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C. P. Oscar Jaramillo Toro
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Fuente: Secretaria del Senado
DECRETO 624 DE 1989
(30 de marzo de 1989)
    "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales".
DECRETO 624 DE 1989
(30 de marzo de 1989)
Diario Oficial No. 38.756 de 30 de marzo de 1989
  • "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales"
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los artículos 90, numeral 5o., de la Ley 75 de 1986 y 41 de la Ley 43 de 1987, y oída la Comisión Asesora de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,

DECRETA:
ARTICULO PRIMERO.
El Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, es el siguiente:

IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES
TITULO PRELIMINAR.
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.

ARTICULO 1o. ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL.
La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.
  (2015-12-31) [Mas Información]
    CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.
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  • La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

TITULO PRELIMINAR.
PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 1o. OBJETO.
La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

ARTICULO 2o. APLICACION TERRITORIAL. El presente Código rige en todo el territorio de la República para todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad.

ARTICULO 3o. RELACIONES QUE REGULA. El presente Código regula las relaciones de derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares.

ARTICULO 4o. SERVIDORES PÚBLICOS. Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten.

ARTICULO 5o. DEFINICION DE TRABAJO. El trabajo que regula este Código es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo.

ARTICULO 6o. TRABAJO OCASIONAL. Trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador.
  (2015-12-31) [Mas Información]
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público
    PROYECTO DE LEY NÚMERO_________
    “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO, LA LEY 1607 DE 2012, SE CREAN MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIÓN, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
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    No Contribuyentes del Impuesto a la Riqueza. No son contribuyentes del Impuesto a la Riqueza de que trata el artículo 292-2 las personas naturales y las sociedades o entidades de que tratan los artículos 18, 18-1, el numeral 1 del artículo 19, los artículos 22, 23, 23-1, 23-2, así como las definidas en el numeral 11 del artículo 191 del Estatuto Tributario.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
CAPÍTULO I
IMPUESTO A LA RIQUEZA
ARTÍCULO 1. Adiciónese el Artículo 292-2 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
  • Artículo 292-2. Impuesto a la Riqueza - Sujetos Pasivos. Por los años 2015, 2016, 2017 y 2018, créase el Impuesto a la Riqueza a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales, las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país, son contribuyentes del Impuesto a la Riqueza, respecto de su riqueza poseída en el país, independientemente de que dicha riqueza sea poseída directamente o indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país.

    Igualmente, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno, las sociedades y entidades extranjeras son contribuyentes del Impuesto a la Riqueza, respecto de su riqueza poseída en el país, independientemente de que dicha riqueza sea poseída directamente o indirectamente a través de sucursales o establecimientos permanentes en el país.”
  (2014-12-31) [Mas Información]
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
    Proyecto de decreto que modifica el Decreto 660 de 2011 y se reglamenta el numeral 3 del Artículo 476 del Estatuto Tributario.
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    De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del Artículo 476 del Estatuto Tributario, se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas -IVA- entre otros servicios, las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias por la administración de fondos comunes, las comisiones recibidas por los comisionistas de bolsa por la administración de fondos de valores, las comisiones recibidas por las sociedades administradoras de inversión.
DECRETA
Artículo 1.
Modifíquese el artículo 7 del Decreto 660 de 2011 el cual quedará así:

“Inversiones o portafolios. Para efectos de la exención del gravamen a los movimientos financieros de que trata el numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario, se entienden como inversiones:
  • 1. Valores inscritos en el registro nacional de valores y emisores –RNVE, valores listados en sistemas de cotización de valores del extranjero, participaciones en fondos de inversión colectiva, divisas, e instrumentos transados en las bolsas de productos agropecuarios y otros commodities, adquiridos directamente o a través de fondos de inversión colectiva, patrimonios autónomos, encargos fiduciarios o cualquier otro mecanismo autorizado que se utilice para tal fin;

  • 2. Certificados de Depósito a Término y Certificados de Depósito de Ahorro a Término;

  • 3. Operaciones del mercado monetario realizadas directamente o a través de fondos de inversión colectiva, patrimonios autónomos, encargos fiduciarios y cualquier otro mecanismo autorizado que se utilice para tal fin. Para los mismos efectos, se entiende como portafolio un conjunto de inversiones.”
Artículo 2. Adiciónese al Artículo 8 del Decreto 660 de 2011 los numerales 7 y 8 los cuáles quedarán así:
  (2014-11-28) [Mas Información]
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
    Proyecto de Resolución de Entidades Financieras.
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    Se hace necesario aclarar una inconsistencia mecanográfica en el inciso 1 del artículo 6º de la Resolución 220 del 31 de octubre de 2014 relacionada con el valor mensual acumulado a reportar por concepto de los movimientos de naturaleza crédito o el saldo por el periodo a reportar.
RESUELVE:
TÍTULO I.
ARTICULO 1o .
Modifíquese el inciso 1 del artículo 6 la Resolución 220 de 2014 el cual quedará así:

“ARTICULO 6. Información de cuentas corrientes y/o ahorros
Por el año gravable 2015, los bancos y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realicen actividades financieras, deberán informar anualmente por periodos mensuales de cada una de las personas o entidades, cuando el valor mensual acumulado de los movimientos de naturaleza crédito de las cuentas corrientes y/o de ahorro sea superior a un millón de pesos ($1.000.000) o cuando el saldo por el periodo a reportar de cada una o varias cuentas corrientes y/o de ahorro de un mismo cuentahabiente sea igual o superior a un millón de pesos ($1.000.000), aunque al discriminar por cuenta, los valores a reportar sean menores, según lo dispuesto en los artículos 623 literal a), 623-2 (sic), 623-3 y 631-3 del Estatuto Tributario: “

ARTICULO 2o. Modifíquese el artículo 4 de la Resolución 00074 del 6 de marzo de 2014 el cual fue modificado por artículo 35 de la Resolución No. 000273 de 10 de Diciembre de 2013, el cual quedará así:
  (2014-11-28) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR – Se encuentra facultada para el cobro coactivo de multas por ella impuestas.
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    Creación y funciones sancionatorias de la superintendencia.
El señor Ministro de Trabajo, por solicitud del Superintendente de Subsidio Familiar, consulta a la Sala sobre la prerrogativa de cobro coactivo prevista en el artículo 98 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, en relación con las multas que impone esa Superintendencia como autoridad de inspección, control y vigilancia.

De conformidad con los antecedentes y preguntas formuladas en la consulta, la Sala estima que el problema jurídico a resolver puede plantearse en los siguientes términos:
  • ¿Está facultada la Superintendencia del Subsidio Familiar para adelantar el cobro coactivo de las multas impuestas en ejercicio de sus facultades legales de inspección, control y vigilancia, considerando que el producto de tales multas debe girarse a favor del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección al Desempleo que es administrado por las Cajas de Compensación Familiar, entidades que a su vez son vigiladas por esa superintendencia?.
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    ABANDONO LEGAL DE LA MERCANCIA - Mecanismos de defensa administrativos y judiciales procedentes contra el acto administrativo que declara el abandono legal de la mercancía.
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    El parágrafo del artículo 115 del Decreto 2685 de 1999, indica que es el interesado quien puede rescatar la mercancía, dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca el abandono, es decir que el propietario de la misma también está legitimado para adelantar dicho procedimiento.
Contra el acto administrativo que declara en abandono la mercancía puede presentarse el recurso de reconsideración, y agotada la vía gubernativa, el importador puede ejercer la acciones contenciosas de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, sin perjuicio del otro mecanismo administrativo dispuesto en la misma legislación aduanera denominado como rescate de la mercancía, que contiene una sanción de carácter pecuniario por la inactividad del importador en obtener oportunamente el levante de la mercancía.

El rescate consiste en adelantar dentro del mes siguiente a la declaración de abandono la declaración de legalización, el pago de los tributos aduaneros y un 15% del valor en aduana de la mercancía, así como el pago de los gastos de almacenamiento que se hayan causado (artículo 231 del Decreto 2685 de 1999).

Si el importador no adelanta el trámite de rescate, por disposición del artículo 526 del Decreto 2685 de 1999 la mercancía pasa a ser de propiedad de la Nación, quien dispone de ella para venderla, donarla, asignarla o destruirla, según el valor comercial, la calidad y las condiciones de la misma…
  (2014-11-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - No es requisito de procedibilidad que deba agotarse para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio del derecho público subjetivo de acción.
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    EL DERECHO A QUE SE RESTABLEZCA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO A UN PUNTO DE NO PERDIDA.
El Tribunal Administrativo de Casanare sostuvo que la sociedad contratista “… no requirió al Invías para que le restableciera el equilibrio económico del contrato y, en su entender, tal requerimiento constituye “… una exigencia previa para acudir a la jurisdicción administrativa…” (ibídem), conforme a lo previsto por el ordinal 1º del artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

A juicio de la Sala, la norma aludida por el Tribunal de primera instancia no establece un requisito de procedibilidad que deba agotarse para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como lo sugiere el a quo.

En efecto, cuando la norma prevé que, para la realización de los fines de que trata el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, los contratistas tendrán derecho a que, “… previa solicitud …”, la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no les sean imputables, está indicando que el restablecimiento del equilibrio económico del contrato procede a solicitud de parte y no de oficio,
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    SERVICIO NOTARIAL - Está gravado con el impuesto de industria y comercio, pues como servicio, corresponde a una actividad análoga a las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.
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    La Sala, en esta oportunidad, reitera que el servicio notarial, tal como se precisó anteriormente, es función pública y servicio público, gravado con el impuesto de industria y comercio, pues en calidad de servicio, corresponde a una actividad análoga a las previstas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983.
En la sentencia del 13 de agosto de 1999 (Expediente 9306), que ahora se reitera, se consideró, con fundamento en la sentencia C-741 de 1998, anteriormente transcrita, que el servicio notarial estaba gravado con el impuesto de industria y comercio […] La Sala, en esa oportunidad, decidió no anular los actos administrativos mediante los cuales el Distrito Capital había formulado liquidación de aforo a un notario por no presentar la declaración del impuesto de industria y comercio en esa jurisdicción territorial.

En esa oportunidad, el Consejo de Estado tuvo en cuenta la definición genérica de servicios prevista en el numeral 4 del artículo 154 del Decreto 1421 de 1993. En la sentencia del 5 de diciembre de 2003, que tuvo en cuenta el a quo para resolver la demanda que ahora se analiza, la Sala reiteró la sentencia del 13 de agosto de 1999. Valga precisar que en esta sentencia, la Sala decidió no anular la expresión “otras actividades de servicios no incluidas en otros grupos”, código 325, contenida en el artículo 38 del Decreto 306 de 1996 del municipio de Pereira.

En el mismo sentido se decidió en la sentencia del 27 de mayo de 2010 (Expediente 17324), en la que la Sala analizó la demanda de nulidad que interpuso la también demandante en este proceso, pero contra apartes del artículo 51 del Acuerdo 044 del 2001, expedido por el Concejo Municipal de Tuluá, Valle, que fijó la tarifa del impuesto de industria y comercio para el servicio de notarías.
  (2014-11-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    EXENCION DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS POR DESEMBOLSOS O PAGOS A TERCEROS - Requisitos cuando el desembolso del crédito se hace directamente al deudor.
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    Finalidad. La exención está sujeta a que el deudor destine el crédito a la adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos.
EXENCION DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS POR DESEMBOLSOS O PAGOS A TERCEROS - No procede cuando el deudor del crédito se dedique a la comercialización de automóviles, inmuebles y activos fijos financiados con el respectivo crédito.

Con la reforma establecida por el artículo 6° de la Ley 1430 de 2010, se modificó el numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario […] En lo que respecta a los desembolsos de los créditos que son objeto de la exención, el inciso primero de la norma señalada contempla dos situaciones a saber:
  • i) cuando el desembolso se realiza directamente al deudor y,
  • ii) cuando el desembolso se realiza a un tercero.
En el primer caso, la procedencia de la exención exige que el desembolso se realice mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida; que lo otorgue un establecimiento de crédito, una cooperativa con actividad financiera o una cooperativa de ahorro y crédito y, que dicha entidad esté vigilada por la Superintendencia Financiera o por la de Economía Solidaria.

En el segundo caso, esto es, cuando el desembolso se haga a un tercero, además de lo anterior, se requiere que el deudor del crédito lo destine a la adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos y, por tanto, el elemento relevante de la exención está dado en función de la destinación que del mismo haga el deudor que, se reitera, no es otra diferente a la adquisición de los bienes referidos, lo que no admite la destinación del crédito a otras actividades diferentes, en razón de la naturaleza restrictiva de las exenciones.
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - Creación. Causación. Hecho generador.
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    El gravamen a los movimientos financieros fue creado por la Ley 633 de 2000 y se causa desde el primero de enero del año 2001, a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman.
El hecho generador de este gravamen lo constituye “…la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia. (…)”.

La Sala observa que, como regla general, el gravamen a los movimientos financieros se causa por la disposición de recursos que se haga sobre las cuentas señaladas en el párrafo anterior y, como excepción a la misma, el artículo 879 del Estatuto Tributario, implementado por la mencionada Ley 633 de 2000, determinó dentro de las exenciones del tributo “(…) 11.

Los desembolsos de crédito mediante abono en la cuenta o mediante expedición de cheques, que realicen los establecimientos de crédito” (…)”. Desde el momento de su creación, el gravamen a los movimientos financieros ha sido objeto de múltiples reformas, todas ellas tendientes a ampliar el espectro de operaciones que, por implicar una disposición de recursos, entran a constituir el hecho generador del tributo.

Tal es el caso de la Ley 788 de 2002 que incorporó otros hechos generadores del tributo, sin que modificara el citado numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario. En efecto, el artículo 45 de la mencionada ley, incluyó como hechos generadores del gravamen el traslado o cesión a cualquier título de los recursos o derechos sobre carteras colectivas entre los copropietarios de los mismos, la disposición de recursos a través de contratos o convenios de recaudo suscritos por las entidades financieras con sus clientes en los que no exista disposición de recursos de cuentas corrientes, de ahorro o de depósito, los débitos que se hagan a cuentas contables y de otro género, para la realización de pagos y transferencias a terceros, diferentes a las corrientes, de ahorro y de depósito.
  (2014-11-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION - No se tienen en cuenta para determinar el impuesto de industria y comercio.
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    INGRESOS POR AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - No forman parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia apelada en consideración a que, como reiteradamente lo ha señalado, la diferencia en cambio es una modalidad del sistema de ajustes integrales por inflación y, por consiguiente, el ingreso generado por ese concepto no forma parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio.

La Sala considera:
El artículo 42 del Decreto 352 del 2002 «Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital», establece que la base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por los ingresos netos obtenidos durante el período, incluidos los rendimientos financieros, las comisiones y, en general, los que no estén expresamente excluidos.

De igual forma, la norma en cuestión establece que «Para la determinación del impuesto de industria y comercio no se aplicarán los ajustes integrales por inflación». En idéntico sentido, el artículo 330 del E.T., derogado por el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006, establecía que los ajustes integrales por inflación no se tenían en cuenta para la determinar la base gravable del impuesto de industria y comercio […]
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    La presentación de la información con errores, ocasiona un daño al Estado, con mayor razón se debe aceptar que no presentarla perjudica la Administración, no le permite cumplir con sus funciones de Fiscalización, ocasiona un daño al Estado, que se debe sancionar conforme con lo establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario.
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      El artículo 651 del E.T. no distingue el tipo de errores que tipifican infracción administrativa; por lo tanto, si las inconsistencias formales no permiten acceder a la información solicitada, es válido que se sancionen si con ello se obstaculiza la labor de fiscalización de la autoridad tributaria. En este sentido, si se reconoce que
    Corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Administracion de Impuestos de Cartagena impuso a la actora sancion por no enviar la informacion en medios magneticos correspondiente al ano gravable 2003, en los terminos del articulo 651 del Estatuto Tributario.

    El argumento del recurso de apelacion se reduce a manifestar que la DIAN no demostro que el actuar de la demandante causara perjuicio, con fundamento en cierta sentencia de esta Seccion. Sobre la informacion de que se trata, la Sala observa:

    El articulo 651 del Estatuto Tributario tipifica la sancion a imponer a los contribuyentes obligados a suministrar informacion tributaria y a aquellos a los que la Administracion les ha solicitado informaciones o pruebas, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:
    • Cuando no suministren la informacion, y/o pruebas, dentro del plazo en que deben hacerlo.
    • Cuando entreguen la informacion con errores.
    • Cuando suministren informacion distinta a la que se les pide.
    La cuantificación de la sanción se rige por los siguientes parámetros:
    • 1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

    • 2. Hasta del 0.5% de los ingresos netos cuando no sea posible establecer la base para tasarla, o la información no tuviere cuantía. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o a la última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.
      (2014-11-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    De conformidad con el artículo 266 del Decreto 2685 de 1999, el trámite de una exportación se inicia con la presentación y aceptación, a través del sistema informático aduanero, de la solicitud de autorización de embarque, en la forma y con los procedimientos previstos legalmente..
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    Una vez se autoriza, se embarca la mercancía y el transportador certifica el embarque, la solicitud de autorización de embarque se convierte en declaración de exportación.
De acuerdo con el artículo 234 de la Resolución 4240 del 2000, previa obtención de los vistos buenos y las autorizaciones necesarias, la solicitud mencionada se presenta ante la autoridad aduanera, “incorporando la información al sistema informático aduanero o diligenciando y entregando a la administración aduanera donde se encuentre la mercancía, el formulario de declaración de exportación.”

La autorización de embarque se entiende otorgada cuando, a través del sistema informático aduanero y previa verificación de que la solicitud debe ser aceptada, la Aduana asigna el número y fecha correspondientes y autoriza al declarante la impresión del documento. En caso contrario, la autoridad aduanera a través del mismo medio, debe comunicar al declarante las causales que motivan su no aceptación.

Con base en el artículo 269 del Decreto 2685 de 1999, la solicitud de autorización de embarque debe contener como mínimo la siguiente información: modalidad de la exportación, subpartida arancelaria, descripción de la mercancía, cantidad, peso, valor FOB en dólares, país de destino, consolidación, cuando haya lugar a ello, clase de embarque, información relativa a datos del embarque y los sistemas especiales de importación – exportación, cuando haya lugar a ello.
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    Sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros.
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    EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados, por la Administración de Impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión.
“El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 642.

De conformidad con esta disposición, una vez la autoridad tributaria cuente con elementos que le permitan establecer que se ha configurado la obligación tributaria, emplazará a quien haya incumplido el deber formal de declarar, para que lo haga en el término de un mes, so pena de sanción si persiste en la omisión.

Esta disposición hace parte del procedimiento para expedir la liquidación de aforo de que tratan los artículos 715 a 719 del Estatuto Tributario a los que remite el artículo 103 del Decreto 807 de 1993, al señalar:

Art. 103. Cuando los contribuyentes no hayan cumplido con la obligación de presentar las declaraciones, la Dirección Distrital de Impuestos, podrá determinar los tributos, mediante la expedición de una liquidación de aforo, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 715, 716, 717, 718 y 719 del Estatuto Tributario en concordancia con lo consagrado en los artículos 60 y 62.

Las mencionadas normas del Estatuto Tributario Nacional establecen el trámite especial que debe adelantar la Administración, quien cuenta con amplias facultades de investigación para establecer la obligación tributaria, en caso de que los obligados omitan el deber de declarar, para luego de agotar el trámite legal, determinar los tributos mediante liquidación de aforo, procedimiento que se inicia con el emplazamiento para declarar.
  (2014-11-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    Artículo 651 del Estatuto Tributario, Sanción por no enviar información.
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    La Sala determina si la sanción impuesta al actor desconoce los principios de “necesidad de la información”, “de inmediatez y de la eficacia tributaria”, si la conducta del contribuyente causó daño a la administración y si debe darse prevalencia al derecho sustancial sobre el formal.
El ordenamiento tributario establece, en los artículos 622 y siguientes, obligaciones de información a cargo de todos aquellos que encuadren en los presupuestos legales, quienes serán los obligados a suministrar la respectiva información tributaria, entre estas obligaciones, la de suministrar la información solicitada por el Director General de la DIAN con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, de que trata el artículo 631 ib.

Otras son las personas a quienes la Administración directamente les solicita información o pruebas mediante requerimientos ordinarios en los que le indica al requerido la información o pruebas que necesita y su finalidad, así como el plazo o término que particularmente le concede para que la allegue.

El plazo entendido como la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, en otras palabras, es el término cierto señalado para ejecutar determinada acción, por lo que, mientras no llegue el día señalado no expira el plazo y, por ende, no se entenderá la obligación incumplida, por el contrario, si el plazo o término vence sin que el obligado ejecute la acción correspondiente y no lo hace en ningún tiempo, se entenderá que la obligación no fue cumplida.

Entonces, el plazo que se fije, sea en acto general o de contenido particular, es el parámetro para determinar la ocurrencia de este hecho sancionable, pues mientras no llegue la fecha límite fijada para suministrar la información requerida no se configurará la conducta irregular sancionable, que se concreta en “no suministrar la información requerida en el plazo fijado para ello”, por esta razón, se entiende que se trata de una infracción instantánea.
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    Sanción por no declarar y liquidación de aforo por el impuesto predial.
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    La notificación de las decisiones oficiales es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, pues de esta manera se dan a conocer a los administrados. Además, mientras los actos de la Administración no se notifiquen, no producen efectos y tampoco son oponibles a los destinatarios (artículos 44 y 48 del Código Contencioso Administrativo).
Para la notificación de los actos de la administración tributaria distrital, el artículo 6º del Decreto 807 de 1993 dispone que serán aplicables los artículos 565, 566, 569 y 570 del Estatuto Tributario Nacional.

actos como la liquidación de aforo pueden notificarse por correo, para lo cual debe entregarse al contribuyente copia del acto en la dirección que éste registre en el RUT. También pueden notificarse personalmente, para lo cual, previo aviso de citación, el contribuyente comparece a las oficinas de la Administración y allí recibe copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión (artículo 44 del Código Contencioso Administrativo).

Así, pues, las notificaciones personal y por correo son diferentes, pues la notificación personal significa que el contribuyente conoce directamente el acto en la entidad que lo expidió, para lo cual, previamente es citado para que comparezca a las oficinas de la Administración. Por su parte, la notificación por correo se cumple con la entrega del acto en la dirección que corresponda, sea la informada en el RUT o la dirección procesal22. Sin embargo, la notificación por correo no requiere que el acto que se envía por correo sea entregado personalmente al contribuyente, Así lo precisó la Sala.

Las consecuencias de los procedimientos internos entre un contribuyente y el encargado de la correspondencia del edificio donde están las oficinas de éste, no pueden ser atribuibles a la Administración, pues ésta cumple la función de notificar por correo los actos si los entrega en la dirección del edificio que informó el contribuyente, independientemente de que por razones administrativas el correo no sea entregado en la oficina de éste, sino en la oficina de correspondencia o en la portería del edificio.
  (2014-11-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    La empresa no cumplió con la obligación derivada del contrato de trabajo, esto es la satisfacción de las acreencias del actor.
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    La sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo proscribe una imposición automática o carente de motivación, en atención a que es imperativo examinar las circunstancias subjetivas que permitan establecer si existió o no buena fe.
El debate se centra exclusivamente en determinar si la sanción moratoria que señaló el Tribunal se ajustó al ordenamiento jurídico o si, como lo afirma el censor, se limitó de manera equivocada, dado que las pruebas que denuncia son inequívocas de que no solo existió ausencia de buena fe en la actuación de la empresa, sino que, en todo caso no canceló lo debido a la terminación de la relación laboral, ni menos tiempo después, y que por tales rubros fue que se le impuso condena.

Las pruebas que se denuncian como equivocadamente apreciadas, entre ellas la certificación de folio 292 repetidas en el 293, discrimina los pagos por un total de $ 10.502.733, correspondiente a la liquidación de prestaciones sociales que se efectuó al trabajador luego de terminada su vinculación, así:

$681.066, el 4 de febrero de 2002 con el cheque 606988 de Bancolombia, 18 de febrero de 2002, con el cheque 606995 de Bancolombia $2.000.000, el 31 de mayo de 2002 cheque 3514201 del Banco de Bogotá por $2.000.000, 11 de junio de 2002 cheque 3514221 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 17 de junio de 2002, cheque 3514242 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 2 de julio de 2002 cheque 3969905 del Banco de Bogotá por $1.000.000, 22 de julio de 2002 cheque 4139673 del Banco de Bogotá por $500.000 y un depósito judicial el 22 de mayo de 2003, por la suma de $2.321.667,00, esto último se corrobora a folios 233 y 234 que corresponden al título, recibido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito; en los folios 294 y 295 obra un documento denominado «finiquito laboral» en el que se discriminan varios conceptos y aparece la suma a pagar, ya reseñada, de $10.317.480, que difirió la empresa en los anteriores títulos valores; ellas dan cuenta de que en verdad al trabajador, la empresa no le pagó sus prestaciones debidamente a la terminación de la relación.

El representante legal de la empresa, al ser cuestionado sobre la reseñada tardanza en la cancelación de la cesantía, respondió «si es cierto que el saldo de las cesantías del demandante para el 31 de diciembre de 2001 era de nueve millones trescientos sesenta y tres mil quinientos treinta y nueve … se han hecho abonos a las cesantías».
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

    REINTEGRO DE DESCUENTO TRIBUTARIO - Puede generar impuesto sobre la renta gravable e impuesto neto de renta a cargo aunque se declare una renta líquida gravable de cero (0). Periodo fiscal de 1995.
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    SOLICITUD DE CORRECCION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Su rechazo solo procede por motivos de forma, no de fondo, porque los vicios de fondo son objeto de un proceso de revisión.
Mediante Resolución 2 de 1996, la DIAN rechazó el proyecto de corrección, porque si la renta líquida gravable era cero (0) no existía razón para que la demandante liquidara un impuesto a cargo por $111.728.000, e impuso sanción por corrección improcedente por $35.918.200 […] En el recurso de reconsideración, la actora explicó y probó, mediante certificado de revisor fiscal, que el impuesto sobre la renta gravable liquidado en el proyecto de corrección ($111.728.000) corresponde al reintegro del IVA generado por la adquisición de bienes de capital, que fue descontado en la declaración de renta del año 1993 ($124.142.000), menos la depreciación y los ajustes por inflación respectivos ($12.414.000) […]

No obstante que en el recurso de reconsideración la demandante justificó el motivo que llevó a que liquidara un impuesto sobre la renta gravable por $111.728.000, por Resolución 42 de 1997, la DIAN confirmó la resolución que negó la solicitud de corrección. De lo anterior, la Sala concluye que aun cuando, en principio, podía pensarse que existe un error aritmético pues al liquidar una renta líquida gravable de cero (0), el impuesto sobre la renta gravable también debía ser cero (0), existen razones jurídicas que justifican la liquidación del impuesto sobre la renta gravable de $111.728.000 y del impuesto neto de renta de $66.204.000.

En efecto, el artículo 258-1 del Estatuto Tributario, antes de ser derogado por el artículo 154 de la Ley 788 de 2002, permitía a las personas jurídicas y asimiladas descontar del impuesto sobre la renta a cargo, el IVA pagado en la adquisición o nacionalización de bienes de capital, en la declaración de renta y complementarios del año en que se efectuó la adquisición o nacionalización.

Sin embargo, si los bienes se enajenaban antes de que transcurriera el tiempo de vida útil señalado por el reglamento, los contribuyentes debían adicionar al impuesto neto de renta del año gravable de enajenación, la parte del valor del impuesto sobre las ventas descontado,
  (2014-11-27) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

    CORRECCION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O AUMENTEN EL SALDO A FAVOR - Requisitos.
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    SOLICITUD DE CORRECCION DE DECLARACIONES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O AUMENTEN EL SALDO A FAVOR - Su rechazo solo procede por motivos de forma, no de fondo, porque los vicios de fondo son objeto de un proceso de revisión.
El artículo 589 del Estatuto Tributario dispone […] Conforme con la norma transcrita, para disminuir el saldo a pagar o aumentar el saldo a favor liquidado en la declaración privada, el contribuyente debe solicitar la corrección de la declaración a la DIAN, dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar.

La DIAN debe practicar liquidación de corrección dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud en debida forma, y si no lo hace, el proyecto de corrección sustituye la declaración inicial. Sin embargo, la DIAN conserva la facultad de revisión y el término para proferir la liquidación de revisión inicia en la fecha de la corrección o dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, según el caso.

Si la corrección no es procedente, se genera para el contribuyente una sanción del 20% del pretendido menor saldo a pagar o mayor saldo a favor, la cual se aplica en el acto que niega la corrección. La sanción se reduce a la mitad si el contribuyente la acepta y paga con ocasión del recurso de reconsideración.

La Sala ha precisado que las solicitudes de corrección solo pueden negarse por motivos de forma, no por razones de fondo como son “las relacionadas con el derecho al reconocimiento de costos, deducciones, descuentos, exenciones-excepciones, retenciones en la fuente, o pruebas requeridas para su demostración, pues tales asuntos son materia de un proceso de revisión”.

Los requisitos formales son los siguientes:
  • - Presentar una solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente.
  • - Que la petición se realice dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del término para declarar o de la fecha de presentación de la declaración de corrección, según el caso, y
  • - Adjuntar proyecto de corrección.
  (2014-11-27) [Mas Información]
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Fuente: Gerencie.com
    Clasificación de los pagos que recibe el trabajador durante la vigencia del contrato de trabajo y a la terminación de éste.
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    Un lector pregunta si las vacaciones se tienen en cuenta para liquidar las cesantías. Otro indaga sobre si para liquidar la indemnización por despido sin justa causa se incluye en la base de liquidación el auxilio de transporte.
Pues bien, para responderles a esos lectores y a todos los demás que tengan esas mismas inquietudes, la presente columna se ocupará del tema.

Para empezar, es preciso señalar que los pagos que recibe el trabajador durante la vigencia del contrato o al momento de terminar éste, se clasifican básicamente en cinco grupos, a saber: salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, descansos, y otros.

El primer grupo, o sea el de los salarios, está integrado por aquellos pagos que remuneran el trabajo, tales como el sueldo, las horas extras, el recargo por trabajo nocturno, el recargo por trabajo dominical y festivo, las bonificaciones habituales, las comisiones por ventas y por recaudos, los viáticos permanentes en la parte correspondiente a manutención y alojamiento, la alimentación que recibe el trabajador, la vivienda, el vestuario, las primas extralegales, etc.

El segundo grupo, el de las prestaciones sociales, está compuesto por las cesantías y sus intereses, la prima de servicios, las dotaciones de calzado y ropa de labor, las relacionadas con la protección a la maternidad y las propias de la seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales).

Al tercer grupo pertenecen las siguientes indemnizaciones: moratoria, por despido sin justa causa, por la no consignación de las cesantías, por el no suministro de las dotaciones de calzado y ropa de labor, por el no otorgamiento del disfrute de las vacaciones, por despido del trabajador en condición de debilidad manifiesta sin contar con el permiso previo del ministerio de trabajo, y por despido con justa causa cuando se omite dar al trabajador el preaviso de ley.

El cuarto grupo lo conforman las vacaciones, y en general los descansos de ley.

Y en el quinto grupo, que he llamado Otros, se ubica el auxilio de transporte, los gastos de representación, los gastos de viaje, y los innominados.
  (2014-11-26) [Mas Información]
Fuente: Contrapartida
    Cómo interpretar la contradicción entre el CTCP y el MCIT.
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    El Ministerio no se habla ni se pone de acuerdo con el CTCP, de manera que cada cual adopta una posición, que resultan diferentes. Esto implicaría una clara violación del deber de coordinación y colaboración armónica previsto en la Constitución y en otras normas jurídicas.
De acuerdo con el Decreto reglamentario 3048 de 2011 "(…) se hace necesario crear la Comisión Intersectorial de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información para garantizar la coordinación y colaboración armónica institucional de las autoridades de supervisión y entidades públicas con competencia sobre entes públicos o privados (…)".

En su "Documento de Sustentación de la Propuesta a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio , Industria y Turismo sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Información (NAI)" el CTCP propone (página 65) que el revisor fiscal aplique las NIA o las ISAE según se trate de dar cumplimiento a los artículos 207 numeral 7 y 208 o 209 del Código de Comercio.

Por su lado, funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el artículo 19 de su Proyecto de Ley "Armonización para la aplicación de normas de información financiera y de aseguramiento de la información", proponen derogar los artículos mencionados.
  • ¿Cómo interpretar esta contradicción?
Una hipótesis es que el Ministerio desoyó al CTCP, lo que no sería la primera vez. Si así fue, es necesario preguntarse ¿a quién oye el Ministerio? ¿Por qué el Ministerio no menciona la recomendación del CTCP? ¿Por qué el Ministerio no expone los argumentos que lo movieron a apartarse de las sugerencias del CTCP? ¿Se justifica la existencia del CTCP si las autoridades de regulación sin motivación conocida deciden ignorar los planteamientos de aquél?

Otra hipótesis es que el Ministerio no se habla ni se pone de acuerdo con el CTCP, de manera que cada cual adopta una posición, que resultan diferentes. Esto implicaría una clara violación del deber de coordinación y colaboración armónica previsto en la Constitución y en otras normas jurídicas.
  (2014-11-26) [Mas Información]
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Fuente: Ámbito Jurídico
    Reglamentan exención del impuesto de ganancia ocasional por venta de inmueble de habitación.
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    La norma advierte que la sumatoria los depósitos en cuentas AFC y los pagos a los créditos hipotecarios debe coincidir con la totalidad del valor de venta bien inmueble.
El Ministerio de Hacienda reglamentó el artículo 311-1 del Estatuto Tributario, que consagra como exentas del impuesto de ganancia ocasional las primeras 7.500 UVT de la utilidad generada en la venta de la casa o el apartamento de habitación de las personas naturales contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. La norma indica los requisitos bajo los cuales procede esta exención:
  • Que la casa o apartamento de habitación objeto de la venta hayan sido poseídos dos años o más.
  • Que el valor catastral o el autoavalúo sea igual o inferior al valor equivalente a 15.000 UVT en el año gravable en el que se protocoliza la escritura pública de compraventa.
  • Que la totalidad de los dineros recibidos de la venta tenga uno o varios de los siguientes destinos:
    • a) Que sean depositados en una o más cuentas de ahorro denominadas “ahorro para el fomento de la construcción” (AFC), cuyo titular sea única y exclusivamente el vendedor del inmueble.
    • b) Que se destinen al pago total o parcial de uno o más créditos hipotecarios vinculados directamente con la casa o apartamento de habitación objeto de la venta.
En el caso de los dineros depositados en una o más cuentas AFC, el retiro debe destinarse exclusivamente a la compra de otra casa o apartamento de habitación, tratándose de vivienda nueva o usada, sea o no financiada por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera a través de crédito hipotecario, leasing habitacional o fideicomiso inmobiliario, bajo alguna de las siguientes modalidades:
  (2014-11-26) [Mas Información]
Fuente: Gerencie.com
    Termino para solicitar la devolución de saldos a favor de las declaraciones de IMAS.
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    En conclusión, el termino para solicitar la devolución de saldo a favor de una declaración de IMAS es de dos años contados a partir después de la fecha del vencimiento del termino para declarar.
El artículo 854 del Estatuto Tributario dispone:
“Art. 854. Término para solicitar la devolución de saldos a favor. La solicitud de devolución de impuestos deberá presentarse a más tardar dos años después de la fecha de vencimiento del término para declarar.

Cuando el saldo a favor de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios o sobre las ventas, haya sido modificado mediante una liquidación oficial y no se hubiere efectuado la devolución, la parte rechazada no podrá solicitarse aunque dicha liquidación haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva definitivamente sobre la procedencia del saldo.”

No obstante, el artículo 689-1 del Estatuto Tributario señala que cuando se trate de declaraciones que tengan “beneficio de auditoria” el termino para solicitar la devolución de los saldos a favor de las mismas, será el previsto para para la firmeza de la declaración. Es decir, contempla una excepción a la generalidad de los 2 años que señala el artículo 854 ibídem.

Ahora bien, ¿Cuál es el término para solicitar la devolución de saldos a favor concernientes a declaraciones de IMAS? Al respecto, se debe resaltar es que el artículo 335 del Estatuto tributario, que señala la firmeza de las declaraciones de IMAS, no contempla ningún “beneficio deauditoria” sino que dispone un término de “firmeza” especial.

Dicha postura la comparte la administración tributaria, quien mediante concepto 61897 de 2014, después de transcribir el artículo 854 ET expone: “El articulo transcrito dispone un término general para solicitar la devolución de impuestos, y es de dos años vencido el término para declarar. Al no traer el artículo 335 de Et., un tiempo diferente para solicitar devoluciones, deberá estarse a lo establecido en el artículo 854 del mismo cuerpo normativo”
  (2014-11-26) [Mas Información]
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Fuente: Ámbito Jurídico
    Recuerdan criterios para determinar si expensas por restaurantes, viajes y alojamiento son deducibles.
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    A juicio de la corporación, los servicios de restaurantes, viajes y alojamiento son deducibles, si cumplen con los criterios de necesidad, atendiendo a cualquiera de las circunstancias descritas.
Para determinar si son deducibles de renta las expensas por servicios de restaurante, viajes, alojamiento, entre otros, utilizadas para atender los negocios de una empresa, es necesario verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario (E.T), indicó el Consejo de Estado.

Esto significa que tanto la administración como el juez de instancia deben determinar, bajo los postulados de la sana crítica y con criterio comercial, si dichos gastos se ajustan a los criterios de necesidad, proporcionalidad y relación de causalidad con la actividad productora de renta, explicó la corporación.

Como el criterio comercial implica partir de lo normalmente acostumbrado en la práctica mercantil, la Sala precisó que la prueba debe demostrar que la empresa incurrió en las expensas de manera forzosa, lo cual “puede devenir del cumplimiento de obligaciones legales, del cumplimiento de obligaciones empresariales o de la costumbre mercantil”, aclaró.

En el caso de las expensas mencionadas, lo corriente es que no se aporte la prueba de su injerencia en la actividad productiva de la empresa, sino que se apele a argumentos que expliquen su motivación y beneficios. Además, es común que se aporten pruebas que permitan inferir su existencia, veracidad y realidad.

Así, para probar la injerencia del gasto en la actividad productora de renta, no se requiere que se pruebe un ingreso correlativo, pues basta con que se pruebe que el gasto incide en esa actividad. Por lo tanto, a juicio de la corporación, los servicios de restaurantes, viajes y alojamiento son deducibles, si cumplen con los criterios de necesidad, atendiendo a cualquiera de las circunstancias descritas. (Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 13001233100020090029501 (19247), nov. 6/14, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas)
  (2014-11-26) [Mas Información]
Ministerio de Trabajo.
    Quienes pierdan capacidad laboral en un 50% tendrán pensión de invalidez.
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    El afiliado debe haber cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de declaración del estado de invalidez.
La pensión de invalidez es reconocida por dos vías, en el Sistema General de Pensiones, cuando es de origen común o por el Sistema de Riesgos Laborales cuando es de tipoprofesional.

La claridad la hizo la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo, haciendo referencia al artículo 38 de la Ley 100 de 1993 que califica como inválida a la persona "que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50 % o más de su capacidad laboral'.

En el evento que la pérdida de la capacidad laboral sea del 50 % o más, da lugar al reconocimiento de las prestaciones por invalidez causada por enfermedad común, la Administradora de Pensiones en la cual se encuentra afiliado el trabajador debe verificar que se cumplan requisitos como haber cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de declaración del estado de invalidez.

Si la invalidez es causada por accidente, el afiliado tiene que haber cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.

De presentarse este caso en menores de veinte años de edad, solo deberán acreditar cotización por veintiséis semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de la invalidez o su declaratoria.

Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión devejez, requerirá cotización por veinticinco semanas como mínimo en los últimos tres años.
  (2014-11-26) [Mas Información]
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Fuente: Gerencie.com
    Qué hacer cuando el trabajador no regresa al trabajo y el empleador ignora la causa de su ausencia y su paradero.
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    La primera idea que muy seguramente se le venga a la cabeza es despedir al trabajador tras asumir que éste ha incurrido en abandono del cargo, conducta que considera como falta suficiente para terminar el contrato de trabajo.
Si el empleador es precavido y consulta el Código Sustantivo del Trabajo, se percatará de que allí no figura el abandono del cargo como causal que dé lugar de manera inmediata o automática al despido. Es posible que también se pregunte sobre cómo haría para notificarle o comunicarle al trabajador el despido dado que ignora su paradero.

Sobre la figura del abandono del cargo ha dicho la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:
  • “La ausencia al trabajo, por lo tanto, no es causal que produzca de manera inmediata y automática el pretendido derecho de la empresa de dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo de modo sumario.
(…) conviene observar que no existe en nuestra legislación –ni en el C. S. del T. ni en la aplicable a los trabajadores oficiales- la pretendida figura del “abandono del puesto”, tomada tal vez del derecho administrativo. En efecto, la ausencia del trabajador no puede tomarse como terminación legal del contrato por “mutuo consentimiento” o mutuo disenso (…) puesto que el aparente abandono de funciones sólo es equiparable a una renuncia, cuando según las circunstancias equivalga a ésta, de manera “franca y eficazmente irrevocable” según lo ha señalado la jurisprudencia (…) En el presente caso, dadas las especiales circunstancias, la ausencia del trabajador no podía significar renuncia, pues la intención o el ánimo de presentarla no aparece por parte alguna, de la manera clara, directa e inequívoca que se requería para deducir de esa actitud un acto de declaración de voluntad”.(C. S. de J. Casación laboral, Sentencia del 27 de septiembre de 1985).

Pues bien, animado por el deseo de documentar sobre el tema a aquellos empleadores que eventualmente pudieran verse involucrados en una situación de ese tipo, a continuación ofrezco unas pautas sobre el procedimiento que considero susceptible de seguirse en dicha eventualidad.

Si el trabajador no regresa al trabajo lo primero que debe hacer el empleador es tratar de ubicarlo, con el fin de conocer los motivos de su ausencia, y para ello lo procedente es que primero intente hacerlo a través del teléfono que haya registrado el trabajador en la empresa.
  (2014-11-26) [Mas Información]
Fuente: Ámbito Jurídico
    Precisan aplicación de exención de impuesto de ganancias ocasionales sobre inmuebles heredados.
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    Se encuentran exentas del impuesto a las ganancias ocasionales el equivalente a las primeras 7.700 UVT del valor de un inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante.
La exención del impuesto de ganancias ocasionales aplicable sobre la primeras 7.700 unidades de valor tributario (UVT) del valor de la vivienda urbana o rural de propiedad del causante solo procede sobre el valor del inmueble, y no respecto de cada uno de los derechos adjudicados a los herederos.

Con esta afirmación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) absolvió el interrogante dirigido a aclarar la procedencia de la exención de las ganancias ocasionales conforme a los numerales 1º y 2º del artículo 307 del Estatuto Tributario (ET).

Según estas disposiciones, se encuentran exentas del impuesto a las ganancias ocasionales el equivalente a las primeras 7.700 UVT del valor de un inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante.

Igualmente lo está el equivalente a las primeras 7.700 UVT de un inmueble rural de propiedad del causante, independientemente de que dicho inmueble haya estado destinado a vivienda o a explotación económica, sin que se entienda aplicable a las casas, quintas o fincas de recreo.

A juicio de la DIAN, estas exenciones son concurrentes con las señaladas en los numerales 3º y 4º de la misma norma, teniendo en cuenta que afectan circunstancias diferentes. El numeral 3º indica que el equivalente a las primeras 3.490 UVT del valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o de herencia o legado reciban el cónyuge supérstite y cada uno de los herederos o legatarios estarán exentas.
  (2014-11-26) [Mas Información]
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Ministerio de Trabajo.
    ¿Qué es el auxilio de cesantías?
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    El auxilio de cesantías es una prestación social que se encuentra a cargo del empleador, que consiste en el pago al trabajador, de un mes de salario por cada año de servicios prestados y proporcionalmente por fracción de año.
¿Quién tiene derecho a percibir el auxilio de cesantías?
Como toda prestación social, tiene derecho a percibir este auxilio, todo trabajador y se deberá liquidar, desde el primer hasta el último día de trabajo.

¿Cuándo se debe pagar el auxilio de cesantías?
El auxilio de cesantía es una prestación social que el empleador deberá pagar al trabajador, a la terminación del contrato de trabajo y tiene precisamente la finalidad de cubrir un período que el trabajador pueda quedar cesante.

¿Qué son las cesantías retroactivas?
El régimen tradicional del auxilio de cesantías es aquel, donde el auxilio de cesantías se encuentra en poder del empleador durante toda la vigencia de la relación laboral. Son retroactivas, por cuanto dicha prestación social, se paga al trabajador con base en el último salario devengado, de forma tal que, si un trabajador (vinculado a un empleador antes del 01 de enero de 1991) que se vinculó a una empresa el 15 de julio 1985 y se retiró de la empresa el 14 de julio de 2009, al momento del retiro, el valor del auxilio de cesantía se calcularía multiplicando el valor del último salario por 24.
  (2014-11-26) [Mas Información]
Fuente: Ámbito Jurídico
    Pagos realizados con cheques de familiares sin relación de causalidad no tienen reconocimiento fiscal.
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    El hecho de bancarizar el pago de erogaciones, deudas, costos, deducciones y demás aspectos financieros con efectos fiscales no implica el uso de medios de pago de terceros, sin que exista una causal jurídica de origen, bien sea un contrato, crédito o pasivo, indicó la DIAN.
Los pagos realizados con cheques de familiares no tienen ninguna relación de causalidad con la actividad que realiza la empresa y, en consecuencia, no se pueden reconocer como deducción, en los términos del artículo 771-5 del Estatuto Tributario, precisó la DIAN.

La entidad recordó que en la actividad mercantil se presume que el dueño del negocio, dentro del concepto de unidad de empresa, lleva debidamente la contabilidad y sus propias cuentas. Por lo tanto, sin mediar obligación para girar cheques de otras personas, la base gravable y los presupuestos para reconocer el costo, la deducción o el descontable quedan inválidos y son inaplicables.

El hecho de bancarizar el pago de erogaciones, deudas, costos, deducciones y demás aspectos financieros con efectos fiscales no implica el uso de medios de pago de terceros, sin que exista una causal jurídica de origen, bien sea un contrato, crédito o pasivo, indicó la DIAN. (DIAN, Cpto 49564, ago. 13 - 14)
  (2014-11-26) [Mas Información]
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