Se concluye que el salario integral está conformado por 13 salarios mínimos mensuales, de los cuales 10 son correspondientes al ingreso y los otros 3 salarios son de factor prestacional.

El fallecimiento del padrastro del compañero permanente de un servidor público no da lugar al reconocimiento de licencia por luto, teniendo en cuenta que esta relación no está contemplada dentro de los grados de parentesco que contempla la ley para ser beneficiario, precisó el Departamento Administrativo de la Función Pública.

En los eventos en que se reconozcan una diferencia respecto del salario base de liquidación del auxilio de cesantías, con ocasión de una nivelación salarial, no procede su reconocimiento.

Indicó el Ministerio del Trabajo, el pago de las vacaciones no podrá verse afectado por la duración de las incapacidades por enfermedad o accidente de origen común o profesional y deberán causarse, además, conforme lo prevé el artículo 186.

¿Se puede reclamar al empleador por medio de la Acción de Tutela el pago de salarios y demás acreencias laborales en las cuales este atrasado?

Respuesta: Solo en casos excepcionales.

¿Es obligatorio para el empleador otorgar una licencia por grave calamidad doméstica y en caso afirmativo debe ser remunerada o no?

Respuesta: Es obligatorio darla y remunerada

Consulta:

Quiero saber cuál es la penalidad para el empleador por pagar la prima 2 meses después de la fecha límite.

Si tiene penalidad, ¿de qué forma proceder para exigir el pago de está?

De manera atenta le damos respuesta a su comunicación, mediante la cual consultó sobre el pago del descanso remunerado (dominical) en período de incapacidad.

Durante los períodos de incapacidad temporal, el trabajador no recibe salario, sino un auxilio o subsidio por incapacidad, dependiendo su origen, cuya naturaleza no es salarial. La incapacidad es una justa causa para no asistir al trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Código Sustantivo del Trabajo.

Si bien las relaciones jurídicas de los trabajadores vinculados a las cooperativas de trabajo asociado pertenecientes al sector privado y solidario son diferentes a los contratos de trabajo regulados por el Código Sustantivo de Trabajo, en ambos se requiere la vinculación al sistema de seguridad social, precisó la Sala Laboral de descongestión de la Corte Suprema de Justicia, al decidir un recurso extraordinario de casación.

En tal sentido, y en lo que corresponde a obligaciones y derechos frente a la seguridad social, el fallo precisó que en los primeros contratos le corresponde a la cooperativa, como si fuera su propia empleadora, afiliarlos al sistema.

Por ello, estas cooperativas deben descontar de sus compensaciones el porcentaje correspondiente al pago de cotizaciones, así como aportar el propio con destino a la entidad de seguridad social, similar a los empleados dependientes.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad el año pasado contra el artículo 135 de la Ley 1753 del 2015, que regula el ingreso base de cotización (IBC) de los trabajadores independientes.

Debe recordarse que este artículo modificó el régimen de cotización de los contratistas de prestación de servicios públicos y privados, para que los contratantes retengan directamente las cotizaciones que se deben efectuar al Sistema General de Seguridad Social.

Además, el Gobierno expidió el Decreto 1273/18, que reglamenta el pago de la cotización, mes vencido, al Sistema de Seguridad Social, así como la retención de los aportes a quienes celebren un contrato de prestación de servicios personales.

El traslado o cambio de EPS está regulado por el decreto 780 del 2015, y este, en ninguna parte prohíbe el cambio de EPS a una afiliada cotizante que esté en gestación.

El artículo 2.1.7.2 del referido decreto señala las condiciones para hacer el traslado o cambio de EPS y entre ellos encontramos los siguientes:

Haber permanecido mínimo 360 días en la EPS actual.

Ni el afiliado ni los beneficiarios deben estar internados en un centro médico o institución prestadora de salud (hospitalizado).

El cotizante debe estar a paz y salvo con los pagos y cotizaciones respectivas.

En consecuencia, la gestación no es impedimento para que una trabajadora se cambie de EPS. Lo importante es que cumpla con todos los requisitos señalados por el artículo 2.1.7.2 del decreto 780.

La terminación unilateral sin justa causa de un contrato de trabajo a término fijo por parte de una entidad pública en sí misma no constituye detrimento patrimonial, ya que, en principio, solo se trata de una decisión administrativa del empleador, explicó la Contraloría General.

Cuestión diferente es que, agregó el ente de control fiscal, dependiendo las circunstancias de cada caso la decisión pueda generar o no una afectación al erario.

Por ende, las consecuencias jurídicas se valoran de acuerdo a cada régimen de responsabilidad determinando inicialmente si existe o no un daño o afectación a un bien jurídicamente tutelado.

Para orientación de quienes tienen pequeños negocios con unos pocos empleados con salario mínimo, y quienes tienen empleadas del servicio doméstico de tiempo completo, presentamos acá, con base en una estructura presentada hace unos días en El Tiempo, el costo laboral total anual desglosado, distinguiendo lo que se les entrega mensualmente.

Se discrimina el sueldo más el subsidio de transporte, las prestaciones que se les entregan unas, la prima, media en junio y media en diciembre, y otras, las cesantías que se les consignan en los fondos de cesantías en febrero del año siguiente a aquel respecto del cual se calcularon, y los intereses sobre cesantías que se entregan al trabajador en enero.

El valor de las vacaciones no se entrega si el empleado las ha disfrutado. Solo se le entregan, proporcionalmente al tiempo trabajado, si renuncia o es despedido y no las ha disfrutado.

Los trabajadores oficiales tienen derecho al auxilio de cesantías, que corresponde a un mes de sueldo por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año, recordó la Sección Segunda del Consejo de Estado.

De igual forma, y acorde con la Ley 50 de 1990, indicó que el 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de las cesantías por la anualidad o la fracción, sin perjuicio de la que deba efectuarse en una fecha diferente por la terminación del contrato.

Además, indicó que el empleador debe cancelarle al trabajador los intereses legales del 12 % anual o proporcionales, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantías, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

La incapacidad, independientemente de su duración, no está dentro de las causales de suspensión del contrato de trabajo previstas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que no es posible descontar o afectar el derecho que tiene el trabajador a las vacaciones.

Por lo tanto, indicó el Ministerio del Trabajo, el pago de las vacaciones no podrá verse afectado por la duración de las incapacidades por enfermedad o accidente de origen común o profesional y deberán causarse, además, conforme lo prevé el artículo 186.

De acuerdo con esta disposición, los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.

La Sala de Descongestión No. 3 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que la postura de esa corporación sostiene que no cualquier discapacidad está cobijada por el manto de la estabilidad reforzada previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Según el alto tribunal, esa afirmación se justifica y es proporcional en aquellos casos donde la gravedad de la discapacidad necesita protección especial para que los trabajadores afectados con ella no sean excluidos del ámbito del trabajo, pues, históricamente, las discapacidades leves que podría padecer un buen número de la población no son las que ha sido objeto de discriminación.

A su juicio, fue por esta razón que el legislador fijó los niveles de limitación moderada, severa y profunda, fijando la primera a partir del 15 % de la pérdida de la capacidad laboral.

Corresponde al empleador señalar la época en que el trabajador puede disfrutar de sus vacaciones, cuando este haya prestado un año de servicios y teniendo en cuenta, además, que las mismas no son una prestación social, sino un derecho del trabajador para descansar y recuperar fuerzas para reincorporarse en condiciones apropiadas.

En efecto, indicó el Ministerio del Trabajo, el artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que la época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.

Así las cosas, aunque el ordenamiento jurídico no prevé la figura de vacaciones colectivas, la disposición en mención faculta al empleador para decidir si se conceden de esta forma, sin que el trabajador pueda oponerse a tal determinación.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1273 del 2018, los trabajadores independientes vinculados mediante contrato de prestación de servicios deben cancelar los aportes al sistema de seguridad social integral mes vencido, es decir, los correspondientes al mes de septiembre se debieron cancelar mes vencido en octubre.

Así las cosas, indicó el Ministerio del Trabajo, la vigilancia del pago de aportes no implica condicionar el pago de honorarios al pago de la seguridad social integral que aún no se causa, pues la nueva norma prevé que se haga mes vencido, concluyendo que unas son las obligaciones señaladas en el contrato de prestación de servicios para el pago de honorarios (cláusula contractual) y otra las fechas previstas para el pago de aportes.

Mintrabajo, Concepto 44479, Nov. 21/18.

Aunque los exámenes de ingreso a una empresa son obligatorios para establecer condiciones generales de salud del trabajador, FP investigó cuáles no se pueden hacer.

Los despidos injustificados pueden llegar a ser un dolor de cabeza para las empresas. Las compañías en el país, sea cual sea el motivo de despido, deben asegurarse de realizar un debido proceso y tener muy bien documentadas las pruebas.

Las empresas deben presentar las pruebas al momento de comunicar la decisión de la desvinculación de los trabajadores que han infringido las reglas de su contrato laboral, de lo contrario podrían verse abocadas a demandas y largos procesos, o al pago de cuantiosas indemnizaciones.

“Se debe ser muy cuidadoso a la hora de realizar un despido justificado y observar con detenmiento el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo para no incurrir en errores a la hora de comunicar la noticia al trabajador infractor”.

Compare y verifique que le estén pagando todas las prestaciones sociales y todos los días que laboró y si hay alguna inconsistencia, esto es lo que debe hacer.

Son varias las cosas que usted debería tener presente sobre los derechos y deberes laborales que asume cuando está vinculado formalmente con una empresa, la tarea debe hacerla no solo cuando tenga un percance con su empleador o cuando por algún motivo salga de su empresa, debe estar al día conforme a la ley antes de asumir cualquier responsabilidad y durante su permanencia en un empleo.

Se trata de tener los conocimientos indispensables para hacer valer sus derechos y evitar los problemas por desconocer la norma.

Lo primero que debe saber, es que de los dos tipos de contrato: el de trabajo y el de servicios, solo con el primero las personas tienen derecho a la liquidación, la razón es que las personas que están por prestación de servicios o como freelance, están regulados por la legislación civil y no por el código sustantivo de trabajo como lo está el otro contrato, por lo tanto no tienen ningún derecho a indemnización o liquidación al terminar de ejecutarse la labor, pues el valor pactado incluye todos los costos asociados a este y acordados entre ambas partes.

La Corte Constitucional señaló que tanto los trabajadores privados como los empleados públicos gozan de la garantía de la licencia o permiso por grave calamidad doméstica, siempre que acrediten la gravedad de la situación personal o familiar, así como el impacto negativo que les representa dicha circunstancia.

En tales eventos, el empleador o el nominador tiene la obligación de otorgarles la licencia o el permiso que haya lugar, bajo los requisitos, plazo y las condiciones previstas en el régimen legal.

Sin embargo, aclara la Corte, deberán analizarse en cada caso las circunstancias específicas que involucran la calamidad, pues ante una situación límite y excepcional la aplicación del marco legal puede resultar manifiestamente incompatible con la Constitución, y deberá otorgarse por el tiempo necesario para superar, al menos, la gravedad del suceso.

El salario integral para el año 2019 quedó en $10.765.508 incluyendo el factor prestacional.

$10.765.508 incluye tanto el factor salarial como el factor prestacional. Lo anterior con base al salario mínimo para el 2019, que fue fijado en $828.116.

El anterior valor hace referencia al salario mínimo integral, puesto que este puede ser superior a lo exigido por ley.

Recordemos que el salario integral no puede ser inferior a 10 salarios mínimos mas un factor prestacional que no puede ser inferior al 30%, de modo que:

No basta simplemente con invocar la presunción del contrato de trabajo para lograr su declaración judicial, toda vez que se admite prueba en contrario. Así lo precisó la Sala Laboral de descongestión de la Corte Suprema de Justicia al resolver un recurso de casación.

Se enfatizó en la decisión que la presunción del contrato de trabajo no exime de prueba a las partes; en tal sentido, al presunto empleador le asiste la carga especial de probar que la relación de trabajo no estuvo gobernada por un contrato de tal naturaleza.

La providencia también explica la figura del contrato de prestación de servicios, con base en los hechos concretos relacionados con una trabajadora demandante que prestaba sus servicios como arquitecta.

¿Es cierto que es legal que al salario de una trabajadora doméstica se le descuente el valor de la comida y la dormida?

Recordemos que el auxilio de transporte no es factor salarial, por lo tanto, un mayor incremento de este y un menor incremento del salario mínimo, hace que los costos laborales de las empresas se vean menos afectados por cuanto la base de aportes a seguridad social y parafiscales no se ve afectada por el auxilio de transporte.

Efectivamente se le puede descontar la comida y la habitación o vivienda que se le suministra a la trabajadora del servicio doméstico respetando los límites.

Preferiblemente este tipo de descuento debe quedar claro y preciso en el contrato de trabajo que se firme.

Expertos aseguran que de no hacer el debido proceso, las compañías están expuestas a demandas por los trabajadores.

Los despidos injustificados pueden llegar a ser un dolor de cabeza para las empresas. Las compañías en el país, sea cual sea el motivo de despido, deben asegurarse de realizar un debido proceso y tener muy bien documentadas las pruebas.

Las empresas deben presentar las pruebas al momento de comunicar la decisión de la desvinculación de los trabajadores que han infringido las reglas de su contrato laboral, de lo contrario podrían verse abocadas a demandas y largos procesos, o al pago de cuantiosas indemnizaciones.

“Se debe ser muy cuidadoso a la hora de realizar un despido justificado y observar con detenmiento el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo para no incurrir en errores a la hora de comunicar la noticia al trabajador infractor”.

Una providencia de una de las salas de descongestión de la Corte Suprema de Justicia recuerda que una convención colectiva requiere para su validez y eficacia de una prueba solemne (ad solemnitatem), que corresponde a aquella en la cual la ley exige una forma instrumental determinada.

En tal sentido, tratándose de la norma convencional, se exige la entrega de un ejemplar auténtico del acuerdo suscrito entre las partes ante el Ministerio de la Protección Social, con fines de publicidad, autenticidad y eficacia.

Para la Sala, y a pesar que el artículo 54 A del Código Sustantivo del Trabajo señale que se reputan auténticas las reproducciones simples de las convenciones colectivas de trabajo, para su validez y eficacia se requiere de la constancia de su depósito.

El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia establece que: "El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades de la protección especial del Estado."

DECRETA:

Artículo 1. Salario Mínimo Legal Mensual para el año 2019. Fijar a partir del primero (1°) de enero de 2019 como Salario Mínimo Legal Mensual, la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS pesos ($ 828.116,00).

Artículo 2. Vigencia y derogatoria. Este Decreto rige a partir del primero (1°) de enero de 2019 y deroga el Decreto 2269 de 2017.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en las leyes 15 de 1959 y 4a de 1992.

DECRETA

Artículo 1. Auxilio de transporte para 2019. Fijar a partir del primero (1°) de enero de dos mil diecinueve (2019) el auxilio de transporte a que tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores particulares que devenguen hasta dos (2) veces el Salario Mínimo legal Mensual Vigente, en la suma de NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS pesos ($97.032.00) mensuales, que se pagará por los empleadores en todos los lugares del país donde se preste el servicio público de transporte.

Artículo 2. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir del primero (1°) de enero del año dos mil diecinueve (2019) y deroga el Decreto 2270 de 2017.

Por su parte el incremento del auxilio de transporte será del 10%, pasando de $88.211 a $97.032, lo que sumaría 925.148 pesos.

Los colombianos que ganan el salario mínimo, a partir de enero próximo recibirán $828.116 mensuales, lo que equivale a un incremento del 6%, frente a la asignación básica que rige para el año que termina.

Así lo acordaron esta noche empresarios y trabajadores, con la mediación del propio presidente Iván Duque quien aseguró que este es el incremento más significativo de los últimos años.

"Quiero anunciar que el aumento del salario mínimo para el año 2019 será del 6%, el más alto de los últimos 14 años", afirmó el mandatario. "Esto muestra que nos podemos poner de acuerdo en lo que le conviene al país, en lo que Colombia necesita. Que necesitamos reactivar la economía y al mismo tiempo ir mejorando las condiciones de todos los trabajadores y generando más empleo formal", precisó.

Los derechos y prestaciones sociales establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo (CST) son el mínimo de derechos y garantías consagrados en favor de los trabajadores, los cuales son irrenunciables. Por lo tanto, precisó el Ministerio del Trabajo, las estipulaciones que afecten o desconozcan este mínimo no producen efecto alguno.

De acuerdo con los artículos 14 y 15 del CST, las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por ende, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Las transacciones en los asuntos laborales, por su parte, son válidas mientras no se trate de derechos ciertos e indiscutibles.

Así las cosas, en los términos del artículo 43 del CST, son ineficaces las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con lo que establezcan la legislación laboral, fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas y reglamentos de trabajo, así como las que sean ilícitas o ilegales por cualquier aspecto.