del E.T. y, por lo mismo, no podía invocarse una pérdida, y mucho menos registrarla como deducción en la declaración de renta del año gravable 2000.

  (2018-03-22) [Mas Información]
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IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - Definicion.

IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN EL DISTRITO CAPITAL - Se hace exigible una vez se verifica la instalación de la valla, indistintamente de si cuenta con registro o no / REGISTRO - Es una exigencia formal que sirve para identificar a los responsables del impuesto de publicidad exterior, pero no como requisito de causación del mismo, de modo que su ausencia no deja de hacerlo exigible

En el caso del impuesto de Publicidad Exterior Visual, la Ley 140 de 1994, definió al mismo como aquel que grava la colocación de medios masivos de comunicación destinados a informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas.

Al circunscribir la realización del hecho generador a la instalación de este tipo de avisos publicitarios, sin condicionar su configuración a un requisito posterior, fijó su causación de manera inmediata.

Del Acuerdo Municipal 11 de 2003 puede colegirse que el Distrito de Bogotá, estableció dos momentos para la causación del impuesto. El primero, una vez se notifique el acto administrativo que concede el permiso para la exhibición de la valla y en su defecto, el segundo, a partir de la instalación de la misma.

La obligación tributaria, entonces, surge con la notificación del permiso o, con la colocación de vallas con las características técnicas allí señaladas. Luego, una vez se verifica la instalación del aviso, resulta exigible el pago del impuesto, indistintamente de si se cuenta o no con registro para ello.

  (2018-03-22) [Mas Información]
Consejo de Estado

CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL -
Constituye prueba a favor del contribuyente mas aun cuando esta respaldado por soportes internos y externos.

PROPIEDAD ACCIONARIA - Se puede acreditar mediante certificación del revisor fiscal / REVISOR FISCAL - Valor probatorio de sus certificaciones

Esta certificación suscrita por revisor fiscal, que por lo demás no ha sido controvertida por el fisco, constituye prueba a favor del contribuyente de conformidad con los artículos 772 y 777 del Estatuto Tributario. Se trata de una prueba contable válida en la medida que da cuenta que los libros de contabilidad están registrados en Cámara de Comercio, que el registro de las acciones está respaldado por soportes internos y externos, los cuales menciona.

Estas circunstancias podían ser verificadas o comprobadas por la Administración en caso que pretendiera desvirtuar la prueba. Para la Sala, el registro contable de las acciones acreditaba la posesión de las mismas y su valor a 31 de diciembre de 1996, sin perjuicio que la Administración hiciera las comprobaciones pertinentes.

Como no lo hizo, ni controvirtió tal prueba, debió aceptarla. En la apelación el fisco alega que debió acreditarse la "propiedad" de las acciones, calidad que la actora demostró con la certificación suscrita por el apoderado y la contadora de la sociedad panameña LATIN DEVELOPMENT CORPORATION, aportada con la demanda, en la que se demuestra que la sociedad MALTERÍAS UNIDAS S.A. era titular a 31 de diciembre de 1996 de 250.000 acciones, prueba que tampoco ha sido controvertida por la entidad demandada.

  (2018-03-21) [Mas Información]
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Consejo de Estado

REQUERIMIENTO ESPECIAL - Eventos en los que se entienden atendido en debida forma.

RECURSO DE RECONSIDERACION - Cuando se rechaza por extemporáneo es como si no se hubiera presentado.

El artículo 720 del Estatuto Tributario dispone que contra las liquidaciones oficiales, entre otros actos expedidos por la Administración Tributaria, procede el recurso de reconsideración. En concordancia con dicha norma, la decisión del mencionado recurso implica el agotamiento de la vía gubernativa, que es uno de los presupuestos procesales para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

El parágrafo del artículo 720 del Estatuto Tributario contempla la posibilidad de que los contribuyentes pueden prescindir del recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión y demandarla directamente dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la misma, siempre que se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial.

La Sección ha precisado que el requerimiento especial se entiende atendido en debida forma cuando se reúnen los siguientes presupuestos:

    - Que se responda dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de su notificación;

    - Que se haga por escrito de acuerdo con las prescripciones del artículo 559 del E.T.;

    - Que lo suscriba el contribuyente o quien tenga la capacidad legal para hacerlo y,

    - Que contenga las objeciones al requerimiento.
De tal forma que, si el contribuyente atiende debidamente el requerimiento especial y la administración tributaria persiste en la expedición de la liquidación oficial de revisión, puede prescindir del recurso de reconsideración en procura de definir con mayor celeridad el conflicto, y podrá discutir el acto definitivo directamente ante la jurisdicción contenciosa, mediante la interposición de la demanda contra este acto dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

  (2018-03-21) [Mas Información]
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REQUERIMIENTO ESPECIAL - Se considera motivado cuando su explicacion permite ejercer el derecho de defensa.

LIQUIDACION DE REVISION - El no practicarla dentro del término legal no tiene una consecuencia a favor del contribuyente

En este punto, la Sala comparte la apreciación del Ministerio Público, en cuanto la norma no tiene una consecuencia jurídica concreta, cuando la Administración sobrepasa el término de diez (10) días siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, para proferir la liquidación de revisión, razón por la cual si bien es cierto que los términos procesales son de orden público y de estricto cumplimiento, para el asunto no acarrea una consecuencia jurídica que favorezca al contribuyente, sino eventualmente una negligencia administrativa objeto de control disciplinario.

Ahora bien, no puede perderse de vista, que el articulo 76 ib, consagra la firmeza de la liquidación privada, "si dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial.", que no se configura en el presente caso, pues para el momento en que se expidieron tanto el requerimiento especial (11/julio/96), como la liquidación de revisión (13/nov/97), no habían transcurrido los tres años contemplados en la disposición legal, para las declaraciones de ICA del año gravable de 1995, presentadas en el año de 1996.

  (2018-03-14) [Mas Información]
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HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS - Como complementario del ICA se aplica a toda modalidad de aviso o valla.

USO DEL ESPACIO PUBLICO - Es gravado con el impuesto de avisos y tableros. SUJETO PASIVO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Lo es también de avisos y tableros si coloca avisos o vallas en el espacio público

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el hecho económico no varió, se puede concluir que es responsable del impuesto complementario de avisos y tableros, quien sea responsable del impuesto industria, comercio y avisos; liquide un valor por este impuesto y use el espacio público para difundir el nombre comercial o la acreditación de su actividad, su establecimiento o sus productos, a través de avisos y tableros.

De acuerdo con lo anterior se concluye:

    a) El Impuesto de avisos y tableros tiene un hecho generador propio "colocación de avisos, tableros o vallas en la vía pública", independiente de su tamaño.

    b) Es complementario del impuesto de industria y comercio, lo que significa que su recaudo y liquidación se hace con tal tributo, pues el sujeto pasivo es el responsable del impuesto de industria y comercio.

Entonces si quien realiza actividades de industria, comercio o de servicios, además coloca avisos en las vías o espacio público, es responsable del impuesto complementario de avisos y tableros. Y por el contrario, si quien realiza cualquier de esas actividades no utiliza el espacio público para colocar avisos, tableros y vallas, no es sujeto pasivo del impuesto complementario, pues el tener tal naturaleza no implica que se genere de manera automática el impuesto por ser responsable del de industria y comercio.

  (2018-03-14) [Mas Información]
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HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -
Exige que la relación de las actividades comerciales, industriales y de servicios le generen ingresos al sujeto obligado.

En el caso del impuesto de industria y comercio, el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 estableció que el tributo recaerá sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos

No obstante, de la simple ejecución de las actividades referidas no nace la obligación tributaria, porque el hecho generador del tributo exige que la realización de las mismas genere ingresos al sujeto obligado (personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho), de los que se presume la capacidad contributiva que se pretende gravar. (…)

Teniendo en cuenta que la obligación tributaria en el impuesto de industria y comercio es ex-lege, los presupuestos para su nacimiento son imperativos y requieren la correspondencia y coincidencia de los siguientes elementos:

    El hecho generador que consiste en la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios en las jurisdicciones municipales;

    El sujeto pasivo que son las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho, que realizan el hecho gravado y detentan la capacidad contributiva que la ley pretende gravar;

    El sujeto activo que corresponde al municipio donde se realiza el hecho generador, que además de ser el titular del crédito tributario, tiene la potestad para establecer el impuesto en su jurisdicción; la base gravable constituida por el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior y,

    La tarifa determinada, dentro del margen prescrito por la ley, por los concejos municipales.



  (2018-03-09) [Mas Información]
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IMPUESTO DE TRANSPORTE DE PIELES - Hecho generador.

El elemento material es el hecho de transportar pieles de reses sacrificadas.

Como ya lo ha dicho la Sala en otras oportunidades, el hecho generador de los tributos comprende tres aspectos:

    i) el aspecto material;
    ii) el aspecto espacial y,
    iii) el elemento temporal.

La presencia de estos tres aspectos determina si se está frente al supuesto jurídico que da origen a la obligación tributaria.

El aspecto material consiste en la descripción abstracta del hecho que el contribuyente realiza o la situación en que se halla. Por su parte, el aspecto espacial es aquel que indica el lugar en el que el contribuyente u obligado realiza el hecho o se encuadra en la situación, descritos por el aspecto material, o el sitio en el que la ley tiene por realizado el hecho o producida tal situación.

Y, por último, el aspecto temporal indica el momento en que se configura o el momento en que el legislador tiene por configurada la descripción del comportamiento objetivo contenido en el aspecto material del hecho generador.

  (2018-03-09) [Mas Información]
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COSTO PRESUNTO / COSTO DE ACTIVOS ENAJENADOS.

Faculta la ley a la Administración para apartarse del costo informado en la declaración tributaria, cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

  • - Cuando existan indicios de que el costo informado en la declaración no es real.

  • - Cuando no se conozca el costo de los activos enajenados; o

  • - Cuando no sea posible establecerlos mediante pruebas directas. (Como tales cita, en forma no taxativa, las declaraciones de renta del propio contribuyente o de terceros, su contabilidad o los comprobantes internos y externos, es decir, los documentos que dan cuenta de la adquisición de los activos que se enajenan).
En tales eventos también faculta la ley al funcionario que adelante el proceso de fiscalización para fijar como costo, en primer lugar, el que esté acorde con los incurridos durante el respectivo ejercicio por otras personas que hayan desarrollado una actividad similar, atendiendo a diversos datos estadísticos.

Pero si la Administración no tiene los estudios económicos y estadísticos que le permiten cuantificar los costos de las empresas del sector, ni las efectuadas por las entidades anteriormente mencionadas, se estimará el costo en el 75 del valor de la respectiva enajenación, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

  (2018-03-07) [Mas Información]
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LIBROS DE CONTABILIDAD - No Presentacion / INDICIO EN CONTRA DEL CONTRIBUYENTE / COSTOS - Rechazo.

Si bien es cierta la afirmación en el sentido de que el artículo 781 del Estatuto Tributario, prevé el desconocimiento de los costos, deducciones y pasivos, cuando el contribuyente, estando obligado no presente sus libros, comprobantes y demás documentos cuando la Administración lo exija, tal hecho hay que ubicarlo en el campo del debate probatorio y no como norma de carácter sustancial.

El citado artículo sólo le atribuye valor de indicio en contra del contribuyente cuando dispone que "la no presentación de los libros de contabilidad será indicio en contra del contribuyente... ", pero esta norma que es de carácter general para todas las controversias tributarias, no significa que la desestimación de los costos sea inexorable, puesto que deja a salvo la posibilidad de establecerlos por otros medios cuando dispone que "salvo que el contribuyente los acredite plenamente", lo que confirma que la norma es de índole probatoria y por ello está ubicado en el Capítulo 11 del Título Régimen Probatorio.

Y aunque el modo usual de acreditar plenamente un costo es mediante los distintos medios de prueba reconocidos se estima que es también procedente la aplicación de los costos estimados o presuntos de que trata el artículo 82 del Estatuto Tributario, si se reúnen las hipótesis previstas en la misma disposición.

  (2018-03-07) [Mas Información]
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HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Exige que la relacion de las actividades comerciales, industriales y de servicios le generen ingresos al sujeto obligado.

BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Es el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior.

En el caso del impuesto de industria y comercio, el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 estableció que el tributo recaerá sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.

No obstante, de la simple ejecución de las actividades referidas no nace la obligación tributaria, porque el hecho generador del tributo exige que la realización de las mismas genere ingresos al sujeto obligado (personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho), de los que se presume la capacidad contributiva que se pretende gravar. (…)

Teniendo en cuenta que la obligación tributaria en el impuesto de industria y comercio es ex-lege, los presupuestos para su nacimiento son imperativos y requieren la correspondencia y coincidencia de los siguientes elementos:

    - El hecho generador que consiste en la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios en las jurisdicciones municipales;

    - El sujeto pasivo que son las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho, que realizan el hecho gravado y detentan la capacidad contributiva que la ley pretende gravar;

    - El sujeto activo que corresponde al municipio donde se realiza el hecho generador, que además de ser el titular del crédito tributario, tiene la potestad para establecer el impuesto en su jurisdicción;

    - La base gravable constituida por el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior y,

    - La tarifa determinada, dentro del margen prescrito por la ley, por los concejos municipales.



  (2018-03-05) [Mas Información]
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La base gravable del impuesto sobre las ventas en la prestacion del servicio de construccion es el valor total de la operacion, esto es, la remuneracion que perciba el constructor, llamense honorarios o utilidad, segun el caso.
    Problema jurídico: ¿En la prestación del servicio de construcción, el impuesto sobre las ventas se liquida sobre la totalidad del ingreso facturado o solo sobre la utilidad?
“La base gravable para liquidar el IVA en los contratos de construcción de bienes inmuebles, que corresponde a la prestación de un servicio, son los honorarios del constructor y, en su defecto, la utilidad que este obtenga, que se encuentra estipulada en tales contratos.

La base gravable para liquidar el IVA en los contratos de construcción, prevista en el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992, no modifica la regla general descrita en el artículo 447 del Estatuto Tributario, sino que la aclara sin exceder los límites previstos en la mencionada disposición. Así lo precisó esta Sección al analizar la legalidad de la citada norma. (…)

Por tanto, la base gravable para liquidar el IVA en la prestación del servicio de construcción es el valor total de la operación, esto es, la remuneración que perciba el constructor, llámense honorarios o utilidad, según el caso”.



  (2018-02-05) [Mas Información]
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No existe autorizacion legal para imponer un tributo por la utilizacion de pesos y medidas.
    Problema jurídico: ¿Existe autorización legal para que los municipios impongan en su jurisdicción el impuesto de pesas y medidas?
“La Sección ha manifestado, en múltiples oportunidades, que los municipios y departamentos se encuentran sometidos al principio de legalidad, esto es, a la intervención de los órganos de representación popular para el señalamiento de los tributos y la predeterminación de los elementos esenciales de los mismos.

De igual forma, también ha sido reiterativa la Sala en que en el ordenamiento jurídico no existe ley alguna que haya tipificado el impuesto de pesas y medidas (…).

Lo anterior, por cuanto las disposiciones legales que tratan el tema, esto es la Ley 33 de 1905 en sus artículos 5 y 6 así como el Decreto 956 de 1913 (artículos 63 y 64), solo hacen referencia a las facultades de control de los entes territoriales a las personas que implementen instrumentos de peso y medición en sus actividades económicas, sin que ello implique autorización para gravar tal circunstancia”.



  (2018-02-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado

Las entidades territoriales no estan facultadas para establecer en su jurisdiccion terminos distintos a los previstos en el Estatuto Tributario Nacional para la presentacion y decision de las solicitudes de devolucion de pagos de lo no debido, en exceso y de saldos a favor.
    Problema jurídico: ¿Al regular los términos para la presentación y decisión de las solicitudes de devolución de pagos de lo no debido y en exceso y de saldos a favor el Gobernador del Departamento del Atlántico estaba facultado para apartarse de lo dispuesto para el efecto en el Estatuto Tributario Nacional y establecer plazos diferentes?
La Sala advierte que en este caso, el Gobernador del Departamento del Atlántico se apartó de la normativa reseñada y con fundamento en la Ordenanza Nº 000011 de 2003, que le otorgó facultades de modificación del estatuto tributario departamental, estableció en los artículos 495, 496, 498 y 499 del Decreto Ordenanzal Nº 823 de 2003, términos de presentación y resolución de las solicitudes de devolución de pagos de lo no debido, en exceso y saldos a favor, diferentes a los señalados en el Estatuto Tributario Nacional.

(…) Como la ley ordenó la aplicación del procedimiento tributario nacional en el ámbito territorial, debe entenderse que, en el proceso de adecuación de las normas, el Departamento del Atlántico debía atender estrictamente las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico nacional en materia de devoluciones de pagos en exceso, de lo no debido y saldos a favor, para armonizar su aplicación a los procedimientos departamentales, sin introducir modificaciones al marco legal preexistente.

En suma, el Gobernador del Atlántico no podía establecer un procedimiento distinto al que la ley consagró para el caso de devoluciones de pago de lo no debido, en exceso o saldos a favor, ya que las facultades que la Constitución, la ley y la ordenanza le otorgaron no le permiten establecer, en manifiesta contradicción de lo que la ley dispone, un término distinto al allí previsto.



  (2018-02-05) [Mas Información]
Consejo de Estado

La designacion de los agentes de retencion puede ser delegada en el organo ejecutivo, toda vez que la retencion en la fuente es un mecanismo de recaudo, no sustancial del tributo.
    Problema jurídico: ¿La facultad de los municipios para designar agentes de retención del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros puede ser delegada en la administración?
Es importante advertir que la fijación de agentes de retención de impuestos locales no es un aspecto sustancial del tributo, pues, la retención en la fuente es una herramienta de procedimiento que “se acompasa con la facultad de administración y recaudo de los tributos según el artículo 287[3] ídem, que implica, entre otros, su incorporación al presupuesto municipal de la correspondiente renta, la reglamentación del procedimiento de recaudo, fiscalización, control y ejecución coactiva del impuesto, así como de todos aquellos aspectos relativos a la determinación individual del tributo”.

(…) Así, dentro de la reglamentación del procedimiento de recaudo a través del mecanismo de retención en la fuente, se halla la fijación de los sujetos obligados a practicar retenciones en la fuente y a declararlas y pagarlas a la Administración Tributaria (…)

[L]a Sala reitera que la retención en la fuente es un mecanismo de recaudo. Se usa como una mera herramienta de procedimiento, razón por la que bien puede delegarse la designación de los agentes de retención en el órgano ejecutivo”.



  (2018-02-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado

Se anula el Concepto DIAN 015766 de 2005, por interpretacion erronea del articulo 116 del E.T.
    Problema jurídico: ¿La interpretación teleológica del artículo 116 del Estatuto Tributario permite arribar a la tesis jurídica sostenida por la DIAN en el Concepto 015766 de 2005, en cuanto a la procedencia de la deducción por regalías sin distinción de la clase de contribuyente? ¿Puede la DIAN, a través de un concepto, definir de manera general la procedibilidad de la deducción por regalías?
De acuerdo con los antecedentes legislativos reseñados, como lo argumentaron los demandantes, lo que hizo el artículo 38 de la Ley 75 de 1986 fue suprimir la alusión a las “participaciones”, pagadas por los organismos descentralizados, y la expresión “personas” del artículo 6 del Decreto 1979 de 1974, pues tales términos generaban diferentes interpretaciones que dificultaban la correcta aplicación del dispositivo legal.

Asimismo, el propósito de la reforma fue corregir un error de redacción que conducía a aplicar la deducción de los pagos de impuestos, regalías y contribuciones, al impuesto liquidado y no a la renta bruta.

En razón de ello, el mencionado artículo 38 dispuso que la deducción afectara directamente la renta bruta de los organismos descentralizados, para así conjurar el trato desigual e inequitativo que propició el artículo 6 del Decreto 1979 de 1974 en cuanto al tratamiento de las deducciones liquidadas por dichos organismos para hacerlo acorde con la normativa que regula el sistema ordinario de depuración (art. 26 del ET).

En esas condiciones, del ejercicio hermenéutico resultante de aplicar el método de interpretación teleológico utilizado por la DIAN para establecer el verdadero sentido y alcance del artículo 116 del ET, la Sala encuentra que no permite llegar a la conclusión que se expone en el acto acusado.



  (2018-02-05) [Mas Información]
Consejo de Estado

La divulgacion de un acto administrativo de caracter general mediante aviso fijado en la cartelera de la personeria municipal no afecta su validez.
    Problema jurídico: ¿La divulgación de un acto administrativo de carácter general mediante aviso fijado en la cartelera de la personería municipal genera su nulidad?
“La Sala considera que no hay lugar a anular el Acuerdo 009 de 2006, por las razones que pasan a exponerse: (…) Como se puede apreciar, las normas citadas [art. 1 Ley 57 de 1985, art. 43 Decreto 01 de 1984 y art. 379 Decreto Ley 1333 de 1986] dan cuenta de que la publicación de los actos administrativos de carácter general es un presupuesto de eficacia, que no de validez.

(…) La Sala también ha precisado que la obligatoria publicación de los actos administrativos de carácter general sirve “para efectos de su vigencia y oponibilidad” (Ley 489/1998 Art. 119 par.). Es decir, que su eficacia o fuerza vinculante respecto de terceros depende de que se publiquen en ese medio oficial de difusión, lo que de llegarse a omitir no afecta la validez de esos actos administrativos de carácter general, pues se trata de una circunstancia posterior a la formación del acto, que simplemente lo hace inoponible respecto de terceros (…)

Por lo dicho, para la Sala, no genera la nulidad del acuerdo demandado, el hecho que el municipio de Candelaria lo haya divulgado mediante aviso fijado en la cartelera de la personería municipal del municipio”.



  (2018-02-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado

CITACION PARA NOTIFICAR DECISION DEL RECURSO - Los diez dias se cuentan desde la fecha de introduccion al correo.
    NOTIFICACION POR EDICTO - Se surte cuando el contribuyente no comparece dentro de la fecha de introducción al correo de la citación.
Señaló el alto tribunal que la expresión "de la fecha de introducción al correo", incluida en el inciso segundo del artículo 566, transcrito anteriormente, dispone que a partir de la introducción al correo del aviso de citación, se cuentan diez días para que el contribuyente comparezca a notificarse personalmente del acto administrativo, pero no, que desde ese momento se entiende surtida la notificación.

Concluyó así lo siguiente: "De lo expuesto no encuentra la Corte que se viole el principio general de publicidad de los actos administrativos que profiera la administración tributaria, sino por el contrario el aviso de citación a que se refiere el precepto acusado, tiene por finalidad enterar al destinatario que el recurso interpuesto ya fue resuelto a fin de que comparezca para ser notificado personalmente, con lo cual se garantiza el derecho al debido proceso, y sólo en defecto de su no comparecencia se procede a la notificación por edicto, poniendo de presente los principio de justicia y equidad consagrados en el artículo 95-9 de la Carta Política."

De acuerdo con lo expuesto y según lo señalado expresamente en el inciso segundo del artículo 565 del Estatuto Tributario, la notificación por edicto se surte, cuando el interesado no compareciere dentro de los diez días siguientes a la fecha de introducción al correo del aviso de citación, independientemente del momento en que éste sea recibido efectivamente.

  (2018-02-02) [Mas Información]
Consejo de Estado

LIBROS DE CONTABILIDAD - La demostracion plena de hechos de fuerza mayor o caso fortuito es la unica causal que justifica que no se presenten.
    PERDIDA O HURTO DE LIBROS DE CONTABILIDAD - No constituyen circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que eximan del deber de presentarlos porque se trata de hechos previsible que se pueden superar.
El artículo 781 del Estatuto Tributario establece que la única causal justificativa para la no presentación de los libros de contabilidad por parte del contribuyente, cuando la Administración los exija, es "la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito".

Al respecto, cobra especial relevancia la definición de fuerza mayor y caso fortuito traída por el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, incorporado al artículo 64 del Código Civil, que dispone: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc." (…).

Se advierte, en primer lugar, que quien alega la ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito como circunstancia eximente de responsabilidad, debe demostrar que en el hecho que la originó se presentan simultáneamente tres elementos a saber:
    la imprevisibilidad,
    la irresistibilidad y
    la inimputabilidad;
Esto es, que se trate de un hecho intempestivo, que a pesar de las medidas adoptadas no fue posible evitar y que, además, no es atribuible a quien lo invoca.

  (2018-02-02) [Mas Información]
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SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION.
    Procede en tres eventos: cuando no se suministra dentro del plazo, se entrega con errores o se suministra información distinta a la que se pide.
El artículo 651 del Estatuto Tributario tipifica la sanción por no informar como un mecanismo represor para los contribuyentes obligados a suministrar información tributaria y para aquellos a los que la Administración les ha solicitado informaciones o pruebas, en cualquiera de tres eventos autónomos, a saber:
    - Cuando no suministren la información y/o pruebas dentro del plazo en que deben hacerlo.

    - Cuando entreguen la información con errores.

    - Cuando suministran información distinta de la que se les pide.


  (2018-01-31) [Mas Información]
Consejo de Estado

RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - La base de la sancion por no presentar la declaracion se debe referir a los ingresos de quienes realizan actividades gravadas.
    PAGOS DEL AGENTE RETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Los efectuados mediante cheques que constituyen costo o gasto constituyen la base de la sanción por no declarar.
Para la Sala, los artículos demandados no son nulos, por las siguientes razones: El artículo 643 numeral 3 del Estatuto Tributario Nacional consagra la sanción por no declarar retenciones en la fuente (…) El numeral 3º del artículo 457 del Acuerdo 009 de 2003 y del artículo 26 del Acuerdo 022 de 2005 fijaron como monto de la sanción por no declarar retenciones en la fuente "el diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos" de quien no cumple el deber de declarar las retenciones practicadas. (…)

Teniendo en cuenta la indiscutible relación que existe entre el impuesto de industria y comercio y la retención a título de dicho impuesto, es dable concluir que la sanción para el agente retenedor por no declarar retenciones debe guardar coherencia también con el tributo que se le obliga a retener.

En ese orden de ideas, la Sala reitera que la sanción para el agente retenedor por no declarar en el municipio de Tauramena las retenciones que practica a título de impuesto de industria y comercio, consistente en el 10% de los cheques girados o costos y gastos debe entenderse que corresponde al período objeto de la declaración que se omite presentar. (…)

En consecuencia, la base de cuantificación de la sanción por no declarar retenciones, no puede ser otra que los pagos o abonos en cuenta realizados por el agente retenedor en el municipio de Tauramena, pues, se insiste, se trata de la retención del impuesto de industria y comercio en el periodo que el agente retenedor omitió declarar, monto que el municipio puede determinar a partir de los "cheques girados" o de los "costos y gastos" que haya efectuado, se repite, en esa jurisdicción y período.

  (2018-01-31) [Mas Información]
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PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO NACIONAL - Casos en que puede ser aplicado por los departamentos y municipios.
    FACULTAD IMPOSITIVA PROCEDIMENTAL DE LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS - En virtud de la Ley 788 de 2002 pueden disminuir el monto de las sanciones y simplificar el término de los procedimientos.
En pro de la unificación de los procedimientos y del régimen sancionatorio, el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 dispuso que los municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional. (…) Como se puede apreciar, la norma consagra un mandato imperativo a cargo de los departamentos y municipios, en cuanto utiliza la locución "aplicarán."

Según dicho mandato, los departamentos y municipios deben aplicar los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para los siguientes efectos:
    - Para la administración de impuestos territoriales

    - Para la determinación de los impuestos territoriales

    - Para la discusión de los impuestos territoriales

    - Para el cobro de los impuestos territoriales

    - Para la devolución de los impuestos territoriales

    - Para imponer sanciones referidas a los impuestos territoriales.
Como se ve, la norma es reiterativa, puesto que la Administración de impuestos del orden nacional, que regula el Estatuto Tributario y a que alude y remite el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

  (2018-01-31) [Mas Información]
Consejo de Estado

PLIEGO DE CARGOS POR INFORMACION TRIBUTARIA - La DIAN tiene 2 anos para formularlo.
    SANCION MEDIANTE RESOLUCION INDEPENDIENTE - Requiere formulación de pliego de cargos.
Así las cosas, se comparte el concepto de la Delegada del Ministerio Público, pues verificada en el caso la ocurrencia de la conducta sancionable, se ajusta a derecho imponer la sanción discutida.

Además, y aunque, como se advirtió, no es objeto de este proceso verificar si operó el beneficio de auditoría invocado y por ende la firmeza de la declaración de renta y complementarios del año gravable 2000, es pertinente anotar que obran en expediente documentos y afirmaciones de las partes que permiten inferir que el denuncio privado fue objeto de revisión y modificación por parte del ente fiscal, desvirtuándose así el argumento expuesto por el actor.

En el caso en estudio se impuso la sanción en resolución independiente, por ello como lo destacó la apelante, la Administración Tributaria tenía dos años para formular el pliego de cargos, contados a partir de la fecha de presentación de la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable [art. 638 E.T.], por lo que dicho acto se profirió dentro de la oportunidad legal, por cuanto la declaración fue presentada el 30 de marzo del 2001 y el pliego de cargos el 22 de julio del 2002.

En cuanto a la alegada doble sanción, no existen en el plenario elementos de prueba que demuestren que se aplicó tanto por ventas como por renta.

  (2018-01-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado

COOPERATIVAS - En el impuesto sobre la renta pertenecen al regimen tributario especial.
    BENEFICIO NETO O EXCEDENTE EN LAS COOPERATIVAS - Se calcula de acuerdo con la normativa cooperativa.
Ahora bien, para establecer si la prohibición de la deducibilidad del GMF de la renta bruta de los contribuyentes se aplica a las cooperativas, deben analizarse las normas que regulan a este tipo de entes, las que se encuentran en el régimen especial del impuesto de renta, toda vez que, conforme con el artículo 19 del Estatuto Tributario, tales entidades se someten al impuesto sobre la renta y complementarios conforme al régimen tributario especial contemplado en los artículos 356 y siguientes del mismo estatuto.

Según el artículo 356 citado, los sujetos del régimen tributario especial están sometidos al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del veinte por ciento (20%).

Este beneficio se determina, conforme con el artículo 357 del E.T., así: Se toma la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, y se resta el valor de los egresos de cualquier naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social, de conformidad con lo dispuesto en estas normas, incluyendo en los egresos las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo.

El beneficio neto o excedente, así determinado, es exento si se destina directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto social.

  (2018-01-30) [Mas Información]
Consejo de Estado

GASTO POR GMF EN LAS COOPERATIVAS - Es egreso procedente si se ocasiona en desarrollo del objeto social.
    GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - Es egreso procedente en las cooperativas si se realiza conforme con la normativa cooperativa. El artículo 872 del Estatuto Tributario, que prohíbe la deducción del GMF, no se aplica a las cooperativas, por cuanto tienen régimen especial en la determinación del beneficio neto, que prima sobre el Estatuto Tributario
Por su parte, el Decreto 1514 de 1998, reglamentario del Estatuto Tributario, señaló, en el artículo 4º (egresos procedentes para las entidades cooperativas), que para los propósitos del literal b) del artículo 4º del Decreto 124 de 1997, serán egresos procedentes para las entidades cooperativas a las que se refiere el numeral cuarto del artículo 19 del Estatuto Tributario, todos aquellos que se realicen de conformidad con lo previsto en la legislación cooperativa vigente.

En consecuencia, tratándose concretamente de los egresos de las cooperativas, procederán aquellos que constituyan costo o gasto y tengan relación de causalidad con los ingresos, y los que no tengan relación de causalidad con los ingresos, o que no sean necesarios y proporcionados de acuerdo con las demás actividades comerciales de la cooperativa, serán procedentes los que sean realizados de conformidad con lo previsto en la legislación cooperativa.

Ahora bien, el artículo 872 del Estatuto Tributario no permite deducir de la renta bruta de los contribuyentes el GMF. Sin embargo, la Sala considera que tal norma no se aplica a las cooperativas, porque, como se vio, éstas tienen una forma, especial y diferente a la de los demás contribuyentes del régimen especial, de establecer el beneficio neto, que es la base gravable del impuesto, con una procedencia de egresos, igualmente, especial para las cooperativas.

  (2018-01-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE EN LAS COOPERATIVAS - Renta exenta de gastos o egresos de ejercicios anteriores.
    Improcedencia. Sólo son procedentes los que se realicen en el respectivo año gravable, que constituyan costo o gasto y que sean necesarios, proporcionados y tengan relación de causalidad con los ingresos de la cooperativa.
En efecto, la Sala le haya la razón a la DIAN en cuanto a la improcedencia de los egresos de ejercicios anteriores por $39.014.508,78, pues, como se dijo anteriormente, sólo son procedentes todos aquellos egresos que se realicen en el respectivo año gravable (para el caso 2003), que constituyan costo o gasto, y que sean necesarios, proporcionados y tengan relación de causalidad con los ingresos de la cooperativa.

En el caso, la demandante no aportó prueba alguna para acreditar las anteriores condiciones, y, por el contrario, la DIAN logró probar que la Cooperativa registró en la cuenta 5405054, gastos de años anteriores, que registró como no deducibles en la declaración de renta del año 2003.

En esas condiciones, por corresponder a gastos de ejercicios de años anteriores, no podían tomarse como egresos procedentes para calcular el beneficio neto o excedente por la vigencia discutida.

  (2018-01-30) [Mas Información]
Consejo de Estado

CORRECCION DE LAS DECLARACIONES - Oportunidad.
    SANCION POR LIBROS DE CONTABILIDAD - Procedencia.
De acuerdo con el contenido de los artículos transcritos, debe el contribuyente, si observa que no incluyó en la declaración tributaria una suma retenida, corregirla, por uno de los dos procedimientos antes anotados, para incluir la retención que considera no fue solicitada; no es en la etapa de determinación y discusión o en la jurisdicción, que se solicita la inclusión de valores dejados de declarar; lo anterior, por la presunción de veracidad de que gozan las declaraciones tributarias.

De acuerdo con el artículo 654 del Estatuto Tributario, dentro de los hechos irregulares que dan lugar a la aplicación de la sanción por libros de contabilidad, el literal e) determina como sancionable, el hecho de no llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones.

  (2018-01-29) [Mas Información]
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Consejo de Estado

FACULTAD DE FISCALIZACION DE LA DIAN - En virtud de ella puede requerir al contribuyente para que remita informacion.
    DEBER FORMAL TRIBUTARIO - Lo es atender los requerimientos de información y pruebas
Del artículo 651 del Estatuto Tributario, se advierte que hay lugar a imponer la sanción por no enviar información, cuando las personas obligadas a suministrar información tributaria o a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas no la suministren dentro del plazo establecido para ello, de tal forma, que el hecho objeto de sanción es la omisión en el cumplimiento de esta obligación.

Al respecto es preciso señalar que la Administración tributaria cuenta con amplias facultades de fiscalización e investigación, previstas en el artículo 684 del Estatuto Tributario, en virtud de las cuales puede requerir al contribuyente para que remita información necesaria que le permita cumplir adecuadamente su función.

Por otra parte, el artículo 686 ib., consagra el deber formal a cargo de los contribuyentes y de los que no lo son, de atender los requerimientos de información y pruebas que de forma particular les haga la Dirección de Impuestos Nacionales.

En este orden de ideas, la omisión en el cumplimiento de la obligación formal de informar en el término que concede el ente fiscal, acarrea la sanción prevista en el artículo 651 del mismo Estatuto.

  (2018-01-29) [Mas Información]
Consejo de Estado

PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES - No procede la deduccion por viaticos pues esta no es una relacion laboral.
    GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION - No son deducibles porque no tienen relación con la actividad productora de renta
La empresa de servicios temporales tiene el carácter de empleadora, respecto de sus trabajadores de planta y en misión. Concretamente, para los trabajadores en misión, la Ley 50 de 1990 consagra el derecho al salario, vacaciones, prima de servicios proporcional al tiempo laborado, salud ocupacional acorde con los artículos 76, 78 y 79; adicionalmente remite a las disposiciones del artículo 75 de la Ley 50 de 1990. Es decir, a este tipo de trabajadores se les aplica el Código Sustantivo de Trabajo.

Concluye la Sala que los viáticos permanentes constituyen salario en la parte dedicada a suministrar al trabajador manutención y alojamiento, mas no en lo que sólo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. En cuanto a los viáticos accidentales, señala que en ningún caso constituirán salario.

Viáticos, según el Diccionario de la Real Academia, es la prevención, en especie o dinero, de lo necesario para el sustento del que hace un viaje; en consecuencia, el concepto cubre los gastos en que incurre el trabajador por el cumplimiento de sus funciones o de las actividades relacionadas con su trabajo, fuera de su sede habitual.

  (2018-01-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado

COMPENSACION DE VACACIONES - Para que los pagos por este concepto procedan el empleador debe estar a paz y salvo por parafiscales.
    DESCANSOS REMUNERADOS - Procede la deducción siempre que el empleador este a paz y salvo por pago de aportes parafiscales. Forma parte de la base para liquidar aportes parafiscales.
Para resolver, la Sala precisa que, según el inciso 2° del artículo 11 del Estatuto Tributario, los gastos de financiación ordinaria, extraordinarios o moratorios distintos de los intereses corrientes o moratorios pagados por impuestos, tasas o contribuciones fiscales o parafiscales, serán deducibles de la renta si tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, y distintos de la contribución establecida en los Decretos Legislativos de la Emergencia Económica de 1998.

De las normas transcritas se establece que para la deducibilidad de los gastos financieros, incluidos los intereses, debe cumplirse con el requisito de causalidad con la actividad productora de renta.

La Administración Tributaria determinó que los gastos de financiación no cumplían con el requisito de causalidad por corresponder a pagos por sobregiros bancarios sin justificación y a intereses por préstamos de Cofincafe a familiares y amigos del gerente y subgerente de la empresa.

Si bien la disposición en comento se refiere al pago de los aportes parafiscales, como requisito para la aceptación de la deducción por salarios, en el inciso segundo la adiciona para explicar que la deducción por descansos remunerados procede siempre y cuando el empleador esté a paz y salvo con el pago de los aportes parafiscales.

  (2018-01-25) [Mas Información]
Consejo de Estado

GASTOS MEDICOS POR EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y RETIRO DE LOS TRABAJADORES - Es deducible por ser obligatorias para el empleador.
    DEDUCCION POR DEUDAS DE DUDOSO O DIFICIL COBRO - Requisitos para que proceda. Improcedencia por ausencia probatoria.
En materia de salud ocupacional y para efecto de establecer el estado de salud de los trabajadores al iniciar una labor, desempeñar un cargo o función determinada, es necesario en el desarrollo de la gestión para identificación y control del riesgo, practicar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro, los cuales son a cargo y por cuenta del empleador, conforme al artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo, el literal b) del artículo 30 del Decreto 614 de 1984 y el numeral 1 del artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989.

De lo anterior se colige que los empleadores deben asumir los costos de los exámenes médicos de ingreso y retiro de sus trabajadores, con el fin de garantizar la seguridad y salud de los mismos y adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio.

De acuerdo con lo expuesto tales pagos tienen carácter obligatorio para todos los empleadores y, por lo tanto, es procedente su deducibilidad.

  (2018-01-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado

MOVIMIENTO CONTABLE QUE CONFIGURE PAGO DE OBLIGACIONES - Constituye hecho generador del gravamen a los movimientos financieros.
    SOBREGIRO BANCARIO - Es un desembolso que se materializa en una transferencia de la caja del banco al beneficiario.
Algunos de los apartes transcritos fueron introducidos por la Ley 788 de 2002, norma que amplió el hecho generador del Gravamen a los Movimientos Financieros, señalando que lo configura "toda disposición de recursos" provenientes de cuentas "…corrientes, de ahorro, o de depósito que implique entre otros: retiro en efectivo mediante cheque, talonario, tarjetas débito, cajero electrónico, puntos de pago…", sin condicionar dicha disposición de recursos a que estos fuesen previamente depositados.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-114 de 2006, consideró que la modificación introducida por la Ley 788 de 2002 al artículo 871 E.T. replanteó el hecho generador del Gravamen a los Movimientos Financieros, porque incluyó operaciones no previstas en la Ley 663 de 2000 y amplió los sujetos pasivos y los agentes retenedores. (…)

De esta forma la Corte Constitucional concluyó que el Gravamen a los Movimientos Financieros está vinculado a la disposición de recursos provenientes de cuentas corrientes, de ahorro, o de depósito y, en general, a los movimientos contables en los que se configure el pago de obligaciones o el traslado de bienes, recursos o derechos a cualquier título.

  (2018-01-24) [Mas Información]
Consejo de Estado

PLIEGO DE CARGOS POR NO PRESENTAR INFORMACION - Es la oportunidad para solicitar la reduccion, objetar o modificar la sancion por no enviar informacion.
    SANCION POR NO PRESENTAR INFORMACIÓN - Es procedente pero no a la tarifa máxima.
La actora ha discutido que al no haberse ampliado el Pliego de Cargos no se le dio la oportunidad de acogerse al beneficio de la reducción de la sanción, posición defensiva que no comparte la Sala, puesto que no está previsto en la ley, dado que como lo ha expresado en otras oportunidades esta Sección, es perfectamente válido optar por la alternativa de la reducción con la satisfacción de sus requisitos y simultáneamente, objetar su imposición, o perseguir su modificación en cuanto a las bases de tasación, conceptos, topes, gradualidad, fundamentos normativos, inobservancia del procedimiento, etc.

En lo atinente al monto base, es claro que el contenido de la información debe corresponder a la específica que se solicite, en cuanto a los conceptos que deben ser suministrados, la identificación, las cuantías, etc., en la forma señalada en las normas superiores que dan fundamento al deber de informar, para el sub lite, la Resolución 138 de 1996, en concordancia con los literales a) y e) del artículo 631 del E.T., incluye en el registro de movimiento tipo 2 "el valor de los ajustes integrales por inflación", ésto es, son integrantes de los ítem que deben ser informados.

De otra parte, a juicio de la Sala la sociedad efectivamente incurrió en el hecho sancionable al no suministrar oportunamente la información a que se hallaba obligada, pero la Administración incurrió en equivocación al aplicar el máximo porcentaje previsto, que es "hasta del 5%", de las sumas sobre las cuales no se suministró la información, o se suministró en forma extemporánea (art. 651), sin existir motivos justificantes.

  (2018-01-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado

ACTO QUE DELEGA COMPETENCIA - Al gozar de presuncion de legalidad y no ser desvirtuada es valido.
    DELEGACION DE FUNCIONES TRIBUTARIAS - Al no ser desvirtuado su legalidad resulta válida.
Afirma que en el sub lite se dispuso la resolución del asunto a funcionaria que carece de las facultades propias de quien ha sido nombrado, designado o delegado para desempeñarlas. Se vulneró el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, porque tal disposición no se puede utilizar para suplir los vacíos normativos en los trámites que se surten ante la DIAN, toda vez que la misma no pertenece a la mencionada jurisdicción contenciosa administrativa.

Para la Sala este cargo no tiene vocación de prosperidad toda vez que mediante Resolución 873 de 8 de agosto de 2000, la Administradora de Impuestos Nacionales de Armenia, declaró probada la Causal de impedimento manifestada por el Jefe de la División de Liquidación de la Administración de Impuestos Nacionales de Armenia, funcionario JHON EDIMER RAMIREZ RODRIGUEZ, separándolo del conocimiento de los treinta procesos y otorgando la atribución a MARIA ELENA MUÑOZ ARBELAEZ, Profesional en Ingresos Públicos II Nivel 31 Grado 22, para conocer y decidir los expedientes, entre otros, el correspondiente al demandante.

Acto administrativo que goza de presunción de legalidad, pues no fue controvertido en vía gubernativa ni judicial. En consecuencia, como el actor no desvirtúo la legalidad de la Resolución que asignó la competencia a la funcionaria que expidió la liquidación sancionatoria, y tampoco fue demandada en el presente proceso, no es esta la oportunidad para cuestionar la delegación de funciones a MARÍA ELENA MUÑOZ ARBELAEZ, quien expidió la resolución sanción, como tampoco para estudiar la legalidad la Resolución 873 de 8 de agosto de 2000.

  (2018-01-24) [Mas Información]
Consejo de Estado

SISTEMA DE CAUSACION - Obligacion de declarar el ingreso en el ano gravable en que se realiza.
    EXPENSAS NECESARIAS - Requisitos / RELACION DE CAUSALIDAD - Nexo entre el gasto y la renta obtenida / NECESIDAD - Concepto / PROPORCIONALIDAD - El gasto debe ser racionable.
Para determinar el momento de causación del ingreso se deben tener en cuenta las reglas del sistema de "causación" como quiera que éste es el sistema contable al que están obligadas las sociedades comerciales, y que corresponde al sistema contable que lleva la sociedad actora.

De lo anterior se deduce que quien lleva contabilidad por el sistema de causación debe declarar el ingreso en el año gravable en que se realiza, es decir, en el momento en que nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya recibido efectivamente.

Las expensas necesarias corresponden a los gastos que se generan de manera forzosa en la actividad productora de renta, de manera que sin tales gastos no se puede obtener la renta. Son indispensables aunque no sean permanentes sino esporádicos.

Como lo exige la norma, lo esencial es que el gasto sea "normalmente acostumbrado en cada actividad", lo que excluye que se trate de gastos simplemente suntuarios, innecesarios o superfluos, o meramente útiles o convenientes.

De conformidad con la disposición señalada, las expensas necesarias son deducibles siempre y cuando
    i) sean realizadas durante el año o período gravable en desarrollo de cualquier actividad productora de renta,

    ii) tengan relación de causalidad con la renta,

    iii) sean necesarias y

    iv) sean proporcionadas


  (2018-01-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado

SALARIOS - Son deducibles siempre que se demuestre el pago de parafiscales.
    PAGOS POR AUXILIO DE TRANSPORTE - No hace parte de la base para liquidar aportes. No es salario.
En este punto, es pertinente referirse al artículo 108 del Estatuto Tributario que dispone que los salarios son deducibles siempre que se demuestre el pago de los aportes parafiscales; es decir, se impone al contribuyente la obligación del pago de los aportes al subsidio familiar, SENA, ISS y al I.C.B.F., como requisito para su deducibilidad, para lo cual deberá demostrar que está a paz y salvo por tales conceptos en el respectivo año gravable.

Así mismo, el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, establece que no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes.

Tampoco hacen parte del salario las prestaciones sociales por beneficios o auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes lo hayan dispuesto expresamente, sean en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.

  (2018-01-24) [Mas Información]
Consejo de Estado

SANCION POR INFORMACION EN MEDIOS MAGNETICOS - La graduacion depende de la gravedad del comportamiento del contribuyente.
    GRADUALIDAD DE LA SANCION POR MEDIOS MAGNETICOS - Procede ya que la norma sancionatoria señala que es hasta el 5%.
Un vez que se determinó que la base es de $ 43.050.057.000, observa la Sala que la tarifa fue excesiva como lo anotó el Tribunal en primera instancia, porque como se indicó, el artículo 651 del E.T. establece como criterio para imponer la sanción "Hasta del 5%", por tanto la misma puede imponerse sobre valor inferior, graduándola según el caso concreto.

En efecto en el presente caso no se puede entender cuál fue la graduación de la sanción que practicó la Administración, pues fue necesario acudir al tope máximo fijado en el artículo 1º del Decreto 3804 de 2004 para cuantificarla, lo cual carece de todo sentido de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, pues la Administración aplicó la pena máxima a una conducta que a simple vista no contiene ningún ánimo defraudatorio.

Llama la atención de la Sala que la Administración desconoce que el artículo 651 del E.T. consagra que la sanción va "hasta" el 5%, con lo cual, es potestativo para ésta fijar el porcentaje aplicable, y la graduación dependerá de la gravedad del comportamiento del contribuyente, en aras de subsanar oportunamente los errores y obviamente teniendo en cuenta el daño que se cause para los fines de fiscalización.

  (2018-01-22) [Mas Información]
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Consejo de Estado

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - Grava los sobregiros bancarios.
    EXENCION DEL GMF - No se aplica a los sobregiros bancarios
En el caso del sobregiro bancario, la doctrina ha coincidido en afirmar que éste consiste en aquella obligación asociada a una cuenta corriente, en virtud de la cual no se dispone de recursos depositados en la cuenta corriente, sino que se hace uso de un crédito, pues la esencia del sobregiro reside en que el cuentacorrentista tiene la oportunidad de disponer de recursos que no han sido depositados previamente en su cuenta corriente.

En virtud del contrato de depósito en cuenta corriente bancaria, definido por el artículo 1382 del Código de Comercio, el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero en un establecimiento bancario y de disponer, total o parcialmente, de los saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco.

El banco se encuentra obligado a pagar cheques hasta el valor que el depositante tenga en la cuenta. Sin embargo, nada obsta para que cuando el librador imparta una orden de pago por una cantidad superior a aquella de la que puede disponer, el banco acepte la orden concediendo un préstamo al cliente por la diferencia entre la disponibilidad y el total de la suma librada, lo que se traduce en un crédito a cargo del titular, denominado sobregiro.

  (2018-01-22) [Mas Información]
Consejo de Estado

ERRORES QUE AMERITAN SANCION POR MEDIOS MAGNETICOS - Son los que causan dano al Estado.
    SANCION POR INFORMACION EN MEDIOS MAGNETICOS - Debe obedecerse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
De acuerdo con el artículo 651 del Estatuto Tributario, no enviar información no se constituye como la única conducta sancionable, pues además, el legislador consagró que enviar información por fuera del plazo establecido, o que no corresponda a lo solicitado o con errores, también son irregularidades objeto de sanción.

Para este caso la Sala aclara que la conducta que se está sancionando fue la de haber presentado la información solicitada de forma extemporánea y no dejarla de presentar, pues es claro que el 9 de agosto de 2004 la sociedad aportó la información que le fue solicitada. Este aspecto es importante porque la base de la sanción no se calcula con la información que no se suministró, sino con las sumas que se suministraron de forma extemporánea.

La imposición de la sanción debía obedecer a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, lo cual implica que sólo los errores en la información que causan un daño al Estado son susceptibles de sanción, vale decir entonces, que lo determinante no es el error per se sino que tenga la entidad suficiente para dificultar u obstaculizar la labor fiscalizadora propia de la Administración o que afecte intereses de terceros.

  (2018-01-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado

HECHO GENERADOR - Hechos que configuran el gravamen a los movimientos financieros. Movimientos contables.
    El Gravamen a los Movimientos Financieros -GMF- es un impuesto del orden nacional que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema financiero.
Su regulación se encuentra desarrollada en los artículos 870 y siguientes del Estatuto Tributario. La Corte Constitucional, en sentencia C-114 de 2006, consideró que la modificación introducida por la Ley 788 de 2002 al artículo 871 E.T. replanteó el hecho generador del Gravamen a los Movimientos Financieros, porque incluyó operaciones no previstas en la Ley 663 de 2000.

Que, además, amplió los sujetos pasivos y los agentes retenedores. Así mismo, la Corte concluyó que el Gravamen a los Movimientos Financieros está vinculado a la disposición de recursos provenientes de cuentas corrientes, de ahorro, o de depósito y, en general, a los movimientos contables en los que se configure el pago de obligaciones o el traslado de bienes, recursos o derechos a cualquier título.

El hecho generador del GMF está constituido por la disposición de los recursos de las cuentas de depósito, corrientes ó de ahorros; los movimientos contables en los que se configure el pago de obligaciones o el traslado de bienes, recursos o derechos a cualquier título, o la disposición de recursos a través de contratos o convenios de recaudo, los débitos sobre saldos positivos de tarjetas de crédito y las operaciones de cancelación de los depósitos a término mediante abono.

  (2018-01-19) [Mas Información]
Consejo de Estado

PRINCIPIOS DE JUSTICIA Y EQUIDAD - En atencion a ellos es procedente graduar las sanciones.
    SANCION TRIBUTARIA - El término hasta no debe ser entendido como valor fijo sino como un tope máximo.
En relación con la gradualidad de la sanción, advierte la Sala que la jurisdicción contencioso administrativa, al pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos que imponen la sanción, está facultada para conocer de todos los aspectos allí resueltos, pues tiene atribución para determinar y decidir si se ajustaron a derecho, o si por el contrario infringieron las normas en que debían fundarse y acatar, de forma tal que la gradualidad de la sanción, no es competencia exclusiva de la Administración, ya que corresponde a la jurisdicción pronunciarse sobre su legalidad y en caso de no compartirla, establecer su gradualidad.

La Sala reitera que cuando una norma, al establecer el monto de la sanción tributaria, utiliza la expresión "hasta", significa que la multa puede imponerse teniendo en cuenta un margen de flexibilidad que permite a la Administración graduar la sanción, sin que dé lugar a entender que el porcentaje o valor que se consagra, deba ser considerado como valor fijo, sino como un tope máximo.

En consecuencia, la jurisdicción contencioso administrativa, atendiendo a los principios de justicia y equidad previstos en el artículo 230 de la Constitución Política, puede graduar la sanción impuesta por las autoridades tributarias.

  (2018-01-18) [Mas Información]
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Consejo de Estado

TERMINO PARA ENTREGAR INFORMACION EN MEDIOS MAGNECTICOS - La solicitud para ampliarlo debe formularse por escrito ante la DIAN.
    REPRESENTANTE DE SOCIEDAD - Sus actuaciones requieren un grado de diligencia alto.
Sobre la prórroga del término para enviar la información, la Sala considera que no se demostró porque en su testimonio el señor Carlos Alfredo Santacruz Rodríguez, quien presuntamente otorgó la prórroga solicitada vía telefónica indicó "Un señor se acercó un día, no recuerdo su nombre, no recuerdo el cargo que dijo que tenía, y manifestó que no podía entregar la información dentro del término de ley y requería un tiempo adicional, lastimosamente para nosotros nunca recibimos nada por escrito y por ahí es el asunto".

De la afirmación no se puede considerar que exista una confesión que permita determinar que el término fue ampliado, por lo que lo único que se podría llegar a establecer de dicha afirmación sería que en efecto existió una solicitud de ampliación del término lo cual no es suficiente, puesto que se debe tener certeza sobre la aceptación del mismo y además del lapso durante el cual se iba a prorrogar.

Además, un aspecto que no ha sido tenido en cuenta sobre este punto, es que quien solicitó la prórroga fue alguien que tenía la facultad para representar a la sociedad, es decir, que es una persona cuyas actuaciones demandan un grado de diligencia muy alto, para lo cual es evidente que en el hipotético caso de que se hubiere formulado la solicitud verbal, es claro que la misma no era suficiente y era preciso entonces, haberla realizado por escrito para dejar constancia de tal hecho dentro del proceso.

  (2018-01-18) [Mas Información]
Consejo de Estado

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - Sujeto pasivo y hecho generador.
    DEPOSITO A TERMINO - Su cancelación mediante abono en cuenta genera el GMF.
El sujeto pasivo será el establecimiento de crédito o el titular de la cuenta de depósito cuando disponga de sus recursos en dichas cuentas" (artículos 871 del Estatuto Tributario y 3 del Decreto Reglamentario 405 de 2001).

En efecto, conforme al artículo 871 del Estatuto Tributario (adicionado por el artículo 1 de la Ley 633 de 2000) el hecho generador del gravamen a los movimientos financieros lo constituye la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia.

Según el parágrafo de la norma vigente en el 2001, se entiende por transacción financiera para efectos del artículo 871 toda operación de retiro en efectivo mediante cheque, con talonario, con tarjeta débito, a través de cajero electrónico, mediante puntos de pago, notas débito o mediante cualquier otra modalidad que implique la disposición de recursos de cuentas de depósitos, corrientes o de ahorros, en cualquier tipo de denominación, incluidos los débitos efectuados sobre los depósitos acreditados como "saldos positivos de tarjetas de crédito" y las operaciones mediante las cuales los establecimientos de crédito cancelan el importe de los depósitos a término mediante abono en cuenta.

  (2018-01-17) [Mas Información]
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Consejo de Estado

FALSA MOTIVACION - Causal autonoma que se relaciona con el principio de legalidad de los actos. Requisitos para que prospere.
    FALTA DE MOTIVACION - Causal que da lugar a la nulidad por expedición irregular del acto administrativo. No prospera cuando no se prueba la falta de los hechos que da lugar a la sanción.
Conforme lo ha precisado la Sala, la falsa motivación es una causal autónoma que se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa. Por eso, la violación al debido proceso no se configura por la falsa motivación, sino por la falta de motivación, causal que da lugar a la nulidad por expedición de forma irregular del acto administrativo.

De manera que, reitera la Sala que, para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias:
    a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o

    b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.


  (2018-01-17) [Mas Información]
Consejo de Estado

GRADUALIDAD DE LA SANCION POR INFORMACION EXTEMPORANEA .
    PERIODO DE GRACIA PARA LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - No es aplicable cuando el banco lleva más de tres años en la actividad del recaudo de impuestos.
En relación con el motivo de inconformidad de la parte actora, según el cual la Administración no ejerció la facultad que le permite graduar e imponer la sanción "hasta" un valor tope, como se desprende del artículo 676 del Estatuto Tributario, y que trae como consecuencia una reducción en el monto de la sanción, la fundamenta en que debió tenerse en cuenta los factores que pudieron incidir en la conducta de Davivienda, como es la inexperiencia en el ejercicio de las funciones de recaudo, así como el proceso de adecuación y acomodación en el que se encontraba.

Sobre el particular observa la Sala que los motivos que aduce la actora como fundamento de su pretensión no son de recibo pues la demandante desde antes de convertirse en Banco, ya tenía experiencia en el manejo del recaudo de información, pues desde cuando tenía el carácter de Corporación ya realizaba esta actividad.

De otro lado si bien el artículo 63 de la Resolución 770 de 1996 contempla un periodo de gracia para facilitar el proceso de ajuste y adecuación de las entidades recaudadoras cuando ingresan por primera vez al sistema de recepción, el mismo ya fue superado por la accionante para el periodo en discusión, pues tal como se afirma a lo largo del proceso, ya llevaba más de 3 años en dicha actividad.

  (2018-01-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado

GRADUALIDAD DE LA SANCION - Se presenta cuando la norma utiliza la expresion hasta.
    SANCION A ENTIDADES RECAUDADORAS POR ERRORES EN LA INFORMACION - Las previstas en el artículo 675 del Estatuto Tributario se determinan con un valor dependiendo de los errores respecto al total de documentos
La Sala ha reiterado que cuando una norma sancionatoria utiliza la expresión "hasta", establece un margen de flexibilidad que permite a la Administración graduar la sanción, sin que dé lugar a entender que el porcentaje o valor que se consagra, deba ser considerado como valor fijo sino como un tope máximo.

Además, para imponer el porcentaje máximo, deben existir razones que lo ameriten, para lo cual deben considerarse las circunstancias particulares de cada caso, pues, de no ser así, se desconocerían los criterios de proporcionalidad y justicia.

A la sanción del artículo 675 del Estatuto Tributario le es aplicable el anterior criterio, pues en sus tres numerales, se establecen topes que están determinados por el porcentaje de documentos presentados con errores; de tal forma, que si los errores se presentan respecto de un número de documentos que constituyan entre el 1 y el 3 por ciento del total de documentos por tipo, la sanción por cada documento incorrecto será hasta $13.000.

La norma no señala la forma de aplicar los topes máximos pecuniarios para establecer la sanción; sin embargo, existen mecanismos que permiten de alguna manera liquidar la sanción de forma justa, equitativa y proporcional, de acuerdo con el porcentaje de documentos errados.

  (2018-01-16) [Mas Información]
Consejo de Estado

SANCION - Es competencia de la Jurisdiccion determinar si la administracion graduo correctamente la sancion.
    GRADUALIDAD DE LA SANCION - Procede ya que la norma sancionatoria señala que es hasta el 5 por ciento.
La gradualidad de la sanción no es competencia exclusiva de la Administración, la jurisdicción al pronunciarse sobre la legalidad de los actos sancionatorios (atendiendo en todo caso la naturaleza rogada de la jurisdicción) está facultada para determinar si la Administración graduó correctamente la sanción y, en caso contrario, proceder a efectuar una nueva liquidación ajustada a los parámetros legalmente establecidos.

La Sala reitera que cuando una norma, al establecer el monto de la sanción tributaria, utiliza la expresión "hasta", significa que la multa puede imponerse teniendo en cuenta un margen de flexibilidad que permita a la Administración graduar la sanción, sin que pueda entenderse que el porcentaje o valor que consagre, deba ser considerado como valor fijo, sino como un tope máximo.

En consecuencia, la jurisdicción contencioso administrativa, atendiendo a los principios de justicia y equidad previstos en el artículo 230 de la Constitución Política, puede graduar la sanción impuesta por las autoridades tributarias, siempre y cuando esto haya sido materia de discusión en las instancias administrativa y jurisdiccional.

  (2018-01-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado

INFORMACION TRIBUTARIA EN MEDIOS MAGNETICOS -
El hecho de aportarla aunque despues del pliego de cargos, demuestra interes de colaboracion.
    PRINCIPIO DE GRADUALIDAD DE LA SANCION -
    Dados que los datos fueron válidos y aceptados, el porcentaje de sanción debe ser del 1 por ciento.
En cuanto a la graduación del monto de la tarifa de la sanción la Sala ha reiterado que es evidente que cuando el articulo 651 del Estatuto Tributario utiliza la expresión "hasta el 5%", le está otorgando a la Administración un margen para graduar la sanción; facultad que no puede ser utilizada de forma arbitraria, porque corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que deben atender no solo a los criterios de justicia y equidad que deben regir estos casos, habida cuenta, que los mismos constituyen un mandato imperativo consagrado en el artículo 683 del Estatuto Tributario, además debe obedecer a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, tal como fue expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-160 de 1998.

En la presente oportunidad si bien la infracción se consumó, lo cierto es que el contribuyente, dentro de la oportunidad para presentar sus descargos, allegó antes del cumplimiento del mes siguiente al pliego de cargos, la información que no había suministrado, con lo cual se puso en evidencia su interés en colaborar con la Administración.

Se advierte que de manera diferente se debe apreciar el hecho de que, estando obligado legalmente a informar y no habiendo cumplido con su obligación, el contribuyente jamás presente la información requerida, con lo cual se ve obstruida o entorpecida la labor de la Administración Tributaria de efectuar los estudios y cruces de información para el debido control de los tributos.

  (2017-12-22) [Mas Información]
Consejo de Estado

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES- Su entrega no puede depender de la solicitud que de ellos haga el propio trabajador.
    CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE- La obligacion de expedirlo conlleva la de elaborarlo y entregarlo o despacharlo.
De una interpretación armónica de los artículos 379 y 667 del Estatuto Tributario se puede colegir que la obligación de expedir certificados de retención en la fuente por parte de los agentes retenedores conlleva la de elaborarlos o extenderlos por escrito con los requisitos legales y entregarlos o despacharlos en la medida en que sea posible para el obligado a su expedición, ya que elaborarlos y no entregarlos haría nugatoria la intención del legislador, considerando que el sujeto pasivo de la retención (retenido) se quedaría sin el soporte fundamental para descontar el importe de la retención en el formulario de declaración de renta o en su defecto reemplazar la propia declaración en el caso de los asalariados no declarantes de que tratan los artículos 6° y 244 del mismo Estatuto.

Por tanto, la expedición de los certificados de ingresos y retenciones no puede depender de la solicitud que de ellos haga el propio trabajador, así ya no tenga vinculación laboral o legal y reglamentaria con el agente retenedor, sino que debe elaborarse y entregarse antes de la fecha señalada por el Gobierno Nacional en el decreto de plazos que anualmente promulga y su expedición no puede ser reemplazada por el original, copia o fotocopia auténtica del documento donde conste el pago, ya que esto último solamente está permitido para los certificados de retención por otros conceptos según lo previsto por el parágrafo 1 del artículo 381 del Estatuto Tributario".

  (2017-12-22) [Mas Información]
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Consejo de Estado

GRADUALIDAD DE LA SANCION POR NO EXPEDIR CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE -
Procede respecto a los certificados no expedidos.
    PRINCIPIOS DE EQUIDAD, PROPORCIONALIDAD Y JUSTICIA -
    Gradualidad de la sanción: sólo por certificados no expedidos.
De conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 667 del Estatuto Tributario, que constituye la disposición de rango legal reguladora de la "sanción por no expedir los certificados de retención en la fuente", esta será "hasta del cinco por ciento (5%) del valor de los pagos o abonos correspondientes a los certificados no expedidos", resulta claro que la sanción en cuestión debe ser, de una parte sobre el valor de los pagos o abonos sujetos a retención correspondientes a los certificados no expedidos y de otra graduada por la Administración, teniendo en cuenta en cada caso concreto si la obligación legal fue o no cumplida, así como la oportunidad.

Además, la aplicación de la gradualidad no está sujeta a reglamentaciones pues este criterio está consagrado en la misma norma legal que regula la sanción en cuestión. Con fundamento en lo anterior y en aplicación de los principios de equidad, proporcionalidad y justicia, consagrados en los artículos 363 de la Constitución y 683 del Estatuto Tributario, la Sala considera que la base para la determinación de la sanción es la siguiente:

  (2017-12-22) [Mas Información]
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SANCION POR NO EXPEDIR CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE-
Se verifica el hecho sancionable al haber transcurrido 4 meses del vencimiento del termino para expedirlos y entregarlos.
    EXPEDICIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE -
    Deben expedirse y entregarse dentro de los plazos que otorga el Gobierno Nacional.
De lo anterior la Sala deduce que a la fecha de iniciación de la investigación habían transcurrido aproximadamente cuatro (4) meses desde el vencimiento del término legal para cumplir con la obligación formal de expedir y entregar los certificados de retención en la fuente para el agente retenedor, además que éste a partir del inicio de la investigación contó con más de seis (6) meses para poner a disposición del funcionario comisionado.

Las pruebas que demostraran, siquiera de manera sumaria, el cumplimiento oportuno de dicha obligación, por lo que la Sala, contrario al concepto de la Delegada del Ministerio Público, considera que se verificó el hecho sancionable por el cual se le formuló el pliego de cargos, sin que de manera alguna las respuestas allegadas dentro del término de contestación del mismo desvirtúen el Acta de Visita, medio probatorio que claramente indica que en la visita el funcionario determinó que "El agente retenedor no expidió los certificados de retención en la fuente por concepto de los valores retenidos por el año gravable de 1997".

Así dicha omisión tipifica un hecho sancionado, que únicamente puede ser desvirtuado si se comprueba que dentro de los plazos que otorgó el Gobierno Nacional, se expidieron los correspondientes certificados, lo que no ocurrió en el caso, pues la "muestra" traída al expediente no permite establecer la fecha de expedición, que como lo señaló la Sección en la sentencia transcrita, conlleva la de entregarlo al retenido.

  (2017-12-22) [Mas Información]
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CRUCE QUE HACE LA ENTIDAD FINANCIERA PARA CUBRIR EL SOBREGIRO -
Constituye hecho generador del gravamen a los movimientos financieros.
    DESEMBOLSOS DE CREDITO - Está exento del GMF. Entrega de recursos por parte de la entidad crediticia al beneficiario del crédito. No incluye los giros o retiros.

    GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - Hecho generador.
Partiendo de que el sobregiro se constituye en un crédito, se debe precisar que la exención en comento se refiere de manera específica a los desembolsos de crédito mediante abono a la cuenta o mediante expedición de cheques que realicen los establecimientos de crédito, las cooperativas con actividad financiera o las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria respectivamente.

Ahora, acudiendo al método histórico de interpretación normativa, que consulte la voluntad real del Legislador, se encuentra que en la exposición de motivos de la Ley 633 de 2000 en relación con las exenciones al GMF.

De este criterio hermenéutico se sigue la taxatividad de las exenciones al GMF, razón por la cual la interpretación mas acorde para este caso es la meramente literal, que nos indica que cuando la norma se refiere al desembolso del crédito, debe entenderse que solo se refirió a la entrega de los recursos por parte de la entidad crediticia al beneficiario del crédito, sin incluir la disposición de éstos (giros o retiros) que haga el beneficiario de la cuenta corriente.

  (2017-12-21) [Mas Información]
Consejo de Estado

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -
Exencion por traslado entre patrimonios autonomos y encargos fiduciarios.
    Para que opere las inversiones se deben haber abierto en la misma entidad financiera y el aportante o el suscriptor inicial debe ser el mismo, sin perjuicio de que se conforme por una pluralidad de sujetos o solo por uno.
El numeral 14 del artículo 879 del E.T., según el texto modificado por la Ley 1430 de 2010, artículo 4, vigente para la fecha en que se expidió el concepto No. 722241 del 19 de septiembre de 2011, dispone:

ART. 879.- Se encuentran exentas del gravamen a los movimientos financieros: (…)
    14. Los traslados que se realicen entre cuentas corrientes y/o de ahorros y/o tarjetas prepago abiertas en un mismo establecimiento de crédito, cooperativa con actividad financiera, cooperativa de ahorro y crédito, comisionistas de bolsa y demás entidades vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria según el caso, a nombre de un mismo y único titular, así como los traslados entre inversiones o portafolios que se realicen por parte de una sociedad comisionista de bolsa, una sociedad fiduciaria o una sociedad administradora de inversiones, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia a favor de un mismo beneficiario.
Esta exención se aplicará también cuando el traslado se realice entre cuentas de ahorro colectivo o entre estas y cuentas corrientes o de ahorro o entre inversiones que pertenezcan a un mismo y único titular, siempre y cuando estén abiertas en la misma entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia […]".

Por su parte, el Decreto 660 de 2011, que reglamentó el numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario, en el artículo 8 [numerales 4 y 5] dispuso:

  (2017-12-21) [Mas Información]
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CUOTAS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - El valor de la primera cuota para los grandes contribuyentes no es un anticipo del impuesto.
    SALDO A PAGAR EN DECLARACION DE RENTA DE GRANDES CONTRIBUYENTES -
    En caso de no existir se divide la provisión contable entre 5 para determinar el valor de la primera cuota.
Según el artículo 13 del Decreto demandado, la primera cuota del "valor total a pagar" determinado en la liquidación privada del año 2002 deberá cancelarse el 10 de febrero del 2003, es decir, con posterioridad a la fecha de causación del impuesto.

Significa lo anterior que lo exigido por el reglamento no es un pago a título de "anticipo" del impuesto, entendido este concepto como el pago anticipado de una obligación que se causa con posterioridad, sino que corresponde al recaudo parcial del impuesto causado a 31 de diciembre de 2002.

Coherentemente, no existe extralimitación de facultades, como causal de nulidad de la disposición reglamentaria demandada. Ahora bien, cuando el Decreto Reglamentario 3258 de 2002, dispone que el pago de la primera cuota del saldo a pagar, determinado en la declaración de renta del año 2002, no podrá ser inferior al 20% del saldo a pagar del año gravable 2001, se basa en un factor real informado por el contribuyente, el cual constituye un hecho indicador de su capacidad económica que en todo caso no es definitivo a la hora de definir carga impositiva en la siguiente vigencia fiscal, puesto que según parágrafo 1 del artículo 13 acusado, "Una vez liquidado el impuesto y el anticipo definitivo en la respectiva declaración, del valor a pagar, se restará lo pagado en la primera cuota "y el saldo se cancelará en las fechas y porcentajes fijados en el mismo reglamento para las restantes cuatro cuotas.

  (2017-12-20) [Mas Información]
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GRADUALIDAD EN SANCION TRIBUTARIA - Se presenta cuando el legislador ha previsto la expresion hasta es decir con un margen de flexibilidad.
    SANCION POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACION REMITIDA - Conforme a jurisprudencia reiterada se debe calcular el monto de la sanción proporcionalmente mediante regla de tres.

    RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN IMPOSICION DE SANCIONES TRIBUTARIA - Deben atenderse y no fijar en todos los casos el tope máximo de la sanción
La Sala ha considerado que cuando una norma, al establecer el monto de la sanción tributaria, utiliza la expresión "hasta", significa que la multa puede imponerse teniendo en cuenta un margen de flexibilidad que permite a la Administración graduar la sanción, sin que dé lugar a entender que el porcentaje o valor que se consagra, deba ser considerado como valor fijo, sino como un tope máximo.

Siguiendo este criterio, la Sala estableció algunos parámetros con el fin de hacer efectiva la gradualidad de la sanción por inconsistencias en la información remitida, contemplada en el artículo 675 del Estatuto Tributario.

En la Sentencia del 12 de septiembre de 2002, Exp. 12615, que se reitera en esta ocasión, se indicó lo siguiente:"...Considera la Sala, que para este evento, basta aplicar una regla de tres simple, para determinar un monto proporcional de la sanción, pues si el tope máximo en este caso es de $7.700 (Año 2004 $18.000. D.R. 3804 de 2003), está suma se aplicará cuando los errores alcancen el 3% de documentos errados frente al total de documentos por tipo y la suma se rebajará en la medida en que el porcentaje de error también sea menor.

Conforme con lo expuesto, la Administración debe graduar la sanción y si es el caso incluso imponer el tope máximo, explicando las razones para ello, pero no es posible en forma general determinar que en todos los casos se aplicará la sanción máxima establecida en el artículo 675 del Estatuto Tributario sin atender a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad ya señalados.

  (2017-12-20) [Mas Información]
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Consejo de Estado

Donaciones realizadas por residentes en el pais a favor de extranjeros no residentes en el mismo estan sujetas a retencion en la fuente.
    ¿Las donaciones efectuadas por residentes en Colombia a favor de extranjeros no residentes en el país están sujetas a retención en la fuente a título del impuesto de renta y su complementario de ganancias ocasionales?
Síntesis del caso:

Se determina la legalidad de los Conceptos 029193 de abril 7 de 2006 y 033776 de mayo 8 de 2007, expedidos por la DIAN, en tanto disponen que las donaciones realizadas por residentes en Colombia a extranjeros no residentes en el país están gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios y sujetas a la respectiva retención en la fuente.

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  (2017-12-19) [Mas Información]
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El impuesto por el uso del subsuelo o por excavaciones en las vias publicas o por rotura de vias no esta vigente.
    ¿Están legalmente autorizados los municipios para establecer en su territorio el impuesto por el uso del subsuelo o por excavaciones en las vías públicas o por rotura de vías?
Síntesis del caso:

Se determina la legalidad del artículo 2 del Acuerdo 003 de 2006, mediante el cual el Concejo de Yopal estableció en su jurisdicción la tarifa del gravamen por excavación del espacio público.

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  (2017-12-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado

El transporte de petroleo por oleoducto no esta gravado con el impuesto de industria y comercio.
    ¿El servicio de transporte de petróleo por oleoducto puede ser gravado con impuesto de industria y comercio?
Síntesis del caso:

Se determina si las expresiones “Actividades de servicios relacionados con la actividad petrolera”, contenida en el numeral 2 del artículo 2 del Acuerdo 083 de 1996 y “Actividades relacionadas con Hidrocarburos y sus derivados”, del artículo 4 del Acuerdo 023 de 2004, ambos expedidos por el Concejo municipal de Puerto Boyacá (Boyacá), desconocen el artículo 16 del Código de Petróleos (Decreto 1056 de 1953), en cuanto gravan con el impuesto de industria y comercio las referidas actividades.

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  (2017-12-19) [Mas Información]
Consejo de Estado

EXENCION DE LOS IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE AVISOS Y TABLEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.
    ¿El alcalde de Neiva excedió su facultad reglamentaria al establecer en el Decreto 257 de 1997 que para acceder al beneficio tributario previsto en el artículo 4 del Acuerdo 079 de 1996, el cumplimiento de los requisitos para el efecto se debía acreditar año por año mientras durara la exención?
Síntesis del caso:

Mediante el Acuerdo 079 de 1996, el Concejo Municipal de Neiva (Huila) concedió una exención, por 10 años, en el pago del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, a las empresas preexistentes antes del 1º de enero de 1996 que, como mínimo, ampliaran sus ingresos brutos en un 30% y generaran un incremento del 10% de empleos nuevos directos permanentes sobre su planta de personal existente en la ciudad y dispuso que para que procediera ese beneficio era necesario mantener el cumplimiento de tales requisitos por el mismo periodo de la exoneración.

La Alcaldía de Neiva reglamentó el Acuerdo 079 de 1996, a través del Decreto 257 de 1997, en el cual señaló que el cumplimiento de los anteriores requisitos se debía acreditar año por año mientras durara el incentivo tributario.

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  (2017-12-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado

La amigable composicion constituye un mecanismo alternativo de solucion de conflictos.
    ¿La decisión tomada en amigable composición, como mecanismo de solución de controversias contractuales, puede ser objeto de ejecución y prestar mérito ejecutivo?
Síntesis del caso:

Sociedades comerciales suscribieron dos contratos cuyo objeto fue la construcción de la troncal del sistema integrado de transporte masivo sobre la autopista Bucaramanga-Floridablanca.

Durante la ejecución de los mismos surgieron diferencias entre las partes; con el fin de dirimir las controversias, la sociedad demandante acudió al mecanismo de la amigable composición ante la Sociedad Colombiana de Ingenieros, quien decidió condenar a la entidad pública a cancelar lo adeudado, ante la anuencia de ésta, XIE S.A., solicitó se librara mandamiento de pago.

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  (2017-12-19) [Mas Información]
Consejo de Estado

No existe autorizacion legal para que los municipios establezcan un tributo por ocupacion del espacio publico para ventas.
    ¿Están los municipios legalmente facultados para establecer en su territorio un impuesto por ocupación del espacio público con ventas?
Síntesis del caso:

Mediante el Acuerdo 081 de 2007 (artículo 4), el Concejo Municipal de Rionegro (Antioquia) estableció el pago de un porcentaje sobre el índice de costos de construcción certificados por Camacol, por cada m2 de ocupación del espacio público con ventas. Se determina la legalidad de esa disposición, por cuanto se alega que el impuesto por ocupación del espacio público con ventas carece de autorización legal.

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  (2017-12-19) [Mas Información]
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Obligacion de presentar la informacion exogena de que trata el art. 631 del E.T.
    Los gananciales adjudicados en la liquidación de la sociedad conyugal no hacen parte de los ingresos brutos que se tienen en cuenta para determinar la obligación de presentar la información exógena de que trata el art. 631 del E.T.
Síntesis del caso:

La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia sancionó a una contribuyente por no suministrar la información prevista en el artículo 631 del Estatuto Tributario, toda vez que consideró que estaba obligada a hacerlo porque sus ingresos brutos superaron el tope previsto para el efecto en la Resolución DIAN 12807 de 2006.

Ello, porque incluyó los gananciales que se le adjudicaron a la contribuyente en la liquidación de la sociedad conyugal dentro de los ingresos brutos con base en los cuales se determinó la obligación de informar por el año gravable 2006.

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  (2017-12-19) [Mas Información]
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DEDUCCION DEL GMF EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
Es procedente si es realizado conforme a la normatividad cooperativa.
    GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - No es aplicable la prohibición de su deducibilidad en el régimen tributario especial.
En el caso del Gravamen a los Movimientos Financieros, ha sido criterio de la Sala que el GMF es un egreso procedente que se paga en desarrollo del objeto social de las cooperativas y, que si bien el artículo 872 del Estatuto Tributario no permite deducir de la renta bruta de los contribuyentes el GMF, esta norma no les es aplicable en virtud del régimen especial que las cobija.

Al respecto, la dijo la Sección: "Ahora bien, el artículo 872 del Estatuto Tributario no permite deducir de la renta bruta de los contribuyentes el GMF, sin embargo, la Sala considera que tal norma no es aplicable a las cooperativas porque, como se vio, tienen una forma de establecer el beneficio neto, que es la base gravable del impuesto, especial y diferente a la de los demás contribuyentes del régimen especial, con una procedencia de egresos especial para ellas.

De manera que si para otros contribuyentes el gasto por concepto de GMF no es procedente, para las cooperativas sí lo será si es realizado conforme a la normatividad cooperativa. (…)

Si bien la anterior posición fue reiterada por la Sección, es preciso señalar que en el sub-lite el periodo en discusión es anterior a la entrada en vigencia de los artículos 870 y 872 del Estatuto Tributario, adicionados por la Ley 633 de 2000.

  (2017-12-15) [Mas Información]
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CONTINGENCIAS DE PERDIDA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
Al no ser gastos efectivamente realizados no se consideran egresos procedentes.
    EGRESOS PROCEDENTES EN LAS COOPERATIVAS - No lo constituyen las provisiones para pérdida de inversiones cuando no se demuestran.
Como se mencionó con anterioridad, la procedencia de los egresos para determinar el beneficio neto o excedente depende del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para tal efecto, entre los que se encuentra, la realización efectiva de las erogaciones durante el periodo respectivo (Art. 4°del Decreto 124 de 1997).

Sobre este punto, la Sala observa que la contingencia que la demandante pretendió cubrir mediante las provisiones para protección de inversiones está relacionada con la precaria situación económica que supuestamente atravesaban los entes destinatarios de tales inversiones, circunstancia que no está demostrada en el expediente, como tampoco lo está la pérdida del valor de las inversiones involucradas, razón por la que no se puede hablar de egresos o gastos efectivamente realizados durante el periodo gravable.

Según los términos del artículo 40 del Decreto 2649 de 1993, los gastos representan "…flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio, (…), realizadas durante un período (…)", (Se subraya).

Por lo mismo, como las provisiones para la protección de inversiones se relacionan con una contingencia que pudo o no ocurrir, no se puede hablar de un gasto efectivamente realizado en el periodo gravable en discusión, que haya derivado en una disminución del patrimonio de la cooperativa.

  (2017-12-15) [Mas Información]
Consejo de Estado

GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
Son los realizados en periodos gravables anteriores y por tanto son egresos no procedentes.
    GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - No son egresos procedentes en el régimen tributario especial.
Al respecto, la Sala advierte que el artículo 4º del Decreto 124 de 1997 es claro al señalar que los egresos procedentes "…serán aquellos de cualquier naturaleza, realizados en el respectivo periodo gravable (...)", lo que constituye un requisito común para los casos en los que tales egresos sean constitutivos de costo o gasto y tengan relación de causalidad con los ingresos, y para los egresos, que aunque no acrediten tal calidad, o no sean necesarios o proporcionados, se realicen de conformidad con lo previsto en la legislación cooperativa (Art. 4° del Decreto 1514 de 1998).

Al respecto, la Sala señaló: En efecto, la Sala le haya la razón a la DIAN en cuanto a la improcedencia de los egresos de ejercicios anteriores por $39.014.508,78, pues, como se dijo anteriormente, sólo son procedentes todos aquellos egresos que se realicen en el respectivo año gravable (para el caso 2003), que constituyan costo o gasto, y que sean necesarios, proporcionados y tengan relación de causalidad con los ingresos de la cooperativa. (…)

En el presente caso, es un hecho aceptado por la cooperativa demandante que los gastos referidos corresponden a ejercicios anteriores al periodo en discusión, y que por tanto, al no haber sido realizados en el periodo en discusión, esto es, en el año 2000, no pueden aceptarse como egresos procedentes.

En ese orden de ideas, se concluye que los gastos de ejercicios anteriores por $72.232.000, no constituyen egresos procedentes para determinar el beneficio neto o excedente durante el periodo objeto de la litis.

  (2017-12-15) [Mas Información]
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GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -
La exencion del articulo 879-11 del E.T. cobija solo los abonos en cuenta para desembolsos de credito por parte de los establecimientos de credito.
    DESEMBOLSO DE RECURSOS - Los que se hagan para fines distintos a los previstos en el artículo 18 del Decreto 405 de 2001 están sometidos al GMF.
El demandante no precisa las razones por las cuales este inciso viola el numeral 11 del artículo 879 del E.T. y de contera el 338 de la Constitución Política, cuando de una parte no impugna los tres primeros incisos del artículo 18 del Decreto 405 de 2001, subrogado por el artículo 1º del Decreto 707 de 2001, que de otro lado considera ajustados a la ley y sin embargo aduce que el inciso 4º grava operaciones que la ley no previó como gravables, para lo cual relaciona algunos actos que en su criterio son exentos y que omite el reglamento.

Este planteamiento del actor se aparta del carácter restrictivo que tienen las normas que consagran exenciones, las que requieren que estas se consagren en forma expresa por el legislador y que el intérprete no las extienda a casos no previstos taxativamente en la ley.

Dentro del marco de la reglamentación de una de las exenciones al Gravamen a los Movimientos Financieros, la establecida en el numeral 11 del artículo 879, el inciso impugnado se limita a disponer, que las operaciones que no correspondan a lo que se entiende por abono en cuenta y no cumplan con el desembolso efectivo del crédito en la forma y con los requisitos previstos en el artículo, están gravadas, lo que es elemental desarrollo del precepto legal, que consagra la exención y por supuesto del que crea el impuesto, pues según el artículo 2 de la ley 633 de 2001, el hecho generador del Gravamen a los Movimientos Financieros lo constituye la realización de las transacciones financieras, en la forma en que las define el artículo 871 del Estatuto Tributario, esto es, la disposición de recursos provenientes de cuentas corrientes, de ahorro o de depósito en el Banco de la República.

  (2017-12-15) [Mas Información]
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GRAN CONTRIBUYENTE - Puede perder la calidad de agente retenedor del IVA por las causales del articulo 437-2 del Estatuto Tributario.
    AGENTE RETENEDOR EN EL IVA - La DIAN puede retirarle esa calidad en los casos previstos en el parágrafo 2 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario.
La figura del agente de retención en el impuesto sobre las ventas fue creada por el artículo 8° de la Ley 223 de 1995 que adicionó el Estatuto Tributario con el artículo 437-1 con el "fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas" la cual se practica al momento del pago o abono en cuenta, lo que ocurre primero.

Con tal norma el porcentaje de retención se estableció en el cincuenta por ciento (50%) del valor del IVA facturado por el responsable, cifra que posteriormente en virtud de la modificación establecida por el artículo 13 de la Ley 863 de 2003 fue aumentado al setenta y cinco (75%).

Igualmente, el artículo 437-2 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 9° de la Ley 223 de 1995 indica quiénes son los agentes de retención del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados.

Como puede apreciarse, la DIAN está facultada para retirar la calidad de agentes retenedores del IVA a quienes hayan sido designados como grandes contribuyentes por la misma entidad, cuando llegaren a caer en alguna de las circunstancias previstas en el parágrafo 2° del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, esto es, concordato, liquidación obligatoria, toma de posesión o en negociación de acuerdo de reestructuración, sin que por ello pierda la calidad de gran contribuyente o las obligaciones inherentes a esta clase de contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN.

  (2017-12-15) [Mas Información]
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GRADUALIDAD DE LA SANCION POR PRESENTAR INFORMACION CON ERRORES -
Se aplica sobre la base para determinar la sancion y no sobre el resultado de la misma.
    REDUCCION DE LA SANCION POR ERRORES EN LA INFORMACION - Se calcula sobre la sanción impuesta y procede si el pago se efectúa dentro de los dos meses siguientes al acto sancionatorio.
Observa la Sala que incurrió el Tribunal en el error de señalar que los errores de la información entregada sumaban $7.947.606, cuando según el formato de entrega de fecha 30 de abril de 1999 esta es la suma correspondiente al valor total reportado en la entrega de la información, además está suma está expresada en "miles de $", por lo tanto el valor informado fue de $7.947.606.000.

Además, si bien en la validación de la información se aduce que se rechazaron dos registros, se concluye que "dado que los errores no son representativos con el volumen total procesado, la información es ACEPTADA"., por lo tanto, se equivoca el Tribunal cuando dice que los errores sumaron $7.947.606.

Observa la Sala que el Tribunal se equivoca al aplicar el 1% sobre el valor de la sanción impuesta, pues de conformidad con el artículo 651 del Estatuto Tributario, el valor de la sanción puede ser reducido al 10% o al 20% dependiendo del momento en que se subsana la omisión y se acoge el administrado a la reducción de la sanción.

  (2017-12-15) [Mas Información]
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BENEFICIO NETO O EXCEDENTE EN LAS COOPERATIVAS -
Se calcula por la diferencia entre la totalidad de los ingresos y los egresos de cualquier naturaleza que tengan relacion de causalidad con los primeros.
    EXENCION DEL BENEFICIO NETO EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Se presenta si se destina en el año siguiente directa o indirectamente a programas que desarrollan el objeto social.
Entre los contribuyentes establecidos por el artículo 19 del Estatuto Tributario se encuentran las cooperativas, que fueron definidas por el artículo 4º de la Ley 79 de 1998, como una "…empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores y usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general".

Estas entidades están sujetas al régimen tributario especial previsto en el Título VI del Estatuto Tributario, artículos 356 a 364. Como una de las características de dicho régimen, el artículo 356 ejusdem estableció que las entidades que lo conforman "…están sometidos al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del veinte por ciento (20%)".

Para determinar el beneficio neto o excedente (base gravable), el artículo 357 del mismo ordenamiento estableció que, de la totalidad de los ingresos de cualquier naturaleza, se detraen los egresos de cualquier naturaleza, "…que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social (…), incluyendo en los egresos las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo.


El beneficio neto o excedente determinado en la forma indicada será exento si se destina directa o indirectamente, en el año siguiente a su obtención, a los programas que desarrollen el objeto social. Así mismo, el beneficio neto generado en egresos no procedentes, no es objeto de la exención y está gravado (Art. 358 E.T.).

  (2017-12-14) [Mas Información]
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EGRESOS PROCEDENTES EN LAS COOPERATIVAS -
Son los constitutivos de costo o gasto que tengan relación de causalidad con los ingresos y en general los previstos en la legislación cooperativa.
    EGRESOS PROCEDENTES EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - En vigencia de los Decretos 124 de 1997 y 1514 de 1998 eran los realizados de conformidad con la legislación cooperativa vigente
Ahora bien, el Decreto 124 del 20 de enero de 1997, "Por el cual se reglamenta el régimen tributario especial contenido en el Estatuto Tributario", reiteró en el artículo 1º que las cooperativas son contribuyentes del impuesto sobre la renta bajo el régimen tributario especial, y determinan el tributo aplicando la tarifa única del 20% sobre el beneficio neto o excedente resultante en el respectivo periodo gravable, que se obtiene al restar de la totalidad de los ingresos de cualquier índole, "…los egresos que sean procedentes de conformidad con el artículo 4º de este Decreto".

(…) El literal b) de la anterior disposición fue modificado por el Decreto 1514 del 4 de agosto de 1998, "Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones", al establecer que "…serán egresos procedentes para las entidades cooperativas a las que se refiere el numeral cuarto del artículo 19 del Estatuto Tributario, todos aquellos que se realicen de conformidad con lo previsto en la legislación cooperativa vigente", lo que posteriormente fue elevado a canon legal por el artículo 6º de la Ley 633 de 2000, que al adicionar el numeral 4º del artículo 19 del Estatuto Tributario, relativo a las cooperativas, señaló que "El cálculo de este beneficio neto o excedente se realizará de acuerdo a como lo establezca la normatividad cooperativa".(Se subraya).

De lo dicho hasta el momento, la Sala observa que los Decretos 124 de 1997 y 1514 de 1998 señalaron que, para el caso de las cooperativas, la aplicación de la normativa fiscal operaba en lo que no contrariara la legislación cooperativa y que, para determinar el beneficio neto o excedente, eran admisibles los egresos realizados de conformidad con esta última legislación. (…)

  (2017-12-14) [Mas Información]
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GRADUALIDAD DE LA SANCION POR ALLEGAR INFORMACION TRIBUTARIA DE FORMA EXTEMPORANEA -
Los principios de justicia y equidad tributaria se deben tener en cuenta como criterios de graduación
    Para la gradualidad de la sanción que se impone por no suministrar información se debe tener en cuenta si para subsanar la omisión, el contribuyente proporciona la información solicitada, aunque sea de manera extemporánea.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, desconoció que en providencia del 25 de abril de 2013 (radicado 2011-00205), en la que se estudió un caso con los mismos fundamentos fácticos y jurídicos al que ahora se analiza accedió a graduar la sanción impuesta en atención a los principios de justicia y equidad tributaria, porque se consideró que si bien se incurrió en un hecho sancionable al no presentar la información requerida en tiempo, lo cierto es que se subsanó la omisión, y por lo tanto no puede ser sancionado con el tope máximo que establece el artículo 651 del E.T., es decir, con el 5%...

Así las cosas, es claro que el fundamento de la Sección Cuarta de esta Corporación para adoptar la decisión en mención, se circunscribe a la aplicación indebida de la norma (artículo 651 E.T.) para efectos de establecer la base para calcular la sanción a imponer y no la forma de graduar la sanción que es aspecto debatido por el actor y estudiada en la presente acción de tutela…

En estos términos es evidente que pese a que no fue específicamente el tema debatido- la Sección en sede de tutela dejó claramente establecido que para la gradualidad de la sanción que se impone por no suministrar información se debe tener en cuenta si para subsanar la omisión, el contribuyente proporciona la información solicitada, aunque sea de manera extemporánea.

Esto con el fin de determinar si es dable tasar la sanción con una tarifa inferior a la máxima establecida en el artículo 651 del E.T. (5%). Ahora bien, del estudio de las providencias cuestionadas mediante el ejercicio de la presente acción de tutela, se observa que esta tesis no fue aplicada por los operadores judiciales accionados, los que al contrario sostuvieron que al no ser suministrada la información exigida o ser entregada de manera extemporánea era dable aplicar la sanción al 5% de las sumas respecto de las cuales no se proporcionó la información solicitada por la DIAN…

  (2017-12-14) [Mas Información]
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DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Nocion.
    El elemento imprescindible para establecer si con ocasión de una decisión judicial se vulneró el derecho - principio de igualdad en un caso concreto, por regla general, es el precedente judicial.
En virtud de este toda persona tiene derecho de recibir un trato igualitario por parte de los funcionarios judiciales; esto es, de obtener una decisión (providencia) semejante a la que se adoptó en otros procesos con fundamentos fácticos similares.

Para la Sala, solo puede plantearse la transgresión del precedente si se demuestra:
    (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente);

    (ii) que tales decisiones (precedentes) eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (precedente vinculante);

    (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante),

    (iv) y que el juez de instancia no presentó una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse del precedente).


  (2017-12-14) [Mas Información]
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RESOLUCION SANCIONATORIA POR INFORMACION EXTEMPORANEA -
Al existir acuerdo de pago y ser subsanada la omision debe accederse a la sancion reducida.
    ACUERDO DE PAGO DE SANCION REDUCIDA -
    Al ser expedido antes de proferirse la resolución sancionatoria hace procedente la sanción reducida.
Del texto del artículo 651 se deduce que son requisitos para acceder al beneficio de la reducción de la sanción, los siguientes: que la omisión sea subsanada antes de que se notifique la resolución sanción; se presente ante la oficina que está conociendo de la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida; y se acredite el pago de la sanción reducida o el acuerdo de pago de la misma.

Para la Sala es evidente que en el caso bajo análisis se dio cumplimiento a los citados requisitos, pues tal como quedó expuesto, la omisión fue subsanada el 21 octubre de 1998, con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, donde manifestó el contribuyente expresamente su voluntad de acogerse a la reducción de la sanción.

  (2017-12-14) [Mas Información]
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AUTO QUE DECRETA INSPECCION TRIBUTARIA - Es a partir de su notificacion que se suspende el termino para notificar el requerimiento especial.
    REQUERIMIENTO ESPECIAL - El término para su notificación se suspende a partir de la notificación del auto que decreta la inspección tributaria / NOTIFICACION DEL AUTO QUE DECRETA LA INSPECCION TRIBUTARIA - Marca el inicio de la suspensión del término para notificar el requerimiento especial.
De acuerdo con el artículo 705 del Estatuto Tributario, el término para notificar válidamente el Requerimiento Especial vencía en principio, el 18 de mayo de 2000.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el 22 de marzo de 2000, dentro del término para notificar el Requerimiento Especial, la Administración notificó por correo el auto de inspección tributaria 00017, recibido por la sociedad actora el 23 de marzo del mismo año, según constancia que obra en el mismo auto, el término para notificar el Requerimiento Especial se prorrogó hasta el 18 de agosto de 2000, en consideración a que la inspección tributaria se inició dentro de éstos 3 meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 706 ib.

Conforme a lo anterior, se concluye que la notificación del Requerimiento Especial 0030 efectuada por correo 3 de agosto de 2000, se surtió dentro del término legal que tenía la administración tributaria para el efecto.

Ahora bien no es acertada la interpretación que hace el Tribunal acerca de que sólo en la fecha en que se inicie la práctica de la inspección tributaria, opera la suspensión del plazo para notificar el Requerimiento Especial, porque en primer término la norma indica de manera expresa que el término se suspende “a partir de la fecha de notificación del auto que la decrete”, luego ante la claridad de la disposición no cabe interpretación distinta a la que se deduce de su tenor literal.

  (2017-12-13) [Mas Información]
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PRUEBAS SOLICITADAS POR LAS PARTES – La parte que solicite una prueba debe asumir el pago de los gastos que se causen con su práctica.
    GASTOS DEL PERITO – Deben ser pagados por quien solicitó la prueba así le parezcan excesivos /
    DESISTIMIENTO DE LA PRUEBA PERICIAL – Se presenta cuando la parte que solicita el peritaje no paga los gastos pedidos por el perito.
Corresponde al despacho decidir si es procedente el desistimiento de la prueba pericial declarado por el Tribunal Administrativo de Risaralda, con fundamento en que la parte demandante no pagó los gastos de pericia. (…) De conformidad con lo anterior, la parte que solicite una prueba debe pagar los gastos que se causen en la práctica de las mismas.

En el caso de la prueba pericial, los peritos pueden solicitar que se le suministre lo necesario para gastos de pericia, esta petición debe ser resuelta por el juez, y contra la providencia que la decida no cabrá recurso alguno. Si dentro del término señalado no se consigna la suma fijada, se considerará que quien pidió la prueba desistió de ella.

  (2017-12-13) [Mas Información]
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SANCION POR INFORMACION EN MEDIOS MAGNETICOS -Tasacion segun el articulo 651 del Estatuto Tributario.
    INFORMACION TRIBUTARIA EN MEDIOS MAGNETICOS - Es solicitada por la DIAN con el fin de efectuar estudios y cruces de información /
    PAGOS O ABONOS POR COSTOS Y DEDUCCIONES - Es uno de los conceptos a informar a la DIAN cuando son superiores a las cuantías establecidas anualmente.
Conforme al artículo 631 del Estatuto Tributario, la Administración Tributaria puede solicitar, por el respectivo año gravable, información a las personas o entidades, contribuyentes o no, con el fin de efectuar los estudios y cruces necesarios para el debido control de los tributos.

Dentro de la información que la DIAN puede pedir según el artículo en mención, se encuentra la de los pagos o abonos en cuenta que constituyan costo o deducción o generan impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles.

El literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario prevé que serán sancionados con multa quienes no suministren información dentro del plazo establecido para ello, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, según dos criterios:
    En el primer evento, la base de la sanción es el monto de la información exigida, y la multa, hasta el 5% del mismo.

    En la segunda hipótesis, esto es, cuando no existe base para calcular la sanción o la información requerida carece de cuantía, la multa puede ser hasta del 0.5% de los ingresos netos y, en ausencia de éstos, del patrimonio bruto del contribuyente o declarante del año anterior.


  (2017-12-13) [Mas Información]
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SANCION POR NO PRESENTAR INFORMACION TRIBUTARIA - No procede al no existir pagos o abonos durante el ano respecto a las deducciones.
    PAGOS POR DEDUCCIONES - Al no existir en el año gravable, el contribuyente no está obligado a suministrar tal información / GASTOS EN EL PERIODO GRAVABLE - Al demostrarse su no existencia, no se debe informar a la DIAN.
A lo largo del proceso, la demandante ha discutido que no tenía la obligación de presentar la información relacionada con las deducciones (artículo 631 literal e) del Estatuto Tributario), porque no tuvo ningún movimiento por el año gravable 1997.

Lo anterior, por cuanto los gastos no corresponden a pagos efectuados durante 1997, sino al resultado de los saldos de ganancias y pérdidas obtenidos y acumulados durante 1995 y 1996. Ahora bien, aunque en el balance de comprobación por auxiliares por 1997, incluido el cierre de cuentas de resultado, figura una cifra de $91.073.627, la misma corresponde al saldo de la cuenta 590505, “pérdidas y ganancias”, de los años 1995 y 1996 y no al movimiento de la cuenta de gastos de 1997.

Así pues, se encuentra probado que la demandante no tuvo movimiento por concepto de gastos durante el año 1997, motivo por el cual no se encontraba obligada a informar tal rubro a la DIAN.

El hecho de que la demandante no haya tenido movimientos durante la vigencia fiscal de 1997, hace que no se cumpla la finalidad del artículo 631 del Estatuto Tributario, cual es la de obtener datos para “efectuar estudios y cruces de información para el debido control de los tributos”.

  (2017-12-13) [Mas Información]
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NOTIFICACION MEDIANTE AVISO EN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION - Debe realizarse cuando las notificaciones por correo sean devueltas por cualquier razon.
    LIQUIDACION DE REVISIÓN - Debe notificarse mediante aviso en periódico cuando es devuelta por el correo.
Según el articulo 568 del Estatuto Tributario, las actuaciones de la administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional.

En el presente caso, revisados los antecedentes administrativos aparece una fotocopia simple de un listado en el cual la DIAN “comunica “ a los contribuyentes relacionados en él, dentro de los cuales aparece el actor, que por ese medio se surte la notificación de los actos administrativos.

Sin embargo este documento no prueba que se cumplió lo ordenado por el artículo 568 del Estatuto Tributario, pues en los antecedentes administrativos que envió la DIAN a este proceso, no se demuestra que se hubiese publicado el aviso en un diario de amplia circulación nacional y por consiguiente que se hubiese efectuado la notificación de la liquidación de revisión, lo cual se imponía por parte de la entidad demandada si pretendía que prosperara la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa.

  (2017-12-13) [Mas Información]
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GASTOS EN MATERIA TRIBUTARIA - Hace referencia a las deducciones y no a los costos.
    COSTOS - No se predican en la actividad de rentista de capital por no implicar explotación o colocación de productos.
    COSTO PRESUNTO - No procede respecto de ingresos que no correspondan a la actividad principal del contribuyente.
Con fundamento en el texto transcrito la Sala precisa que no todos los ingresos netos tienen un costo pues ello no puede predicarse por regla general, en casos como el de las rentas exclusivas de trabajo de las personas naturales con vínculo laboral que sí darían lugar a aquéllos, por vía de ejemplo, en la enajenación de bienes raíces.

Cuando las normas tributarias se refieren a gastos, se hace relación a las expensas necesarias o deducciones y no a los costos que es el tema regulado por la norma, y éstos en principio dependen de la índole del negocio o actividad del contribuyente, que en el caso concreto según la declaración privada, es la de rentista de capital, actividad que no implica explotación de productos o colocación de éstos para expenderlos, por vía de ejemplo.

No obstante podría entenderse que en el ejercicio de la anotada actividad se realizan adquisiciones que podrían generar algún costo, cuya prueba se anunció en la demanda pero nunca se allegó, y los gastos que se generan por ejemplo, por concepto de arrendamientos, servicios públicos y generales, son deducciones, por lo que bien pueden tenerse en cuenta por ser denunciados en el mismo renglón de la declaración, que por lo demás tampoco fueron probadas.

  (2017-12-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

AUTO DE INSPECCION TRIBUTARIA - Suspende el termino para notificar el requerimiento por tres meses cuando es de oficio.
    SUSPENSION DEL TERMINO PARA NOTIFICAR REQUERIMIENTO - Se produce entre otros con la inspección tributaria de oficio por tres meses
NOTIFICACION DEL AUTO QUE DECRETA LA INSPECCION TRIBUTARIA - Marca el inicio de la suspensión del término para notificar el requerimiento especial.

De acuerdo con el artículo 705 del Estatuto Tributario, el término para notificar válidamente el Requerimiento Especial vencía en principio, el 18 de mayo de 2000.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el 22 de marzo de 2000, dentro del término para notificar el Requerimiento Especial, la Administración notificó por correo el auto de inspección tributaria 00017, recibido por la sociedad actora el 23 de marzo del mismo año, según constancia que obra en el mismo auto, el término para notificar el Requerimiento Especial se prorrogó hasta el 18 de agosto de 2000, en consideración a que la inspección tributaria se inició dentro de éstos 3 meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 706 ib.

Conforme a lo anterior, se concluye que la notificación del Requerimiento Especial 0030 efectuada por correo 3 de agosto de 2000, se surtió dentro del término legal que tenía la administración tributaria para el efecto.

Ahora bien no es acertada la interpretación que hace el Tribunal acerca de que sólo en la fecha en que se inicie la práctica de la inspección tributaria, opera la suspensión del plazo para notificar el Requerimiento Especial, porque en primer término la norma indica de manera expresa que el término se suspende “a partir de la fecha de notificación del auto que la decrete”, luego ante la claridad de la disposición no cabe interpretación distinta a la que se deduce de su tenor literal.

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  (2017-12-04) [Mas Información]
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LIBROS DE CONTABILIDAD - Su verificacion fisica hacia parte de la inspeccion tributaria antes de la Ley 223 de 1995.
    INSPECCION TRIBUTARIA DESPUES DE LA LEY 223 DE 1995 - Tiene como finalidad recaudar distintos medios de prueba así como puede decretar inspección contable.
INSPECCION CONTABLE - No suspende el término para notificar el requerimiento especial según el artículo 706 del Estatuto Tributario

De otra parte, la “inspección tributaria” después de la Ley 223 de 1995, no es asimilable a la “inspección contable”, puesto que se define como un medio de prueba distinto e independiente de la inspección contable y en consecuencia, los pronunciamientos contenidos en las sentencias de la Corporación, que cita el a quo para respaldar su posición, no pueden ser aplicables al caso bajo examen, pues corresponde a situaciones ocurridas antes de la entrada en vigencia de la citada ley.

En efecto, la “inspección tributaria” antes de la expedición de la Ley 223 de 1995, se asimilaba, desde el punto de vista conceptual y práctico a la “inspección contable”, que se entendía como la inspección física a los libros de contabilidad del contribuyente, por estar definida en el artículo 779 del Estatuto Tributario.

Con base en la interpretación dada a las precitadas disposiciones, esta Sección sentó el criterio según el cual la sola notificación del auto que decretaba la “inspección tributaria” de oficio, no implicaba que ella se hubiera practicado y menos aun que por ello operara la suspensión del término de tres meses para notificar el Requerimiento Especial, sino que se requería de la realización efectiva de la diligencia o verificación directa de los libros contables, para que operara la suspensión del término y sólo durante el lapso de su duración.

  (2017-12-04) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

COSTOS Y DEDUCCIONES EN EL IMPORRENTA - Para su aceptación requiere de facturas con el cumplimiento de los requisitos del artículo 617 del E.T.
    DEDUCCION POR HONORARIOS - Procede su reconocimiento cuando está probada la realidad del pago y de los comprobantes.
CARGA DE LA PRUEBA DE LA DIAN - Le corresponde cuando desconoce deducciones sobre los cuales está demostrada la realidad de su pago.

Al respecto la Sala observa que si bien es cierto que los pactos o convenciones de los particulares, son susceptibles de valorarse conforme a las reglas de la sana crítica, también lo es, que debe hacerse en el contexto de otras pruebas, lo cual quiere decir que no es forzoso para la Administración la aceptación incondicional de la apariencia o formalidad de los actos o contratos de los contribuyentes, cuando de otras pruebas allegadas al proceso surja una verdad real, distinta de la simplemente formal.

En el caso bajo análisis los gastos glosados cumplen la exigencia legal prevista en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, según la cual la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto de renta requería de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 617 ib., y adicionalmente está probada la realidad del pago, con los cheques y comprobantes respectivos.

En consecuencia y atendiendo al criterio jurisprudencial enunciado, correspondía a la Administración y no a la contribuyente, la carga de aportar pruebas adicionales de las que pudiera inferirse que las actividades pagadas no habían sido efectivamente realizadas, y al no haberse procedido así, deben reconocerse como deducibles los honorarios facturados.

  (2017-12-04) [Mas Información]
Consejo de Estado.

CHEQUES DEVUELTOS - Su valor no es deducible al no aportarse pruebas que permitan verificar el concepto del pago.
    CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL - No es idónea cuando no indica la clase de gastos ni el fundamento para afirmar que tiene relación de causalidad
En cuanto a los gastos que corresponden a cheques irrecuperables si bien se afirma en la demanda que es una expensa necesaria por corresponder a cheques devueltos por clientes, no se aportan pruebas o elementos de juicio que permitan verificar el concepto del pago y además, para las deudas perdidas está prevista en la normatividad tributaria la provisión de cartera como deducción, por lo que se reconoce en este punto ajustada a derecho la actuación administrativa acusada.

Igual conclusión cabe respecto al rechazo del gasto que se enuncia como “misceláneos DIAN”, puesto que no existe claridad acerca de la descripción de dicho concepto, el cual simplemente aparece involucrado en la suma total de $29.564.000, la cual fue rechazada por no tener relación de causalidad con la renta declarada, luego en este sentido resulta infundado el cargo de la demanda referido a la falta de explicación sumaria.

No es de recibo la certificación del Revisor Fiscal que fue allegada con la respuesta al Requerimiento Especial, como prueba para demostrar la relación de causalidad de los gastos glosados, según la cual se afirma que “durante el año de 1998, se registraron en los libros de contabilidad los costos y gastos que tienen relación de causalidad con la actividad productora de la renta, además éstas expensas son necesarias y proporcionales a la actividad que realiza la sociedad”; toda vez que en primer término, no es al Revisor Fiscal a quien compete hacer tal definición, y en cambio, no indica de manera precisa los gastos de que se trata ni el fundamento que le sirve para afirmar que sí tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta.

  (2017-12-04) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - Al no existir certeza sobre su duracion no procede la amortizacion por remodelacion en un termino inferior a 5 anos.
    DEDUCCION POR AMORTIZACION DE REMODELACION DE INMUEBLE ARRENDADO - Procede en un término inferior a 5 años si el contrato también es por el mismo plazo.
De acuerdo con el artículo 143 del Estatuto Tributario, está claro que la inversión en la remodelación del inmueble arrendado a que se refiere la actora ($28.584.862), debía realizarse en el término “mínimo de cinco años”, y que correspondía a ella la carga de probar que por la duración del contrato de arrendamiento del inmueble objeto de la inversión, aquella debía realizarse en un término inferior, para que pueda aceptarse que el saldo de la inversión realizada en 1995, que restaba por amortizar, era deducible en el año gravable 1997.

Verificadas las pruebas aportadas para tal efecto, se observa que asiste razón a la Administración cuando considera que no está demostrado el supuesto que la norma señala para que se acepte la deducción de la amortización de la inversión en la suma pretendida por al actora.

  (2017-12-04) [Mas Información]
Consejo de Estado.

PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES – No procede la deduccion por viaticos pues esta no es una relacion laboral.
    GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION – No son deducibles porque no tienen relación con la actividad productora de renta.
La empresa de servicios temporales tiene el carácter de empleadora, respecto de sus trabajadores de planta y en misión. Concretamente, para los trabajadores en misión, la Ley 50 de 1990 consagra el derecho al salario, vacaciones, prima de servicios proporcional al tiempo laborado, salud ocupacional acorde con los artículos 76, 78 y 79; adicionalmente remite a las disposiciones del artículo 75 de la Ley 50 de 1990.

Es decir, a este tipo de trabajadores se les aplica el Código Sustantivo de Trabajo. Concluye la Sala que los viáticos permanentes constituyen salario en la parte dedicada a suministrar al trabajador manutención y alojamiento, mas no en lo que sólo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación.

En cuanto a los viáticos accidentales, señala que en ningún caso constituirán salario. Viáticos, según el Diccionario de la Real Academia, es la prevención, en especie o dinero, de lo necesario para el sustento del que hace un viaje; en consecuencia, el concepto cubre los gastos en que incurre el trabajador por el cumplimiento de sus funciones o de las actividades relacionadas con su trabajo, fuera de su sede habitual.
  (2017-11-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

GOOD WILL O CREDITO MERCANTIL - Concepto; Sólo es objeto de registro en la contabilidad cuando procede de una adquisición
    KNOW HOW - Concepto / BIENES INTANGIBLES - Son recursos obtenidos por la empresa que carecen de naturaleza material.
El “know how”, responde a la totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto y que el Plan Único de Cuentas [Decreto 2650 de 1993] define como un intangible apreciable en dinero, del conocimiento práctico sobre la forma de hacer o lograr algo con facilidad y eficiencia, aprovechando al máximo los esfuerzos y experiencias acumuladas en un arte o técnica.

Y es que los intangibles comprenden aquellos recursos obtenidos por la empresa que carecen de naturaleza material, e implican un derecho o privilegio oponible a terceros, de cuyo ejercicio o explotación se obtienen beneficios económicos, como patentes, marcas, derechos de autor, good will, crédito mercantil, franquicias etc.

El good will o crédito mercantil consiste en la reputación de que gozan algunas empresas, lo cual les permite tener ciertas ventajas comerciales sobre sus competidores, en términos financieros se entiende como el valor actual de las futuras actividades en exceso de las ganancias o sea mayores utilidades en promedio de establecimientos de la misma clase, no sólo por el buen trato a los clientes, sino por otros factores intangibles como ubicación, entregas oportunas, servicios, calidad y garantía de los productos.
  (2017-11-28) [Mas Información]
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PAGOS POR AUXILIO DE TRANSPORTE – No hace patre de la base para liquidar aportes. No es salario.
    PAGOS POR AUXILIO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS EN MISION – Es deducible y no debe acreditarse el pago de aportes parafiscales.
En este punto, es pertinente referirse al artículo 108 del Estatuto Tributario que dispone que los salarios son deducibles siempre que se demuestre el pago de los aportes parafiscales; es decir, se impone al contribuyente la obligación del pago de los aportes al subsidio familiar, SENA, ISS y al I.C.B.F., como requisito para su deducibilidad, para lo cual deberá demostrar que está a paz y salvo por tales conceptos en el respectivo año gravable.

Así mismo, el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, establece que no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes.

Tampoco hacen parte del salario las prestaciones sociales por beneficios o auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes lo hayan dispuesto expresamente, sean en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.
  (2017-11-28) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA - Conformacion / MERCANCIAS EN CONSIGNACION.
    COSTO DE MERCANCIA VENDIDA / INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIA.
Como el Decreto 2053 de 1974, enseña en su artículo 21 que el inventario final del año o período gravable es el inventario inicial del año o período gravable siguiente.

Entonces si en el año de 1983, la sociedad, registró un mayor inventario final como consecuencia de haber incluido el valor de compras de mercancías efectuadas en el ejercicio, pero que aún no había ingresado al inventario, y este inventario final, no fue desconocido por la Administración, siendo reales las compras, como su existencia, indudablemente, constituía el inventario inicial de 1984.

Más aún, si como lo admite la Administración, el inventario final de 1983 era inferior al declarado, es indudable que el costo de la mercancía vendida en 1983 fue superior y por ende la pérdida declarada por dicha vigencia era mayor.
  (2017-11-27) [Mas Información]
Consejo de Estado.

PAGOS LABORALES DEDUCIBLES EN RENTA – Son los realizados por mera liberalidad siempre que incidan en la productividad de la empresa.
    GASTO POR BONIFICACION A EMPLEADOS – No es deducible en renta cuando corresponde a pagos efectuados a empleados que prestaron sus servicios en años anteriores.
En sentencia de 10 de marzo de 2011, la Sala precisó que tanto la necesidad como la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y, para el efecto, el artículo 107 del E.T. dispone de dos parámetros de análisis:
    El primero, que la expensa se mida teniendo en cuenta que sea de las normalmente acostumbradas en cada actividad. Y,

    el segundo, que la ley no limite la expensa como deducible.
Respecto de la primera, habida cuenta de que el parámetro de comparación depende de la actividad que desarrolle la empresa y de las expensas que realicen empresas que desarrollen la misma actividad, es un asunto de hecho que amerita ser probado. Por lo tanto, la dificultad en este punto concierne a la prueba que deberá presentar el contribuyente para demostrar el derecho a la deducción. (…)

Igualmente, la Sala se ha pronunciado en relación con ciertos pagos laborales que pueden tener el carácter de deducibles, independientemente de que no sean salario ni factor prestacional, pues constituyen pagos que necesariamente inciden en la productividad de la empresa.
  (2017-11-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

IMPUESTO DESCONTABLE – Requiere que el gasto tenga relacion de causalidad y sea necesario en el desarrollo del objeto social.
    IVA POR GASTOS EN CLUBES – No es descontable cuando no cumple los requisitos generales de las deducciones
El apelante alegó que los pagos de las cuotas por servicios y gastos de clubes sirvió para concretar negocios, realizar eventos empresariales y rueda de negocios, con el fin de obtener nuevos clientes o conservar los existentes, y crear condiciones adecuadas para desarrollar la actividad económica del contribuyente.

Sobre este punto, la Sección en sentencia de 13 de agosto de 2009 precisó: “puede asistirle la razón al demandante en que los gastos realizados como asociarse a clubes (…) puedan incentivar a los empleados, crear un mejor ambiente y otras circunstancias benéficas para la empresa, reportando utilidad y conveniencia para incrementar la percepción de ingresos, pero no constituye un gasto obligatorio, ni tiene carácter de indispensable para obtener la renta”.

La Sala reitera, que si bien los gastos que realizan los contribuyentes para el mantenimiento de relaciones públicas y comerciales pudieron ser útiles para la actora, lo cierto es que, los bienes y servicios adquiridos con dichos pagos carecen de relación de causalidad con la actividad productora de renta y no son necesarios para el desarrollo de su objeto social que se circunscribe a la actividad de exploración, producción y comercialización de petróleo.
  (2017-11-23) [Mas Información]
Consejo de Estado.

GASTOS POR FIESTAS DE FIN DE ANO – Para su deducibilidad se requiere demostrar la relacion de causalidad y la necesidad para el desarrollo de la empresa.
    IVA POR GASTOS DE FIESTAS DE FIN DE AÑO – No es descontable cuando no se logra demostrar los requisitos generales de las deducciones en renta.
La actora en su declaración privada del IVA descuenta los gastos por concepto de fiestas de fin de año, pero no demostró que esta expensa fuese necesaria para el desarrollo del objeto social de la empresa, ni tampoco que tenía relación de causalidad o que proviniera de una actividad gravada con IVA.

Además, teniendo en cuenta que el objeto social de la empresa consiste en establecer una sucursal en Colombia con el fin de desarrollar la exploración y la producción de hidrocarburos en territorio colombiano, con respecto a las actividades de la industria petrolera, incluida la venta y comercialización de crudo, gas natural y sus derivados y cualquier otra actividad necesaria, accesoria o complementaria, el gasto por fiestas de fin de año no está directamente relacionada con la actividad productora de renta.

Por las anteriores razones, no procede el descuento del impuesto originado en esta erogación, ya que no está acreditado que las expensas cumplen con los requisitos de los artículos 107 y 488 del E.T.
  (2017-11-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

RECURSO DE RECONSIDERACION – Lo decide el Jefe de la Gestion Juridica cuando el acto recurrido no tiene cuantia o es inferior a 750 UVT.
    Ahora bien, la competencia funcional para conocer el recurso de reconsideración fue establecida en el artículo 560 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 44 de la Ley 1111 de 2006, así:
(…) Mediante Decreto 4048 de 2008, el Ejecutivo modificó la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Concretamente, en el artículo 40 se determinó la competencia funcional para resolver el recurso de reconsideración (…) De acuerdo con las normas en mención, si a la fecha de interposición del recurso de reconsideración el acto recurrido no tiene cuantía o ésta es inferior a 750 UVT, el competente para decidirlo es el Jefe de División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional que profirió el acto recurrido.

Conforme con la Resolución 1063 de 2008, proferida por el Director General de la DIAN, para el año gravable 2009, en el que se interpuso el recurso, el valor de la UVT era de $23.763, lo que significa que si el acto no tenía cuantía o ésta era inferior a $17.822.250, el competente para fallar el recurso de reconsideración era el Jefe de División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos que expidió la liquidación oficial de revisión. (…)

Pues bien, según el artículo 560 del Estatuto Tributario, norma que regula la competencia funcional de la DIAN para el ejercicio de sus funciones, “se entiende que la cuantía del acto objeto del recurso comprende los mayores valores determinados por concepto de impuestos y sanciones”, esto es, la diferencia entre el impuesto y las sanciones fijados por el contribuyente y los determinados por la Administración.
  (2017-11-22) [Mas Información]
Consejo de Estado.

GASTOS PARA BIENESTAR DE EMPLEADOS – No son deducibles cuando no son necesarios para el desarrollo del objeto social.
    NECESIDAD DEL GASTO – No se presenta en el caso de los gastos efectuados para comunidad y bienestar de los empleados.
[…] el objeto social de la demandante es “la importación, exportación, compra, venta, distribución y en general comercialización de todo tipo de productos de consumo masivo, tales como productos de higiene y cuidado personal, productos para el lavado de ropa, productos para la limpieza en general, productos químicos y farmacéuticos, alimentos y bebidas, sin que esta enumeración sea restrictiva sino meramente enunciativa”.

En este caso, las cuotas de sostenimiento y afiliación a clubes sociales no son deducibles, en la medida en que no son gastos necesarios para desarrollar la actividad productora de renta. El hecho de que tales pagos sean convenientes para impulsar una estrategia comercial, no obvia el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, pues la conveniencia no los hace indispensables o necesarios para desarrollar la actividad productora de renta hasta el punto de entender que sin ellos no sea posible obtenerla.

Tampoco los gastos que realizan los contribuyentes para bienestar y comodidad de sus empleados tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta de la actora, pues si bien pueden servir como motivación o incentivo, o para mantener buenas relaciones públicas y comerciales, no son necesarios para el desarrollo del objeto social. El hecho de que la demandante afirme que las afiliaciones a clubes son un elemento estratégico como escenario dentro del que se discuten los negocios, no significa que procedan las deducciones solicitadas.
  (2017-11-22) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

IVA NO DESCONTABLE – Es deducible en renta siempre que el IVA pagado sea computable como costo o gasto en renta.
    GASTO POR PREMIOS Y PUBLICIDAD – El IVA generado es deducible en renta al no ser descontable en el impuesto a la ventas / RETENCION EN LA FUENTE POR GASTOS DE AUTOCONSUMO – No hay lugar a practicarla al no existir ingreso para un tercero
Pues bien, de acuerdo con el artículo 420 del Estatuto Tributario, el impuesto a las ventas se causa, entre otros hechos, por la venta de bienes corporales muebles. El artículo 421 ibídem señala que se consideran ventas: “…b) los retiros de bienes corporales muebles hechos por el responsable para su uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa”.

En los retiros de bienes por el responsable, el IVA se causa en la fecha del retiro, como lo prevé el artículo 429 literal b) del Estatuto Tributario. A su vez, el artículo 458 ib señala que la base gravable en los retiros “será el valor comercial de los bienes”. (…) Y, el artículo 493 ib señala que el IVA que deba ser tratado como descuento no puede ser tomado como costo o gasto en el impuesto sobre la renta.

En el caso en estudio, la actora liquidó y pagó el IVA sobre los bienes retirados de su inventario, utilizados para efectos de publicidad, es decir, para desarrollar su actividad productora de renta, razón por la cual no podía solicitar el IVA pagado como descontable en la declaración de IVA. Por ello, el IVA pagado entró a formar parte del costo de los bienes retirados, lo que significa que el gasto en publicidad incluyó el IVA pagado.
  (2017-11-22) [Mas Información]
Consejo de Estado.

CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD – Declaran los ingresos por el sistema de causacion.
    INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO – Son gravados en el periodo en que la contraprestación se extingue.
PASIVO DIFERIDO – En él se registran los ingresos recibidos por anticipado y se amortiza a medida que se cumple con la contraprestación debida.

El artículo 27 de Estatuto Tributario dispone que los ingresos “se entienden realizados cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie” o por cualquier otra forma que equivalga legalmente a un pago. De este tratamiento, se exceptúan los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, quienes declaran los ingresos por el sistema de causación.

El artículo 28 ib, establece que “se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro”, es decir, que para los obligados a llevar contabilidad el ingreso se causa cuando el hecho económico se realiza, independientemente de si en ese momento se recibe o no el pago.

Tratándose de ingresos recibidos por anticipado, el artículo 27 ib, en la parte final, señala:
    “los ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no causadas, sólo se gravan en el año o período gravable en que se causen”.
En otras palabras, el ingreso recibido por anticipado será gravado en el periodo en que la contraprestación se extinga, es decir, se entregue el bien, se preste el servicio o se verifique la circunstancia que permita exigir el respectivo cobro.
  (2017-11-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

EXPENSAS NECESARIAS – Deben tener relacion causal con la actividad causal y ser proporcional a la misma.
    ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CONVENCION ANUAL – Hacen parte de las expensas deducibles por concepto de capacitación en el sector farmacéutico.
DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – Son deducibles las expensas que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta, que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.

La Sala reconoce que en la práctica comercial es frecuente que las empresas realicen, de manera periódica, estas jornadas dirigidas principalmente a sus trabajadores, con el fin de brindarles información sobre la situación financiera y comercial de la compañía y, como en el caso, además, para fortalecer el vínculo con sus vendedores, actualizarlos sobre los productos que comercializa, incentivarlos y mejorar su productividad.

La Sala considera que las partidas del costo de ventas y del gasto operacional de ventas, solicitadas por dichos conceptos son procedentes, toda vez que tienen relación de causalidad con la actividad de comercialización de productos biológicos y farmacéuticos, pues hacen parte de los gastos del evento anual de la compañía, son normalmente acostumbrados en la actividad económica que desarrolla, tendientes a mejorar la productividad de sus trabajadores, además no están limitados por la ley.

Debe tenerse en cuenta que la empresa, en el evento, capacitó a sus empleados sobre los bienes que comercializa y distribuye, esto es, productos biológicos y farmacéuticos, en especial, vacunas para los seres humanos. Este sector de la industria requiere que sus trabajadores cuenten con conocimientos suficientes sobre los productos, su manejo y control, lo cual redunda en una mayor productividad y efectividad, por lo que las expensas cuestionadas, realizadas con ocasión de la convención anual resultan necesarias para el desarrollo del objeto social de la empresa.
  (2017-11-16) [Mas Información]
Consejo de Estado.

PAGOS POR CONCEPTOS DE GASTOS MEDICOS Y MEDICINA PREPAGADA – Son considerados pagos laborales indirectos.
    GASTOS LABORALES INDIRECTOS – Guardan relación con la actividad generadora de renta de la empresa y resultan necesarios para éste propósito.
AUXILIO EDUCATIVO PARA TRABAJADORES Y SU NUCLEO FAMILIAR – Son pagos laborales indirectos que constituyen expensas deducibles.

La Sala ha sostenido que el servicio de medicina prepagada es una forma de remuneración para los trabajadores, que son parte fundamental en la consecución de los ingresos de la entidad, la cual debe velar por sus condiciones de salud, necesarias para que la empresa consiga su objeto social enderezado a generar renta.

En otras palabras, este tipo de gastos guarda estrecha relación con la actividad generadora de renta de la empresa y resultan necesarios para este propósito. De otra parte, ha señalado que “el carácter laboral del gasto, permite igualmente afirmar que existe un nexo causal frente a la actividad productora de renta, puesto que la fuerza laboral constituye, sin duda, un elemento indispensable en la producción de la renta, y por la misma razón, resulta necesario el gasto, para la obtención efectiva del ingreso, en cuanto incide de manera directa en la productividad de la empresa”.

Lo anterior permite reiterar que los pagos que por concepto de servicios de salud y por medicina prepagada efectúa el empleador para sus trabajadores, constituyen gasto de naturaleza laboral, susceptible de ser considerado como deducción a la luz del artículo 107 del E.T., pues, como se indicó, cumplen con los presupuestos legales para su deducibilidad.
  (2017-11-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

GASTOS POR POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE TRABAJADORES – Tienen relacion de causalidad con la actividad productora de renta, toda vez que ampara bienes que son herramienta de trabajo para la comercializacion de los productos.
    GASTOS POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA – No son expensas necesarias, pues no son acostumbrados en el ámbito empresarial y no generan mayores ingresos.
GASTOS DE PROMOCION – Son los bienes adquiridos con el fin de ser entregados a clientes para incentivar la compra de los productos comercializados y que por lo tanto constituyen expensas necesarias / GASTOS POR CONCEPTO DE COMPUTADOR, REFRIGERADOR Y AVISOS LUMINOSOS – Son gastos de promoción y por lo tanto constituyen expensas necesarias.

Tratándose del pago realizado por concepto de la póliza de seguro de vida de los trabajadores de la empresa, la Sala encuentra que no cumple los requisitos previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, pues si bien este tipo de gastos son convenientes y útiles para estimular la productividad de los empleados, no resulta necesario, ni se trata de los normalmente acostumbrados en el ámbito empresarial y su realización no genera indefectiblemente mayores ingresos o una mayor productividad como lo asegura la accionante, razón por la que no se dará prosperidad al cargo.

(…) La Sala encuentra que, en el caso, los pagos por concepto de seguro para los vehículos de propiedad de los trabajadores tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta, toda vez que tales bienes son utilizados como herramienta de trabajo para la comercialización de los productos biológicos y farmacéuticos, pues, como lo afirma la demandante, son utilizados para visitar a los clientes existentes y a los potenciales, en todo el país, hecho no controvertido por la Administración.

Dado que no se trata de un ingreso laboral, ni directo ni indirecto, no hace parte de la base de retención en la fuente por salarios, por lo que no es procedente desconocer la deducción como lo pretende la Administración.
  (2017-11-16) [Mas Información]
Consejo de Estado.

DEDUCCION DONACIONES – Para su procedencia se exige entre otros requisitos, la certificacion del revisor fiscal o contador de la donataria.
    SANCION POR INEXACTITUD – Procede por desconocimiento de la normativa.
La situación presentada encuadra en la definición de donación del Código Civil, toda vez que la actora transfirió, de manera gratuita e irrevocable”, parte de sus bienes (dinero) a favor de esa organización internacional, al pagar el costo de la remodelación del Centro de Vacunación.

Tratándose de deducciones por concepto de donaciones el Estatuto Tributario, en el artículo 125-3 establece: (…) La normativa tributaria exige como requisito para el reconocimiento de la deducción por donaciones, entre otros, la certificación del revisor fiscal o contador de la donataria, en la que conste la forma, el monto y la destinación de la donación, sin que esa transferencia de dominio a título gratuito esté referida a acciones, participaciones, títulos valores, derechos o acreencias poseídas en sociedades.(…)

De otra parte, la Sala observa que, tanto contable como tributariamente, la transferencia de dominio de bienes en forma gratuita e irrevocable, constituye para el donante un gasto real, como en el caso, pero la actora no dio cumplimiento a las formalidades previstas en el artículo 125-3 del Estatuto Tributario para acceder al reconocimiento de la deducción por donaciones.
  (2017-11-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

SALARIO - Factores que lo integran.
    GASTOS DE VIAJE - Los destinados a manutención y alojamiento constituyen factor salarial.

    GASTOS DE TRANSPORTE - Prueba.
Los llamados gastos de viaje en lo concerniente al alojamiento y manutención no podrá excluirse para la liquidación de aportes. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 130 del Código Laboral, los viáticos que tengan por finalidad proporcionar los medios de transporte no constituyen salario, pero exige la ley que cada vez que se paguen, debe especificaciones el concepto, y tal circunstancia, para su reconocimiento debe tener comprobación en el proceso.

Relación que no señala los documentos fuentes de los pagos por este concepto ya que los documentos que se allegaron al dictamen son solo algunos comprobantes de reintegro de gastos a los trabajadores, y otros corresponden a fotocopias totalmente ilegibles.

Es decir no existe una comprobación de cada uno de los conceptos que involucra el rubro mencionado, ni una comprobación convincente de los transportes pagados. Tampoco el análisis por muestreo de unas cuentas de gastos de las cuales solo un reducido número se acompañó al experticio, permite cuantificar realmente el monto de los gastos de transporte que alega la sociedad forman parte de los llamados genéricamente “gastos de viaje”.
  (2017-11-03) [Mas Información]
Consejo de Estado.

INSPECCION TRIBUTARIA – Para la suspension del termino para notificar el requerimiento especial, lo importante es que la prueba se realice.
    INSPECCION TRIBUTARIA – En esta prueba se pueden decretar todos los demás medios probatorios autorizados.
REQUERIMIENTO ESPECIAL – El término para notificarlo se suspende con la realización efectiva de la inspección tributaria.

ACTA DE INSPECCION TRIBUTARIA – Hace parte de la actuación administrativa cuando ésta se fundamenta en la inspección.

La inspección tributaria está definida en el artículo 779 del E.T. como el medio de prueba por el que la administración verifica la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de las obligaciones formales; además, establece la existencia de hechos gravables.

Prevé, además, que en la práctica de la prueba la administración constata, de manera directa, los hechos que interesan en determinado proceso, verifica su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y que, en desarrollo de esta prueba, la administración puede decretar todos los demás medios probatorios legalmente autorizados, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias.

(…) El artículo preceptúa que la inspección tributaria se inicia una vez notificado el auto que la ordena; que de la diligencia debe levantarse un acta en la que se incluyan todos los hechos y pruebas examinados y los resultados obtenidos y la fecha de cierre de la investigación y que debe ser suscrita por los funcionarios que adelantaron la diligencia.
  (2017-11-03) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE – Los egresos que se restan de los ingresos deben tener relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad.
    De acuerdo con la anterior disposición, los requisitos para acceder al régimen tributario especial son los siguientes:
    1. Que se trate de entidades cuya naturaleza jurídica corresponda a una corporación, fundación o asociación sin ánimo de lucro.

    2. Que no se hallen expresamente exceptuadas del impuesto sobre la renta por el artículo 23 del Estatuto Tributario.

    3. Que el objeto social principal que da derecho al tratamiento preferencial se dirija, así como los recursos obtenidos en desarrollo del mismo, a las actividades de salud, educación formal, cultura, deporte aficionado, investigación científica o tecnológica, ecología y protección ambiental, o a programas de desarrollo social; y

    4. Que tales actividades sean de interés general.

    5. Que sus excedentes sean reinvertidos en la actividad de su objeto social.
  (2017-11-03) [Mas Información]
Consejo de Estado.

GASTOS POR IMPUESTOS, SANCIONES Y PROVISIONES – No se consideran egresos procedentes en el regimen tributario especial.
    EGRESOS PROCEDENTES EN EL REGIMEN TRIBUTARIO – Son aquellos que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad y, sean demostrados por el contribuyente.
GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO – Como gastos teóricos guardan relación de causalidad con la actividad de la entidad sin ánimo de lucro.

RELACION DE CAUSALIDAD EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL – Se establece entre los egresos y el objeto social de la entidad.

Sobre el particular, la Sala considera acertado el rechazo de los egresos correspondientes a impuestos; provisiones; intereses; multas y sanciones y, otros gastos no operacionales, por no reunir los presupuestos de los artículos 357, 358 y 359 del Estatuto Tributario, y 4 del Decreto Reglamentario 124 de 1997.

Tanto en la vía gubernativa, como en esta instancia judicial, la fundación actora se limitó a afirmar que esos egresos tenían relación de causalidad con la actividad productora de renta y el objeto social de la fundación, sin aportar prueba alguna que permita establecer dicha circunstancia.

Adicionalmente, la Sala tampoco puede establecer si dichos egresos tienen relación de causalidad, pues no existe información suficiente en el expediente, ni la demandante la brindó, respecto de cada concepto objetado. Por último, tampoco se aportó prueba que permita establecer si el beneficio neto o excedente se destinó, en el año siguiente al que se obtuvo, a actividades propias del objeto social, pero de aquellas previstas en el artículo 359 del E.T.
  (2017-11-03) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

DECLARACION CON SALDO A FAVOR – Firmeza.

INSPECCION TRIBUTARIA – Suspenden la firmeza de la declaracion.
    FIRMEZA DE LA DECLARACION – Se suspende cuando se notifica el requerimiento especial antes de los dos años.
Los artículos 705, 706 y 714 del Estatuto Tributario son claros en cuanto establecen que la declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, quedará en firme si dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial.

También son claras en cuanto disponen que ese plazo de dos años se puede “suspender” por tres meses, cuando la DIAN decreta y practica de oficio la inspección tributaria. Gramaticalmente, el término suspender significa “Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra”.

De manera que, cuando el término de 2 años previsto para que opere la firmeza de la declaración que ya ha empezado a correr se suspende, a partir de ese momento se empieza a contar el plazo de tres meses previsto para practicar la inspección. De manera que, cuando termina la condición de la suspensión, o mejor, cuando se vencen los tres meses de suspensión, se reanuda el conteo del plazo de la firmeza, por el tiempo que faltaba para que finiquite.
  (2017-11-03) [Mas Información]
Consejo de Estado.

CORRECCION PROVOCADA DE LA LIQUIDACION DE REVISION.
    Tiene como finalidad la reducción de la sanción cuando se obliga a pagar un mayor valor por impuesto. Sólo se aplica cuando se aumenta el impuesto a cargo y se liquida la sanción por inexactitud.
El artículo 713 del Estatuto Tributario parte del presupuesto de que el contribuyente, el responsable o agente retenedor puede aceptar total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación oficial. Dado que esa aceptación puede dar lugar al pago de impuestos y, por ende, a la liquidación de la sanción por inexactitud, el artículo 713 del E.T. permite a los contribuyentes reducir esa sanción.

En consecuencia, esta disposición se implementó con el fin de incentivar a los contribuyentes a corregir las declaraciones en el curso de la vía gubernativa, puesto que la reducción de la sanción opera como un estímulo.

Ahora, cuando el contribuyente acepta parcialmente hechos que no inciden en las obligaciones tributarias a su cargo, en el sentido de hacerlas más gravosas, le asiste razón a la DIAN en cuanto interpretó que, en esos casos, no se aplica el artículo 713 del E.T., puesto que, esta disposición, conforme se precisó, tiene como fin otorgarle a los contribuyentes la prerrogativa de reducir la sanción por inexactitud cuando acepta parcial o total los hechos y se obliga a pagar un mayor valor por concepto de impuestos. De manera que, si no hay mayor impuesto para liquidar y sanción para reducir, por sustracción de materia no es posible aplicar el artículo 713 del E.T.
  (2017-11-03) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

GASTOS POR TRASLADO DE IDA – Es deducible por ser un gasto a cargo del empleador y que tiene relacion con la actividad productora de renta. Requisitos para que proceda.
    GASTOS DE TRASLADO DE REGRESO – No son deducibles por no reunir los requisitos de las expensas necesarias.
Los gastos de traslado, a diferencia de los viáticos, se causan cuando se contrata al trabajador, cuando se lo desvincula o, cuando en ejercicio del ius variandi, se le modifica la sede de trabajo. Por eso, los gastos de traslado cubren los gastos razonables en que incurriría el trabajador para trasladarse con su familia, con su menaje y efectos personales al sitio en que desempeñará sus actividades laborales, o al sitio inicial de residencia, o al que éste escoja, sin que en éste último caso, el empleador deba asumir más gastos de los que demandaría el regreso del trabajador al lugar donde residía anteriormente.

Los viáticos en cambio, son una contraprestación que puede ser permanente u ocasional y que se causa ante la necesidad de trasladar a los trabajadores a un sitio diferente a su lugar habitual de trabajo, para desarrollar una actividad puntual, sin que ese traslado implique fijar su residencia en el sitio de traslado.

Estos gastos cubren el alojamiento, la manutención, el transporte y los gastos de representación del trabajador, exclusivamente. No incluye el transporte de menaje. En ese contexto, tratándose de los gastos de traslado, para la Sala, el requisito de causalidad solo se cumple en los gastos de traslado de ida y en los gastos de traslado por cambio de lugar o movilidad geográfica del trabajador, pues en estos casos la erogación que hace el empleador tiene su causa en la vinculación de nueva fuerza laboral con el propósito (efecto) de incrementar la productividad de la empresa, o en la movilidad geográfica del trabajador, con los mismos propósitos.
  (2017-11-03) [Mas Información]
Consejo de Estado.

IMPUESTOS DESCONTABLES – Solo seran aquellos que originados en operaciones que constituyan costo o gasto.
    IMPUESTOS DESCONTABLES EN OPERACIONES GRAVADAS, EXCLUIDAS Y EXENTAS – Se imputan proporcionalmente.
Por relación de causalidad debe entenderse la conexidad que existe entre el gasto como causa, con la actividad productora de renta, como efecto. La necesidad del gasto está relacionada con que éste debe hacerse de manera forzosa, ineludible, y la proporcionalidad es la relación que existe entre el gasto y el ingreso.

La necesidad y la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y por ello el artículo 107 del E. T. dispone que la expensa debe ser una de las normalmente acostumbradas en cada actividad y que la ley no la limite como deducible. Que se trate de una expensa de las normalmente acostumbradas en cada actividad debe ser probado frente a las expensas que realicen empresas que desarrollen la misma actividad y, por lo tanto, el contribuyente deberá acreditar que es una costumbre normal hacer la erogación, pero, además, de manera forzosa, para demostrar el derecho a la deducción.

El artículo 488 del E.T. dispone que los bienes corporales muebles y servicios deben destinarse a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas, lo que significa que el impuesto pagado por esos bienes o servicios constituye un costo o gasto en la actividad productora de renta de la empresa porque las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas son las operaciones realizadas dentro del contexto de esa actividad productiva de la empresa.
  (2017-11-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

PAGOS A MEDICINA PREPAGADA – Son pagos indirectos al trabajador y por ende constituyen gastos laborales deducibles.
    CAMPAÑAS PARA EL MANEJO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA COMPAÑÍA – No son deducibles por no tener relación con el objeto de la empresa.

    ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTE – Los gastos por estos conceptos son deducibles por estar destinadas a las actividades gravadas de la empresa.
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE CLUBES - Aunque tienen relación con la empresa y sus trabajadores el contribuyente no probó que dicha expensa haya tenido un efecto positivo en la actividad productora de renta de la empresa.

Para definir si las citadas expensas tienen relación de causalidad con la actividad productora de la empresa y si son necesarias y proporcionales, debe destacarse en primer lugar que el objeto social de la demandante es, según el certificado de existencia y representación legal, “la exploración, explotación, beneficio, transformación y comercialización del carbón".

Por lo tanto, para que la expensa tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta de la empresa debió probarse su injerencia en la productividad y, también, que la expensa se hizo de manera forzosa, en cumplimiento de la ley, de las obligaciones inherentes a la buena gestión empresarial o de la costumbre mercantil.

La Sala ha fijado reiteradamente el criterio de que los pagos de medicina prepagada que realiza el empleador para sus trabajadores encuadran dentro de la definición de pago laboral indirecto que trae el Decreto Reglamentario 3750 de 1986 en su artículo 5°, como lo señala la apoderada de la demandante.
  (2017-11-02) [Mas Información]
Consejo de Estado.

IMPUESTOS DESCONTABLES EN EL IVA - Solo son aquellos que se generan en operaciones que constituyen un gasto o costo.
    GASTO - Como requisito de la relación de causalidad no siempre debe generar un ingreso.
La DIAN entendió, al igual que la demandante, que el artículo 488 del E.T. establece la posibilidad de tratar como descontable el IVA generado en la adquisición de bienes y servicios, siempre y cuando el impuesto se haya generado en operaciones que constituyen gasto o costo de la empresa, es decir que sean necesarios, proporcionales y que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta, y que dichos bienes o servicios se hayan destinado a operaciones gravadas con el impuesto.

No obstante que la demandante insiste en que para la DIAN los costos y gastos deben tener relación directa con las operaciones gravadas o exentas, lo cierto es que, la DIAN persiste en que tales costos y gastos “se destinen” a tales operaciones.

Por lo tanto, la Sala aprecia que no hay colisión en la interpretación de la norma. Sin embargo, a pesar de que las partes coinciden en la interpretación del artículo 488, no ocurre lo mismo respecto de la interpretación de los hechos a partir de la interpretación propiamente dicha de los artículos 107 y 488 del E.T.
  (2017-11-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ACTIVOS.
    Son expensas necesarias que tienen relación de causalidad.
La Sala considera que la demandante tiene razón, pues los gastos por mantenimiento de activos (inmuebles) son expensas que tienen relación de causalidad con la actividad que desarrolla la empresa, pues se deriva de las obligaciones que tienen que cumplir quienes administran la empresa en cuanto a que es su deber hacer las erogaciones necesarias para conservar los bienes en estado óptimo de utilización, pues eso coadyuva directa o indirectamente, según el activo de que se trate, en la productividad de la misma.

Y es proporcional en cuanto a la renta que obtuvo la empresa. De tal forma que se aceptan los impuestos decontables originados en dicho pago, por reunir los requisitos del artículo 488 del E.T.
  (2017-11-02) [Mas Información]
Consejo de Estado.

CERTIFICADO DE CONTADOR O REVISOR FISCAL – Deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar.
    CONTABILIDAD DEL COMERCIANTE – Se debe evidenciar la historia clara y fidedigna de los asientos contables y el estado de los negocios.
LIBROS DE CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE – Constituyen prueba a su favor siempre que se lleven en debida forma.

Observa la Sala que la Corporación ha fijado directriz sobre los requisitos que deben cumplir las certificaciones de contador público o de revisor fiscal que se aporten, para que puedan ser tenidas como plena prueba, dichas certificaciones, deben permitir llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad; deben expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales; si los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio; si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos, y si reflejan la situación financiera del ente económico.

El siguiente es el texto del certificado de Contador de PEPSI COLA PANAMERICANA LLC aportado como anexo a la respuesta del requerimiento especial. (…) Para la Sala este certificado no es suficiente para desvirtuar la decisión administrativa y establecer la realidad de los ingresos declarados, pues el cuestionamiento oficial requería que la sociedad acreditara fehacientemente, con documentos soportes, el movimiento contable y la realidad de las operaciones que afectaron los ingresos del año gravable.

Si bien, conforme con el artículo 777 del Estatuto Tributario, cuando se trata de presentar en la DIAN pruebas contables, son suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración para hacer las comprobaciones pertinentes, ha sido criterio de la Sala que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
  (2017-11-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

GASTOS POR RECUPERACION DE UN VEHICULO – No es deducible por no tener relacion de causalidad con la actividad productora de renta.
    ACTIVOS MOVIBLES – Procede su deducción por destrucción cuando reúne los presupuestos de las expensas necesarias.
Para que una erogación sea deducible requiere de relación de causalidad con la actividad productora de renta, que sea necesaria y proporcionada, su realización corresponda al año o período gravable en que se solicita y que no esté prohibida.

En recurrentes sentencias la Sala ha dicho: por relación de causalidad “debe entenderse la conexidad que existe entre el gasto (causa) realizado en cualquier actividad generadora de renta por el contribuyente durante el año o período gravable, con la actividad generadora de renta, o mejor, con la productividad de la empresa, conexidad que se mide por la injerencia (nexo) que tiene el gasto en dicha actividad y, por ende, en dicha productividad (efecto).

Por eso, también reitera que si bien el artículo 107 del Estatuto Tributario no exige que a instancia del gasto se genere un ingreso, pues lo que exige es que tenga relación de causa y efecto, pero no como gasto-ingreso, sino como gasto-actividad (productividad), el contribuyente sí está obligado a probar la injerencia que tuvo el gasto en la productividad de la empresa”.
  (2017-11-02) [Mas Información]
Consejo de Estado.

ENVASES – Elemento para distribuir y vender el liquido.
    DESTRUCCION DE ENVASES – Procede cuando no se pude desarrollar la actividad productora. Causal para dar de baja los inventarios.

    CAMBIO DE ENVASES POR IMAGEN – Es deducible por guardar relación con la actividad productora de renta.
Destaca la Sala que las botellas sirven como elemento de contención del líquido objeto de venta o distribución, sin el cual no resulta imaginable envasar, almacenar y poner el producto para distribución y comercialización al consumidor final.

De esta manera, al ser las bebidas fabricadas para consumo masivo, su contenido debe conservar todas sus propiedades hasta que llegue al consumidor, así, una botella rota o despicada no puede cumplir dicho fin, en ambos casos, hay exposición del producto por pérdida de la hermeticidad del envase, donde la rotura de la botella que contiene el producto, genera la pérdida del envase y el líquido e imposibilita la comercialización del producto.

Ahora, una “botella” despicada además de la falta de cierre hermético del envase que lleva contaminar el líquido, genera riesgo de daño a la salud del consumidor que injiera la bebida directamente de la botella, por ello debe destruirse al no servir para envasar y comercializar el producto, aspectos atinentes a la salud.
  (2017-11-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

GASTOS DE SOSTENIMIENTO A CLUBES SOCIALES –
No son expensas necesarias realizar el objeto social.
    Para la Sala es evidente que los gastos de sostenimiento a clubes no constituyen una erogación indispensable para la producción de la renta, por cuanto no son necesarios para el desarrollo de la actividad de inversionista y de asesoría técnica que realiza la compañía.
En efecto, la Sala en sentencia de 13 de agosto de 2009 precisó que: “puede asistirle la razón al demandante en que los gastos realizados como asociarse a clubes o asociaciones gremiales, suscribirse a periódicos y revistas, adquirir libros, contribuir con gastos médicos y demás puedan incentivar a los empleados, crear un mejor ambiente y otras circunstancias benéficas para la empresa, reportando utilidad y conveniencia para incrementar la percepción de ingresos, pero no constituye un gasto obligatorio, ni tiene carácter de indispensable para obtener la renta”.

En consecuencia, los pagos señalados, si bien pudieron ser útiles o convenientes para la actora, no fueron indispensables para la generación de la renta, al punto de que si no los hubiera realizado hubiera sido imposible realizar su objeto social, situación que tampoco fue demostrada por el contribuyente.

Por lo tanto, no se aceptan estas deducciones. Verificado el acervo probatorio, se observa que la actora no demostró que dichos servicios fueron prestados efectivamente a sus empleados y clientes extranjeros, dado que únicamente aportó como prueba de la realización del gasto una copia del libro de auxiliares – balance de prueba, en donde solo registró la cuenta y el valor de la erogación, y dos facturas, cada una por valor de $88.601.780, que no soportan la totalidad del gasto solicitado.
  (2017-11-02) [Mas Información]
Consejo de Estado.

SALARIOS – Son deducibles cuando se acredita el pago de aportes parafiscales.
Conceptos que no constituyen salario.
    GASTOS DE DEPRECIACION – Contrato de leasing. Su deducción se aplica a los arrendatarios no al arrendador. No procede su deducción.
El artículo 108 del Estatuto Tributario dispone que los salarios son deducibles siempre que se acredite el pago de los aportes parafiscales, es decir, se requiere que el contribuyente haya pagado los aportes al subsidio familiar, SENA, ISS y al I.C.B.F. como requisito ineludible para esa deducibilidad.

Para ese efecto, el contribuyente debe estar a paz y salvo por tales conceptos en el respectivo año gravable. El artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, en lo pertinente, dispone que tampoco constituyen salario las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente, u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones de servicios o de navidad.
  (2017-10-31) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

EXPENSAS NECESARIAS – La carga de la prueba la tiene el contribuyente para demostrar que los gastos cumplen los requisitos para ser deducidos.
    CONTABILIDAD – Debe suministrar una historia clara, completa y fidedigna de los negocios. Es una prueba indiciaria. Puede ser desvirtuada por otras pruebas.
Pues bien, en primer lugar, la Sala advierte que según el diccionario de la Real Academia Española el “indicio” es “el fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido” o también es “cantidad pequeñísima de algo, que no acaba de manifestarse como mensurable o significativo”.

Probatoriamente, el indicio responde al concepto de ser un hecho conocido del cual se infiere lógicamente otro desconocido. A juicio de la doctrina, no se puede considerar que esta inferencia lógica forme parte de la prueba indiciaria, pues esta labor es propia de la crítica de cualquier medio probatorio.

El artículo 248 del Código de Procedimiento Civil dispone que para que un hecho pueda considerarse como indicio deberá estar debidamente probado en el proceso.
  (2017-10-31) [Mas Información]
Consejo de Estado.

HONORARIOS Y PARQUEADEROS – procede su deduccion al ser expensas necesarias. Carga de la prueba.
    GASTOS POR BONOS DE SODEXHO PASAJES ASISTENCIA TECNICA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, Y MANUTENCION – Para que proceda su deducción debe probarse que hicieron parte de la base para el pago de los aportes parafiscales.
En relación con estos conceptos y los demás gastos, que la actora denomina indirectos, y sobre los que sí admite que fueron pagos laborales, a juicio de la Sala, para su eficacia como deducción, la sociedad debió demostrar que hicieron parte de la base para el pago de los aportes parafiscales, pues fueron pagos con los que se remuneró a los empleados en virtud de la relación laboral, es decir, fueron pagos constitutivos de salario e hicieron parte de la nómina de los trabajadores.

Así mismo, no se observa en el plenario que, sobre tales pagos, la actora hubiera pactado con sus empleados el carácter no salarial, pues no hay prueba de los acuerdos suscritos en tal sentido por la sociedad y los empleados, de manera que, conforme con el artículo 108 del Estatuto Tributario, para tener derecho a la deducción debió acreditar el pago de los aportes parafiscales.
  (2017-10-31) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

SANCION POR INEXACTITUD – Procedencia. Falta de pago de aportes parafiscales. Inclusion de deducciones inexistentes.
    Observa la Sala que conforme con el artículo 647 del Estatuto Tributario, constituye inexactitud sancionable la omisión de ingresos, inclusión de costos, deducciones o descuentos inexistentes y, en general, la utilización en la declaración de renta de datos o factores equivocados, incompletos o desfigurados de los cuales se derive un menor impuesto para el contribuyente.
En el presente caso, el rechazo de las deducciones obedeció al incumplimiento de los requisitos legales para su procedencia, como la falta de pago de los aportes parafiscales en el caso de los pagos salariales, de manera que esa circunstancia significó la inclusión, en la declaración de renta, de deducciones inexistentes y factores equivocados que derivaron un mayor saldo a favor de la contribuyente.

De lo expuesto en este fallo, es evidente que los rechazos que se mantuvieron no obedecieron a una diferencia de criterios en torno a la interpretación del derecho aplicable.

No puede calificarse como diferencia de criterios en la interpretación de una norma, la apreciación particular de cada uno de los hechos que originaron las partidas o gastos rechazados para tratar de cobijarlos con los efectos que las normas consagran. Por lo tanto, sobre los conceptos rechazados se mantiene la sanción por inexactitud.
  (2017-10-31) [Mas Información]
Consejo de Estado.

DEDUCCION POR AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS - Por la prestacion de servicios turisticos, tiene relacion de causalidad con la actividad productora de renta.
    CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICIOS - Sus ingresos dependen del hecho futuro de si el suscriptor deja de pagar las cuotas o termina el contrato de forma unilateral antes de cumplirse.
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - Es la competente para pronunciarse respecto a la idoneidad y la forma como se lleva la contabilidad.

De acuerdo con el contrato de prestación de servicios turísticos, los ingresos para la sociedad dependen del hecho futuro de si el suscriptor deja de pagar las cuotas o termina el contrato de forma unilateral antes de cumplirse el término del contrato que es por 36 meses.

En efecto, en el único evento en el que los dineros que capta al público no constituyen ingreso, es cuando el suscritor paga la totalidad de sus cuotas. Sin embargo, es claro que dicha situación sólo se conoce hasta que se cumple el pago de la cuota 36.

En los eventos en que los aportes se convierten en ingresos para la sociedad, el monto del mismo es incierto, pues depende también del momento en que se pide el anticipo, o se deje de pagar, o finalmente se rescinda el contrato.
  (2017-10-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

PRESTACION A SOCIOS O ACCIONISTAS - Presuncion de rendimiento minimo anual.
    PAGARES SUSCRITOS A SOCIOS - Prueban que los intereses se causaron para no probar el valor real de lo que se cancelo.

    INTERESES PRESUNTOS - Su valor real se puede demostrar a través de la certificación del revisor fiscal
Conforme al artículo 35 del Estatuto Tributario, vigente para el periodo en discusión, siempre que se realice un préstamo de dinero de las sociedades a sus socios o accionistas, se genera un rendimiento mínimo anual y proporcional al tiempo de posesión, el cual equivale a la tasa de corrección monetaria del sistema de valor constante vigente a 31 de diciembre del año anterior.

Esta presunción de derecho, no impide a la Administración que pueda determinar los verdaderos rendimientos que produjeron esos préstamos, cuando sean superiores. De acuerdo con el artículo 35, la presunción opera sobre el valor mínimo que se puede declarar, así, si se han pactado tasas de interés superiores a la tasa de corrección monetaria vigente el 31 de diciembre del año anterior al gravable, es claro que el valor que se debe declarar es este último, sí así se prueba.
  (2017-10-27) [Mas Información]
Consejo de Estado.

PROVISION POR PERDIDAS - Para aceptarla debe probarse la fuerza mayor impresibilidad e irresistibilidad.
    CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR - Para aceptar su ocurrencia debe demostrarse sus dos elementos: Imprevisibilidad, irresistibilidad e imputabilidad.
En el presente caso y como señaló la Sala al resolver un caso entre las mismas partes, no hay lugar a considerar que se presentó una fuerza mayor que permita la deducción de las pérdidas de las deudas incobrables de la sociedad, según se explica a continuación.

Para que se configure un hecho constitutivo de fuerza mayor, se requieren los siguientes elementos:
  • a) Imprevisibilidad e irresistibilidad.
Estas dos condiciones se deben presentar de manera concurrente, pues si sólo se causa una de las dos, no se configura. A estos dos elementos, la jurisprudencia le agregó el de la imputabilidad que consiste en “que el hecho que se invoca como fuerza mayor o caso fortuito, no debe derivarse de la conducta culpable del obligado
  (2017-10-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

LIBROS DE CONTABILIDAD – La no presentacion de estos sera indicio en contra del contribuyente.
    FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO - Son eximentes para no presentar los libros de contabilidad. Deben ser probados por el que los alega.
CARGA DE LA PRUEBA – La tiene el contribuyente para desvirtuar el indicio en su contra por la no presentación de los libros de contabilidad.

La Sala precisa que el artículo 781 del Estatuto Tributario sanciona con el desconocimiento de los costos, deducciones y pasivos contables, y con la imposibilidad de utilizar posteriormente la contabilidad como prueba, al contribuyente que no presenta los libros y documentos contables cuando son requeridos por la Administración.

Frente a la carga de la prueba, esta Sección ha precisado que “el contribuyente infractor de la obligación de presentar los libros de contabilidad, comprobantes y demás documentos, cuando la administración de impuestos lo exige, soporta la carga de la prueba, de una parte, del indicio en contra que pesa sobre él, y de otra, de los costos, deducciones, pasivos, etc. desestimados como consecuencia de la investigación tributaria.

Éstos pueden demostrarse por medio de elementos probatorios diferentes a la contabilidad, o mediante ésta, solo en el evento de justificarse la no presentación, con la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.
  (2017-10-27) [Mas Información]
Consejo de Estado.

DETERMINACION DE COSTOS ESTIMADOS Y PRESUNTOS – La Administracion puede fijarlos.
    GASTOS PRESUNTOS – Para su determinación no se aplica el artículo 82 del Estatuto Tributario
De conformidad con el artículo 82 del Estatuto Tributario, la Administración puede fijar los costos de los activos enajenados por el contribuyente cuando existan indicios que desvirtúen el valor informado en la declaración de renta o cuando no sea posible individualizarlos a través de pruebas directas, tales como declaraciones de terceros, la contabilidad del contribuyente, etc.

Para el efecto, la Administración puede hacer uso de la información proveniente de fuentes oficiales con el fin de comparar lo declarado por otras personas que hubieren realizado operaciones similares, o bien datos específicos de entidades como la DIAN, el DANE, el Banco de la República, etc.

No obstante, si con la anterior información no se puede fijar el costo, éste podrá ser estimado en el 75% del valor de la respectiva enajenación, sin perjuicio de la imposición de sanciones originadas en la inexactitud de la declaración de renta y en irregularidad en el manejo de los libros de contabilidad.
  (2017-10-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

SANCION POR INEXACTITUD – La no entrega de los soportes contables no constituye hecho sancionable.
    La circunstancia de no haber sido allegados los soportes contables, no constituye prueba que permita afirmar que los respectivos costos fuesen equivocados o correspondieran a conceptos inexistentes.
Del texto de la norma transcrita se evidencia que no le asiste razón a la Administración en cuanto impuso sanción por inexactitud, pues la conducta desplegada por el actor no encaja en las previsiones de la norma transcrita, ni existe prueba dentro del expediente de que los costos solicitados fueran inexistentes.

No debe perderse de vista que si las sanciones son de interpretación restrictiva, éstas deben aplicarse exactamente al hecho imputado. De manera que la circunstancia de no haber sido allegados los soportes contables, no constituye prueba que permita afirmar que los respectivos costos fuesen equivocados o correspondieran a conceptos inexistentes, o que el actor hubiese consignado en su denuncio factores incompletos o desfigurados que disminuyeran el impuesto a cargo o que aumentaran el saldo a favor.
  (2017-10-27) [Mas Información]
Consejo de Estado.

GASTOS DE VENTAS - Tienen relacion de causalidad con la actividad productora de renta y por tanto deben ser diferidos.
    CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR - Para aceptar su ocurrencia debe demostrarse sus dos elementos: imprevisibilidad e irresistibilidad.
En materia tributaria las provisiones aceptables son las señaladas en los artículos 112 para pago de futuras pensiones, 145 provisión individual o general de deudas de difícil cobro, y 146 deudas manifiestamente perdidas.

Igualmente son deducibles las pérdidas sufridas durante el año o período gravable, concernientes a los bienes usados en el negocio o actividad productora de la renta, siempre que hubieren ocurrido por una fuerza mayor durante el año o periodo gravable, según regulación del artículo 148 del Estatuto Tributario.

Al respecto, se observa que dentro del objeto de la sociedad no se incluye ser inversionista, razón por la cual no puede aceptarse la deducción de la provisión solicitada. Ahora bien, si se consideraran que son activos productores de renta, para su aceptación es indispensable que la pérdida ocurra por fuerza mayor, y por lo tanto para que el mismo tenga cabida, debe apreciarse concretamente, si se cumplen con sus dos elementos esenciales, la imprevisibilidad y la irresistibilidad.
  (2017-10-26) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

INGRESOS EN CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACION - El hecho de repartirlos entre los participes en lugar de las utilidades no vulnera ninguna norma legal.
    CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACION - Aunque el artículo 507 del Código de Comercio se refiere a dividir las ganancias o pérdidas, bien pueden ser igualmente los ingresos.
PARTICIPES EN LOS CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACION - Aunque la ley no prevé que sean comerciantes tampoco existe norma que prohiba su celebración entre quienes no lo son.

UTILIDADES EN CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACION - El exigir que sean las que se distribuyan en lugar de los ingresos atenta contra la autonomía de la voluntad.

PRINCIPIO DE LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD - Se atenta contra ella cuando se pretende que en las cuentas en participación se distribuyan utilidades y que sus integrantes sean comerciantes.

En el presente caso los particulares en ejercicio de la autonomía de la voluntad celebraron verbalmente un contrato de cuentas en participación, en el que acordaron la distribución entre los participes, de los ingresos en el momento de percibirlos.

En cuanto a la forma de reparto, que si bien no corresponde a la definición que de esta clase de contrato hace el artículo 507 del Código de Comercio, no hay impedimento legal para ello, al no tener el carácter de norma orden público pues regula un tema de estricto derecho privado, no está involucrado el interés general ni establece cláusula alguna que contenga disposiciones tributarias por cuyo cumplimiento debe velar la DIAN.
  (2017-10-25) [Mas Información]
Consejo de Estado.

CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACION - No constituye una persona juridica y por tanto carece de nombre, patrimonio social y domicilio.
    CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACION - No existe tratamiento especial en materia del impuesto sobre la renta.
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA TRIBUTARIA - Se atenta contra él al no tenerse reglas claras y precisas previamente establecidas por el legislador y estar sometido el contribuyente a criterios de la DIAN.

No se contemplan en la legislación tratamiento tributario especial en materia de impuesto sobre la renta para los contratos de cuentas en participación y por ello no corresponde a la administración acudir al establecido para determinadas sociedades, símil desafortunado pues en primer lugar el contrato de cuentas en participación no constituye una persona jurídica y por tanto carece de nombre, patrimonio social y domicilio, como expresamente lo establece el artículo 509 del Código de Comercio, mientras toda sociedad tiene esos atributos.

De otra, se atenta contra la seguridad jurídica que debe imperar en el campo tributario, pues el contribuyente debe contar con unas reglas claras y precisas previamente establecidas por el legislador y por tanto su conducta debe ser evaluada en relación con el cumplimiento o el incumplimiento de esas disposiciones y no puede estar sometida a criterios de la administración que carecen de soporte legal.
  (2017-10-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE - No se considera desvirtuada al ser distinto el manejo en renta y ventas en las cuentas en participacion.
    IVA EN LOS CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACION - Le corresponde al gestor reportar la totalidad de los ingresos correspondientes a la ejecución del contrato.
GESTOR EN LOS CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACION - Es el responsable y debe declarar la totalidad de los ingresos y facturar los servicios que presten.

Para la Sala los certificados están acreditando unos ingresos y unos pasivos que demuestran los hechos que ha hecho valer la actora tanto en la vía administrativa como en la judicial y así no se hayan citado los soportes, prueba que las cifras fueron tomadas de la contabilidad la cual no fue desvirtuada por la Administración quien en desarrollo de la investigación tributaria, revisó los libros de contabilidad y en el acta respectiva no se formularon observaciones, lo cual demuestra que la contabilidad se lleva en debida forma.

Pese a lo anterior la DIAN, en la liquidación de revisión considera que la contabilidad de la contribuyente fue desvirtuada y no constituyen prueba los certificados mencionados, por los ingresos reflejados en las declaraciones de ventas que correspondían a la facturación registrada en el período gravable (1996) presentando una diferencia frente a los declarados en renta en el mismo año.

Efectivamente para el impuesto a las ventas le corresponde al gestor como recaudador de ese tributo reportar la totalidad de los ingresos correspondientes a la ejecución del contrato y expedir las facturas respectivas por los servicios que se prestan pues están gravados con ese tributo.
  (2017-10-25) [Mas Información]
Consejo de Estado.

RENTA EXENTA A EMPRESAS EDITORIALES - Para gozar de ella, la actividad economica debe ser exclusivamente para la edicion, impresion, venta y distribucion de libros, revistas y folletos.
    LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS - Deben tener el carácter de científico o cultural para que las empresas que los editan o imprimen gocen de la exención en el imporrenta.
De acuerdo con los artículos 3 y 21 de la Ley 98 de 1993 se puede observar que el legislador estableció limitaciones para tener derecho a la exención tributaria establecida para la industria editorial y entre ellas señaló que la actividad económica u objeto social de la sociedad debía ser exclusivamente para la edición, impresión, venta y distribución de libros, revistas o folletos de carácter científico o cultural lo que significa que la exención es solo para la industria editorial y en consecuencia se excluye toda actividad distinta a la señalada en la ley.

Además se advierte que el artículo 21 en mención prevé la exención del impuesto de renta de manera total para las empresas editoriales sin que de ella se derive la posibilidad de excluir determinados ingresos de tal beneficio, pues precisamente lo que pretende la norma es la dedicación exclusiva de la empresa al objeto social allí previsto, requisito indispensable para la exención.

En consecuencia si una sociedad pretende acogerse al beneficio en cuestión debe dedicarse a la actividad editorial y no puede desarrollar otras actividades porque perdería el derecho a la exención del artículo 21 de la Ley 98 de 1993 por cuanto no cumple con el presupuesto consagrado en la norma que es precisamente la exclusividad o dedicación completa al objeto social allí previsto.
  (2017-10-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

DEDUCCION POR DESCUENTO A CLIENTES - Es procedente cuanto corresponde a gastos causados en el periodo gravable.
    PROVISIONES DEDUCIBLES EN INPORRENTA - Son las que se refieren al pago de futuras pensiones, deudas de dudoso o difícil cobro y las deudas manifiestamente perdidas / GASTOS CAUSADOS - Son deducibles del inporrenta en virtud del artículo 105 del Estatuto Tributario.
La segunda inconformidad con la sentencia de instancia, se refiere a que la demandada considera que no es procedente llevar como gasto al denuncio rentístico, aquellas partidas por “descuento a clientes” y “bonificaciones”, que registró en la contabilidad como provisiones, mientras que la demandante argumenta que por error de transcripción registró tales partidas con el prefijo “prov” o “provis”, pero que en realidad corresponden a deducciones causadas.

Al respecto, el artículo 104 del Estatuto Tributario contempla la realización de las deducciones para los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación, como ocurre con la actora, “las cuales se entienden realizadas en el año o período en que se causen, aún cuando no se hayan pagado todavía”.

Así mismo, el artículo 105 del mismo Ordenamiento, indica que “se entiende causada una deducción cuando nace la obligación de pagarla, aunque no se haya hecho efectivo el pago”. De otro lado, los artículos 112, 145 y 146 ib, establecen aquellas provisiones que son aceptadas como deducción en el Impuesto sobre la Renta, como las dirigidas al pago de futuras pensiones, por deudas de dudoso o difícil cobro y las manifiestamente perdidas o sin valor.
  (2017-10-25) [Mas Información]
Consejo de Estado.

NECESIDAD DE LAS EXPENSAS O GASTOS - Se refiere a los gastos normales y requeridos para comercializar o prestar un servicio.
    GASTOS NO NECESARIOS - No son deducibles por ser suntuarios e innecesarios y no coadyuvan a producir, comercializar o mantener el bien.
El otro requisito previsto en el artículo 107 del Estatuto Tributario es que las expensas o gastos (y por supuesto los costos) incurridos sean necesarios y proporcionados con la actividad productora de renta, las cuales deben determinarse con criterio comercial, conforme a lo normalmente acostumbrado en cada actividad.

La necesidad de las expensas indica que las mismas serán las normales, las requeridas para comercializar o prestar un servicio, es decir que sin ellas los bienes o servicios no hubieran quedado listos para su enajenación o prestación del servicio, o más aún no se habrían conservado en condiciones de ser comercializadas, y que en términos de la ley civil corresponderían a las expensas necesarias invertidas en la conservación del bien (C. Civil artículo 965).

Por tanto, el citado artículo 107 del Estatuto Tributario, no permite que se deduzcan gastos, erogaciones o salidas de recursos, que sean suntuarios, innecesarios o superfluos que no coadyuven a producir, comercializar o mantener el bien o el servicio en condiciones de utilización, uso o enajenación, es decir que no se requiera incurrir con miras a obtener una posible renta.
  (2017-10-20) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

ENTES PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS - Los gastos de funcionamiento no entran en la base gravable de la Contribucion.
    GASTOS DE ADMINISTRACION DE ENTES PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS – Incluye los gastos de pensiones y amortización del cálculo actuarial.
A su vez, según la descripción y dinámica de las cuentas del PGCP, los gastos de administración (grupo 51), dentro de los cuales se encuentran los gastos de pensiones, “son cuentas representativas de los valores causados para el funcionamiento en desarrollo de actividades que sin tener relación directa con el cometido estatal del ente público, sirven de apoyo para el cumplimiento de la misión.”

Y, el grupo 51 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios correspondiente a gastos de administración, incluye los gastos de pensiones y amortización del cálculo actuarial.

Por su parte, el grupo 58 “otros gastos” se describe como las “cuentas representativas de los gastos en que incurre el ente público que por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en algunas de las cuentas definidas anteriormente”.
  (2017-10-19) [Mas Información]
Consejo de Estado.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – Tienen por objeto atender las necesidades de las entidades para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitucion Política y en la Ley.
    GASTOS DE ADMINISTRACION – Concepto / GASTO DE PENSIONES Y AMORTIZACIONES DE CALCULO ACTUARIAL – Son gastos de funcionamiento.
Los gastos de pensiones son gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación de la entidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, hacen parte de la base para liquidar la contribución a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La Sala, en la sentencia que se reitera, consideró que el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994 al señalar que la base para liquidar la contribución es el valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación, no se refirió solamente a “aquellos gastos que están directamente dirigidos al desarrollo de la operación básica o principal de la entidad, pues estos son los gastos de operación definidos así por el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, sino a los gastos que aunque no estén directamente relacionados con la prestación del servicio u operación básica, si le son concernientes”.
  (2017-10-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

GASTOS MEDICOS - Son deducibles por tratarse de obligaciones legales de las cuales no puede sustraerse el empleador.
    APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL - Son diferentes a los gastos médicos.
El Tribunal aceptó el cargo porque era una responsabilidad legal y social de la actora destinar los recursos físicos y financieros necesarios para la implementación y ejecución del programa de salud ocupacional.

La Sala comparte la decisión del Tribunal, pues en virtud del Decreto 614 de 1984, la implementación de programas de salud ocupacional es un mandato legal, del cual no pueden sustraerse los empleadores.

De acuerdo con lo anterior, los recursos físicos y humanos que destine el empleador para atender directamente el cuidado y la prevención de riesgos profesionales o accidentes de trabajo en la sede de la empresa, tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta porque los programas de higiene y seguridad industrial mejorada llevan consigo una buena salud de los empleados en mejores condiciones de trabajo, lo cual indudablemente permite la realización del objeto social de la actora y la obtención de mayores ingresos gravables en virtud de que aumenta la productividad y mejora la calidad de los bienes y servicios prestados.
  (2017-10-19) [Mas Información]
Consejo de Estado.

COSTOS Y DEDUCCIONES - Para su deducibilidad requieren los requisitos expresos y generales del articulo 107 del Estatuto Tributario.
    PRESUPUESTOS ESENCIALES DE LOS COSTOS Y DEDUCCIONES - Son relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad.
Así pues interpretando armónicamente, los artículos 77 y 107 del Estatuto Tributario, se tiene que los costos y deducciones requieren para su deducción los requisitos que expresamente y en términos generales exige el citado artículo 107, para lo cual se deberá analizar su alcance y aplicabilidad en las diferentes clases de erogaciones que realiza el contribuyente en desarrollo de su objeto social.
  • Sobre el particular el Consejo de Estado ha expresado entre otras muchas providencias lo siguiente:
“..Las deducciones son todos aquellos gastos autorizados legalmente que se generan de manera forzosa en la actividad productora de renta y que bajo el cumplimiento de requisitos determinados, se restan de la renta bruta para obtener la renta líquida, es decir fiscalmente hablando las deducciones se encuentran expresamente consagradas en la ley, y están referidas a la actividad productora de renta en general.
  (2017-10-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

REDUCCION DE LA SANCION POR INFORMACION CON ERRORES - No cierra la posibilidad de discutir la legalidad de la actuacion que culmino con la sancion.
    Cuando la información se presenta oportunamente, las conductas sancionables pueden ser, que la misma no corresponda a lo solicitado, o, que, a pesar de corresponder a la información que se debe suministrar, “el contenido” presente errores, entendidos éstos como los relacionados con los datos, cifras o conceptos específicos que por ley se está obligado a reportar, los cuales deben ser exactos.
Del oficio 000287 de 30 de abril de 1997 se desprende que la actora interpuso recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio, y, además, se acogió a la sanción reducida, lo cual no es excluyente, pues, como lo ha precisado la Sala, la presentación del memorial de aceptación no cierra la posibilidad de discutir la legalidad de la actuación que culminó con la imposición de la sanción, porque ello prohijaría la exclusión del control gubernativo y/o jurisdiccional de estos actos, y porque consentir en la aceptación de la sanción reducida no es una confesión, sino un requisito para acogerse al beneficio de reducción.

Así, la reducción de la sanción por no enviar información, al 10 o 20/ de su valor, es un derecho de opción para el contribuyente que, de acuerdo con el artículo 651 del Estatuto Tributario, depende del momento en que se ejerza, y el cual no cierra la posibilidad de controvertir total o parcialmente la sanción impuesta.
  (2017-10-19) [Mas Información]
Consejo de Estado.

SISTEMA DE CAUSACION – Los gastos se entienden realizados cuando se causen aun si no se han pagado.
    De conformidad con los artículos 104 105 y 107 del Estatuto Tributario, son procedentes los gastos que se realicen durante el año o período gravable, que tengan relación de causalidad, sean necesarios y proporcionados con la actividad productora de renta.
Estos gastos se entienden realizados cuando se pagan o cuando su exigibilidad termina por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago.

Por consiguiente, las erogaciones incurridas por anticipado sólo se deducen en el año o período gravable en que se causen. No obstante lo anterior, cuando las erogaciones sean incurridas por contribuyentes que lleven la contabilidad por el sistema de causación, estos gastos se entenderán realizados cuando se causen aún si no se han pagado.
  (2017-10-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

RELACION DE CAUSALIDAD DE COSTOS Y DEDUCCIONES - Significa que los gastos deben guardar una relacion causal con la actividad que le genera la renta al contribuyente.
    La relación de causalidad significa que los gastos, erogaciones o simplemente salida de recursos del contribuyente, deben guardar una relación causal con la actividad u ocupación que le genera la renta al contribuyente.
Esa relación, vínculo o correspondencia debe establecerse entre la expensa (costo o gasto) y la actividad que desarrolla el objeto social (principal o secundario) pero que en todo caso le produce la renta, de manera que sin aquella no es posible obtener ésta y que en términos de otras áreas del derecho se conoce como nexo causal o relación causa – efecto.

Cabe anotar que la renta aquí mencionda por la norma tantas veces nombrada, no es lo mismo que ingresos, puesto que tal como se vió en la depuración del sistema ordinario previsto en el artículo 26 del Estatuto Tributario, los ingresos se obtienen por el solo ejercicio o desarrollo de la actividad empresarial, mientras que la renta es la parte de los ingresos que queda después de restar de los costos (renta bruta) y/o las deducciones (renta líquida) es decir dicho en términos contables la utilidad bruta y/o operacional del ente económico.
  (2017-10-19) [Mas Información]
Consejo de Estado.

DEUDAS DE DUDOSO O DIFICIL COBRO - Son deducibles siempre que se hayan originado en operaciones productoras de renta.
    DEDUCCION POR PROVISION INDIVIDUAL - Procede sólo el 33% anual del valor nominal de cada deuda con más de un año de vencida / DEUDAS DE DUDOSO O DIFICIL COBRO - Deben probarse con documentos idóneos.
Pues bien, conforme al artículo 145 del Estatuto Tributario son deducibles, para los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación, las cantidades razonables que con criterio comercial fije el reglamento como provisión para deudas de dudoso o difícil cobro, siempre que tales deudas se hayan originado en operaciones productoras de renta, correspondan a cartera vencida y se cumplan los demás requisitos legales.

No se reconoce el carácter de difícil cobro a deudas contraídas entre sí por empresas o personas económicamente vinculadas, o por los socios para con la sociedad, o viceversa.

Y según el artículo 74 del Decreto 187 de 1975 como deducción por concepto de provisión individual para deudas de dudoso o difícil cobro se fija como cuota razonable hasta un 33% anual del valor nominal de cada deuda con más de un año de vencida.
  (2017-10-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD - Criterios para imponer sancion reducida por no enviar informacion. Si no existio dano, no puede haber sancion.
    No todo error cometido en la información que se remite a la autoridad tributaria, puede generar las sanciones consagradas en la norma en mención, pues, la entidad está obligada a demostrar que el mismo lesiona sus intereses o los de un tercero.
Al respecto, la Sala ha reiterado que “es evidente que cuando el artículo 651 del Estatuto Tributario utiliza la expresión ‘hasta el 5%’, le otorga a la Administración un margen para graduar la sanción, pero esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria”; por tanto, corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que deben atender no sólo los criterios de justicia y equidad, sino también los de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, tal y como fue expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C - 160 de 1998, invocada por la demandante.

En efecto, al estudiar la exequibilidad del artículo 651 del Estatuto Tributario, la Corte Constitucional precisó que las sanciones que puede imponer la Administración, deben estar enmarcadas en criterios de proporcionalidad y razonabilidad que legitimen su poder sancionador.
  (2017-10-19) [Mas Información]
Consejo de Estado.

CONCEPTOS DE LA DIAN – Para aplicarlos deben estar vigentes al momento en que se realiza dicha actuacion.
    En los conceptos de la Administracióno lo que la norma exige es que éstos deben encontrarse vigentes al momento en que se realiza dicha actuación.
Es importante señalar que si bien el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 permite que los contribuyentes realicen sus actuaciones tributarias amparándose en los conceptos de la Administración, también lo es que la norma exige que éstos deben encontrarse vigentes al momento en que se realiza dicha actuación.

Por tanto, el contribuyente no podía elaborar y amparar su declaración con base en instrucciones que no existían para dicha época. A ese respecto es preciso señalar que son ingresos de fuente nacional aquellos provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio, así como la enajenación de bienes materiales e inmateriales que se encuentren dentro del país al momento de su enajenación.
  (2017-10-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

DESISTIMIENTO TACITO DE LA DEMANDA – Requisitos.
    AUTO QUE DECLARA DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA – Al consignar los gastos del proceso dentro de su ejecutoria no hay lugar al desistimiento.
Como puede verse, el pago de los gastos del proceso constituye una carga procesal impuesta al demandante con el fin de lograr la notificación personal al demandado del auto admisorio de la demanda y sufragar los demás gastos que se ocasionen durante el proceso, que acarrea consecuencias severas y claras por su incumplimiento ya que su omisión se entiende como un desistimiento de la demanda en tanto se presume que ya no desea que sus pretensiones sean resueltas dentro de un proceso ni que se trabe la litis con la contraparte.

En ese orden de ideas, para que opere la figura del desistimiento tácito deben concurrir los siguientes requisitos:
    a.) Que el Juez le ordene a la parte demandante en el auto admisorio de la demanda depositar una suma determinada de dinero para sufragar los gastos ordinarios del proceso.

    b.) Que se fije un plazo determinado para que el demandante cumpla con esa carga.

    c.) Que el cumplimiento de esa carga sea necesaria para continuar con la actuación, concretamente con la notificación personal del auto admisorio a la parte demandada. (...)
  (2017-10-18) [Mas Información]
Consejo de Estado.

RECURSO DE RECONSIDERACION - Cuando se decide agota la via gubernativa en el procedimiento tributario.
    La vía gubernativa es un presupuesto de procedibilidad para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos particulares, excepto en los casos en que la Administración no otorga la oportunidad de impugnarlos.
De acuerdo con los artículos 62 y 63 del Código Contencioso Administrativo, aplicables a los procedimientos administrativos no regulados por disposiciones especiales (art. 1, inc. 2 ibídem), la vía gubernativa se agota cuando contra el acto definitivo no procede ningún recurso; cuando el acto queda en firme por no haberse interpuesto los recursos de reposición o queja, y, cuando los recursos interpuestos se deciden.

En el procedimiento tributario para determinación de obligaciones fiscales por impuestos y sanciones, el artículo 720 del Estatuto Tributario dispuso que, sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales del mismo estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos en relación con los impuestos administrados por la DIAN, procede el recurso de reconsideración.

Salvo el caso de las liquidaciones oficiales de revisión, cuando se cumplen los requisitos del artículo 720 del Estatuto Tributario, la vía gubernativa respecto de los actos anteriores sólo se agota cuando la Administración decide el recurso de reconsideración interpuesto en debida forma, pues éste fue el único medio de impugnación que se estableció para discutirlos.
  (2017-10-18) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

DENUNCIA DE TERCEROS – La simple informacion no es prueba del incumplimiento de una obligacion tributaria.
    ACTA DE INSPECCION TRIBUTARIA – Un error en la direccion no es suficiente para que pierda validez.
Del análisis de los anteriores hechos, se encuentra que la denuncia de terceros presentada contra la sociedad no fue el motivo que determinó la expedición de los actos acusados, puesto que, si bien constituye una forma de poner en conocimiento de la Administración determinados hechos, estos están sometidos a la correspondiente verificación oficial, dado que la simple información de una supuesta infracción no es prueba per se del incumplimiento de una obligación tributaria.

Además, debe tenerse en cuenta que la Administración puede adelantar las investigaciones que estime convenientes, por cuanto la facultad de fiscalización es de carácter discrecional, en la medida en que permite seleccionar los presuntos infractores tributarios que serán investigados, y definir los tributos y períodos que serán materia de revisión.

En ese sentido, si considera que la información y pruebas suministradas por terceros deben ser verificadas, cuenta con la facultad legal para hacerlo, y es con la constatación de la infracción tributaria, realizada acudiendo a los medios de prueba señalados en el Estatuto Tributario, con la que se da inicio y se sustenta el procedimiento administrativo a que haya lugar, dependiendo si el caso es de aforo, revisión o corrección.
  (2017-10-18) [Mas Información]
Consejo de Estado.

PERDIDA EN ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS - Constituye una reduccion del patrimonio del contribuyente y por tanto un Gasto.
    La Pérdida en Venta o Baja de Activos se considera contablemente como un GASTO por las siguientes razones:
Corresponde a la definición legal de Gasto que da el artículo 40 del Decreto 2649 de 1993 al decir: “ los Gastos representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones del activo o incremento del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio incluidos en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiación, realizadas durante un período...

”La pérdida al enajenar un activo (se refiere a los activos fijos) es realmente una disminución del patrimonio originada porque el ingreso que se obtiene es inferior al costo del bien con lo que se reduce el valor neto del activo de la entidad, y en consecuencia constituye un Gasto en los términos del artículo transcrito.
  (2017-10-18) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

INTERESES MORATORIOS - Se aplican los previstos para el impuesto sobre la renta para el cobro de la Contribucion a la Supersociedades.
    SOCIEDADES SOMETIDAS A CONTROL DE LA SUPERSOCIEDADES - Deben contribuir con la financiación de los gastos de funcionamiento con un porcentaje sobre el total de los activos.
Del texto del artículo 88 de la Ley 222 de 1995 se desprende que las sociedades sometidas a control y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades deben contribuir para la financiación de los gastos que demanda su funcionamiento, con una suma equivalente a un porcentaje calculado sobre el total de los activos de cada sociedad sin que exceda del uno por mil de tales activos dentro de los que se entienden incluídos los ajustes por inflación, que prevé la normatividad contable y tributaria.

Cabe anotar que para su cobro la Supersociedades deberá elaborar el presupuesto que implique su funcionamiento de cada año y con base en la información que suministre las mismas sociedades liquidará el monto a pagar conforme al total de activos del año anterior.

El pago extemporáneo de la citada contribución así como de cualquier servicio que preste la Superintendencia a las entidades sometidas a su control y vigilancia acarrea los mismos intereses moratorios previstos para el impuesto sobre la renta y complementarios (Estatuto Tributario artículos 634 y 635).
  (2017-10-18) [Mas Información]
Consejo de Estado.

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - Exencion por traslado entre patrimonios autonomos y encargos fiduciarios.
    Para que opere las inversiones se deben haber abierto en la misma entidad financiera y el aportante o el suscriptor inicial debe ser el mismo, sin perjuicio de que se conforme por una pluralidad de sujetos o solo por uno.
DECRETO 660 DE 2011 - Alcance de las expresiones fideicomitente constituyente, mandante inicial o cliente de los numerales 4 y 5 del artículo 8. No se refieren a un único sujeto, sino al primero o al que haya constituido el encargo o el patrimonio o sea el titular de la cuenta.

GMF - Exención por traslado entre patrimonios autónomos y encargos fiduciarios. No se aplica cuando los traslados sean entre los diferentes aportantes o fideicomitentes, aunque estos sean los mismos iniciales.

EXENCION - Su interpretación es restrictiva y excluye cualquier analogía no prevista expresamente por la ley.

EXENCION DE GMF - Las características especiales de las operaciones financieras son las que determinan su establecimiento por el legislador.
  (2017-10-18) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA DE TRABAJADORES - Su importe por no ser expensa necesaria, el IVA pagado no es descontable.
    IVA EN LOS GASTOS PARA VIVIENDAS DE TRABAJADORES - Al no cumplir los requisitos del artículo 107 del E.T. no pueden aceptarse como impuesto descontable.
La discusión se centra en determinar si el impuesto a las ventas pagado junto con las erogaciones en que incurrió la sociedad actora para el mantenimiento de las viviendas de sus trabajadores, de la ciudadela residencial y del club social y otros gastos relacionados con el bienestar de sus empleados, pueden ser tratados como descontables.

La Sala se ha pronunciado en varias ocasiones, en aquellos casos esta Corporación concluyó que los impuestos pagados por los conceptos solicitados no podían ser tratados como descontables y se pronunció de la siguiente manera:

“Para resolver la Sala advierte que, si bien en materia fiscal y específicamente en cuanto al impuesto sobre la renta pueden ser deducibles las expensas necesarias tales como las “compras de bicicletas, trofeos, uniformes deportivos, guantes, cronómetros, mantenimiento de aires de la ciudadela, suministro de materiales a la ciudadela, (...) y otros gastos relacionados con el bienestar de los trabajadores de la empresa”, si ellas se aceptan como tales por reunir las condiciones establecidas en el artículo 107 del Estatuto Tributario, lo cierto es que tales bienes y servicios no están destinados directamente a las operaciones gravadas ni a las exentas que desarrolla la entidad y por ende no le da derecho al descuento del impuesto pagado en materia de impuesto sobre las ventas..”..
  (2017-10-18) [Mas Información]
Consejo de Estado.

ENTES PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS - Los gastos de funcionamiento no entran en la base gravable de la Contribucion.
    GASTOS DE ADMINISTRACION - No comprende los cánones por arrendamiento financiero.
De conformidad con el plan único de cuentas para los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, los gastos de administración corresponden a valores causados para el funcionamiento y desarrollo de actividades de apoyo que sirven para lograr el cumplimiento de la misión, que no tienen relación directa con el objeto social del ente prestador de servicios públicos domiciliarios.

Corresponden a la porción de aquellos que razonablemente deben atribuirse a actividades como dirección, planeación y apoyo logístico de los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Establece también el plan contable que el funcionamiento operativo y de producción de los servicios se registra en la Clase 7 Costo de Producción.
  (2017-10-18) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

DACION EN PAGO EN SEGUROS / IMPUESTO GENERADO POR VENTA DE SALVAMENTOS / CONTRATO DE SEGUROS - Cobertura.
    Se consideran venta, “todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u oneroso de bienes corporales muebles, independientemente de la designación que se de a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes
No se considera que la enajenación de los bienes recibidos por las compañías aseguradoras bajo el concepto de "salvamentos" constituya una actividad al margen de las operaciones de seguros, puesto que si la finalidad del contrato de seguro es el cubrimiento del riesgo asegurado, se entiende que todos los gastos y transacciones que deban realizarse en desarrollo de tales contratos corresponden al normal funcionamiento de la empresa, es decir, al desarrollo de su actividad ordinaria.

Se estima que el artículo 437 del Estatuto Tributario debe interpretarse en concordancia con los artículos 420 y 421 del mismo estatuto, esto es, que configurado el hecho generador del impuesto por la transferencia de dominio de bienes corporales muebles, no excluidos del gravamen, surge para el responsable la obligación de liquidar, cobrar y declarar el impuesto a las ventas que se origine por tales enajenaciones.
  (2017-10-17) [Mas Información]
Consejo de Estado.

INGRESOS DIFERIDOS / COSTOS DIFERIDOS / GASTOS DIFERIDOS / METODO DE OBRA TERMINADA / INGRESO RECIBIDO POR ANTICIPADO.
    Mientras no se concluyera totalmente el contrato, los ingresos bien podían diferirse como pasivos y los costos y deducciones como activos, hasta el período en que, finalmente se cumplieran los términos del contrato y se hiciera entrega de la obra.
Así las cosas se concluye que, la circunstancia de que el propio artículo 201 permitiera la aplicación de normas contables generales, hacía procedente el sistema contable empleado por la demandante, en el sentido de diferir, conjuntamente, ingresos, costos y deducciones, hasta la conclusión y entrega de la obra contratada.

De acuerdo con lo anterior, mientras no se concluyera totalmente el contrato, los ingresos bien podían diferirse como pasivos y los costos y deducciones como activos, hasta el período en que, finalmente se cumplieran los términos del contrato y se hiciera entrega de la obra, asumiendo que los anticipos, avances o abonos son ingresos recibidos por anticipado.

En este aspecto, la sentencia debe ser confirmada, sin lugar al estudio de los restantes cargos de infracción de la ley procesal y sustantiva esgrimidos por la actora.
  (2017-10-17) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

Perdida en la enajenacion de activos.
    La ley fiscal al definir la renta líquida de los contribuyentes estableció que está constituida por la diferencia entre la renta bruta y las deducciones que tengan relación de causalidad con la renta declarada.
Igualmente la legislación fiscal, enseña que dentro de las deducciones se consagran las "expensas necesarias" para la producción de la renta y otras, que por mandato de la ley, disminuyen la renta bruta de los contribuyentes, sin que tengan la relación de causalidad con la renta declarada y sin que constituyan expensas necesarias para la producción de la renta.

Significa lo anterior, tal como lo expresó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el fallo objeto de apelación, que es la misma ley la que determina cuáles son los pagos o gastos que tienen el carácter de deducibles sin que puedan crearse por analogía.
  (2017-10-17) [Mas Información]
Consejo de Estado.

INGRESOS EN SANCION POR GASTOS NO EXPLICADOS - Son los efectivamente declarados.
    Ahora bien, de acuerdo con el artículo 663 del Estatuto Tributario, cuando el total de las compras, costos y gastos del contribuyente excedan de la suma de los ingresos declarados y los pasivos adquiridos en el respectivo año gravable, corresponde al contribuyente explicar dicha diferencia, y en caso de no hacerlo se hace acreedor a una sanción pecuniaria equivalente al 100% de la diferencia no explicada.
La conducta sancionada por el artículo en mención no sólo se tipifica cuando el contribuyente se abstiene de dar las explicaciones requeridas por la autoridad fiscal, sino “cuando las razones que se exponen para justificar la diferencia no son lo suficientemente explícitas, de modo que se entienda justificado el exceso de los gastos respecto de los ingresos y pasivos adquiridos”.

La sanción por gastos no explicados corresponde al 100% de la diferencia entre las compras, costos y gastos del contribuyente, que excedan los ingresos declarados y los pasivos adquiridos en el año.

Para fijar la relación sólo debe tenerse en cuenta como factor declarado el correspondiente a “ingresos”, pues, conforme al artículo 663 del Estatuto Tributario, los demás factores son “los pasivos adquiridos en el año”, y en general, los costos y gastos efectuados por el contribuyente.
  (2017-10-17) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

NO DEDUCIBILIDAD DEL GMF EN RENTA – No se aplica a las Cooperativas por pertenecer al régimen tributario especial
    Si para otros contribuyentes el gasto por concepto de GMF no es procedente, para las cooperativas sí lo será si es realizado conforme a la normatividad cooperativa.
En el caso del Gravamen a los Movimientos Financieros, ha sido criterio de la Sala que el GMF es un egreso procedente que se paga en desarrollo del objeto social de las cooperativas y, que si bien el artículo 872 del Estatuto Tributario no permite deducir de la renta bruta de los contribuyentes el GMF, esta norma no les es aplicable en virtud del régimen especial que las cobija.
  • Al respecto, la dijo la Sección:
“Ahora bien, el artículo 872 del Estatuto Tributario no permite deducir de la renta bruta de los contribuyentes el GMF, sin embargo, la Sala considera que tal norma no es aplicable a las cooperativas porque, como se vio, tienen una forma de establecer el beneficio neto, que es la base gravable del impuesto, especial y diferente a la de los demás contribuyentes del régimen especial, con una procedencia de egresos especial para ellas. De manera que si para otros contribuyentes el gasto por concepto de GMF no es procedente, para las cooperativas sí lo será si es realizado conforme a la normatividad cooperativa. (…)
  (2017-10-17) [Mas Información]
Consejo de Estado.

GOOD WILL FORMADO - No hace parte del patrimonio liquido del ano anterior para calcular Renta Presuntiva.
    RENTA PRESUNTIVA - Para su cálculo no debe adicionarse el patrimonio del año anterior con Good Will formado / GOOD WILL - Activo intangible formado.
En relación con el ‘Good Will’ transferido por la sociedad actora para la Sala es claro que se trata de un activo intangible ‘formado’ como lo sostienen las partes, pues la entidad lo ha ido generando con el transcurso del tiempo desde la constitución de la sociedad y que se ve reflejado en la confianza y credibilidad de sus clientes, la existencia de un mercado fijo y cuantificable para los productos distribuidos por la empresa, el prestigio de su nombre, enseña o distintivos de su establecimiento comercial por el cumplimiento y vinculación con los proveedores.

Para estimar el valor de ‘la unidad productiva’ en el estudio realizado y que sirvió de elemento para determinar el precio de la transferencia, pero fue necesaria la celebración del mencionado contrato para determinar el valor del intangible, es decir, para que éste fuera apreciable en dinero y poder así establecer su costo según lo dispuesto por el artículo 75 del Estatuto Tributario.
  (2017-10-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

GASTOS SINDICALES - No son deducibles.
    ASOCIACIONES SINDICALES - La actividad que desarrollan y la capacitación que reciben no tiene relación con la actividad productora de renta.
En primer lugar, sí están incluidas dentro de la partida solicitada las sumas correspondientes a la condonación de la deuda del sindicato, asunto muy diferente a la explicación que hace la actora de que tales conceptos corresponden a salarios de las directivas sindicales cuando viajan y que se contabilizan como deuda.

En segundo lugar, hay partidas, como “reasignación de tercero” y “movimientos diferidos” sobre las cuales la actora no explica en qué consisten o qué relación tienen con los gastos sindicales que pretende le sean reconocidos.

Y finalmente, el hecho de que convencionalmente se obligue la Empresa a sufragar los viáticos de las directivas sindicales a cursos, talleres o asambleas propias de su asociación, no significa que tales pagos correspondan a expensas necesarias conforme al artículo 107 del Estatuto Tributario.

En efecto, los mencionados pagos no son necesarios para producir la renta declarada por la actora, ni está probado que sean de los normalmente acostumbrados en su actividad de empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios.
  (2017-10-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

SALARIO EN ESPECIE - En el caso si constituye un gasto deducible porque son expensas normales y acostumbradas conforme.
    REBAJA EN EL COSTO DEL SERVICIO DE ENERGIA - Central Hidroeléctrica de Caldas.
Como lo señaló la actora, en este caso, el gasto corresponde a las bonificaciones que ofrece la empresa a los empleados de menores ingresos que consiste en rebajarles el servicio de energía de sus casas.

En la convención colectiva suscrita con ellos se estableció que el consumo de energía de sus respectivas casas constituía salario en especie.

Teniendo en cuenta el objeto social de la demandante, los pagos laborales mencionados sí son necesarios en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario, pues, constituyen no sólo una expensa normal y acostumbrada, sino que pertenece a la actividad productora de renta de este tipo de empresas, que es precisamente, prestar el servicio público domiciliario de energía.

En consecuencia, el pago que a título de rebaja del consumo residencial de energía pactó la actora convencionalmente a favor de los trabajadores de menores ingresos, es deducible del impuesto de renta como lo decidió el Tribunal.
  (2017-10-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

DEDUCCION POR INTERESES A FAVOR DE ENTIDADES FINANCIERAS - Es aceptada siempre que los intereses esten certificados por la entidad beneficiaria.
    PRINCIPIO CONTABLE DE LA REALIZACION - Conlleva a que consecuencia de transacciones pasadas la empresa tiene o tendrá un resultado económico.
La sociedad actora se encuentra obligada a llevar contabilidad por el sistema de causación, lo que implica que se reconozca el ingreso, el costo o la deducción cuando se realiza; esto es, al comprobarse que, como consecuencia de transacciones o eventos pasados, internos o externos, la empresa tiene o tendrá un resultado económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos, en todo caso cuantificables.

Al haber surgido para la actora, la obligación de cancelar los intereses a favor de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, en el año gravable 1994, la deducción de los intereses causados resulta procedente, siempre que estén certificados por la entidad beneficiaria del pago.

La sociedad en cumplimiento de la orden de esta Sección, aportó certificaciones con las cuales se acreditan intereses por la suma de $1.056.261.000. Aclara que resulta un valor superior al incluido en la declaración de renta ($630.387.461.01) porque parte de los intereses se llevaron como mayor valor de los activos fijos en construcción.
  (2017-10-11) [Mas Información]
Consejo de Estado.

DEDUCCIONES CUYA RECUPERACION CONSTITUYE RENTA LIQUIDA - Enunciacion.
    RENTA LIQUIDA - Para que la cartera vencida lo sea, debió tratarse como deducción en años anteriores.
El artículo 195 del Estatuto Tributario establece las deducciones cuya recuperación constituyen renta líquida, así: La recuperación de las cantidades concedidas en uno o varios años o períodos gravables como deducción de la renta bruta, por depreciación, pérdida de activos fijos, amortización de inversiones, deudas de dudoso o difícil cobro, deudas perdidas o sin valor, pensiones de jubilación o invalidez, o cualquier otro concepto; hasta concurrencia del monto de la recuperación.

La distribución de las cantidades concedidas en años anteriores por concepto de reservas para protección o recuperación de activos, fomento económico y capitalización económica, o la destinación de tales reservas a finalidades diferentes.

La anterior disposición es clara en cuanto señala que para que la recuperación de la cartera sea renta líquida, las deudas debieron tratarse como deducción en años anteriores conforme a los artículos 145 del Estatuto Tributario y 74 del Decreto 187 de 1975 que establece como deducible sólo un porcentaje de la provisión de la deuda.
  (2017-10-11) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

GASTO CAUSADO - No es procedente imputarlo a un ano diferente al de su causacion.
    INTERESES MORATORIOS - No son expensas necesarias y por tanto no deducibles.

    SANCION IMPUESTA POR SUPERSOCIEDADES - No es deducible por no constituir expensa necesaria.
De la lectura de esta disposición (ART. 647 E.T.) se deduce que la diferencia de criterio debe versar sobre el derecho aplicable con la condición de que los hechos y cifras declarados sean veraces y completos. La controversia que se presentó entre la Administración y el demandante no cumplió estos requisitos.

En efecto, la diferencia se presentó entre un criterio jurídico fundado en la ley y un criterio personal carente de respaldo legal, puesto que no es por una interpretación errada que gastos causados en un año fiscal se imputan a otro “por razones de orden práctico” como lo sostiene en abierta contradicción con los artículos 104 y 105 del Estatuto Tributario; que intereses moratorios u otros gastos que no tienen relación de causalidad con la actividad productora de la renta, al igual que sanciones impuestas por la Superintendencia de Sociedades los presente como expensas necesarias deducibles, con desconocimiento del artículo 107 ib. o se solicite como reducción el IVA pagado por la adquisición de bienes de capital para ser utilizados por otra sociedad y que por ello no guardan relación de causalidad con la actividad económica.
  (2017-10-09) [Mas Información]
Consejo de Estado.

GASTOS DE ADMINISTRACION - Son deducibles cumpliendo los requisitos del articulo 107 del Estatuto Tributario.
    DEDUCCION POR AMORTIZACION DE INVERSIONES - La negativa a amortizar en menos de 5 años no puede ser rotunda.
Así las cosas, no puede afirmarse de manera rotunda, que “no se pueden solicitar amortizaciones en plazos inferiores a cinco años”, como se hace en la tesis jurídica del concepto acusado, pues como bien lo advierte la accionante, tal afirmación implicaría que para la Administración, en ningún caso, el contribuyente tendría el derecho de amortizar la inversión en un término inferior a cinco años, no obstante haber demostrando que por la naturaleza o duración del negocio, la amortización debía hacerse en un plazo inferior.

Ahora bien la naturaleza o duración del negocio, debe entenderse en relación con la actividad específica desarrollada en virtud de la inversión, como serían los “gastos preliminares de instalación”, y no respecto del desarrollo normal del objeto social de la empresa.

Por ello, es acertado interpretar, como lo hace el concepto acusado, que la posibilidad de amortizar en un término inferior a cinco años está relacionada con el término durante el cual se desarrolle el objeto social de la empresa.
  (2017-10-09) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Se tienen en cuenta los ingresos independientemente de que se haya hecho efectivo el cobro.
    INGRESOS - Concepto. Realización / CAPITALIZACION DEL INGRESO - Produce un incremento en el capital.
La determinación de la renta parte de los ingresos que se hayan causado, independientemente de que no se haya hecho efectivo el cobro, es decir, basta con que nazca el derecho a exigir su pago, para que, junto a otras circunstancias, el ingreso tenga implicación tributaria y surja para su titular la calidad de sujeto pasivo.

Tampoco se violó el principio de eficacia e imparcialidad de la actuación tributaria, pues, el proceso administrativo se adelantó en relación con el impuesto de renta de la actora por el año gravable de 2001 y debía adelantarse de manera individual, independientemente y sin perjuicio de que la DIAN pudiera iniciar procesos de fiscalización a las personas jurídicas o naturales que tuvieron algún tipo de relación con la demandante.
  (2017-10-09) [Mas Información]
Consejo de Estado.

HECHOS NUEVOS – No pueden incluirse en el recurso de apelacion porque violarian el debido proceso.
    El recurso de apelación no puede incluir nuevos hechos o circunstancias que no fueron invocados en el momento procesal oportuno
Observa la Sala que el recurso de apelación no puede incluir nuevos hechos o circunstancias que no fueron invocados en el momento procesal oportuno, pues si lo hace y el Juez los considera habría violación del debido proceso, del derecho de defensa y del deber de lealtad de las partes en el proceso porque no pudieron ser conocidos y controvertidos por la parte demandada en las correspondientes etapas procesales.
  (2017-10-09) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

SALARIOS – Son deducibles cuando se acredita el pago de aportes parafiscales. Conceptos que no constituyen salario.
    GASTOS DE DEPRECIACION – Contrato de leasing. Su deducción se aplica a los arrendatarios no al arrendador. No procede su deducción.
El artículo 108 del Estatuto Tributario dispone que los salarios son deducibles siempre que se acredite el pago de los aportes parafiscales, es decir, se requiere que el contribuyente haya pagado los aportes al subsidio familiar, SENA, ISS y al I.C.B.F. como requisito ineludible para esa deducibilidad.

Para ese efecto, el contribuyente debe estar a paz y salvo por tales conceptos en el respectivo año gravable.

El artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, en lo pertinente, dispone que tampoco constituyen salario las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente, u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones de servicios o de navidad.
  (2017-10-09) [Mas Información]
Consejo de Estado.

GANANCIA OCASIONAL - Indemnizacion por despido injustificado.
    Se decreta la suspensión provisional de las frases: "que se gravará como ganancia ocasional en el año de su realización", "cuando la indemnización esté acompañada de la reincorporación del trabajador, el total de lo recibido se gravará como ganancia ocasionar', del artículo 2° del Decreto reglamentario número 400 de 1975.
El Decreto ley 2053 de 1974 dispuso en su artículo 102 que se consideraban ganancias ocasionales...
    "6. Las indemnizaciones que perciban los trabajadores por despido injustificado, cuando no se produzca la reincorporación a su empleo".
Dicho numeral fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 31 de octubre de 1974, con ponencia del Magistrado Guillermo González Charry por considerar que dicha norma violaba el artículo 30 de la Carta, pues desconocía una situación adquirida, reglamentada por el Decreto 1986 de 1971 en su artículo 1°, con desmejora de los derechos sociales de los trabajadores en contra de la prohibición consagrada en el artículo 122 de la Constitución.
  (2017-10-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

GANANCIA OCASIONAL - Determinacion / ACCIONES / COSTO FISCAL DE ACCIONES.
    De acuerdo con la Ley 20 de 1979 art. 6o. vigente en el año de 1988, se consideran ganancias ocasionales, para toda clase de contribuyentes, entre otras, las provenientes de la enajenación de bienes de cualquier naturaleza que hayan hecho parte del activo fijo por un término de 2 años o más.
Su cuantía, se determina por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo de los activos inmovilizados. Costo que en materia de acciones, estaba constituido por el precio de compra, más el ajuste fiscal equivalente al 100 del incremento porcentual del índice de precios al consumidor para empleados, fijado por el DANE, conforme con lo ordenado por el art. 16 de la Ley 75 de 1986, cuyo parágrafo 1o. permitió a todos los contribuyentes, sin excepción, ajustar anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles que tuvieron el carácter de activos fijos.

También permitió la Ley 75 de 1986, de manera transitoria para el año de 1986 la determinación de un costo fiscal diferente en virtud de lo dispuesto en su artículo 85.
  (2017-10-06) [Mas Información]
Consejo de Estado.

TERMINACION POR MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS.
    Facúltese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos tributarios, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones.
En el sub examine, de la revisión del expediente se observa que Seguros Generales Suramericana S.A., en calidad de garante de Metales Medellín S.A., instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos sancionatorios por devolución improcedente dictados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El proceso correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Antioquia.

Encontrándose el proceso pendiente de abrir a pruebas, la actora presentó desistimiento de las pretensiones de la demanda. Para fundamentar la solicitud informó al magistrado conductor que su intención era acogerse a los beneficios tributarios otorgados por la Ley 1607 de 2012[10] y que había solicitado a la Dirección Seccional de Impuestos la terminación por mutuo acuerdo, en los términos dispuestos en los artículos 148 de la referida ley y 7[11] del Decreto 699 de 2013[12
  (2017-10-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

AVISO AL GARANTE POR IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCION - No reemplaza el acto administrativo en firme para efectos del cobro coactivo.
    Como lo ha expuesto la Sala, el procedimiento de cobro coactivo, no tiene por finalidad la declaración o constitución de obligaciones, sino la efectividad de las obligaciones previamente definidas a favor de la Nación y a cargo de los contribuyentes o responsables.
Sin embargo se requiere notificación a la Compañía de Seguros del acto previo que declare el incumplimiento por parte del asegurado para constituir el título ejecutivo que permita exigir válidamente a la aseguradora el cumplimiento de la obligación.

Lo anterior tiene sustento legal en lo dispuesto en el artículo 828 numeral 4º del Estatuto Tributario. En efecto, cuando se notifican los actos definitivos que declaran el incumplimiento y liquidan la obligación, la garante conoce el monto de la obligación a cubrir por la ocurrencia del riesgo asegurado, siendo imprescindible la notificación personal para la ejecutoria del acto y para proteger el derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución.
  (2017-10-06) [Mas Información]
Consejo de Estado.

DEDUCCION POR DEUDAS MANIFIESTAMENTE PERDIDAS O SIN VALOR.
    Procede respecto de deudas cuyo cobro no es posible por insolvencia de los deudores, falta de garantías u otra causal que permita considerarlas como perdidas.
Los aportes al fondo de empleados, objeto de cuestionamiento, tienen origen en la autorización dada por la Junta Directiva de PREBEL en la reunión del 14 de febrero de 2001.

El Estatuto Tributario contempla la deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor, en el artículo 146, (…) Al tenor de la disposición, los contribuyentes que lleven la contabilidad por el sistema de causación podrán deducir de la renta las “deudas manifiestamente perdidas o sin valor” que hayan descargado en el periodo gravable, siempre y cuando:
    i) prueben la realidad de la deuda,

    ii) justifiquen el descargo y,

    iii) prueben que la misma tuvo origen en operaciones productoras de la renta. (…)
Según el reglamento “las deudas manifiestamente perdidas o sin valor” son aquellas cuyo cobro no es posible hacer efectivo por insolvencia de los deudores y de los fiadores, por falta de garantías reales o por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas, de acuerdo con una sana práctica comercial.
  (2017-10-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

DEDUCCION POR APORTES A FONDO DE EMPLEADOS – Procede su aceptacion por ser un gasto laboral que tiene nexo causal con la actividad productora de renta.
    GASTO ACOSTUMBRADO EN LA ACTIVIDAD PRODUCTORA DE RENTA – Son los aportes de la empresa a los fondos de empleados.
Los aportes al fondo de empleados, objeto de cuestionamiento, tienen origen en la autorización dada por la Junta Directiva de PREBEL en la reunión del 14 de febrero de 2001.

Según el Acta 104 de esa sesión, los miembros asistentes aprobaron, por unanimidad, el aporte mensual a los empleados vinculados a la empresa a término indefinido y asociados a FONPREBEL, el fondo de empleados de la sociedad, en los siguientes términos: (…) De lo anterior se advierte que el aporte fue autorizado como un incentivo para los trabajadores que tengan carácter permanente en la empresa y sean afiliados al fondo de empleados, constituyéndose en un pago indirecto mensual a favor de aquellos que cumplan tales condiciones.

Según el certificado de existencia y representación legal de la actora, la actividad económica que desarrolla es: “la elaboración de preparaciones cosméticas, productos de belleza, lociones, perfumes, cremas, polvos, jabones, desodorantes y demás artículos relacionados con el arte cosmético para usos femenino y masculino; (…)”.

En la industria cosmética, la mano de obra es indispensable en las distintas etapas del ciclo productivo, la distribución y venta de los productos elaborados, por ende, en la producción de los ingresos.
  (2017-10-06) [Mas Información]
Consejo de Estado.

EXPENSAS NECESARIAS – Para su deducibilidad deben cumplir con los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad.
    Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.
Precisa, además, que “La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes”.

La norma establece como presupuestos esenciales para que los gastos sean deducibles que, entre éstos y la actividad productora de renta exista relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad.
  (2017-10-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

DESCUENTO TRIBUTARIO / LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA.
    LIQUIDACION DE REVISION / REQUERIMIENTO ESPECIAL.
Si bien es cierto que en el requerimiento especial nada se dice sobre el reconocimiento de descuentos tributarios, no obstante que el valor de los mismos fue objeto de modificación previa, por parte de la Administración, al practicar a la sociedad, por la vigencia fiscal de 1985 liquidación de corrección, entonces si el menor valor de los descuentos fue determinado por liquidación de corrección aritmética en un acto administrativo independiente, en virtud de un procesamiento diferente, la inconformidad por este hecho y la sanción correspondiente debía ventilarse en el recurso específicamente otorgado contra dicho acto, sobre cuya interposición nada dice ni prueba la actora.

Se precisa entonces que cuando ciertas cifras consignadas en la liquidación de revisión provienen de una liquidación de corrección aritmética, no hacen parte del procedimiento de liquidación de revisión y por lo tanto no ameritan requerimiento.
  (2017-10-06) [Mas Información]
Consejo de Estado.

AVISO AL GARANTE POR IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCION - No reemplaza el acto administrativo en firme para efectos del cobro coactivo.
    Como lo ha expuesto la Sala, el procedimiento de cobro coactivo, no tiene por finalidad la declaración o constitución de obligaciones, sino la efectividad de las obligaciones previamente definidas a favor de la Nación y a cargo de los contribuyentes o responsables.
Sin embargo se requiere notificación a la Compañía de Seguros del acto previo que declare el incumplimiento por parte del asegurado para constituir el título ejecutivo que permita exigir válidamente a la aseguradora el cumplimiento de la obligación.

Lo anterior tiene sustento legal en lo dispuesto en el artículo 828 numeral 4º del Estatuto Tributario. En efecto, cuando se notifican los actos definitivos que declaran el incumplimiento y liquidan la obligación, la garante conoce el monto de la obligación a cubrir por la ocurrencia del riesgo asegurado, siendo imprescindible la notificación personal para la ejecutoria del acto y para proteger el derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución.
  (2017-10-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

RENTA PRESUNTIVA POR CONSIGNACIONES EN CUENTAS BANCARIAS.
Es una presuncion legal que permite determinar la renta liquida gravable.
    CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - Debe tener tal calidad para aplicar la presunción del articulo 755-3 del E.T. / LIBROS DE CONTABILIDAD - Quien no está obligado a llevarlos no puede aplicársele la presunción legal del artículo 755-3 del E.T.
El artículo 755-3 del Estatuto Tributario consagra una presunción legal que permite determinar la renta líquida gravable del contribuyente, con base en los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorros.

El presupuesto fáctico para que opere la presunción del artículo 755-3 del Estatuto Tributario, es la existencia de indicios graves de los cuales pueda deducirse que los valores consignados en cuentas bancarias de terceros o en cuentas del contribuyente no registradas en la contabilidad, corresponden a ingresos derivados de operaciones realizadas por éste , o sea, a ingresos propios.

Las cuentas bancarias a que se refiere la norma, pueden estar en dos situaciones:
  • 1) Que figuren a nombre de un tercero, en cuyo caso se parte de la base de que formalmente el contribuyente no es su titular, pero se establece, mediante prueba indiciaria, que las utiliza para consignar sus ingresos;

  • 2) Que estén a nombre del contribuyente, pero no correspondan a las registradas en su contabilidad, si estuviere obligado a llevarla.
  (2017-10-05) [Mas Información]
Consejo de Estado.

REQUERIMIENTO ESPECIAL – Suspension del termino para notificarlo.
    El artículo 706 ibídem, sustituido por la Ley 223 de 1995, previó la suspensión del término para la notificación en dos eventos: cuando se practica inspección tributaria y cuando se notifica emplazamiento para corregir. En este último caso, la suspensión opera durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento.
A la luz del artículo 26 del Estatuto Tributario, las deducciones son factor de depuración de la renta líquida gravable, en cuanto se restan de éstas para obtener el valor de la renta bruta que, a su vez, resulta de descontar a los ingresos netos, los costos realizados e imputables a los mismos.

Estos ingresos resultan de restar del total de ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el periodo gravable, que sean susceptibles de incrementar el patrimonio neto al momento de percibirse, y que no se hayan exceptuado expresamente, las devoluciones, rebajas y descuentos.

Como gastos autorizados legalmente y generados de manera forzosa en la actividad productora de renta, las deducciones se causan cuando nace la obligación de pagarlas, aunque no se haya efectivizado el pago; y se entienden realizadas cuando se pagan efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termina por cualquier otro modo equivalente al pago, excepto en el caso de las deducciones de los contribuyentes que llevan su contabilidad por el sistema de causación, las cuales se entienden realizadas en el año en que se causan (arts. 104 y 105 ibídem).
  (2017-10-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL – Incluyen las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin animo de lucro extranjeras.
    SOCIEDADES EXTRANJERAS – No existe incompatibilidad entre los artículos 19 y 20 del Estatuto Tributario
El artículo 19 del estatuto Tributario es claro en cuanto reguló a favor de las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo lucro un régimen tributario especial. Para el efecto, deben cumplir las condiciones establecidas en los tres literales.

Habida cuenta de que la norma no distingue que debe tratarse exclusivamente de corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro nacionales, la Sala considera que no es razonable excluir de ese régimen a las entidades extranjeras que acrediten que cumplieron los tres requisitos previstos en la norma.

Como se puede apreciar, el artículo 20 del Estatuto Tributario está dirigido a regular el régimen tributario de las sociedades y las entidades extranjeras de cualquier naturaleza.
  (2017-10-05) [Mas Información]
Consejo de Estado.

ACTIVIDAD GANADERA - Determinacion de la renta bruta de los contribuyentes dedicados a la ganaderia.
    GANADERIA – Definición. No puede exigirse al ganadero que lleve contabilidad comercial
La petición

Solicita el demandante la suspensión provisional del artículo 13 del Decreto reglamentario 331 de 1976 por considerarlo en ostensible contradicción con el artículo 11 de la Ley "49 de 1976" (sic).

Al transcribir en doble columna la norma acusada y la que se dice violada transcribe el artículo 11 de la Ley 19 de 1976 en el margen izquierdo y el artículo 13 del Decreto reglamentario 331 de 1976.
  (2017-10-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

GANANCIA OCASIONAL – Capitalizacion de la ganancia ocasional.
    "La inversión se llevará a cabo en el año en que se realice la enajenación y deberá demostrarse en la respectiva declaración de renta en la forma que indique el reglamento".
CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Cabe analizar detalladamente los varios cargos expuestos por el libelista:
  • 1. Como primer cargo arguye el actor que la ganancia ocasional no puede invertirse en capitalizar la misma empresa que la obtuvo, pues el texto legal utiliza la expresión capitalizar "empresas" en plural y no "la empresa" en particular.

  • 2. Como segundo cargo arguye el actor que el texto legal dice que la inversión debe realizarse "en el año gravable" en que se obtuvo la ganancia ocasional, plazo que es extendido por los reglamentos más allá del año gravable al período que tiene el contribuyente para hacer su declaración de renta, o, en el caso de ensanches industriales permite un plazo adicional que incluye el de la adición o aún algo más siempre que se otorguen garantías al respecto.
  (2017-10-05) [Mas Información]
Consejo de Estado.

GANANCIA OCASIONAL – Por enajenacion de activos fijos.
    GANANCIA OCASIONAL PROVENIENTE DE LA ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS - Condiciones para su aplicación.
Los problemas a definir en el presente caso son los siguientes:
    "1.— ¿Cuáles son las ganancias ocasionales que se pueden capitalizar?

    "2.— Si se puede capitalizar todo el monto de la utilidad ocasional o parte de ésta.
  (2017-10-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

RENTA CAPITALIZABLE – Determinacion / PATRIMONIO LIQUIDO - Ajustes.
    HECHOS NUEVOS – No alegados en vía gubernativa. Efecto.
La demanda, se refiere a actos de determinación y discusión del impuesto sobre la renta, del período impositivo de 1979, expedidos por la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín y la Subdirección Jurídica, División Delegada de Medellín, de la Dirección General de Impuestos Nacionales, según requerimiento especial número 995 de 16 de marzo de 1982, liquidación de revisión número 1823 de 22 de julio del mismo año y las Resoluciones números 202 de 5 de abril de 1984 y 195 de 26 de julio subsiguiente, por las que, en su orden, se desató el recurso administrativo y absolvió el grado de consulta.

En el primero de los relacionados actos, el requerimiento, la Administración había anunciado las modificaciones de la liquidación privada a continuación resumidas:
  (2017-10-05) [Mas Información]
Consejo de Estado

Consejo de Estado.
Seccion Cuarta.
    Problema jurídico:
    ¿El Concejo Municipal de Maicao está legalmente facultado para gravar con el impuesto predial las construcciones, edificaciones y mejoras en bienes de uso público de la Nación o del municipio, cuando tales bienes estén en manos de particulares, así como para fijar como sujeto pasivo de ese tributo a los particulares que “ocupen” construcciones, edificaciones o mejoras en dichos bienes?
Las construcciones, edificaciones y mejoras en bienes de uso público de la Nación solo pueden ser gravadas con el impuesto predial por los concejos de los distritos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena de Indias, cuando tales bienes se encuentren en manos de particulares.

Síntesis del caso: Se estudió la legalidad de los artículos 13 inciso 2, 15 inciso 5, 25 numeral 7, así como de apartes del artículo 21 del Acuerdo 13 de 29 de diciembre de 2010, por el cual el Concejo de Maicao (La Guajira) compiló y actualizó el Estatuto Tributario Municipal, concretamente, en cuanto gravó con el impuesto predial unificado las construcciones, edificaciones y mejoras en bienes de uso público de la Nación o el municipio que se encuentren en manos de particulares y señaló como sujetos pasivos de ese tributo a los particulares ocupantes de tales construcciones, edificaciones y/o mejoras.
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  (2017-09-25) [Mas Información]
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Seccion Cuarta.
    Problema jurídico:
    ¿La deducción por los salarios pagados a personal pensionado está condicionada al pago de aportes al sistema de pensión?
La deducción por salarios pagados a personal pensionado vinculado mediante contrato laboral no está condicionada al pago de aportes a pensión, toda vez que tales cotizaciones no son obligatorias respecto de dicho personal.

Síntesis del caso: Se estudió la legalidad de los actos a través de los cuales la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta que por el año gravable de 2007 presentó la demandante, en el sentido de rechazar costos de ventas, por transporte de equipos y por trámites y licencias, así como deducciones por gastos de nómina de personal pensionado y por pago de bonificaciones a personal retirado.
Ver más
  (2017-09-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado.
Seccion Cuarta.
    Problema jurídico:
    ¿Es procedente notificar por edicto el acto que resuelve los recursos, en subsidio de la notificación personal, cuando la citación para el efecto enviada por correo es devuelta por la causal “dirección inexistente” y se desvirtúa ese hecho?
Es irregular la notificación por edicto del acto que resuelve los recursos, efectuada con ocasión de la devolución, por la causal “dirección errada/dirección no existe”, cuando se desvirtúa ese hecho.

Síntesis del caso:
La Dirección de Impuestos del Distrito notificó por edicto acto administrativo que resolvía recursos a contribuyente que había registrado dirección correcta para notificaciones personales.
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  (2017-09-25) [Mas Información]
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Seccion Cuarta.
    Problema jurídico:
    ¿La renta líquida por recuperación de deducciones está sujeta al Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE?
Se levanta la suspensión provisional de los efectos del numeral 6 del Oficio 100202208-357 del 28 de marzo de 2014, en el que la DIAN precisó que la renta líquida por recuperación de deducciones forma parte de la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

Tesis: “La renta líquida por recuperación de deducciones constituye un ingreso en tanto que corresponde a un flujo de entrada de recursos que repercute positivamente en el patrimonio solo que, por regulación especial del impuesto sobre la renta, no le son imputables costos o deducciones.
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  (2017-09-25) [Mas Información]
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Seccion Primera.
    Problema jurídico:
    ¿Son pasibles de control judicial los requerimientos ordinarios y especiales efectuados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en el procedimiento administrativo sancionatorio?
Los requerimientos ordinarios y especiales con los cuales comienza el procedimiento administrativo sancionatorio aduanero son actos de trámite.

Síntesis del caso:
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN impuso una sanción por la imposibilidad de aprehender una mercancía incursa en la causal de aprehensión y decomiso consistente en que los documentos soporte de la declaración de importación no correspondían con la operación de comercio declarada.
Ver más
  (2017-09-25) [Mas Información]
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Seccion Tercera.
    Problema jurídico:
    ¿A quién se le debe atribuir la responsabilidad por daños derivados de atentados terroristas?
Sala optó por evadir la respuesta y prefirió advertir la presencia de un riesgo social que tendría que afrontarse desde la perspectiva de la solidaridad, razón que la impulsó a exhortar al Estado para liderarla, dejando a los demandantes en total desamparo.

Ahora, sin perjuicio de que bien puede compartirse la exhortación, no hay duda de que la medida deviene en discriminatoria.

Lo primero si se considera que es asunto pacífico la responsabilidad del Estado por los hechos del conflicto, así los mismos resulten imputables a combatientes estatales, sin que para el efecto se hubiese recurrido a elucubraciones complejas sobre el distanciamiento del objetivo institucional.
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  (2017-09-25) [Mas Información]
Consejo de Estado

Acciones de Tutela.
    Problema jurídico: ¿Vulneraron el derecho al debido proceso las Autoridades de Reclutamiento y la Junta Para Remisos al imponer al actor una multa para levantarle la calidad de infractor-remiso, sin que previamente se le hubiese notificado de la citación al examen médico de aptitud psicofísica?
La Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional no puede imponer multas a jóvenes pendientes de resolver su situación militar, por no acudir al examen médico de aptitud sicofísica ni a la diligencia de concentración e incorporación, cuando estos no han sido notificados de la citación.
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  (2017-09-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado

Acciones de Tutela.
    Problema jurídico: ¿La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura desconoció la calidad de prepensionada de la actora y los derechos de carrera administrativa del concursante en el concurso de méritos?
Consejo de Estado amparó el derecho a la estabilidad reforzada de una empleada prepensionada nombrada en provisionalidad en un cargo ofertado en concurso de méritos y el derecho a la carrera administrativa del participante que ocupó el primer puesto para el mismo.
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  (2017-09-25) [Mas Información]
Consejo de Estado

Normas Anuladas
    “Por el cual se compila y actualiza el Estatuto Tributario del municipio de Maicao”
1. Acuerdo 13 de 29 de diciembre de 2010, “Por el cual se compila y actualiza el Estatuto Tributario del municipio de Maicao”, expedido por el respectivo concejo municipal.

Los artículos 13 inciso 2, 15 inciso 5 y un aparte del numeral 7 del artículo 25.
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  (2017-09-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado

INGRESOS RECIBIDOS POR UNION TEMPORAL POR EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES – Estan gravados con el impuesto sobre la renta en cabeza de cada uno de los miembros de la union temporal.
    INGRESOS, COSTOS Y DEDUCCIONES DE PARTES DE UNIÓN TEMPORAL – Contabilización y declaración. Debe ser independiente por cada miembro, de acuerdo con su participación en la unión temporal /
En el caso de la unión temporal, dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del contrato.

Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones, se impondrán de acuerdo con la participación de cada uno de los miembros. Es importante tener en cuenta que a partir de la Ley 223 de 1995 la unión temporal no es contribuyente del impuesto sobre la renta.

Pero los ingresos percibidos por las uniones temporales como contraprestación por la ejecución de contratos celebrados con entidades estatales son gravados con el impuesto de renta en cabeza de cada uno de sus miembros.

De tal manera que las partes de una unión temporal deben llevar en su contabilidad y declarar de manera independiente, los ingresos, costos y deducciones que les correspondan, de acuerdo con su participación en los ingresos, costos y deducciones de la unión temporal.
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  (2017-09-01) [Mas Información]
Consejo de Estado

DEDUCCION POR SALARIOS PAGADOS A PERSONAL PENSIONADO.
    No está condicionada al pago de aportes al Sistema General de Pensiones porque ese pago no es obligatorio respecto del personal pensionado vinculado mediante contrato laboral.
De acuerdo con el artículo 108 del Estatuto Tributario, para aceptar la deducción por salarios, los patronos deben estar a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales y en el pago de los aportes obligatorios previstos en la Ley 100 de 1993, entre ellos, al Sistema General de pensiones.

Pero en el caso del personal pensionado vinculado mediante contrato laboral, el pago de aportes a pensión no es obligatorio y, por ende, no constituye un requisito para la procedencia de deducción por salarios.

En efecto, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 dispone que la obligación de cotizar cesa en el momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o en forma anticipada.

En concordancia con lo anterior, el artículo 2 del Decreto 798 de 1990 señala que se encuentran excluidos del seguro de invalidez vejez y muerte, los trabajadores dependientes que al momento de iniciarse la obligación de asegurarse se encuentren gozando de una pensión de jubilación, así como las personas que se hayan pensionado por el régimen de los seguros sociales obligatorios o hubiesen recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o invalidez por riesgo común.
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  (2017-09-01) [Mas Información]
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Consejo de Estado

PAGO DE BONIFICACION O INDEMNIZACION POR RETIRO DE EMPLEADOS.
    No es deducible del impuesto sobre la renta así esté probado, porque se trata de una erogación que no incide en la actividad generadora de venta de la empresa.
La Sala precisa que independientemente de que se encuentre o no probado el pago de las sumas de dinero por retiro de empleados, llámese bonificación o indemnización, estas no son deducibles del impuesto de renta toda vez que se trata de una erogación que no incide en la productividad de la empresa.

Todo, porque esos pagos no obedecen a la contraprestación directa del servicio, que por lo demás ya terminó; sino, al resarcimiento de los perjuicios causados al trabajador por el incumplimiento del empleador de lo pactado en el contrato.

Es más sin dicho pago es totalmente viable producir la renta, ya que no es la causa del ingreso por el desarrollo de la actividad. Tampoco es un gasto normal o usual para producir o facilitar la generación de la renta.

Si bien son pagos que tienen el carácter indemnizatorio y en ellos debe incurrir el empleador cuando desvincula al trabajador por decisión unilateral, el hecho que legalmente tuviera que pagar sumas de dinero por retiro de los trabajadores no las convierte en indispensables, porque la necesidad se debe dar frente al desarrollo de la actividad productora de renta.
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  (2017-09-01) [Mas Información]
Consejo de Estado

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD – Recae sobre los ingresos obtenidos en el periodo, siempre que en el mismo, incrementen el patrimonio del contribuyente.
    BASE GRAVABLE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD – Para calcularla solo se pueden restar los conceptos o partidas señalados expresamente en la Ley 1607 de 2012.
La Ley 1607 de 2012, «Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones», estableció el impuesto sobre la renta para la equidad –CREE–como un aporte a cargo de los sujetos pasivos en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social.

Según el artículo 21 de la norma referida, el hecho generador del tributo «lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o período gravable».

De acuerdo con lo anterior, el impuesto sobre la renta para la equidad –CREE– recae sobre los ingresos que se obtengan en el periodo, siempre que incrementen, en ese periodo, el patrimonio del contribuyente.

La Ley 1607 de 2012 o el Estatuto Tributario no definen de manera expresa lo que ha de entenderse por ingreso, de tal forma que es admisible acudir a lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2649 de 1993 que establece que los ingresos «representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades, realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de capital.
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  (2017-09-01) [Mas Información]
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Consejo de Estado

RENTA LIQUIDA POR RECUPERACION DE DEDUCCIONES – Desde la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012 se debía tener en cuenta para calcular la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad
    BASE GRAVABLE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD – Para calcularla solo se pueden restar los conceptos o partidas señalados expresamente en la Ley 1607 de 2012.
Con fundamento, entre otras normas, en la Ley 1607 y en el Decreto 2707 de 2013, la DIAN expidió el Oficio 100202208-357 del 28 de marzo de 2014 «con el fin de precisar el alcance de algunas disposiciones relativas al Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), contenidas en la Ley 1607 de 2012» (…)

El Oficio 100202208-357 del 28 de marzo de 2014, contrario a lo decidido en el auto recurrido, no viola la Ley 1607 de 2012 pues, como en seguida se explica, el oficio demandado incluyó como parte de la base gravable del tributo un concepto que estaba sujeto al impuesto sobre la renta para la equidad –CREE– de conformidad con lo previsto el artículo 21 de la Ley 1607 de 2012.

En efecto, según el artículo 178 del ET, la renta líquida está constituida por la renta bruta menos las deducciones que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta. La renta líquida es la renta gravable y a esta se aplican la tarifa, salvo cuando existan rentas exentas, en cuyo caso se restan para determinar la renta gravable.

La renta líquida por recuperación de deducciones está regulada en el artículo 195 del ET que dispone que ese tratamiento –el de renta líquida– está previsto para «La recuperación de las cantidades concedidas en uno o varios años o períodos gravables como deducción de la renta bruta, por depreciación, pérdida de activos fijos, amortización de inversiones, deudas de dudoso o difícil cobro, deudas pérdidas o sin valor, pensiones de jubilación o invalidez, o cualquier otro concepto; hasta concurrencia del monto de la recuperación».
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  (2017-09-01) [Mas Información]
Consejo de Estado

BIENES INMUEBLES DE ENTIDADES PÚBLICAS GRAVADOS CON IMPUESTO PREDIAL – Son los fiscales o patrimoniales.
    Por el artículo 2 de la Ley 29 de 1963 se derogaron todas las disposiciones de carácter nacional que decretaban exoneraciones o exenciones del impuesto predial para personas privadas.
En sentencia de 24 de febrero de 1994, expediente 5001, la Sección Cuarta hizo un recuento de la evolución normativa del impuesto predial, en los siguientes términos:

El impuesto predial fue establecido por la Ley 48 de 1887, que autorizó a los departamentos para crearlo y recaudarlo, destinando un porcentaje del dos por mil a favor de los municipios, como un impuesto real sobre la propiedad inmueble.

La Ley 20 de 1908 estableció como renta propia del departamento el recaudo de dicho impuesto, sin perjuicio del porcentaje correspondiente al municipio. Los artículos 97 de la Ley 4 de 1913 y 1 de la Ley 34 de 1920 fijaron el dos por mil como la tasa máxima con que los departamentos y municipios podían gravar la propiedad raíz.

El artículo 2 del Decreto Ley 2413 de 1948 estableció un impuesto del dos por mil sobre toda propiedad raíz, que se cobraría con el de catastro y exceptuó de este tributo a los municipios que tuvieran una tasa para el impuesto predial o contribución de caminos superior al dos por mil.
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  (2017-09-01) [Mas Información]
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Consejo de Estado

PRUEBA DEL COSTO DE VENTA – Inconsistencias entre el comprobante de contabilidad, el libro auxiliar y la factura de venta.
    Prevalencia de la factura para establecer el valor real de la erogación, cuando existen pruebas externas a la contribuyente que demuestran la veracidad de la factura / RECONOCIMIENTO DE COSTO DE VENTA – Procede cuando se encuentra debidamente soportado.
La Administración advirtió diferencias entre el costo de venta registrado en el libro auxiliar y en el comprobante de contabilidad de la venta No. CC-005838, así como entre la factura de venta No. 17495 y esos documentos contables.

Esas inconsistencias en la contabilidad llevaron a que la DIAN desconociera la factura de venta como prueba del costo y tomara, como soporte de esa erogación el comprobante de contabilidad que registró la enajenación.

De ahí que la Administración rechazara el costo de ventas.
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  (2017-08-31) [Mas Información]
Consejo de Estado

COSTO REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD – No procede su reconocimiento si carece del soporte contable exigido para el efecto.
    RECHAZO DE COSTO DE VENTA SOPORTADO EN FACTURA ANULADA – Legalidad. Se ajusta a derecho porque el costo carece del soporte contable exigido para su procedencia fiscal.
La Administración rechazó el costo de venta de teléfonos satelitales en la suma de $81.265.119, porque se encuentra soportado en una factura anulada por la sociedad.(…) 3.2.

Por su parte la sociedad sostiene que independientemente de que la factura de venta esté anulada, el costo se encuentra reflejado en la cuenta No. 14, como lo señaló la DIAN. 3.3.

La Sala considera que aunque el costo está registrado en la contabilidad, no procede el reconocimiento de esa erogación, porque no tiene el soporte contable exigido en el artículo 123 del Decreto 2649 de 1993 y, en especial, en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, para la procedencia fiscal de los costos.
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  (2017-08-31) [Mas Información]
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Consejo de Estado

PROPORCIONALIDAD DE LAS EXPENSAS – Se debe medir y analizar en cada caso, segun la actividad lucrativa desarrollada y la costumbre comercial para el sector.
    RECONOCIMIENTO DE COSTO DE TRANSPORTE – Improcedencia por falta de acreditación del nexo causal y de la proporcionalidad de la erogación.
Para la procedencia de los costos y deducciones, la normativa tributaria exige el cumplimiento de los presupuestos esenciales de relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Siendo el primero y el último los discutidos por la Administración.

La relación de causalidad atiende a que las erogaciones o simplemente salida de recursos del contribuyente, deben guardar una relación causal, de origen - efecto, con la actividad u ocupación que le genera la renta al contribuyente.

Por su parte, la proporcionalidad de las expensas, es decir la magnitud que aquellas representen dentro del total de la renta bruta (utilidad bruta) deberá medirse y analizarse en cada caso, de conformidad con la actividad lucrativa que se lleve a cabo y con la costumbre comercial para el sector.
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  (2017-08-31) [Mas Información]
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO – SANCION POR DEVOLUCION Y/O COMPENSACION IMPROCEDENTE – Intereses incrementados en un 50%
    Como puede verse, la alta corporación definió que el 50% sobre los intereses moratorios, no tienen naturaleza de intereses, sino la de una sanción, y encuentra que se trata de una decisión razonable del legislador.
Tras la lectura del artículo 670 del Estatuto Tributario la Sala advierte que dicha norma al regular la sanción por devolución o compensación improcedente, prevé una pluralidad de sanciones concomitantes que incluye el reintegro de las sumas devueltas o compensadas en exceso y los intereses moratorios incrementados en un 50%, es decir que el reintegro de la suma pagada en exceso es simplemente una parte de la sanción, que constituye para la entidad oficial un medio de recuperación total o parcial de las cantidades dinerarias devueltas originariamente.

Ahora bien, el cobro de intereses moratorios aumentados en un 50% tiene fundamento legítimo en la falta de diligencia y cuidado en que incurrió el contribuyente, esto es así por cuanto, las declaraciones privadas de impuestos se presumen veraces ya que el contribuyente o responsable se halla en la obligación ineludible de ser cuidadoso en su diligenciamiento, mucho más si encuentra que se generan saldos a favor que den lugar a devoluciones, compensaciones o imputaciones en las declaraciones correspondientes a los años gravables siguientes.
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  (2017-08-09) [Mas Información]
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Consejo de Estado

Legalidad del articulo 6º del Acuerdo Distrital Nº 0013 del 20 de septiembre de 2011.
    Demanda del acuerdo que prohibió la devolución o compensación de las sumas pagadas por concepto de impuesto predial, contribución de valorización y gravamen de plusvalía
De cara al principio de obligatoriedad de la ley y sus efectos en el tiempo3, el inciso primero del artículo sexto que se viene comentando4, presenta una exención tributaria con efectos futuros que influye en las obligaciones tributarias aún no causadas.

Se trata, entonces, de un beneficio tributario que, además de ajustarse al principio de irretroactividad de la ley tributaria (art. 363 de la CP), pone al sujeto destinatario del tributo en una situación preferencial por fines esencialmente extrafiscales5 fijados por el Legislador.
  (2017-07-28) [Mas Información]
Consejo de Estado

Termino de la prescripcion de la sancion moratoria.
(Auxilio de Cesantias)
    Es dable concluir que para efectos de contabilizarse el término de la prescripción de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 debe tenerse como inició del conteo el momento de la terminación de la vinculación laboral, que es cuando verdaderamente se causa o hace exigible tal prestación social.
Problema jurídico.-

Siendo el marco de juzgamiento en esta instancia, los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, debe la Sala precisar desde cuando se contabiliza el terminó de la prescripción del derecho a percibir la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantías en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

En segundo lugar, en caso de que no haya prescripción del derecho, cómo se paga la sanción moratoria respectiva.
  (2017-07-26) [Mas Información]
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Consejo de Estado

ESTATUTO TRIBUTARIO –
Nombramiento de secuestre.
    Para determinar si la falta es grave o leve señala unos criterios de gravedad o levedad, mientras que para determinar si la falta es gravísima por las connotaciones que ellas implican hace remisión a un listado que las consagra taxativamente.
La Sala concuerda con el razonamiento realizado por la autoridad disciplinaria el cual es lógico en el sentido de que al ser la demandante la Jefe de la División de Cobranzas de la DIAN quien además designó los funcionarios ejecutores en los procesos de cobro coactivo donde se cometieron las irregularidades denunciadas y permitió la designación del secuestre en cuestión, estaba en la obligación de cumplir las normas que rigen la designación o como mínimo vigilar que aquellas se cumplieran en la medida en que los demás funcionarios de esa dependencia estaban bajo su mando y dirección.
  (2017-07-26) [Mas Información]
Consejo de Estado

ACTOS SUJETOS A REGISTRO / PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD DE LOS ACTOS SUJETOS A REGISTRO – Inexistencia / REGISTRO PARCIAL – Procedencia.
    Sentecia:
¿Es posible efectuar el registro parcial de la escritura de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, cuando algunos de los bienes han sido embargados?

No existiendo el citado principio de indivisibilidad de los actos sujetos a registro, en tanto el Decreto Ley 1250 de 1970 ni la doctrina lo contemplan, ni existiendo disposiciones legales que impidan el registro parcial, se precisa que la liquidación de la sociedad conyugal de los señores
  (2017-07-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado

FACULTAD IMPOSITIVA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - Alcance.
    Problema jurídico:
¿La “participación” creada por la Ordenanza 035 de 1984 corresponde o no a un tributo, y, de serlo, desconoció dicho acto el principio de legalidad tributaria y la prohibición de gravar la industria de licores con tributos adicionales al impuesto al consumo?
  (2017-07-24) [Mas Información]
Consejo de Estado

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SOBRE BIENES DE USO PUBLICO - Alcance.
    Problema jurídico:
¿Se ajusta a derecho que el Concejo Municipal de Villavicencio, mediante el Acuerdo 073 de 2001, haya gravado con el impuesto predial a las “entidades oficiales de todo orden”, así como que haya incluido a “todas las construcciones del Estado del orden nacional, departamental y municipal” que ejercen actividad institucional, entre la clasificación de predios edificados en suelo urbano, para efectos de aplicar las tarifas de ese tributo?
  (2017-07-24) [Mas Información]
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Consejo de Estado

IMPUESTO DE REGISTRO - Base gravable en acto, contrato o negocio referido a inmuebles.
    Se sujeta a la regla prevista en el artículo 229 de la Ley 223 de 1995, es decir que tiene cuantía.
IMPUESTO DE REGISTRO -
Base gravable mínima respecto de inmuebles.


El literal h del artículo 6 del Decreto 650 de 1996 no la desconoce al calificar como sin cuantía los actos de restitución de bienes al fideicomitente, porque se refiere al hecho generador relacionado con actos o negocios sobre bienes sujetos a registro, distintos de los inmuebles
  (2017-07-21) [Mas Información]
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto No 30531

Impuesto a las ventas.- Bienes Excluidos importaciones Excluidas.
    Es jurídicamente procedente el cobro del IVA por la importación de Alcohol Etílico Extra-neutro y Alcohol Etílico Industrial al 96%, siempre y cuando las citadas materias primas químicas se destinen a la producción de medicamentos acorde al artículo 424 del Estatuto Tributario en las condiciones señaladas por los artículos 3 y 4 del Decreto 3733 de 2005".
Consulta:

“¿Es jurídicamente procedente el cobro del IVA en la Importación de Alcohol Etílico Extra-neutro y Alcohol Etílico Industrial al 96% destinados a la producción de medicamentos cuando, a pesar de no estar incluidos en el artículo 1 del Decreto 3733 de 2005, jurisprudencialmente se afirmó que en su importación o venta se podrá invocar la exclusión de que trata el artículo 424 del Estatuto Tributario?”.
  (2017-05-31) [Mas Información]
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Consejo de Estado

La exencion de la contribucion de solidaridad del articulo 102 de la Ley 1450 de 2011 solo cobija a los usuarios industriales del servicio de gas natural domiciliario.
    Problema jurídico:
¿La exención de la contribución de solidaridad prevista en el artículo 102 de la Ley 1450 de 2011 cobija a los usuarios del servicio de gas natural domiciliario que ejecuten actividades industriales tanto de manera principal como secundaria?

Tesis 1: “La Sala considera que no se configura ningún exceso en la facultad reglamentaria. Por el contrario, la cualificación del sujeto beneficiario de la exención, que hace el Decreto 4956, concreta el ámbito de aplicación de la exención creada por el artículo 102 de la Ley 1450 de 2011, a partir de la definición de reglas claras que permiten identificar a los usuarios industriales del servicio de gas natural domiciliario, y diferenciarlos de los demás usuarios, con el fin último de evitar abusos por parte de los contribuyentes que no tendrían derecho a tales beneficios.

Las actividades económicas clasificadas en los códigos 011 a 456 de la Resolución 432 de 2008 son industriales y, como tal, constituyen un referente idóneo para identificar y tener control sobre los sujetos beneficiarios de la exención.

La ley y el decreto privilegian de manera razonable a aquellos usuarios del servicio de gas que ejecutan actividades industriales de manera principal porque son las que les generan la mayor parte del valor agregado.
  (2017-05-25) [Mas Información]
Consejo de Estado

La exencion de la contribucion de solidaridad del articulo 102 de la Ley 1450 de 2011 solo cobija a los usuarios industriales del servicio de gas natural domiciliario.
    Problema jurídico:
¿Es ilegal el parágrafo 2 del artículo 5 del Decreto 4956 de 2011, en cuanto impone al beneficiario la obligación de presentar el RUT cada seis meses para conservar la exención del artículo 102 de la Ley 1450 de 2011?

Tesis 2: “El RUT es el mecanismo idóneo de verificación de la calidad de usuario industrial del servicio de gas natural domiciliario, porque en ese documento se reporta o informa la actividad económica principal y la secundaria que desarrolle cualquier contribuyente y, por tanto, cualquier persona que tenga acceso a ese documento puede verificar que la actividad económica principal del usuario corresponda a los códigos 011 a 456 que fijó la Resolución 432 de 2008.

Siendo así, para la Sala, el decreto demandado no vulnera ninguna ley. Ahora bien, como la exención a favor de los usuarios industriales deriva de la ley, es razonable que para efectos de la verificación anteriormente aludida, el decreto reglamentario haya previsto que el usuario industrial del servicio de gas natural domiciliario, sujeto interesado en gozar de la exención, entregue a la empresa prestadora del servicio de gas natural domiciliario una copia del RUT.

Si bien es cierto que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o las empresas prestadoras del servicio público pueden pedir a la DIAN, en virtud del principio de coordinación, y en virtud del Decreto Ley 019 de 2012 sobre anti trámites, que suministre la información del código de actividad económica que los usuarios industriales del servicio público de gas domiciliario consignaron en el RUT, no es nulo el decreto demandado por disponer que el usuario industrial debe aportar una copia del RUT para hacer efectivo el beneficio por primera vez, pues esa medida se establece en beneficio propio, no en su contra, precisamente para facilitar el trámite de reconocimiento del beneficio.
  (2017-05-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado

La exencion de la contribucion de solidaridad del articulo 102 de la Ley 1450 de 2011 solo cobija a los usuarios industriales del servicio de gas natural domiciliario.
    Problema jurídico:
¿El parágrafo 2 del artículo 4 del Decreto 4956 de 2011 viola el artículo 153 de la Ley 142 de 1994, al fijar el plazo de 15 días hábiles para resolver la solicitud tendiente a obtener la exención, comoquiera que el artículo 153 no prevé plazo alguno?

Tesis 3: “La Sala considera que no se configura esta violación. La Sala advierte que los artículos 153 a 158 de la Ley 142 de 1994 regulan el trámite de peticiones, quejas y recursos que pueden presentar los usuarios de los servicios públicos domiciliarios ante las empresas prestadoras de esos servicios.

El artículo 153 dispone que las peticiones y recursos presentados ante las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se tramitan de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición, sin fijar plazo alguno para resolver la petición.

La demandante alegó que el parágrafo 2 del artículo 4 del Decreto 4956 de 2011 es nulo porque remitió al artículo 153 de la Ley 142 de 1994, para decir que se aplica un plazo no previsto en esa norma. Para la Sala, esa situación no genera nulidad alguna porque el plazo de 15 días está previsto en las normas vigentes que regulan el derecho de petición, esto es, Ley 1755 de 2015.

En ese sentido, no se advierte contradicción alguna que genera la nulidad de la norma demandada. No prospera el cargo”.
  (2017-05-25) [Mas Información]
Consejo de Estado

La base gravable del impuesto de avisos y tableros es cero cuando es el total del impuesto de industria y comercio y el contribuyente está exento de este último tributo.
    Síntesis del caso:
La Cooperativa de Consumo Ltda. considera que son nulos los actos administrativos mediante las cuales la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín le practicó liquidación oficial de revisión por el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros del periodo gravable 2008 y le impuso sanción por inexactitud, por cuanto tales actos liquidaron ilegalmente el impuesto complementario de avisos y tableros.
  • Problema jurídico:
¿Cuál es la base gravable del impuesto de avisos y tableros cuando esta es el total del impuesto de industria y comercio y el contribuyente se encuentra exento de este último gravamen?
  (2017-05-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado

No procede la devolucion del mayor impuesto pagado como consecuencia de la anulacion del acto que rechaza la solicitud de correccion de una declaracion tributaria.
    Los contribuyentes podrán acceder a la devolución de los pagos en exceso o de no lo debido, por concepto de obligaciones tributarias, para lo cual, se debe seguir el procedimiento que se aplica para las devoluciones de saldos a favor [art. 850 del ET], es decir, el interesado deberá solicitar la devolución y la Administración deberá devolver, previas las compensaciones a que haya lugar, en el término legal previsto para tal fin [art. 855 ib].
Síntesis del caso:

La sociedad MANPOWER DE COLOMBIA LTDA. solicita que se declare la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro (Antioquia) le negó la solicitud de corrección de la declaración del impuesto de industria y comercio que presentó por el año gravable de 2010, al considerar que tales actos desconocen el artículo 589 del Estatuto Tributario.
  (2017-04-27) [Mas Información]
Consejo de Estado

La causacion del impuesto de delineacion urbana.
    La causación del impuesto de delineación urbana puede coincidir con la expedición de diferentes modalidades de licencia de construcción, en la medida en que el aspecto material del tributo corresponda o se identifique con la construcción de nuevos edificios o su refacción.
Síntesis del caso:

Raúl Atilano Amaya Cárdenas solicita la nulidad de los artículos 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 y 131 del Acuerdo 024 de 2008, “Por medio del cual se adopta el estatuto tributario para el municipio de San Sebastián de Mariquita - Tolima”, y de los artículos 15, 16, 18, 19, 21 y 23 del Acuerdo 056 del 30 de diciembre de 2009, “Por medio del cual se modifica y adiciona el estatuto de rentas del municipio de San Sebastián de Mariquita”, relativos al impuesto de delineación urbana por expedición de diversas licencias, por cuanto considera que están viciados, en cuanto consagran tributos que carecen de fundamento legal.
  (2017-04-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado

MEDIO DE CONTROL CONTRA ACTO QUE NIEGA DEVOLUCION DE TRIBUTO NULO O INEXEQUIBLE.
    La Sala ha precisado que si un contribuyente estima que si un tributo pagado no tiene fundamento legal, en razón de la inexequibilidad o nulidad de la norma que lo establece, antes que acudir a la acción de reparación directa, debe hacer uso de los mecanismos previstos por el legislador para solicitar la devolución de un tributo.
Síntesis del caso:

Vicpar S.A., Constructora Emidumar S.A. y Francisco Ramón Ríos Danies, en ejercicio del medio de control de reparación directa, solicitaron la devolución de los valores pagados por concepto de la tasa especial de fortalecimiento administrativo regulada en unas ordenanzas del Departamento de Arauca que posteriormente fueron declaradas nulas por la Sección Primera del Consejo de Estado.
  (2017-04-27) [Mas Información]
Consejo de Estado

Como a las empresas multinivel no se les aplica la deduccion por salarios del paragrafo 2 del articulo 108 del E.T., no estan obligadas a verificar que los vendedores independientes adscritos a ellas esten afiliados al sistema de seguridad social y que paguen las cotizaciones al mismo.
    Síntesis del caso:
Se suspenden provisionalmente los efectos de los Conceptos 008166 de 16 de marzo y 31713 de 4 de noviembre de 2015, expedidos por la Directora de Gestión Jurídica de la DIAN, en cuanto interpretan el parágrafo 2 del artículo 108 del Estatuto Tributario en el sentido de que el mismo condiciona la procedencia de la deducción por salarios de los pagos efectuados por las empresas multinivel a las personas naturales afiliadas a las mismas, a la verificación de que dichas personas se encuentran afiliadas y que pagaron las respectivas cotizaciones y aportes al sistema de seguridad social.
  (2017-03-31) [Mas Información]
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Consejo de Estado

En materia tributaria no es viable solicitar a la jurisdiccion la declaratoria de ocurrencia del silencio administrativo positivo, pero si la nulidad del acto administrativo, notificado extemporaneamente, que resuelve los recursos de reposicion o reconsideracion.
    Síntesis del caso:
Se revoca el auto que rechazó de plano la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A., con el fin de obtener, de un lado, la anulación de los actos administrativos por los cuales el Distrito de Cartagena le negó la devolución del impuesto de industria y comercio de los bimestres 2 a 5 del 2002, así como del que resolvió el recurso de reconsideración contra la anterior decisión, pero que se notificó extemporáneamente y, de otro, la declaratoria de la ocurrencia del silencio administrativo positivo respecto del recurso interpuesto junto con el cumplimiento del acto ficto producto del mismo.

En su lugar, se ordenó al a quo que, previa verificación de los demás requisitos legales, continuara con el trámite del proceso.
  (2017-03-31) [Mas Información]
Consejo de Estado

La utilidad en la enajenacion de titulos de cartera hipotecaria no se considera un rendimiento financiero pasible de la exencion prevista en el articulo 16 de la Ley 546 de 1999.
    Síntesis del caso:
Se confirma el fallo que negó las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Distrihogar S.A. contra los actos administrativos por los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN determinó oficialmente el impuesto sobre la renta del año gravable 2003, en el sentido de adicionar ingresos no operacionales por indebida contabilización de pérdidas en la venta de títulos de hipoteca y bonos ordinarios, desconocer la deducción por pérdidas derivadas de títulos hipotecarios y bonos ordinarios y la renta exenta de los rendimientos de tales títulos e imponer sanción por inexactitud, en cuanto consideró que la utilidad en la enajenación de títulos hipotecarios no constituye un rendimiento financiero y que, por ende, no está cobijada por la exención del impuesto sobre la renta prevista en el artículo 16 de la Ley 546 de 1999, como lo alegaba la demandante.
  (2017-03-31) [Mas Información]
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Consejo de Estado

La actuacion administrativa que culmina con la sancion por no declarar no es requisito previo para la expedicion de la liquidacion de aforo, de modo que el hecho de que no se imponga la sancion no constituye un vicio de procedimiento que genere la nulidad del acto liquidatorio.
    Síntesis del caso:
Se accede parcialmente a las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Helicópteros Nacionales de Colombia S.A. - Helicol S.A. contra los actos administrativos por los cuales el municipio de Cúcuta le formuló liquidación oficial de aforo y le impuso sanción por extemporaneidad frente al impuesto de industria y comercio de los periodos fiscales 2002 a 2005, en relación con la prestación del servicio de transporte aéreo en su jurisdicción.

Concretamente, se anularon dichos actos en cuanto a las sanciones por extemporaneidad de los periodos 2002 y 2003 y a las liquidaciones de aforo de los años gravables 2004 y 2005.
  (2017-03-31) [Mas Información]
Consejo de Estado

EXPENSAS NECESARIAS - Si demuestran los requisitos procede la deduccion por destruccion de inventario.
    DESTRUCCION DE MERCANCIAS
    - Deben estar plenamente justificados y probados. Procedencia de la deducción.
Si se demuestran que las expensas son necesarias, proporcionales y que tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, como lo precisa el artículo 107 del Estatuto Tributario, procede el reconocimiento de la deducción por destrucción de inventario.

También es relevante resaltar que en las sentencias referidas se ha insistido en que los hechos que dan lugar a la destrucción o a la pérdida deben estar plenamente justificados y probados.
  (2017-03-28) [Mas Información]
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Consejo de Estado

INVENTARIOS PERMANENTES - Los faltantes de mercancia de facil destruccion o perdida se manejan a traves de una provision.
    FALTANTES DE MERCANCIA DE FACIL DESTRUCCION O PERDIDA
    - Se puede disminuir el inventario inicial siempre que se lleve el sistema de juego de inventarios.
Para establecer el costo de los activos movibles enajenados, el artículo 62 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas:
    "juego de inventarios",
    "inventarios permanentes o continuos", o
    "cualquiera otro sistema de reconocido valor técnico", autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Tratándose de contribuyentes obligados a presentar la declaración de renta firmada por revisor fiscal o contador público, "deberán establecer el costo de la enajenación de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos, o por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico...

" En el sistema de "juego de inventarios", el costo de lo vendido se establece por la suma del inventario inicial, (la determinada a 31 de diciembre del año anterior al gravable), más el costo de las mercancías compradas, transformadas, extraídas o producidas en el año fiscal respectivo y, se sustrae el inventario físico efectuado en el último día del año gravable. Lo que responde a la siguiente fórmula matemática: inventario inicial + compras - inventario final.

Mientras que en el sistema de "inventarios permanentes o continuos" el costo se contabiliza en tarjetas u hojas especiales, diseñadas para llevar el control permanente de las mercancías, las que hacen parte integrante de la contabilidad, donde se registran las unidades compradas, vendidas, o consumidas, el costo de lo vendido y de lo comprado; al final del ejercicio se hace constar en el libro de inventarios, el costo de las existencias.
  (2017-03-28) [Mas Información]
Consejo de Estado

MERCANCIAS DIFERENTES A MEDICAMENTOS - Procede la deduccion por destruccion siempre que se prueben las expensas necesarias.
    DESTRUCCION DE INVENTARIOS
    - Procede cuando se demuestran los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
Tratándose de activos movibles que tengan que ser retirados por vencimiento o destrucción y que no puedan ser comercializados de ninguna manera, ni consumidos, ni usados, podría llegar a admitirse su valor como "expensa necesaria" deducible, siempre y cuando se demuestre, en cada caso, que el hecho ocurrió en el respectivo año gravable, que tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta y que es necesario y proporcionado a esa actividad; y además, que el contribuyente, demuestre que tal deducción no ha sido reconocida por otros medios, como por ejemplo, el caso de los contribuyentes que llevan el sistema de juego de inventarios, donde tal disminución puede ser tratada como costo (art. 64 E. T.)".

Es necesario advertir también, que aunque la jurisprudencia transcrita hacía referencia a medicamentos, nada impide que en casos en que los inventarios correspondan a otro tipo de mercancías, no se pueda aplicar estos criterios, de acuerdo con lo que se pruebe en cada caso.

Igualmente, debe precisarse que el criterio de la Sala es aplicable tanto a comercializadores como a productores, pues en ambos casos, dependiendo del tipo de bienes, pueden estar sometidos a disposiciones de tipo sanitario que los obliga a destruir los activos movibles por razones de deterioro, vencimiento, desuso, etc., y lo mismo puede ocurrir en sectores donde la destrucción de inventarios ocurre por tratarse de una práctica mercantil usual, razón por la que no resulta procedente la distinción que realiza la demandada en relación con la actividad que desarrolla el contribuyente respecto de los productos dados de baja.
  (2017-03-28) [Mas Información]
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Consejo de Estado

PROVISION CONTABLE
- No es deducible por destruccion de inventarios dado que el unico efecto es la reduccion de la misma.
    En relación con la provisión para mercancía dada de baja, se advierte que la demandante ha sostenido que la provisión ha sido tratada como un gasto no deducible y que sólo cuando se produce realmente la destrucción del inventario devuelto o vencido es que se afecta la cuenta de la provisión, momento en el que es deducible fiscalmente.
Sin embargo, en los actos acusados, la DIAN rechazó la provisión por mercancía dada de baja por valor de $94.169.146 registrada en la cuenta 61.20.45.57, porque es una provisión que dentro del ordenamiento fiscal no es posible tenerla como costo ni como deducción, pues sólo son provisiones aceptadas fiscalmente las establecidas en los artículos 112, 145 y 146 E.T.

Además, la Administración indicó que sobre este valor "la sociedad no presenta soporte como tal, por cuanto se registra un valor estimado de la mercancía que se va a dar de baja o que se va a llevar a pérdida en devoluciones, posteriormente se traslada o se cancela.
  (2017-03-28) [Mas Información]
Consejo de Estado

Las decisiones del Tribunal Medico-Laboral de Revision Militar y de Policia son irrevocables y obligatorias y contra ellas solo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes.
    Consideró el Tribunal que el actor ha debido solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez y negada ésta, acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en demanda de estos actos, pues los actos demandados no ponen término al proceso o actuación administrativa.
La Sala disiente de la decisión tomada en la providencia apelada por lo siguiente:
  • Para tener derecho a la pensión de invalidez, las normas aplicables a las F.F.M.M, señalan un porcentaje de disminución de la capacidad superior al 75%.
En el presente caso, en el acta de Junta Médica Laboral No 1559 de 18 de junio de 2000, como ya se dijo, se determinó que el actor había sufrido una disminución de la capacidad laboral equivalente al 37%, no imputable al servicio.

En dicho acto, se informó que contra el mismo, procedía el recurso de solicitar convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar, a cuya interposición procedió el actor. Por lo anterior, se expidió el Acta de dicho Tribunal No 2059 de 10 de julio de 2002, en la que se notificó lo decidido en la anterior resolución, y no se le informó al actor de la posibilidad de interponer algún otro recurso.
  (2017-03-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado

PROVISION POR PERDIDA DE INVENTARIOS
- Esta permitida su contabilizacion conforme al Estatuto Contable.
    PERDIDAS DEL ACTIVO MOVIBLE - Pueden ser tratados como costo en el sistema de juego de inventarios pero no como deducción.
El artículo 62 del Estatuto Tributario alude al sistema para establecer el costo de los activos movibles enajenados conforme con dicha disposición, para establecer el costo de los activos enajenados, los contribuyentes obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta, firmada por revisor fiscal o contador público, deben utilizar el sistema de inventarios permanentes o continuos, o cualquier otro sistema de reconocido valor técnico autorizado por la DIAN.

Cuando se trata de mercancías de fácil destrucción o pérdida, el artículo 64 del Estatuto Tributario, vigente para la época de los hechos del caso concreto, sólo autorizaba disminuir el inventario final en un 5% del total de las mercancías de fácil destrucción o inventarios perecederos.

Esa disminución, que afecta el costo de ventas, no estaba prevista para los contribuyentes que llevaban el sistema de inventario permanente. La Sala, mediante sentencia del 27 de octubre de 2005, precisó que el artículo 64 E.T., autorizaba la disminución del inventario final, para los contribuyentes que llevaban el sistema de juego de inventarios, por faltantes de mercancía de fácil destrucción o pérdida, "hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más las compras".
  (2017-03-27) [Mas Información]
Consejo de Estado.

COOPERATIVAS Y ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO - Son contribuyentes del imporrenta bajo el regimen especial.
    PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL - Es una de las modalidades de inversión de los excedentes de las entidades del sector solidario / EXENCION DEL IMPORRENTA PARA LAS COOPERATIVAS - Modificaciones por la Ley 863 de 2003.
Pues bien, para establecer si el decreto demandado se ajusta a la normatividad que pretendió reglamentar, es necesario precisar el alcance y contenido del numeral 4 del artículo 19 del Estatuto Tributario, que señala a las cooperativas y otras entidades del sector solidario como contribuyentes del impuesto de renta del régimen especial y consagra una exención de sus excedentes.

De acuerdo con lo anterior, la modificación introducida por la Ley 863 de 2003 consistió en limitar los programas de educación formal a los aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, y no los del Ministerio de Salud; incluyó los cupos en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional y eliminó la condición del control de los organismos de supervisión correspondientes.
  (2017-03-15) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

EXCEDENTES DE LAS COOPERATIVAS - Forma de invertirlos para lograr la exencion en el imporrenta.
    EDUCACION FORMAL - Concepto y niveles / EDUCACION SUPERIOR - Clasificación / EDUCACION NO FORMAL - Concepto / COOPERATIVISMO - Cambios efectuados en su regulación por la Ley 79 de 1988.
De acuerdo con lo anterior, no obstante el Gobierno pretendía en la reforma tributaria, sustraer del régimen tributario especial a las Cooperativas y gravarlas normalmente, las comisiones de ponentes y conjuntas del Congreso, consideraron que debían mantenerse en el régimen especial, con la condición de destinar el 20% de sus excedentes a financiar cupos de educación formal en programas y centros autorizados por el Ministerio de Educación Nacional.

En consecuencia, en los términos de la Ley , la exención opera así:
  • 1. Se debe destinar el veinte por ciento (20%) del excedente a financiar cupos y programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, de manera autónoma por las propias cooperativas.

  • 2. El excedente se debe tomar en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.
La educación formal está definida por el artículo 10 de la Ley 115 de 1994, como aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.
  (2017-03-15) [Mas Información]
Consejo de Estado.

EXENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA COOPERATIVAS - El reglamento no limita su autonomia en cuanto a la inversion en cupos y programas de educacion formal.
    BENEFICIO NETO O EXCEDENTE DE LAS COOPERATIVAS - Debe destinarse conforme al reglamento para cumplir los propósitos del Plan de Desarrollo / EDUCACION FORMAL - La inversión en ella o en los excedentes de las cooperativas da derecho a la exención del imporrenta.
A juicio de la Sala, el reglamento no limita la autonomía de las Cooperativas, pues, acoge los únicos condicionantes de la norma superior en cuanto a cupos y programas de educación formal y en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación, manteniendo la autonomía de las cooperativas en esos destinos, de manera que exigir su manejo a través de fondos coadministrados con el ICETEX y de acuerdo con sus políticas y criterios, no restringe la libertad a las entidades en su gestión, en la medida en que participan y dirigen conjuntamente.

Como afirma el Ministerio de Educación en la contestación a la demanda, el decreto demandado debe analizarse en conjunto con otras normas, como son el Plan de Desarrollo, el Sistema General de Participaciones, o las normas del sector solidario.

Por ende, para efectos de que las cooperativas gocen de la exención y se vinculen a este propósito, deben destinar los excedentes en la forma dispuesta por el reglamento. Como se observa, existen muchos programas educativos en los cuales pueden participar con sus excedentes, de conformidad con lo previsto por el gobierno colaborando y contribuyendo así con el Plan de Desarrollo.
  (2017-03-15) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

RENTA EXENTA EN LAS COOPERATIVAS - Se calcula sobre los excedentes obtenidos.
    EXCEDENTES EN LAS COOPERATIVAS - Se deben tomar en su totalidad del Fondo de Educación para determinar la exención / EDUCACION FORMAL - El excedente de las cooperativas se invierte en programas de educación formal para logar su exención.
Según el artículo 8 de la Ley 863 de 2003, la exención del impuesto sobre la renta para las cooperativas, funciona así:
  • 1. Se debe destinar el veinte por ciento (20%) del excedente a financiar cupos y programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, de manera autónoma por las propias cooperativas.

  • 2. El excedente se debe tomar en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. La educación formal está definida por el artículo 10 de la Ley 115 de 1994, como aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.
Los niveles de educación formal son: preescolar, educación básica y educación media. A la educación media sigue la educación superior, que se regula por la Ley 30 de 1992 y se clasifica en instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y, universidades (artículo 35 de la Ley 115 de 1994).
  (2017-03-14) [Mas Información]
Consejo de Estado.

EXCEDENTES DE LAS COOPERATIVAS - Al destinarse a programas y cupos de educacion formal se cumple con la funcion social de la educacion.
    ECONOMIA SOLIDARIA - Debe participar en los planes y proyectos de educación del Gobierno / FONDO DE EDUCACION SOLIDARIA DE LAS COOPERATIVAS - De ellos deben tomarse los excedentes a ser inve4rtidos en la ecuación formal.
Las cooperativas y las demás entidades mencionadas en el numeral 4 del artículo 19 del Estatuto Tributario, son entes creados con fundamento en el espíritu de solidaridad, como un "sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso y a la racionalización de todas las actividades económicas, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares" (artículo 3 de la Ley 454 de 1998).

En consecuencia, cuando destinan sus excedentes a programas y cupos de educación formal, se cumple la función social de la educación (artículo 67 de la Constitución Política) y se participa en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, que es uno de los fines de la economía solidaria (artículo 5 Ley 454 de 1998).

La economía solidaria debe participar en los planes y proyectos que tiene el Gobierno en la educación, y sobre todo, de las clases menos favorecidas, y en virtud de la autonomía de que gozan estos entes colectivos, tienen la libertad de escoger a qué planes o programas de educación formal van a destinar sus excedentes y cómo los van a administrar, siendo la única limitación, la que impone la ley tributaria: que se trate de los excedentes tomados del Fondo de Educación y Solidaridad y que sea en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación, limitación que se reproduce en el decreto acusado, con los programas y proyectos enunciados.
  (2017-03-14) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

Es valido rechazar la correccion de una declaracion tributaria por inexistencia del valor solicitado como saldo a favor que no puede ser arrastrado a la declaracion siguiente, porque se trata de un asunto de caracter formal y no de fondo.
    Se niegan las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por C.I. Floral S.A. contra los actos administrativos por los cuales la DIAN le rechazó la solicitud de corrección de la declaración de renta del año gravable 2005, en cuanto consideró que no procedía el arrastre del saldo a favor derivado del proyecto de corrección del tributo del año 2004, que fue rechazado por encontrarse en firme la declaración inicial de ese año.
  • Problema jurídico:
¿Es válido rechazar la corrección de una declaración tributaria con base en la inexistencia de un saldo a favor que no puede ser arrastrado o imputado a la declaración del siguiente año gravable, por ser un asunto de carácter formal y no de fondo?
  (2017-02-21) [Mas Información]
Consejo de Estado.

No hay lugar a imponer sancion por no declarar el impuesto predial cuando se presenta una sola declaracion por todo un predio como estaba antes de su desenglobe, en lugar de una declaracion individual por cada predio desenglobado.
    Se anulan, en cuanto a la sanción por no declarar, los actos administrativos a través de los cuales la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá profirió liquidación de aforo contra Marval S.A. por el impuesto predial del año 2006 y le impuso dicha sanción, porque no presentó la declaración de predial individual por cada uno de los inmuebles en los que se desenglobó un bien raíz de su propiedad, sino una sola declaración por todo el inmueble como se identificaba antes del desenglobe.
  • Problema jurídico:
¿Hay lugar a imponer sanción por no declarar cuando se presenta con pago la declaración del impuesto predial del inmueble matriz de un desenglobe, en lugar de declarar y pagar el tributo de cada uno de los inmuebles desenglobados?
  (2017-02-21) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

La produccion a que se refiere el numeral 9 del articulo 450 del E.T., para efectos del regimen de precios de transferencia, tambien se configura con la venta o prestacion de servicios, como el de confeccion a traves de maquila.
    Síntesis del caso:
Se accede parcialmente a las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el Grupo Empresarial Apparel Solutions S.A.S contra los actos administrativos por los cuales la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Palmira lo sancionó por no presentar la declaración informativa individual de precios de transferencia (DIIPT) del año gravable 2007, en cuanto consideró que se configuraba la vinculación económica prevista en el numeral 9 del artículo 450 del Estatuto Tributario entre dicho Grupo y la empresa extranjera Global Apparel Corp., en razón de la venta del primero a la segunda de servicios de confección o maquila, supuesto que obligaba a la actora a presentar la DIIPT, lo cual no hizo.
  • Problema jurídico:
¿La venta de servicios de confección o maquila encaja dentro del supuesto de producción previsto en el numeral 9 del artículo 450 del E.T., para efectos de la vinculación económica en el régimen de precios de transferencia?
  (2017-02-21) [Mas Información]
Consejo de Estado.

    Inexigibilidad del impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009 para los inversionistas que suscribieron los contratos de estabilidad juridica.
  • Síntesis del caso:
La demanda contra la tesis y la interpretación jurídica del problema jurídico 2 del Concepto 098797 del 28 de diciembre de 2010 expedido por la DIAN se fundamenta en la violación entre otros del artículo 1° de la Ley 963 de 2005 que garantizaba a los inversionistas de los contratos de estabilidad que los cambios sustanciales y los nuevos tributos no les fueran exigibles y que solamente debían responder por los tributos y en general las normas que hubieran sido objeto de estabilización y con el concepto demandado se pretendía que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009 se le exigiera a tales inversionistas que suscribieron los contratos bajo el argumento de tratarse de un nuevo impuesto al patrimonio diferente al previsto en la Ley 1111 de 2006.

Argumenta que la DIAN con esta interpretación vulneró el principio de buena fé y confianza legítima pues se modificaron las condiciones pactadas al momento de celebrar los contratos de estabilidad.

Problema jurídico 1:
¿El impuesto al patrimonio previsto en la Ley 1370 de 2009 se trataba de un nuevo impuesto al patrimonio o era una prórroga o extensión del regulado en la Ley 1111 de 2006?   (2017-02-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

    El cobro del IVA en los servicios integrales de aseo y cafetería prestados por los sindicatos, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado.
  • Síntesis del caso:
En la demanda presentada contra apartes del literal b) y la totalidad del literal c) del artículo 12 del Decreto Reglamentario 1794 de 2013 expedido por el Gobierno Nacional “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”, se solicitó su suspensión provisional toda vez que violan los artículos 1, 4, 6, 13, 84, 121 y 189 numerales 11 y 20 de la Constitución Política, 683 del Estatuto Tributario y 46 de la Ley 1607 de 2012 al señalar que la tarifa del 16% y la base gravable especial del AIU (administración, imprevistos y utilidad) debían aplicarse solamente a los servicios integrales de aseo y cafetería prestados por los sindicatos y las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, cuando el artículo 462-1 del Estatuto Tributario no hizo distinción en cuanto al prestador del servicio.

Problema jurídico:

¿Debe decretarse la suspensión provisional de los literales b) y c) del artículo 12 del Decreto 1794 de 2013 por violar el artículo 462-1 del Estatuto Tributario en cuanto restringe la aplicación de la tarifa del 16% y la base gravable especial del AIU para el cobro del IVA en la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por parte de los sindicatos y las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado?   (2017-02-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

    Aplicacion del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional en cuanto al periodo gravable en que se deben aplicar las normas tributarias favorables.
  • Síntesis del caso:
La demanda presentada contra el Concepto 018128 del 19 de junio de 2015 expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN pretende como medida cautelar la suspensión provisional de sus efectos debido a que interpreta que no puede aplicarse en forma inmediata una norma tributaria que modifica alguno de los elementos de un impuesto de período porque esto solamente se predica del ámbito sancionatorio, ya que la DIAN excedió su potestad reglamentaria al interpretar normas que ya contaban con la interpretación autorizada de la Corte Constitucional.

Problema jurídico:
  • ¿Debe decretarse la suspensión provisional del Concepto 018128 de 2015 de la DIAN por violar la interpretación autorizada de la Corte Constitucional en cuanto a que las normas tributarias que modifican los elementos de los tributos pueden aplicarse en el mismo período gravable en que son expedidas?
  (2017-02-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

    Determinacion de la utilidad en la enajenacion de activos cuando el pago recibido por el vendedor es en especie y no deducibilidad del resultado de la eliminacion de cuentas contables por motivos de fusion de sociedades.
  • Síntesis del caso:
Una sociedad absorbida por la demandante hizo un aporte en especie a otra empresa consistente en la entrega de un terreno cuyo valor contable era de $ 300.000.000 y a cambio la absorbida recibió acciones de la sociedad receptora por $ 6.703.818.400.

Para la DIAN se presentó una utilidad en la enajenación del terreno por $ 6.403.818.000 determinada por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo de enajenación del activo enajenado conforme al artículo 90 del Estatuto Tributario, mientras que para la demandante como sociedad absorbente la norma que debía aplicarse era el artículo 29 del mismo estatuto que regula el valor de los ingresos en especie.

Problema jurídico:
  • ¿Para determinar la utilidad en la enajenación de activos cuando el pago recibido por el vendedor se realiza con acciones se debe aplicar el artículo 90 del Estatuto Tributario o el artículo 29 del mismo estatuto referido a los ingresos en especie?
  (2017-02-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

    Determinacion de la utilidad en la enajenacion de activos cuando el pago recibido por el vendedor es en especie y no deducibilidad del resultado de la eliminacion de cuentas contables por motivos de fusion de sociedades.
  • Síntesis del caso:
“En el caso en estudio, la pérdida por eliminación de cuentas en común no es deducible porque no se cumple el requisito de la relación de causalidad entre el gasto y la actividad productora de renta de la demandante.

En efecto, está probado que la pérdida de $ 6.583.886.000 es consecuencia de la eliminación de las cuentas en común dentro del proceso de fusión adelantado entre PALMAS OLEAGINOSAS SALAMANCA S.A., como sociedad absorbente, y RADO S.A. y H.G.I. S.A., como sociedades absorbidas y no tiene relación de causa-efecto con la actividad productora de renta de la demandante que, en general, es “la inversión y desarrollo de toda clase de actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas, en especial el de palma africana”.

La eliminación de las cuentas comunes en las inversiones “caza, ganadería y agricultura”, que da lugar a la pérdida contable, tiene como causa el acuerdo de fusión. Dicha pérdida no tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta de la actora, pues resulta de un manejo contable que es necesario para llevar a cabo en el proceso de fusión”.

Problema jurídico:
  • ¿La pérdida producida por la eliminación de cuentas contables recíprocas en la fusión de sociedades comerciales constituye un gasto deducible en el impuesto sobre la renta?
  (2017-02-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

    SANCION POR INEXACTITUD EN EL RECHAZO DE PERDIDAS FISCALES QUE DISMINUYEN LA PERDIDA LIQUIDA EN LA DECLARACION DE RENTA / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA SANCION POR INEXACTITUD.
  • Síntesis del caso:
“El artículo 647-1 del Estatuto Tributario no tipifica un hecho sancionable independiente de los del artículo 647 de la misma normativa, sino que regula las condiciones en las cuales deben aplicarse las sanciones por inexactitud y de corrección cuando se disminuyan o rechacen pérdidas fiscales.

Además, para fijar tales condiciones cuando se impone sanción por inexactitud por haber incluido pérdidas mayores a las reales, la norma prevé que la disminución o rechazo de pérdidas fiscales se considera como un menor saldo a favor, en una cuantía equivalente al impuesto que teóricamente generaría la pérdida rechazada oficialmente o disminuída en la corrección (…)

La Sala reitera que la sanción por inexactitud debe calcularse en los términos y condiciones previstas en el artículo 647-1 del E.T., pues, de acuerdo con dicha norma, la disminución de la pérdida fiscal se considera como un menor saldo a favor, en una cuantía equivalente al impuesto que teóricamente generaría la pérdida rechazada oficialmente y que dicha cuantía, que tiene como causa el menor saldo a favor, es la base para determinar la sanción por inexactitud (…)

No existe, entonces, la posibilidad de escoger la norma más favorable, como si existieran dos sanciones por inexactitud por la adición de ingresos y el rechazo de deducciones.

Problema jurídico:
  • ¿Para la sanción por inexactitud originada en la disminución del saldo a favor por disminución o rechazo de pérdidas fiscales se debe aplicar el artículo 647 del Estatuto Tributario o el artículo 647-1 del mismo estatuto?
  (2017-02-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

    Determinacion del valor comercial como base gravable del IVA en el retiro de bienes corporales muebles.
  • Síntesis del caso:
Una sociedad retiró de sus inventarios equipos de cómputo y de comunicaciones, bienes gravados con IVA, ante lo cual conforme a los artículos 421 y 458 del Estatuto Tributario debe liquidarse el IVA sobre el valor comercial de los bienes.

Tanto la DIAN como el contribuyente coinciden que el valor comercial es el precio promedio que tienen los bienes en el mercado en la fecha y lugar en que se realiza la operación, sin embargo, difieren en su determinación.

Para la demandante, dicho valor es el que corresponde al precio por el cual adquiere los bienes de sus proveedores, sin incluir el valor de las instalaciones, soporte, garantías, etc., mientras que para la DIAN el valor comercial debe ser el mismo precio que fija la sociedad cuando vende los bienes a terceros.

Problema jurídico:
  • ¿El valor comercial de los bienes retirados para efectos de liquidar el IVA generado es el valor de mercado que tienen esos bienes en el inventario del responsable del impuesto o el valor por el cual fueron adquiridos del proveedor?
  (2017-02-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

    El principio de favorabilidad es aplicable en las actuaciones administrativas dirigidas a sancionar las infracciones al regimen cambiario.
  • Síntesis del caso:
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento se solicitó la nulidad de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Sociedades, mediante los cuales se impuso una multa por incumplimiento de las normas cambiarias al incurrir en extemporaneidad de cinco (5) meses y fracción en el diligenciamiento del Formulario No. 11 del Banco de la República, a pesar de que para cuando quedó en firme el acto administrativo sancionatorio, ya no era obligación diligenciar dicho formulario para legalizar la inversión que se realizó.

Problema jurídico:
  • ¿Es aplicable el principio de favorabilidad en las actuaciones administrativas sancionatorias en materia cambiaria?
  (2017-02-13) [Mas Información]
Consejo de Estado.

EMPLAZAMIENTO POR NO DECLARAR - Acto preparatorio no demandable. Sentencia inhibitoria.
  • El emplazamiento por no declarar, acto mediante el cual, la Administración invita a los obligados a cumplir el deber de declarar y les concede el término de un (1) mes para que presenten la declaración correspondiente.
Así, si bien da inicio a una actuación administrativa, no contiene una decisión definitiva. Sin embargo, es un requisito de validez del acto que impone la sanción por no declarar, toda vez que la normativa exige su expedición previa para el debido adelantamiento del proceso de aforo.

Tratándose de un acto preparatorio o previo, no es susceptible de control de legalidad ante la jurisdicción, toda vez que, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede para demandar la nulidad de actos de carácter particular que pongan fin a un proceso administrativo.

Por tal razón y teniendo en cuenta que el Tribunal no se pronunció al respecto, la Sala modificará la sentencia apelada, en el sentido de adicionar un numeral para inhibirse de hacer pronunciamiento.
  (2017-01-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

JEFE DE LA UNIDAD DE RENTAS - Competente para resolver el recurso de reposicion contra el acto que impone multas.
  • PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA - Se predica de las actuaciones judiciales no de las administrativas.
Leído se constata que expresamente la función de "Resolver en reposición la imposición de multas a los contribuyentes de los impuestos" está a cargo del Jefe de la Unidad de Rentas.

Y, al Jefe de Grupo Recursos Tributarios le corresponde: "Estudiar, dar concepto y sustanciar los recursos de reposición que se interpongan ante la Unidad de Rentas". De las normas transcritas de deduce que contra los actos que imponen sanción procede el recurso de reposición.

Que los recursos que se interpongan contra los actos sancionatorios, si bien es función del Jefe de Grupo Recursos Tributarios preparar el proyecto de fallo, corresponde al Jefe de la Unidad de Rentas proferir la decisión.

Según se indicó en la providencia transcrita, el principio de la doble instancia se predica de las actuaciones judiciales, no de las de carácter administrativo, por lo que frente a los actos demandados el hecho de que el mismo funcionario que impuso la sanción haya decidido el recurso gubernativo, no es motivo para declarar la nulidad de la actuación.
  (2017-01-23) [Mas Información]
Consejo de Estado.

COPIA DE LA DECLARACION ELECTRONICA - Será la impresión que se haga de la electrónica. Valor probatorio.
  • DECLARACIONES TRIBUTARIAS ELECTRONICAS - Presentación y pago. Reemplazan os documentos en papel.
El Gobierno Nacional reglamentó este artículo mediante el Decreto 408 de 2001, acto mediante el cual dispuso que las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos y de las retenciones en la fuente que se presenten electrónicamente, se hará por el Sistema Declaración y Pago Electrónico de la DIAN.

Señala que para todos los efectos jurídicos los documentos electrónicos, declaraciones y recibos de pago, que se presenten por el Sistema Declaración y Pago Electrónico de la DIAN, reemplazarán los documentos físicos en papel (art. 11).

El mismo artículo indica que cuando el contribuyente requiera presentar ante terceros o cuando alguna autoridad solicite copia de la declaración, podrá utilizarse "la impresión en papel que se haga de las declaraciones electrónicas", pero advierte que para que este documento tenga valor probatorio, deberá cumplir las siguientes formalidades:
  • i) que haya sido impreso exclusivamente con los mecanismos establecidos en el sistema de declaración y pago electrónico,

  • ii) que se trate del documento completo sin tachaduras o enmendaduras de ninguna clase y

  • iii) que en él estén plenamente identificados los dígitos de control manual y automático asignados por la DIAN.
  (2017-01-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

LIQUIDACION OFICIAL DE AFORO - Se profiere ante el incumplimiento a declarar se determina el impuesto a cargo.
  • EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR - Invitación al contribuyente para que presente la declaración. Acto previo.
De conformidad con los artículos 715 y 716 ib., el trámite que se adelanta contra los obligados a declarar que omitan el cumplimiento de este deber, se inicia con el denominado emplazamiento para declarar.

Acto mediante el cual la Administración invita a los que previamente haya comprobado que están obligados a ello, para que cumplan ese deber dentro del término de un mes y les advierte las consecuencias en caso de persistir en su omisión. El efecto jurídico de no cumplir esta obligación dentro del plazo otorgado en el emplazamiento, es la imposición de la sanción por no declarar.

En el caso, sería la prevista en el numeral 3° del artículo 643 del Estatuto Tributario, pues se trata de la omisión de informar a la autoridad tributaria las retenciones practicadas en el periodo.

Agotado el procedimiento previsto en los citados artículos 643, 715 y 716 del E.T., dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, la Administración puede determinar mediante liquidación oficial de aforo la obligación tributaria de quien no haya declarado estando obligado a ello, según lo dispuesto en el artículo 717 ib.
  (2017-01-23) [Mas Información]
Consejo de Estado.

Alcance / SERVICIO VINCULADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL.
  • El servicio de auditoría relacionado con el análisis y liquidación de cuentas correspondientes a reclamaciones por los amparos que cubre el SOAT no está excluido del impuesto sobre las ventas porque no es un servicio vinculado con la seguridad social.
Una revisión a la enumeración que hace el artículo 1º del Decreto 841 de 1998 permite establecer que en el literal G se exceptúan del impuesto a las ventas "…Los servicios prestados por entidades de salud para atender accidentes de tránsito y eventos catastróficos…"; por lo tanto, dado que la actora no es una entidad de salud, no puede entenderse que el servicio de carácter administrativo que le presta a la aseguradora, está cobijado por la excepción otorgada a los prestados por las entidades de salud para atender los eventos descritos en la disposición.

Concordante con las disposiciones antes enunciadas, el artículo 167 de la Ley 100 de 1993, estableció lo siguiente:

"ARTICULO. 167.- Riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. En los casos de urgencias generadas en accidentes de tránsito, en acciones terroristas ocasionadas por bombas o artefactos explosivos, en catástrofes naturales u otros eventos expresamente aprobados por el consejo nacional de seguridad social en salud, los afiliados al sistema general de seguridad social en salud tendrán derecho al cubrimiento de los servicios médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial.

El fondo de solidaridad y garantía pagará directamente a la institución que haya prestado el servicio a las tarifas que establezca el Gobierno Nacional de acuerdo con los criterios del consejo nacional de seguridad social en salud.
  (2017-01-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

EXCLUSION DE IVA POR PRESTACION DE SERVICIOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL.
  • En la sentencia C-341 de 2007 la Corte Constitucional señaló que el beneficio es objetivo porque responde a la naturaleza del servicio con independencia de quien lo suministre.
En relación con el argumento expuesto en la demanda, y reiterado en la apelación, sobre el carácter objetivo de la exención, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-341 de 2007, esta Sala considera necesario recordar que dicha providencia no definió cuales son los servicios vinculados a la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993.

La demanda se presentó contra los numerales 3 (parcial) y 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 36 de la Ley 788 de 2002 y cuando la Corte examinó la violación del derecho a la igualdad, por cuanto la norma demandada no incluyó expresamente a las Cajas de Compensación como beneficiarios de la exclusión del IVA, precisó que dicho beneficio era de tipo objetivo porque sólo respondía a la naturaleza del servicio prestado, independientemente de quien lo suministrara, así lo señaló:

"…en lo que atañe al régimen general del IVA, pueden crearse exenciones o gravámenes a tasa cero que dan derecho al descuento de los impuestos a las ventas pagados por el responsable; o exclusiones, es decir, exoneraciones imperfectas que implican la no causación del gravamen en la venta del bien o la prestación del servicio, sin lugar al derecho al descuento.

En tal sentido, el legislador puede optar por diversas modalidades de exclusión: subjetiva, objetiva o mixta.
  (2017-01-23) [Mas Información]
Consejo de Estado.

DERECHO DE DEFENSA - Se vulnera cuando no se tiene en cuenta la contestacion de la demanda cuando esta se presume autentica.
  • PODER Y CONTESTACION DE LA DEMANDA - Son documentos públicos que se presumen auténticos.
Sobre el particular, se precisa que el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política es una garantía y un derecho fundamental de aplicación inmediata, compuesto por tres ejes fundamentales:
  • (i) el derecho de defensa y contradicción,

  • (ii) el impulso y trámite de los procesos conforme con las formas establecidas para cada juicio o procedimiento y

  • (iii) que el asunto sea resuelto por el juez o funcionario competente para ello.
La grave violación de cualquiera de esos ejes comporta la vulneración de esa garantía fundamental. De hecho, es la ley, en sentido amplio, la encargada de materializar las reglas derivadas del debido proceso.
  (2017-01-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

ERROR MECANOGRAFICO - Cuando en el requerimiento hay error en el nombre del contribuyente pero existen otros medios que permiten identificarlos, no existe violacion al derecho de defensa.
  • EMPLAZAMIENTO POR NO DECLARAR - Acto previo y preparatorio de la sanción por no declarar.
El artículo 715 del Estatuto Tributario establece que el emplazamiento por no declarar es aquel acto previo y preparatorio del proceso administrativo, encauzado a la aplicación de la sanción por no declarar de que trata el artículo 643 del mismo ordenamiento.

Conforme con el citado artículo 715, quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la administración de impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de 1 mes, con advertencia de las consecuencias legales que acarrea su omisión.

Para la Sala, el error mecanográfico en que incurrió el Departamento de La Guajira, no impedía saber identificar que a quien se emplazaba era a la demandante, por cuanto no cambió ostensiblemente el nombre que la identificaba. Además, existían otros datos que permitían identificar que el acto estaba dirigido a EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A., como es el caso del número de NIT.
  (2017-01-23) [Mas Información]
Consejo de Estado.

EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR - Debe estar precedido de una labor investigativa que permita tener certeza que el contribuyente excedio los topes para tener que declarar.
  • CUANTIAS PARA NO ESTAR OBLIGADOS A DECLARAR - Se debe hacer una confrontación fáctica entre los ingresos percibidos y el patrimonio poseído con las cuantías establecidas en cada año.
Por su parte el artículo 715 y siguientes del Estatuto Tributario prevé las consecuencias jurídicas para quienes no cumplan con su obligación de declarar una vez la administración tributaria los haya detectado como omisos.

De los artículos 715, 716 y 717 del Estatuto Tributario, se tiene que a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o simplemente declarantes que no cumplan con su deber formal de presentar la declaración respectiva, la administración de impuestos les otorgará un término perentorio de un (1) mes para que cumplan con su obligación, mediante un emplazamiento que según el artículo 565 del mismo Estatuto Tributario deberá ser notificado por correo o personalmente.

También se desprende que este emplazamiento para declarar debe estar precedido de una labor de investigación y verificación que le permita a la administración tener certeza que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante por el respectivo año excedía los topes establecidos para cada grupo de declarantes, de manera que el despliegue fiscalizador tenga el suficiente soporte probatorio para expedirlo, descartando entonces la posibilidad de expedir un emplazamiento basado en meras expectativas o suposiciones sin fundamento fáctico alguno.
  (2017-01-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

HECHOS QUE REQUIEREN COMPROBACION ESPECIAL - Sobre ellos no opera la presuncion de veracidad del articulo 746 del E.T.
  • PRESUNCION DE VERACIDAD DE LAS RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS - Goza de ella la respuesta planteada frente al emplazamiento para declarar.
De lo anteriormente narrado, considera la Sala que una vez notificado el emplazamiento previo por no declarar y en aras de proteger el derecho de defensa del contribuyente, existe la garantía procesal de dar respuesta al mismo mediante escrito donde el emplazado plantee su inconformidad, solicite o presente pruebas y en general para que exponga sus razones de hecho y de derecho para desvirtuar o aceptar total o parcialmente lo planteado en ese acto preparatorio oficial.

La respuesta o contestación que dé el contribuyente al emplazamiento para declarar se encuentra revestida de una presunción de veracidad, la cual impide que la administración desconozca su contenido a menos que se trate de alguna de las circunstancias que ameritan una comprobación especial (E.T. artículo 746).

Como puede apreciarse, los hechos consignados en forma numérica o textual en las declaraciones tributarias, en las correcciones efectuadas a las mismas o en general a los requerimientos administrativos se consideran ciertos, a menos que sobre éstos se haya solicitado al contribuyente una comprobación especial o se refiera a alguno de los hechos que el mismo Estatuto Tributario menciona en sus artículos 786 a 791.

Ahora dentro de los requerimientos administrativos se encuentran los requerimientos ordinarios y especiales, los emplazamientos, pliegos de cargos y en general todos los actos preparatorios expedidos por la administración donde se planteen o propongan las sanciones o liquidaciones oficiales a proferirse en caso de no desvirtuarse con aquellos lo planteado por el ente fiscalizador.
  (2017-01-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Presuncion de omision de ingresos por ventas o servicios.
  • El término para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente es de dos años, el cual empieza a contarse a partir de la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable correspondiente, cuando se haya presentado oportunamente.
Respeto a la inconformidad del apelante de que no se pueden utilizar dos métodos al mismo tiempo, como es el de aplicar la presunción y el de las cifras durante todo el período gravable, es del caso, tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 759 del Estatuto Tributario, que dispone que para poder aplicar la presunción de omisión de ingresos por ventas o servicios, se deben cumplir los siguientes supuestos:
  • 1) la Administración en uso de las amplias facultades de fiscalización previstas en el artículo 684 del Estatuto Tributario, debe ‘constatar’ que el responsable ha omitido registrar ventas o servicios durante no menos de cuatro (4) meses de un año calendario.

  • 2) Efectuada dicha constatación procede la presunción establecida, al señalar la norma que: “podrá presumirse que durante los períodos comprendidos en dicho año se han omitido ingresos por ventas o servicios gravados por una cuantía igual al resultado de multiplicar por el número de meses del período, el promedio de los ingresos omitidos durante los meses constatados”.
  (2016-12-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMPAQUE DE PRODUCTOS AGRICOLAS AVICOLAS O SIMILARES - Es de caracter primario. Reiteracion jurisprudencial.
  • EMPAQUE DE BANANO - Está cobijado por la prohibición de gravar con industria y comercio la producción primaria, siempre que esté inmerso dentro del proceso de siembra, recolección y entrega de la fruta, realizado por su productor
La síntesis del asunto es la siguiente:

Se estudió la legalidad del Acuerdo 025 del 30 de junio de 1995 y del artículo 43 del Acuerdo 43 de 1998, por los cuales el Concejo Municipal de Apartadó (Antioquia), en su orden, estableció el impuesto de industria y comercio para las empacadoras de banano y modificó la tarifa de dicho impuesto, en el sentido de determinarla en términos porcentuales en relación con el salario mínimo mensual vigente.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que anuló tales disposiciones, porque concluyó que la actividad de empacado de banano, efectuada dentro del proceso de siembra, recolección y entrega realizado por su productor, está cobijada por la prohibición contenida en el artículo 39, numeral 2, literal a) de la Ley 14 de 1983, de gravar la producción primaria, entre ella la agrícola, de la que hace parte tal actividad.

La Sala precisó que dicha etapa es necesaria en la cadena productiva del banano y que no es de carácter industrial, sino primaria, dado que no varía ni altera las condiciones físicas y químicas del producto.
  (2016-12-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE CERVEZAS IMPORTADAS - Incluye el valor de los empaques, envases o recipientes en donde vienen las cervezas, sean retornables o no.
  • EMPAQUES ENVASES O RECIPIENTES DE CERVEZAS - No hay norma legal que los excluya del impuesto sobre las ventas.
Al señalarse que para la liquidación del impuesto sobre las ventas para las cervezas se aplicará la base gravable establecida en el artículo 189 de la Ley 223 de 1995, debe concluirse que la base gravable del impuesto sobre las ventas para las cervezas nacionales e importadas está constituida por el precio de venta al detallista que se define para las cervezas de producción nacional, como el precio facturado a los expendedores en la capital del Departamento donde está situada la fábrica y, para las cervezas importadas, el constituido por el valor en aduana de la mercancía, incluyendo los gravámenes arancelarios, adicionado con un margen de comercialización equivalente al 30% […]

Para la Sala no hay duda de que la base gravable a la cual remite el artículo 475 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 2º de la Ley 1393 de 2010, es el precio de venta al detallista que esta norma legal define, según sean cervezas de producción nacional o importadas.

Similar criterio acoge la Corte Constitucional en la Sentencia C-412-96, M.P., Alejandro Martínez Caballero. En cuanto a lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 189 de la Ley 223 de 1995, que excluye los empaques y envases del cálculo de la base gravable del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, la Sala procede a dilucidar si dicho parágrafo debe aplicarse al calcular la base gravable del impuesto sobre las ventas de cervezas importadas.
  (2016-12-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMPLAZAMIENTO - Acto por el cual se invita al contribuyente a cumplir con sus obligaciones tributarias / EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR - Objeto.
  • El Capítulo II del Título IV del Estatuto Tributario establece el esquema de las liquidaciones oficiales y se ocupa de los actos administrativos de liquidación oficial de revisión, liquidación de aforo y resolución de sanción que produce la Administración dentro de los procesos de determinación oficial de impuestos o de imposición de sanciones.
La liquidación oficial de revisión procede por una sola vez y consiste en la facultad que tiene la Administración de modificar la liquidación privada presentada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante.

Su propósito es revisar la declaración privada y modificarla si no se ha presentado de conformidad con las disposiciones legales o si no refleja la situación económica del contribuyente, responsable o agente retenedor.

Antes de practicar la liquidación oficial de revisión, la Administración debe enviar, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se propone modificar, con explicación de las razones. También debe contener la cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones que se pretende modificar.

De esta actuación puede resultar que el contribuyente acepte los hechos planteados y corrija voluntariamente su declaración. En caso contrario, una vez agotado el procedimiento anterior, en un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir del vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento, la Administración debe proferir y notificar la liquidación oficial de revisión.
  (2016-12-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


DECLARACION TRIBUTARIA - Firmeza. Oportunidad para notificar el requerimiento especial y el emplazamiento.
  • BENEFICIO DE AUDITORIA - Firmeza anticipada de la declaración privada. Requisitos.
El beneficio de auditoría fue instituido por el artículo 17 de la Ley 633 de diciembre 29 de 2000, artículo 689-1 del Estatuto Tributario, indicando que para los períodos gravables 2000 a 2003, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que incrementaran su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje equivalente a dos veces la inflación causada del respectivo período gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedarían en firme si dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su presentación no se notificaba emplazamiento para corregir, además de exigir el cumplimiento de requisitos adicionales para tener derecho a dicho beneficio.

En efecto, según la norma mencionada, la firmeza de las declaraciones tributarias dentro de los términos allí establecidos, más cortos según sea mayor el incremento del impuesto neto de renta en relación con el del año inmediatamente anterior, está condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos para acogerse al beneficio mencionado y, de no cumplirlos quedarán sujetas al término de firmeza general consagrado en el artículo 714 del mismo ordenamiento.

Observa la Sala que no obstante que la Administración notificó a la demandante el requerimiento especial el 1º de octubre de 2005, el día 5 del mismo mes y año notificó el emplazamiento para que presentara una corrección a su declaración si lo estimaba pertinente, lo que evidencia que le dio a la sociedad la oportunidad legalmente consagrada de corregir su declaración en las condiciones en que puede hacerlo frente al emplazamiento.
  (2016-12-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


RENTA PRESUNTIVA - Es aquella que la ley considera debe generar un patrimonio. Para su calculo debe tenerse en cuenta el patrimonio liquido del ano inmediatamente anterior.
  • BASES Y PORCENTAJES DE RENTA PRESUNTIVA - Se presume que la renta líquida no es inferior al seis por ciento de su patrimonio líquido.
Para resolver, es necesario remitirse al artículo 188 del Estatuto Tributario, antes de la modificación introducida por el artículo 9° de la Ley 1111 de 2006, según el cual para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al seis por ciento (6%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

Así pues, la renta presuntiva es aquella que la ley considera debe generar un patrimonio; es decir, la ley asume que un patrimonio durante un año gravable debe generar un mínimo de renta, que para el momento de los hechos analizados, era del 6%, hoy en día es del 3%; de resultar más alta que la renta efectivamente obtenida por el contribuyente, se debe tributar sobre ella, lo que ocurrió en el caso que se analiza.

Si bien es cierto, en el impuesto sobre la renta los períodos son independientes, para el cálculo de la renta presuntiva debe tenerse en cuenta el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, como lo ordena el artículo 188 del Estatuto Tributario.

Así pues, si el ente fiscalizador modifica el patrimonio líquido de los años gravables anteriores, para el caso, el de los años 2001, 2002 y 2003, esto ocasiona a su vez, la modificación de la renta presuntiva en los periodos siguientes.
  (2016-12-23) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


PRESUNCION DE OMISION DE INGRESOS - Requisitos; constatacion previa de la omision en medios magneticos y documentales.
  • INSPECCION TRIBUTARIA - Suspensión de términos para notificar requerimiento.
Antes de la vigencia de la Ley 223 de 1995, la Jurisprudencia de esta Corporación reiteró que el lapso de suspensión del término para notificar el requerimiento era mientras durara la inspección tributaria, máximo por tres meses, lapso que empezaba a correr a partir de la fecha en que efectivamente se practicara.

No bastaba la notificación del Auto que ordena la inspección para que operara la suspensión. Con la modificación contenida en el artículo 251 de la Ley 223 de 1995, al texto del artículo 706 del Estatuto Tributario, la Sala ha interpretado que el lapso de suspensión del plazo para dictar el requerimiento especial ya no es el mismo de duración de la inspección, sino el término fijo de tres meses, los cuales se empiezan a contar a partir de la fecha de notificación del auto que la decrete, como lo señala de manera expresa la norma, criterio que se mantiene vigente y por tanto se reitera en esta ocasión.

En todo caso la sección hizo una salvedad a la anterior posición con base en el texto de la norma transcrita, para aquellos casos en los que se dicta el Auto que ordena la inspección, pero ésta no se practica efectivamente.
  (2016-12-23) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR - Habilita a la administracion para abrir el termino general de firmeza de los dos anos.
  • REQUERIMIENTO ESPECIAL - Al haberse proferido primero que el emplazamiento para corregir no vulnera el derecho de defensa. Su notificación suspende el término de firmeza de la declaración. Beneficio de auditoria.
De otra parte se observa que no obstante haberse proferido primero el requerimiento especial y luego el emplazamiento para corregir, el acto de determinación fue notificado el 15 de junio de 2006, dentro del término general de firmeza de los dos años contados, teniendo en cuenta que el beneficio de auditoría fue desvirtuado en razón de la notificación del emplazamiento para corregir como lo dispone el artículo 689-1 del Estatuto Tributario al señalar que las declaraciones quedarán en firme si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir.

En efecto, del texto de la norma se desprende que la única exigencia para interrumpir el término de firmeza de las declaraciones con beneficio de auditoria es la notificación del emplazamiento para corregir, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su presentación.

De modo que bajo la aplicación exegética de dicho precepto no se observa violación al debido proceso como quiera que la exigencia mencionada se cumplió y que con ello, el contribuyente emplazado tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

De otra parte, el emplazamiento para corregir habilita a la Administración para abrir el término general de firmeza de los dos (2) años, dentro de los cuales puede actuar proponiendo los demás actos administrativos que estime procedente, puesto que la disposición no contiene ninguna prohibición en ese sentido.
  (2016-12-22) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El transporte de gas combustible esta gravado con el impuesto de industria y comercio ya que no le aplica la exencion para la exploracion y explotacion de petroleo.
  • Síntesis del caso:
Respecto al impuesto de industria y comercio sobre el transporte de gas, se plantea si resulta aplicable el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 (Código de Petróleos) que establece que los departamentos y municipios no pueden establecer impuestos directos e indirectos sobre el gas como producto natural o como derivado de la destilación de petróleo.

Además se controvierte la tarifa aplicada por el municipio del 10 por mil en lugar de la aplicada por la contribuyente del 5 por mil. En cuanto a la sanción por inexactitud el demandante afirma que para configurarse se requiere que el incumplimiento se haya producido por culpa o dolo. La mera comprobación de la situación objetiva no basta para imponer dicha sanción, sino que se requiere de la prueba del elemento subjetivo.
  (2016-12-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Procede la correccion de una declaracion de IVA por parte del vendedor para reflejar la retencion no practicada por el retenedor y pagada directamente a la DIAN.
  • Síntesis del caso:
Una sociedad corrigió por segunda vez su declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al segundo bimestre del año 2006, con el fin de aumentar la retención del IVA por un monto de $ 97.884.000 como consecuencia de que el agente retenedor inicialmente no le practicó la retención por IVA y luego de una conciliación con la DIAN, le canceló a ésta los valores dejados de retener.

El demandante expone como argumento para esta corrección que la administración ya había recibido el pago de la retención no practicada y la actora a su vez también había pagado la totalidad del IVA generado.

La razón de la DIAN para rechazar esta corrección se debió a que conforme con los artículos 484-1 y 510 del Estatuto Tributario y 31 del Decreto 3050 de 1997, para descontar la retención por IVA, se requiere que el valor que se incluya en la declaración debe corresponder con la fecha en que se registró contablemente la retención.
  (2016-12-16) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La compensacion de los excesos de renta presuntiva en los procesos de escision debe hacerse sobre el patrimonio transferido.
  • Síntesis del caso:
En un proceso de escisión la sociedad escindida le transfirió a la sociedad beneficiaria el 7.98% del patrimonio y el 100% de los excesos de renta presuntiva.

La sociedad beneficiaria al presentar la declaración de renta por el año gravable 2007 compensó los excesos de renta presuntiva obtenidos por efectos de la escisión por valor de $ 5.788.608.000. Ante ello mediante liquidación oficial de revisión, la DIAN le rechazó el valor total de la compensación de los excesos de renta presuntiva liquidados en el año 2006 por la escindida.

Para la administración la compensación de los excesos de renta presuntiva está sometida a la parte proporcional del patrimonio transferido a la beneficiaria de acuerdo a los artículos 9 de la Ley 222 de 1995 y 2º del decreto 852 de 2006. Para la demandante, la Ley 222 de 1995 se trata de una norma comercial que no tiene alcance en materia tributaria.
  (2016-12-16) [Mas Información]
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Consejo de Estado.

REFORMA DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA REFORMA DE LA DEMANDA / VULNERACION DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO – inexistencia / VULNERACION DEL DERECHO DE DEFENSA – inexistencia.
  • Problema jurídico:
¿Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y contradicción de la DIAN, al admitir la reforma de la demanda presentada con posterioridad al vencimiento del término de traslado de la misma?

Tesis: “[L]a Subsección B considera procedente replantear la postura que al respecto había esbozado en decisión anterior y concluye que el entendimiento adecuado de la norma debe ser la siguiente:

La oportunidad para la reforma de la demanda se prolonga hasta el vencimiento de los 10 días siguientes a la finalización del término de traslado de la demanda inicial y no solamente durante primeros 10 días de ese término (…)

La actora en tutela considera que (…) se vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, y además, que se está desconociendo el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado (…) considera la Subsección B que se trata de providencias que no son de unificación jurisprudencial y que si bien, dos de ellas fijan posturas respecto del tema en debate, del desconocimiento de las mismas o de su separación, no se puede desprender vulneración del precedente”.
  (2016-12-13) [Mas Información]
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Sección Cuarta


EMBARGO Y SECUESTRO - Su levantamiento lo puede solicitar un tercero que no se opuso a la practica de tales diligencias.
  • POSEEDOR DE BIEN EMBARGADO Y SECUESTRADO - Debe demostrar tal calidad para lograr el levantamiento de la medida cautelar / POSESION CIVIL - Elementos.
El Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de solicitar el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro, cuando su propósito sea dejarlas sin efecto por presentarse alguna circunstancia que implica su inefectividad.

El numeral octavo del artículo 687 del E.T. establece uno de los eventos en que se puede solicitar el levantamiento de la medida. El Código de Procedimiento Civil artículo 687 establece la posibilidad que tiene un tercero, que no se opuso a la práctica de las diligencias de embargo y secuestro, de defender sus intereses a través de la solicitud de la declaración de que él tenía la posesión material del bien al momento de la diligencia.

Para que sea procedente la anterior opción, es necesario que la persona que no se opuso a la diligencia por cualquiera de las razones que el artículo señala, presente la solicitud dentro de los 20 días siguientes a la práctica de la misma y que, además, aporte las pruebas necesarias para acreditar la calidad de poseedor del bien sobre el cual recae la medida.

El derecho real de posesión está definido por el Código Civil. De la anterior definición se desprende que la figura de la posesión implica la existencia de dos elementos esenciales: el animus y el corpus. El elemento material, denominado corpus, implica tomar la cosa, tenerla u ocuparla y el elemento sicológico, denominados animus, comprende específicamente la voluntad de tener la cosa.
  (2016-12-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta


EMBARGO DE CUENTA CORRIENTE - Los depositos posteriores a la orden de embargo no pueden ser utilizados por el Banco.
  • SOBREGIRO BANCARIO - Para cubrirlo el banco no puede utilizar dineros depositados en cuenta embargada.
Consta en el proceso que la orden de embargo proferida por el Juzgado Trece Civil Municipal de Bogotá, sobre la cuenta corriente 079-03816-2 del señor Héctor Enrique Ortiz Quintero, fue notificada al Banco el 26 de marzo de 1998, y que para la fecha, la mencionada cuenta registraba un sobregiro de $1.399.753. Con base en los extractos de junio, agosto y septiembre de 1998, se constató el depósito de dineros en la mencionada cuenta, por $408.500, $725.235 y $1.280.000, respectivamente, los cuales fueron utilizados para cancelar el sobregiro, quedando un remanente de $10.541, que fue entregado al juzgado que ordenó el embargo, el 15 de diciembre de 1998.

No asiste entonces razón a la actora cuando afirma que nunca se depositó suma alguna con posterioridad a la orden de embargo, pues lo cierto es que los depósitos realizados en la cuenta, con posterioridad a la orden de embargo, fueron utilizados para cubrir el sobregiro a favor del banco, y que no hay una explicación razonable que justifique el supuesto "movimiento contable" que dice la actora haber realizado a través de la cuenta "depósitos especiales en garantía".

Con tal proceder se desconocieron las instrucciones impartidas por la Superintendencia Bancaria en la Circular Externa 007 de 1996, acerca del procedimiento a seguir para dar cumplimiento a las ordenes de embargo, así como el artículo 1387 del Código de Comercio, que ordena:
  • "El embargo de las sumas depositadas en cuenta corriente afectará tanto el saldo actual en la hora y fecha en que el banco reciba la comunicación del juez, como las cantidades depositadas con posterioridad hasta el límite indicado en la orden respectiva", configurándose la infracción sancionada.
  (2016-12-06) [Mas Información]
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ARRENDATARIO - Al no tener la calidad de poseedor no puede solicitar el levantamiento de la medida cautelar.
  • CONTRATO DE ARRENDAMIENTO - Implica actos de administración y el bien no sale del patrimonio del arrendador / EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES POR LA DIAN - No procede su levantamiento cuando lo solicita el arrendatario.
Una de las situaciones que se puede presentar en casos de levantamiento de medidas de embargo y secuestro, es la de un arrendatario que exhibe un contrato de arrendamiento de bien inmueble para acreditar su calidad de poseedor, sin embargo esta situación no es suficiente para que la solicitud prospere, ya que en realidad dicho contrato no le otorga al arrendatario el derecho de posesión sobre el bien, sino que, simplemente, ostenta la tenencia del mismo, es decir, el corpus.

El contrato de arrendamiento implica solamente actos de administración, toda vez que el arrendador no sustrae de su patrimonio el bien que es objeto de uso y goce por parte del arrendatario.

En este tipo de contratos no existe la intención de transferir el dominio del bien, solamente se permite el uso del mismo, sin que el arrendatario pueda ejercer actos de disposición de la cosa.

El arrendatario en ningún momento detenta el animus para acreditar la posesión del bien, es simplemente tenedor del mismo, ya que en dicho documento reconoce un mejor derecho que el suyo en cabeza del arrendador. Así las cosas, al adolecer el arrendatario del animus la solicitud de levantamiento de la medida cautelar se torna improcedente.
  (2016-12-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta


DECISION DEL RECURSO DE APELACION - Debe notificarse personalmente por ser un acto que pone fin al proceso.
  • FALTA DE NOTIFICACION - No es causal de nulidad del acto administrativo / PUBLICIDAD - No es requisito de validez del acto administrativo.
De lo anterior se advierte que el ente demandado reconoce que la decisión del recurso de apelación no fue notificada personalmente, a pesar de que a ello había lugar de conformidad con el artículo 44 del C.C.A. en atención a que le dio a la solicitud de la parte actora el trámite de un derecho de petición y que, igualmente, a la luz del procedimiento tributario, la decisión debió haber sido notificada personalmente o por correo, como lo dispone el artículo 565 E.T

Además, se observa que el Municipio no indica la forma en que procedió a poner en conocimiento de las demandantes el acto que puso fin a la actuación que, en el caso, es la Resolución 023 de 2001 que decidió el recurso de apelación, ni obra constancia de que esa diligencia se hubiera realizado por otro medio, como la "publicación" que el a quo tuvo en cuenta para iniciar el conteo del término de caducidad de la acción interpuesta cuando no aparece la prueba de ello en el expediente.

En esa medida, la falta de notificación del acto en debida y legal forma es un hecho reconocido por el ente municipal y que tenía la obligación constitucional y legal de cumplir en aras de proteger los derechos al debido proceso y de defensa de la actora.
  (2016-12-06) [Mas Información]
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PROCESO DE COBRO COACTIVO - Finalidad / TITULO EJECUTIVO - Lo son las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.
  • TITULO EJECUTIVO - es sustento para efectuar el embargo de los bienes del contribuyente / PAGO EN EXCESO - Lo es los dineros embargados.
Como lo ha indicado la Sala, el proceso de cobro coactivo tiene como fin "hacer efectivos los actos administrativos en donde conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, es decir, que preste mérito ejecutivo.

El título ejecutivo debe reunir las condiciones exigidas en el artículo 68 del C. C.A., por lo tanto, señalará con precisión a los titulares de la relación jurídica, el contenido y objeto de la relación jurídica y el monto de las obligaciones exigibles.

Con base en el título ejecutivo en el que se identifique plenamente al obligado y, previa su debida notificación, la Administración debe dictar el mandamiento de pago.".

En el procedimiento administrativo de cobro de las obligaciones fiscales previsto en el Estatuto Tributario, prestan mérito ejecutivo las liquidaciones oficiales ejecutoriadas Ahora bien, con el objeto de asegurar el pago de las sumas adeudadas contenidas en los títulos ejecutivos, dentro del trámite de cobro, se otorga la facultad de decretar como medidas preventivas el embargo y el secuestro de los bienes del deudor de manera previa o simultánea con el mandamiento de pago.
  (2016-12-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta


INTERESES CORRIENTES EN DEVOLUCION DEL SALDO A FAVOR - Procedencia. Término para reconocerlos.
  • Intereses corrientes artículo 863 E.T.
En cuanto a los intereses corrientes reclamados por la parte actora, se advierte que son procedentes a la luz de lo dispuesto en el artículo 863 E.T. que dispone:
  • "Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria de la providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor".
Acorde con lo anterior, la parte actora solicitó la devolución y esta fue parcialmente negada mediante Resolución 125 del 9 de noviembre de 2000, notificada el 13 de diciembre del 2000.

Por consiguiente, los intereses corrientes que se deben reconocer respecto del valor cuya devolución fue negada, es decir, $514'889.177, son los causados entre la fecha de notificación de la Resolución 125, antes precisada, y la fecha de ejecutoria de esta providencia que ordena su devolución.
  (2016-12-06) [Mas Información]
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Sección Cuarta


DECISION DEL RECURSO DE APELACION - Debe notificarse personalmente por ser un acto que pone fin al proceso.
  • FALTA DE NOTIFICACION - No es causal de nulidad del acto administrativo / PUBLICIDAD - No es requisito de validez del acto administrativo.
De lo anterior se advierte que el ente demandado reconoce que la decisión del recurso de apelación no fue notificada personalmente, a pesar de que a ello había lugar de conformidad con el artículo 44 del C.C.A. en atención a que le dio a la solicitud de la parte actora el trámite de un derecho de petición y que, igualmente, a la luz del procedimiento tributario, la decisión debió haber sido notificada personalmente o por correo, como lo dispone el artículo 565 E.T

Además, se observa que el Municipio no indica la forma en que procedió a poner en conocimiento de las demandantes el acto que puso fin a la actuación que, en el caso, es la Resolución 023 de 2001 que decidió el recurso de apelación, ni obra constancia de que esa diligencia se hubiera realizado por otro medio, como la "publicación" que el a quo tuvo en cuenta para iniciar el conteo del término de caducidad de la acción interpuesta cuando no aparece la prueba de ello en el expediente.

En esa medida, la falta de notificación del acto en debida y legal forma es un hecho reconocido por el ente municipal y que tenía la obligación constitucional y legal de cumplir en aras de proteger los derechos al debido proceso y de defensa de la actora.

Además, carece de soporte legal la excusa aducida por el Municipio sobre el hecho de que no estaba obligada a la notificación personal porque "se trataba de un recurso de apelación decidido por el Alcalde Municipal", cuando es evidente que la decisión resuelve una situación particular y concreta.
  (2016-11-29) [Mas Información]
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Sección Cuarta


EMBARGO Y SECUESTRO - Medidas cautelares dentro del proceso de cobro coactivo.
  • EMBARGO - requisitos para decretarlo / TITULO EJECUTIVO - es sustento para efectuar el embargo de los bienes del contribuyente / PAGO EN EXCESO - Lo es los dineros embargados.
Como lo ha indicado la Sala, el proceso de cobro coactivo tiene como fin "hacer efectivos los actos administrativos en donde conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, es decir, que preste mérito ejecutivo.

El título ejecutivo debe reunir las condiciones exigidas en el artículo 68 del C. C.A., por lo tanto, señalará con precisión a los titulares de la relación jurídica, el contenido y objeto de la relación jurídica y el monto de las obligaciones exigibles.

Con base en el título ejecutivo en el que se identifique plenamente al obligado y, previa su debida notificación, la Administración debe dictar el mandamiento de pago.". En el procedimiento administrativo de cobro de las obligaciones fiscales previsto en el Estatuto Tributario, prestan mérito ejecutivo las liquidaciones oficiales ejecutoriadas Ahora bien, con el objeto de asegurar el pago de las sumas adeudadas contenidas en los títulos ejecutivos, dentro del trámite de cobro, se otorga la facultad de decretar como medidas preventivas el embargo y el secuestro de los bienes del deudor de manera previa o simultánea con el mandamiento de pago.

Como se advierte, es indispensable para decretar el embargo tener conocimiento no sólo de que el afectado con la medida es deudor sino, además, del monto de su obligación, ambas condiciones se desprenden de la existencia de un título ejecutivo.
  (2016-11-29) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


INTERESES CORRIENTES EN DEVOLUCION DEL SALDO A FAVOR - Procedencia. Termino para reconocerlos.
  • "Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria de la providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor".
En cuanto a los intereses corrientes reclamados por la parte actora, se advierte que son procedentes a la luz de lo dispuesto en el artículo 863 E.T. que dispone:
  • "Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria de la providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor".
Acorde con lo anterior, la parte actora solicitó la devolución y esta fue parcialmente negada mediante Resolución 125 del 9 de noviembre de 2000, notificada el 13 de diciembre del 2000.

Por consiguiente, los intereses corrientes que se deben reconocer respecto del valor cuya devolución fue negada, es decir, $514'889.177, son los causados entre la fecha de notificación de la Resolución 125, antes precisada, y la fecha de ejecutoria de esta providencia que ordena su devolución.
  (2016-11-29) [Mas Información]
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Sección Cuarta


NOTIFICACION PERSONAL / NOTIFICACION POR ESTADO.
  • En manera alguna puede pensarse que resulta válida una notificación por estado cuando la Administración omite la citación para notificación personal que ordena la ley.
El mandamiento de pago no constituye cosa diferente que la demanda al deudor de que satisfaga el pago de una deuda, y en este orden de ideas le son aplicables las regulaciones contenidas en el artículo 89 del C. de P. C. para la reforma y adición de la demanda, y en consecuencia se requería que la notificación del nuevo mandamiento de pago se efectuara personalmente, previa citación al deudor o a su apoderado, conforme lo señala el artículo 564, sólo entonces puede acudirse a la notificación supletorio.

En manera alguna puede pensarse que resulta válida una notificación por estado cuando la Administración omite la citación para notificación personal que ordena la ley, y menos cuando con tal actuación no se cumple con la finalidad de la notificación cual es la de dar a conocer el hecho demandado es decir no existe notificación y en tal caso el acto que se expida no produce efectos jurídicos.

A términos del artículo 78 numeral lo. del Decreto Ley 3803 de 1982 entonces vigente (hoy artículo 818 del Estatuto Tributario) sólo la notificación personal del mandamiento de pago (sea inicial o modificado) tiene la virtud de interrumpir el término de prescripción.
  (2016-11-25) [Mas Información]
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SOCIEDADES IMBRICADAS / RENTA GRAVABLE / PRUEBA CONTABLE / ELUSION TRIBUTARIA / ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Funciones.
  • Elusión tributaria.- Cuando los sujetos pasivos de la obligación, infringen directamente ni a través de operaciones que aunque virtual o aparentemente legales tengan como objeto menguar los intereses del fisco.
La administración cuestionó la veracidad de la contabilidad de la empresa, razón por la cual no le dio el valor probatorio que ella tiene para respaldar partidas fiscales que se denuncian en las declaraciones tributarias.

Es función de la administración tributaria, vigilar por la recta aplicación de las normas reguladoras de los impuestos administrados por ella y en uso de tal deber le corresponde estar atenta a que los sujetos pasivos de la obligación, no la infrinjan directamente ni a través de operaciones que aunque virtual o aparentemente legales tengan como objeto menguar los intereses del fisco que la doctrina conoce como elusión tributaria. (Ejercicio fiscal de 1980).
  (2016-11-25) [Mas Información]
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Sección Cuarta


IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY TRIBUTARIA - Alcance.
  • IMPUESTOS DE PERIODO - Las normas que los modifique sólo podrá aplicarse para el período que comience después de su entrada en vigencia
El artículo 338 de la constitución nacional, en concordancia con el artículo 363 ib., consagra la irretroactividad de la ley tributaria y específicamente para los impuestos de período dispuso que las normas que los regulen no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley.

Sobre el alcance del artículo y en particular de las normas que regulen contribuciones a que en él se hace referencia, la Corporación en la providencia citada anotó que tales normas son aquellas que modifiquen alguno de los elementos estructurales del tributo, por lo que si se trata de un impuesto de periodo, sólo podrá aplicarse para el que comience después de su entrada en vigencia.

Criterio reiterado y complementado posteriormente en el sentido de señalar que el constituyente con el artículo 338 quiso prohibir la aplicación retroactiva de la norma tributaria, entendida ésta no sólo las leyes, ordenanzas y acuerdos, sino cualquier otra norma que regule contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, como los actos expedidos por la Administración de Impuestos en los que precisa el alcance y vigencia de una ley tributaria, con carácter obligatorio tanto para sus funcionarios como para los administrados.
  (2016-11-25) [Mas Información]
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Sección Cuarta


BENEFICIO DE AUDITORIA - Como modifica un tributo de periodo se aplica en el periodo siguiente.
  • BENEFICIO DE AUDITORIA - Otorga firmeza a la declaración de renta en un término menor que el consagrado de manera general por el artículo 714 del Estatuto Tributario.
Si bien el artículo 63 de la Ley 1111 de 2006, hace referencia a los términos de revisión y de solicitud de devolución y/o compensación de saldos a favor como lo sostiene la demandada, lo cierto es que dichos términos están sujetos a las condiciones que la misma norma establece, entre otros, el incremento del impuesto neto de renta, aspecto sustancial que no puede desconocerse, pues solo tendrán derecho al tratamiento preferencial quienes demuestren el aumento del impuesto en la proporción fijada por el legislador.

Así, la norma no es meramente instrumental, como entendió la Administración en su concepto, sino que tiene incidencia sobre la sustancialidad, en la medida que sólo quienes de manera voluntaria incrementen el impuesto en la proporción señalada, es decir, quienes reúnan las condiciones señaladas en la norma, pueden acceder a la firmeza de la declaración anticipada, salvo las excepciones taxativamente consagradas, en las que, en ningún caso, pueden acceder al beneficio; los demás contribuyentes estarán sujetos al término general de que trata el artículo 714 del E.T.

En suma, tratándose de una norma tributaria que modifica aspectos sustanciales relacionados con el impuesto sobre la renta, tributo de período, se aplica para el período que comience después de iniciar la vigencia, en el caso, a partir del año gravable 2007, como la misma Ley de dispone.
  (2016-11-25) [Mas Información]
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Sección Cuarta


CUOTAS DE SOSTENIMIENTO DE CLUBES - Aunque tienen relación con la empresa y sus trabajadores el contribuyente no probó que dicha expensa haya tenido un efecto positivo en la actividad productora de renta de la empresa.
  • Para que la expensa tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta de la empresa debió probarse su injerencia en la productividad y, también, que la expensa se hizo de manera forzosa, en cumplimiento de la ley, de las obligaciones inherentes a la buena gestión empresarial o de la costumbre mercantil.
La Sala ha fijado reiteradamente el criterio de que los pagos de medicina prepagada que realiza el empleador para sus trabajadores encuadran dentro de la definición de pago laboral indirecto que trae el Decreto Reglamentario 3750 de 1986 en su artículo 5°, como lo señala la apoderada de la demandante.

De lo indicado en las facturas aportadas como prueba de los pagos que dieron origen al impuesto descontable solicitado, se observa que las actividades realizadas están encaminadas a la recreación y bienestar de los trabajadores, lo que redunda en un mejor desempeño, por lo que puede afirmarse que cumplen con el requisito de estar destinadas a las actividades gravadas de la empresa, lo que hace procedente el IVA descontable.

Respecto de las cuotas de sostenimiento de clubes, reitera que su pago corresponde a la cuota de sostenimiento de una acción de la Presidencia de Cerrejón para el manejo de las relaciones y asuntos administrativos.

Observa la Sala, que si bien la anterior expensa tiene relación con la empresa y sus trabajadores en la medida en que les brindan bienestar y comodidad, la demandante no probó que dicha expensa haya tenido un efecto positivo en la actividad productora de renta de la empresa.

Por lo tanto, no es procedente el impuesto descontable solicitado sobre los pagos correspondientes al no estar acreditado que las expensas cumplen con los requisitos de los artículos 107 y 488 del Estatuto Tributario.
  (2016-10-13) [Mas Información]
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DECLARACION CON PERDIDA FISCAL - El término general de firmeza es de 5 años y está dado en función de la pérdida y no del beneficio a que esté sujeta la declaración.
  • DECLARACION CON PERDIDA FISCAL - Su término de firmeza es el del artículo 147 del E.T. y no el del art. 689-1 ibidem, aunque cumpla los requisitos que el segundo establece para tener derecho al beneficio de auditoría.
la Sala observa que el mencionado artículo 689-1 del Estatuto Tributario trajo una previsión especial para las declaraciones que arrojen una pérdida fiscal, según la cual, la autoridad fiscal "…podrá ejercer las facultades de fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia de la misma (…)", aunque haya transcurrido el término señalado en la norma para que ocurra la firmeza de la declaración objeto del beneficio.

La anterior previsión se debe armonizar con el inciso séptimo del artículo 147 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 24 de la Ley 788 de 2002, que dispuso: "…El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales, será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su presentación".

Según lo antes expuesto, de la interpretación sistemática de los artículos 689-1 y 147 del Estatuto Tributario, el término general de firmeza de las declaraciones que arrojen pérdidas es de cinco años, pues dicho término, por ministerio de la ley, está dado en función de la pérdida registrada y no del beneficio a que esté sujeta la declaración.

El término de firmeza así dispuesto, se aplica aunque dichas declaraciones hayan acreditado los supuestos exigidos por el artículo 689-1 ibídem, pues no puede quedar al arbitrio del contribuyente establecer, mediante el cumplimiento de tales requisitos, un término de firmeza diferente al señalado expresa y específicamente, en el artículo 147, para las declaraciones que arrojen pérdidas […]
  (2016-10-13) [Mas Información]
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FACULTADES DE FISCALIZACION - Alcance frente al artículo 689-1 del Estatuto Tributario. Finalidad.
  • Las facultades de fiscalización van más allá de una simple verificación, ya que las mismas, al pretender asegurar la correcta determinación de los impuestos, facultan a la Administración para expedir los actos que garanticen el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, dentro de los que se encuentran los requerimientos especiales.
Las disposiciones antes mencionadas se remiten a las facultades de fiscalización previstas en los artículos 684 y 688 del E.T. […] En tal sentido, el artículo 688 ibídem estableció que las aludidas facultades las ejerce el jefe de la Unidad de Fiscalización, para lo cual podrá proferir los requerimientos especiales y demás actos de trámite en los procesos de determinación de los impuestos.

Así las cosas, las facultades de fiscalización de la Administración a que se refiere el inciso 3º del artículo 689-1 del Estatuto Tributario, tienen como fin asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, mediante la verificación de la exactitud de las declaraciones tributarias que sean objeto del beneficio de auditoría y el desarrollo de las diligencias necesarias para determinar correctamente los impuestos, para lo cual podrá expedir los requerimientos y demás actos a que haya lugar.
  (2016-10-13) [Mas Información]
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HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO - Está compuesto por los elementos objetivos, subjetivos, espaciales y temporales.
  • El hecho generador está compuesto por elementos objetivos, subjetivos, espaciales y temporales, que permiten establecer su configuración.
- Los elementos objetivos se relacionan con aquellos hechos o situaciones indicadoras de capacidad contributiva, que fueron considerados por el legislador como materia imponible.

Tratándose del impuesto de registro y según el artículo 226 de la Ley 223 de 1995, puede mencionarse como un elemento objetivo, la inscripción de actos o negocios documentales.

- Los elementos subjetivos hacen referencia a los sujetos que deben intervenir en la operación para que se entienda configurado el hecho generador. V.gr. En el Impuesto de registro la norma exige que sean parte o beneficiarios los particulares, también señala las entidades ante las cuales los documentos están sujetos a inscripción: Las cámaras de comercio y las oficinas de registro.

- El elemento espacial tiene que ver con el lugar donde se debe entender realizado el hecho generador, que para el caso del impuesto de registro está relacionado con el Departamento en el cual se realiza la inscripción, o con la ubicación de bienes inmuebles, cuando el acto se refiera a ellos.

- El elemento temporal es el que señala con precisión la causación del tributo, esto es, el momento en que se realiza el hecho generador y la forma en que ocurre.
  (2016-10-12) [Mas Información]
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DERECHO DE DEFENSA - No se vulnera cuando el contribuyente aporta las pruebas necesarias para demostrar los hechos consignados en la declaración.
  • DIAN - Tiene facultad de fiscalización e investigación / CARGA PROBATORIA - La tiene el contribuyente.
Se advierte, por el contrario, que en los tres actos siempre se analizó la glosa con fundamento en los artículos 107 y 488 del E.T. y, por lo tanto, como lo reconoció el Tribunal en la sentencia de primera instancia, existe la debida correspondencia entre el requerimiento y la liquidación, como lo dispone el artículo 711 del E.T.

Considera la Sala que no se violó el derecho de defensa de la demandante porque es deber del contribuyente, después de presentada la declaración, aportar todas las aclaraciones concernientes al cumplimiento de los requisitos consagrados en las normas en las que sustenta su derecho a las deducciones, descuentos o exenciones que solicita.

Lo anterior, porque está obligado a demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, tal como lo dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en lo relacionado con la carga de la prueba.

Por su parte, las autoridades tributarias están facultadas para adelantar labores de de fiscalización e investigación con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, y así verificar el cumplimiento de los presupuestos que la ley consagra para acceder a los derechos señalados, pero ello no significa que la carga probatoria que corresponde a los contribuyentes pueda ser sustituida por la que puedan tener las autoridades tributarias.
  (2016-10-12) [Mas Información]
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MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Contenido.
  • FALSA MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Alcance.
La necesidad de motivación de los actos se encuentra circunscrita a evitar la arbitrariedad de la administración en sus decisiones; consiste en una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho y, el que sea breve, o lo más concisa posible, no implica que no haya de ser suficiente; como mínimo, la legislación colombiana requiere de la motivación en forma sumaria, es decir, breve o somera.

Sobre la falsa motivación, en la Sentencia 15298 del 8 de febrero de 2007, con ponencia de la Dra. María Inés Ortiz Barbosa, se dijo:
  • "….. es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la Administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad.

    La causa o motivo de los actos administrativos (elemento causal) se conforma de los fundamentos de hecho y de derecho que son los que determinan la decisión que la Administración adopta, así cuando existe falsa motivación, se entiende que la sustentación fáctica en que se apoya no corresponde a la realidad."
  (2016-10-12) [Mas Información]
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Sección Cuarta


EXPENSAS NECESARIAS - Requisitos / RELACION DE CAUSALIDAD - Definición / NECESIDAD - Definición / NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
  • IMPUESTOS DESCONTABLES EN OPERACIONES GRAVADAS, EXCLUIDAS Y EXENTAS - Se imputan proporcionalmente.
Por relación de causalidad debe entenderse la conexidad que existe entre el gasto como causa, con la actividad productora de renta, como efecto.

La necesidad del gasto está relacionada con que éste debe hacerse de manera forzosa, ineludible, y la proporcionalidad es la relación que existe entre el gasto y el ingreso.

La necesidad y la proporcionalidad deben medirse con criterio comercial y por ello el artículo 107 del E. T. dispone que la expensa debe ser una de las normalmente acostumbradas en cada actividad y que la ley no la limite como deducible.

Que se trate de una expensa de las normalmente acostumbradas en cada actividad debe ser probado frente a las expensas que realicen empresas que desarrollen la misma actividad y, por lo tanto, el contribuyente deberá acreditar que es una costumbre normal hacer la erogación, pero, además, de manera forzosa, para demostrar el derecho a la deducción.

El artículo 488 del E.T. dispone que los bienes corporales muebles y servicios deben destinarse a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas, lo que significa que el impuesto pagado por esos bienes o servicios constituye un costo o gasto en la actividad productora de renta de la empresa porque las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas son las operaciones realizadas dentro del contexto de esa actividad productiva de la empresa.
  (2016-10-12) [Mas Información]
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INGRESOS POR DIVIDENDOS - Son gravados con el ICA / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Medellín.
  • BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Incluye los ingresos extraordinarios que no provienen del objeto social principal.
Es evidente, entonces, que la actora se constituyó para ejercer, entre otras actividades comerciales, la de inversión en sociedades (artículo 20 [5] del Código de Comercio).

Por lo tanto, los dividendos obtenidos durante el año 1995, por $13.597.329.386, se encuentran gravados con el impuesto de industria y comercio, por tratarse de una actividad propia de su objeto social principal.

Cabe anotar, como lo ha precisado la Sala, que de la definición de actividad comercial, prevista en el artículo 35 de la Ley 14 de 1983, no se puede concluir que los ingresos originados en actividades no consagradas en el objeto social principal de una empresa no hacen parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio, pues el legislador no hizo distinción alguna entre los ingresos provenientes del cumplimiento del objeto social y los que no lo son.

Por el contrario, la base gravable se liquida teniendo en cuenta la totalidad de los ingresos brutos del año anterior, dentro de los que se encuentran los ordinarios como los extraordinarios, sin perjuicio de las exclusiones legales.
  (2016-10-07) [Mas Información]
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ACTO MERCANTIL CONEXO - Lo es la obtención de rendimientos financieros en desarrollo de actos y contratos para el cumplimiento del objeto social.
  • RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Al ser el fruto de las inversiones deben hacer parte de la base gravable del ICA.
Respecto de los rendimientos financieros obtenidos en razón de depósitos y otras actividades financieras, además de las precisiones de la Sala al tratar el tema de los dividendos, hace las siguientes:

De acuerdo con el artículo 99 del Código de Comercio, se entenderán incluidos en el objeto social de una compañía los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones derivadas de la existencia y actividad de la sociedad.

Al respecto, la Sección ha precisado que todos los actos realizados por una sociedad comercial, en desarrollo del objeto social, reciben de manera obligada la calificación legal de mercantiles, ya porque encuadren como tales v gr, el giro u otorgamiento de títulos valores o las operaciones bursátiles (artículo 20 [6 y 7] del Código de Comercio, ya porque sean actos mercantiles conexos o por relación, por ejemplo, la obtención de rendimientos financieros en desarrollo de actos y contratos que se celebren para el cumplimiento del objeto social.

Dado que según el artículo 99 del Código de Comercio y el objeto social de la actora, ésta puede celebrar todos los actos y contratos necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial, y por cuanto tales actos y contratos son mercantiles, según se indicó, la Sala encuentra que los ingresos provenientes de los rendimientos financieros, que no son otra cosa que los frutos de las inversiones, deben hacer parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio, motivo por el cual la adición de ingresos que por dicho concepto efectuó el municipio de Medellín, también se ajustó a derecho.
  (2016-10-07) [Mas Información]
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DESCUENTOS POR PRONTO PAGO - Constituyen ingreso para quien los otorga dado que se conceden cuando se cumpla una condición.
  • DESCUENTOS POR PRONTO PAGO - No están gravados con ICA porque no generan ingreso para el beneficiario del mismo.
Para efectos de la conformación de la base gravable del impuesto de industria y comercio, ha señalado la Sala que los descuentos condicionados o por pronto pago constituyen ingreso para quien los otorga, dado que no se conceden al momento de la venta, sino en el evento de que se cumpla una determinada condición.

Lo anterior significa que al causarse la venta los descuentos no pueden ser disminuidos del valor de la factura y ésta debe ser registrada contablemente por su totalidad.

Sin embargo, para el beneficiario del descuento por pronto pago no existe ingreso porque tampoco hay pago del vendedor o proveedor, pues como lo sostuvo la Sala "cuando el comprador paga el valor del bien adquirido lo hace por la suma que resulte una vez efectuado el descuento.

Cosa distinta es que no se cumpla la condición en el período gravable respectivo, en cuyo caso el comprador habrá contabilizado y solicitado como costo el valor total de la factura de venta, por lo que en el período siguiente tendrá una recuperación parcial del costo, que deberá registrarse contablemente pero que fiscalmente no genera un "ingreso tributario" (...), ya que aún cuando se produzca el reintegro del valor del descuento condicionado por parte del vendedor, ese valor no tiene carácter remunerativo para el comprador, sino que equivale a la devolución de una suma que desde antes le pertenecía, y que por ende no es susceptible de incrementar su patrimonio."
  (2016-10-07) [Mas Información]
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CONSTITUCION DE SOCIEDADES COMERCIALES - La intervención como asociado se califica como acto mercantil.
  • El Código de Comercio califica como mercantiles, para todos los efectos legales, entre otros actos, la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales.
El artículo 35 de la Ley 14 de 1983 establece que se entienden por actividades comerciales las destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, al por mayor o al por menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio; el artículo 9 del Acuerdo 61 de 1989 define la actividad comercial en términos similares.

Así pues, dentro de las actividades comerciales no sólo figuran las previstas en la Ley 14 de 1983, compilada en el Decreto 1333 de 1986, y la norma local que la acoge, sino las consagradas como tales en el Código de Comercio.

Por su parte, la normatividad mercantil además de que enunció en su artículo 20 los actos que se consideran comerciales, precisó en el artículo 24 que la referida enumeración es declarativa y previó en su artículo 21 los llamados actos mercantiles conexos o por relación que son todos los actos de los comerciantes que se relacionan con las actividades o empresas mercantiles, dada la estrecha relación con éstas y los que ejecuta cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales".

De tiempo atrás, la Sección ha reiterado que "el ejercicio profesional de actividades mercantiles, como factor determinante para adquirir la calidad de comerciante, sólo es predicable en relación con las personas naturales de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Código de Comercio, quienes adquieren el status de comerciante por el ejercicio profesional de actos calificados como mercantiles."
  (2016-10-07) [Mas Información]
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SANCION POR NO DECLARAR - Procede contra quienes estando obligados a declarar omiten su cumplimiento.
  • EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR - Acto con el que se inicia el proceso de aforo / PROCEDIMIENTO DE AFORO - Etapas.
Respecto a la sanción por no declarar, el ordenamiento jurídico establece un trámite especial dirigido contra quienes, estando obligados a presentar declaraciones tributarias, omitan su cumplimiento.

En el Estatuto Tributario Nacional está previsto en los artículos 715 a 719. Estas normas disponen que el proceso de aforo se inicia con el denominado emplazamiento para declarar, acto mediante el cual la Administración invita a los que previamente haya comprobado que están obligados, para que cumplan ese deber dentro del término de un (1) mes y les advierte de las consecuencias en caso de persistir en su omisión.

El efecto de no presentar la declaración respectiva dentro del término que otorga el emplazamiento, es la imposición de la sanción por no declarar prevista en el artículo 643 ib. Agotado el procedimiento previsto en los citados artículos 643, 715 y 716 del Estatuto Tributario, la Administración, dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, puede determinar, mediante liquidación oficial de aforo, la obligación tributaria de quien no haya declarado, según lo dispuesto en el artículo 717 íb.

En suma, el procedimiento de aforo comprende 3 etapas, a saber:
  • (i) el emplazamiento por no declarar,
  • (ii) la sanción por no declarar y
  • (iii) la liquidación de aforo.
El emplazamiento, si bien es un acto de trámite, su expedición previa es requisito de validez para el debido adelantamiento del proceso de aforo; también debe ser previa la sanción por no declarar, a la determinación oficial del tributo
  (2016-10-07) [Mas Información]
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CUENTAS CONTABLES - Sólo generan el impuesto de GMF cuando reconocen un pago o por transferencia a favor de un tercero.
  • En relación con los débitos en cuentas contables, sólo se causará el gravamen en la medida que impliquen el reconocimiento de un pago o de la transferencia a favor de un tercero.
De acuerdo con las normas transcritas se concluye que el Gravamen a las Transacciones Financieras impone un tributo a la disposición de recursos de manera general, es decir, bien sea de los depositados en cuentas corrientes, de ahorro o de depósito en el Banco de la República y así mismo cuando se efectúen débitos en cuentas contables y de otro género, para la realización de cualquier pago o transferencia a un tercero.

En relación con los débitos en cuentas contables, sólo se causará el gravamen en la medida que impliquen el reconocimiento de un pago o de la transferencia a favor de un tercero.

Debe tenerse en cuenta que este reconocimiento puede dar lugar a que se realicen varios registros de naturaleza crédito en las cuentas de la contabilidad e incluso que se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorro, hasta concluir con el pago de la obligación o con la transferencia a un tercero.

En estas circunstancias, como advierte la Corte Constitucional en la providencia a la que se hizo referencia, se presenta una sola disposición de recursos y en esa medida no se genera el gravamen por cada débito que se realice, porque se trata de una sola transacción real.
  (2016-10-03) [Mas Información]
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Sección Cuarta


ACTIVIDAD COMERCIAL - Comprende no solo las actividades consagradas en la Ley 14 de 1983 sino también las previstas en el Código de Comercio.
  • EJERCICIO PROFESIONAL DE ACTIVIDAD MERCANTIL - Solamente es predicable de las personas naturales conforme al artículo 10 del Código de Comercio
Dentro de las actividades comerciales no sólo figuran las previstas en la Ley 14 de 1983, compilada en el Decreto 1333 de 1986, y la norma local que la acoge, sino las consagradas como tales en el Código de Comercio.

Por su parte, la normatividad mercantil además de que enunció en su artículo 20 los actos que se consideran comerciales, precisó en el artículo 24 que la referida enumeración es declarativa y previó en su artículo 21 los llamados actos mercantiles conexos o por relación que son todos los actos de los comerciantes que se relacionan con las actividades o empresas mercantiles, dada la estrecha relación con éstas y los que ejecuta cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales.

Ahora bien, el artículo 20 [5] del Código de Comercio califica como mercantiles, para todos los efectos legales, entre otros actos, la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales.

De tiempo atrás, la Sección ha reiterado que "el ejercicio profesional de actividades mercantiles, como factor determinante para adquirir la calidad de comerciante, sólo es predicable en relación con las personas naturales de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Código de Comercio, quienes adquieren el status de comerciante por el ejercicio profesional de actos calificados como mercantiles.
  (2016-10-03) [Mas Información]
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DECLARACION DE RENTA PARA CONSORCIOS / RENTA GRAVABLE DE CONSORCIO - Determinación.
  • Los consorcios a partir de la Ley 49 de 1990, dejaron de ser contribuyentes y por ende desapareció la obligación de presentar declaración "conjunta".
De conformidad con el inciso 3o del artículo 13 del Estatuto Tributario (que codificó el art 34 de la Ley 75 de 1986) "Los consorcios y similares" eran contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, y para tal efecto se asimilaban a las sociedades limitadas, es decir, que en materia de impuesto de renta y complementarios estaban sujetos a las regulaciones tributarias existentes para las sociedades limitadas.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 49 de 1990 del 28 de diciembre de 1990, se eliminó la obligación de presentar declaración de renta para los contribuyentes que recibieran "honorarios, comisiones y servicios" (art 10) y entre otras normas fue derogado de manera expresa el inciso 3o del artículo 13 del Estatuto Tributario.

Por medio del Decreto 836 de marzo 26 de 1991, se reglamentó la Ley 49 de 1990 y en su artículo 33 se estableció la manera de determinar la renta gravable de los miembros de un "Consorcio" así como lo relacionado con la retención en la fuente.

Se consagró así un régimen tributario para los consorcios diferente del que existía antes de la Ley 49 de 1990, pues antes el "consorcio" como tal, era contribuyente del impuesto de renta, mientras que a partir de la Ley 49 de 1990, dejaron de ser contribuyentes y por ende desapareció la obligación de presentar declaración "conjunta".
  (2016-10-03) [Mas Información]
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EJERCICIO DE PROFESIÓN LIBERAL.
- Exención de impuestos.
  • IMPUESTO DISTRITAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Ejercicio de profesiones liberales.
El numeral 6º del Artículo 4º del Acuerdo 21 de 1983, según lo admite el señor abogado de la apelante, tiene por actividad no sujeta al impuesto de industria y comercio, "el ejercicio de profesiones liberales", esto es, conforme al parágrafo del Artículo 9 ibídem, la "actividad regulada por el Estado, ejercida por una persona natural mediante la obtención de un título académico de institución docente autorizada, con la intervención de un conjunto de conocimientos de dominio y ciertas habilidades, en cuyo ejercicio predomina el entendimiento y requiere del (sic) intelecto".

Y aunque de la transcripción se desprende, tratarse de actividad exclusiva de personas naturales, la segunda parte del parágrafo incluye en el concepto, a las "sociedades jurídicas o de hecho", que no "empleen más de cinco (5) personas simultáneamente, en cualquier momento durante el año gravable" pues, de otro modo, se entendería que las mismas "ejercen consultoría profesional".

Dado que no es razonable suponer que, indiscriminadamente, el personal administrativo de una empresa, trátese del nivel directivo, ejecutivo o auxiliar, ejerza "consultoría profesional", debe concluirse que cuando la norma alude a la contratación de "personas", deben ser éstas los profesionales y técnicos idóneos en el campo de la consultoría que, efectivamente, ejerzan tal actividad.

En conclusión, no habiéndose acreditado que la actora contratara, en los períodos impositivos discutidos, profesionales o técnicos consultores, en exceso de los que, autorizaba el parágrafo del Artículo 9 del Acuerdo 21 de 1983, ni siendo otra cuestión distinta de dicha contratación el motivo fundamental de la controversia, el recurso que ocupa a la Sala no está llamado a prosperar.
  (2016-09-27) [Mas Información]
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Sección Cuarta


COOPERATIVAS - Se someten al impuesto sobre la renta conforme al régimen tributario especial.

BENEFICIO NETO O EXCEDENTE - Requisitos para que proceda
  • DESTINACION DE EXCEDENTES - Debe ser aprobado por la asamblea general u órgano directivo que haga sus veces como requisito para que proceda el beneficio neto o excedente.
La Sala advierte que para la época de los hechos, el artículo 19 del Estatuto Tributario, cuyo texto fue modificado por el artículo 63 de la Ley 223 de 1995, preveía que entidades como las cooperativas, se someten al impuesto sobre la renta y complementarios conforme al régimen tributario especial.

Dentro de ese tratamiento especial, vale la pena mencionar, que los contribuyentes de este régimen están sometidos al impuesto sobre la renta y complementarios a la tarifa única del 20% sobre el beneficio neto o excedente, a diferencia de lo que sucede con las personas jurídicas que desarrollan actividades con ánimo de lucro, a quienes se les grava la renta líquida.

Además de la tarifa especial, se observa que este grupo de contribuyentes está exento del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre y cuando el beneficio neto o excedente determinado en la forma prevista en el artículo 357 del Estatuto Tributario, se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y que deberá corresponder a actividades de salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica y tecnológica o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad.

Adicionalmente, el contribuyente deberá, previo a la presentación de su declaración de renta, aprobar en su asamblea general u órgano directivo que haga sus veces, la destinación de los excedentes, de conformidad con las condiciones establecidas para tal efecto y, de ser el caso, requerirá de la calificación o autorización en tal sentido del Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro. (arts. 5 y 8 del Decreto 868 de 1989).
  (2016-09-27) [Mas Información]
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EDICION DE PERIODICOS REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS - Es una actividad de servicios.
  • ALCALDE - No tenía facultad para fijar una tarifa diferente a la actividad de edición de periódicos revistas y publicaciones.
A partir del Acuerdo 2 de 1985, la actividad de publicación de revistas, libros, periódicos, radio y televisión, fue prevista como actividad de servicios (código 309), con una tarifa del 2 por mil (artículo 3). El artículo 15 del Acuerdo 11 de 1988, relativo a las tarifas del impuesto, modificó el código de dicha actividad (301); incluyó en éste, las actividades de transporte, radiodifusión y programación de televisión y aumentó la tarifa al 3 por mil.

En ejercicio de las facultades compilatorias asignadas en el Acuerdo 28 de 1995, el Decreto Distrital 423 de 1996 mantuvo la clasificación y la tarifa que habían sido fijadas en el artículo 15 del Acuerdo 11 de 1988 (código 301 y tarifa del 3 por mil) para la actividad de "Transporte; publicación de revistas, libros y periódicos; radiodifusión y programación de televisión".

Desde el Acuerdo 2 de 1985 hasta la expedición del Decreto 423 de 1996, la actividad de "edición o publicación de revistas y periódicos" ha sido tratada como actividad de servicios. Con la Resolución 1195 del 17 de noviembre de 1998 se estableció en el Distrito Capital la nueva clasificación de actividades económicas para el impuesto de industria y comercio.

El Alcalde Mayor de Bogotá no tenía competencia para asignar a la actividad de edición de periódicos, revistas y otras publicaciones la tarifa del 11,04 por mil, porque el Acuerdo 65 de 2002 había asignado a dicha actividad la tarifa del 3,6 por mil para el año 2002 y 4,14 por mil para el año 2003 y siguientes.
  (2016-09-16) [Mas Información]
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VENTA DE ACCIONES - Son activos fijos siempre que no se haga dentro del giro ordinario de los negocios. Los ingresos percibidos no hacen parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
  • OBJETO SOCIAL COMPLEMENTARIO - No hace que cambie la naturaleza de los activos fijos. Acciones.
Así pues, la base gravable del impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital está constituido por los ingresos netos del período gravable, que se determinan restando de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los provenientes de
  • (i) actividades exentas;
  • (ii) actividades no sujetas;
  • (iii) devoluciones, rebajas y descuentos;
  • (iv) exportaciones y
  • (v) la venta de activos fijos.
Según el criterio jurisprudencial expuesto, la calidad de activos fijos cuya venta se excluye de la base gravable del impuesto de industria y comercio, depende de que esa enajenación no se realice dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente y de la forma en que tales activos son contabilizados.

Como puede advertirse, la inversión en acciones, por ejemplo, o la participación como accionista en sociedades que tengan objeto similar, complementario o conexo con el objeto social principal de la actora, no hacen parte del giro ordinario de los negocios de la demandante u objeto social principal.

Por el contrario, las referidas actividades pueden ser realizadas como complementarias para el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de las actividades que hacen parte del objeto social principal. En consecuencia, la compraventa de acciones no hace parte de las actividades principales de la demandante.
  (2016-09-16) [Mas Información]
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DEDUCCION POR AMORTIZACION DE INTANGIBLES - Para que proceda debe demostrarse que es una inversión necesaria.
  • DEDUCIBILIDAD DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL - Está condicionada a la generación de ingresos gravados en cabeza de la sociedad controlante.
En líneas generales, la normativa contable define el crédito mercantil como el monto adicional pagado sobre el valor en libros en la adquisición de acciones o cuotas de interés social de un ente económico activo, o sobre el valor calculado o convenido de todos los activos netos comprados, el cual debe reconocerse de manera separada del valor de las acciones o cuotas y debe amortizarse en la media en que sea generador de ingresos o cuando se registre una pérdida o deterioro de su valor.

Aunque desde la perspectiva de la normativa tributaria no exista una definición específica del good- will o crédito mercantil, se observa que el citado artículo 74 reconoce su existencia como un bien incorporal adquirido, sujeto a amortización.

Conforme al artículo 142 ib, el crédito mercantil es un activo amortizable en los términos que señala el artículo 143. Para esta Sala es claro que las normas tributarias remiten, de manera expresa, a la técnica contable, cuyas disposiciones, que ya se han reseñado, determinan que el crédito mercantil adquirido es un activo intangible, que se registra contablemente de manera independiente a la inversión en acciones o cuotas de interés social, y que debe amortizarse en la medida en que contribuye a la generación de ingresos, disposiciones que son concordantes con los artículos 74 y 279 del Estatuto Tributario, en cuanto reconocen la amortización de intangibles para efectos fiscales.
  (2016-09-15) [Mas Información]
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SISTEMA CONTABLE DE CAJA / EGRESO - Realizacion
  • / SISTEMA DE CAUSACION.
En el sistema contable de caja, el egreso se realiza cuando se paga efectivamente en dinero o en especie, o cuando su exigibilidad termina por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago.

En tanto que, en el sistema de causación el gasto se realiza cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago.

Se entiende entonces, que el momento del pago, depende del sistema contable utilizado por quien efectúa el pago.
  (2016-09-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


BENEFICIO NETO O EXCEDENTE - No debe incluirse dentro de los egresos solicitados como deducibles.
  • CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL - Debe servir para probar los egresos deducibles en el régimen tributario especial.
Según el estado de resultados comparativo histórico a 31 de diciembre de 1995-1996, la actora incluyó dentro de los egresos de 1996 las donaciones realizadas en el mismo año, por $176.577.200. Para liquidar el excedente de 1995 ($189.793.000), la certificación de¡ revisor fiscal de la Corporación, tomó la misma cifra y sumó los gastos operativos por $13.215.800.

Sin embargo, la certificación no prueba que las donaciones se hayan realizado con los ingresos de 1996, ni que por tal razón éstos se hayan disminuido, pues al restar de los egresos, el excedente de 1995, junto con los egresos rechazados, el excedente neto de 1996 se totalizó en $295.435.766, valor que, igualmente, determinó el Comité al descontar de los ingresos ($304.646.152), los egresos aceptados ($9.210.387).

El siguiente cuadro detalla la operación: No hay, pues, razón para afirmar que el beneficio neto de 1995 se incluyó dentro de los egresos solicitados como deducibles, ni, por ende, para negar la deducción de dicho concepto, dada su destinación a donaciones en 1996.
  (2016-09-14) [Mas Información]
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DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS Y DE INVERSIONES - No son egresos cuando son deducidas en su totalidad en el ano de adquisicion.
  • CERTIFICADO DE CONTADOR Y REVISOR FISCAL - Para que sirvan de prueba debe estar conforme con las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
Es de anotar que el artículo 777 del E. T. sujetó el valor probatorio de las certificaciones de contadores y revisores fiscales a su conformidad con las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad, sin perjuicio de las comprobaciones pertinentes sobre las mismas.

Conforme al artículo 4 del Decreto 124 de 1997, los egresos procedentes son aquéllos de cualquier naturaleza y realizados en el respectivo período gravable, que constituyen costo o gasto y tienen relación de causalidad con los ingresos, o que no teniéndola, se destinan directamente a las actividades y programas beneficiados por el régimen tributario especial.

Los egresos realizados con ocasión de actividades comerciales deben, además, ser necesarios y proporcionales con esas actividades y, en defecto de tales condiciones, cumplir con la destinación anteriormente señalada.

Los egresos incluyen las inversiones amortizables del artículo 142 del Estatuto Tributario y la adquisición de activos fijos que se hagan en cumplimiento de las actividades y programas del régimen tributario especial. Así como los egresos destinados indirectamente a tales actividades y programas mediante donaciones efectuadas a otras instituciones sin ánimo de lucro que los desarrollen, caso en el cual se requiere que la entidad donataria efectivamente los haya realizado, según certificación de su revisor fiscal.
  (2016-09-14) [Mas Información]
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EGRESO EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Incluyen las inversiones amortizantes y la adquision de activos fijos.
  • DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - No son egresos deducibles porque tienen un tratamiento tributario diferente.
Si bien la depreciación como estimación contable que es, no implica el flujo de dinero saliente propio de los egresos, lo cierto es que al ser una previsión a la pérdida de valor del activo fijo que ha beneficiado a su dueño, no puede equipararse a la amortización, exclusiva de los activos intangibles que sólo reportan beneficios cuando se redime su valor, máxime al considerar que las amortizaciones constitutivas de egresos procedentes son las del artículo 142 del Estatuto Tributario, en las cuales no se incluye la depreciación de activos fijos, entre otras cosas, porque tiene un tratamiento tributario diferente (artículos 127 a 141 del Estatuto Tributario).
  (2016-09-14) [Mas Información]
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SANCION TRIBUTARIA - No es expensa necesaria y no constituye egreso deducible en el régimen tributario especial
  • EGRESO DEDUCIBLE EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - No lo es el impuesto de renta pagado / PERDIDA EN VENTA EN ACCIONES - No es deducible ni egreso en el régimen tributario especial.
El beneficio neto se determina tomando la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, y restando el valor de los egresos de cualquier naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social, incluyendo las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo (art. 357 ibídem).

En el caso de la actora y de acuerdo con lo anterior, procede el desconocimiento como egreso de la partida de $57.203.082 pues no tienen relación de causalidad con los ingresos ni se destinaron al cumplimiento del objeto social de la entidad, toda vez que:

El pago de sanciones y multas por concepto del pliego de cargos señalado en el informe de gastos presentado por el Revisor Fiscal surge del incumplimiento de un deber y no puede considerarse una expensa necesaria ni proporcionada a la actividad de la entidad, ni destinado al cumplimiento de su objeto social que es la organización, enseñanza, administración, financiación y demás actividades relacionadas con establecimientos docentes para preparar técnicos y expertos en las industrias cafetera y agropecuaria.

El impuesto de renta pagado por el año 1995 tampoco es deducible porque no constituye costo o gasto y cuando no existe relación de causalidad con el ingreso, sólo son deducibles los egresos que se destinan a las actividades indicadas en la norma transcrita.
  (2016-09-14) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


ASIGNACIONES PERMANENTES EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - Debe indicarse con claridad los programas o actividades a realizar.
  • EXENCIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE - No procede al no haber claridad en la destinación de las asignaciones permanentes.
De manera reiterada la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha considerado que conforme el artículo 358 del Estatuto Tributario y los artículos citados anteriormente para gozar de la exención del beneficio neto o excedente, el órgano directivo de la entidad debe precisar con claridad los programas o actividades que se proponga realizar con el monto de las asignaciones permanentes.

En efecto, contrario a lo sostenido por la demandante en la constitución de las asignaciones permanentes, sí "se requiere que de manera concreta y específica la Directiva respectiva precise la destinación también específica del rubro correspondiente so pena de ser improcedente la exención".

No puede otorgarse la exención, pues la exigencia legal no se cumple con la simple mención genérica del propósito de que con los "recursos y sus frutos posibiliten el mantenimiento o desarrollo permanente de sus actividades para el año de 1997", o con la evocación a su objeto social.

En conclusión, como lo precisó la Sala en sentencia de 7 de octubre de 2000, dictada dentro del expediente 9967: "[…] es necesario que se detallen las actividades, planes o programas que se van a ejecutar, para que pueda realizarse una adecuada cualificación oficial en orden a verificar que efectivamente la inversión corresponde a las actividades incentivadas por la ley y objeto de tratamiento especial.
  (2016-09-14) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El termino de uno o dos anos, segun el caso, de los articulos 588 y 589 del E. T., para corregir una declaracion tributaria, que a su vez ha corregido la inicial, se cuenta desde la ultima correccion realizada.
    Síntesis del caso:
En relación con el procedimiento de modificación de las declaraciones tributarias, el Estatuto Tributario prevé
  • (i) un término de firmeza y,
  • ii) un plazo de corrección.
El término de firmeza se establece como el plazo máximo en el que el ente fiscal puede ejercer válidamente la facultad de revisar y modificar las declaraciones tributarias. Así, el artículo 714 del Estatuto Tributario fija un plazo general de 2 años siguientes a la fecha del vencimiento para declarar, para la firmeza de las declaraciones, siempre y cuando la Administración no haya notificado el requerimiento especial.

Pero así como la entidad fiscal dispone de un término para revisar la obligación tributaria, el contribuyente dispone de la facultad de enmendar sus errores, para lo cual la ley le otorga de forma específica un término de corrección en el cual puede corregir voluntariamente las declaraciones tributarias.

  (2016-08-31) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sala Plena


Sentencias proferidas oralmente en el curso de una audiencia publica se entienden notificadas en estrados aunque hubiese faltado alguna de las partes o sus apoderados.
    Quien no concurre a las audiencias asume la carga de enterarse de las decisiones que allí se adopten así como de hacer uso de los recursos oportunamente.
Síntesis del caso:
La actora interpuso acción de tutela con el fin de que se ordene la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por las decisiones del Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión de Quibdó, que rechazaron el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida en audiencia inicial, que fue notificada en estrados, por considerarlo extemporáneo.

Para la actora tal rechazo vulnera sus derechos pues considera que la sentencia proferida en la audiencia pública debió notificarse al correo electrónico indicado para tal efecto y no por estrados.

  (2016-08-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sala Plena


Se incurre en defecto sustantivo cuando se otorga caracter definitivo a la Liquidacion individual proferida en el proceso de fiscalizacion por contribuciones parafiscales adeudadas al SENA, por cuanto, es de caracter preparatorio.
    Síntesis del caso:
La sociedad M.S. CONSTRUCCIONES S.A., a través de apoderado, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, al considerar que la sentencia que profirió el 5 de mayo de 2016, por medio de la cual revocó la de primera instancia dictada dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la Sociedad la sentencia de segunda instancia adolece de: i) Defecto sustantivo porque no se aplicó debidamente el artículo 43 del CPACA que define los actos definitivos y ii) Desconocimiento del precedente que establece que las contribuciones parafiscales se liquidan sobre la nómina y no sobre los contratistas.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El fideicomitente puede ser sujeto pasivo del impuesto de delineacion urbana y en caso de haber presentado la declaracion no hay lugar a la sancion por no declarar impuesta por el Distrito Capital a la fiduciaria.
    Síntesis del caso:
La Secretaria de Hacienda de Bogotá, el 21 de mayo de 2010, le impuso a una Fiduciaria una sanción por no declarar el impuesto de delineación urbana correspondiente a la licencia de construcción 05-3-0319 del 17 de mayo de 2005 por valor de $ 232.039.000. En la misma fecha, le profirió una liquidación de aforo por no presentar la citada declaración.

Para la Fiduciaria, el Distrito incurrió en un excesivo formalismo al señalar que la declaración que presentó la sociedad fideicomitente no producía efecto legal alguno y no debía tenerse dicha declaración por no presentada. Además que en su calidad de fideicomitente era la titular de la licencia de construcción y a la vez sujeto pasivo del impuesto.

Adujo que debería prevalecer la aplicación del derecho sustancial sobre el formal pues el fideicomitente obró en consecuencia de sus responsabilidades. Por su parte para la Secretaría de Hacienda, para al fecha en que se expidió la licencia de construcción, quien aparecía como propietaria del bien inmueble en el certificado de tradición y libertad, era la fiduciaria y por tanto era el sujeto pasivo del impuesto.

  (2016-08-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El costo presunto del 75 % en el impuesto sobre la renta no es procedente aplicarlo en el caso de los contratos de obra civil ya que solo puede utilizarse para determinar el costo en la enajenacion de activos fijos y no en la prestacion de servicios profesionales.
    Síntesis del caso:
En julio de 2008, una persona natural presentó su declaración de renta por el año gravable 2007 donde registró un impuesto a cargo de $ 13.275.000 y un total a pagar de $ 7.337.000. A raíz de un emplazamiento para corregir, el contribuyente incrementó los ingresos y calculó un total a pagar de $ 9.559.000.

Luego la DIAN previo requerimiento especial le modificó la declaración mediante liquidación oficial donde le aumentó los ingresos en $ 19.825.000, le desconoció costos y gastos de $ 519.382.000, le reliquidó la sanción por corrección y le impuso sanción por inexactitud. Para el contribuyente la DIAN no debió negarle la aplicación del artículo 82 del Estatuto Tributario sobre costos estimados ya que según su inciso 3° se aplica si no es posible determinar costos y deducciones.

Afirma que la actividad del contribuyente no es la prestación de servicios sino la construcción de bienes inmuebles, para lo cual celebra contratos de obra a todo costo, como lo corrobora el código de actividad que es el 4530. Mientras tanto para la DIAN, el contribuyente es de servicios porque se encuentra en el RUT con la actividad 4530 que corresponde a “construcción de obras de ingeniería civil” y en desarrollo de su actividad económica obtuvo ingresos por $ 622.391.000 por “honorarios, comisiones y servicios”.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El costo estimado del articulo 82 del Estatuto Tributario se aplica cuando existen indicios que el costo declarado no es real, no se conoce o no es posible determinar el costo de enajenacion de los activos enajenados en el impuesto sobre la renta.
    Síntesis del caso:
“…El artículo 82 del Estatuto Tributario hace parte de las normas comunes al costo de activos fijos y movibles, del capítulo 2- Costos del Libro I del Estatuto Tributario, que corresponde al impuesto sobre la renta y complementarios.

La referida norma dispone lo siguiente:…
  • Esta norma establece los eventos en que procede la estimación de los costos en la enajenación de activos, los instrumentos con los que cuenta la Administración para determinarlos, así como un cálculo aproximado de estos cuando las herramientas dadas a los funcionarios de fiscalización son insuficientes para determinarlos.
Así, para aplicar la estimación de costos el funcionario de fiscalización debe encontrarse frente a alguna de las siguientes situaciones:
  • - Indicios de que el costo de enajenación de activos informado por el contribuyente no es real, o

  • - No se conoce el costo de los activos enajenados o este no puede determinarse mediante pruebas directas, como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos.
Verificado alguno de los eventos anteriores, puede acudirse a los costos de los activos fijos enajenados en que incurrieron personas que han desarrollado la misma actividad del contribuyente, o han realizado operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a datos estadísticos de diferentes entidades.

Por último, si ninguno de los instrumentos indicados permite determinar el costo de los activos fijos enajenados en que se incurrió, este se estimará en el 75% del valor de la respectiva enajenación.

  (2016-08-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Para agotar la via gubernativa y acudir a la jurisdiccion contenciosa administrativa no es obligatorio interponer el recurso de reposicion contra el acto que decide las excepciones en el cobro coactivo tributario.
    Síntesis del caso:
En febrero de 2010, el municipio de Girardot con fundamento en el Acuerdo 015 de 2007 le practicó a una empresa energética del Tolima, una liquidación de aforo donde le determinó el valor a pagar por el impuesto de alumbrado público del período gravable 2009.

Con base en la liquidación oficial y el acto que lo confirmó, libró mandamiento de pago y ordenó el embargo de las cuentas bancarias. En marzo de 2011, la demandante solicitó que se declararan probadas las excepciones de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo” por cuanto las resoluciones que dieron origen a los valores cobrados en cobro coactivo, no se encontraban ejecutoriadas por haber sido demandadas en acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En marzo de 2011, la administración municipal se abstuvo de declarar probadas las excepciones propuestas. Aunque el municipio de Girardot no contestó la demanda, al interponer el recurso de apelación ante la jurisdicción afirmó que la demanda no había sido admitida y que la actora no agotó la vía gubernativa en tanto no hizo uso del recurso de reposición contemplado en el artículo 834 del Estatuto Tributario para agotar la vía gubernativa.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La excepcion contra el mandamiento de pago consistente en la interposicion de demandas ante la jurisdiccion contenciosa administrativa procede siempre que la admision de la demanda sea anterior a la fecha del escrito de excepciones.
    Síntesis del caso:
“…Consideró que para que prosperara la excepción contemplada en el artículo 831-5 del Estatuto Tributario, era necesario que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que conforman el título ejecutivo base del mandamiento de pago, haya sido admitida con antelación a la proposición de la excepción, caso contrario, resultaba ilógico que pudiera ser declarada, pues, reiteró que la demanda no había sido aún admitida y menos se encontraba en trámite.

En esos términos, observa la Sala que, tal como lo señaló el tribunal de primera instancia, la exigibilidad del título ejecutivo compuesto por los actos administrativos que se encuentran demandados, está reglada de manera especial en materia de tributaria, ya que la ejecutoriedad de este se adquiere, entre otras razones, cuando ésta jurisdicción decide definitivamente las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas en su contra…Ahora bien, luego de constatar dentro de las pruebas obrantes en el expediente, contrario a lo señalado por la parte demandada en el recurso de apelación, en el momento en que la empresa demandante propuso las excepciones contra el mandamiento de pago, esto es, el 4 de marzo de 2011, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho había sido radicada el 12 de octubre de 2010 y se profirió auto admisorio el 19 de noviembre de 2010, tal como se observa a folios 81 a 84 del cuaderno principal.

De igual manera, como se aprecia a folios 70 a 79 del expediente, la Empresa de Energía del Tolima en el oficio, a través del cual propuso la excepción de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, adjuntó como prueba la copia auténtica del auto que admitió la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, motivo por el cual extraña la Sala que el municipio de Girardot argumentara la referida circunstancia, desconociendo incluso que el motivo por el que negó las excepciones en el trámite de cobro coactivo fueron disímiles a las que ahora propone, dentro de las cuales no se dijo nada en relación con la carencia de pruebas que demostraran la admisión de la demanda contra los actos que conformaban el título ejecutivo.

  (2016-08-30) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El termino para corregir una declaracion de renta con perdidas fiscales es el previsto en los articulos 588 y 589 del Estatuto Tributario, segun el caso, y por tanto no aplica el termino especial de firmeza de 5 anos del articulo 147 de tal estatuto.
    Síntesis del caso:
En abril de 2006, una persona jurídica presentó la declaración de renta del año 2005, en la que registró una pérdida líquida de $ 7.888.593.000, liquidándose el impuesto por renta presuntiva para un total a pagar de $ 16.869.000.

En abril del mismo año, la compañía corrigió la declaración para disminuir la pérdida líquida a la suma de $ $6.521.990.000. El 10 de febrero de 2011, la sociedad presentó una nueva corrección, en la que modificó el patrimonio pero sin cambiar la pérdida líquida.

La DIAN mediante auto de archivo declaró no válida la declaración de corrección del 10 de febrero de 2011 por haberse presentado por fuera del término establecido en el artículo 588 del Estatuto Tributario.

Ante la jurisdicción la demandante alegó que en virtud del artículo 147 del mismo estatuto, el término de firmeza es de 5 años contados a partir de su presentación para las declaraciones que registran pérdidas fiscales. Para la DIAN el término del artículo 147 es para que la administración pueda modificar la declaración tributaria y no el plazo para la corrección voluntaria que está regulado en el artículo 588 del citado estatuto.

  (2016-08-30) [Mas Información]
Fuente: Ambito Juridico

Recuerdan termino de notificacion en requerimientos especiales en materia tributaria.
    De acuerdo al análisis jurisprudencial del artículo 705 del Estatuto Tributario, la Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó que los términos para la notificación del requerimiento especial en virtud del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente se rigen por las reglas previstas para la notificación del requerimiento especial del impuesto sobre la renta y las establecidas en la mencionada disposición.
De igual manera, en los casos en que la declaración del impuesto sobre las ventas presenta saldo a favor y es solicitado por el contribuyente, la corporación judicial concluyó que el término de firmeza de la declaración de IVA se debe contar a partir de la presentación de la solicitud del saldo a favor, dado que así lo dispone expresamente la normativa indicada.

En el mismo sentido, la corporación aseguró, acorde con el artículo 714 E.T., que la declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente quedará en firme si dentro de los dos años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación no se ha notificado requerimiento especial.

Además, explicó que cuando la declaración de renta presenta un saldo a favor el término de firmeza se cuenta a partir de la solicitud de devolución; tratándose de la declaración del impuesto sobre las ventas debe aplicarse la misma regla, independientemente de que eso implique que los términos de firmeza de la declaración de renta y ventas corran de manera independiente cuando el denuncio de renta no contempla un saldo a favor y la de ventas sí (C. P. Martha Teresa Briceño). CE Sección Cuarta, Sentencia 08001233100020020285801 (20834), jun. 08/16

  (2016-07-12) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


No se acepta como soporte de la deduccion por pagos de honorarios a miembros de la junta directiva una cuenta de cobro sin cumplir con la totalidad de los requisitos del documento equivalente.
    Síntesis del caso:
Una fundación médica en la declaración de renta por el año gravable 2006 registró un saldo a favor por $ 3.586.803.000 el cual fue solicitado en devolución y reconocido mediante resolución 24 del 10 de enero de 2008.

El 3 de abril del mismo año la División de Fiscalización de la DIAN de Grandes Contribuyentes expidió un auto de apertura por el programa de “post-devoluciones” y en desarrollo del mismo expidió requerimiento especial y luego liquidación oficial de revisión donde rechazó:
  • a) costos por operaciones con personas naturales no inscritas en el régimen común ni en el simplificado por $ 1.441.000;

  • b) gastos por el pago de honorarios a los miembros de juntas directivas al no estar soportados en facturas por $ 503.271.350 y otros gastos operacionales por falta de inscripción en el RUT de personas naturales a quienes efectuó pagos por $ 7.115.381.
La demandante señaló que la DIAN negó la expedición de la resolución de facturación a los miembros de la junta directiva de la sociedad, bajo el argumento de que previamente debían inscribirse como responsables del régimen común.

La administración al expedir los actos acusados, incurrió en falsa motivación, violación al debido proceso y en causal de nulidad. La administración desconoció la prevalencia de la verdad real sobre la formal, porque no cuestionó la existencia de los honorarios pagados, pues solo se limitó a negar el carácter de gastos deducibles a pesar de haber prestado el servicio, por no expedir la factura correspondiente.

  (2016-07-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El documento equivalente que sirve como soporte de los pagos por honorarios efectuados a miembros de juntas directivas debe ser expedido por el contribuyente que efectua el pago.
    Síntesis del caso:
Por disposición del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, los documentos equivalentes que sirven de soportes de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta deben acreditar los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 ejusdem que, en su orden, corresponden a:
  • - Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio;
  • - Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta;
  • - Fecha de su expedición y,
  • - Valor total de la operación.
En el mismo sentido, el artículo 2º del Decreto 3050 de 1997, señaló que “…la factura o documento equivalente deberá reunir como mínimo los requisitos contemplados en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario”, y agregó que “Lo dispuesto en el parágrafo del referido artículo, se entiende sin perjuicio de la obligación para quien expide la factura o documento, de hacerlo con el lleno de los requisitos de numeración consecutiva, preimpresión y autorización previa contemplados en las normas vigentes”.

Los requisitos aludidos fueron reiterados en el artículo 3º del Decreto 522 de 2003, al señalar que el documento equivalente a la factura, en adquisiciones realizadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado, podía ser expedido por el adquirente con el lleno de los siguientes requisitos:

  (2016-07-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Existe simulacion en los costos por compras cuando se comprueba la inexistencia de los proveedores y de las declaraciones de renta e IVA de estos, asi como de las facturas de compra sin el cumplimiento de requisitos legales.
    Síntesis del caso:
El 18 de enero de 2010, un contribuyente persona natural presentó la declaración del impuesto sobre las ventas del 6º bimestre del año 2009 y el 12 de agosto siguiente presentó la declaración de renta por el año gravable 2009.

Mediante requerimiento especial y luego por liquidación de revisión, la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre las ventas del 6º bimestre de 2009 al desconocer costos por $ 339.042.000 e impuestos descontables por $ 27.065.000 para un saldo a pagar de $ 71.043.000 y una sanción por inexactitud de $ 43.304.000.

El demandante afirma que la declaración de IVA del 6º bimestre de 2006 adquirió firmeza en virtud del artículo 705-1 del Estatuto Tributario que condiciona la firmeza de la declaración de IVA a la del impuesto sobre la renta del mismo período y además porque según los artículos 705 y 714 del mismo estatuto, la declaración queda en firme si dentro de los dos años a partir de la fecha de presentación de la declaración no se notifica requerimiento especial.

Asevera que la DIAN desconoció la totalidad de los costos e impuestos descontables con fundamento en indicios de que el contribuyente simuló las operaciones de compra y gastos registrados en la declaración de IVA siendo que para llegar a esa conclusión que las transacciones se realizaron con proveedores ficticios debió seguirse el procedimiento de los artículos 82, 88 y 671 del Estatuto Tributario.

  (2016-07-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es valido por parte de la DIAN trasladar pruebas de un proceso del impuesto de renta a un proceso de IVA en virtud de sus amplias facultades de fiscalizacion.
    Síntesis del caso:
Para la Sala, el anterior acervo probatorio no se trata de indicios sino de pruebas directas de carácter documental y de declaraciones de terceros, que desvirtúan la realidad de las supuestas operaciones de compra de chatarra de las cuales se derivan los costos e impuestos descontables solicitados por el contribuyente, por las razones que pasan a explicarse.

3.4.1. Las pruebas fueron practicadas en el proceso de fiscalización del impuesto de renta seguido contra el señor Efraín Aguilar Hernández por el año 2009 y, trasladadas al expediente administrativo de IVA del mismo contribuyente correspondiente al período 6 del año 2009.

El traslado de estas pruebas es procedente porque la Administración cuenta con amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales que en general permiten efectuar “todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.”

En tal sentido, la Sala ha señalado que si la Administración, al investigar un impuesto, encuentra inexactitudes que repercuten en otro, lo menos que debe hacer es utilizar estas pruebas para determinar oficialmente los dos gravámenes, siempre que sean conocidas por el contribuyente.

  (2016-07-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El termino de prescripcion para el cobro de los aportes parafiscales a favor del Seguro Social es de cinco anos contados a partir del ultimo periodo adeudado.
    Síntesis del caso:
Mediante Resolución 181 del 19 de enero de 2007, la Jefe del Departamento Financiero del Seguro Social Seccional Atlántico, liquidó aportes patrono-laborales al Municipio de Soledad por $ 319.915.425 discriminados en “riesgos profesionales, pensión, salud y fondo de solidaridad pensional”.

Con posterioridad el ISS profirió el mandamiento de pago 1194 del 23 de enero de 2008 para ejecutar el cumplimiento de la obligación liquidada por la resolución 181. El municipio de Soledad consideró que los actos administrativos demandados son nulos, por vulnerar el debido proceso al incurrir en falsa motivación y que la entidad ejecutante no tenía certeza de la existencia de la obligación cobrada.

Adujo también que se violaron los artículos 175, 176 y 187 del Código de Procedimiento Civil ya que en el memorial de excepciones contra el mandamiento de pago se aportaron pruebas que no fueron tenidas en cuenta. Finalmente consideró que los actos administrativos son nulos porque desconocieron el término de prescripción de la acción de cobro y omitieron resolver de fondo el recurso de reposición contra la Resolución 1295 de 2008.

  (2016-07-01) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Para el cobro de aportes parafiscales inherentes a la nomina y el computo del termino de caducidad se aplican las normas del Estatuto Tributario Nacional.
    Síntesis del caso:
“…Ahora bien, para dar claridad al asunto debatido, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 54 de la Ley 383 de 1997, las normas de procedimiento, sanciones, determinación, discusión y cobro contenidas en el libro quinto del Estatuto Tributario Nacional, son las aplicables a la administración y control de las contribuciones y aportes inherentes a la nómina, tanto del sector privado como del sector público, establecidas en las leyes 58 de 1963, 27 de 1974, 21 de 1982, 89 de 1988 y 100 de 1993, contribuciones dentro de las cuales se cuentan aquellas en favor del ISS, por tanto debe acudirse a las normas que regulan el procedimiento tributario y no a las normas civiles, como insinuó el ISS.

En ese orden, el artículo 817 del Estatuto Tributario, que fundamentó la excepción y posterior demanda del actor, aplicable al caso por remisión expresa del artículo 54 de la Ley 383 de 1997, determina que la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe a los 5 años, contados a partir de:
  • i) la fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente;

  • ii) la fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea;

  • iii) la fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores; y

  • iv) la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

  (2016-07-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


El precio de enajenacion es el valor comercial. Y el valor comercial es el senalado por las partes.
    De manera que, el artículo 90 del E.T. parte de reconocer que ese es el valor que se debe tener en cuenta. No obstante, como puede ocurrir que el valor pactado entre las partes no sea real o no corresponda al precio que se establece en el mercado para los bienes de la misma especie y calidad, el artículo 90 del E.T.
Si el valor comercial difiere notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie en la fecha de enajenación, la DIAN puede apartarse del valor comercial señalado por las partes. Y se entiende que el valor pactado difiere notoriamente del promedio vigente cuando se aparta en más de un 25% de los precios establecidos en el comercio, para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos.

En estos casos, el artículo 90 del E.T. faculta a la DIAN a señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos. Y, para el efecto debe atender a los datos estadísticos producidos por la propia DIAN, el DANE, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Banco de la República u otras entidades afines.

  (2016-06-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Cuando el perfeccionamiento del contrato de compraventa se realiza en el exterior no hay lugar a gravarlo con ICA por actividad comercial.
    Síntesis del caso:
Una sociedad presentó declaraciones del impuesto de industria y comercio por los bimestres tercero a sexto del año 2006, por la comercialización de productos electrodomésticos de oficina y celulares al por mayor, realizadas en el Distrito capital.

Después de una inspección, la Secretaría de hacienda de Bogotá, rechazó el descuento de la base gravable del impuesto de las “Ventas en el exterior” pues en su parecer las operaciones mercantiles no constituían en realidad una actividad adelantada fuera del Distrito Capital ni del país.

Por ello mediante liquidación oficial de revisión, se calculó un mayor valor del impuesto de industria y comercio por $ 1.709.422.000 y una sanción por inexactitud de $ 2.735.073.000.

La situación que dio origen al desconocimiento de los ingresos por exportaciones se produce cuando los clientes hacen el pedido a la empresa quien la transmite a la matriz en Corea, que aparece como vendedor en la respectiva orden de compra. Esta a su vez remite la mercancía a su subordinada en Colombia, en calidad de consignatario.

La sociedad colombiana endosa los conocimientos de embarque o B.L. a los compradores en Colombia, los que a su vez se encargan de la legalización de la mercancía, y como tal presentan las declaraciones de importaciones y andinas de valor.

  (2016-06-10) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La notificacion del requerimiento especial se efectuo indebidamente, pues pese a que informo a la DIAN del cambio de direccion, esta efectuo la notificacion mediante aviso en un diario de amplia circulacion, circunstancia que le habria cercenado la posibilidad de controvertirlo.
    Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la Administración de impuestos, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la Administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria.
CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala decide si se ajusta a derecho la Liquidación Oficial de Revisión No. 020642003000037 del 16 de abril de 2003, que modificó la declaración del impuesto de renta y complementarios de la sociedad Inversiones Automotrices S.A. en Liquidación, por el año gravable 2000, y la Resolución No. 020662004000006 del 27 de mayo de 2004, que la confirmó.

Para el efecto, deberá resolver los siguientes:

Problemas Jurídicos
  • (i) ¿Está viciada de nulidad por expedición irregular la Liquidación Oficial de Revisión No. 020642003000037 del 16 de abril de 2003, a causa de la presunta indebida notificación del requerimiento especial No. 020632002000145 del 13 de agosto de 2002?

  • (ii) De no ser así, ¿deben ser desconocidos, a título de sanción, los costos y deducciones por salarios, intereses, depreciación, servicios públicos, entre otros, por valor de $891.629.000, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 651 del E.T.?

  (2016-06-08) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es aceptable la notificacion por aviso en diario de amplia circulacion cuando la administracion tributaria entrega tardiamente en la oficina de correos el acto liquidatorio y por esa circunstancia no es posible la notificacion por correo.
    Síntesis del caso:
La DIAN en relación con el año gravable 1999 modificó las declaraciones de renta y del impuesto sobre las ventas, de un contribuyente persona natural, previa diligencia de registro e inspección tributaria al establecimiento de comercio.

Tanto en los requerimientos especiales como en las liquidaciones oficiales, la administración propuso adicionar ingresos con fundamento en la presunción prevista en el artículo 760 del Estatuto Tributario, al considerar que hubo compras no registradas por el contribuyente.

El principal argumento de discusión planteado por el demandante, es que las liquidaciones oficiales no fueron notificadas dentro del término previsto por el artículo 710 del Estatuto Tributario.

Explica que el 5 de mayo de 2003, último día para notificarlas, la DIAN entregó a las 6 p.m. en las oficinas de ADPOSTAL, los actos a notificar, de manera que no era posible notificarlos en el establecimiento de comercio del actor, dentro del horario normal de funcionamiento que era entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, como lo confirman declaraciones extrajudiciales rendidas por vecinos.

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Sección Cuarta


Los aportes al SENA respecto de los subcontratistas no son exigibles al contratante o dueno de la obra sino al contratista en su calidad de empleador.
    Síntesis del caso:
La Regional del SENA del Valle del Cauca liquidó y ordenó pagar a una constructora la suma de $ 210.866.145 pro concepto de aportes de las vigencias 2000, 2001, 2002 y 2003.

Para el SENA los empleadores del sector de la construcción, sector a la que pertenece la demandante, deben aplicar la Ley 21 de 1982 y los Decreto 2375 de 1974, 083 de 1976. Según esos dos decretos, el contratista principal debe asumir las obligaciones de los subcontratistas, en caso de que ellos no lo hagan.

Los valores incluídos en la cuantificación de los aportes fueron pagados al personal ocupado en esas vigencias y que fueron tomados de los estados financieros y los libros de contabilidad.

Para la empresa constructora, el SENA tomó sumas diferentes a las de nómina y por tanto amplió la base de cálculo sin autorización legal para ello. Añade que no verificó si los terceros, beneficiarios de los pagos estaban obligados a apagar aportes parafiscales.

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Sección Cuarta


Los gastos teoricos por depreciacion, amortizacion y agotamiento en el regimen tributario especial son egresos procedentes al tener relacion de causalidad con el objeto social de la entidad sin animo de lucro.
    Síntesis del caso:
La DIAN Seccional Cali modificó la declaración de renta por el año gravable 2002 de una Fundación, en el sentido de rechazar el beneficio neto por $ 760.837.000.

Explicó que para establecer el beneficio neto o excedente, de la totalidad de los ingresos de cualquier naturaleza se restan los que tienen relación de causalidad con los ingresos y son necesarios y proporcionados.

La partida desconocida como beneficio neto o excedente, se debió al rechazo de deducciones por depreciación, amortización, agotamiento, impuestos, provisiones, intereses, sanciones y gastos no operacionales.

Mientras tanto para la fundación actora, los egresos en que incurrió en el año 2002 estaban relacionados con su objeto y por tanto era procedente el beneficio neto o excedente en la forma como lo declaró, al no ser aplicable el Decreto 124 de 1997 como lo hizo la DIAN, pues los gastos en que incurrió tenían relación de causalidad con su actividad productora de renta.

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Sección Cuarta


Los servicios administrativos prestados a una aseguradora en relacion con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito – SOAT -, estan gravados con el impuesto sobre las ventas, al no estar vinculados con la seguridad social.
    Síntesis del caso:
La Seccional DIAN de Grandes Contribuyentes de Bogotá, profirió emplazamiento para declarar con el fin de que una sociedad que presta servicios relacionados con el SOAT presentara la declaración del impuesto sobre las ventas por el quinto bimestre del año 2006, ya que en su criterio, durante ese período gravable prestó servicios de auditoría gravados con este impuesto.

Para la DIAN de los numerales 3 y 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario se desprende que entre los servicios excluídos del IVA se encuentran los vinculados a la seguridad social, cuando son prestados por entidades de salud para atender accidentes de tránsito y eventos catastróficos, de lo que se evidencia que los desarrollados por la actora no encajan dentro de ellos, ya que el contrato suscrito entre la actora con una aseguradora para analizar y liquidar las cuentas por reclamaciones de amparo del SOAT, es un servicio que nada tiene que ver con la atención médico-quirúrgica y demás prestaciones de accidentes de tránsito.

Por su parte la demandante adujo que no era sujeto pasivo del IVA, por dedicarse en forma exclusiva a la prestación de servicios vinculados con la seguridad social.

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Sección Cuarta


La sancion por inexactitud no hace parte de la base para liquidar los intereses moratorios en la sancion por devolucion improcedente, ya sea que exista liquidacion oficial de revision o correccion del contribuyente para disminuir el saldo a favor.
    Síntesis del caso:
En ejercicio del medio de control de nulidad se demandaron los conceptos 068351 del 23 de septiembre de 2005 y 013940 del 28 de febrero de 2011 así como el Oficio 054184 del 29 de junio de 2006, todos expedidos por la DIAN.

En el concepto 068351 de 2005 frente a la pregunta de cuál es la base para la liquidación de los intereses moratorios sobre las sumas devueltas o compensadas en exceso que debe reintegrar el contribuyente cuando mediante liquidación de revisión se ha disminuido el saldo a favor declarado, la DIAN señaló que es la diferencia que resulta entre el saldo a favor de la declaración inicial y el saldo a favor de la liquidación oficial de revisión.

En cuanto a la pregunta de cuál es la base para liquidar los intereses moratorios sobre las sumas devueltas o compensadas que debe reintegrar el contribuyente cuando efectúa una corrección de la declaración que disminuye el valor del saldo a favor inicialmente declarado, la DIAN manifestó que es la diferencia entre el saldo a favor de la declaración inicial y el saldo a favor de la declaración de corrección lo que incluye el valor de la sanción por corrección.

Los planteamientos anteriores fueron reiterados en el Concepto 013940 de 2011 y en el oficio 054184 de 2006. Para los demandantes, en caso de imponerse sanción por devolución improcedente, este debe liquidarse solamente sobre las sumas devueltas o compensadas en exceso, en la parte que corresponde a la diferencia entre el impuesto liquidado en la declaración privada y el mayor impuesto determinado por la Administración, sin que sea posible incluir la sanción por inexactitud.

  (2016-06-08) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La aplicacion del principio de favorabilidad aduanera en la tarifa del gravamen arancelario tiene incidencia en el IVA en importaciones y en la sancion por inexactitud prevista en el Estatuto Aduanero.
    Síntesis del caso:
Teniendo en cuenta que en este caso concreto se presenta identidad con los supuestos de hecho y de derecho planteados en la sentencia a la que se ha hecho referencia, y que el principio de favorabilidad se aplica, aun de oficio, tanto por la Administración como por la Jurisdicción, la Sala procede a su aplicación porque la Liquidación Oficial de Corrección Nro. 1-03-241-201-639-01-1191 se expidió el 31 de julio de 2012, en vigencia del Decreto 4114 de 2010, que previó la reducción al 5% del arancel para los bienes de la subpartida 73.04.23.00.00.

En consecuencia, en atención al principio de favorabilidad, procede la liquidación del arancel a cargo de la sociedad SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIA en el 5% sobre la base gravable de $1.252.891.685. Esa modificación en la liquidación del arancel repercute en la del IVA, en consideración a lo previsto en el artículo 459 del Estatuto Tributario Adicional a lo anterior, téngase en cuenta que en las pretensiones de la demanda la parte actora solicitó que se declarara en firme la declaración de importación presentada el 3 de junio de 2009 y que “respecto de ella no se adeuda suma alguna por tributos aduaneros ni sanciones” (Se subraya), lo que indica que al referirse a tributos aduaneros, expresión que comprende los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas, necesariamente se estaba cuestionando la liquidación practicada por la Administración por estos dos conceptos, por los efectos que la liquidación de los derechos de aduana tiene sobre la base gravable del IVA.

Ahora bien, al modificarse el cálculo de los tributos aduaneros, necesariamente se debe reliquidar el monto de la sanción impuesta en virtud del numeral 2.2 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999, porque el 10% previsto en esta norma aplica sobre el valor de los tributos dejados de pagar, o lo que es lo mismo, sobre la diferencia a pagar.

  (2016-06-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Para la exencion de tributos aduaneros en la importacion de maquinaria y equipos destinados a la exploracion minera y de hidrocarburos se requiere que el interesado realice directamente las actividades.
    Síntesis del caso:
La Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá formuló requerimiento especial aduanero y posterior liquidación oficial de corrección, en relación con una declaración de importación de mercancía clasificada en la subpartida arancelaria 73.04.23.00.00, por error en la liquidación de tributos aduaneros, ocasionado por no cumplir los requisitos de la exención arancelaria prevista en el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992 adicionado por el artículo 1º del decreto 4743 de 2005.

La razón del desconocimiento de la exención por parte de la DIAN, se debió a que las normas antes mencionadas condicionan la exención arancelaria, a que la importación de maquinaria, equipos y repuestos con destino a la actividad minera o de hidrocarburos, fuera desarrollada directamente por el interesado.

Por su parte la actora aduce que:
    a) los bienes importados fueron destinados exclusivamente a la industria de hidrocarburos;

    b) la propia DIAN desconoció su propia doctrina emitida en conceptos anteriores, con lo cual violó de paso lo señalado en el artículo 264 de la Ley 223 de 1995;

    c) la DIAN carece de competencia para determinar la exención arancelaria en discusión.

  (2016-06-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La notificacion por aviso en diario de amplia circulacion en materia tributaria es excepcional porque no garantiza el real conocimiento de las decisiones administrativas.
    Síntesis del caso:
De las normas anteriores (Estatuto Tributario artículos 565, 566 y 568), en la versión vigente para el año gravable 1999, se advierte que la notificación de las liquidaciones oficiales debía hacerse por correo a la dirección informada por el contribuyente.

Debe precisarse que el artículo 566 del Estatuto Tributario, vigente para la fecha en que se notificó el acto administrativo acusado, debe ser leído sin la expresión «y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo», toda vez que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-096 del 31 de enero de 2001, la cual tiene efectos hacia el futuro y, en consecuencia, para la fecha en que se profirieron los actos acusados [5 de mayo de 2003], ya se había retirado dicha expresión del mundo jurídico.

En cuanto a la notificación por aviso en un diario de amplia circulación, como lo dispone el artículo 568 del Estatuto Tributario, procede cuando las notificaciones por correo sean devueltas «por cualquier razón»; sin embargo, como lo ha sostenido la Sala, la notificación por este medio es excepcional, porque no garantiza el conocimiento real de las decisiones administrativas.

Además, se ha precisado que la utilización de esta forma de notificación no puede atentar «contra el principio de publicidad garantizado por la “efectiva entrega del correo enviado” y contra las formas propias del debido proceso en la práctica de la notificación por correo que regula el artículo 566 ibídem, que exige esa entrega en la última dirección informada por el contribuyente destinatario de la notificación.

  (2016-06-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta


No es aceptable la notificacion por aviso en diario de amplia circulacion cuando la administracion tributaria entrega tardíamente en la oficina de correos el acto liquidatorio y por esa circunstancia no es posible la notificación por correo.
    Síntesis del caso:
La DIAN en relación con el año gravable 1999 modificó las declaraciones de renta y del impuesto sobre las ventas, de un contribuyente persona natural, previa diligencia de registro e inspección tributaria al establecimiento de comercio.

Tanto en los requerimientos especiales como en las liquidaciones oficiales, la administración propuso adicionar ingresos con fundamento en la presunción prevista en el artículo 760 del Estatuto Tributario, al considerar que hubo compras no registradas por el contribuyente.

El principal argumento de discusión planteado por el demandante, es que las liquidaciones oficiales no fueron notificadas dentro del término previsto por el artículo 710 del Estatuto Tributario. Explica que el 5 de mayo de 2003, último día para notificarlas, la DIAN entregó a las 6 p.m. en las oficinas de ADPOSTAL, los actos a notificar, de manera que no era posible notificarlos en el establecimiento de comercio del actor, dentro del horario normal de funcionamiento que era entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, como lo confirman declaraciones extrajudiciales rendidas por vecinos.

Conforme al artículo 566 del Estatuto Tributario, la notificación por correo implica la entrega de una copia del acto en la dirección informada, dentro de la oportunidad legal y en este caso solo vino a tener conocimiento de los actos administrativos, el día 17 de junio de 2003, cuando se le entregó un oficio donde se le informa que la notificación se llevó a cabo en el diario Portafolio del 30 de mayo de 2003.

Plantea el desconocimiento de los derechos de defensa y del debido proceso por parte del ente oficial, ya que pretendió realizar la notificación el último día y por fuera del horario normal no solo de la DIAN y de ADPOSTAL sino de atención del contribuyente.

  (2016-06-07) [Mas Información]
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Sección Cuarta


En el impuesto sobre la renta, el contribuyente puede utilizar metodos de amortizacion distintos para fines contables y fiscales, al no existir norma fiscal que lo prohíba.
    Síntesis del caso:
La División de Liquidación de la DIAN Medellín le rechazó a ORBITEL S.A. la deducción por amortización en activos y en gastos preoperativos por $ 22.137.757.366, así como una deducción por conceptos salariales por $ 12.438.000.

El argumento para el rechazo de la deducción por inversiones amortizables fue el de que demandante amortizó activos intangibles y gastos preoperativos contablemente por el método de suma de los dígitos de los saldos decrecientes mientras que fines fiscales lo hizo por el método de línea recta.

El desconocimiento de la deducción por salarios estuvo referida a no inclusión de las vacaciones compensadas dentro de la base de aportes parafiscales.

Para el contribuyente los sistemas de amortización reconocidos por la ley fiscal son los de línea recta y el de reducción de saldos y utilizó el de línea recta.

  (2016-06-03) [Mas Información]
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Las diferencias entre el manejo contable y tributario del contribuyente se realiza a traves de registros contables y mediante revelaciones, estas ultimas a traves de las notas a los estados financieros.
    Síntesis del caso:
Es de anotar que las diferencias que se presentan entre lo contable y lo fiscal, ocasionadas por el manejo distinto que impone la aplicación de las normas que regulan estas dos materias, han sido tratadas en la normativa contable mediante procedimientos de registro contable y de revelación con el fin de dar a conocer a todos los usuarios de los estados financieros el monto de tales diferencias y la información necesaria para evaluar la situación financiera de la empresa y sus resultados.

En cuanto al registro contable de las diferencias permanentes entre las cifras contables y fiscales, el artículo 44 del Decreto 2649 de 1993 prevé la obligación de registrar en cuentas de orden fiscales, “las diferencias de valor existentes entre las cifras incluidas en el balance y en el estado de resultados, y las utilizadas para la elaboración de las declaraciones tributarias, en forma tal que unas y otras puedan conciliarse”.

Si se trata de diferencias temporales que puedan surgir entre las cifras informadas en la contabilidad y las presentadas en las declaraciones tributarias, el Decreto 2649 de 1993 dispone que la contabilización se lleve a cabo mediante el impuesto diferido débito o crédito, dependiendo del efecto que la contabilización de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos pueda ocasionar en los estados financieros.

Respecto a las revelaciones que deben hacerse mediante “Notas a los estados financieros”, el artículo 115 numeral 19 del Decreto 2649 de 1993, señala la necesidad de revelar “la conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la renta gravable (y entre la corrección monetaria contable y la fiscal, con indicación de la cuantía y origen de las diferencias y su repercusión en los impuestos del ejercicio y en los impuestos diferidos”.

  (2016-06-03) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los contratos suscritos por las empresas de Servicios Publicos de Barranquilla no pueden ser gravados con las Estampillas Pro Desarrollo Departamental y Pro Electrificacion Rural, al no intervenir en su otorgamiento un funcionario departamental.
    Síntesis del caso:
En ejercicio del medio de control de nulidad, se demandaron, las siguientes Ordenanzas Departamentales del Atlántico: la 041 de 2002 artículos 133, 135, 141, 143, 144, 145 y 148 con las modificaciones contenidas en la Ordenanza N° 011 de 2003 artículos 33, 34 y 38 que modificaron los literales a.1) y c) del artículo 135 y el artículo 145 literal c) de la Ordenanza 041 de 2002 y la Ordenanza 021 de 2005 artículo 36 que modificó el artículo 144 de la Ordenanza 041 de 2002.

Asimismo se demandó el Decreto Ordenanzal 823 de 2003 artículos 133, 135, 141, 143, 144, 145 y 148. Entre los argumentos de la demanda están que la Ordenanza 041 de 2002 y el Decreto Ordenanzal 823 de 2003 se expidieron con fundamento en la leyes 3 de 1986 y 26 de 1990 y el Decreto Ley 1222 de 1986, leyes en las que no se señala el hecho generador de la Estampilla Pro Desarrollo Departamental.

Los hechos generadores fueron creados por los artículos 135 y 145 de la Ordenanza 041 de 2002 y reproducidos en los artículos 135 y 145 del Decreto 823 de 2003, lo que genera la nulidad de estos artículos, por vulnerar los artículos 400 numeral 4 y 338 de la Constitución.

Asimismo, en cuanto a tener a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios –ESP en las que el Municipio tenga participación, como sujetos pasivos, señala la demandante que tanto la Ordenanza 041 de 2002 como el Decreto 823 de 2003, vulneran el artículo 175 del Decreto Ley 1222 de 1986, al gravar actos jurídicos en los que no interviene ningún funcionario Departamental y por tanto la administración territorial no expide o certifica acto o negocio jurídico alguno, dado que en esas empresas, no laboran funcionarios públicos.

  (2016-06-03) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Le corresponde al contribuyente demostrar la calidad de urbanizado no edificado de su inmueble, con miras a gozar del ajuste por equidad tributaria en el impuesto predial de Bogota.
    Síntesis del caso:
La sociedad Edificio Dalí I S.A. propietaria de un bien inmueble en Bogotá, al presentar la declaración del impuesto predial del año 2009, hizo uso del ajuste por equidad en la suma de $ 61.168.000.

La Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Secretaría de hacienda Distrital previo requerimiento especial, le modificó la liquidación privada y le determinó un impuesto a cargo de $ 97.057.000 y una sanción de $ 97.869.000.

La demandante presenta dos argumentos:
  • a) que a pesar de haber informado como dirección procesal en la respuesta al requerimiento especial, la Avenida calle 72 N° 6-30 Piso 14 de Bogotá, la administración notificó la liquidación oficial en el diario La república del 21 de octubre de 2011, porque el correo fue devuelto por la causal “dirección no existe” cuando la liquidación ya estaba en firme;


  • b) si bien no es posible aplicar el ajuste por equidad tributaria a los predios urbanizados no edificados, el predio objeto de gravamen no acreditaba esa condición para la fecha de causación del impuesto, pues se había adelantado la edificación en un 34% de cimentación y un 14% de estructura, lo que se demostró con las pruebas aportadas.

  (2016-06-03) [Mas Información]
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Es valido que la administracion tributaria notifique por aviso un acto liquidatorio de impuestos a la direccion de que disponga, despues que la notificacion efectuada a la direccion procesal informada por el contribuyente ha sido devuelta por el correo.
    Síntesis del caso:
“A partir de los hechos señalados y contrario a lo afirmado por el demandante, la Sala observa que la liquidación oficial de revisión fue enviada a la dirección procesal informada en la respuesta al requerimiento especial, esto es, a la Av Calle 72 N° 6-30 Piso 14 de Bogotá D.C. también se observa que la notificación fue devuelta bajo la causal “dirección no existe” circunstancia que a pesar de que debió ser revisada por la Administración en su momento, no le impedía remitir otro correo de notificación a la dirección del contribuyente que haya podido establecer y, que se concretó con el envío del acto a la dirección comercial del contribuyente.

Así las cosas, la Administración cumplió con el principio de publicidad al garantizar el fin último de la notificación, cual es poner en conocimiento del interesado la existencia de los actos administrativos que lo afectan, pues, además de enviar el acto de liquidación a la dirección procesal informada por el apoderado del contribuyente, también lo remitió a la dirección comercial de este último, dirección que según la Administración corresponde a la informada por el contribuyente en el última declaración del respectivo impuesto, quien no negó haber recibido copia del acto demandado.

No puede entonces la actora calificar de inocua la notificación practicada por la Administración, pues cumplió con el fin previsto que, como se dijo, consiste en poner en conocimiento del interesado el contenido de la decisión.

Prueba de ello radica en el hecho de que una vez surtida la notificación por aviso publicado en el Diario La república, el contribuyente interpuso el recurso de reconsideración contra el acto de liquidación, el cual fue resuelto en su oportunidad, lo que denota que la sociedad pudo ejercer en debida forma los derechos de defensa y de contradicción que le asisten”.

  (2016-06-03) [Mas Información]
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En el impuesto sobre la renta, las condiciones para las perdidas en enajenacion de activos ocasionada por un precio de venta inferior a su costo fiscal, se aplican tanto para activos fijos como para activos movibles.
    Síntesis del caso:
La DIAN Seccional Medellín le modificó a Bancolombia S.A. su declaración de renta por el año gravable 2006 en cuanto a los siguientes ítems:
  • a) Le adicionó ingresos por mayor venta de bienes inmuebles recibidos en dación en pago en cuantía de $ 17.978.791.000 como consecuencia de aplicarle la presunción del artículo 90 del Estatuto Tributario, de manera que no era aceptable la venta de tales bienes raíces por debajo del costo fiscal;

  • b) Rechazó la deducción por pérdida por siniestro de efectivo y canje por la suma de $ 571.529.426 debido a que no cumplía los requisitos previstos en el artículo 148 del Estatuto tributario, ya que no se daban los requisitos de la fuerza mayor y más bien tales hechos eran previsibles y resistibles;

  • c) Le desconoció la deducción por pérdida en la liquidación de la sociedad 3001 S.A. por la suma de $ 19.431.974.980, porque en la legislación colombiana no está prevista la pérdida por la liquidación de sociedades.

  (2016-06-03) [Mas Información]
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En la enajenacion de activos, la administracion tributaria debe analizar la diferencia entre el valor pactado por las partes y el valor comercial antes de adicionarle ingresos al contribuyente.
    Síntesis del caso:
“Conforme con lo anterior se infiere que el legislador, para fines tributarios, señaló unos criterios que se deben tener en consideración a efectos de fijar el valor comercial de los bienes raíces.

Pero, adicionalmente, previó que cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del valor comercial de los bienes en la fecha de su enajenación, es decir, cuando el valor acordado por las partes intervinientes en la enajenación se aparte en más de un veinticinco por ciento (25%) de los precios establecidos en el comercio para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos, el funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización respectivo, podrá rechazarlo para los efectos impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Nacional de Estadística, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el Banco de la República u otras entidades afines.

Conforme con lo anterior, se concluye que la regla general de determinación del precio mínimo de venta de los bienes raíces es la señalada en el inciso cuarto del artículo 90 del ET, vale decir, “[s]i se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto”, pero cuando el valor asignado por las partes se aparte en más de un 25% de los precios establecidos en el comercio para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, la DIAN podrá rechazar el precio fijado por las partes y señalar uno acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos”.

  (2016-06-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es deducible en el impuesto sobre la renta la perdida ocasionada en la liquidacion de sociedades al no aparecer dentro de las perdidas deducibles del Estatuto Tributario.
    Síntesis del caso:
Teniendo en cuenta que el recurso de apelación se dirige contra la negativa del Tribunal a otorgar el restablecimiento del derecho, como consecuencia de la violación del derecho de defensa del contribuyente, es necesario precisar que es cierto, como lo afirmó el a quo en su oportunidad, que el Consejo de Estado ha dicho que la pérdida originada en la liquidación de sociedades no es deducible porque no encuadra en ninguna de las pérdidas señaladas por el Estatuto Tributario como deducible.

En efecto, la deducción reclamada por el banco no es viable fiscalmente porque no está prevista expresamente en ninguna disposición, como se requiere para las deducciones y concretamente para las pérdidas; por lo tanto, no es procedente declarar la firmeza de la declaración privada en lo que tiene que ver con esta glosa”

  (2016-06-03) [Mas Información]
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Concepto No 03767
26/02/2016

Gravamen a los movimientos financieros.- Cuenta de ahorro exenta.
    Las entidades o personas jurídicas también están incursas en la respectiva exención del GMF siempre que cumplan con los requisitos y demás condiciones que prevé la norma descrita y su reglamento.
Dando alcance al Oficio número 037127 de 31/12/2015, mediante el cual se atendió el Radicado número 5126 del 15/12/2015, acerca de la aplicación del numeral 1° del artículo 879 del Estatuto Tributario, para el caso de las personas jurídicas, es importante aclarar que en efecto, la mencionada norma señala:

“Artículo 879. Exenciones del GMF. Se encuentran exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros:

1. Los retiros efectuados de las cuentas de ahorro, los depósitos electrónicos o tarjetas prepago abiertas o administradas por entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Economía Solidaria respectivamente, que no excedan mensualmente de trescientos cincuenta (350) UVT, para lo cual el titular de la cuenta o de la tarjeta prepago deberá indicar ante la respectiva entidad financiera o cooperativa financiera, que dicha cuenta, depósito o tarjeta prepago será la única beneficiada con la exención.

La exención se aplicará exclusivamente a una cuenta de ahorros, depósito electrónico o tarjeta prepago por titular y siempre y cuando pertenezca a un único titular. Cuando quiera que una persona sea titular de más de una cuenta de ahorros, depósito electrónico y tarjeta prepago en uno o varios establecimientos de crédito, deberá elegir una sola cuenta, depósito electrónico o tarjeta prepago sobre la cual operará el beneficio tributario aquí previsto e indicárselo al respectivo establecimiento o entidad financiera”.

  (2016-06-02) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La direccion de notificaciones informada por el contribuyente durante una visita de registro tributario inicial no puede entenderse como direccion procesal.
    Síntesis del caso:
La demandante aduce que la notificación por aviso efectuada en el Diario Portafolio del emplazamiento para corregir la declaración de renta por el año gravable 2003 es nula, ya que la DIAN desconoció el artículo 564 del Estatuto Tributario, porque el contribuyente en aplicación de dicha norma hizo uso de la “dirección procesal”, al indicar en la diligencia de registro una dirección de Medellín en lugar de la de Rionegro que había sido informada en el RUT.

La actuación de la DIAN, además de violar los artículos 564, 565 y 566 del Estatuto Tributario, por desconocer la dirección procesal y enviar el emplazamiento a una dirección donde ya no se encontraba, produjo la pérdida del beneficio de auditoría, debido a esa notificación irregular.

Por su parte la Administración señala que la dirección indicada durante la diligencia de registro, no constituye una manifestación expresa de ser la dirección procesal, además que dicha diligencia no constituye un proceso de determinación, sino una actuación preventiva probatoria.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los actos de la administracion tributaria deben notificarse a la direccion que aparezca en el RUT y en caso de ser devuelta por el correo procede la notificacion por aviso.
    Síntesis del caso:
“Es de anotar que las normas sobre notificación de las actuaciones de la Administración deben armonizarse con las relativas al Registro Único Tributario-RUT, pues dicho registro fue creado como mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los obligados y responsables tributarios.

Es decir, la información sobre los obligados y responsables tributarios y, en general, toda aquella información que sobre ellos requiera la Administración, es agrupada en el sistema único de información (dirección de notificación, información sobre la actividad económica, etc), para facilitar no sólo la gestión de la DIAN, sino la de las demás entidades del Estado que la requieran…

Teniendo en cuenta que el RUT es el único mecanismo para ubicar a los contribuyentes, la Sala precisó que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 863 de 2003, que adicionó el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, sólo es pertinente consultar la información que aparece en el RUT, siempre y cuando la dirección haya sido informada, porque si el contribuyente no ha suministrado ninguna información, se pueden seguir consultando las fuentes de información o ubicación a que alude el inciso segundo del artículo 563 ib, v gr., guías telefónicas, información comercial o bancaria, etc.

En consecuencia, la notificación por correo debe hacerse a la última dirección informada por el contribuyente en el RUT y si se envía a una dirección distinta a la informada, es un error que se puede corregir dentro del término para notificar el acto.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Conforme a la ley 1607 de 2012, las generadoras de energia electrica son gravadas con el impuesto de industria y comercio siempre que la energia comercializada sea producida por ellas mismas.
    Síntesis del caso:
El Municipio de Caloto (Cauca) le notificó a EMGESA S.A. un emplazamiento por no presentar las declaraciones del impuesto de industria y comercio de los años 1998 a 2004, por la realización de actividades de comercialización de energía eléctrica.

La actora señaló que no era contribuyente del impuesto porque su actividad principal era la generación de energía más no la comercialización, es decir que EMGESA siendo productor no puede al mismo tiempo convertirse en comercializador por adquirir faltantes en el mercado de energía.

Aún en el caso que EMGESA realizara una actividad de comercialización de energía, tampoco es sujeto pasivo del ICA en Caloto, pues la venta de energía se entiende realizada en el municipio donde es adquirida.

Por su parte para el Municipio de Caloto, la actora ejerce como agente comercializador de energía y según el artículo 51 de la Ley 383 de 1997 debe pagar el impuesto de industria y comercio, pues esa comercialización constituye la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


No es inconstitucional ni inaplicable que los ingresos varios hagan parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio para las entidades del sector financiero.
    Síntesis del caso:
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA demandó en acción de simple nulidad apartes del Anexo 1 de la Circular 11 de 2011 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia por la cual se crearon y modificaron las proformas relacionadas con la base gravable del impuesto de industria y comercio de las entidades vigiladas, porque en su parecer conforme al artículo 4° de la Constitución Política debían inaplicarse los literales E) del numeral 1 y D) del numeral 2° del artículo 207 del Decreto Ley 1333 de 1986 por violar el artículo 338 de la Constitución Política.

La expresión “ingreso varios” es clara en cuanto al sustantivo “ingresos” pero totalmente indeterminada en cuanto al adjetivo “varios” que puede ser aplicado a conceptos muy diversos.

El artículo 207 del Decreto Ley 1333 de 1986 al establecer la base gravable del impuesto de industria y comercio para el sector financiero, no tuvo en cuenta en el literal E, los ingresos varios. La Corte Constitucional mediante sentencia C-046 de 1998 advirtió l conveniencia para la certeza jurídica de que la expresión ingresos varios hubiera sido suprimida del ordenamiento legal.

Mientras tanto para la Superfinanciera, no es viable aplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 207 del decreto 1333 de 1986 ya que no fue el fundamento para la expedición de la Circular 11 de 2011, sino que en su lugar fue el artículo 11.2.1.4.2 numerales 9 y 14 del decreto 2555 de 2010.

La mencionada Circular no viola el artículo 338 de la Constitución porque no creó elementos nuevos para establecer el impuesto de industria y comercio, sino que previó la forma de diligenciar la información por las entidades sujetas a supervisión y control de la Superintendencia.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los dos anos de prescripcion de la sancion por no enviar informacion se cuentan desde la fecha de la declaracion de renta del ano en que se vencio el plazo para informar.
    Síntesis del caso:
La DIAN Seccional Cali mediante pliego de cargos le propuso al contribuyente la sanción por no enviar información por la suma de $ 330.810.000, acto que fue confirmado mediante resolución sancionatoria.

El monto anterior fue reducido con motivo de la resolución del recurso de reconsideración a $ 314.610.000, porque el tope máximo para el año 2007, era de 15.000 UVT.

El actor argumenta que:
  • a) no hay constancia de que el pliego de cargos se haya notificado al contribuyente;

  • b) la facultad sancionatoria prescribió porque la DIAN envió la resolución a una dirección desactualizada;

  • c) la sanción fue impuesta en forma extemporánea porque el término de los dos años del artículo 638 del Estatuto Tributario, se cuentan desde la fecha de presentación de la declaración de renta del período del cual se pide la información.
Para la DIAN los dos años que tiene la administración para notificar el pliego de cargos, se cuenta a partir de la presentación de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio del año en que ocurrió la irregularidad sancionable.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Contra un acto sancionatorio es obligatorio interponer el recurso de reconsideracion para agotar la via gubernativa, sin importar el nombre que se le de a ese recurso.
    Síntesis del caso:
La DIAN le profirió pliego de cargos y luego acto sancionatorio a un contribuyente, persona natural, por no presentar información exógena respecto del año gravable 2007.

Uno de los argumentos expuestos por el sancionado tiene que ver con reducir la sanción al 20% de la impuesta por la administración y reclama que como presentó la información a la DIAN, ésta debía formular un nuevo pliego de cargos y no imponer la sanción de plano.

Afirma que la administración debió graduar la sanción y no ratificar la sanción máxima. Por su parte la administración, dice que el contribuyente no agotó la vía gubernativa, por cuanto no interpuso el recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio sino que optó por la solicitud de revocatoria directa.

En cuanto a la prescripción de la facultad sancionatoria, ésta no se presentó porque el plazo para notificar el pliego de cargos, vencía dos años después de la fecha prevista para declarar renta por el año gravable respectivo.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La falta de entrega y la entrega tardia de informacion no pueden analizarse de manera semejante para determinar el dano que puede causarle al fisco y para la tasacion de la sancion.
    Síntesis del caso:
la Sala ha reiterado que es evidente que cuando el artículo 651 del Estatuto Tributario utiliza la expresión ‘hasta el 5%’, se le está otorgando a la Administración un margen para graduar la sanción, pero esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria.

Por tanto, corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que deben atender no solo los criterios de justicia y equidad, sino también los de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, como fue expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-160 de 1998.

También ha precisado que aunque la falta de entrega de información y la entrega tardía de esta inciden en las facultades de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y sanciones y, en esa medida, pueden considerarse potencialmente generadoras de daño al fisco, principalmente sobre su labor recaudatoria, sin dejar de lado los consiguientes efectos negativos sobre las arcas públicas, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño inferido.

Ello, por cuanto mientras la falta de entrega afecta considerablemente la efectividad en la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de estas, la entrega tardía impacta la oportunidad en su ejercicio, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo, no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero si, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega.

  (2016-06-01) [Mas Información]
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Sección Cuarta


El servicio notarial esta gravado con el impuesto de industria y comercio independiente de que haya sido o no señalado en los acuerdos municipales como actividad analoga a los servicios considerados como gravados en la Ley 14 de 1983.
    Síntesis del caso:
A través de dos procesos que fueron acumulados en primera instancia, varios ciudadanos solicitaron la nulidad de las expresiones “Protocolización, autenticación de documentos y demás actividades realizadas por las notarías” contenidas en el artículo 48 del Acuerdo Distrital 011 de 29 de diciembre de 2006 expedido por el Concejo Distrital de Santa Marta y la Alcaldía Distrital de Santa Marta.

El demandante del proceso 2011-00133-00, adujo que el servicio que prestan las notarías no es de naturaleza comercial o industrial ni análogo o similar a los servicios gravados expresamente por el Decreto Ley 1333 de 1986. La potestad de incluir a los sujetos en el impuesto de industria y comercio depende que los servicios que presten constituyan una actividad que por su naturaleza, pueda ser calificada legalmente como mercantil o industrial.

Es desatinada la comparación del acuerdo demandado al equiparar la actividad notarial con las actividades descritas en el artículo 199 del Decreto Ley 1333 de 1986. La voluntad del legislador nunca ha sido la de permitir o sugerir que la actividad notarial se considere de naturaleza comercial o industrial.

Mientras que en el proceso 2010-00250-00, los demandantes alegaron que el servicio de las notarías no es de naturaleza comercial o industrial, ni mucho menos análogo, y el artículo demandado está viciado de nulidad por falta de competencia y violación a las normas superiores.

  (2016-05-26) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los ingresos por venta de bienes en los almacenes in bond al considerarse exportaciones no estan gravados con el impuesto de industria y comercio.
    Síntesis del caso:
Seis sociedades presentaron en el Distrito Capital las declaraciones bimestrales del impuesto de industria y comercio, por los años 2005 a 2008, en las que liquidaron el impuesto a cargo sobre los ingresos obtenidos en cada período por la venta de productos extranjeros en depósitos francos a viajeros con destino al exterior, comúnmente conocidos como venta en almacenes in bond.

A raíz del Concepto 1200 de 2009 de la Secretaría de Hacienda Distrital se precisó que la reexportación de productos importados ubicados en depósitos francos se considera exportación y por tanto los ingresos por ese concepto son deducibles del impuesto de industria y comercio.

Los ahora demandantes solicitaron la devolución del impuesto que liquidaron y pagaron sobre los ingresos percibidos por la venta de productos extranjeros en depósitos francos a viajeros con destino al exterior, pero el Distrito Capital a cinco de la sociedades, les negó la devolución porque en su parecer se debía corregir las declaraciones para incluir la deducción por exportaciones y después solicitar la devolución.

A la otra sociedad le devolvió sin reconocer intereses. Los demandantes afirman que respecto al pago de lo no debido que hicieron, tienen derecho al reconocimiento de intereses legales del Código Civil, así como a los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario.

  (2016-05-26) [Mas Información]
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Sección Cuarta


En la devolucion del pago de lo no debido no procede reconocer la actualizacion por el lapso comprendido entre la fecha de pago y la fecha en que se nego la devolucion cuando el pago indebido es voluntario.
    Síntesis del caso:
: “…En consecuencia, fue la parte actora quien decidió incluir en sus declaraciones, como gravados, los ingresos provenientes de las exportaciones. Así lo reconoció en la demanda, pues aceptó que sus ingresos corresponden a exportaciones, por cuanto la totalidad de las ventas se efectúan a viajeros con destino al extranjero, de acuerdo con la regulación correspondiente a depósitos francos y que estos ingresos no están gravados con el ICA.

Asimismo, reconoció que desde su habilitación como titular de depósitos francos presentó las declaraciones de ICA. Por su parte, el Distrito Capital también reconoció que la parte demandante presentó sus declaraciones de manera voluntaria, pues sostuvo que el pago del impuesto fue consecuencia de “un querer unilateral de la sociedad actora, es decir, no hubo una actuación de la Administración que estimulara la realización del pago que se devolvió”.

En consecuencia, la actora tenía derecho a la devolución del impuesto de industria y comercio que pagó por los periodos en discusión. También tenía derecho al reconocimiento y pago de los intereses del artículo 863 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 154 del Decreto 807 de 1993.

  (2016-05-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En la devolucion del pago de lo no debido no proceden los intereses corrientes cuando la suma devuelta no estuvo en discusion.
    Síntesis del caso:
“…En consecuencia, el Distrito Capital debe reconocer intereses moratorios a SANTAFÉ DUTY FREE LTDA (hoy SANTAFÉ DUTY FREE S.A.S) sobre los $381.509.000, desde el 7 de septiembre de 2010, que es el día siguiente al vencimiento del plazo para devolver, hasta la fecha en que giró el cheque, emitió el título o efectuó la consignación respectiva.

De acuerdo con el artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional, no proceden los intereses corrientes porque la suma devuelta no estuvo en discusión. Por las razones anteriores, se modifica el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada para ordenar, respecto a las demandantes, menos SANTAFÉ DUTY FREE LTDA (hoy SANTAFÉ DUTY FREE S.A.S), además de la devolución del impuesto y el reconocimiento y pago de los intereses corrientes en los términos que dispuso el a quo, el reconocimiento y pago de los intereses de mora, a partir de la ejecutoria de esta providencia hasta la fecha del pago por el Distrito Capital.

Y en favor de SANTAFÉ DUTY FREE LTDA (hoy SANTAFÉ DUTY FREE S.A.S) se ordena el reconocimiento y pago de intereses de mora desde el vencimiento del plazo para devolver (7 de septiembre de 2010) hasta cuando el Distrito Capital pagó dicha suma…”.

  (2016-05-26) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad no pueden solicitar la deduccion por depreciacion de activos fijos en la declaracion de renta, ya que se requiere el registro contable de la depreciacion.
    Síntesis del caso:
Un ciudadano solicitó la nulidad del Concepto 16805 del 2 de marzo de 2001 expedido por la División de Normativa y Doctrina Tributaria de la DIAN, según el cual los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad no pueden fiscalmente hacer uso de la deducción por depreciación, ya que la ley tributaria exige que la depreciación se lleve en registros contables en la forma que indique el reglamento.

Según el demandante el concepto vulnera el artículo 363 de la Constitución Política relacionado con los principios de equidad y de progresividad ya que al no permitir la deducción por depreciación de activos fijos a los contribuyentes no obligadas a llevar contabilidad, les asigna una carga excesiva, toda vez que se aumenta la base de tributación de esos contribuyentes.

Aduce que la depreciación no la causa un registro contable sino el desgaste o deterioro por el uso del bien y el legislador al establecer el beneficio de la deducción por depreciación, no diferenció entre obligados y no obligados a llevar contabilidad.

  (2016-05-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los comerciantes estan obligados a llevar contabilidad conforme al Codigo de Comercio y el Decreto 2649 de 1993, debido a la realizacion profesional y habitual de actividades mercantiles.
    Síntesis del caso:
“…El artículo 19 del Código de Comercio estableció que, por regla general, todos los comerciantes están obligados a “llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales”, y es comerciante toda persona que realice profesionalmente las actividades consideradas por la ley como mercantiles, ya sea personalmente o por interpuesta persona.

Así, por regla general, la obligación formal de llevar contabilidad está dada en función de la realización profesional y habitual de actividades mercantiles, conceptos que al definir la calidad de comerciante de un sujeto implican un tratamiento legal diferenciado con respecto a las personas que ocasionalmente desarrollan actos de naturaleza mercantil y que, al no ser considerados comerciantes, no deben llevar contabilidad.

En otras palabras, las obligaciones que en materia contable recaen sobre los comerciantes, en razón de sus actividades y de la habitualidad con las que las realizan, no son las mismas que para las personas que no acreditan tal condición, por lo que no se trata de sujetos sobre los cuales se exija un tratamiento igualitario por parte de la ley, ya que no están en las mismas condiciones de hecho y de derecho…

Se evidencia, entonces, que la contabilidad, al contener el registro de las actividades que los sujetos obligados a llevarla ejecutan, permite identificar, medir, clasificar, analizar, evaluar e informar las operaciones por estos realizadas, de forma clara, completa y fidedigna, lo que para efectos fiscales permite determinar las cargas tributarias en cabeza de los contribuyentes…

De lo expuesto, se concluye que el tratamiento fiscal que en materia contable recae sobre los comerciantes, está constituido por una serie de deberes y prerrogativas originados en la naturaleza misma de las actividades que realizan habitualmente, los cuales no aplican a los sujetos que no están obligados a llevar contabilidad y que, por consiguiente, no se encuentran en las mismas condiciones de aquellos…”

  (2016-05-26) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


No estan gravadas con el impuesto de industria y comercio las primas de seguros previsionales y la rentas vitalicias por ser recursos de destinacion especifica para la seguridad social.
    Síntesis del caso:
Una aseguradora en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 presentó y pagó las declaraciones de industria y comercio, en la que incluyó en el renglón de “ingresos netos gravables” valores correspondientes a recursos de la seguridad social en pensiones.

En septiembre de 2010, la entidad financiera solicitó ante la Dirección de Impuestos Distritales la devolución del impuesto de industria y comercio pagado en las declaraciones antedichas, alegando el pago de lo no debido del impuesto liquidado.

La administración negó la devolución por cuanto la corrección de las declaraciones que disminuyen el saldo a pagar debe realizarse en los plazos señalados en el artículo 589 del Estatuto Tributario.

La demandante afirma que las primas que reciben las aseguradoras por concepto de seguros previsionales y por rentas vitalicias no están gravadas con ningún impuesto por tratarse de recursos del Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Señala que el término para solicitar la devolución no es de dos años como lo señalaba el artículo 147 del Decreto 807 de 1993, norma que fue anulada por el Consejo de Estado, sino que el término de prescripción aplicable es el previsto en el artículo 2536 del Código Civil.

Asimismo recuerda que el Consejo de Estado, en reiterados fallos ha señalado que no se requiere la corrección de las declaraciones para la devolución del pago de lo no debido.

  (2016-05-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El acta de aprobacion de liquidacion de una sociedad es un acto sometido al impuesto de registro y su base es el valor incorporado en dicho documento.
    Síntesis del caso:
La Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca liquidó a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el impuesto de registro, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2004, pues afirmó había lugar a modificar la liquidación privada presentada por el contribuyente, toda vez que este admitió e inscribió en el registro mercantil, el acta contentiva de la aprobación final de la liquidación de la sociedad Luz de Bogotá S.A. como un acto sin cuantía, el cual según su criterio, sí la tiene y lo sancionó por inexactitud.

La Sala revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló tales actos y, en su lugar, negó su nulidad, por cuanto concluyó que en los términos de los recursos de apelación formulados por la parte demandada y el Ministerio Público, el procedimiento previo adelantado para la expedición de la liquidación oficial de revisión, fue adecuado, pues si bien resultaba improcedente la revocatoria directa del requerimiento especial, al ser un acto de trámite o preparatorio, este podía ser ampliado, con el fin de incluir hechos y conceptos no contemplados inicialmente y proponer una nueva determinación oficial que modifique el valor de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones, e incluso, era válido para corregir la falta o ausencia de motivación.

  (2016-05-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La administracion puede revocar un requerimiento siempre que el nuevo acto sea para mejorar su contenido y con ello no debe entenderse que se expidieron dos requerimientos.
    Síntesis del caso:
De manera reiterada se ha dicho que tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial deben ser motivados, pues si la autoridad tributaria rechaza la liquidación privada presentada por el contribuyente, debe poner en conocimiento de éste los motivos de desacuerdo para permitirle ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Esta motivación no se debe limitar a transcribir la norma incumplida o enunciar los requisitos señalados en la misma, es necesario que contenga una explicación sumaria, es decir, breve o concisa, pero suficiente respecto de las razones por las cuales se propone la modificación de la declaración privada.

En el caso concreto, se advierte que mediante el Requerimiento Especial Nro. 000001 del 28 de agosto de 2006, notificado a la Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2006, el Director de Rentas (E) de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca le propuso modificar la liquidación privada del impuesto de registro presentada por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2004, (…) Este requerimiento especial se revocó de manera directa por el mismo funcionario que lo profirió, mediante la Resolución Nro. 001626 del 12 de septiembre de 2006, con el argumento de deficiente motivación del acto y su repercusión en el derecho de defensa y al debido proceso.

Revisado en integridad el contenido del Requerimiento Especial Nro. 000001 de 2006, se observa que este no contaba con la suficiente motivación; sin embargo, contrario a lo razonado por el departamento demandado, esta circunstancia no conduce a que en casos como el presente proceda la revocatoria directa de un acto de trámite, como sin duda lo es el requerimiento especial.

  (2016-05-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El Ministerio Publico puede interponer recurso de apelacion contra la sentencia de primera instancia, aunque el proceso haya sido promovido por un tercero.
    Síntesis del caso:
Conforme con el artículo 277-7 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá la función de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.

Por su parte, el artículo 127 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable en el caso concreto, dispone que el Ministerio Público es parte y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en las conciliaciones extrajudiciales ante los centros de conciliación e intervendrá en éstos en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. (…)

Como se observa, en las normas en cita se prevé que el Ministerio Público podrá intervenir en todos los procesos e incidentes de carácter judicial, con el propósito de propender por la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales.

Esa capacidad de intervención, le atribuye al Ministerio Público la facultad de participar en el proceso judicial de manera activa, como garante de los cometidos citados con anterioridad; por lo tanto, entre otras actuaciones, podrá intervenir como impugnante de la decisión del juez de conocimiento, independientemente de que el proceso haya sido promovido por un tercero (…); por lo tanto, es necesario que el juez verifique –en el momento de decidir sobre la admisión del recurso o al resolver el fondo del recurso interpuesto por el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes- si la impugnación tiene relación con alguno de los fines u objetivos constitucionales de intervención.

  (2016-05-25) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La presuncion de veracidad de las declaraciones no exime al contribuyente de demostrar los hechos declarados, los cuales pueden ser desvirtuados por la administracion.
    Síntesis del caso:
La demandante en su calidad de comercializadora al solicitar la devolución del saldo a favor registrado en su declaración del IVA por el 5º bimestre del año 2010 por $ 183.591.000, obtuvo un rechazo por parte de la DIAN de compras y servicios gravados por $ 717.731,250 por operaciones con uno de sus proveedores, al igual que desconoció impuestos descontables por $ 114.837.000.

El desconocimiento de las partidas anotadas respecto a ese proveedor, se originó en indicios, como no ubicar la dirección que figuraba en las facturas de los proveedores, los números telefónicos no correspondía a los registrados en el RUT, no encontrar contabilidad, aparece como omiso en el sistema MUISCA, inconsistencias en la forma de pago, ausencia de movimientos en la cuenta bancaria.

Todo lo anterior llevó a la administración a determinar que las operaciones de compra que originaron impuestos descontables eran inexistentes.

  (2016-05-24) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


No ubicar a los proveedores o hacer pagos a personas diferentes a aquellos son indicios que desvirtuan las declaraciones tributarias e invierten la carga de la prueba.
    Síntesis del caso:
“Uno de los medios de prueba admisibles en materia tributaria es la prueba indiciaria. Los indicios se pueden definir como la inferencia lógica a través de la cual de un hecho cierto y conocido se llega a conocer otro hecho desconocido.

El indicio hace parte de la prueba a través de otros medios de prueba, es decir, debe ser probado. De acuerdo con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, para que un hecho pueda considerarse como indicio, debe estar debidamente probado en el proceso.

Por su parte, el artículo 250 del mismo ordenamiento dispone que el juez debe apreciar los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que existan en el proceso. Así, en materia tributaria, los indicios constituyen una prueba subsidiaria pues suplen la falta de pruebas directas.

Solo ante la falta de estas puede acudirse a los indicios, que deben ser valorados en conjunto. La Sección Cuarta del Consejo de Estado ha reconocido que un conjunto de indicios contundentes puede ser suficiente para determinar con plena certeza que el contribuyente simuló operaciones, por lo cual se logra desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración del impuesto.

  (2016-05-24) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La Sala reitera que la sancion por enviar informacion con errores solo procede cuando estos generen algun dano a la administracion.
    Síntesis del caso:
Solocauchos S.A.S. estaba obligada a presentar información en medios magnéticos por el año gravable 2007, la que presentó oportunamente, pero con errores, toda vez que en el reporte de retenciones en la fuente por servicios consignó el valor de $140,201,333,333,333 y en el campo “retención” indicó $841.208.

La DIAN le notificó pliego de cargos en el que propuso imponerle la sanción por enviar información con errores, prevista en el artículo 651 E.T., al advertir que la base no guardaba coherencia con el valor retenido.

Al responder el pliego, la actora indicó que la información contenía un error involuntario de transcripción en la base de retención, pues el valor correcto era $14.020.133, en respaldo de lo cual anexó los soportes contables.

La DIAN le impuso la sanción propuesta en el pliego, que ajustó al tope máximo legalmente establecido cuando resolvió el recurso de reconsideración que la sancionada interpuso.

Dentro del término de ejecutoria del acto que resolvió el recurso, la actora presentó el formulario en el que corrigió digitalmente la información. Luego, demandó la nulidad de los actos sancionatorios y el Tribunal Administrativo de Caldas los anuló y declaró que no estaba obligada a pagar la sanción.

La Sala estudió la legalidad de dichos actos, concretamente para establecer si procedía imponer a la actora sanción por enviar información en medios magnéticos.

  (2016-05-17) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La Seccion preciso su jurisprudencia acerca de la causacion y la exigibilidad de la obligacion de pagar la compensacion del impuesto predial.
    Síntesis del caso:
Mediante la Resolución 649 del 24 de noviembre de 2011, el Municipio de Cogua (Cundinamarca) liquidó y cobró la compensación del impuesto predial, a cargo de la CAR Cundinamarca, por las vigencias 2000 a 2011, más los intereses, acto que confirmó en Resolución 104 del 10 de abril de 2012, al resolver el recurso de reconsideración que la CAR interpuso.

La CAR promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra dichas resoluciones.

Se estudió la legalidad de esos actos, entre otros aspectos, para precisar el tema de la causación y la exigibilidad de la obligación de pagar la compensación del predial cuando el municipio no exige en su regulación local la presentación de una declaración tributaria.

  (2016-05-17) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Los municipios pueden conceder exenciones sobre tributos locales, en condiciones de igualdad, a todas las iglesias y confesiones religiosas.
    Síntesis del caso:
En el artículo 53 literal c) del Acuerdo 29 de 2004, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 27 de 2009, el Concejo Municipal de Facatativá estableció una exención del impuesto predial para los inmuebles de propiedad de las iglesias reconocidas por el Estado, dedicados exclusivamente al culto.

Con base en dichas normas, la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová pidió a la Secretaría de Hacienda de Facatativá la exención del impuesto predial, por los años 2011 a 2019, respecto de un inmueble de su propiedad con área de 261.174,00 M2.

El municipio accedió parcialmente a esa solicitud, en el sentido de decretar la exención en un 31.35% sobre el valor a pagar en la fecha del pago, porcentaje correspondiente al área construida del bien (79.964,47 M2), según la inspección que efectuó sobre el mismo.

La iglesia recurrió en reconsideración la anterior decisión y el municipio la confirmó al resolver el recurso. La Sala estudió la legalidad de los actos que concedieron a la actora la exención parcial del impuesto predial respecto de los edificios dedicados al culto, concretamente para determinar el alcance de la exención, así como la existencia o no de trato discriminatorio a la demandante frente a los bienes de la iglesia católica.

  (2016-05-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Los actos que liquidan intereses en cumplimiento de una sentencia judicial no son demandables ante la jurisdiccion porque son actos de ejecucion.
    Síntesis del caso:
Inversiones Los Ángeles S.A. declaró el impuesto predial unificado por los años 1996 a 2002. Posteriormente, pidió que se le devolviera la suma que pagó con ocasión de esas declaraciones, petición que la Administración Distrital de Impuestos de Bogotá le negó.

Luego, la sociedad ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que le negaron la devolución, los cuales fueron anulados por el Consejo de Estado en sentencia del 23 de septiembre de 2010 en la que, además, ordenó devolver la suma solicitada como pago de lo no debido, junto con los intereses corrientes y moratorios a que hubiere lugar.

Con resolución del 28 de febrero de 2011, la Administración ordenó devolver la suma fijada en la sentencia y, respecto de los intereses, con resolución del 31 de marzo del mismo año ordenó pagar $465.278.000, decisión que confirmó al resolver el recurso de reposición que la interesada interpuso.

Inversiones Los Ángeles promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos liquidatorios de los intereses. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la nulidad, porque concluyó que el cálculo de los intereses se ajustó a la ley.

Al proveer sobre el recurso de apelación que la demandante interpuso contra esa decisión, la Sala analizó si los referidos actos son o no demandables ante la Jurisdicción.

  (2016-05-13) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden provisionalmente los efectos de los incisos 4, 5 y 7 del art. 15 y el art. 16 del Decreto 650 de 1996, reglamentario de la Ley 223 de 1995.
    Síntesis del caso:
Juan Sebastián Rubio Barragán demandó la nulidad y solicitó la suspensión provisional de los literales h) y l) del artículo 6; de las expresiones “inmuebles” del inciso primero del artículo 7 y “solicitud de” contenida en el inciso 3 del artículo 14; de los incisos 4, 5 y 7 del artículo 15 y del artículo 16 del Decreto 650 de 1996, por el que el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente la Ley 223 de 1995.

El Ponente negó la suspensión de los literales h) y l) del artículo 6 y de las expresiones acusadas de los artículos 7 y 14 y decretó la suspensión de los efectos de los incisos 4, 5 y 7 del art. 15, en tanto fijan plazos diferentes a los previstos en la ley para solicitar y efectuar la devolución de lo pagado por concepto de impuesto de registro cuando el documento no se registra por no ser registrable o cuando se desista de la solicitud de registro.

Además, suspendió provisionalmente los efectos del artículo 16, por contrariar los artículos 577 y 802 del Estatuto Tributario, conforme con los cuales, en materia de tributos, procede acercar los valores a unidades o múltiplos de mil y no de cien, como lo previó dicho artículo.

  (2016-05-13) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Esta vigente el articulo 69 del Decreto 187 de 1975, que regula la forma y los plazos en que se amortizan las inversiones en explotaciones infructuosas.
    Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al estudiar la legalidad de la frase “amortizados con rentas de otras explotaciones productivas de la misma naturaleza” contenida en el inciso segundo del artículo 69 del Decreto 187 del 8 de febrero de 1975, por el cual se dictaron disposiciones reglamentarias en materia del impuesto sobre la renta y complementarios.

En concreto, la Sala analizó si el aparte acusado se expidió con fundamento en el inciso 5° del artículo 58 del Decreto 2053 de 1974 y si, al expedirlo, el Gobierno excedió la potestad reglamentaria; además, la Sala estudió si dicho aparte había sido o no derogado por el artículo 236 de la Ley 685 de 2001.

  (2016-05-10) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El termino de exigibilidad de la contribucion de valorizacion no se puede determinar por la fecha de expedicion del certificado de deuda fiscal, dado que este no es el acto constitutivo de la obligacion, sino el que liquida y distribuye el gravamen.
    Síntesis del caso:
Mediante la Resolución 157 de 16 de diciembre de 1998, el Área Metropolitana de Cúcuta distribuyó y asignó la contribución de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la obra “colector margen izquierda del río Táchira”.

El 1° de febrero de 2008, el Subdirector de Transporte Público y Valorización de la misma área metropolitana expidió las certificaciones de deuda fiscal en las que reconoció la deuda por concepto de la contribución a ciertos predios afectados por la obra.

Con base en esas certificaciones, el mismo funcionario abrió procesos de jurisdicción coactiva y libró mandamiento de pago contra los propietarios de tales predios, quienes formularon excepciones que se declararon no probadas.

La Sala estudió la legalidad de estas resoluciones, concretamente para determinar si las certificaciones de deuda fiscal constituyen títulos ejecutivos y, en caso de serlo, si el término de prescripción de la acción de cobro de la contribución de valorización se cuenta a partir de la expedición de dichos certificados o no.

  (2016-05-10) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En virtud de los principios de buena fe y confianza legitima, las declaraciones privadas del ICA presentadas en cumplimiento de normas municipales o distritales que establecen un periodo de causacion del impuesto distinto al previsto en la ley, gozan de plenos efectos.
    Síntesis del caso:
Con base en la autorización prevista en el artículo 91 del Acuerdo Distrital 041 de 2006, la Unión de Droguistas S.A. presentó las declaraciones bimestrales del impuesto de Industria y Comercio, por los años gravables 2007 a 2009 y pagó el tributo liquidado en cada una de ellas.

El 4 de mayo de 2011, la Secretaría de Hacienda del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena sancionó a esa firma por no presentar la declaración anual del ICA de dichos años, sanción que liquidó con base en los ingresos registrados en las referidas declaraciones bimestrales.

El Distrito confirmó la sanción al resolver el recurso de reconsideración que la Unión de Droguistas interpuso contra la decisión sancionatoria.

La Sala estudió la legalidad de los actos sancionatorios, en orden a determinar si, en el caso concreto, las declaraciones bimestrales del ICA fueron suficientes para satisfacer la obligación formal que surgió por la realización de actividades gravadas con ese tributo o si, por el contrario, era necesario que se presentara una declaración anual consolidada.

  (2016-05-10) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


No procede imponer sancion por no declarar al contribuyente que, en cumplimiento de disposiciones municipales o distritales que establecen un periodo de causacion del ICA distinto al previsto en la ley, asi declara y paga el tributo.
    Síntesis del caso:
En el asunto objeto de discusión, la Secretaría de Hacienda del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias impuso sanción por no declarar, a la sociedad Unión de Droguistas S.A., toda vez que no presentó la declaración anual del impuesto de Industria y Comercio, correspondiente a los años gravables 2007, 2008 y 2009, pese a haber presentado las declaraciones bimestrales de dichos periodos.

Para la Sala, las disposiciones del Estatuto de Rentas Distrital muestran que las declaraciones bimestrales allí establecidas, pese a ser voluntarias, no son un anticipo del impuesto. Por el contrario, se trata de una opción alternativa a la declaración anual, por lo que, su presentación es suficiente para que se entienda satisfecho el deber formal de declarar.

Antes de indicar las razones que llevan a la Sala a esa conclusión, hay que precisar, que aunque la opción de declaración bimestral es contraria al periodo de causación anual establecido por el legislador, lo cierto es que el administrado realizó el pago de buena fe, en cumplimiento de las disposiciones locales; luego, la eventual ilegalidad de esa alternativa, no puede ser alegada por la administración como fundamento de la sanción, porque esa condición (ilegalidad de la norma) no es atribuible al contribuyente.

  (2016-05-10) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Exencion del IVA para exportacion de servicios - No procede cuando el servicio se presta a clientes que, aunque de una compania extranjera, se ubican en el pais y el destino final de la operacion se materializa en Colombia.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos por los que la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre las ventas que General Médica de Colombia Gemedco S.A. presentó por el 6° bimestre de 2006, en el sentido de disminuir los ingresos por operaciones no gravadas y aumentar los correspondientes a las gravadas.

Ello, como resultado de desconocer las sumas que Gemedco registró por concepto de “comisiones por venta de equipos” y “garantía servicio técnico” y que recibió con ocasión del contrato de representación internacional de ventas y servicios que suscribió con GE Healthcare.

Entre otros aspectos, la Sala analizó si los servicios de representación que Gemedco le prestó a GE Healthcare se utilizaron o no en el exterior, en orden a determinar si tenía o no derecho a la exención del IVA por exportación de servicios, prevista en el literal e) del art. 481 del E.T., que aplicó en la referida declaración.

  (2016-05-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La existencia del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es presupuesto para establecer el hecho generador de la participacion en plusvalia.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del inciso 2 del artículo 3 del Acuerdo 08 de 2008, por el que el Concejo de Chía dispuso que, para el cobro de la participación en plusvalía en el municipio, se tendría en cuenta, además de la Ley 388 de 1997 y las normas concordantes, el Acuerdo 17 de 2000, que estableció el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Chía.

Concretamente, la Sala analizó si el hecho de que para efectos del hecho generador de la plusvalía el acto acusado remita al POT del municipio, expedido con anterioridad, viola o no el principio de irretroactividad en materia tributaria, así como los derechos adquiridos al amparo de ese POT por los propietarios de los inmuebles afectados con el gravamen.

  (2016-05-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las normas de contabilidad generalmente aceptadas son obligatorias para los no obligados a llevar contabilidad que pretendan hacerla valer como prueba.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que la Administración de Impuestos de Neiva modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios que Marcel Elías Solano Quimbaya presentó por el año gravable 2007, en el sentido de aumentar los ingresos declarados y disminuir los costos y deducciones.

Para el efecto, la DIAN tuvo en cuenta la contabilidad y los estados financieros que el contribuyente remitió en respuesta los requerimientos ordinarios que se le hicieron con ocasión de la práctica de la diligencia de inspección tributaria que esa entidad decretó de oficio.

Entre otros aspectos, se estableció si la inspección tributaria suspendió o no el término para notificar el requerimiento especial y el valor de la prueba contable aportada por el actor en la vía gubernativa, pese a que se trataba de un contribuyente no obligado a llevar contabilidad.

  (2016-05-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La inspeccion tributaria decretada de oficio suspende por tres meses el termino para notificar el requerimiento especial, siempre que esta efectivamente se realice y las diligencias se lleven a cabo dentro del plazo durante el cual opera la suspension.
    Síntesis del caso:
“El artículo 714 del Estatuto Tributario prevé que las declaraciones quedan en firme dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar; dentro de los dos siguientes a la presentación de la declaración cuando ésta es extemporánea, o dos años después de la solicitud de devolución o compensación respectiva, cuando la declaración refleje un saldo a favor del contribuyente o responsable, siempre que en ninguno de tales eventos se haya notificado requerimiento especial.

A su vez, el artículo 705, ibídem, señala que el requerimiento especial debe notificarse, a más tardar, dentro de los dos años siguientes a cada uno de los supuestos anteriormente señalados. Y el artículo 706 ejusdem, modificado por la Ley 223 de 1995 [251], norma vigente al momento de la presentación de la declaración inicial, previó la suspensión de dicho término, entre otros eventos, “cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete” […]

La Sala ha precisado que, dada la claridad del artículo 706 del Estatuto Tributario, el término de notificación del requerimiento especial se suspende a partir de la fecha de notificación del auto que decreta de oficio la inspección, por un lapso fijo de tres meses, no prorrogable, pero tampoco sujeto a disminución.

  (2016-05-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las controversias relacionadas con la actualizacion de la cuenta corriente de un contribuyente y con la condicion especial de pago del art. 1 de la Ley 1175 de 2007 son de caracter tributario y, por ende, no son conciliables.
    Síntesis del caso:
Laminados Andinos S.A. (En liquidación) - LASA promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos por los que la DIAN resolvió la solicitud de actualización de su cuenta corriente y le informó que no procedía la condición especial de pago del art. 1º de la Ley 1175 de 2007, que aplicó al reintegro de las sumas originadas en el menor saldo a favor que liquidó al corregir la declaración de renta del 2005.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda porque concluyó que el asunto era conciliable y que, por ende, se debió agotar la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción, según lo prevé la Ley 1285 de 2009.

La Sala decidió el recurso de apelación que LASA interpuso contra esa decisión en orden a determinar si la actualización de la cuenta corriente de un contribuyente y la procedencia de la condición especial de pago del art. 1 de la Ley 1175 de 2007 son asuntos de carácter tributario o no y, por ende, si son o no conciliables.

  (2016-05-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El liquidador de una sociedad contribuyente es deudor solidario de las obligaciones tributarias de ella, por la omision en dar prelacion a los creditos fiscales, si tiene conocimiento de la existencia de tales obligaciones.
    Síntesis del caso:
Los socios de Librería y Papelería Corsi Ltda. acordaron disolver la sociedad e iniciar el proceso de liquidación de la misma a partir del 3 de junio de 1997, fecha en la que se designó como liquidador a Hernando Córdoba Ojeda.

El 22 de julio de 1997, este informó a la DIAN - Tunja sobre la disolución y liquidación de la sociedad. Con escritura pública del 20 de septiembre de 1997 se protocolizó el acta final de liquidación de la sociedad y la matrícula mercantil de la librería se canceló el 26 del mismo mes y año.

El 30 de mayo de 2002 la DIAN libró mandamiento de pago contra el liquidador, como deudor solidario de las obligaciones fiscales de la librería, al omitir reservar los recursos necesarios para cubrirlas. El liquidador formuló excepciones contra el mandamiento que la DIAN rechazó.

Se estudió la legalidad de los actos que rechazaron dichas excepciones, concretamente para establecer si el demandante era solidariamente responsable de las deudas tributarias de la Librería, por incumplir el deber legal previsto en el art. 847 del E.T., de incluir tales deudas dentro de la prelación de créditos.

  (2016-05-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Traslados financieros exentos del gravamen a los movimientos financieros.-
Traslados entre diferentes aportantes o fideicomitentes de un patrimonio autonomo o encargo fiduciario, asi sean los aportantes o fideicomitentes iniciales.
    Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al negar la nulidad de la frase “ello no significa que la exención cobije la cancelación de obligaciones o traslados entre los diferentes aportantes o fideicomitentes, así sean los iniciales” contenida en el penúltimo párrafo del Concepto 722241 del 19 de septiembre de 2011, mediante el cual la Directora de Gestión Jurídica (A) de la DIAN expuso su interpretación acerca de los traslados financieros exentos del gravamen a los movimientos financieros a que se refiere el numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario, reglamentado por el artículo 8 del Decreto 660 del 10 de marzo de 2011.

  (2016-05-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se reitera que el servicio notarial esta gravado con el impuesto de industria y comercio como analogo a los previstos en el articulo 36 de la Ley 14 de 1983.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que el Municipio de Medellín negó al Notario 25 del Círculo de Medellín (antes Notario 12 del mismo Círculo), la devolución del impuesto de industria y comercio que declaró y pagó por la actividad notarial que ejerció en esa jurisdicción durante los años gravables 2005 a 2010.

«[…], la Sala encuentra pertinente reiterar el criterio según el cual se ha considerado que los servicios notariales están gravados con el impuesto de industria y comercio, porque como se dijo antes, independientemente de la naturaleza del servicio y de quien lo presta, están gravadas con dicho impuesto todas las actividades de servicios, salvo que hayan sido expresamente excluidas por la ley o exoneradas por el Acuerdo Municipal[2] »

  (2016-05-05) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


En materia del impuesto sobre la renta el concepto tributario que se aplica como guia para el contribuyente es el vigente cuando concluye el periodo gravable.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que la Administración de Impuestos de Medellín modificó la declaración de renta que Cementos El Cairo S.A. presentó por el año gravable de 1999.

Concretamente, se determinó si con base en el Concepto 47433 del 20 de mayo de 1999, que estaba vigente a la fecha de terminación del periodo fiscal de 1999, la demandante podía deducir pérdidas fiscales de años anteriores, a pesar de que con ello se produjeran nuevas pérdidas, o si, por el contrario, era aplicable el Concepto 020727 del 6 de marzo de 2000, que revocó el anterior y estaba vigente al momento de la presentación de la referida declaración, según el cual no se podían solicitar pérdidas superiores a las rentas o utilidades obtenidas.

  (2016-05-05) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La sociedad absorbente en un proceso de fusion goza de la exencion del impuesto al patrimonio que tenia inicialmente la absorbida como suscriptora de un contrato de estabilidad tributaria pero a partir del año siguiente a la suscripcion de aquel.
    Síntesis del caso:
Mediante resolución de abril de 2006, la DIAN autorizó a Granbanco S.A. para aplicar el régimen de estabilidad tributaria que amparaba al Banco Cafetero S.A. por los años 2000 a 2009.

Asimismo en agosto de 2007 se protocolizó mediante escritura pública el acuerdo de fusión entre el Banco Davivienda y Granbanco S.A. En virtud de beneficiario del contrato de estabilidad tributaria como sociedad adquirente de Gran Banco, Davivienda solicitó a la DIAN el reconocimiento y devolución de la suma de $ 6.547.507.000 por concepto de pago de lo no debido de la primera cuota del impuesto de patrimonio del año 2007.

La DIAN reconoció a favor del Banco Davivienda la suma de $ 2.242.297.000. La UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN solicitó ante la jurisdicción la nulidad de la resolución por la cual la División de Recaudación de la DIAN ordenó la devolución del pago antes mencionado, así como también la nulidad de la resolución que la confirmó.

  (2016-05-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden provisionalmente apartes del artículo 7° del Decreto 1828 de 2013 respecto al tope de salarios minimos legales mensuales vigentes que devenguen los trabajadores para efectos de la exoneración de aportes parafiscales para los contribuyentes del impuesto de renta sobre la equidad – CREE.
    Síntesis del caso:
Un ciudadano en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del CPACA, solicitó la nulidad de los términos “menos” contenidos en los incisos 1° y 3° del artículo 7° del Decreto 1828 de 2013, en cuanto a que en su parecer la norma demandada vulnera de forma evidente los parámetros establecidos en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, relativos a la exoneración de aportes parafiscales respecto a la remuneración de los trabajadores de los contribuyentes del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.

El argumento consiste en que mientras el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 prevee la exoneración de los aportes a favor del SENA y del ICBF por parte de los contribuyentes del CREE respecto de los trabajadores que devenguen individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los incisos 1° y 3° del artículo 7° del decreto 1828 de 2013, disponen tal exoneración para los trabajadores que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes.

  (2016-05-03) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Dentro del regimen tributario especial es deducible para las Cooperativas el gravamen a los movimientos financieros ya que constituye un egreso procedente al aparecer como un gasto dentro de la legislacion cooperativa.
    Síntesis del caso:
En abril de 2001 una Cooperativa presentó la declaración de renta por el año gravable 2000. En marzo de 2003, la DIAN Seccional Medellín expidió un requerimiento especial donde propuso el rechazo de egresos por la suma de $ 4.989.978.400. Posteriormente, mediante liquidación oficial de revisión le modificó en los mismos términos la declaración, acto que fue confirmado al resolver el recurso de reconsideración, donde únicamente levantó la sanción por inexactitud.

Los egresos rechazados fueron:
  • a) el GMF por $ 1.691.113.000, aunque en vigencia del Decreto 124 de 1997 era un egreso deducible, esa situación cambió a partir de la Ley 633 de 2000 ya no se considera un egreso procedente;


  • b) la provisión para protección de inversiones o hace parte del objeto de la Cooperativa y por tanto no es necesaria;


  • c) los gastos de ejercicios anteriores tampoco son deducibles, y que los egresos deben corresponder a la vigencia en la que se utilizan para establecer el beneficio neto o excedente.

  (2016-05-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La provision para proteccion de inversiones y los gastos de ejercicios anteriores no se consideran egresos procedentes para las Cooperativas al representar contingencias de perdida y gastos incurridos en ejercicios diferentes al respectivo año gravable.
    Síntesis del caso:
la procedencia de los egresos para determinar el beneficio neto o excedente depende del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para tal efecto, entre los que se encuentra, la realización efectiva de las erogaciones durante el periodo respectivo (Art. 4°del Decreto 124 de 1997).

Sobre este punto, la Sala observa que la contingencia que la demandante pretendió cubrir mediante las provisiones para protección de inversiones está relacionada con la precaria situación económica que supuestamente atravesaban los entes destinatarios de tales inversiones, circunstancia que no está demostrada en el expediente, como tampoco lo está la pérdida del valor de las inversiones involucradas, razón por la que no se puede hablar de egresos o gastos efectivamente realizados durante el periodo gravable…

Por lo mismo, como las provisiones para la protección de inversiones se relacionan con una contingencia que pudo o no ocurrir, no se puede hablar de un gasto efectivamente realizado en el periodo gravable en discusión, que haya derivado en una disminución del patrimonio de la cooperativa.

Además, como lo señala el representante del Ministerio Público, se trata de provisiones para la protección de inversiones que no hacen parte del objeto social de la cooperativa, a lo cual se suma que si lo pretendido por la actora era cubrir una posible pérdida, el artículo 55 de la Ley 79 de 1988 le permitía destinar el excedente resultante del ejercicio anterior a “…compensar pérdidas de ejercicios anteriores” o, a “…crear por decisión de la asamblea general otras reservas y fondos con fines determinados” (Art. 56).

  (2016-05-03) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Al existir prohibicion de imponer tributos sobre los recursos de la conmutacion pensional, procede la devolucion del impuesto de industria y comercio por pago de lo no debido respecto de las primas pagadas por conmutacion pensional bajo la modalidad de renta vitalicia.
    Síntesis del caso:
Al tener tal naturaleza –recursos de seguridad social-, las primas de conmutación pensional bajo la modalidad de renta vitalicia son de destinación específica, esto es, no pueden ser empleados para fines diferentes a la seguridad social.

Así lo establece expresamente el artículo 48 de la Constitución Política al disponer “no se podrán destinar o utilizar los recursos de las instituciones e la seguridad social para fines diferentes a ellas”…Sobre el alcance de este mandato constitucional, la Sala ha señalado que los recursos del sistema tanto en salud como en pensiones no pueden ser destinados a un objeto diferente dentro del sistema, lo que incluye la prohibición para el Estado de imponer tributos sobre tales recursos…

En este sentido carece de fundamento la afirmación hecha por el Distrito Capital, que considera viable la imposición de tributos a los recursos de la seguridad social. En esa medida, no existe causa legal para pagar tributos sobre los recursos de seguridad social…Así las cosas, los pagos del impuesto de industria y comercio realizados sobre las primas por conmutación pensional bajo la modalidad de renta vitalicia, constituyen pagos de lo no debido, pues no existe un título o fuente de donde emanara la obligación de liquidar y pagar dicho tributo, pues como se explicó, por mandato constitucional esos recursos no son materia imponible.

En consecuencia, sí se configuró el pago de lo no debido y, por ende el derecho a solicitar la devolución de lo que se pagó por concepto de impuestos, como pasa a analizarse a continuación…

  (2016-05-03) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las cotizaciones del empleador en la conmutacion pensional se consideran contribuciones parafiscales ya que estan dispuestas para garantizar el sistema de seguridad social en pensiones.
    Síntesis del caso:
En enero de 2008, entre un Almacén de Depósito y una Aseguradora se suscribió un contrato de seguros bajo la modalidad de “renta vitalicia inmediata, pensión por conmutación pensional”, en el que se acordó la conmutación pensional de 349 jubilados mediante una renta vitalicia por la suma de $ 67.194.572.872.

En marzo de 2008, la aseguradora presentó y pagó la declaración del impuesto de industria y comercio por el bimestre 1 del año 2008, en la que incluyó en la base gravable los recursos obtenidos en el contrato de seguros por rentas vitalicias por conmutación pensional.

En agosto de 2011, la entidad financiera solicitó la devolución del impuesto de industria y comercio, por concepto de pago de lo no debido respecto del tributo sobre los recursos obtenidos por la conmutación pensional.

En septiembre de 2011, la DIAN negó la solicitud de devolución por considerar que la corrección de las declaraciones disminuyendo el saldo a pagar debía realizarse en los plazos señalados en el artículo 589 del Estatuto Tributario.

Para el demandante, esas rentas no pueden gravarse con ningún tributo en tanto están destinadas al pago de pensiones y por ende son recursos de la seguridad social que por mandato constitucional no son materia imponible.

  (2016-05-02) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El rechazo definitivo de la solicitud de devolucion de saldos a favor solo procede una vez culmine el proceso de determinacion y discusion del tributo.
    Esto es, hasta que se defina en vía administrativa o judicial la procedencia o no del saldo a favor declarado.
  • Síntesis del caso:
Se estudia la legalidad de los actos administrativos por los que la DIAN rechazó definitivamente la solicitud de devolución del saldo a favor que Inmobiliaria Sanitas Ltda. liquidó en la declaración de renta del año gravable 2007, determinación que la DIAN adoptó antes de que decidiera el recurso de reconsideración que la inmobiliaria interpuso contra la liquidación oficial de revisión mediante la cual se le determinó un mayor impuesto de renta por el referido año gravable y se le sancionó por inexactitud.

  (2016-04-29) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El emplazamiento para corregir formulado mientras esta en curso una inspeccion tributaria no suspende, por un mes mas, el plazo para notificar el requerimiento especial.
    Síntesis del caso:
El 19 de mayo de 2006 Samsung Electronics Colombia S.A. declaró el ICA del 2° bimestre de 2006. Mediante auto de 11 de marzo de 2008, que se notificó el 13 de marzo, la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital ordenó practicar inspección tributaria respecto de dicho impuesto.

El 8 de agosto de 2008, la Secretaría emplazó a Samsung para que corrigiera la referida declaración y el 17 de septiembre le formuló requerimiento especial por el mismo impuesto, que se le notificó el 18 de septiembre de 2008.

El 25 de marzo de 2009, la Secretaría formuló liquidación oficial de revisión por el mismo impuesto, acto que confirmó al resolver el recurso de reconsideración que Samsung interpuso en su contra.

Se estudia la legalidad de los actos que modificaron la mencionada declaración de ICA y, concretamente, se define si el emplazamiento para corregir, efectuado durante o una vez concluida la inspección tributaria, suspende el plazo para notificar el requerimiento especial.

  (2016-04-29) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El hecho de omitir la notificacion al garante de las resoluciones sancionatorias fundamento del cobro coactivo impide perfeccionar el titulo ejecutivo en su contra.
    Síntesis del caso:
La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza expidió unas pólizas para garantizar las solicitudes de devolución de saldos a favor en el IVA del segundo y tercer bimestre de 1999 presentadas por cierto contribuyente.

Con fundamento en el artículo 670 del E.T., la Administración Local de Impuestos de Cúcuta impuso sanción por fraude en la documentación aportada para la devolución, actos con base en los cuales libró mandamiento de pago contra Confianza por los valores en ellos liquidados.

La aseguradora formuló excepciones contra el mandamiento, las cuales fueron rechazadas, decisión que la DIAN confirmó al resolver el recurso de reposición que Confianza interpuso.

Se estudió la legalidad de los actos que negaron las excepciones contra el mandamiento de pago, concretamente para establecer si, en su condición de garante, Confianza debía o no ser notificada de los actos sancionatorios base del cobro coactivo.

  (2016-04-29) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Entre el 2003 y el 2005 los responsables del regimen comun tenian derecho a descontar del IVA el impuesto pagado en la adquisicion o importacion de maquinaria industrial, sin perjuicio del tipo de leasing pactado ni de la modalidad de importacion.
    Síntesis del caso:
Consorcio Minero Unido S.A. importó maquinaria industrial mediante leasing financiero con compañías extranjeras. En la declaración del IVA del 5° bimestre de 2005, esa firma descontó el IVA que pagó en la adquisición de la maquinaria.

La DIAN modificó la referida declaración para negar el descuento, con el argumento de que no procedía para el leasing operativo.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anuló dichos actos, al concluir que para la procedencia del descuento el artículo 485-2 del E.T., aplicable al caso, no condicionó la forma de adquisición de la maquinaria, de modo que, para tener derecho al beneficio, la DIAN no podía exigir que la importación se efectuara bajo una modalidad específica de adquisición o de importación.

  (2016-04-28) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Es valido recaudar el impuesto de alumbrado publico en la misma factura de los servicios publicos domiciliarios, como el de energia, o en desprendible separado de la misma.
    Síntesis del caso:
Así lo concluyó la Sala al negar la nulidad de los artículos 3 y 7 de Resolución 122 del 8 de septiembre de 2011, por la cual la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG reguló el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía, del impuesto creado por las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, con destino a la financiación del servicio de alumbrado público.

  (2016-04-28) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La opcion de los departamentos de escoger entre el monopolio sobre la produccion, introduccion y venta de licores y el gravamen sobre esas actividades solo abarca a los licores destilados, no a los vinos ni a los aperitivos y similares de caracter nacional.
    Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del literal a) del artículo 2 de la Ordenanza 019 del 6 de agosto de 2009, en el que la Asamblea de Risaralda fijó como tarifa de la participación económica del departamento en la producción, introducción y venta de licores destilados de graduación alcoholimétrica de 2,5° a 35°, $266 por grado, incorporado el IVA cedido.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda que negó la nulidad de dicho literal, en cuanto consideró que, en contra de lo que se alegó en la demanda, el mismo no incluye a los vinos, aperitivos y similares dentro del monopolio de licores.

Lo anterior, porque, de acuerdo con el Decreto 1222 de 1986, la opción de los departamentos de escoger entre el monopolio sobre la producción, introducción y venta de licores y el gravamen sobre esas actividades solo abarca a los licores destilados, entre los cuales no se encuentran los vinos ni los aperitivos y similares de carácter nacional, dado que estos no son destilados.

  (2016-04-28) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La Sala reitera que los actos que resuelven la solicitud de restitucion de terminos de notificacion no son demandables ante la Jurisdiccion por no ser definitivos sino de tramite.
    Síntesis del caso:
Apolo Logístico S.A. demandó los actos administrativos por los que la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta que presentó por el año gravable 2000, así como los actos en los que se le negó la solicitud de restitución de términos para la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión del gravamen.

El Tribunal Administrativo del Huila declaró probada la excepción de caducidad de la acción frente a los actos de determinación del tributo y negó las súplicas de la demanda contra los actos de rechazo de la restitución de términos.

La Sala confirmó la decisión de declarar la caducidad, pero concluyó que procedía inhibirse para pronunciarse sobre la legalidad de los actos de rechazo de la restitución de términos, porque no constituyen una decisión administrativa definitiva, dado que se limitan a analizar un aspecto procedimental dentro de un proceso tributario, razón por la cual no son susceptibles de control jurisdiccional.

  (2016-04-28) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El servicio de auditoria tendiente al analisis y liquidacion de cuentas correspondientes a reclamaciones por los amparos que cubre el SOAT no esta excluido del impuesto sobre las ventas porque no es un servicio vinculado con la seguridad social.
    Síntesis del caso:
La DIAN emplazó al Grupo SIS Servicios Integrales de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito S.A. para que declarara el IVA del primer bimestre del 2006, respecto de los servicios de análisis y liquidación de cuentas relacionados con reclamaciones por los amparos que cubre el SOAT, que prestó a Seguros del Estado S.A. durante dicho periodo.

Al responder el emplazamiento, el Grupo SIS adujo que no estaba obligado a declarar, porque el servicio que presta está excluido del IVA por estar vinculado con la seguridad social.

La DIAN no aceptó tal argumento y sancionó al Grupo por no haber presentado la referida declaración, decisión que confirmó al resolver el recurso de reconsideración que el Grupo interpuso. La Sala estudió la legalidad de los actos sancionatorios.

  (2016-04-26) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La transferencia de dominio del bien sobre el que recae el impuesto de delineacion urbana genera el traslado del gravamen al nuevo propietario.
    Síntesis del caso:
El 2 de octubre de 2007 la Curaduría Urbana 3 de Bogotá expidió Licencia de Construcción para desarrollar un proyecto de vivienda urbana en un predio cuyo titular era Inversiones Cardovas S. en C. La Licencia se expidió a nombre de la propietaria con vigencia hasta el 6 de noviembre de 2009 y la declaración y pago del impuesto de delineación urbana por la expedición de la misma lo efectuó Ordóñez Mendieta y Cía S.A. - Ormeco S.A., licencia con base en la cual se adelantó la obra.

Inversiones Cardovas S. en C. vendió el predio a Ormeco S.A. con escritura pública del 17 de octubre de 2007 inscrita en el registro de instrumentos públicos. Previo requerimiento especial, la Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá modificó oficialmente el impuesto de delineación urbana e impuso sanción por inexactitud, decisión que Ormeco S.A. recurrió en reconsideración con el argumento de no ser el sujeto pasivo del mismo, porque al momento de la expedición de la licencia aún no era propietaria del inmueble respecto del cual se concedió.

Al resolver el recurso, la administración confirmó la liquidación oficial de revisión. Se estudió la legalidad de los actos de determinación oficial del tributo.

  (2016-04-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden los efectos del paragrafo 1 del art. 3 del Decreto 2701 de 2013, en cuanto incluyo la renta liquida por recuperacion de deducciones en la base gravable del CREE.
    Síntesis del caso:
El Ponente decretó la suspensión provisional de esa disposición porque concluyó que el Gobierno Nacional excedió la potestad reglamentaria al incluir en la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE elementos que la norma reglamentada (art. 22 de la Ley 1607 de 2012) no contempló para el efecto.

Al respecto señalo que la recuperación de deducciones está prevista en la ley como integrante de la base gravable del impuesto ordinario sobre la renta, de tal manera que no se puede incluir en la base gravable de otro impuesto, como el CREE, sin que la ley así lo establezca en forma expresa.

  (2016-04-26) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Se suspenden los efectos del numeral 6 del Concepto DIAN 100202208-357 del 28 de marzo de 2014, en cuanto señalo que la renta liquida por recuperacion de deducciones esta gravada con el CREE.
    Síntesis del caso:
El Ponente decretó la suspensión provisional de dicho numeral al estimar que el mismo se fundó, entre otras disposiciones, en el parágrafo 1 del art. 3 del Decreto 2701 de 2013, el cual fue suspendido por su Despacho en auto del 24 de febrero de 2015 (Exp. 11001-03-27-000-2014-00012-00 Int. 20998), porque al expedirlo el Gobierno Nacional excedió la potestad reglamentaria.

Así, concluyó que el numeral 6 del Concepto debía correr la misma suerte de dicho parágrafo, no solo por fundamentarse en él, sino porque la interpretación que contiene es contraria a la ley.

  (2016-04-26) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El IVA no se causa sobre tiquetes aereos comprados en el exterior cuando el viaje de ida inicia en el exterior y el viaje de regreso en Colombia.
  • Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del tercer párrafo del Oficio 15496 de 24 de diciembre de 2008, por el que el Director de Gestión Jurídica de la DIAN, al resolver una petición relativa al estado de vigencia, entre otros, del Oficio 089576 de 22 de diciembre de 2004, también expedido por la DIAN, señaló que

“[…] la causación del impuesto sobre las ventas tratándose de la venta de tiquetes aéreos internacionales adquiridos en el exterior, se da siempre que el viaje -ida y regreso-, tenga como origen o comienzo el territorio nacional, generándose el IVA en este caso únicamente sobre el 50% de su valor”.

  (2016-04-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


La presentacion de la declaracion de renta de un periodo fiscal no exonera al declarante del deber de presentar la declaracion informativa individual de precios de transferencia del mismo año gravable.
  • Síntesis del caso:
Previo pliego de cargos y la respuesta al mismo, la DIAN sancionó a Continental Skins Ltda. por no presentar la declaración informativa individual de precios de transferencia del año 2006, sanción que fue confirmada al resolver el recurso de reconsideración que la interesada interpuso.

Se estudia la legalidad de los actos sancionatorios.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Son nulos los Oficios 016455 y 013446 de la DIAN, segun los cuales la ganancia ocasional integraba los ingresos brutos que determinaban la obligacion de informar por el año 2008.
  • Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad de los Oficios 016455 de 26 de febrero de 2009 y 013446 de 29 de febrero de 2012, de la Subdirectora de Gestión de Normativa y Doctrina de la DIAN.

El primero, absolvió una consulta sobre la posibilidad de incluir la ganancia ocasional derivada de la enajenación de activos fijos en los ingresos brutos que, de acuerdo con la Resolución 3847 de 2008, se debían tener en cuenta para establecer la obligación de informar por ese año.

La respuesta a dicha consulta se aclaró con el segundo oficio.

  (2016-04-25) [Mas Información]
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Sección Cuarta


La retencion a titulo de ICA para la actividad de transporte publico prestado con vehiculos de terceros solo procede sobre lo pagado al propietario en virtud del contrato de vinculación.
  • Síntesis del caso:
Se determina la legalidad del artículo 25 del Acuerdo 704 de 2008, por el cual el Concejo Municipal de Manizales reguló en su jurisdicción la retención del impuesto de industria y comercio para el servicio de transporte público prestado con vehículos de terceros.

  (2016-04-25) [Mas Información]
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Sección Cuarta


No es nulo el Acuerdo 017 de 2002, por el cual el Concejo de Sabanagrande (Atlantico) fijo los elementos del impuesto de alumbrado publico en su jurisdiccion territorial.
  • Síntesis del caso:
Se estudió la legalidad del Acuerdo 017 del 29 de agosto de 2002, del Concejo Municipal de Sabanagrande «Por el cual se organiza el servicio de alumbrado público, se definen sus elementos constitutivos, se autoriza al alcalde para entregar en concesión la operación, mantenimiento y expansión del sistema y cruce de cuentas».

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que negó la nulidad de dicho Acuerdo, para lo cual reiteró que los concejos municipales están facultados por el artículo 338 de la Constitución Política para definir los elementos de los tributos cuando la ley que autorizó su creación no lo hizo; en el caso del impuesto de alumbrado público, en virtud de los artículos 1, literal d, de la Ley 97 de 1913 y 1 de la Ley 84 de 1915.

  (2016-04-25) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Se reitera que el articulo 75 de la Ley 181 de 1995 no creo una contribucion con destino al deporte ni autorizo a los municipios para crearla en su jurisdiccion.
  • Síntesis del caso:
Mediante el Acuerdo 021 del 25 de junio de 2008, el Concejo de Yopal creó y fijó los elementos esenciales de la contribución pro-deporte municipal.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare que anuló ese Acuerdo tras concluir que el concejo se extralimitó en sus funciones al expedir tal normativa con fundamento en el artículo 75 de la Ley 181 de 1995, dado que este no creó ni autorizó a los municipios para crear una contribución especial o ‘sobretasa’ con destino al deporte.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El servicio de fabricacion de envases para embotellamiento de agua prestado por persona distinta del productor del agua tratada esta excluido del IVA por ser intermedio en la produccion de agua envasada.
  • Síntesis del caso:
AMCOR PET PACKAGING DE COLOMBIA presentó la declaración electrónica del IVA del segundo bimestre gravable del 2006 en la que liquidó ingresos brutos por operaciones excluidas provenientes de la prestación del servicio de fabricación de envases para embotellamiento de agua, en cuanto lo consideró intermedio en la producción de agua envasada.

La DIAN modificó esa declaración para adicionar tales ingresos al impuesto a cargo por operaciones gravadas tras estimar que, para prestar el servicio de fabricación de envases, AMCOR incorporó bienes gravados que ella misma fabricó, elaboró y procesó, con lo que incurrió en el hecho generador de IVA del literal c) del art. 421 del E.T.

En consecuencia redujo a $0 los ingresos brutos por operaciones excluidas, incrementó el impuesto a cargo por operaciones gravadas, sancionó por inexactitud y determinó un saldo a pagar.

  (2016-04-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


No es dable predicar la autonomia fiscal de las entidades territoriales, con el fin de aplicar una norma tributaria local que contraria las disposiciones legales especiales.
  • Síntesis del caso:
Gases de Occidente S.A. E.S.P. declaró en Cali el ICA del año 2003, por haber desarrollado la actividad de fabricación de gas y/o distribución de combustibles gaseosos por tuberías. Para el efecto, aplicó la base gravable prevista en el art. 67 de la Ley 383 de 1997, esto es, el margen bruto de comercialización del combustible, del que excluyó los costos del gas.

El municipio modificó la declaración para aumentar la base gravable, determinar un mayor impuesto a pagar, rechazar retenciones y sancionar por inexactitud. Ello, en aplicación del art. 21 del Acuerdo 35 de 1985, del Concejo de Cali, según el cual el ICA se liquida sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, del que no se descuenta el costo de comercialización del gas.

Al estudiar la legalidad de los actos de determinación del ICA, la Sala concluyó que el municipio no podía invocar la autonomía tributaria de que gozan los entes territoriales para aplicar el referido Acuerdo, en contravía de las disposiciones legales especiales que, en el caso concreto, prevén reglas para determinar la base gravable del tributo para la actividad de distribución de gas combustible, bien que se realice como servicio público domiciliario o no.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


Si al subsanar una omision en el envio de informacion el obligado incurre en otra infraccion, procede formular nuevo pliego de cargos y, con base en este, tramitar otro procedimiento sancionatorio.
  • Síntesis del caso:
Previo pliego de cargos, la DIAN impuso a Víctor Alonso Duque Gómez sanción por no enviar la información prevista en el art. 651 del Estatuto Tributario, decisión contra la cual el sancionado interpuso recurso de reconsideración.

Al resolver el recurso, la DIAN modificó la sanción, pero no aceptó la reducción de la misma al 20% que el afectado solicitó, con el argumento de que la información que aquél aportó con el medio de impugnación contenía errores.

Se estudió la legalidad de los actos sancionatorios.

  (2016-04-25) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


Las impresiones de las declaraciones tributarias presentadas electronicamente son prueba de la representacion material de las mismas y, por ser autenticas, son idoneas y conducentes para inferir la existencia de titulos ejecutivos que se pueden cobrar coactivamente.
  • Síntesis del caso:
La DIAN libró mandamiento de pago contra Mazal Group S.A. con base en las declaraciones electrónicas de los impuestos sobre las ventas y al patrimonio que esa empresa presentó respecto de ciertos periodos gravables.

Entre otras excepciones, Mazal propuso la de falta de título ejecutivo, que fundó en el hecho de que la DIAN dictó el mandamiento con sustento en copias impresas de las declaraciones electrónicas, las cuales consideró sin fuerza ejecutiva por no ser los documentos originales necesarios para adelantar el cobro coactivo.

La DIAN rechazó las excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución. Se estudia la legalidad de tales actos.

  (2016-04-25) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


La DIAN puede reliquidar las sanciones aceptadas mediante liquidacion oficial de correccion de la declaracion informativa individual de precios de transferencia.
    Se estudia la legalidad de los actos reliquidatorios de la sanción por corrección de la declaración informativa individual de precios de transferencia.
Síntesis del caso:

Whirlpool Colombia S.A.S. presentó la declaración individual informativa de precios de transferencia (DIIPT) por el 2007, en la que el sistema de la DIAN le liquidó sanción por extemporaneidad del 1% de las operaciones realizadas con vinculados económicos (art. 260-10, lit. B, num. 1 E.T.).

Whirlpool corrigió la DIIPT para aumentar la sanción, pues incluyó la sanción reducida del art. 260-10, lit. B, num. 3, inc. 7 del E.T., equivalente al 2% de la sanción por extemporaneidad, debido a que corrigió algunas inconsistencias que presentaba la DIIPT.

Luego, presentó proyecto de corrección para reducir la sanción liquidada en la DIIPT, esto es, para eliminar la sanción por extemporaneidad, petición que la DIAN aceptó mediante Liquidación Oficial de Corrección.

Previo pliego de cargos y su respuesta, la DIAN reliquidó la sanción por corrección de la DIIPT y la incrementó en un 30%, con el argumento de que la corrección de inconsistencias de la DIIPT no generaba la sanción reducida del 2% de la sanción por extemporaneidad, sino la plena del 1% de las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas en la respectiva vigencia fiscal (art. 260-10, lit. B, num. 3, inc. 1° E.T.). En el caso, se estudia la legalidad de los actos reliquidatorios de la sanción por corrección de la DIIPT.

  (2016-04-21) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta


El procedimiento para corregir la DIIPT con el fin de reducir las sanciones que, por ende, generen un menor saldo a cargo, es el previsto en el articulo 589 del Estatuto Tributario.
    La Sala ha señalado que las solicitudes de corrección solo pueden negarse por motivos de forma, no por razones de fondo como “las relacionadas con el derecho al reconocimiento de costos, deducciones, descuentos, exenciones-excepciones, retenciones en la fuente, o pruebas requeridas para su demostración, pues tales asuntos son materia de un proceso de revisión”.
Extracto: “[…] el artículo 589 del Estatuto Tributario, que hace parte del Libro Quinto de dicha normativa, sobre procedimiento tributario y que, por ende, se aplica al régimen de precios de transferencia del mismo Estatuto, dispone
    […] Conforme con la norma transcrita, para disminuir el saldo a pagar o aumentar el saldo a favor liquidado en una declaración privada, el contribuyente debe solicitar a la DIAN la corrección de la declaración, dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar. La DIAN debe practicar liquidación de corrección dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud en debida forma, y si no lo hace, el proyecto de corrección sustituye la declaración inicial.
Sin embargo, este artículo también precisa que la DIAN conserva la facultad de revisión y que el término para proferir la liquidación de revisión inicia en la fecha de la corrección o dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, según el caso.

Con fundamento en el artículo 589 del Estatuto Tributario, la Sala ha dicho que los requisitos formales son los siguientes: - Presentar una solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente. - Que la petición se realice dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del término para declarar o de la fecha de presentación de la declaración de corrección, según el caso, y - Adjuntar proyecto de corrección.

  (2016-04-21) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta


El impuesto al consumo cobrado por el comercializador al consumidor final no hace parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio en la actividad comercial de distribución.
    El impuesto al consumo cobrado por el comercializador al consumidor final no hace parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio en la actividad comercial de distribución, dado que no constituye un ingreso para el comercializador.
Síntesis del Caso:

La comercializadora Representaciones Continental S.A. compró cigarrillos y licores que luego vendió facturando el impuesto al consumo, cuyo valor no registró en sus cuentas de ingreso.

El Distrito Capital modificó las declaraciones del impuesto de industria y comercio que la comercializadora presentó por los bimestres 2 a 6 de los años 2006 y 2007, en el sentido de incrementar la base gravable con los valores pagados por impuesto al consumo en las referidas ventas y sancionarla por inexactitud.

Se estudia la legalidad de tales actos.

  (2016-04-21) [Mas Información]
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Sección Cuarta


Son deducibles los gastos por perdidas derivadas de contratos de cobertura de riesgos cambiarios “forward non delivery”.
    El impuesto al consumo cobrado por el comercializador al consumidor final no hace parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio en la actividad comercial de distribución, dado que no constituye un ingreso para el comercializador.
Síntesis del Caso:

Durante el 2003 y 2004 Bavaria S.A. suscribió contratos de derivados financieros ‘Forward y Swap’ o de cobertura de riesgo cambiario con entidades financieras nacionales, cuya liqu