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C. P. Oscar Jaramillo Toro
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Fuente: Secretaria del Senado
DECRETO 624 DE 1989
(30 de marzo de 1989)
    "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales".
DECRETO 624 DE 1989
(30 de marzo de 1989)
Diario Oficial No. 38.756 de 30 de marzo de 1989
  • "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales"
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los artículos 90, numeral 5o., de la Ley 75 de 1986 y 41 de la Ley 43 de 1987, y oída la Comisión Asesora de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,

DECRETA:
ARTICULO PRIMERO.
El Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, es el siguiente:

IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES
TITULO PRELIMINAR.
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.

ARTICULO 1o. ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL.
La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.
  (2015-12-31) [Mas Información]
    CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.
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  • La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

TITULO PRELIMINAR.
PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 1o. OBJETO.
La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

ARTICULO 2o. APLICACION TERRITORIAL. El presente Código rige en todo el territorio de la República para todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad.

ARTICULO 3o. RELACIONES QUE REGULA. El presente Código regula las relaciones de derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares.

ARTICULO 4o. SERVIDORES PÚBLICOS. Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten.

ARTICULO 5o. DEFINICION DE TRABAJO. El trabajo que regula este Código es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo.

ARTICULO 6o. TRABAJO OCASIONAL. Trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador.
  (2015-12-31) [Mas Información]
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Próximos vencimientos
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Fuente DIAN, Calendario tributario 2014
  (2014-09-30) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    El no pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el periodo de suspensión efectiva del servicio quebranta la igualdad de trato en las relaciones jurídicas de la administración.
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  • Dado el principio de favorabilidad que consigna el artículo 53 de la Carta Política en cuanto situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, sea reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho el reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión, cuando la investigación termine con fallo absolutorio.
Se solicita que se declare la nulidad del acto administrativo complejo integrado por:
  • 1) El de fecha 31 de julio de 2008, concepto técnico, suscrito por las delegadas departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil.
  • 2) El de fecha 18 de diciembre de 2008, firmado por el Secretario técnico de la comisión de conciliación y defensa judicial de la Registraduría.
  • 3) El ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo al no contestar de fondo, de manera clara, precisa, concisa los derechos de petición realizado mediante los cuales le negaron al demandante el pago de los salarios por el lapso que estuvo suspendido del cargo por orden judicial, por denuncia interpuesta por la Registraduría nacional del Estado Civil.
Nótese que aquí la persona que se cree lesionada en un derecho amparado por una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    La práctica de la inspección tributaria no exige el desplazamiento de los funcionarios comisionados para el efecto a la sede del contribuyente.
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  • Independientemente de la oportunidad en que así se solicite, el incumplimiento de ese deber genera la imposición de la sanción por no enviar información.
No obstante, indicó que tal conducta es subsanable, una vez notificado el requerimiento especial o la liquidación oficial de revisión, etapas en las que la actora tampoco aportó la información sobre el denuncio en discusión.

La Sala precisó que para la constatación directa de los hechos en la inspección tributaria no se requiere el desplazamiento de los funcionarios comisionados a la sede del contribuyente, porque la verificación de la existencia de hechos gravados se puede efectuar con otros medios de prueba. Sin embargo, indicó que, en contra de lo que se alegó, en el caso se demostró que la inspección sí se practicó y que la contribuyente no estuvo presente en ella, pese a que el auto que la decretó se le notificó en la dirección reportada en el RUT.

Así, concluyó que la notificación del requerimiento especial y de la liquidación oficial de revisión fue oportuna, porque el plazo para notificar el requerimiento se suspendió por 3 meses a partir de la notificación del auto que decretó la inspección.
  (2014-09-19) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    La conducta que genera la sanción por no enviar información es subsanable bien sea, una vez notificado el requerimiento especial o la liquidación oficial de revisión.
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  • La conducta sancionable consistente en no enviar información es subsanable, bien sea una vez notificado el requerimiento especial o la liquidación oficial de revisión.
No solo el requerimiento previo, sino también el que se hace en el curso de la inspección tributaria, es el que establece la ley para conminar a los contribuyentes a que presenten la información y pruebas requeridas. De manera que, independientemente de la oportunidad en la que la DIAN haya pedido la información, el incumplimiento de ese deber legal implica la imposición de la sanción por no enviar información.

De manera que, una vez comprobado que la demandante no cumplió la solicitud hecha en la inspección tributaria, se configuró, se reitera, el hecho sancionable previsto en el artículo 651 del E.T. consistente en no suministrar las pruebas requeridas por la Administración y, por consiguiente, era procedente desconocer los costos y deducciones registrados en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por la demandante por el año gravable 2005.

Es pertinente llamar la atención en que el artículo 651 ibídem establece que la conducta sancionable consistente en no enviar información es subsanable, bien sea una vez notificado el requerimiento especial o la liquidación oficial de revisión. Así, es más que reprochable que la demandante no haya suministrado la información requerida en ninguna de esas oportunidades”.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    Las entidades territoriales no están facultadas para conceder beneficios o tratamientos tributarios preferenciales sobre impuestos de carácter nacional, como el de vehículos automotores, pues esa atribución le corresponde exclusivamente al legislador.
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  • La asamblea no estaba facultada para establecer dicho beneficio, dado que el art. 294 de la Constitución Política permite a las entidades territoriales conceder exenciones y tratamientos preferenciales sobre impuestos de su propiedad, mas no frente a tributos de titularidad de la Nación.
La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas que negó la nulidad del parágrafo primero del artículo 5° de la Ordenanza 586 de 2007, en el que la Asamblea del departamento creó una exención del 20% sobre el impuesto de vehículos automotores para los adquiridos en esa jurisdicción que se registraran en la Unidad Departamental de Tránsito y del 50% para los adquiridos fuera del Departamento.

En su lugar, la Sala anuló el parágrafo en mención porque concluyó que la asamblea no estaba facultada para establecer dicho beneficio, dado que el art. 294 de la Constitución Política permite a las entidades territoriales conceder exenciones y tratamientos preferenciales sobre impuestos de su propiedad, mas no frente a tributos de titularidad de la Nación, como el de vehículos automotores.
  (2014-09-19) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    El término que prevé el art. 638 del E.T. para proferir pliego de cargos no se aplica a la sanción por devolución improcedente, porque ésta se rige por el término especial que contempla el art. 670 ib.
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  • La Sala precisó que el plazo para imponer la sanción por devolución improcedente es el que prevé el art. 670 del E.T., que es especial para el caso, y no el del art. 638 de la misma normativa y reiteró que sanción por inexactitud no hace parte de la base para liquidar los intereses moratorios generados por la devolución y/o compensación improcedente
Así lo concluyó la Sala tras confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló parcialmente los actos por los que la DIAN sancionó a Petrobras International Braspetro BV Sucursal Colombia por devolución improcedente del saldo a favor liquidado en la declaración de IVA del 6° bimestre de 2005, decisión que modificó frente a la suma a reintegrar y la base para liquidar los intereses moratorios, con fundamento en el fallo de esta Sección que, en el proceso de determinación del tributo, fijó el saldo a favor definitivo por el periodo en discusión.

La Sala precisó que el plazo para imponer la sanción por devolución improcedente es el que prevé el art. 670 del E.T., que es especial para el caso, y no el del art. 638 de la misma normativa y reiteró que sanción por inexactitud no hace parte de la base para liquidar los intereses moratorios generados por la devolución y/o compensación improcedente, porque, por expresa disposición legal (art. 634 E.T.), ellos no se causan sobre sanciones.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    Aunque la modificación de la base de la sanción por devolución improcedente, por auto aclaratorio del pliego de cargos, para incluir en ella la sanción por inexactitud, no atiende a la corrección de un error aritmético, tal circunstancia, por sí sola no genera la nulidad del acto sancionatorio.
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  • La sanción por inexactitud no hace parte de la base para liquidar los intereses moratorios generados por la devolución y/o compensación improcedente, porque, por expresa disposición legal (art. 634 E.T.), ellos no se causan sobre sanciones.

Se estudió la legalidad de los actos por los que la DIAN sancionó a la Compañía Colombiana de Cerámica S.A. por compensación improcedente del saldo a favor liquidado en la declaración de renta del 2002.

La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló dichos actos y, en su lugar, los anuló parcialmente y fijó la suma a reintegrar, teniendo en cuenta el fallo de esta Corporación que negó la nulidad de los actos que determinaron el tributo por el año en discusión, para lo cual precisó que la sanción por inexactitud no hace parte de la base para liquidar los intereses moratorios generados por la devolución y/o compensación improcedente, porque, por expresa disposición legal (art. 634 E.T.), ellos no se causan sobre sanciones.

Señaló que si bien la modificación de la base de liquidación de la sanción por devolución improcedente, por auto aclaratorio del pliego de cargos, para incluir en ella la sanción por inexactitud, no corresponde a la corrección de un error aritmético, esa circunstancia no daba lugar a anular el acto sancionatorio porque no se desconoció el procedimiento aplicable para su expedición, en la medida en que el auto aclaratorio hace parte del pliego de cargos y se refiere a los mismos hechos, además de que ambos antecedieron a la sanción y se notificaron a la demandante en debida forma, es decir que ésta tuvo la oportunidad de responderlos, de modo que no se le violó el debido proceso.
  (2014-09-19) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    Las sociedades en liquidación son contribuyentes de impuestos y les atañe el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales derivadas de esa calidad hasta que culmine el proceso liquidatorio.
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  • Las sociedades en liquidación son contribuyentes de impuestos y que les atañe el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales derivadas de esa calidad hasta que culmine el proceso liquidatorio con la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de la liquidación.

Se estudió la legalidad de los actos que determinaron el impuesto sobre las ventas a cargo de la Fábrica de Pizzas Domino’s S.A., por el segundo bimestre de 2003. La Sala revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que anuló parcialmente dichos actos y, en su lugar, se inhibió para proveer sobre su legalidad, al concluir que, para la fecha en que se instauró la demanda, e incluso cuando se inició la actuación administrativa que culminó con los actos acusados, la sociedad actora ya no existía, porque había sido liquidada.

Así, la Sala precisó que las sociedades en liquidación son contribuyentes de impuestos y que les atañe el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales derivadas de esa calidad hasta que culmine el proceso liquidatorio con la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de la liquidación, luego de lo cual desaparecen del mundo jurídico y pierden la capacidad para ser partes procesales, como aquí ocurrió.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    En la importación de helicópteros y aerodinos de servicio público y fumigación, por el sistema de leasing, la causación del impuesto sobre las ventas se posterga solo si los bienes están amparados en un régimen de importación temporal.
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  • La actora suscribió un contrato de arrendamiento no cumplió el régimen temporal de importación ni modificó la modalidad, sino que optó por culminar la importación por el sistema ordinario, sin que, en todo caso, hiciera uso del leasing ni ejerciera la opción de compra que, según dicha norma, constituye el hecho generador del IVA.

Se confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la nulidad de los actos administrativos por los que la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá formuló liquidación oficial de corrección por omisión en el pago del impuesto sobre las ventas en la declaración de importación, tipo legalización, presentada por Helicol S.A.S. respecto de un helicóptero.

La Sala adoptó su decisión tras concluir que Helicol incumplió la modalidad de importación temporal a corto plazo para reexportación en el mismo estado bajo la cual introdujo la aeronave al país y que si bien pretendió subsanar la situación de ilegalidad en que ella se encontraba, legalizándola bajo importación ordinaria, pagó la sanción reducida pero no el IVA.

Señaló que al caso no le era aplicable el art. 1° del Decreto 2816 de 1991, porque aunque la actora suscribió un contrato de arrendamiento no cumplió el régimen temporal de importación ni modificó la modalidad, sino que optó por culminar la importación por el sistema ordinario, sin que, en todo caso, hiciera uso del leasing ni ejerciera la opción de compra que, según dicha norma, constituye el hecho generador del IVA.
  (2014-09-19) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    La autonomía de los órganos de administración de una copropiedad para distribuir tareas entre su personal es un asunto interno que no afecta la eficacia de la actividad administrativa tributaria.
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  • El hecho de que las oficinas de éste se ubiquen en una propiedad horizontal no implican el deber para la administración de entregarle allí las notificaciones de las actuaciones tributarias, como lo pretendía la demandante, con el argumento de que el portero del edificio no estaba facultado por la copropiedad para recibir notificaciones.

La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda que negó la nulidad de los actos por los que la DIAN sancionó a C.I. de las Américas S.A.S. por no enviar información relativa a la declaración individual de precios de transferencia del 2008.

Lo anterior, al concluir que dichos actos se ajustaron a derecho, dado que la notificación del requerimiento ordinario de información se hizo en debida forma, con entrega de copia del mismo en la portería del edificio donde funciona la sede de la contribuyente, pese a lo cual ésta no lo respondió.

Al respecto señaló que el Estatuto Tributario ni el Decreto 229 de 1995, vigente cuando se hizo el requerimiento, exigían que su notificación se efectuara con entrega directa y personal al destinatario, de modo que el hecho de que las oficinas de éste se ubiquen en una propiedad horizontal no implican el deber para la administración de entregarle allí las notificaciones de las actuaciones tributarias, como lo pretendía la demandante, con el argumento de que el portero del edificio no estaba facultado por la copropiedad para recibir notificaciones.

En ese sentido, la Sala indicó que la asignación de funciones al personal de una propiedad horizontal, por sus órganos administrativos, es un asunto interno que no afecta la eficacia de la actividad de la administración de impuestos ni deja sin efecto las normas que la rigen, como las que regulan las notificaciones, cuya interpretación debe garantizar el derecho de defensa de los contribuyentes, pero sin hacer imposible el trámite de la actuación.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    En el Distrito Capital, el incumplimiento del deber de informar el cese de actividades gravadas con el ICA no exime de la obligación de declarar, aunque no se siga realizando el hecho generador del tributo, caso en el que se debe declarar el impuesto a cargo en cero.
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  • La demandante estaba obligada a declarar el ICA por los referidos periodos, porque no cumplió el deber de informar el cese de actividades gravadas en el Distrito Capital, como lo exige el art. 36 del Decreto Distrital 807 de 1993

Se estudió la legalidad de los actos por los que la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital sancionó a la Funeraria Caminos de Paz Ltda. por no declarar el impuesto de Industria y Comercio de los bimestres 2° a 6° del 2002 y de los seis bimestres de los años 2003 a 2005.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló parcialmente dichos actos, en cuanto a la sanción por los años 2003 a 2005, pero mantuvo la de los bimestres del 2002. Así, previa conclusión de que la demandante estaba obligada a declarar el ICA por los referidos periodos, porque no cumplió el deber de informar el cese de actividades gravadas en el Distrito Capital, como lo exige el art. 36 del Decreto Distrital 807 de 1993, la Sala confirmó la decisión del tribunal, porque consideró que la base de la sanción desconoció el art. 4 del Acuerdo Distrital 27 de 2001, según el cual las sanciones se deben liquidar con base en los ingresos obtenidos en el Distrito y no con los obtenidos en otros municipios y por otros impuestos, como en efecto ocurrió; así como el art. 9 ib., que establece los métodos a emplear para cuantificar la sanción por no declarar.

Precisó que, tratándose de regímenes sancionatorios tributarios, la aplicación del principio de legalidad debe ser rigurosa, de modo que la administración no podía variar los métodos establecidos por dicho Acuerdo para la imposición de la referida sanción.
  (2014-09-19) [Mas Información]
Consejo de Estado
Sección Cuarta

Boletin No 150
    En materia sancionatoria tributaria, la aplicación del principio de legalidad debe ser estricta, al punto de que la administración no puede variar los métodos establecidos legalmente para la imposición de las sanciones.
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  • La demandante estaba obligada a declarar el ICA por los referidos periodos, porque no cumplió el deber de informar el cese de actividades gravadas en el Distrito Capital, como lo exige el art. 36 del Decreto Distrital 807 de 1993

as autoridades que hacen parte de la rama ejecutiva, no están facultadas para aplicar multas o sanciones distintas a las consagradas en las leyes, ordenanzas y acuerdos.

La tasación de la multa puede efectuarse:
  • a) sobre un porcentaje previamente definido por la norma sancionatoria tomando como referente el total del impuesto a cargo,
  • b) cuando no es posible determinar con precisión el valor del impuesto, la normativa tributaria establece una serie de presunciones que permiten liquidar la sanción bajo una media de aproximación, y
  • c) si se comprueba que la obligación de declarar obedecía a una razón distinta a la causación del gravamen, y que el impuesto a cargo era equivalente a cero, se acude generalmente a una suma fija.
Estas pautas, en virtud del principio de legalidad que rige en materia tributaria y con mayor rigor en aspectos sancionatorios, sólo pueden ser establecidas por el legislador y excepcionalmente por los órganos que a nivel territorial, tienen competencia para establecer normas de carácter tributario, cuando aquel así lo autorice de manera explícita.

Es claro entonces, que las autoridades que hacen parte de la rama ejecutiva, no están facultadas para aplicar multas o sanciones distintas a las consagradas en las leyes, ordenanzas y acuerdos […] 4.5.- No puede perderse de vista que el respeto a las normas que establecen las conductas sancionables, las sanciones a imponer y la forma de definirlas, constituye un elemento transversal del Estado Social de Derecho, y en materia tributaria, particularmente, éste “permite armonizar la necesidad pública de pronta y completa recaudación de los tributos, con los derechos de defensa, contradicción, (…) etc [de los contribuyentes]”.

Por eso, tratándose de regímenes sancionatorios tributarios, la aplicación del principio de legalidad demanda un ejercicio riguroso que, en este caso, se traduce en la prohibición de variar los mecanismos preestablecidos por el Acuerdo Distrital 027 de 2001, para la imposición de la sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio”.
  (2014-09-19) [Mas Información]
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Consejo Técnico de la Contaduría Pública
Concepto 178 29 de Agosto de 2014
    Propiedad planta y equipo en Propiedades horizontales bajo NIIF.
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  • Podemos afirmar que todas las entidades de propiedad horizontal - condominios - tienen actualmente bienes comunes (activos fijos) que a la luz de las Normas de Información Financiera para Pymes o para Microempresas son verdaderos activos, que no figuran reconocidos ni revelados en el balance general.
CONSULTA
"Las entidades agrupadas en el marco normativo de la Propiedad Horizontal poseen bienes comunes, unos que los recibieron directamente de la constructora del condominio y otros que han sido adquiridos con recursos presupuestados en las cuotas ordinarias o extraordinarias de administración.

Estos bienes, tienen las siguientes características:
  • 1. Son controlados por la entidad de propiedad horizontal
  • 2. Algunas, pueden generar rendimientos económicos futuros y flujos de efectivo (locales comerciales, salones sociales, parqueaderos, oficinas, etc.)
  • 3. Su valor se puede medir con fiabilidad
  • 4. Su vida útil probable es superior a un período contable
  • 5. Se pueden depreciar o amortizar
  • 6. Se pueden revaluar aunque su finalidad no es venderlos
  • 7. Se puede deteriorar
A raíz de la expedición de la Orientación Profesional No. 007 expedida por el anterior Consejo Técnico de la Contaduría Pública en septiembre 30 de 2003, los administradores y contadores de los condominios optaron por cancelar de la contabilidad los bienes comunes que tenían registrados en Propiedad, Planta y Equipo y con cargo a gastos operacionales o a excedentes acumulados de ejercicios anteriores.
  (2014-09-18) [Mas Información]
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Concepto 50053
19 de Agosto de 2014
    Tratamiento fiscal de activos (cuentas) poseídas en el exterior que no han sido declarados en periodos anteriores.
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  • Puede el contribuyente, voluntariamente, declarar el valor del activo omitido en periodos anteriores como renta líquida gravable, liquidando el respectivo impuesto, caso en el cual no se generará sanción alguna.
Se consulta sobre el tratamiento fiscal de activos (cuentas) poseídas en el exterior que no han sido declarados en periodos anteriores y sobre la manera de traerlos al país.

El artículo 239-1 del Estatuto Tributario dispone:
  • Artículo 239-1. Renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos inexistentes. Los contribuyentes podrán incluir como renta líquida gravable en la declaración de renta y complementarios o en las correcciones a que se refiere el artículo 588, el valor de los activos omitidos y los pasivos inexistentes originados en períodos no revisables, adicionando el correspondiente valor como renta líquida gravable y liquidando el respectivo impuesto, sin que se genere renta por diferencia patrimonial.
Cuando en desarrollo de las acciones de fiscalización, la Administración detecte pasivos inexistentes o activos omitidos por el contribuyente, el valor de los mismos constituirá renta líquida gravable en el período gravable objeto de revisión. El mayor valor del impuesto a cargo determinado por este concepto generará la sanción por inexactitud.

Cuando el contribuyente incluya activos omitidos o excluya pasivos inexistentes sin declararlos como renta Líquida gravable, la Administración procederá a adicionar la renta líquida gravable por tales valores y aplicará la sanción por inexactitud.

De conformidad con el artículo transcrito, puede el contribuyente, voluntariamente, declarar el valor del activo omitido en periodos anteriores como renta líquida gravable, liquidando el respectivo impuesto, caso en el cual no se generará sanción alguna. En el caso en que el respectivo activo se incluya sin liquidar el impuesto correspondiente o no se haga voluntariamente y la Administración de impuestos detecte dichos pasivos, procederá la imposición de la sanción por inexactitud.
  (2014-09-18) [Mas Información]
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Superintendencia de Notariado y Registro
Instrucción Administrativa 11 de 2 de septiembre de 2014
    Control y manejo de los ingresos recibidos por anticipado y diligenciamiento de auxiliar.
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  • Es importante tener en cuenta que los valores que quedan vigentes en la columna de saldo siguiente al finalizar el mes y que tiene fecha del mismo mes, es el valor que se debe constituir como anticipado y los valores que aparecen cancelados del saldo anterior es decir en ceros (0) en la columna saldo siguiente y que tiene fecha de meses anteriores corresponde a la cancelación de los anticipados.
Para el correcto manejo del auxiliar de Ingresos Recibidos por Anticipado IRxA (Recaudos por Clasificar) se debe contar al momento de la revisión como mínimo con los siguientes documentos:
  • – Extracto o movimiento bancario diario.
  • – Recibos de caja del día con su correspondiente consignación de pago.
  • – Archivo con el auxiliar de IRxA.
Al momento de la revisión se deben seguir los siguientes pasos:
  • 1. Al finalizar el día o al día siguiente se toman los recibos de caja con sus respectivas consignaciones y se clasifican según la fecha de la consignación.
  • 2. Se toman las consignaciones que tienen fecha del mismo día del recibo de caja y se confrontan con el movimiento bancario suministrado por el banco o generado por la misma oficina a través de la consulta de la cuenta bancaria por internet, colocando una marca a cada consignación registrada en el respectivo movimiento.
  • 3. Al finalizar la confrontación se observa si en el movimiento bancario quedaron valores sin marcar, si es así, estos van a representar los IRxA y se procede a diligenciar el auxiliar según se indica a continuación:
-- Se toma el movimiento bancario, se va relacionando en el auxiliar de IRxA uno a uno los valores que no fueron marcados, es decir que el usuario consignó pero no ha solicitado el servicio aún, diligenciando la columna Fecha de Consignación que corresponde a la del movimiento del auxiliar en la columna Crédito (Haber) con el valor respectivo.
  (2014-09-18) [Mas Información]
Congreso de la República
Ley 1734 de 8 de septiembre de 2014
    Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Cooperación y Seguridad de Información”, suscrito en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, el 25 de junio de 2013.
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  • ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE SOBRE COOPERACIÓN Y SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
Habiendo acordado hacer consultas sobre aspectos políticos y de seguridad de interés común y ampliar e intensificar la cooperación; Conscientes de que la efectiva cooperación en este aspecto conlleva el intercambio de información sensible y/o privilegiada entre las Partes; Han acordado lo siguiente:

Artículo 1. Las Partes deberán:
  • (i) proteger y salvaguardar la información y el material de la otra Parte;
  • (ii) hacer todo lo que esté a su alcance por garantizar que, si es clasificada, dicha información y material mantendrán las clasificaciones de seguridad establecida por cualquiera de las partes con respecto a información y material del origen de esa Parte y protegerá dicha información y material de acuerdo con los estándares comunes acordados,
  • (iii) no utilizarán la información y el material intercambiados para propósitos diferentes de los establecidos en el marco de los respectivos programas y de las decisiones y resoluciones inherentes a dichos programas;
  • (iv) no divulgarán dicha información y material a terceros sin el consentimiento de la Parte que origina.
Artículo 2.
(i) El Gobierno de Colombia acepta el compromiso de hacer que todos sus connacionales quienes, en desarrollo de sus funciones oficiales, requieran o puedan tener acceso a información o material intercambiado de acuerdo con las actividades de cooperación aprobadas por el Consejo del Atlántico Norte, hayan sido investigados y aprobados en materia de seguridad antes de que obtengan acceso a dicha información y material.
  (2014-09-18) [Mas Información]
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Oficio 50282 de 20 de agosto de 2014
    Queda claro entonces, que de acuerdo con la doctrina vigente, en el sistema ordinario de determinación de la renta, la totalidad de los pagos indirectos por concepto de educación y salud, constituyen ingreso gravable en cabeza del trabajador.
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  • Es preciso insistir en que el mecanismo de retención en la fuente mínima consagrado en el artículo 384 del Estatuto Tributario, busca que el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) se recaude a lo largo del mismo período gravable, razón por la cual no hay lugar a disminuir la base de retención en la fuente mínima con factores distintos a los taxativamente señalados en el artículo 384 del Estatuto Tributario y en el artículo 6 del Decreto Reglamentario 1070 de 2013.
Solicita la reconsideración del Oficio número 045740 del 24 de julio de 2013, en el cual se concluyó que el artículo 5 del Decreto Reglamentario 3750 de 1986 no aplica para efectos de la retención en la fuente mínima de que trata el artículo 384 del Estatuto Tributario y por consecuencia los pagos por educación y salud se entienden como pagos indirectos que forman parte de la base de la retención mínima, de la cual solo se pueden detraer los aportes al sistema de seguridad social a cargo del trabajador.

A juicio de la peticionaria, el artículo 5 del Decreto 3750 de 1986 aplica tanto para la retención en la fuente ordinaria como para la retención en la fuente mínima, porque hay que diferenciar dos situaciones, unas son las deducciones permitidas para efectos de los artículos 383 y 384 del Estatuto Tributario y otros son los ingresos de los cuales se parte para obtener la base de retención. Respecto a los ingresos, agrega que ni la Ley 1607 de 2012, ni los decretos reglamentarios posteriores han modificado la definición realizada por dicho decreto de pago indirecto, ni la exclusión de los pagos hechos a terceros a favor del trabajador por concepto de salud y educación y, por ende, son erogaciones que conceptualmente no son pagos indirectos, ni ingreso para el trabajador y no forman parte de la base de retención en la fuente.

Manifiesta, que es necesario integrar las normas sobre retención en la fuente introducida por la Ley 1607 de 2012, con las normas ya existentes y no modificadas ni expresa ni tácitamente por la reforma. En virtud de lo anterior, la base de la retención, tanto de la ordinaria como de la mínima, estará integrada por los pagos directos e indirectos efectuados a favor del trabajador, sin que los pagos por salud y educación tengan el carácter de ingreso para este por expresa disposición del párrafo 2 del artículo 5 del Decreto 3750 de 1986.
  (2014-09-18) [Mas Información]
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Oficio 50285 de 20 de agosto de 2014
    Exclusión del IVA en servicios vinculados con la seguridad social de la Ley 100 de 1993.
    Servicios prestados por operadores de información por manejo de la planilla PILA.
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  • La exención del IVA prevista en el numeral 3 del artículo 476 del Estatuto Tributario, es objetiva y está circunstrita a la naturaleza del servicio prestado en relación con el sistema de seguridad social, esto es, que necesariamente el servicio de operador de información contratados por las EPS y demás Administradoras del SSS, están directamente vinculados con las previsiones del manejo a la seguridad social de que trata la Ley 100 de 1993, dado que el pago del aporte, el registro e inscripción del aportante en la planilla PILA, en sí mismo, son los que están vinculados a la Seguridad Social.
Solicita reconsiderar la posición adoptada por parte de la DIAN en el Oficio 016498 del 20 de marzo de 2013, en el sentido de reconocer que están excluidos del impuesto sobre las ventas los servicios prestados por los operadores de información a las entidades que administran recursos del Sistema de seguridad Social.

El numeral 3 del artículo 476 del Estatuto Tributario, establece:
  • “Artículo 476. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. Se exceptúan del impuesto los siguientes servicios: (…) y los servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993. Así mismo están exceptuadas las comisiones pagadas por colocación de seguros de vida y las de títulos de capitalización”.
La planilla integrada liquidación de aportes “Pila”, creada mediante Resolución 1303 de 2005, es un sistema nuevo implementado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Protección Social, que busca facilitar a los aportantes realizar los pagos a la Seguridad Social (pensiones, salud, riesgos profesionales), el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, ESAP, Ministerio de Educación, a través de transferencias electrónicas. El sistema tiene como objetivo el facilitar el trámite mensual de los aportantes.

En desarrollo del sistema, interactúan en el procedimiento los aportantes, las administradoras, los operadores de información y los operadores financieros, cada uno realizando el rol asignado. Así, los operadores de información, les corresponde garantizar que la operación cumpla todas las especificaciones establecidas para su correcto funcionamiento, siendo el Ministerio de Protección Social el que señala o autoriza a quiénes prestan este servicio.
  (2014-09-18) [Mas Información]
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Oficio 52658 de 20 de agosto de 2014
    Sanciones Relativas con la Expedición de Factura.
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  • No es posible imponer la sanción de clausura del establecimiento, a aquellos responsables del régimen simplificado del INC por no expedir factura ni documento equivalente o hacerlo sin el lleno de los requisitos legales, pues el literal d) del artículo 6 del Decreto 803 de 2013 no hace una remisión expresa al artículo 657 del Estatuto Tributario.
En el radicado de la referencia se solicita la reconsideración de la tesis expuesta en el Concepto 039132 del 2 de julio de 2014, mediante la cual se avala la posibilidad de imponer a quienes pertenecen al régimen simplificado del Impuesto Nacional al Consumo (en adelante INC) la sanción de clausura del establecimiento de que trata el artículo 657 del Estatuto Tributario, cuando no se expida factura ni documento equivalente o se haga sin el lleno de los requisitos legales.

La solicitud se fundamenta en que la tesis expuesta en el concepto cuya reconsideración se solicita se basa en la aplicación del artículo 657 del Estatuto Tributario, como consecuencia del incumplimiento de la obligación formal de facturar consagrado en el literal d) del artículo 6 del Decreto 803 de 2013, cuando del texto de esta norma no hay una remisión directa a la sanción en comento.

Igualmente señala que el artículo 512-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 71 de la Ley 1607 de 2012, por el cual se crea el INC, al consagrar su régimen sancionatorio señala que el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con este impuesto, da lugar a las sanciones aplicables al IVA. La solicitante pone de manifiesto cómo dentro de las obligaciones allí establecidas no se encuentra la de facturar para aquellos pertenecientes al régimen simplificado del INC.

Al respecto, el Despacho hace las siguientes consideraciones:
Con el fin de estudiar la viabilidad de revocar la tesis expuesta en el Concepto 039132 del 2 de julio de 2014, resulta necesario traer a colación los artículos 512-1 y 512-13 del Estatuto Tributario por el cual se crea el INC y se consagra el régimen simplificado; así como el literal d) del artículo 6 del Decreto 803 de 2013, por el cual se establece la obligación de facturar para aquellos pertenecientes al régimen simplificado del INC:

Artículo 512-1. Impuesto Nacional al Consumo. Créase el impuesto nacional al consumo a partir del 1 de enero de 2013, cuyo hecho generador será la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final, de los siguientes servicios y bienes:
  (2014-09-18) [Mas Información]
Ministerio de Salud y Protección Social.
Resolución 3796 de 8 de septiembre de 2014
    Por la cual se sustituye el “Formulario Único de Afiliación, Retiro y Novedades de Trabajadores y Contratistas”, contenido en el Anexo 1 - Parte A de la Resolución 2087 de 2013 y se modifica la Resolución 2358 de 2006.
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  • Las disposiciones adoptadas mediante el Decreto 1047 de 2014, respecto de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social de los conductores del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, así como la dinámica de los diferentes subsistemas de la protección social, conllevan la necesidad de realizar ajustes a los anexos técnicos del Registro Único de Afiliados (RUAF).
RESUELVE:
Artículo 1. Sustituir el Anexo número 1 - Parte A “Formulario Único de Afiliación, Retiro y Novedades de Trabajadores y Contratistas” de que trata el artículo 1 de la Resolución 2087 de 2013, por el Anexo número 1 - Parte A, que hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2. Modífiquese el artículo 1 de la Resolución 2358 de 2006, modificado por el artículo 6 de la Resolución 3336 de 2013, el cual quedará así:
  • “Artículo 6. Adóptense como parte integral de la presente resolución, los anexos técnicos del Registro Único de Afiliados (RUAF), relacionados a continuación, contentivos de las especificaciones y estructuras de los archivos a reportar por cada una de las administradoras de los diferentes Subsistemas, así:

    • Anexo 1. Afiliados a Fondos de Pensiones: Subsistema de Seguridad Social en Pensiones.
    • Anexo 2. Afiliados a Fondos de Cesantías: Subsistema de Cesantías.
    • Anexo 3. Afiliados a Riesgos Laborales: Subsistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales.
    • Anexo 4. Pagadores de Pensiones: Subsistema de Seguridad Social en Pensiones - Entidades pagadoras de pensiones.
    • Anexo 5. Compensación Familiar: Subsistema de Subsidio Familiar.
    • Anexo 6. Programas Asistencia Social: Subsistema de Asistencia Social y Subsistema de Parafiscales”.
Artículo 3. Disposición de la información del Registro Único de Afiliados (RUAF). A partir del mes de octubre de 2014, en el FTPS de este Ministerio, la primera semana de cada mes, se dispondrá a cada una de las administradoras de los diferentes Subsistemas, un archivo que contendrá la información que ha subido consistentemente a la base de datos del Registro Único de Afiliados (RUAF).

Para tener acceso al FTPS y poder descargar los archivos a que se refiere este artículo, las administradoras de cada uno de los subsistemas, deberán solicitar usuario y clave al correo electrónico soporteruaf@minsalud.gov.co, indicando número telefónico de contacto y dos correos electrónicos institucionales, a los cuales les será enviada la correspondiente información.
  (2014-09-18) [Mas Información]
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Ministerio de Salud y Protección Social.
Resolución 3797 de 8 de septiembre de 2014
    Por medio de la cual se asignan códigos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Cajas de Compensación Familiar (CCF), para la operación de la movilidad.
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  • El Gobierno Nacional, atendiendo los mandatos de las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, expidió el Decreto 3047 de 2013, por el cual, se establecen reglas sobre movilidad entre regímenes para los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Que este Ministerio expidió la Resolución 2635 de 2014, por la cual se definen las condiciones para la operación de la movilidad entre regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, atendiendo las condiciones de operación de cada uno de ellos.

Que para el proceso de implementación y operación de la movilidad, se hace necesario asignar códigos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), indistintamente del régimen de aseguramiento que administren y a las Cajas de Compensación Familiar (CCF), con programas del régimen contributivo o subsidiado, con el que se identificarán a efectos de dar cumplimiento al registro de la información de recaudo de cotizaciones en salud, a través del mecanismo de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA); acceder al reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), según el régimen que co­rresponda, y; realizar el pago de las prestaciones económicas y de las tecnologías en salud no cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1. Asignación de códigos.
Asígnese a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) habilitadas y autorizadas para administrar el régimen contributivo o subsidiado y a las Cajas de Compensación Familiar (CCF) con programas del régimen contributivo o subsidiado, para efectos de la operación de la movilidad de que trata el Decreto 3047 de 2013 y la Resolución 2635 de 2014, los siguientes códigos:
  (2014-09-18) [Mas Información]
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Oficio N° 019109
21-03-2014
    Progresividad en el Pago del Impuesto Sobre la Renta.
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  • Así las cosas, para el caso en consulta, el Decreto número 4910 de 2011 se expidió dentro de los parámetros constitucionales; por lo que el incumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo, deben acatarse en su totalidad para poder obtener el beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Más aún, si se pretendía acceder al beneficio para el año 2012, como se argumentó en la consulta.
Solicita se modifiquen (en palabras del consultante: reevalúen) los artículos 6° y 7° del Decreto número 4910 de 2011 y se reconsidere el Concepto 59038 de 2012, teniendo en cuenta que para el año 2012 no cumplió los requisitos señalados en el artículo 7° del decreto mencionado; justificándose en que la Ley 1429 fue expedida en el año 2010 y un año después se reglamentó, dando un tiempo de divulgación muy corto, lo cual se prestó para confusiones.

Al respecto, le informamos:
Acerca del ejercicio de la facultad reglamentaria y su oportunidad, la honorable Corte Constitucional, en la Sentencia C-782 del 2 de septiembre de 2007, señaló en uno de sus apartes, lo siguiente:
  • “(...)
    De otra parte, ha sostenido esta Corte que no se requiere de una habilitación especial por parte de la ley para que el Presidente de la República pueda ejercer la potestad reglamentaria, por cuanto esta constituye una facultad directa y expresamente atribuida por la Constitución -numeral 11 del artículo 189 superior- que puede ser ejercida por el Presidente en cualquier momento y respecto de cualquier contenido legislativo, en cuanto este requiera ser reglamentado en aras de asegurar su cabal cumplimiento y ejecución. Por ello, una habilitación especial contenida en una ley para ejercer la potestad reglamentaria respecto de la misma, no solo constituye una repetición de la habilitación general de orden constitucional y por tanto superior, sino que además, si esta habilitación no se encuentra acompañada de un referente legal debidamente desarrollado que se encuentre en condiciones de orientar el ejercicio de la potestad reglamentaria frente a la ley, dicha habilitación constituye una “deslegalización” o una transferencia indebida e irregular de competencias por parte del legislativo al ejecutivo (...)”
Entonces, según el pronunciamiento de la honorable Corte, no es competencia de este Despacho pronunciarse sobre la modificación o revaluación de los artículos 6° y 7° del Decreto número 4910 de 2011 por ser la facultad reglamentaria, una competencia directa y expresamente atribuida por la constitución-numeral 11 del artículo 189, al Presidente de la República.
  (2014-09-18) [Mas Información]
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Fuente: La República.
    No hay que temerle a la planeación tributaria.
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  • El ordenamiento jurídico contiene una serie de opciones y figuras jurídicas que pueden ser utilizadas por los entes privados para llevar a cabo sus operaciones mercantiles. La escogencia de una determinada forma jurídica por parte de los empresarios se basa en gran parte en las perspectivas del negocio concreto y en la utilidad legal, práctica y financiera que dicha figura tiene para determinada situación.
Por ejemplo, si una sociedad puede llevar a cabo sus negocios tanto por medio de un contrato de cuentas en participación, como de un contrato de prestación de servicios, pero la primera genera mayores ventajas tributarias, es completamente legítimo el uso de dicha figura jurídica, dentro de una economía de opción. Estas operaciones mercantiles, sin embargo, deben llevarse a cabo dentro de un riguroso sustento económico y jurídico, sin violar fronteras que podrían llevar a cometer prácticas abusivas.

Los artículos 869, 869-1 y 869-2 del Estatuto Tributario, adicionados por medio de los artículos 122 a 124 de la Ley 1607 de 2012, establecieron en Colombia lo que se conoce como una “cláusula anti-elusión”, asignando en cabeza de la Dian la facultad de desconocer los efectos de una determinada operación entre privados, cuando esta constituya abuso en materia tributaria, dándole los efectos impositivos que tendría si la operación no se hubiera realizado por medio de esa forma jurídica. Esta norma permite que la Dian, incluso, remueva el velo corporativo de entidades que en su juicio hayan sido utilizadas para cometer conductas abusivas.

Esta “nueva” realidad en materia tributaria no debe llevar a satanizar de ninguna forma la planeación tributaria como mecanismo legítimo de generar ahorros financieros importantes para las compañías. El uso de formas jurídicas cuya implementación pueda generar mayores ahorros tributarios que otras y la implementación de cambios geográficos en razón de la existencia de tratados y cualquier otra evaluación tributaria integral de las operaciones, es un ejercicio válido propio de la autonomía de la voluntad privada y de la planeación financiera de las empresas, siempre que se pueda probar un sustento comercial y económico en la operación.

Por lo tanto, tal como lo ha manifestado en cierta forma la Corte Constitucional (Sentencia C- 015 de 1993) y la misma Dian por medio del Concepto 54120 de 2013, la planeación tributaria que se realice atendiendo a sustentos económicos y comerciales razonables, sigue siendo un ejercicio válido dentro de las actividades empresariales.
  (2014-09-18) [Mas Información]
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
    Proyecto de decreto que modifica el Decreto 1794 de 2013.
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  • La Ley 1607 de 2012, al igual que la legislación anterior, contempla únicamente dos regímenes de IVA para el maíz y el arroz: o excluidos o gravados con tarifa del 5%. Ello de acuerdo con el destino final independientemente de las actividades intermedias de comercialización.
DECRETA
ARTÍCULO 1.
Modifíquese el artículo 1 del Decreto 1794 de 2013, el cual quedará así:
  • “ARTÍCULO 1. Maíz y arroz que no causan impuesto a las ventas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 del Estatuto Tributario el maíz clasificable por la subpartida 10.05.90 y el arroz clasificable por la partida 10.06, que se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas -IVA son aquellos destinados al consumo humano, siempre que no hayan sido sujetos a transformaciones y preparaciones; sin importar que hayan sido intermediados comercialmente.
PARÁGRAFO. Cualquier otro uso o destinación de los bienes mencionados en el presente artículo, se considerará como uso industrial y estará sujeto a la tarifa del cinco por ciento (5%) del impuesto sobre las ventas –IVA, de acuerdo con el artículo 468-1 del Estatuto Tributario.”

ARTÍCULO 2. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás normas que le sean contrarias.
  (2014-09-18) [Mas Información]
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Fuente: El Pais
    Descuento del 2% del impuesto predial en Cali vence este 30 de septiembre.
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  • Aquellos caleños que optaron por pagar el impuesto predial unificado por trimestres, tienen plazo hasta finales de este mes para acceder al descuento sobre el valor de su factura.
Hasta el próximo 30 de septiembre, los contribuyentes del impuesto predial que optaron por pagarlo por trimestres, tienen plazo para acceder al 2% de descuento sobre el valor de su factura. Así lo recordó este martes la Dirección de Hacienda de Cali, al indicar que aquellas personas que optaron por esta figura podrán cumplir con el pago de su impuesto predial, de manera oportuna y evitando que se les cobre intereses de mora.

"Este beneficio tributario lo obtendrán los caleños que hayan realizado el pago del primer y segundo trimestre, dentro de las fechas límite establecidas por la Administración Municipal”, explicó Andrés Felipe Uribe, director de Hacienda. En este sentido, el Director de Hacienda hizo el llamado a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de ponerse al día con su predial, para que realicen el pago o suscriban acuerdos de pago con el fin de evitar que se acumulen los intereses.

El funcionario precisó que las rentas se han comportado positivamente y ello permite que la Administración Municipal invierta socialmente, priorizando a los sectores de la salud y educación, así como infraestructura vial. “El comportamiento responsable de los contribuyentes se refleja en la ejecución del presupuesto, que este año prioriza en infraestructura educativa el tema de primera infancia, a través de Centros de Desarrollo Infantil, así como el bacheo de vías que supera los 250.000 metros cuadrados, y la iluminación de parques que se realiza con éxito en la ciudad", precisó el jefe de la cartera económica del Municipio.

De acuerdo con la Administración local, en el primer semestre de este año el recaudo del predial aumentó en un 27 %. Ingresaron $321.667 millones entre enero y junio de 2014. Cabe recordar que los centros habilitados para hacer el pago son: CAM, La Estación (Instalaciones de Metrocali) y Cañaveralejo (contiguo a Cosmocentro). En este último se recaudan pagos de las cuotas del convenio en cualquier medio: efectivo, cheque de gerencia, tarjeta débito y tarjetas crédito.
  (2014-09-18) [Mas Información]
Fuente: Portafolio.
    Análisis/La muerte y los impuestos: inevitables.
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  • ¿Por qué será que el Gobierno le tiene tanto miedo a cobrarle impuestos a los individuos verdaderamente ricos y no a la viuda o al pensionado que vive en su apartamento de 750 millones de pesos?
Por el lado que se miren las cuentas fiscales de Colombia en el corto y mediano plazo, es evidente que no solo existe un faltante de recursos públicos, sino que el hueco fiscal va a crecer significativamente por múltiples realidades insoslayables.

Se menciona, con razón, lo que significará el pos-conflicto en términos de demandas de recursos del Gobierno y que la viabilidad de beneficiarse del supuesto bono de paz –que podría estar entre el 1 y el 1,5 por ciento del PIB por año a partir de la iniciación del proceso de paz– no es muy clara.

Pero la verdad es que si algo se espera en los años venideros, es el despertar de una sociedad cuyas demandas estuvieron estigmatizadas como si fuesen expresiones de las Farc y que obedecen a la insatisfacción que existe en muchos sectores, dadas las profundas desigualdades que nos caracterizan. Esas presiones represadas por décadas se traducirán, más temprano que tarde, en la necesidad de diseñar estrategias con costos fiscales altos.

En este momento, cuando el Gobierno, a través de su Ministro de Hacienda, plantea la inminencia de una reforma tributaria y se avecinan todas las reacciones negativas precisamente de los que menos impuestos pagan, es conveniente señalar otra fuente de desbalances fiscales. A todos los costos que se prevén y que claramente no tienen aún respaldo financiero se agrega otra consideración absolutamente ignorada por parte tanto del Gobierno como de todos aquellos que ven nuestra entrada al club de los ricos, la Ocde, como algo sencillo de lograr, sin tener que hacer mayor esfuerzo en pago de impuestos.

La pregunta que nadie se ha hecho hasta ahora es: ¿cuánto le puede valer a Colombia empezar a acercarse a los indicadores sociales promedio de los países que ya son parte de esa organización, para lograr entrar a ella? Solo se ven las cifras económicas que, en este momento, son positivas, pero por el simplismo con que se mira la situación social se ignora que esa será otra medida para lograr la aceptación de nuestro país.
  (2014-09-18) [Mas Información]
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Fuente: Presidencia
    Gobierno dispuesto a revisar instrumentos de facilitación del comercio que fueron trasladados a la Dian.
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  • El Presidente Juan Manuel Santos se mostró dispuesto a revisar el traslado a la Dian de “muchos instrumentos que estaban en el Ministerio de Comercio Exterior, de facilitación del comercio”.
El Mandatario afirmó hoy que dicho traslado se produjo durante el anterior gobierno y dijo que está “perfectamente listo a reversar esa situación”, al intervenir en la apertura del XXVI Congreso de Exportadores. “La Dian –la conozco como la palma de mi mano- es una institución que tiene una cultura de controlar, para la Dian todo el mundo es culpable hasta que no demuestre lo contrario”, explicó el Jefe del Estado.

Indicó que esa es la forma de proceder de esa entidad, “es su cultura, y en cierta forma para eso está diseñada la Dian, pero por eso es un error darle a la Dian ese tipo de instrumentos”, aseguró.

Acto seguido, el Presidente le solicitó a uno de los directivos de Analdex ponerse de acuerdo con la Ministra de Comercio, Cecilia Álvarez Correa, para revisar esa situación.
  (2014-09-17) [Mas Información]
Fuente: Portafolio.
    Brújula/¿Qué hay de los evasores?
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  • A medida que se acerca el día en el cual el Gobierno destapará formalmente sus cartas, cuando radique en el Congreso el proyecto de reforma tributaria que necesita para cuadrar las cuentas del presupuesto, sube también el tono de voz de los sectores que resultarán afectados por las medidas anunciadas.
Por ejemplo, el ramo bancario ha señalado que el incremento del 50 por ciento en la tarifa del impuesto al patrimonio lo golpeará fuertemente. Como lo ha dicho el Ministro de Hacienda, en el caso de patrimonios líquidos superiores a los 8.000 millones de pesos, el gravamen sería del 2,25 por ciento, en contraste con el 1,5 por ciento actual.

Implícitamente, la fórmula atenta contra los esfuerzos de capitalización que han adelantado un buen número de compañías. Lejos de premiar la mayor solidez, el mecanismo acabaría golpeando a aquellas sociedades que han optado por ser más prudentes en cuestiones de apalancamiento de sus pasivos. Tales señalamientos hacen pensar que el debate parlamentario será intenso. Debido a ello, no estaría de más que el Ejecutivo tenga opciones en mente, diferentes a las ya mencionadas.

Una que es obvia es dotar a la administración de mayores herramientas en la lucha contra la evasión. De acuerdo con un estudio reciente de la Corporación Andina de Fomento, en América Latina esta llega al 27 por ciento para el IVA y al 50 por ciento para el impuesto sobre la renta. En contraste, en Estados Unidos esta última proporción sería del 16 por ciento. Según la misma entidad, un experimento realizado en la localidad venezolana de Sucre demostró que el recaudo aumenta cuando suben los controles y se aplican medidas de corte punitivo. Puesto de otra manera, la Dian podría hacer más, si puede apretar tuercas.
  (2014-09-17) [Mas Información]
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