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C. P. Oscar Jaramillo Toro
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    Códigos y Estatutos.
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Decreto 624 de 1989
"Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Codigo Sustantivo del Trabajo
Esta edición se trabajó sobre la publicación de la Edición Oficial del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, con sus modificaciones, ordenada por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en el Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio de 1951, compilando los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951

Decreto No 410 de 1971
Por el cual se expide el Código de Comercio.

  (2015-12-31) [Mas Información]
    Paquete tributario,contable y laboral 2015.
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    En lo relacionado con la reglamentación de medidas tributarias, la principal novedad, es la expedición de la ley 1739 de 2014
Ley 1739 Reforma Tributaria.
Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones.

Decreto No 2620
Por medio del cual se modifica y adiciona el decreto 2460 de 2013, en cuanto a procedimientos relacionados con el RUT.

Decreto No 2621
Por el cual se reajustan los valores absolutos del impuesto sobre vehículos automotores de que trata el artículo 145 de la ley 488 de 1998, para el año gravable 2015.

Decreto No 2623
Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones.

Decreto No 2624
Por el cual se reglamentan los artículos 70 y 73 del Estatuto tributario.

Decreto No 2682
Por el cual se establecen condiciones y requisitos para la declaratoria de existencia de Zonas Francas permanentes costa afuera.

Decreto No 2686
Por medio del cual se modifica el decreto 1794 de 2013.

Decreto No 2688
Por medio del cual se reglamentan los artículos 36-1, 319-3, 319-4, 319-5 y 319-6 del Estatuto Tributario.

Resolución No 000245
Por la cual se fija el valor de la unidad de valor tributario - UVT aplicable para el año 2015.
    En cuanto la normatividad contable se expidió los siguientes decretos
Decreto No 2548
Se reglamentan los artículos 4 de la Ley 1314 de 2009, 165 de la Ley 1607 de 2012,773 y 774 del Estatuto Tributario.

Decreto No 935
Por el cual se corrige un yerro en el artículo 3 de la Ley 1694 de 2013.
    En materia laboral se fijo el salario minimo legal y el auxilio de transporte con los siguientes decretos
Decreto 2731
Salario mínimo para 2015 será de $644.350

Decreto 2732
Auxilio de transporte para trabajadores en 2015 se estableció en 74.000 pesos
  (2015-12-31) [Mas Información]
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Calendario tributario mes de Marzo de 2015
Your Title Here
Fuente DIAN, Calendario tributario 2014
  (2015-03-24) [Mas Información]
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
    Proyecto de Resolución "Por la cual se asigna un cupo para la importación de bebidas alcohólicas en la Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribía y Manaure y se establecen requisitos y controles para asegurar su debida utilización".
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    En el Acuerdo del GATT de 1994, se imparten directrices destinadas a la Administración no discriminatoria de las restricciones cuantitativas, se requiere entonces establecer requisitos y procedimientos para la asignación de cupos o contingentes bajo el mecanismo "primer llegado/ primer servido", garantizando condiciones transparentes y equitativas a los usuarios de comercio exterior.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o.
Establecer un cupo de importación a la Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure por el término de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución para las bebidas alcohólicas clasificables por la partida 2208 del Arancel de Aduanas, salvo la subpartida 2208.90.10.00, equivalente a 377.305 litros.

PARÁGRAFO. El cupo previsto en el presente artículo será distribuido entre las asociaciones que agrupen los comerciantes e importadores de la Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribía y Manaure. Para poder acceder a este tratamiento tanto las asociaciones como sus integrantes deberán a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, cumplir con los siguientes requisitos:
  • 1. Las asociaciones, deben haber obtenido el reconocimiento de su personería jurídica.

  • 2. Estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), acreditando su condición de contribuyente declarante del Impuesto sobre la Renta, de responsable del Régimen Común del Impuesto sobre las Ventas y de usuario aduanero importador;

  • 3. Contar con los registros sanitarios especiales de que trata el Decreto 4445 de 2005 “Por el cual se crea el Registro Sanitario Especial de Bebidas Alcohólicas para la Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribía y Manaure”, para todos los productos que se pretendan importar.
  (2015-03-06) [Mas Información]
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Fuente: Ámbito Jurídico
    Consejo de Estado recuerda condiciones para garantizar protección reforzada por maternidad.
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    La Sección Quinta del Consejo de Estado recordó que el alcance del fuero de maternidad se determina por la modalidad de contrato, teniendo en cuenta si el empleador conocía o no del estado de embarazo de la empleada al momento de la desvinculación.
Según indicó, el desconocimiento del embarazo a la terminación de un contrato de trabajo no impide la protección constitucional, que surge a partir del momento de la concepción.

En el caso analizado, la corporación amparó los derechos al mínimo vital, la estabilidad laboral reforzada y la seguridad social de una mujer que fue despedida a la quinta semana de gestación, y le ordenó al representante legal de una empresa de servicios temporales el pago de la licencia de maternidad, como medida sustituta al pago de cotizaciones.

Jurisprudencialmente, indicó, se ha señalado que para hacer efectivo el fuero de maternidad en caso de despido, deben concurrir los siguientes requisitos:
  • 1. Que el despido haya tenido lugar durante el embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto.
  • 2. Que el empleador conocía o intuía el estado de gravidez de la trabajadora.
  • 3. Que el despido fue por razón del embarazo.
  • 4. Que no medió autorización del inspector de trabajo, tratándose de trabajadora oficial o privada, o que no existió resolución motivada del jefe del organismo, si se trata de empleada pública.
  • 5. Que el despido amenaza el mínimo vital de la gestante y de quien está por nacer.
  (2015-03-06) [Mas Información]
Fuente: Ámbito Jurídico
    Entidades de medicina prepagada no pueden suspender cobertura médica alegando preexistencias.
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    Las entidades que ofrecen planes adicionales en salud (medicina prepagada) no pueden suspender la cobertura médica de un afiliado o sus beneficiarios alegando preexistencias que no quedaron expresamente excluidas al suscribir el contrato.
Esto es así, incluso, si se trata de enfermedades congénitas que, al momento de suscribir el plan adicional de salud, no han sido diagnosticadas, pues la exclusión de dichas enfermedades no es general. Tampoco es posible suspender la prestación del servicio alegando mora en la cuota o prima a cargo del afiliado, cuando se ha aceptado el pago extemporáneo de lo debido.

Así lo recordó la Corte Constitucional, al advertirle a una entidad de medicina prepagada que no podía obstaculizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de sus usuarios, tomar decisiones que modifiquen o desmejoren la cobertura ofrecida a sus afiliados y beneficiarios, ni suspender los contratos de salud aduciendo mora en las cuotas que debe cubrir el usuario, a pesar de recibir la suma adeudada, sin objeción.

En el caso de los niños, agregó, dicha suspensión puede tener consecuencias irremediables para el desarrollo armónico de su salud física y mental, obstaculizando el goce de otros derechos, como la educación.

La corporación recordó que las entidades de medicina prepagada deben someter a sus posibles afiliados y beneficiarios a exámenes médicos, para determinar su estado de salud inicial y, con fundamento en el resultado, establecer si hay preexistencias que deban ser excluidas de la cobertura.
  (2015-03-06) [Mas Información]
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Fuente: Ámbito Jurídico
    Entrada en vigencia de NIIF no modificó disolución por pérdidas que reducen patrimonio neto.
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    La causal de disolución prevista en el numeral 2º del artículo 457 del Código de Comercio, relacionada con las pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50 % del capital suscrito, no sufrió ninguna modificación con la entrada en vigencia de las NIIF, precisó la Superintendencia de Sociedades.
Por lo tanto, su aplicación es independiente de las normas contables que se utilicen en el momento de la evaluación de la situación patrimonial de la compañía, para determinar si se incurre en causales de disolución.

Presentada la causal mencionada y siendo debidamente conocidos los estados financieros, los asociados podrán adoptar medidas para enervarla, dentro de los 18 meses siguientes a su ocurrencia, con el fin de restablecer el patrimonio, de acuerdo con la Ley 1429 del 2010, indicó la entidad.

Dentro de las medidas que se pueden tomar, está la venta de bienes valorizados, la reducción del capital suscrito, la capitalización (emisión de nuevas acciones) o utilizar las reservas que tenga la sociedad, etc.

El desconocimiento de este precepto hará solidariamente responsables a los administradores, por los perjuicios que causen a los accionistas o a terceros respecto de las operaciones realizadas después de la fecha en que se verifiquen o constaten las pérdidas, señaló la superintendencia.
  (2015-03-06) [Mas Información]
Fuente: Ámbito Jurídico
    Estas normas señalan los factores salariales que deben tenerse en cuenta para liquidar pensión.
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    El artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6º del Decreto 691 de 1994, es la norma que se debe aplicar para determinar los factores salariales con los que se debe liquidar la pensión de jubilación de los servidores públicos que consoliden su derecho en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993.
Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia, al recordar que desde las sentencias 17192 del 2002, 44206 del 2012 y SL-1851 (42208) del 2014, para determinar los factores salariales integrantes del ingreso base de liquidación (IBL), se aplica la norma vigente al momento en el que se causa el derecho.

En el caso analizado, el trabajador consolidó su derecho a la pensión de jubilación el 19 de noviembre del 2004, fecha en la que cumplió los 55 años de edad. Desde este punto de vista, el tribunal de instancia no se equivocó al determinar que los factores salariales con los cuales debía liquidarse su pensión eran los previstos en el artículo 1º del Decreto 1158.

Finalmente, agregó que los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que las condiciones pensionales de edad, tiempo y monto se rijan por las disposiciones anteriores que les sean aplicables, pero no así el IBL, regulado expresamente en la Ley 100.

De esta manera, para quienes les falten menos de 10 años para adquirir el derecho, el IBL se encuentra regulado en el artículo 36 de la Ley 100, mientras que para los que les falten 10 años o más, se aplica el artículo 21 de la misma norma (sentencias 44238 del 2011, 53037 del 2012, SL-570 del 2013 y SL-4649 del 2014).
  (2015-03-06) [Mas Información]
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Fuente: Portafolio.
    Misiones económicas y tributarias.
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    Las autoridades económicas han tenido la tradición de contratar misiones de expertos para analizar los grandes problemas nacionales y adelantar recomendaciones sobre las políticas públicas.
En un comienzo, estas fueron presididas por distinguidos economistas extranjeros, aunque en años más recientes la participación de los economistas colombianos, tanto en la dirección como en los trabajos técnicos de las misiones, ha sido más acentuada.

Las misiones han hecho excelentes diagnósticos y recomendaciones de tipo institucional y sobre las políticas públicas en áreas diversas tales como impuestos, gasto público, empleo, mercado de capitales, así como en los asuntos bancarios y financieros. Si bien sus recomendaciones no han sido siempre puestas en marcha de manera inmediata, a lo largo de los años, sí han tenido impacto profundo en la orientación de la política económica colombiana y en la consolidación de importantes reformas estructurales e institucionales.

Este fue el caso de las misiones de 1922 y 1930 dirigidas por Edwin Walter Kemmerer, que desembocaron en la creación del Banco de la República, la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República y en propuestas fundamentales en materia fiscal y monetaria para hacerle frente a la Gran Depresión.

Otras misiones, que ayudaron a orientar las políticas públicas, incluyen la del Banco Mundial de 1950, encabezada por Lauchlin Currie, la misión Taylor de la OEA sobre materias fiscales, la misión tributaria de Musgrave convocada por la Administración Lleras Restrepo, cuyas recomendaciones centrales fueron adoptadas en la Administración López Michelsen y la misión dirigida por Dudley Seers, cuyos resultados se sintetizaron en el libro ‘Hacia el Pleno Empleo’.
  (2015-03-06) [Mas Información]
Fuente: Gerencie
    Pago del auxilio de transporte no está condicionado a que en el lugar de residencia del trabajador se preste el servicio de transporte público.
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    Basta que el salario mensual del trabajador sea igual o inferior a dos veces el salario mínimo legal mensual para que cause el derecho al pago del auxilio de transporte, sin importar que en la ciudad se preste o no el servicio de transporte público. Tampoco importa la distancia ni las sumas que deba pagar el trabajador por concepto de pasajes.
Como es sabido, durante algún tiempo el pago del auxilio de transporte dependía de la distancia existente entre la residencia del trabajador y el lugar de trabajo, y el derecho se causaba únicamente si dicha distancia excedía los mil metros.

Pues bien, debido a las dificultades que a veces conllevaba el establecer con precisión la distancia, lo cual frecuentemente era fuente de conflictos entre empleadores y trabajadores, el gobierno a través del Decreto 25 del 9 de enero de 1963, reglamentario de la ley 15 de 1959, sustituyó el valor variable del auxilio de transporte (el valor dependía del número de viajes o pasajes que tuviera que pagar el trabajador), por una suma fija, la cual se dispuso entregar directamente a los trabajadores oficiales y particulares, sin tener en cuenta la distancia ni el número de viajes que tuviera que hacer el trabajador para ir a la empresa y regresar a su casa.

Ahora bien, desde la expedición de la ley 15 de 1959, se estableció que el auxilio de transporte sólo aplicaría en aquellas ciudades en donde se prestara el servicio de transporte público. El texto de la norma es el siguiente:
  • ARTICULO 2o. Establece a cargo de los patronos en los Municipios donde las condiciones de transporte así lo requieran, a juicio del Gobierno, el pago de transporte desde el sector de sus residencias hasta el sitio de su trabajo, para todos y cada uno de los trabajadores cuya remuneración no exceda de un mil quinientos pesos. ($ 1.500.00) mensuales.

    El Gobierno podrá decretar en relación con este juicio las exoneraciones totales o parciales que considere convenientes, así como también podrán graduar su pago por escala de salarios, o número de trabajadores, o monto del patrimonio del respectivo taller, negocio o empresa.
  (2015-03-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 7286
    TRANSFORMACION DE BIEN PRIMARIO - Impuesto de Industria y Comercio.
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    PRODUCCION PRIMARIA - Actividad no sujeta / ACTIVIDAD INDUSTRIAL - Imposición de gravamen .
Conforme al artículo 39 de la Ley 14 de 1983, les está prohibido a los municipios imponer gravámenes a la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, así como gravar la primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trata de producción agropecuaria, con excepción de las fábricas de productos alimenticios y toda industria en donde haya cualquier tipo de transformación, por mínimo o elemental que este sea.

No caben en la noción de transformación, las actividades consistentes en los procesos de selección, limpieza, empaque y conservación, que aun cuando conlleven la utilización de insumos no varíen la naturaleza del producto primario agrícola.

Reiteradamente se ha precisado que el proceso productivo primario culmina con la venta del producto y por ello la venta o comercialización de productos en estado natural o primario, sin ningún tipo de transformación, hecha por el productor de los mismos, no puede ser gravada con el impuesto de industria y comercio.

No determina la ley la forma en que debe efectuarse la producción primaria como tal, ni impone límites en consideración a la infraestructura o tecnología utilizada; pero previene sí, que cuando se trate de fábricas de productos alimenticios o de una industria donde haya un proceso de transformación del producto primario llevado a cabo, bien sea a través de medios artesanales, rudimentarios o elementales, no se estará cobijado por la prohibición.

Lo anterior, en atención a que de conformidad con la naturaleza del impuesto, la transformación de cualquier clase de materiales o bienes constituye actividad industrial, de acuerdo con lo definido en el artículo 34 de la Ley 14 de 1983.
  (2015-03-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 7286
    PROHIBICION TRIBUTARIA - Producción primaria agrícola / LEY DE FOMENTO PANELERO - Alcance.
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    El impuesto de industria y comercio no recae sobre artículos, sino sobre la realización de actividades y que la no sujeción no es en cuanto a las personas, sino en consideración a la actividad, que debe ser agropecuaria, con exclusión expresa de las industrias en las que haya cualquier tipo de transformación.
Establecido entonces, que las prohibiciones cubren la producción primaria agrícola, sin proceso de transformación y que no pueden aplicarse a los trapiches paneleros en los cuales hay un proceso de elaboración y procesamiento en el cual las materias primarias se transforman en productos nuevos, es evidente que el acto acusado visto a la luz de las normas reguladoras del impuesto de industria y comercio, a las que se advierte, de manera primordial debía sujetarse, no merece tacha de ilegalidad.

De donde se concluye que no era necesaria la expedición de la Ley 40 de 1990, para que el municipio incluyera las actividades que se analizan, como sujetas al impuesto a través del acuerdo demandado, en atención a que dicha ley "por la cual se dictan normas para la protección y desarrollo de la producción de panela y se establece la cuota de fomento panelero", no tuvo incidencia en las normas legales relativas al impuesto de industria y comercio pues además de no hacer referencia alguna sobre ellas, dentro de su objeto no se cuenta el de adicionarlas, modificarlas o derogarlas, por lo que la citada Ley 40 no modificaba la situación legal del impuesto.

En efecto, la actividad de procesamiento de la caña de azúcar para la producción de panela constituye un elemental proceso industrial, para transformar la caña de azúcar en productos para consumo humano; pero este proceso no constituye prolongación de la actividad primaria agrícola y en consecuencia, no puede beneficiarse de la prohibición establecida. Se colige entonces que los establecimientos fabriles dedicados a la transformación o elaboración de productos agrícolas son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio.
  (2015-03-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    COSA JUZGADA EN DEMANDAS CONTRA RESOLUCIONES DE SANCION POR MEDIOS MAGNETICOS - No se presentan cuando los apartes demandados en cada proceso son diferentes.
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    Se presenta cosa juzgada cuando entre el proceso de nulidad que se tramita y el ya juzgado exista identidad de objeto e identidad de causa.
La identidad de objeto exige que la petición en los dos procesos sea la misma, y la identidad de causa implica que los fundamentos jurídicos de la pretensión sean idénticos.

Para la Sala, contrario a lo señalado por la señora Procuradora, no se presenta cosa juzgada, porque no se cumplen las condiciones que la originan, toda vez que en el proceso 13290 citado por el Ministerio Público, no se demandó la nulidad total o parcial del artículo 3° de la Resolución 9483 del 17 de noviembre de 2000 que ahora se acusa, sino el artículo 61 de la Resolución 0770 de 1995 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el artículo 43 (parcial) de la Resolución 478 de 2000 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Ahora bien, los fundamentos jurídicos de las pretensiones en aquel proceso no son los mismos que ahora expone el demandante en este caso, pues mientras en el proceso ya resuelto se invocaba la vulneración a los artículos 29 de la Constitución Política; 676 del Estatuto Tributario; y 1608 del Código Civil, ahora se señalan como normas quebrantadas los artículos 674 y 675 del Estatuto Tributario.

Teniendo en cuenta que las pretensiones y sus fundamentos, en el proceso juzgado y en el actual son diferentes, no hay identidad ni en su objeto ni en la causa y por tanto, tampoco existe cosa juzgada que impida a la Sala pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda.
  (2015-03-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 14031
    SANCION POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACION REMITIDA - Conforme a jurisprudencia reiterada se debe calcular el monto de la sanción proporcionalmente mediante regla de tres.
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    RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN IMPOSICION DE SANCIONES TRIBUTARIA - Deben atenderse y no fijar en todos los casos el tope máximo de la sanción.
La Sala ha considerado que cuando una norma, al establecer el monto de la sanción tributaria, utiliza la expresión "hasta", significa que la multa puede imponerse teniendo en cuenta un margen de flexibilidad que permite a la Administración graduar la sanción, sin que dé lugar a entender que el porcentaje o valor que se consagra, deba ser considerado como valor fijo, sino como un tope máximo.

Siguiendo este criterio, la Sala estableció algunos parámetros con el fin de hacer efectiva la gradualidad de la sanción por inconsistencias en la información remitida, contemplada en el artículo 675 del Estatuto Tributario. En la Sentencia del 12 de septiembre de 2002, Exp. 12615, que se reitera en esta ocasión, se indicó lo siguiente:"
  • ...Considera la Sala, que para este evento, basta aplicar una regla de tres simple, para determinar un monto proporcional de la sanción, pues si el tope máximo en este caso es de $7.700 (Año 2004 $18.000. D.R. 3804 de 2003), está suma se aplicará cuando los errores alcancen el 3% de documentos errados frente al total de documentos por tipo y la suma se rebajará en la medida en que el porcentaje de error también sea menor.
Conforme con lo expuesto, la Administración debe graduar la sanción y si es el caso incluso imponer el tope máximo, explicando las razones para ello, pero no es posible en forma general determinar que en todos los casos se aplicará la sanción máxima
  (2015-03-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 14031
    SANCIONES TRIBUTARIAS - Principios de razonabilidad y proporcionalidad.
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    FACTOR DE GRADUALIDAD EN SANCION POR ERRORES DE VERIFICACION - Está incluido en el artículo 674 del E. T. y por ello no es procedente incluirlo en la resolución que reglamentó su cálculo.
Sin embargo el texto del artículo 674 del Estatuto Tributario contiene unos criterios de gradualidad de la sanción que limitan la discrecionalidad del funcionario, como quiera que se imponen en el primer evento "por cada declaración, recibo o documento recepcionado con errores de verificación, cuando el nombre, la razón social o el número de identificación tributaria, no coincidan con los que aparecen en el documento de identificación del declarante, contribuyente, agente retenedor o responsable.

"Tratándose del artículo 674 del Estatuto Tributario se fijan unos lineamientos de razonabilidad muy precisos y que atienden los criterios de justicia contemplados en el artículo 683 del Estatuto Tributario, de tal forma que no permiten introducir razonamientos adicionales que tiendan a valorar otras circunstancias particulares diferentes a las señaladas en la norma.

Incluir razonamientos adicionales para graduar el valor base de la sanción, lograría lo que se pretende evitar: Que cada funcionario estableciera según su propia opinión los criterios de gravedad de los errores, no basado en el comportamiento que se quiere castigar, sino en otros aspectos subjetivos e ilimitados.

Esta circunstancia generaría un tratamiento desigual para las entidades autorizadas para recaudar dependiendo del funcionario que individualmente considerado revise cada caso. La Sala mantiene el criterio que la expresión "hasta" conlleva implícitamente un criterio de gradualidad, y en este caso, revisado el contexto general del artículo 674 del Estatuto Tributario, se observa que la norma lo desarrolla a cabalidad, de tal forma que no es posible adicionar criterios en procura de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las
  (2015-03-06) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2000-1159-01(12817)
    PRESCRIPCION DE LA ACCION SANCIONATORIA - En materia tributaria no se aplica el artículo 38 del C.C.A.
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    TERMINO PARA IMPONER SANCIONES TRIBUTARIAS - Tratándose de sanciones mediante resolución independiente es de dos años.
PLIEGO DE CARGOS PARA SANCIONAR - Debe proferirse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que ocurrió la irregularidad.

Al respecto observa la Sala, que contrario a lo estimado por el Tribunal, no es aplicable el articulo 38 del Código Contencioso Administrativo, puesto que debe observarse el principio de la prevalencia de los procedimientos especiales sobre el procedimiento general contemplado en el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo.

De conformidad con el citado artículo 638 del Estatuto Tributario, el término para imponer las sanciones (por resolución independiente) es de dos años. La entidad oficial deberá formular el pliego de cargos, previo a la imposición de la sanción, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que "ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad para el caso de las infracciones continuadas" y vencido el término de respuesta al pliego de cargos, dispone de un plazo de 6 meses para proferir la sanción correspondiente, como en otras oportunidades lo ha indicado la Sala.
  (2015-03-06) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Radicación número: 25000-23-27-000-2000-1159-01(12817)
    FACTOR DE GRADUACION EN SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN ENTREGA DE INFORMACION - Al no indicarse claramente en la demanda imposibilita acceder a su reconocimiento.
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    DIAS DE EXTEMPORANEIDAD EN SANCION POR INFORMACION EXTEMPORANEA - Se contabiliza a razón de un día por cada paquete o cinta.
Ahora, en esta instancia, se pide obtener y aplicar el factor de graduación, pero sin siquiera determinar y cuantificar los datos precisos que a su juicio deberían ser tenidos en cuenta para el período de 1996, limitándose al enunciado genérico:

"( No. documentos banco período, total documentos bancos y factor de graduación -500 o 1.000, según el caso) que corresponda a cada año...", lo que imposibilita a la Sala establecer cual sería el factor de graduación aplicable al demandante para el año discutido.

Finalmente, acerca del punto relacionado con la forma de contabilizar la extemporaneidad en la entrega de la información, la Sala no ha variado su criterio, que corresponde al expuesto en diversas oportunidades en las que con apoyo en las normas que rigen la materia, articulo 676 del E.T. en concordancia con la resolución 770 de l995, ha sido constante en precisar que los días extemporáneos se contabilizan a razón de un día por cada uno de los paquetes y cintas, contrario a como lo plantea el Banco actor, de tomar la totalidad de la información en relación con todos los documentos y cintas correspondientes a un mismo día de recaudo.
  (2015-03-06) [Mas Información]
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
    Proyecto Resolución por el cual se modifica parcialmente Res 7 de 2008, competencia funcional DIAN.
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    Algunos apartes del inciso 1º del numeral 7.1. del artículo 1º de la Resolución 7 de 2008, han sido objeto de diversas interpretaciones por las distintas seccionales, lo cual ha originado que se susciten conflictos de competencia y que no se aplique la excepción.
RESUELVE
ARTICULO 1º.
Modifíquese el numeral 7.1 del artículo 1o de la Resolución 0007 del 4 de noviembre de 2008, el cual quedará así:
  • 7.1. Los procesos sancionatorios o de formulación de liquidaciones oficiales que deban adelantarse por situaciones presentadas en el control previo o simultáneo a las operaciones de comercio exterior, en los regímenes de importación, exportación y tránsito aduanero, aunque se hayan advertido en el control posterior, serán de competencia de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el lugar por donde salió o se introdujo la mercancía al territorio aduanero nacional.

    Tratándose de importaciones temporales, esta competencia se extiende hasta la conclusión de la respectiva modalidad. La aduana donde se autorizó el tránsito aduanero conocerá también de las infracciones consistentes en la no llegada de la totalidad de la mercancía o parte de ella al depósito o a la zona franca.

    Por su parte, la aduana donde finaliza la modalidad será la competente para adelantar el proceso respecto de las demás infracciones que se cometan con posterioridad a la autorización del régimen hasta su conclusión.”
ARTICULO 2°: La presente resolución rige a partir de los quince (15) días siguientes a la fecha de su publicación en el diario oficial.
  (2015-03-05) [Mas Información]
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público
    Proyecto Decreto que modifica el 803 de 2013. Impuesto Nacional al Consumo Regimen Simplificado.
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    Se hace necesario modificar el artículo 6 del Decreto 803 de 2013, en el sentido de precisar que al régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo sólo pertenecen las personas naturales que en el año anterior hubieren tenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a cuatro mil (4.000) UVT.
DECRETA
ARTÍCULO 1°.
Modifíquese el artículo 6 del Decreto 803 del 24 de abril de2013, el cual quedará así:

“Artículo 6°. Disposiciones específicas para los responsables del régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo de Restaurantes y Bares.
Las personas naturales que presten el servicio de restaurante y el de bares y similares, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 512–1 del Estatuto Tributario, que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales, provenientes de la prestación del servicio de restaurantes y bares, inferiores a cuatro mil (4.000) UVT, pertenecen al régimen simplificado del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares y deberán observar las siguientes obligaciones y prohibiciones:
  • a) Obligación de inscribirse en el Registro Único Tributario RUT, de acuerdo con las fechas que se señalen mediante resolución expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con fundamento en lo previsto en el literal f del artículo 5° del Decreto número 2460 de 2013;
  (2015-03-05) [Mas Información]
Fuente: Dinero
    Tips para que el pago de impuestos no lo coja desprevenido.
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    Estas recomendaciones aplican paran el calendario tributario va hasta enero de 2016.
Tips
1. Determinar sobre qué impuestos y/o contribuciones es sujeto pasivo de acuerdo con la actividad económica que desarrolla: de esta forma es más fácil identificar la fecha de su pago para no incurrir en cobros de mora.

2. Informarse sobre la forma de dar cumplimiento de sus obligaciones tributarias y cómo tomar las mejores decisiones al respecto. Para esto, en las páginas web de las autoridades tributarias se publica información relacionada con el ámbito formal de cumplimiento de estas obligaciones. No obstante, en caso de incertidumbre sobre la situación fiscal o sobre las mejores prácticas, lo más eficiente es buscar apoyo con un experto en la materia.

3. Verificar con antelación las fechas de vencimiento de cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

4. Proveerse, con antelación, de los recursos necesarios para sufragar los impuestos: destinar el dinero suficiente para sus obligaciones tributarias para no dejar el pago para última hora.

5. Elaborar y presentar sus declaraciones con suficiente antelación a los vencimientos: Esto le permitirá evitar atrasos de última hora y complicarse con posibles congestiones del sistema.
  (2015-03-05) [Mas Información]
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Fuente: El Tiempo
    Empresas podrán hacer prueba de alcoholemia a sus trabajadores.
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    Fallo señala que empleadores tienen libertad de escoger mecanismos para detectar si hay embriaguez.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al resolver un recurso de casación contra una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, señaló que es legítimo que un empleador haga pruebas de alcoholemia a sus empleados.

“Los dispositivos técnicos útiles para determinar el estado de embriaguez etílica de un trabajador, además de que constituyen un instrumento legítimo del empleador en la tarea de preservar la seguridad industrial y afrontar situaciones de riesgo, al mismo tiempo representan uno de los recursos fundamentales con los que cuenta el trabajador para ejercer su derecho de defensa y controvertir las imputaciones que le pueden ser elevadas, sin algún tipo de soporte técnico”, señaló el alto tribunal en su decisión.

El caso era el de un hombre que fue despedido debido a que se negó a practicarse la prueba. El argumento con el que pretendía tumbar la decisión del Tribunal que no falló a su favor la demanda contra la empresa, era que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses era la única entidad autorizada para determinar el estado de embriaguez de una persona. Sin embargo, frente a ese argumento, “la Corte debe señalar que, en lo que concierne al ámbito de las relaciones laborales, como lo dedujo el Tribunal, no existe alguna norma que determine que las pruebas de alcoholemia sean de la potestad exclusiva de Medicinal Legal”.
  (2015-03-05) [Mas Información]
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Resolución 3052 / 03-02-2015
    Se solicita: “soporte con respecto al Impuesto a la Riqueza en cuanto a la deducción y tratamiento de los aportes sociales en el sector Cooperativo, según la reforma tributaria 1739/2014”.
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    En relación con el tema es necesario señalar que el soporte legal sobre el tema de apor­tes sociales en el sector cooperativo y su exclusión de la Base gravable del Impuesto a la Riqueza se encuentra en numeral 9 del artículo 4º de la Ley 1739 de 2014, que adicionó el artículo 295-2 al Estatuto Tributario, cuyo tenor literal reza:
Artículo 295-2. Base Gravable.
La base gravable del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio bruto de las personas jurídicas y sociedades de hecho poseído a 1º de enero de 2015, 2016 y 2017 menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas, y en el caso de personas naturales y sucesiones ilíquidas, el patrimonio bruto poseído por ellas a 1º de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas, determinados en ambos casos conforme a lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto, excluyendo el valor patrimonial que tengan al 1º de enero de 2015, 2016 y 2017 para los contribuyentes personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que tengan a 1º de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, los siguientes bienes:
  • 1. En el caso de las personas naturales, las primeras 12.200 UVT del valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación.

  • 2. El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacionales poseídas directamente o a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias, seguros de pensiones voluntarias o seguros de vida individual determinado conforme a las siguientes reglas:
  (2015-03-05) [Mas Información]
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Fuente: El Pais
    Alertan por resurgimiento de pirámides financieras en Colombia.
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    Superintendente de sociedades, Francisco Reyes, advierte a la ciudadanía sobre el resurgir de este tipo de captadoras ilegales.
Un nuevo llamado hizo el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, a la ciudadanía, para que no ponga sus recursos en manos de falsas empresas y firmas no autorizadas para captar dinero, ya que se trata de nuevas pirámides que buscan estafar al público.

El funcionario informó que en desarrollo de tareas de control que desarrollan junto a la Superintendencia Financiera se han intervenido 250 captadoras en los dos últimos años. Reyes destacó que tras la estafa cometida por David Murcia, cerebro de DMG, se han devuelto recursos a 200.000 personas. Pero muchas otras no los recibirán.

La Supersociedades, a partir del 2008, junto a la Superintendencia Financiera, adelanta a diario una ‘cacería’ a este tipo de entidades que captan recursos de manera ilegal.
  • ¿En qué va el castigo contra los promotores de empresas fantasmas que son verdaderas pirámides y que no han desaparecido del todo?
La Superintendencia tiene unas facultades muy especiales, a partir del Decreto 4334 del 2008 que se expidió a raíz de la crisis que provocó DMG. En realidad, toda persona que capte dineros del público en forma ilegal, a través de operaciones de intermediación financiera sin la autorización expresa de la Superfinanciera, está sujeta a sanciones y a un proceso de intervención por parte de las autoridades y a un plan para la devolución obligatoria de los recursos. Primero, se pagan las deudas a las víctimas y luego se satisfacen los otros pasivos.
  (2015-03-05) [Mas Información]
Superintendencia de Sociedades.
Concepto 220011434 / 05-02-2015
    CESION DE CUOTAS – LIQUIDACION VOLUNTARIA.
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    A petición de cualquiera de los socios, procede declarar judicialmente la disolución y decretar la liquidación de una sociedad civil, comercial o de hecho, por las causales previstas en la ley o en el contrato social.
Consulta:
Me refiero a su escrito radicado con el número citado en la referencia, mediante el cual previa relación de una serie de hechos que dicen de la situación de una sociedad de responsabilidad Ltda., plantea una serie de interrogantes atinentes al procedimiento de liquidación voluntaria, dada la imposibilidad de avanzar en dicho trámite debido a que son dos socios cada uno con el 50% del capital social y, sus diferencias en torno al estado de la sociedad, como la posibilidad de efectuar una cesión de cuotas a un tercero sin atender al derecho de preferencia en la liquidación, la posibilidad de aumentar el capital social e ingreso de otros socio, y finalmente los mecanismos para facilitar la liquidación dado el conflicto entre ambos socios.

En el caso particular de las sociedades de responsabilidad limitada, se tiene que sin perjuicio de la sujeción a las reglas previstas en los artículos 181 y SS del Código de Comercio, en la junta de socios cada socio tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en la compañía, atendiendo que por regla general todas sus decisiones se deberán tomar por un número plural de socios que representen la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la compañía, salvo que en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada las partes estipulen en los estatutos una mayoría superior.

Por tanto, tratándose de determinaciones que correspondan al máximo órgano social, en principio no resultará ajustada a derecho ninguna decisión cualquiera sea su propósito, que se adopte por uno sólo de los socios, independientemente de la cantidad de cuotas que éste posea.
  (2015-03-05) [Mas Información]
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Superintendencia de Sociedades.
Concepto 220012428 / 10-02-2015
    REGISTRO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA.
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    Las consecuencias del no registro de la inversión extranjera, afectan al inversionista o a su representante, pero no a la compañía la que en todo caso, debe cumplir sus obligaciones societarias, como la de repartir utilidades de acuerdo con sus estatutos y suministrar a los socios la información que requiera sobre su inversión.
Consulta:
Me refiero a su comunicación radicada por conducto del Banco de la República con el número 2014-01-594001, mediante la cual pone de manifiesto la situación en que se encuentre una empresa que no registró una inversión extranjera y, a ese respecto formula las siguientes inquietudes:
  • 1. Es necesario registrar en este momento la inversión inicial? O solo el saldo de la inversión
  • 2. Cuál sería la sanción por extemporaneidad del registro?
  • 3. Qué implicaciones tendría para la compañía hacer el registro en este momento?
  • 4. Teniendo en cuenta que la inversión No está registrada a la fecha, que pasaría si la compañía decide pagar dividendos?
  • 5. Al igual que el ítem anterior, que sucedería si el inversionista solicita el saldo de su inversión actual?
Sobre el particular se debe advertir que este Despacho con fundamento en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, profiere los conceptos de carácter general y en abstracto a que haya lugar con motivo de las consultas que le son formuladas sobre las materias de su competencia, mas no le es dable mediante esta instancia emitir pronunciamientos de ninguna índole sobre situaciones particulares y concretas y tampoco está dentro de sus funciones la de asesorar a las sociedades comerciales en decisiones que son del resorte intemo de sus negocios sociales.
  (2015-03-05) [Mas Información]
Fuente: Portafolio.
    Misiones económicas y tributarias.
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    Las autoridades económicas han tenido la tradición de contratar misiones de expertos para analizar los grandes problemas nacionales y adelantar recomendaciones sobre las políticas públicas.
En un comienzo, estas fueron presididas por distinguidos economistas extranjeros, aunque en años más recientes la participación de los economistas colombianos, tanto en la dirección como en los trabajos técnicos de las misiones, ha sido más acentuada.

Las misiones han hecho excelentes diagnósticos y recomendaciones de tipo institucional y sobre las políticas públicas en áreas diversas tales como impuestos, gasto público, empleo, mercado de capitales, así como en los asuntos bancarios y financieros.

Si bien sus recomendaciones no han sido siempre puestas en marcha de manera inmediata, a lo largo de los años, sí han tenido impacto profundo en la orientación de la política económica colombiana y en la consolidación de importantes reformas estructurales e institucionales.

Este fue el caso de las misiones de 1922 y 1930 dirigidas por Edwin Walter Kemmerer, que desembocaron en la creación del Banco de la República, la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República y en propuestas fundamentales en materia fiscal y monetaria para hacerle frente a la Gran Depresión.

Otras misiones, que ayudaron a orientar las políticas públicas, incluyen la del Banco Mundial de 1950, encabezada por Lauchlin Currie, la misión Taylor de la OEA sobre materias fiscales, la misión tributaria de Musgrave convocada por la Administración Lleras Restrepo, cuyas recomendaciones centrales fueron adoptadas en la Administración López Michelsen y la misión dirigida por Dudley Seers, cuyos resultados se sintetizaron en el libro ‘Hacia el Pleno Empleo’.

En la Administración Turbay Ayala se organizó la misión de finanzas intergubernamentales, orientada por Richard Bird. Bajo Betancur y Barco se convocó la misión Chenery, y posteriormente, en los noventas, la de Alberto Alesina.
  (2015-03-05) [Mas Información]
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Superintendencia de Sociedades.
Concepto 220012547 / 11-02-2015
    ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS.
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    Ley 1429 de 2010. Artículo 63. Contratación de personal a través de CTA. El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.
Me refiero a su escrito, recibido vía correo electrónico, radicado en esta entidad con el número 2015- 01- 000278, mediante el cual previa descripción de su relación como trabajador con una sociedad por acciones simplificada SAS, formula las siguientes inquietudes
  • 1. Está permitido ésta forma de vinculación laboral impuesta y a la vez excluyente?

  • 2. Es viable y legal excluir bajo la premisa enunciada por las directivas, el acceso a nuevos accionistas que son asociados a la SAS?
Al respecto, este Despacho se permite en primer lugar advertir dentro de sus funciones no está la de pronunciarse sobre temas laborales, máxime que su competencia es reglada y ese es un asunto del resorte exclusivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

No obstante lo anterior, es pertinente traer a colación el comentario que aparece en la página electrónica Actualicase.com (Actualidad- Derecho Laboral), a cuyo tenor se tiene:

“Desde el pasado 16 de junio de 2011, cuando entraron en vigencia las drásticas sanciones para los empresarios por usar a las CTA para evadir la contratación directa de los trabajadores que ejecutan las labores habituales de la empresa, a muchos genios (los verdaderos dueños de las CTA), les ha dado por pretender disolver la CTA y crear Sociedades por Acciones Simplificadas —SAS- y con ello, seguir prestando un servicio de intermediación laboral en contravía de las leyes laborales del país.
  (2015-03-04) [Mas Información]
Fuente: Gerencie
    Licencia por luto cuando el trabajador labora lejos del familiar fallecido.
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    La licencia por luto es una licencia remunerada, y la ley sólo obliga a conceder y remunerar 5 días hábiles, de manera tal que si el empleador decidiera voluntariamente otorgarle al trabajador unos días más de licencia, esos días adicionales pueden no ser remunerados, es decir, que el empleador puede descontárselos al trabajador.
De acuerdo al numeral 10 del artículo 57 del código sustantivo del trabajo adicionado por la ley 1280 de 2009, el empleador tiene la obligación de conceder al trabajador una licencia por luto de 5 días hábiles en caso de la muerte de un familiar (¿Qué familiares dan derecho a la licencia?), y nos preguntan nuestros lectores que si en los casos en que el trabajador labora en un lugar distante al sitio donde falleció su familiar puede exigir que se le amplíe la licencia por luto más allá de los 5 días hábiles a que tiene derecho.

Es natural que si el trabajador vive lejos del familiar que ha fallecido, los 5 días de licencia pueden ser pocos y es probable que apenas le alcancen para trasladarse al lugar correspondiente, por lo que luce razonable la posibilidad de solicitar que la licencia por luto se extienda, pero hay que decir que la ley no considera esa posibilidad, aunque nada impide que el empleador por su propia decisión acceda a concederle un mayor tiempo al trabajador.

Recordemos que la licencia por luto es una licencia remunerada, y la ley sólo obliga a conceder y remunerar 5 días hábiles, de manera tal que si el empleador decidiera voluntariamente otorgarle al trabajador unos días más de licencia, esos días adicionales pueden no ser remunerados, es decir, que el empleador puede descontárselos al trabajador. Eso ya será un acuerdo entre las partes al momento de acordar los días adicionales que se otorgarán, y se puede optar por el descuento, o por recuperar esos días de alguna forma, o incluso remunerarlos.
  (2015-03-04) [Mas Información]
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Fuente: Portafolio.
    Lecheros quieren la mitad de la parafiscalidad.
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    Las cuentas deberían partirse en dos, una para leche y otra para carne, dice Analac.
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), Carlos Alberto Estefan, pidió al Gobierno nacional que considere la necesidad que tienen los productores de que se separen, en dos, las cuentas de la parafiscalidad que pagan los ganaderos del país.

“El recaudo de la cuota lechera lo hacen las pasterizadoras y la de carne los mataderos, siendo supremamente sencillo y práctico identificar por separado el recaudo.

Por ese motivo, Analac hace mucho tiempo propuso la creación del Fondo Nacional de la Leche, teniendo en cuenta los requerimientos del sector lácteo y procurar así su modernización y competitividad”, dijo Estefan.

El dirigente gremial destacó que es justo que el país aumente su capacidad de pulverización; complemente la dotación de frio; mejore las condiciones de comercialización; haga investigación y transferencia de tecnología, asesoría y asistencia técnica en este renglón específicamente; esto lo lograría con la parafiscalidad.
  (2015-03-04) [Mas Información]
Fuente: Gerencie
    ¿Cuántas veces se puede prorrogar un contrato cuya duración es igual o inferior a 30 días?.
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    Por disposición del artículo primero del decreto 1127 del 29 de abril de 1991, los contratos de trabajo a término fijo cuya duración sea igual o menor a 30 días no requieren preaviso para su terminación, pero como todo contrato también se pueden prorrogar, así que la duda a resolver tiene que ver con las veces que se puede renovar un contrato de estas características.
El mismo artículo primero de decreto 1127 del 1991 se ocupa de resolver esta situación cuando dice que “No obstante, las partes, de común acuerdo, podrán pactar su prórroga en los términos previstos en el ordinal 2 del artículo 3o de la Ley 50 de 1990”, de manera que el decreto remite a la ley 50 de 1990 que en lo pertinente afirma:

  • No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente.
En consecuencia, en lo que tiene que ver con la renovación, a los contratos inferiores o iguales a 30 días se les aplica la norma general, de manera que solo se pueden renovar hasta por tres periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales la duración tendrá que ser como mínimo de un año.

Ahora, una vez se ha renovado un contrato a 30 días de duración por un periodo igual, esto es, otros 30 días, en nuestro criterio ese segundo contrato no requieren preaviso para la terminación, por cuando sigue siendo un contrato de 30 días al que le aplica lo dispuesto por el artículo primero del decreto 1127 de 1991. La situación viene a cambiar cuando ese contrato se renueve por un periodo superior caso en el que ya no le cobijará la excepción que prevé la norma frente al preaviso de no renovación.
  (2015-03-04) [Mas Información]
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